STC13490-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13490-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04582-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hugo Fernando Arce Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral (Tolima). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-00198-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. El actor relata que fue denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por presuntamente \u00abelaborar un recibo denominado \u201corden de pago No. 8445862\u201d por un valor de [\u2026] $4.500.000, por lo cual lo acusan de haber imitado la firma del representante legal de la \u00e9poca de la cooperativa, Fredy Carvajal Duque\u00bb. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Chaparral (Tolima) -con sentencia del 30 de enero de 2019- resolvi\u00f3 \u00abcondenar [al acusado] por el delito de falsedad en documento privado, cometido a t\u00edtulo doloso [\u2026] a la pena principal de 16 meses de prisi\u00f3n\u00bb. Asimismo, le concedi\u00f3 el \u00absubrogado de la condena de ejecuci\u00f3n condicional en lo atinente a la pena f\u00edsica\u00bb1. Inconforme con lo decidido, interpuso recurso de apelaci\u00f3n2. <\/p>\n
2.2. La Sala Penal del Tribunal de Ibagu\u00e9 -con fallo del 28 de octubre de 2021- dispuso \u00abconfirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Chaparral, el 30 de enero de 2019\u00bb3. Frente a ello, el convocante impetr\u00f3 remedio extraordinario de casaci\u00f3n4. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -con prove\u00eddo del 17 de mayo de 2023- determin\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada\u00bb5. Seguidamente, el actor present\u00f3 ante el Ministerio P\u00fablico el mecanismo especial de insistencia. En consecuencia, la Procuradur\u00eda Delegada ante la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -en providencia del 20 de junio de 2023- consider\u00f3 que \u00abla inadmisi\u00f3n esbozada por la alta corporaci\u00f3n [\u2026] fue la adecuada, pues no se demostraron los yerros en que pudo haber incurrido la Sala y [\u2026] la no [\u2026] vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales\u00bb6. <\/p>\n
2.4. Censura que en su caso se \u00abconden\u00f3 pese a que hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. Adem\u00e1s, que los estrados judiciales incurrieron en los defectos sustantivo, procedimental y f\u00e1ctico, por cuanto la \u00abcondena se fundament\u00f3 en soportes que no acatan lo establecido por la Corte Suprema en sus diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, en un flagrante desconocimiento del material probatorio obrante en el expediente y en un c\u00famulo de suposiciones y conjeturas estructuradas tanto por la fiscal\u00eda como por los juzgadores de instancia con base en una \u00fanica prueba testimonial de una coautora, teniendo como \u00fanica consideraci\u00f3n el pronunciamiento de la persona que cobr\u00f3 en el banco los dineros procedentes por los que se me condena y resulta el \u00fanico sustento para vincularme de alg\u00fan modo al il\u00edcito que pretendi\u00f3 configurar la fiscal\u00eda en su teor\u00eda del caso, desconociendo la nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema en relaci\u00f3n con testimonios y libertad probatoria [\u2026] arbitrariedad probatoria, materializaci\u00f3n del delito de falsedad en documento privado y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita \u00abdejar sin efecto la sentencia de primera instancia del 30 de enero del 2019 proferida por el Juzgado penal del Circuito de Chaparral Tolima, sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 Sala Penal del 28 de octubre del 2021 y el Auto proferido por la sala Penal de la Corte Suprema del 17 de mayo de 2023\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abel accionante pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional para insistir, sin argumentos, en solicitudes que fueron desestimadas al momento de calificar la demanda de casaci\u00f3n, lo que resulta abiertamente improcedente\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado resalt\u00f3 que lo esbozado resulta improcedente, pues \u00ablos argumentos que invoca el actor son los mismos que utiliz\u00f3 al momento de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n y la demanda de casaci\u00f3n, los cuales fueron resueltos y negados\u00bb. Asimismo, que \u00abel accionante no ha agotado todos los recursos de ley por cuanto puede acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 192 de CPP en tanto que insiste en que la acci\u00f3n penal se encontraba prescrita\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Delegada e Intervenci\u00f3n Segunda para la Sala de Casaci\u00f3n Penal anot\u00f3 que lo demandado es improcedente, por lo que \u00abno se advierte en manera alguna la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el recurrente\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Chaparral solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n impetrada ya que no se \u00abviolaron [\u2026] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
2. Ciertamente, en orden a los cuestionamientos frente a las sentencias de instancia, la Sala advierte que el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia. No obstante, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -con prove\u00eddo AP1401-2023 del 17 de mayo de 2023- inadmiti\u00f3 dicho escrito inicial. Lo anterior, pues consider\u00f3 que \u00abno cumple las exigencias m\u00ednimas de orden formal y sustancial requeridas para su admisi\u00f3n a estudio\u00bb. Ello, en la medida que \u00ab(i) no explica por qu\u00e9 la decisi\u00f3n de la fiscal\u00eda, de reiterar el referido traslado, modifica la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que hab\u00eda operado en virtud de la comunicaci\u00f3n ya realizada, (iii) cuestiona la autenticidad de dos documentos, sin tener en cuenta el desarrollo jurisprudencial sobre esta materia y sin considerar las m\u00faltiples pruebas que sirven de soporte a la condena, (iv) alega que no se valor\u00f3 el testimonio de su representado, pero no explica por qu\u00e9 ello hubiera cambiado el sentido de la decisi\u00f3n, (v) le atribuye a un documento el car\u00e1cter de prueba de referencia, sin tener en los desarrollos jurisprudenciales sobre la materia, y (vi) presenta un discurso que, a lo sumo, podr\u00eda ser aceptable como alegato de instancia\u00bb. Sumado a que, si bien solicit\u00f3 el mecanismo especial de insistencia ante el Ministerio P\u00fablico, lo cierto es que esa autoridad -el 20 de junio de 2023- emiti\u00f3 concepto desfavorable al considerar que el auto inadmisorio no desconoci\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del censor, lo cual torn\u00f3 inviable la solicitud. <\/p>\n
Ese contexto ratifica que la solicitud de tutela es improcedente, dado que el gestor desperdici\u00f3 las oportunidades legales que ten\u00eda a su alcance en el marco del proceso penal, por no ejercitarlos id\u00f3neamente para censurar las decisiones con las que dice estar en desacuerdo y que ahora busca derruir en sede de amparo. Lo cual, resulta inviable en raz\u00f3n al car\u00e1cter residual sobre el que est\u00e1 erigido esta senda excepcional. Aunado a que, como se evidenci\u00f3, los cuestionamientos expuestos en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la solicitud de insistencia y la tutela resultan similares, de manera que el fracaso frente a los jueces naturales no podr\u00eda superarse con este postrero ataque frente a los jueces constitucionales. <\/p>\n
3. Ahora, en lo tocante con la queja frente a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, se vislumbra que dicha autoridad expres\u00f3 los motivos por los cuales determin\u00f3 inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada. Ello, toda vez que analiz\u00f3 cada uno de los cargos propuestos, sin que ninguno cumpliera con los requisitos b\u00e1sicos de procedencia para su estudio. Frente al primer cargo -relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal-, sostuvo que adem\u00e1s \u00abde la falta de sustentaci\u00f3n de esa postura, ignora por completo lo argumentado por el Tribunal sobre el punto, en consecuencia, no explica por qu\u00e9 la conclusi\u00f3n judicial es producto de un error que deba ser corregido en el \u00e1mbito del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo relacionado con el segundo cargo -concerniente con la valoraci\u00f3n del material probatorio-, resalt\u00f3 que lo relatado por el censor \u00abno explica por qu\u00e9 las presuntas desavenencias existentes prueban la mendacidad del relato del denunciante y la falta de fundamento de la condena. Sobre todo, frente a las conclusiones de los fallos, en los que se dej\u00f3 en claro que, (i) no exist\u00edan motivos para concluir que los principales testigos de cargo quisieran perjudicar al procesado, (ii) la falsificaci\u00f3n del documento se demostr\u00f3 a trav\u00e9s del testimonio de una empleada de la cooperativa, as\u00ed como del relato de quien tuvo a cargo la representaci\u00f3n legal de esa entidad, y (iii) los hechos de la denuncia fueron corroborados con los documentos indicados en los p\u00e1rrafos anteriores\u00bb. <\/p>\n
4. De lo anotado, se advierte que la determinaci\u00f3n censurada agot\u00f3 un an\u00e1lisis integral frente a los cargos propuestos en sede de casaci\u00f3n. Ello, con fundamento en las normas y jurisprudencia que gobiernan el asunto. Lo cual, no se observa arbitrario, y en ese orden, no configura defecto alguno. Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 97 a 126 del archivo PDF \u00ab3\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 128 a 129. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab02SentenciaSegundaInstancia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab15DemandaCasacion\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab20DecisionCorteSuprema\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00abAnexos_16_11_2023, 15_54_13\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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