AC3233-2023 (2020-00213-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-53-014-2020-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual RB Constructores Asociados S.A.S. pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso respecto de la sentencia del 31 de enero del 2023, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 Posmobay S.A. contra la recurrente. Al tr\u00e1mite fue vinculada, como litisconsorte necesaria, Inversiones Alcira y Compa\u00f1\u00eda Ltda. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Posmobay S.A. pretendi\u00f3 que se declare que RB Constructores Asociados S.A.S. incumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa celebrado el 3 de octubre del 2018. En ese orden, pidi\u00f3 que se le condene a cumplir con sus obligaciones -esto es, suscribir la escritura p\u00fablica de venta- y a entregar real y materialmente los inmuebles prometidos en venta1. Adem\u00e1s, inst\u00f3 a que se le imponga condena por los perjuicios irrogados, que cuantific\u00f3 en $20.157.359.0002. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1. Las sociedades RB Constructores Asociados SAS -promitente vendedor- y Posmobay S.A. -promitente comprador- celebraron contrato de promesa de compraventa sobre seis bodegas, ubicadas en el Parque Industrial Baq. Como contraprestaci\u00f3n, se fij\u00f3 el precio global de $14.177.506.000, pagaderos de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abNueve Mil Millones de Pesos M.L. ($9.000.000.000.00) con el 50% por ciento de un lote ubicado en el Municipio de Yumbo (Valle del Cauca) lote Y1 \u00e1rea aproximada de 41.596.12 m2 y ii) lote Y1b \u00e1rea aproximada de 1.378.40 M2, Ubicados en el Municipio de Yumbo (Valle del Cauca) e identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No 370-690518 y 370- 690520 de ORIP de Cali (Valle del Cauca). – <\/p>\n
Cinco Mil Millones de Pesos M.L. ($5.000.000.000.00) pagaderos de la siguiente manera: Quinientos Millones de Pesos M.L. ($500.000.000.00) el d\u00eda 10 de octubre de 2018 y el saldo de Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos. ($4.500.000.000.00) en Quince (15) cuotas de Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) de la siguiente manera: Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de febrero de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de marzo de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de abril de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de mayo de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de junio de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de julio de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de agosto de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de septiembre de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de octubre de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de noviembre de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de diciembre de 2019, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de enero de 2020, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de febrero de 2020, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de marzo de 2020, Trescientos Millones de Pesos M.L. ($300.000.000.00) el d\u00eda 28 de abril de 2020 y Ciento Setenta y Siete Millones Quinientos Seis Mil Pesos M.L. ($ 177.506.000.00) el d\u00eda 28 de mayo de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se acord\u00f3 la entrega de las bodegas n\u00fameros 4, 5 y la bodega 32 para el 30 de marzo del 2019. A su turno, las bodegas n\u00fameros 19, 201, y 21 para el 30 de marzo de 2020, una vez \u00abRB Constructores Asociados SAS constituyera los derechos fiduciarios por el valor del bien entregado como pago a favor del Promitente Comprador. Lo cual no ocurri\u00f3 tal como se encontraba pactado3\u00bb. As\u00ed mismo, los otros bienes ser\u00edan entregados, por el promitente vendedor, en un plazo m\u00e1ximo de siete meses -contados a partir de la fecha de suscripci\u00f3n de la promesa-. <\/p>\n
2.3. Adicionalmente, concertaron que la escritura p\u00fablica ser\u00eda otorgada ante la Notar\u00eda Tercera de Barranquilla el 28 de mayo del 2020 o \u00abantes, si los comparecientes as\u00ed lo acordaban por escrito\u00bb. No obstante, tal \u00abcircunstancia (\u2026) no se materializ\u00f3, vulner\u00e1ndose por el promitente vendedor lo pactado. Sin embargo, mi prohijada s\u00ed pag\u00f3 todas las sumas de dinero que correspond\u00edan, tal como se referenciar\u00e1 seguidamente\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que, solo hasta el 7 de julio del 2020, la promitente vendedora transfiri\u00f3 a la demandante los locales 3 y 4, mediante escritura p\u00fablica n\u00fam. 753, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla. A trav\u00e9s del instrumento p\u00fablico 0754, se pact\u00f3 la enajenaci\u00f3n de la bodega 32. Tales cartulares fueron remitidos \u00abpor parte de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla a Acci\u00f3n Fiduciaria para su ratificaci\u00f3n, en virtud del contrato de fiducia existente entre RB Constructores Asociados SAS y Acci\u00f3n Fiduciaria S.A.\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ab[d]esentendiendo el principio de \u201cpacta sunt servanda\u201d la hoy demandada, y despu\u00e9s de haber estampado su firma en el instrumento p\u00fablico y de haber recibido el dinero producto de la venta, inexplicablemente desautoriz\u00f3 a la sociedad fiduciaria la refrendaci\u00f3n del documento mediante el cual se efectuaba la transferencia del bien se\u00f1alado en antecedencia\u00bb. <\/p>\n
2.6. Afirm\u00f3 que, posteriormente, el instrumento no. 754 fue retornado al protocolo de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla sin la firma de Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. y con la anulaci\u00f3n de la \u00abfirma que en su momento estamp\u00f3 el promitente vendedor\u00bb. <\/p>\n
2.7. Pese a los m\u00faltiples requerimientos, la demandada se ha sustra\u00eddo de transferir el derecho de dominio sobre las bodegas 19, 20, 21 y 32. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
La sociedad RB Constructores Asociados S.A.S. se opuso a las s\u00faplicas y propuso las excepciones que denomin\u00f3: \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb; \u00abausencia de derecho sustantivo por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la parte demandante, falta de causa en las pretensiones de la demanda\u00bb; \u00abbuena fe de los demandados\u00bb; \u00abmala fe de los demandantes\u00bb; \u00abfalta de presupuestos legales para la solicitud de cumplimiento del contrato por ausencia de pago\u00bb y la innominada4. Por su parte, Inversiones Alcira y Compa\u00f1\u00eda Ltda. dijo allanarse a las pretensiones5. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, el cual dict\u00f3 sentencia el 19 de julio de 2022, en que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Ello, al declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abexcepci\u00f3n del contrato no cumplido\u00bb6. Inconforme, el apoderado judicial de la demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
La alzada fue desatada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con sentencia del 31 de enero de 2023. All\u00ed, revoc\u00f3 el prove\u00eddo impugnado. En su lugar, declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa. Orden\u00f3 a las sociedades Posmobay S.A. e Inversiones Alcira y Compa\u00f1\u00eda Ltda., a restituir a la demandada \u00ablos inmuebles respecto de los cuales se perfeccion\u00f3 la tradici\u00f3n, esto es los bode-locales n\u00fameros 3 y 4, identificados con Folios de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 040-603517 y 040630518 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, de los cuales se encuentra descritos en la Escritura P\u00fablica Nro. 0753 del siete (7) de julio de 2020\u00bb. Y, por \u00faltimo, inst\u00f3 a RB Constructores Asociados S.A.S. a pagar a la demandante la suma de $5.706.559.374, como restituci\u00f3n del precio pagado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Para empezar, el ad quem se avoc\u00f3 al estudio de los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos para declarar \u00abla ineficacia por nulidad del contrato de promesa\u00bb celebrado entre los litigantes. En ese orden, explic\u00f3 -someramente- la aludida figura a la luz de los art\u00edculos 1502, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil. As\u00ed como los requisitos de la promesa de compraventa, contemplados en el canon 89 de la Ley 153 de 1887 -modificatorio del 1611 CC-. De igual manera, se refiri\u00f3 a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita -art. 1546 CC- y a la doctrina jurisprudencial referida a la posibilidad de que cualquiera de los contratantes persiga el cumplimiento o la resoluci\u00f3n del acuerdo de voluntades. <\/p>\n
2.- Sentado lo anterior, se concentr\u00f3 en el estudio del contrato sobre el cual versa la controversia, para concluir, en primer lugar, que \u00abse celebr\u00f3 un contrato de promesa de permuta y no de compraventa, habida cuenta de que el valor de la cosa es superior al dinero fijado como parte del precio, de conformidad con el art\u00edculo 1850 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
A su turno, vistas las cl\u00e1usulas relativas a la entrega material de las bodegas y a la fecha en la que habr\u00eda de suscribirse la escritura p\u00fablica, evidenci\u00f3 que la forma \u00aben la que se encuentra redactada esta cl\u00e1usula permite colegir que en su interior las partes solo hac\u00edan referencia a la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica con el prop\u00f3sito de transferir el dominio de los bienes por parte de RB CONTRUCCTORES ASOCIADOS S.A.S., pero nada se dice en relaci\u00f3n con los inmuebles que se oblig\u00f3 a transferir la demandante POSMOBAY S.A., es decir, es decir el 50% correspondiente de los lotes ubicados en la ciudad de Yumbo, identificados con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 370-690518 y 370-690520\u00bb. Aclar\u00f3 que, al tratarse de un contrato de promesa de permuta, resultaba necesario establecer la \u00e9poca en la que habr\u00eda de perfeccionarse el contrato prometido. Y, en este caso, \u00abel plazo o condici\u00f3n en el que habr\u00eda de materializarse la tradici\u00f3n de cada uno de los inmuebles objeto del negocio jur\u00eddico, sin embargo, no se procedi\u00f3 en tal sentido. Las partes, por conducto de sus apoderados, de hecho, reconocen que no se estableci\u00f3 plazo o condici\u00f3n para realizar la transferencia de los inmuebles que componen el lote que se obligaba a transferir la demandante\u00bb. Bajo ese orden de ideas, a juicio del ad quem, se desatendi\u00f3 del requisito establecido en el ordinal 3 del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil -modificado por el 89 de la L. 153 de 1887-. Ello, comoquiera que no se determin\u00f3 el plazo o condici\u00f3n para el perfeccionamiento de la permuta. <\/p>\n
3.- Aunado a lo expuesto, apuntal\u00f3 el sentenciador que, al momento de suscribir la referida convenci\u00f3n, tambi\u00e9n se desatendi\u00f3 el requisito contemplado en el numeral 4\u00ba de la misma disposici\u00f3n. Lo anterior, porque \u00abno se identificaron plenamente los inmuebles que se obligaba a transferir la sociedad demandante, siendo necesaria su individualizaci\u00f3n a partir de su ubicaci\u00f3n, linderos, medidas y colindancias. Sin embargo, en el cuerpo de la promesa los contratantes tan solo se limitaron a se\u00f1alar que el denominado \u201cpromitente comprador\u201d se obligaba a transferir el 50% de los inmuebles ubicados en el municipio de Yumbo, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias Nro. 370-690518 y 370-690520, como parte del precio fijado, sin establecer mayores especificaciones en torno a estos\u00bb. Se evidenci\u00f3 c\u00f3mo las partes perdieron de vista que el contrato prometido era una permuta -que no una compraventa-. Por tanto, \u00abno bastaba con singularizar o identificar los inmuebles que se obligaba a transferir a sociedad RB CONTRUCCTORES ASOCIADOS S.A.S., sino que se deb\u00eda proceder en igual sentido en relaci\u00f3n con los bienes que deb\u00eda transferir la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n
4.- Estas consideraciones imponen la declaraci\u00f3n de la nulidad absoluta del acto jur\u00eddico, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil. Lo que conlleva, a su turno, ordenar las restituciones mutuas a las que haya lugar, seg\u00fan el canon 1746 ejusdem. Tambi\u00e9n, consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a condenar al pago de frutos en favor de la demandante, \u00abporque no se acredit\u00f3 la transferencia del 50% correspondiente de los lotes ubicados en la ciudad de Yumbo, identificados con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 370-690518 y 370-690520 a favor de RB CONTRUCCTORES ASOCIADOS S.A.S\u00bb. Al turno que tampoco proceden en favor de la demandada, en tanto que \u00abno se acredit\u00f3 por parte de esta los frutos que produjo o hab\u00eda podido producir los bode-locales n\u00fameros 3 y 4, identificados con Folios de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 040-603517 y 040630518\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda se formularon ocho cargos, los cuales ser\u00e1n inadmitidos por no cumplir con los requisitos de forma exigidos por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explic\u00f3 c\u00f3mo las partes continuaron con la relaci\u00f3n contractual hasta el 20 de agosto del 2020. Fecha en la cual la demandada comunica a la compradora su intenci\u00f3n de dar por terminado el contrato de promesa. No obstante, hasta esa data, las partes cumplieron sus obligaciones contractuales. En ese orden de ideas, el juez de primera instancia pudo haber decretado \u00absi se pod\u00eda terminar o no el contrato hasta ese momento, y si era v\u00e1lido, la terminaci\u00f3n del contrato por las razones alegadas por la demandada. En vez de eso, declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, cuando en su tesis, ambas partes habr\u00edan incumplido el contrato de forma simult\u00e1nea por no haberse cumplido la transferencia de los inmuebles prometidos el d\u00eda 30 de mayo de 2019\u00bb. As\u00ed las cosas, y tras efectuar varias consideraciones frente al prove\u00eddo de primer grado, estim\u00f3 que era procedente el reconocimiento de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, pero, a su vez, \u00abera v\u00e1lida la terminaci\u00f3n unilateral del contrato por justa causa solicitada por la parte demandada, ante los incumplimientos de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Ante tal circunstancia, consider\u00f3 que la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 947 del C\u00f3digo de Comercio por parte del Tribunal dio origen a la anulaci\u00f3n del contrato. Lo que, a su turno, gener\u00f3 \u00abm\u00e1s inconvenientes para las partes en conflicto\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo la primera causal de casaci\u00f3n, increp\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial ante la falta de aplicaci\u00f3n \u00abde las normas de interpretaci\u00f3n de los contratos\u00bb. En ese orden, aludi\u00f3 a los art\u00edculos 1618, 1619, 1620, 1621 y 1622 del C\u00f3digo Civil. Los cuales, a su juicio, fueron transgredidos por los jueces de primera y segunda instancia. Sostuvo que la decisi\u00f3n del Tribunal \u00aben ninguna medida guarda relaci\u00f3n con la voluntad de las partes en el presente caso, que tuvieron como v\u00e1lido el contrato, y realizaron las siguientes modificaciones por fuera del contrato pero plenamente conscientes y mediando su voluntad\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, cuestion\u00f3 la falta de aplicaci\u00f3n del canon 1618 por parte del juez de primera instancia, quien debi\u00f3 darle validez a la intenci\u00f3n real de las partes por encima de lo literal de las palabras. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por la \u00abfalta de congruencia entre las pretensiones de las partes y el fallo, sobre la tesis de la nulidad absoluta expuesta por el tribunal\u00bb. Tras aludir al art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, indic\u00f3 que el \u00abtema central\u00bb es \u00absi el contrato era nulo desde el principio, y muy a pesar de ello, las partes convinieron en ejecutarlo, con todo y los inconvenientes presentados por la pandemia del Covid 19, existen una serie de actos que avalan las actuaciones y la intenci\u00f3n de las partes de ejecutarlo de buena fe\u00bb, tales como el pago realizado por el comprador; la ejecuci\u00f3n de la obra por la demandada en el proyecto Parque Industrial Baq. Y la transferencia de varios de los locales. De manera que, a pesar de la nulidad absoluta de la referida convenci\u00f3n, \u00ablas partes s[\u00ed] ejecutaron y cumplieron parcialmente el contrato, y lo que solicitaron en el proceso, fue muy distinto a lo que se resolvi\u00f3 por parte del respetado Tribunal\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 c\u00f3mo ninguna de las partes pretendi\u00f3 que las cosas se devolvieran a su estado original, pues \u00abla parte demandante solicit\u00f3 el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, es decir, que el contrato siguiera vigente y se ejecutaran las obligaciones pactadas, y por su parte, la demandada lo que buscaba era que el contrato se terminara o que no se tuviera que continuar con la ejecuci\u00f3n del mismo\u00bb. En ese orden de ideas, critic\u00f3 que el ad quem no hubiera tenido en cuenta las pretensiones o las intenciones de los contratantes. De forma tal que, a su juicio, el fallo del Colegiado fue extra petita, \u00abpor cuanto ninguna de las partes estaba solicitando que las cosas se volvieran al estado inicial\u00bb. En la misma l\u00ednea, sostuvo que el Tribunal debi\u00f3 otorgar una \u00abrespuesta jur\u00eddica\u00bb m\u00e1s acorde con la intenci\u00f3n de las partes y que \u00abno les generara tantas complicaciones\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, insisti\u00f3 en la transgresi\u00f3n del canon 1622 ejusdem, porque \u00abdebi\u00f3 darse una terminaci\u00f3n del contrato aplicando las normas del contrato de suministro, m\u00e1s no una resoluci\u00f3n del contrato por todas las dificultades pr\u00e1cticas que ello generaba, adem\u00e1s, que ello se encontraba m\u00e1s acorde con lo pedido por las partes\u00bb. Increp\u00f3 la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1618, pues el Tribunal omiti\u00f3 tener en cuenta las intenciones de las partes en el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Bajo la primera causal de casaci\u00f3n, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el Tribunal orden\u00f3 resolver el contrato y devolver las cosas al estado inicial sin que ninguna de las partes hubiera solicitado tal actuaci\u00f3n. En ese orden, se cuestiona si \u00ab\u00bf(\u2026) la resoluci\u00f3n del contrato la \u00fanica forma de soluci\u00f3n jur\u00eddica para el caso? Pensamos que no, que debi\u00f3 darse como alternativa e interpretando la voluntad de las partes, la terminaci\u00f3n del contrato, hasta el 7 de Julio de 2020, fecha en la cual se firm\u00f3 la escritura p\u00fablica No 07537 del 7 de Julio de 2020, (\u2026) y d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las consecuencia por anulaci\u00f3n de un contrato de suministro, cuyo efecto para el caso, hubiese sido mucho m\u00e1s pr\u00e1ctico\u00bb. O bien pudo aplicar el canon 947 del C\u00f3digo de Comercio y haber establecido, como plazo para el pago, el d\u00eda de la entrega de la cosa, \u00abesto es el d\u00eda de la celebraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica para la transferencia de los primeros inmuebles, con lo cual, se podr\u00eda establecer que llegada la fecha (30 de mayo de 2019 o el 7 de Julio de 2020), el demandado se encontraba en incumplimiento por no pagar el precio en la forma convenida, al no pagar el dinero en el monto y el plazo establecido ($5000.000.000 hasta el 30 de mayo de 2020), y al no poder transferir el 50% de los inmuebles ubicados en la ciudad de Jumbo, por estar embargados\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil, en tanto \u00absi existe nulidad por falta de un requisito formal, hay una obligaci\u00f3n natural que genera tambi\u00e9n unos efectos que no tuvo en cuenta el tribunal\u00bb. Pues bien, explic\u00f3 que en el presente caso, si la promesa adolec\u00eda de uno de los requisitos esenciales consagrados en el canon 1611 del mismo c\u00f3digo, lo cual generaba nulidad absoluta, \u00abse puede plantear como alternativa al mismo fallo, que adem\u00e1s de la voluntad de las partes de ejecutar el contrato, y los actos que ellas desplegaron para cumplirlos, que se configur\u00f3 como bien lo establecer el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil, una obligaci\u00f3n natural entre las partes, que cumplidas, como fue el pago de $4500.000.000 realizado por la parte demandante, y la entrega de los locales No 03 y No 04 identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No 040-603517 y 040-630518 por parte de la demandada al demandado, habr\u00eda la posibilidad de \u201cretener lo que se ha dado o pagado, en raz\u00f3n de ellas\u201d\u00bb. En ese sentido, a pesar de la declaratoria de nulidad del contrato, \u00absi las partes ya consideraban cumplida una obligaci\u00f3n que deviene en natural, por faltar \u201clas solemnidades que la ley exige para que produzca efectos civiles\u201d, generando as\u00ed el derecho \u201ca retener lo que se ha dado o pagado\u201d, y en virtud de ello, se pod\u00eda dar igualmente, la resoluci\u00f3n del contrato por la nulidad, pero sin la necesidad de restituci\u00f3n de lo pagado y lo recibido, pues cada una de las partes tendr\u00edan derecho a retenerlo\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la violaci\u00f3n directa \u00abde la norma por falta de aplicaci\u00f3n de una norma sustancial. La improcedente del aprovechamiento del dolo propio\u00bb. Tras explicar nuevamente ciertos aspectos f\u00e1cticos del acontecer contractual, asever\u00f3 que \u00aben el presente caso, el demandante que act\u00fao negligente o de mala fe, fue totalmente favorecido en el fallo, lo cual es totalmente improcedente\u00bb. <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
A su turno, destac\u00f3 que las partes realizaron modificaciones contractuales, que no constaron por escrito. No obstante, ninguna de las providencias de instancia mencion\u00f3 tales cambios, \u00abmuy a pesar de que el representante legal de la demandada RAMIRO BOHORQUEZ CEBALLOS en su declaraci\u00f3n (de parte), dijo que esa modificaci\u00f3n se hab\u00eda realizado de manera verbal teniendo en cuenta la modificaci\u00f3n de la licencia que solo se dio hasta el 17 de diciembre del 2019\u00bb. En ese orden de ideas, se cuestiona la raz\u00f3n por la que \u00absi se avalan las dem\u00e1s modificaciones verbales que constaron en escritura p\u00fablica, por qu\u00e9 no se aval\u00f3 la modificaci\u00f3n de la fecha de la inscripci\u00f3n, cuando a su vez, obra en el expediente en el certificado de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles (\u2026) la fecha en que se cre\u00f3 la propiedad horizontal que fue el 17 de marzo de 2020 mediante la escritura p\u00fablica 458 del 28 de Febrero del 2020 notaria quinta de barranquilla, sin la cual, no se podr\u00eda transferir los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si se hubieran valorado las antedichas pruebas, el juez de primera instancia no habr\u00eda tenido por incumplido a la demandada. As\u00ed mismo, el Tribunal tampoco habr\u00eda declarado el incumplimiento simult\u00e1neo, \u00aben virtud de ello, se hubiese declarado procedente la excepci\u00f3n de contrato no cumplido propuesta en la contestaci\u00f3n de la demanda, o en su defecto, la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa por nulidad, con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios declarada a favor de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
CARGO OCTAVO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta \u00abpor falso juicio de identidad\u00bb. Asever\u00f3 que el ad quem no valor\u00f3 la promesa de compraventa, la escritura p\u00fablica n\u00fam. 753 del 7 de julio de 2020 y los hechos confesados en la demanda. Tal pretermisi\u00f3n, as\u00ed como la decisi\u00f3n tomada en segunda instancia, gener\u00f3 un detrimento patrimonial a la convocada, \u00aba quien a su vez se le orden\u00f3 devolver $5.706.559.374, sin tener presente que el demandado mantuvo desde el 7 de Julio de 2020 hasta la fecha del fallo 31 de enero de 2023, un incremento patrimonial no justificado de $623.530.000., suma que tambi\u00e9n debi\u00f3 ser indexada. Igualmente, si es aceptada la tesis de la terminaci\u00f3n del contrato en vez de su resoluci\u00f3n como bien se ha explicado, debe ordenarse la devoluci\u00f3n de $623.530.000\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Analizadas las consideraciones presentadas, se observa que estas adolecen de vicios de forma que imponen su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
2.- Respecto del cargo primero, es pertinente memorar que este yerro aparece cuando se transgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. Esto es, \u00abcuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u00bb (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun. de 2017, Exp. n.\u00b0 2014-00173-01). Se advierte que el cargo es impreciso e incompleto. <\/p>\n
En primer lugar, en tanto que el embate se dirigi\u00f3 -en su mayor parte- a cuestionar la argumentaci\u00f3n esbozada por el juez de primer grado, pues, en su parecer, de los hechos probados en el proceso era \u00abprocedente el reconocimiento de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, pero a su vez, era v\u00e1lida la terminaci\u00f3n unilateral del contrato por justa causa solicitada por la parte demandada, ante los incumplimientos de la parte demandante\u00bb. No obstante, tales alegatos no pueden ser tomados en consideraci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n, porque el recurso de casaci\u00f3n es un remedio procesal dirigido a estudiar la legalidad y acierto de la sentencia de segunda instancia. Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, de 7 de dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01 y AC1206-2022) <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el desarrollo de la censura no pas\u00f3 de ser un mero desacuerdo frente a la forma en que el Tribunal resolvi\u00f3 la controversia. Tan solo se indic\u00f3 que tal forma de resolver la controversia gener\u00f3 \u00abm\u00e1s inconvenientes para las partes en conflicto\u00bb, raz\u00f3n que no desvirt\u00faa de ninguna manera la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la que est\u00e1 revestida la providencia de segunda instancia. Sobre el punto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en esa fundamentaci\u00f3n se debe incluir la presentaci\u00f3n de argumentos que se dirijan a demostrar, si de las causales primera y segunda se trata, que el tribunal infringi\u00f3 las normas que el casacionista considera que, siendo sustanciales, fueron o debieron ser las esenciales de la contienda o del agravio que lo mueve a impugnar. (Art\u00edculo 344, par. 1\u00ba, CGP). No puede pues limitarse el censor a indicarlas sin desarrollar una argumentaci\u00f3n hilvanada que exponga la raz\u00f3n de la infracci\u00f3n que alega7\u00bb (Resalto intencional). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la pifia denunciada es incompleta. Ello es as\u00ed en tanto que la nulidad fue declarada con fundamento en dos vicios contenidos en el contrato: i) el incumplimiento del requisito consagrado en el numeral 3 del art\u00edculo 1611 del C.C. puesto que \u00abno se estableci\u00f3 plazo o condici\u00f3n para realizar la transferencia de los inmuebles que componen el lote que se obligaba a transferir la demandante\u00bb; y, ii) la desatenci\u00f3n del requisito contemplado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, en tanto \u00abno se identificaron plenamente los inmuebles que se obligaba a transferir la sociedad demandante, siendo necesaria su individualizaci\u00f3n a partir de su ubicaci\u00f3n, linderos, medidas y colindancias\u00bb. Pese a que fueron dos las razones por las cuales se declar\u00f3 la nulidad absoluta del acto, lo cierto es que en el cargo se limita a cuestionar \u00fanicamente la primera de ellas. Dejando de lado la segunda. Por lo tanto, el cargo es incompleto. Mem\u00f3rese que \u00abla demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable\u00bb (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2007-00181-01). <\/p>\n
3.- El cargo segundo ser\u00e1 inadmitido: se incurri\u00f3 en hibridismo o entremezclamiento de los motivos de casaci\u00f3n. Ciertamente, pese a que se dice sustentarlo con base en la causal primera de casaci\u00f3n, lo cierto es que, en su desarrollo, efect\u00faa consideraciones de hecho -inadmisibles bajo esta causal-. En tal sentido, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n del ad quem \u00aben ninguna medida guarda relaci\u00f3n con la voluntad de las partes en el presente caso, que tuvieron como v\u00e1lido el contrato, y realizaron las siguientes modificaciones por fuera del contrato pero plenamente conscientes y mediando su voluntad\u00bb. En ese orden, el embate estuvo dirigido -primordialmente- a cuestionar la falta de consideraci\u00f3n por los juzgados de primera y segunda instancia de las modificaciones verbales efectuadas sobre el contrato de promesa y al incumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
En consecuencia, los errores en los que hubiera podido incurrir el Tribunal sobre este aspecto se encuentran en el campo f\u00e1ctico. De esta manera, la acusaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido planteada por la v\u00eda indirecta, ocup\u00e1ndose de explicar por qu\u00e9 el entendimiento que dio el Colegiado a ciertos medios de prueba era contraevidente. En todo caso, las consideraciones esbozadas lucen desenfocadas, pues aquellas no tienen nada que ver con lo resuelto por el Colegiado, esto es, la existencia de una causal de nulidad absoluta del contrato de promesa ante la ausencia de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 -modificatorio del 1611 CC-. Ello, en atenci\u00f3n a la indeterminaci\u00f3n de la \u00e9poca en la que habr\u00eda de perfeccionarse la aludida convenci\u00f3n y por la falta de identificaci\u00f3n de los inmuebles que se obligaba a transferir la sociedad demandante. <\/p>\n
Adicionalmente, el cargo tampoco menciona al menos una norma de \u00edndole sustancial que haya sido presuntamente vulnerada por el ad quem. Recu\u00e9rdese que, en lo que concierne con las causales de casaci\u00f3n relacionadas con la violaci\u00f3n de normas sustanciales8 -primera y segunda-, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter material que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. <\/p>\n
En efecto, las disposiciones denunciadas son los art\u00edculos 1618, 1619, 1620, 1621 y 1622 del C\u00f3digo Civil, las cuales explican las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos. Tales reglas consagran un precepto legal que no ostenta la calidad de sustancial: su contenido es esencialmente definitorio de la forma en que habr\u00e1n de apreciarse los contratos. Al respecto, esta Corte ha sostenido que <\/p>\n
4.- En los cargos tercero y cuarto se incurri\u00f3, de igual manera, en entremezclamiento de causales. Tal como se vio en precedencia, en s\u00edntesis, la casacionista plantea en los dos embates la \u00abfalta de congruencia entre las pretensiones de las partes y el fallo, sobre la tesis de la nulidad absoluta expuesta por el Tribunal\u00bb. El cargo tercero bajo el alero de la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil. Y, el cargo cuarto, por vulneraci\u00f3n recta del canon 281 del C\u00f3digo General del Proceso9. En tal sentido, a juicio del recurrente, el Colegiado profiri\u00f3 una sentencia que \u00abest[\u00e1] por fuera de lo solicitado, podr\u00edamos decir que hubo una decisi\u00f3n extrapetita, por cuanto ninguna de las partes estaba solicitando que las cosas se volvieran al estado inicial\u00bb. Bajo ese orden de ideas, el defecto alegado es por falta de consonancia entre lo pedido y lo declarado. En tal virtud, el disentimiento de la sociedad censora se encuadra dentro de la incongruencia. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]a incongruencia contemplada en el numeral segundo del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento corresponde a un vicio de actividad o error in procedendo, que se presenta cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestaci\u00f3n, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armon\u00eda con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos f\u00e1cticos que delimitan el litigio\u00bb10. <\/p>\n
De tal suerte que los cargos se debieron plantear por la v\u00eda de la causal tercera -error in procedendo-. No por la senda de la causal primera -yerro in judicando-. La autonom\u00eda de las causales se\u00f1ala que cada uno de los t\u00f3picos de casaci\u00f3n ostenta una fisonom\u00eda propia. Y, por tanto, una manera espec\u00edfica de sustentarse. La Corte ha subrayado: <\/p>\n
\u00abLos cargos invocados deben guardar correspondencia con la causal escogida por el censor, en desarrollo de la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, toda vez que son \u2018disimiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, que\u0301 tipo de yerro se cometi\u00f3\u0301, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto\u00bb11. <\/p>\n
5.- El cargo quinto censura la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil, en tanto que \u00absi la promesa de compraventa adolec\u00eda de una nulidad por falta de un requisito esencial establecido en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil (\u2026) se puede plantear como alternativa al mismo fallo, que adem\u00e1s de la voluntad de las partes de ejecutar el contrato, y los actos que ellas desplegaron para cumplirlos, que se configur\u00f3 como bien lo establecer el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil, una obligaci\u00f3n natural entre las partes, que cumplidas, (\u2026) habr\u00eda la posibilidad de \u201cretener lo que se ha dado o pagado, en raz\u00f3n de ellas\u201d\u00bb. En el embate propuesto se omiti\u00f3 citar una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Y es que el citado art\u00edculo 1527 es definitorio de las obligaciones civiles o meramente naturales. De manera que no crea, modifica o extingue alguna relaci\u00f3n jur\u00eddica entre las partes. Al respecto, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct. Citada en AC2531-2020). <\/p>\n
6.- Lo mismo ocurre con los cargos sexto, s\u00e9ptimo y octavo, que pese a estar asentados en la violaci\u00f3n directa -sexto- e indirecta -s\u00e9ptimo y octavo- de una norma sustancial, omitieron mencionar una disposici\u00f3n de la mentada calidad. Tal omisi\u00f3n vuelve en todo inadmisibles los embates propuestos, pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. Al turno que los tres reparos lucen desenfocados, pues se dirigen a demostrar la forma en la que el demandante incumpli\u00f3 el contrato de promesa, tema que es ajeno a la sentencia de segunda instancia, que declar\u00f3 la nulidad absoluta de dicha convenci\u00f3n por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 -modificatorio del 1611 CC-. <\/p>\n
Sobre este defecto t\u00e9cnico -desenfoque-, esta Sala ha considerado que <\/p>\n
\u00ab(…) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u00bb (CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. 2008-00576-01, citada en AC5515-2022). <\/p>\n
7.- En ese orden de ideas, la demanda ser\u00e1 inadmitida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, INADMITE la demanda presentada por RB Constructores Asociados S.A.S. contra la sentencia del 31 de enero del 2023, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso rese\u00f1ado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00ab01Demanda.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 3. Cuaderno 1 \u00abdemanda PDF\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00ab27ContestacionDemanda_ExcepcionesMerito_0103021\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u00ab63SolicitudAllanamiento20220504\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u00ab72ActaAudienciaApelada_19072022\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC4671-2019. <\/p>\n
8\u0002 Las normas sustanciales son aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ, AC280-2021). <\/p>\n
9\u0002 Cfr. CSJ. AC 2666 de 2019. Disposici\u00f3n que no tiene la connotaci\u00f3n de sustancial, en tanto fija los l\u00edmites de la actividad del fallador al momento de dictar sentencia. En otro sentido, no crea, modifica, o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
10\u0002 CSJ SC de 7 de marzo de 1997, exp. 4636. Reiterada en fallo de 20 de mayo de 2013. <\/p>\n
11\u0002 CSJ AC7627-2016. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3233-2023 (2020-00213-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-53-014-2020-00213-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual RB […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}