STC13486-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13227-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-04449-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Angie Natalia Bol\u00edvar Correa, quien dice actuar como apoderada de Felipe Alberto, Guillermo y Constanza Botero Isaza contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La abogada tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad y ambiente sano de quienes dice representar, presuntamente vulnerados en el juicio con radicado 11001310303120200033100 (01). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP promovi\u00f3 proceso declarativo especial de imposici\u00f3n legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica contra Felipe Alberto, Guillermo y Constanza Botero Isaza, en consideraci\u00f3n a que se encontraba adelantando \u00abel Proyecto UPME 03-2010 Chivor-Norte-Bacat\u00e1, que hace parte del plan de expansi\u00f3n 2010-2024 del Sistema de Transmisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda El\u00e9ctrica\u00bb, el cual recorrer\u00eda el predio \u00abLos Cerezos\u00bb, cuya titularidad detentan los demandados. <\/p>\n
2.2. Por auto del 1 de septiembre de 2021, corregido el 29 de octubre siguiente, el Juzgado accionado declar\u00f3 que los demandados hab\u00edan sido notificados por aviso y guardado silencio durante el t\u00e9rmino de traslado2. <\/p>\n
2.3. Los demandados formularon solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, denegada en auto del 3 de junio de 20233. Contra esa providencia la parte interesada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En sentencia anticipada del 3 de junio de 20224 se dispuso, entre otros: i) \u00abIMPONER a favor del GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A. E.S.P., SERVIDUMBRE DE ENERG\u00cdA EL\u00c9CTRICA sobre el predio denominado LOTE LOS CEREZOS DE LA VEREDA R\u00cdO FR\u00cdO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TABIO E IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATR\u00cdCULA 176-254\u00bb; y ii) ordenar la entrega de los t\u00edtulos judiciales a los demandados por la suma de $46.262.582.33 para cada uno. Frente a esa decisi\u00f3n la pasiva interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 3 de octubre de 2022 el Tribunal accionado confirm\u00f3 el auto que deneg\u00f3 la solicitud de nulidad y mediante sentencia del 13 de diciembre de 20225 confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. La promotora sostiene que i) la notificaci\u00f3n de la demanda no se surti\u00f3 en debida forma, pues los citatorios de que tratan los art\u00edculos 291 y 292 del CGP se remitieron de manera simult\u00e1nea y fueron recibidos por personas ajenas y desconocidas por los demandados y en un lugar diferente al predio objeto de litis, donde se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial, circunstancias que se acreditaron con las declaraciones extraprocesales; ii) en el predio jam\u00e1s se hizo un estudio de impacto ambiental y el mantenimiento de las l\u00edneas conlleva la eliminaci\u00f3n constante de vegetaci\u00f3n; iii) el monto de la indemnizaci\u00f3n reconocida no compensa el da\u00f1o; y iv)el ANLA est\u00e1 adelantando modificaci\u00f3n a la licencia otorgada al proyecto sobre el cual se concedi\u00f3 la servidumbre y mover\u00e1 puntos de instalaci\u00f3n de torres sin ning\u00fan estudio del suelo que afectara su predio. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, la actora pretende que se ordene revocar la sentencia de segunda instancia y se disponga la notificaci\u00f3n de los demandados en debida forma. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada cit\u00f3 el argumento principal que tuvo en cuenta para confirmar la decisi\u00f3n del a quo y advirti\u00f3 que el ruego no cumple con el presupuesto de inmediatez frente al fallo censurado. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado manifest\u00f3 que se remite a la motivaci\u00f3n consignada en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- se opuso a las pretensiones de la tat\u00faela, teniendo en cuenta la inexistencia de vulneraci\u00f3n y aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
4. El Grupo de Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida, respecto del enteramiento de los demandados y se opuso a las pretensiones ante la falta de sustento f\u00e1ctico y probatorio de estas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa de la abogada accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tenga un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) mediante apoderado judicial, evento en el cual el mandatario debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) a trav\u00e9s de agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judicialmente a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela6. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb7. <\/p>\n
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.3.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determin\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. En el caso concreto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Felipe Alberto, Guillermo y Constanza Botero Isaza, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Esto, en raz\u00f3n a que, si bien precisa la autoridad accionada, lo cierto es que, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica o procesal que origina el mandato otorgado, por lo cual es inviable pronunciarse de fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso a vincular a Felipe Alberto, Guillermo y Constanza Botero Isaza, Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. <\/p>\n
2\u0002 Documentos 21 y 27, cuaderno principal primera instancia, expediente 2020-00331. <\/p>\n
3\u0002 Documento 05, cuaderno incidente de nulidad, primera instancia, expediente 2020-00331. <\/p>\n
4\u0002 Documento 33, cuaderno principal primera instancia, expediente 2020-00331. <\/p>\n
6\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
7\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
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