STC13459-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13459-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-01075-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de octubre de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Enrique Pinz\u00f3n Mu\u00f1oz contra la Rama Judicial (Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa), Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia, Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial y el Consejo de Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y por conexidad el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El actor refiri\u00f3 que, desde el 14 de febrero de 2009 hasta el 30 de agosto de 2016 fue nombrado como Juez 28 Administrativo del Circuito de Medell\u00edn, en propiedad. Cargo que se origin\u00f3 en virtud de la superaci\u00f3n del concurso extraordinario que realiz\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura mediante Convocatoria N\u00b0 15. <\/p>\n
2.1. Mencion\u00f3 que, durante el per\u00edodo de tiempo como Juez Administrativo, fue nombrado en provisionalidad como Magistrado en Descongesti\u00f3n del Tribunal Administrativo de Antioquia, cargo que ocup\u00f3 desde el 28 de agosto de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2015. Asimismo, se desempe\u00f1\u00f3 como Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado por espacio de casi ocho meses, contando con las respectivas licencias administrativas. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que durante dicho periodo no fue notificado de calificaci\u00f3n alguna como servidor judicial, lo que obedeci\u00f3 a la suspensi\u00f3n del sistema de calificaci\u00f3n de jueces administrativos en el marco de acciones judiciales, de las que no fue parte, ni se le vincul\u00f3 procesalmente. El sistema se reactiv\u00f3 en el 2014, sin que se le calificara como juez, cargo al que accediera en propiedad. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que en la actualidad participa en la Convocatoria 27 para la provisi\u00f3n del cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, en la cual super\u00f3 las Fases I y II del concurso de m\u00e9ritos. Destac\u00f3 que tras hab\u00e9rsele negado su solicitud de homologaci\u00f3n del III Curso de Formaci\u00f3n Inicial que hab\u00eda realizado dentro de la Convocatoria 15, se encuentra en la fase de inscripci\u00f3n del IX, el cual corresponde al inicio de la \u00faltima etapa III del actual proceso de elecci\u00f3n de funcionarios. <\/p>\n
2.4. Resalt\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino legal realiz\u00f3 la solicitud de homologaci\u00f3n del III Curso de formaci\u00f3n inicial, que super\u00f3 satisfactoriamente entre el 2007 y 2008, para cuyo efecto anex\u00f3 los documentos que fueron exigidos, haciendo referencia al periodo en el que fue juez en propiedad, sin ser calificado, por cuestiones ajenas a su voluntad. El 26 de junio de 2023, se le comunic\u00f3 el contenido de la resoluci\u00f3n No. EJR23-113, por medio de la cual se le neg\u00f3 la solicitud de homologaci\u00f3n en raz\u00f3n a que su situaci\u00f3n no encaja dentro de las dos \u00fanicas posibilidades (exoneraci\u00f3n u homologaci\u00f3n), que fueron dispuestas a trav\u00e9s del Acuerdo Pedag\u00f3gico contenido en el ACUERDO PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, disponiendo, en definitiva, que no era posible la homologaci\u00f3n en tanto no hab\u00eda sido calificado como juez. <\/p>\n
2.5. Destac\u00f3 que la Ley 270 de 1996, par\u00e1grafo del art\u00edculo 160, establece que ning\u00fan aspirante puede ser obligado a hacer m\u00e1s de un curso de formaci\u00f3n inicial, m\u00e1s cuando no se le calific\u00f3 por causas atribuibles a la Administraci\u00f3n. A pesar de eso, se niega la homologaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en la misma situaci\u00f3n de quienes nunca se posesionaron como jueces y, aun as\u00ed, s\u00ed se les permiti\u00f3 acceder a ese mecanismo. <\/p>\n
2.6. Recalc\u00f3 que tampoco puede acceder a la exoneraci\u00f3n, pues seg\u00fan la administraci\u00f3n no obtuvo ninguna calificaci\u00f3n de servicios dentro de los siete a\u00f1os y medio que se desempe\u00f1\u00f3 como juez administrativo de carrera, seg\u00fan lo dispuesto en el Acuerdo Pedag\u00f3gico (PCSJA-19-11405) que cambi\u00f3 la regla de la propia Ley Estatutaria. Por tanto, recurri\u00f3 el acto administrativo, sin embargo, la Direcci\u00f3n de la Escuela Judicial Lara Bonilla, mediante Resoluci\u00f3n EJR23-278 del 31 de agosto de 2023, mantuvo la postura pues, aunque la decisi\u00f3n se sujeta a un acto censurable desde el plano constitucional, se debe acatar la directriz administrativa bajo la presunci\u00f3n de legalidad de las actuaciones de dicho orden, sin que sea posible inaplicarla. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se \u00abA. se ordene a la Escuela Judicial Lara Bonilla, homologar el III CURSO DE FORMACI\u00d3N JUDICIAL que realic\u00e9 y super\u00e9 entre los a\u00f1os 2008 y 2009, dentro de este concurso de m\u00e9ritos \u2212Convocatoria 27\u2212 y se fije como nota dentro de este proceso precisamente la obtenida en esa oportunidad. B. En subsidio, de aportarse la \u00faltima calificaci\u00f3n de servicios dentro de este tr\u00e1mite constitucional como Juez Administrativo en propiedad, que se ordene a la Escuela Judicial Lara Bonilla exonerarme de realizar el curso de formaci\u00f3n judicial IX que ya convoc\u00f3 la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para dar inicio el 17 de octubre de 2023, y se fije como nota del mismo la calificaci\u00f3n de servicios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Medell\u00edn (Antioquia) \u2013con escritos separados- alegaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues el proceso se encuentra a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. <\/p>\n
2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expres\u00f3 que el amparo implorado es improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Ello pues, el actor cuenta con los mecanismos consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos. Adem\u00e1s, no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues el libelista se encuentra habilitado para inscribirse y adelantar el IX Curso de Formaci\u00f3n Integral. <\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia \u2212 Sala Administrativa pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo. Y rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo. Constat\u00f3 que \u00aben el presente caso no se cumpli\u00f3 con la subsidiariedad, como requisito de procedencia de la acci\u00f3n de tutela; de modo que, el actor debe acudir al medio de control judicial id\u00f3neo y eficaz para controvertir los actos administrativos y, de considerarlo pertinente, solicitar las medidas cautelares necesarias en caso de advertir que los acuerdos de la convocatoria est\u00e1n amenazando sus derechos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. Aduce que \u00ablo que se pretende es que la entidad accionada no me obligue a realizar un nuevo curso de formaci\u00f3n judicial, el cual he superado con creces. M\u00e1xime cuando la negativa proviene de la propia negligencia de la Administraci\u00f3n judicial por no calificarme durante el t\u00e9rmino que he desempe\u00f1ado cargos en carrera judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, se observa que las inconformidades planteadas por el actor frente a los actos administrativos que definieron el asunto (EJR23-113 del 22 de junio y EJR23-278 del 31 de agosto, ambos de 2023), deben ser propuestas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativo mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011. Escenario en el cual, incluso, el recurrente puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de dicho acto, con el fin de prevenir el perjuicio inmediato que pueda generar la decisi\u00f3n que se cuestiona. Por lo tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual que gobierna la solicitud de amparo. Al respecto, en un caso similar, esta Sala expres\u00f3 que: <\/p>\n
Ciertamente los reproches del censor se dirigen a cuestionar las resoluciones n\u00b0 EJR23-126 (22 jun. 2023) y EJR23-248 (31 ago. 2023) que establecieron que el promotor no acredit\u00f3 el cumplimiento de \u00abtodos y cada uno de los requisitos para ser exonerado del IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, en su criterio, no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas con tal fin y la normativa relativa al caso concreto; sin embargo, dichas cuestiones pueden ventilarse ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a trav\u00e9s de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho o el mecanismo que se estime procedente a la luz de la ley 1437 de 2011, modificada por la ley 2081 de 2021, aplicable en virtud de la naturaleza de las decisiones reprochadas (STC9388-2023). <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio. Esto pues, no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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