STC13468-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13468-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00408-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de agosto de 2023 por la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Nidia Ester G\u00f3mez Ariza, quien dice actuar como apoderada de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon, contra el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, Juzgados S\u00e9ptimo de Familia y Noveno Administrativo de Cartagena1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon al debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social, salud y vida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 11 de abril de 2008, el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena admiti\u00f3 la demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria promovida por Marcelina P\u00e9rez de Dejanon en contra de Carlos Enrique Dejanon Ochoa con ocasi\u00f3n del abandono del hogar y, por ende, de sus obligaciones de auxilio y ayuda contra\u00eddas en el matrimonio2. El 30 de septiembre de 20093, se fij\u00f3 como cuota alimentaria el 30% de la pensi\u00f3n que devengaba el demandado de las Empresas de Servicios P\u00fablicos Distritales de Cartagena y se orden\u00f3 que esta fuera consignada en el Banco Agrario a disposici\u00f3n de ese despacho. <\/p>\n
2.3. El 27 de septiembre de 20107, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena admiti\u00f3 la demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio promovida por Carlos Enrique Dejanon contra Marcelina P\u00e9rez de Dejanon, en la cual, el 8 de septiembre de 20118, se acept\u00f3 y homolog\u00f3 la conciliaci\u00f3n a que llegaron las partes y se estableci\u00f3 que el actor suministrar\u00eda como cuota alimentaria a la demandada el 25% de los ingresos pensionales que devengaba de las extintas Empresas P\u00fablicas Distritales, que ser\u00edan descontados directamente al pagador y consignados en favor de su hom\u00f3logo Cuarto de Familia. <\/p>\n
2.4. Luego del fallecimiento de Carlos Enrique Dejanon9, el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, mediante Resoluci\u00f3n 3885 del 11 de junio de 201410, neg\u00f3 a Marcelina P\u00e9rez de Dejanon el reconocimiento del 25% de la pensi\u00f3n dejada; no obstante, mediante sentencia T-004-2021 del 16 de septiembre de 202111, el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena declar\u00f3 nulo el referido acto administrativo, as\u00ed como el oficio 008226 del 3 de octubre de 2014, que ratific\u00f3 el contenido de la Resoluci\u00f3n, y orden\u00f3 al Fondo de Pensiones levantar la suspensi\u00f3n del reconocimiento y pagar lo reclamado. <\/p>\n
2.5. En Resoluci\u00f3n 1455 del 28 de febrero de 2022, el Fondo de Pensiones, en cumplimiento de lo anterior, orden\u00f3 el descuento solicitado de la pensi\u00f3n que en vida recib\u00eda Carlos Enrique Dejanon sustituida a la se\u00f1ora Gloria Ram\u00edrez Jim\u00e9nez, novedad que ser\u00eda ingresada a partir de marzo de 2022. <\/p>\n
2.6. Por oficio AMC-OFI-0023358-202212, el Fondo de Pensiones solicit\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena que profiriera, mediante auto, la modificaci\u00f3n de la orden de embargo decretada a cargo de Carlos Enrique Dejanon y aclarara que reca\u00eda respecto de la sustituci\u00f3n pensional reconocida en favor de Gloria Stella Ram\u00edrez; sin embargo, el 30 de junio de 202213, el Juzgado Cuarto neg\u00f3 la solicitud y requiri\u00f3 al pagador, a fin de ponerle en conocimiento las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo de alimentos, y ofici\u00f3 a su hom\u00f3logo S\u00e9ptimo y al Despacho Noveno Administrativo para que allegaran copias de las sentencias que terminaron esos procesos. <\/p>\n
3. La accionante censura que se sigue requiriendo a los Juzgados que han conocido de los diferentes procesos para que se pronuncien mediante auto sobre la modificaci\u00f3n de la orden de embargo y no se procede con el pago al cual tiene derecho Marcelina P\u00e9rez de Dejanon. Adem\u00e1s, afirma que el Juzgado Cuarto de Familia ha oficiado en diferentes oportunidades a su homologo S\u00e9ptimo y al Noveno Administrativo sin que, a la fecha, hayan emitido respuesta alguna. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pretende que se le ordene al Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena pagar el 25% de la pensi\u00f3n dejada por Carlos Dejanon Ochoa en favor de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon y que informe y aporte las pruebas de la consignaci\u00f3n de las cuotas alimentarias. Tambi\u00e9n solicita que se ordene el cumplimiento de la sentencia del 16 de septiembre proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena y que se requiera a los Juzgados S\u00e9ptimo de Familia y Noveno Administrativo de esa ciudad a dar respuesta a los oficios enviados por el Despacho Cuarto de Familia. Por \u00faltimo, reclama que se le ordene al Juzgado Administrativo informar el estado del proceso ejecutivo de la se\u00f1ora Marcelina. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena inform\u00f3 que, hasta la fecha, su homologo S\u00e9ptimo de Familia y el Juzgado Noveno Administrativo no han procedido con lo ordenado en auto del 30 de junio de 2022. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena inform\u00f3 que el 3 de agosto de 2023 envi\u00f3 a su hom\u00f3logo Cuarto de esa ciudad la decisi\u00f3n del 8 de septiembre de 2011 solicitada por este. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, por cuanto dio respuesta a lo solicitado por el Despacho Cuarto de Familia. <\/p>\n
4. Direcci\u00f3n Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena indic\u00f3 que dio cumplimiento a la sentencia del Juzgado Noveno Administrativo mediante Resoluci\u00f3n 1455 del 28 de febrero de 2022, pero, en cuanto a la medida de embargo, al momento de realizar el pago la plataforma \u00abarrojaba un error #33, el cual obedec\u00eda a que el proceso no se encontraba creado en la plataforma del Banco Agrario\u00bb y, por consiguiente, solicit\u00f3 al Juzgado Cuarto la modificaci\u00f3n del embargo y, a la fecha, est\u00e1 a la espera del auto que modifique la medida cautelar. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena declar\u00f3 improcedente el amparo, al advertir que la actora carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para interponer la presente acci\u00f3n, por cuanto no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de agente oficioso ni aport\u00f3 poder especial para actuar en nombre de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon, titular de los derechos invocados. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante afirm\u00f3 que ha actuado como apoderada de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon durante todo el tr\u00e1mite administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena. Adem\u00e1s, aduce que, si el a-quo constitucional consideraba que era indispensable y legalmente necesario adjuntar poder, debi\u00f3 requer\u00edrselo, pese a que ello conlleva a movilizar a su poderdante hasta una notar\u00eda, con las dificultades en salud que padece. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte confirmar\u00e1 la providencia impugnada, por falta de legitimaci\u00f3n por activa de la abogada accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo indicado en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) a trav\u00e9s de apoderado judicial, evento en el cual este debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela14. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb15. <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. Aplicado lo anterior al caso concreto, se advierte que la abogada que viene en tutela pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Marcelina P\u00e9rez de Dejanon, sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial y no aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar en calidad de agente oficioso de esta \u00faltima para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que, se itera, los poderes allegados en otros procesos no facultan a los abogados a actuar en tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-6, 32 archivo \u201c00 DemandaAlimentos.pdf\u201d del expediente del proceso de radicado 13001311000420080017200. <\/p>\n
3\u0002 Folio 68-69, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Luego de abstenerse a librar mandamiento de pago, el apoderado de la demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y seguidamente el juez libr\u00f3 mandamiento de pago. Folio 25-26, archivo \u201c02 13001311000420080017200 EJECUTIVO.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folio 3 y 9, archivo \u201c03 13001311000420080017200 MEDID CAUT.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Folio 56-57, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 12, expediente rad. 13001311000720100033400. <\/p>\n
8\u0002 Folio 61, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Falleci\u00f3 el 31 de enero de 2013 y, en tal sentido, se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobreviviente a la se\u00f1ora Gloria Stella Ram\u00edrez mediante resoluci\u00f3n 2371del 4 de abril de 2013. <\/p>\n
10\u0002 Folio 15-17, archivo \u201c01ExpedienteDigitalizado.pdf\u201d del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 13001333300920170005800. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c14Sentencia.pdf\u201d del expediente de radicado 130013333009-2017-00058-00. <\/p>\n
12\u0002 Archivo \u201c04 OFICIO JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CASO MARCELINA PEREZ DE DEJANON.pdf\u201d expediente ejecutivo de alimentos. <\/p>\n
13\u0002 Archivo \u201c06 Auto requiere al pagador 2008-00172.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
14\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
15\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13468-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13468-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00408-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}