AC3265-2023 (2008-00064-02)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3265-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-31-03-003-2008-00064-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por \u00c1lvaro Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso, frente a la sentencia de 9 de mayo de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra Aldo Antonio Fuentes Castro, en su condici\u00f3n de liquidador de Inversiones Asociados C\u00eda. Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Nelly Duarte Villamizar. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que dio origen al proceso, se pidi\u00f3 que \u00abse rescinda el contrato de compraventa\u00bb suscrito entre Nelly Duarte Villamizar y Aldo Antonio Fuentes Castro en su calidad de liquidador de la sociedad Inversiones Asociados y C\u00eda. Ltda., se determinen las restituciones mutuas a que hubiere lugar y dem\u00e1s declaraciones que decisi\u00f3n en ese sentido implican [Fl. 39, Cd principal parte1.pdf.]. <\/p>\n
2.- En respaldo de sus anhelos el reclamante invoc\u00f3 los hechos relevantes que se pueden compendiar as\u00ed: <\/p>\n
2.1.- Aldo Antonio Fuentes Castro en su condici\u00f3n de liquidador de la citada empresa celebr\u00f3 contrato de compraventa con Nelly Duarte Villamizar de un lote de terreno con extensi\u00f3n superficiaria de 715,03 m2, ubicado en la Avenida Los Libertadores n\u00b0 11-56 de la ciudad de C\u00facuta, cuyas medidas y linderos y dem\u00e1s datos particulares se detallaron en la demanda. Dicho negocio qued\u00f3 contenido en la escritura p\u00fablica n\u00b0 5639 de 28 de diciembre de 2006 de la Notar\u00eda Segunda de esa urbe, debidamente registrada en el certificado de tradici\u00f3n de la heredad. <\/p>\n
2.2.- En el referido convenio se consign\u00f3 en la cl\u00e1usula tercera que el precio del negocio era por la suma de $80.361.000, no obstante, para la \u00e9poca de la enajenaci\u00f3n, el predio fue avaluado en $453.160.165 por lo que la transferencia se realiz\u00f3 por \u00abmenos de la mitad del precio justo\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Posteriormente y sin estar liquidada la compa\u00f1\u00eda, el vendedor efectu\u00f3 dos consignaciones a nombre del demandante: una por $70.000.000 y la otra por $20.000.000, desconoci\u00e9ndose el motivo de los dep\u00f3sitos u origen de los dineros. <\/p>\n
2.4.- El extremo -socio mayoritario de la Sociedad Inversiones Asociados y C\u00eda. Ltda. en liquidaci\u00f3n- ha tratado de zanjar las diferencias con los restantes socios por el traspaso realizado con resultados infructuosos [Fls. 38-41, Cd Principal Parte1.pdf]. <\/p>\n
3.- La causa as\u00ed planteada fue admitida a tr\u00e1mite por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, el 17 de julio de 2008 [Fls. 48-49, Cd Principal Parte1.pdf.]. <\/p>\n
3.1.- Nelly Duarte Villamizar se opuso a la demanda, destacando que en el instrumento p\u00fablico si bien se indic\u00f3 el costo expresado por el querellante, lo cierto es que el precio realmente acordado fue de $300.000.000, tal como se consign\u00f3 en la promesa de compraventa celebrada el 18 de diciembre de 2006, cantidad que fue efectivamente pagada de la siguiente manera: \u00abi) a la firma de ese documento $170.000.000; ii) el valor de $90.000.000 el 28 de tales (sic) mes y a\u00f1o y iii) $40.000.000 fueron garantizados mediante hipoteca sobre el bien enajenado, constituida en la misma escritura de compraventa, la que se cancel\u00f3 el 15 de enero de 2007\u00bb, por lo que no es cierto que \u00abla enajenaci\u00f3n est\u00e1 por debajo de la mitad del que el demandante considera el justo precio\u00bb. <\/p>\n
A la par, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, en tanto que la \u00fanica autorizada para impetrar la acci\u00f3n era la vendedora por haber sido parte en el contrato, sin que el demandante pudiera actuar a nombre de esta, ni aducir un eventual perjuicio derivado de la enajenaci\u00f3n, toda vez que conoci\u00f3 el asunto de liquidaci\u00f3n de esa asociaci\u00f3n y pudo intervenir para objetar las decisiones adoptadas por sus miembros [Fls. 100-105, 0001CuadernoPrincipalDigitalizadoParte1.pdf.]. <\/p>\n
3.2.- Aldo Antonio Fuentes Castro tambi\u00e9n se resisti\u00f3 a las ambiciones del adversario proponiendo el medio exceptivo de \u00abinexistencia de la lesi\u00f3n enorme\u00bb, ya que el precio pagado fue el que se\u00f1al\u00f3 la compradora y no el que se dijo en la escritura de venta. Asimismo, afirm\u00f3 que la cabida real del terreno era de 604,78 m2, factor debido al cual el valor comercial era inferior al dictaminado en el aval\u00fao que se alleg\u00f3 con la demanda, pues en esa tasaci\u00f3n se tuvo en cuenta un \u00e1rea de 769 m2 y, \u00abcon ocasi\u00f3n de la venta, le consign\u00f3 al demandante el valor que por ley le correspond\u00eda en su calidad de socio\u00bb, lo que desvirt\u00faa que \u00abel valor pagado haya sido menor de la mitad del precio\u00bb [Fls. 144-147, Cd Principal Parte1.pdf.]. <\/p>\n
3.3.- El 9 de diciembre de 2011 el juzgado de conocimiento profiri\u00f3 fallo, en el que declar\u00f3 probada \u00abla falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante\u00bb, consecuentemente, deneg\u00f3 sus anhelos y lo conden\u00f3 en costas [Fls. 50-56, Cd Principal Parte2.pdf.]; el 12 de octubre de 2012, el Tribunal ratific\u00f3 lo zanjado. [Fls. 33-47, Cd 12 Tribunal Apelaci\u00f2nSentencia.pdf.]. <\/p>\n
3.4.- Esta Sala, al resolver el recurso de casaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n de segundo grado interpuesto por el vencido, con sentencia SC1182-2016 de 8 de febrero, determin\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEl actor tiene, entonces, esa calidad o condici\u00f3n subjetiva que le otorga la facultad para pretender la declaraci\u00f3n de ser lesiva la venta del inmueble que constitu\u00eda el \u00fanico activo de la sociedad vendedora, la cual se encontraba en estado de liquidaci\u00f3n al momento de celebrarse dicho negocio, porque tiene un inter\u00e9s jur\u00eddico particular en el resultado de la litis, que adem\u00e1s es serio y actual, en la medida en que del desequilibrio prestacional alegado, deriva un perjuicio propio de car\u00e1cter patrimonial en cuanto a la disminuci\u00f3n del valor a distribuir entre los socios por raz\u00f3n de dicho contrato celebrado entre el liquidador de la sociedad Inversiones Asociados C\u00eda. Ltda. y Nelly Duarte Villamizar. <\/p>\n
Lo anterior como consecuencia de no ingresar a los activos corrientes de la empresa lo que pudiera corresponder al justo precio del bien enajenado. <\/p>\n
De ese modo, puede perseguir tanto la rescisi\u00f3n que tendr\u00eda por efecto restituir el predio al patrimonio de la persona jur\u00eddica y as\u00ed reconstituir aquel, como que se complete lo pagado hasta el importe del referido valor, pues se aumentar\u00eda el monto que habr\u00eda de recibir en la liquidaci\u00f3n adicional del haber social\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con esto CAS\u00d3 la sentencia y puesta en sede de instancia consider\u00f3, que \u00abteniendo en cuenta que la sociedad vendedora se encontraba disuelta y liquidada a la fecha en que se present\u00f3 el libelo que dio inicio al proceso y, por lo tanto, se hab\u00eda extinguido la personalidad jur\u00eddica de ese ente moral, el contradictorio en este asunto deb\u00eda integrarse con las personas naturales que la conformaban a la \u00e9poca de la enajenaci\u00f3n, en la forma y t\u00e9rminos se\u00f1alados en la norma precitada\u00bb, motivo por el cual declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir de la sentencia de 9 diciembre de 2011, sin perjuicio de la validez de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso y orden\u00f3 al juez a-quo integrar el contradictorio con los se\u00f1ores Yebrail Mateus Castillo (sic), \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos y \u00c1ngela Castellanos de Uribe, en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para ese entonces [Fls. 33-66, Cd 13 CuadernoCorte.pdf.]. <\/p>\n
3.5.- En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SC1182-2016 se orden\u00f3 enterar a los se\u00f1ores \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos, Yebrail Mateus1 y \u00c1ngela Castellanos de Uribe2 (23 junio 2016), pero debido al fallecimiento de estos \u00faltimos por autos de 29 de noviembre de 2016 y 8 de febrero de 2017 se vincul\u00f3 a sus herederos determinados y orden\u00f3 el emplazamiento de los indeterminados [fl. 77 Cd Principal Parte2.pdf.]. <\/p>\n
3.5.1.- Esperanza Uribe de Fuentes, Angela y Omar, Mateus Uribe, \u00c1lvaro Jes\u00fas, Nancy y Martha Estella Uribe Castellanos herederos determinados de Yebrail Mateus y Angela Castellanos, al ser notificados replicaron la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones y formularon excepciones3. <\/p>\n
No obstante, tras correr traslado de dichas defensas, el juzgador de conocimiento, mediante auto de 21 de enero de 2021, haciendo control de legalidad y medida de saneamiento, determin\u00f3 que la vinculaci\u00f3n ordenada por la Corte era para integrar litisconsorcio necesario por activa y a partir de ese razonamiento dispuso \u00abDECLARAR de oficio la causal de nulidad por indebida notificaci\u00f3n de los VINCULADOS (Litisconsortes necesarios por activa), se\u00f1ores ESPERANZA URIBE CASTELLANOS, NANCY URIBE CASTELLANOS, MARTHA STELLA URIBE CASTELLANOS, ANGELA MAR\u00cdA MATEUS URIBE y OMAR MATEUS URIBE y como consecuencia de ello de las actuaciones procesales derivadas de ello\u00bb; en su lugar, los tuvo por notificados por conducta y orden\u00f3 nuevamente el emplazamiento de los herederos indeterminados de ANGELA MAR\u00cdA MATEUS y YEBRAIL MATEUS CASTILLO (sic), \u00abprecisando desde ya que si no se logra la comparecencia de heredero alguno, por sustracci\u00f3n de materia, se continuar\u00e1 designando como Curadora Ad Litem de los mismos, a la Dra. [\u2026], quien ven\u00eda fungiendo en tal condici\u00f3n\u00bb, as\u00ed mismo que la invalidez decretada \u00abno recae respecto del vinculado por activa, se\u00f1or \u00c1LVARO JES\u00daS URIBE CASTELLANOS\u00bb. [fls. 70-79 Cd Principal Parte3.pdf.]. Ante tal determinaci\u00f3n las partes y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
3.5.2.- La curadora ad litem de los sucesores indeterminados de Angela Castellanos de Uribe y Yebrail Mateus Castillo, en ambas oportunidades, expres\u00f3 no oponerse a las pretensiones [Fls. 192-193, Cd Principal Parte2.pdf y 99-10 del Cd principal parte 3]. <\/p>\n
4.- Renovada la actuaci\u00f3n anulada y agotado el tr\u00e1mite que le es propio, el 31 de agosto de 2022, se emiti\u00f3 sentencia negando las aspiraciones del escrito introductorio y se declar\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandado Aldo Antonio Fuentes Castro en su condici\u00f3n de liquidador de la sociedad Inversiones Asociados Cia Ltda. en liquidaci\u00f3n\u00bb, conjuntamente conden\u00f3 en costas al convocante y levant\u00f3 la medida cautelar ordenada [Fls. 133-135, Cd Principal Parte3.pdf]. <\/p>\n
5.- Apelada esta determinaci\u00f3n por el demandante, fue ratificada por el Tribunal el 9 de mayo de 2023 [Fls. 43-65, Cd 16 Tribunal Apelaci\u00f3n Sentencia.pdf]. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Despu\u00e9s de historiar el proceso y de concluir que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, se ocup\u00f3 de memorar los elementos axiol\u00f3gicos que dotan de \u00e9xito la acci\u00f3n tendiente a reestablecer el desequilibrio prestacional en la compraventa de bienes inmuebles. <\/p>\n
Luego, exterioriz\u00f3 que la primera instancia desech\u00f3 el dictamen aportado con el libelo con el fin de avalar \u00abel precio justo del bien\u00bb, cuesti\u00f3n que no fue objeto de censura por el recurrente, aunado a que a instancia de los intervinientes se llev\u00f3 a cabo una nueva experticia por auxiliar de la justicia, con el prop\u00f3sito que se dictaminara el valor del predio para el 28 de diciembre de 2006, instante en que se llev\u00f3 a cabo la transacci\u00f3n. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que teniendo en cuenta que el reproche sobre la equivocaci\u00f3n en la determinaci\u00f3n del justo precio se enarbola en una indebida apreciaci\u00f3n de la segunda pericia, puesto que a juicio del apelante el mismo es id\u00f3neo para establecer el monto equitativo de la propiedad, indic\u00f3 que dicha experticia rendida por el ingeniero Lu\u00eds Antonio Barriga Vergel el 21 de septiembre de 2010 y aclarada el 22 y 29 de octubre de esa calenda, contrario a lo manifestado por el recurrente, s\u00ed media objeci\u00f3n, pues el querellante enrostr\u00f3 imprecisiones en punto del metraje tenido en cuenta y si bien all\u00ed no se acredit\u00f3 que el perito se encontrase registrado y autorizado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del lugar de ubicaci\u00f3n del predio, descuido que podr\u00eda restar idoneidad a su labor, lo cierto es que, su designaci\u00f3n se dio teniendo en cuenta la lista de los auxiliares de la justicia, luego finiquit\u00f3 que deb\u00eda tenerse por facultado para cumplir el encargo. <\/p>\n
Descollado lo anterior, agreg\u00f3 que, sin embargo, el experto incurri\u00f3 en varias imprecisiones en tanto, incumpli\u00f3: verificar en su experticia \u00abla reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica vigente en el municipio de C\u00facuta\u00bb, dejando sin bases s\u00f3lidas las apreciaciones tendientes a justificar el valor comercial para septiembre de 2010, intervalo en que se llev\u00f3 a cabo el aval\u00fao y si en gracia de discusi\u00f3n se tuviese por superada tal falencia. <\/p>\n
Expres\u00f3 que tampoco pod\u00eda atribu\u00edrsele virtud a los fundamentos expuestos por el profesional, pues una vez estableci\u00f3 el precio del metro cuadrado para 2010 en la suma de $1.200.000, procedi\u00f3 a depreciar dicho valor utilizando el \u00edndice de precios al consumidor, discurriendo que para el a\u00f1o 2006, el metro cuadrado ascend\u00eda a $999.265,00, de ah\u00ed que el \u00abjusto precio\u00bb sub\u00eda a $653.039.662 y aunque con la aclaraci\u00f3n estableci\u00f3 el metraje del lote en 616,66 m2, lo cierto es que se vali\u00f3 del dictamen acompa\u00f1ado con la demanda, el cual no resultaba de recibo. <\/p>\n
Revel\u00f3 que, de aceptarse ese concepto, tambi\u00e9n resulta vago, en la medida que no dej\u00f3 constancia de que a los encuestados les fueron presentadas las fotograf\u00edas del inmueble como lo manda \u00abel art\u00edculo (sic) 6-7 de la Resoluci\u00f3n No. 620 de 2008\u00bb, ni se dej\u00f3 testimonio de si fueron previamente enterados en torno a \u00abla normatividad urban\u00edstica del inmueble\u00bb, m\u00e1xime cuando el terreno se encontraba en una \u00abzona de desarrollo\u00bb, siendo, por tanto, necesario hacer \u00ablos c\u00e1lculos previos realizados de la potencialidad urban\u00edstica y de desarrollo del predio\u00bb. <\/p>\n
De la misma manera, acentu\u00f3 que el auxiliar de la justicia una vez ajust\u00f3 el precio del metro cuadrado para la calenda de 2010, monto con el cual estableci\u00f3 el valor comercial para ese a\u00f1o, pas\u00f3 a depreciarlo con base en el \u00cdndice de Precios al Consumidor, por lo que, si esa estimaci\u00f3n fuera certera, que \u00abno puede serlo porque una cosa es la depreciaci\u00f3n de la moneda y otra bien distinta las alzas y bajas del mercado inmobiliario que dependen de situaciones diversas\u00bb, adujo que la actualizaci\u00f3n del precio del fundo debe acercarse lo m\u00e1s pr\u00f3ximo a alguno de los valores indicados en la experticia, lo que tampoco acaeci\u00f3, ya que utilizando la misma f\u00f3rmula a la que acudi\u00f3 el experto \u00abse arriba al monto de $31.178.503\u00bb, por cuanto el precio por el cual se llev\u00f3 a cabo la adquisici\u00f3n \u00abfue de $1.650.000,00 para el 5 de mayo de 1987 (valor hist\u00f3rico) seg\u00fan lo referido en el Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n de la propiedad, suma que al ser multiplicada por el valor del IPC a la fecha de la enajenaci\u00f3n recriminada (28 dic. 2006) ser\u00eda 87.86896 y al dividirse por el IPC hist\u00f3rico dar\u00eda un resultado de 4,65012 a mayo de 1987\u00bb. <\/p>\n
En ese marco, asever\u00f3 que contrastada esa suma con lo que el profesional fij\u00f3, no se evidencia cercan\u00eda con alguna de ellas, incluso, si se tuviera en cuenta el metraje que ten\u00eda el bien ra\u00edz para el momento en que se efect\u00fao la valuaci\u00f3n. <\/p>\n
Por todo lo rese\u00f1ado, coligi\u00f3 que ninguna raz\u00f3n le asiste al apelante en cuanto a la debida acreditaci\u00f3n del justo precio, pues no se encontr\u00f3 adecuadamente demostrado, sumado a que llama la atenci\u00f3n que los dem\u00e1s socios de la extinta sociedad no lamentaron la transacci\u00f3n refutada, lo que es un indicio de que la cuant\u00eda por la cual fue transferido el bien se ajust\u00f3 a la realidad comercial de la \u00e9poca [Fls. 43-65, Cd 16 Tribunal Apelaci\u00f3n Sentencia.pdf]. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos (2) cargos, el primero encauzado en el numeral 5\u00b0 art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y el otro por la senda de la violaci\u00f3n indirecta (n\u00fam. 2\u00ba, ibidem) que el recurrente soporta como sigue: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Al amparo del numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso arguye el casacionista que el a quo no dio estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Colegiatura en providencia SC1182-2016 que \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2011\u00bb por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta y, \u00aborden\u00f3 se integrara el contradictorio con los se\u00f1ores Yebrail Mateus Castillo, \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos y \u00c1ngela Castellanos de Uribe\u00bb ya que, en el auto en el que dio acatamiento de fecha 21 de enero de 2021 \u00abintegr\u00f3 parcialmente el contradictorio\u00bb, al referir que \u00abse ordena el emplazamiento de los herederos indeterminados de los se\u00f1ores \u00c1NGELA MAR\u00cdA MATEUS (QEPD) y YEBRAIL MATEUS CASTILLO (QEPD), en la \u00fanica forma actualmente dispuesta; esto es mediante la inclusi\u00f3n correspondiente por parte de la secretar\u00eda en el Registro Nacional de Emplazados, tal como lo dispone el art. 11 del decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
De igual modo describi\u00f3 que, en dicha providencia el estrado dijo que \u00abser\u00eda del caso cumplir con lo ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia sino se observara que los emplazados en el auto que nos ocupa son personas diferentes a las fallecidas (sic) socios de la sociedad Inversiones Asociados que deben ser Emplazadas, por cuanto corresponde Emplazar a los herederos indeterminados de los Se\u00f1ores \u00c1NGELA CASTELLANOS DE URIBE y al se\u00f1or YEBRAIL MATEUS GORDILLO como lo ordena la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acusa la sentencia con sustento en el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u00aberror de hecho manifiesto sobre una determinada prueba (pericial) en la modalidad \u201cPor falso juicio de identidad\u201d\u00bb, porque \u00aben su motivaci\u00f3n cual forma de persuasi\u00f3n racional aplic\u00f3 o solo motiv\u00f3 una convicci\u00f3n subjetiva y con la sola finalidad de un falso juicio de identidad distorsionando la expresi\u00f3n f\u00e1ctica que sustenta el dictamen pericial del Dr. Antonio Barriga Vergel (folio 62 s.s.) y sus adicciones y complementaciones\u00bb. <\/p>\n
El recurrente endilg\u00f3 al sentenciador la comisi\u00f3n de yerros de hecho, toda vez que, respecto al segundo dictamen, se incurri\u00f3 en una \u00abconvicci\u00f3n subjetiva\u00bb que distorsion\u00f3 la \u00abexpresi\u00f3n f\u00e1ctica que sustenta el dictamen pericial del Dr. Barriga y sus complementaciones\u00bb, pese a que satisfac\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo antedicho por cuanto, el iudex plural de forma equivocada para fijar el precio real de la venta \u00abtom\u00f3 la simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica con base en las tablas de Camacol\u00bb y, el \u00ab\u00e1rea de la escritura de compraventa, as\u00ed $ 308.856.41 X 715,03 para un total de $220.841.305\u00bb, lo que constituye una \u00abfalla protuberante\u00bb, ya que el listado de precios del metro cuadrado publicado por Camacol es el resultado de interpolaciones que devienen de varias y diferentes circunstancias que afectan los predios pero no se aplican como valores definitivos para determinar un precio unitario de un terreno y, por tanto, \u00abno son fundamento necesario para un aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 de igual forma que la Magistratura \u00abactu\u00f3 con particular subjetividad\u00bb al apreciar que en el informe \u00abno hay una adecuada aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo comparativo sobre ofertas y transacciones suficientes para una valoraci\u00f3n de inmuebles comerciales\u00bb y, que es \u00abla t\u00e9cnica de valorar un verdadero valor comercial partiendo de ofertas y transacciones recientes de bienes y que sean semejantes y comparables al objeto del aval\u00fao\u00bb, lo que es contrario a la realidad, en tanto esa metodolog\u00eda s\u00ed fue acatada por el especialista con observancia a la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica vigente para la ciudad de C\u00facuta. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que a la par se equivoca cuando concluye, \u00absin demostraci\u00f3n dial\u00e9ctica y una persuasi\u00f3n racional que los valores no coinciden\u00bb, puesto que el profesional en su trabajo procedi\u00f3 a indicar \u00abel \u00e1rea y los linderos\u00bb, pero no sobre los fijados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi sino lo advertido en la escritura p\u00fablica cuestionada, lo que dio como resultado una superficie de 653.52 m2, lo cual no es desatinado, empero el juzgador \u00absin demostraci\u00f3n alguna\u00bb, controvirti\u00f3 este punto, intentando \u00abalterar y modificar la verdadera naturaleza demostrativa del pericial t\u00e9cnico\u00bb. <\/p>\n
Predic\u00f3 desatino del tribunal por \u00abse\u00f1alar de inexacto o incompleto el aval\u00fao pericial de un lote de terreno por no haber tenido en cuenta el cumplimiento de normas de urbanismo, pues como se ha explicado ampliamente el lote urbanizado ya fue sometido a dichas normas que lo habilita para ser apto para realizar una construcci\u00f3n sobre el\u00bb y el que fue objeto de aval\u00fao es urbanizado, al cual ya le fueron aplicadas dichas disposiciones, contando actualmente con todos los servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, revel\u00f3 que la Colegiatura peca al desconocer que atendiendo que el \u00abvalor comercial\u00bb de los bienes est\u00e1 atado por norma legal al \u00abvalor catastral\u00bb, es acertado afirmar que, si se quiere conocer \u00abel valor pasado de un predio\u00bb, se debe tomar el importe actual y se \u00able aplica de manera regresiva el I.P.C. hasta llegar al a\u00f1o, al cual se desea conocer su precio\u00bb, como en efecto se indic\u00f3 en el concepto, aunado a que no es de recibo aseverar que \u00abla tabla comparativa\u00bb, corresponde a \u00abun resultado pericial\u00bb, pues debe recordarse que Camacol ha expresado en su informativo que \u00ablos valores contenidos en la tabla no deben ser aplicables para la realizaci\u00f3n de un aval\u00fao comercial\u00bb, por lo que es el mismo gremio el que descarta de plano \u00absu informaci\u00f3n cuando se pretende realizar un aval\u00fao pericial\u00bb. <\/p>\n
Con soporte en los anteriores argumentos, pidi\u00f3 casar la sentencia recurrida y, en su lugar, acoger los ruegos del escrito genitor. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su \u00abexamen\u00bb de fondo, siendo enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado entre otras en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y CSJ AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690). <\/p>\n
2.- As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso que, entre otras cosas, exige la designaci\u00f3n de las partes, una s\u00edntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio; la formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera, como si se tratara de un alegato de instancia, por cuanto el opugnante asume el labor\u00edo de enervar la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene amparada la providencia. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de los motivos que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la edifican, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia (CSJ AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
4.- Las sentencias pueden ser controvertidas por vicios in iudicando o in procedendo. Entre los primeros, se avizora la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos en la interpretaci\u00f3n o en la aplicaci\u00f3n normativa (transgresi\u00f3n recta v\u00eda), o como consecuencia de \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb4 (infracci\u00f3n indirecta o mediata). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por atropello de las normas que lo regulan (fallas de actividad). <\/p>\n
4.1.- Trat\u00e1ndose del menoscabo de normas sustanciales, sea que el reproche descanse en una presunta vulneraci\u00f3n directa o en una indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados por aplicaci\u00f3n indebida, inaplicaci\u00f3n o deficiente hermen\u00e9utica, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
4.2.- En cuanto ata\u00f1e a la causal segunda de casaci\u00f3n, el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 generarse a consecuencia de errores f\u00e1cticos o de iure. Respecto del yerro de hecho se ha puntualizado que tiene lugar: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y CSJ AC4947-2022, 23 nov., rad. 2010-00158). <\/p>\n
Mientras que el error de derecho presupone que el \u00abjuzgador\u00bb no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de las probanzas y la fijaci\u00f3n de su contenido material, pero desacierta en su contemplaci\u00f3n jur\u00eddica como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el proceso al ponderarlos sin atender las reglas que regulan su admisibilidad, pertinencia y eficacia. <\/p>\n
5.- Sea que se aduzca desacierto de hecho o de derecho, compete al extremo recurrente indicar las normas sustanciales que, a consecuencia de los dislates, resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo ocurri\u00f3 dicha vulneraci\u00f3n, y si el ataque se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda, tendr\u00e1, adem\u00e1s, la carga de se\u00f1alar la disposici\u00f3n probatoria que haya sido quebrantada, \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, le concierne explicar la manera en que a la luz del precepto de disciplina probatoria, el iudex err\u00f3 en la solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n al medio de convicci\u00f3n de que se trate, el cual deber\u00e1 singularizar en la acusaci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro de iure, la incidencia del supuesto desatino en la resoluci\u00f3n cuestionada y la forma en que con el mencionado equ\u00edvoco el sentenciador termin\u00f3 quebrantando la norma sustancial invocada, carga demostrativa que recae, exclusivamente, en el sedicente. <\/p>\n
Referente a la demostraci\u00f3n de la imputaci\u00f3n en la sede casacional, esta Corte ha indicado que <\/p>\n
(\u2026) no s\u00f3lo se refiere a la comprobaci\u00f3n del error denunciado, sino a la fundada expresi\u00f3n de su influencia en la decisi\u00f3n combatida, porque si la sentencia ingresa al recurso de casaci\u00f3n escoltada por las presunciones de legalidad y acierto, en la tarea de acreditar los yerros no es suficiente que el interesado haga conocer su desacuerdo con la decisi\u00f3n, sino que necesariamente debe indicar las equivocaciones en que incurri\u00f3 el sentenciador, individualizando las apreciaciones erradas y se\u00f1alando de manera precisa en qu\u00e9 consiste la desviaci\u00f3n, formalidad esta que, como se tiene dicho, no se lograr\u00eda \u2018con el simple expediente de repudiar el resultado del proceso, porque esto \u00faltimo es, sencillamente, alegar, m\u00e1s nunca demostrar, como es de rigor\u2019 (CSJ AC8428-2017, 13 dic., rad. 2014-00319-01; CSJ AC2930-2022, 21 jul., rad. 2019-00130-01). <\/p>\n
6.- Por otra parte, trat\u00e1ndose del motivo de casaci\u00f3n contemplado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 ibidem, el cual alude a \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con \u00e9xito son las siguientes: <\/p>\n
\u00ab(…) a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (criterio reiterado en CSJ SC299-2021, 15 feb., rad. 2009-00625-01). <\/p>\n
Se ha precisado igualmente que la formulaci\u00f3n de la causal en comento debe sujetarse a los principios que gobiernan la instituci\u00f3n de la nulidad procesal, esto es, los de \u00abespecificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n\u00bb, respecto de los cuales se ha indicado: <\/p>\n
La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente se\u00f1aladas en las normas procesales o en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ago. 2016, rad. n\u00b0 2008-00162-01). <\/p>\n
La protecci\u00f3n se relaciona \u2018con la legitimidad y el inter\u00e9s para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el car\u00e1cter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una lesi\u00f3n a quien la alega\u2019 (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n\u00b0 2004-00191-01). <\/p>\n
La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garant\u00edas o cercenarlas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la convalidaci\u00f3n, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuraci\u00f3n de la nulidad cuando el perjudicado expresa o t\u00e1citamente ratific\u00f3 la actuaci\u00f3n an\u00f3mala, en se\u00f1al de ausencia de afectaci\u00f3n a sus intereses\u00bb (criterio reiterado en CSJ AC2199-2021, 9 jun., rad. 2016-00370-01). <\/p>\n
7.- Plasmadas las anteriores pautas, cumple decir, desde ya, que la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por parte del impugnante no satisface las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han demarcado para su impulso, por lo que los cargos ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
7.1.- En el primer reproche invoc\u00f3 el numeral quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, ataque que no supera el examen formal para ser admitido en esta v\u00eda, porque el casacionista omiti\u00f3 el deber de invocar expl\u00edcitamente la causal de abolici\u00f3n que estima configurada. <\/p>\n
No obstante, si se entendiera que se trata de la octava del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, es irrefutable que la nulidad cuando no se cita en debida forma a la persona que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser convocada, solo puede alegarla el afectado (inciso 3\u00ba, art. 135 del estatuto adjetivo), por lo que le estaba vedado al recurrente aducirla frente a los herederos de los socios fallecidos \u00c1ngela Mar\u00eda Castellanos de Uribe y Yebrail Mateus, bajo el supuesto de que no se dio \u00edntegro obedecimiento a lo ordenado por esta Sala en SC1182-2016 de 8 de febrero que \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso (\u2026) para que se proceda a integrar el contradictorio con Yebrail Mateus Castillo, \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos y \u00c1ngela Castellanos de Uribe\u00bb, pues, s\u00f3lo a ellos les incumb\u00eda protestar por dicho aspecto. <\/p>\n
Justamente, ha precisado la Corporaci\u00f3n que \u00aben tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, \u00e9sta no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para impetrar la nulidad [\u2026] Y, menos a\u00fan, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el proceso\u00bb, (CSJ SC1832-2021, 19 may., rad. 1999-00273-01 reiterado en AC203-2023). <\/p>\n
Por otra parte, no puede pasarse por alto que el anterior planteamiento constituye otra de las deficiencias t\u00e9cnicas que impiden la admisi\u00f3n del libelo (medio nuevo), al tratarse de un t\u00f3pico ajeno a los que se alegaron en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n [Fls. 14-26, Cd 16 Tribunal Apelaci\u00f3n Sentencia.pdf] y si bien, despu\u00e9s de proferido el veredicto por el ad quem el apoderado del extremo activo rog\u00f3 la \u00abnulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n de los litisconsortes necesarios por activa, puntualmente los herederos indeterminados de \u00c1ngela Castellanos de Uribe y Yebrail Mateus Gordillo\u00bb, tal aspiraci\u00f3n le fue rechazada de plano por el Tribunal, al apreciarse que la abrogaci\u00f3n procesal debi\u00f3 alegarse a m\u00e1s tardar antes de la emisi\u00f3n de sentencia de segundo grado, oportunidad ya fenecida (6 jul.2023) [Fls. 72-78, Cd 16 Tribunal Apelaci\u00f3n Sentencia.pdf]. <\/p>\n
Los vinculados Martha Uribe Castellanos, Nancy Uribe Castellanos, Esperanza Uribe Castellanos, \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos, Angela Mar\u00eda y Omar Mateus Uribe fueron enterados personalmente6 y, a trav\u00e9s de apoderado de confianza, replicaron la demanda y plantearon excepciones, sin arg\u00fcir vicio alguno; en tanto a los \u00faltimos, despu\u00e9s de que el demandante realizara la publicaci\u00f3n de ley7, el 9 de agosto de 2018 se les design\u00f3 curadora ad litem [fl. 184 Cd principal parte 2], quien el 25 de septiembre siguiente fue enterada del auto admisorio de la demanda [f. 191 Cd principal parte 2], procediendo la auxiliar designada a pronunciarse sobre el escrito inicial [fl. 192-193 Cd principal parte 2]. <\/p>\n
Ahora bien, es lo cierto que, despu\u00e9s de surtida la \u00abaudiencia del 101 del C.P.C.\u00bb [FL. 62-63 Cd Principal parte 2], la juzgadora de primer grado en la providencia de 21 de enero de 2021, tras advertir que aquella vinculaci\u00f3n no deb\u00eda hacerse como \u201cdemandados\u201d, pues la Corte estableci\u00f3 la integraci\u00f3n del \u201clitisconsorcio por activa\u201d, haciendo control de legalidad y como medida de saneamiento, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado para que se integrara correctamente el contradictorio [Fls. 70-79, Cd Principal parte 3.pdf]. <\/p>\n
En dicho pronunciamiento se tuvo por notificados por conducta concluyente a los herederos determinados ya referidos y orden\u00f3 el emplazamiento de los herederos indeterminados, aunque al detallar los nombres de los causantes se incurri\u00f3 en el error de se\u00f1alar como tales a ANGELA MAR\u00cdA MATEUS (QEPD) y YEBRAIL MATEUS CASTILLO (QEPD), se previno de antemano la posibilidad de que la curadora que ven\u00eda actuando en representaci\u00f3n de los sucesores indeterminados de los socios fallecidos siguiera ejerciendo el cargo. <\/p>\n
En auto del 24 de noviembre de 2021 la funcionaria dio cuenta que seg\u00fan lo certific\u00f3 el secretario del despacho se hab\u00eda surtido el emplazamiento en los t\u00e9rminos ordenados en el decreto 806 de 20208 y conforme lo hab\u00eda anticipado -a pedido del actor- volvi\u00f3 a designar a la auxiliar que ven\u00eda representando los intereses de aquellos herederos, quien en febrero de 2022 arrim\u00f3 al pleito contestaci\u00f3n de la demanda [fl. 99-100 Cd principal parte 3]. <\/p>\n
Y ocurre que en todo este devenir surtido frente a los herederos indeterminados el casacionista no hizo reproche alguno, espec\u00edficamente no arguy\u00f3 la existencia de alg\u00fan vicio que afectara validez del enteramiento de aquellos sujetos procesales y de contera del proceso, pues tan s\u00f3lo vino a elevarla ins\u00edstase despu\u00e9s de definida la instancia. <\/p>\n
En este punto es preciso memorar que el giro de los acontecimientos fundantes de lo pedido a la administraci\u00f3n de justicia en sede de casaci\u00f3n constituye una falencia may\u00fascula de quien acude a este especial remedio, por ello, al resolver asuntos semejantes, se ha dicho que: <\/p>\n
Resulta a todas luces, inadmisible la novedosa postura (\u2026) porque, como se ha enfatizado en m\u00faltiples ocasiones, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede utilizarse para adicionar alegatos, corregir o enderezar estrategias defensivas o sorprender a la contraparte con nuevos cuestionamientos, pues \u00abun alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o (\u2026) para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u00bb (CSJ SC131, 12 feb. 2012, rad. 2007-00160-01, reiterada en CSJ AC3378-2021, 11 ag., rad. 2017-00008-01). <\/p>\n
8.- El segundo embate lo erige por la v\u00eda indirecta, a consecuencia de error de hecho \u00absobre una determinada prueba pericial\u00bb, sin embargo, desatendi\u00f3 la obligaci\u00f3n de citar las disposiciones de linaje sustancial que, en su sentir, se trasgredieron con el fallo cuestionado, lo que por s\u00ed solo basta para tornarlo inadmisible, toda vez que carece la Corte de uno de los elementos objetivos a partir del cual se debe realizar el juicio de legalidad de la sentencia de segundo grado, sin que pueda la Sala oficiosamente determinarlas, ya que este recurso extraordinario es esencialmente restringido y dispositivo (AC2817-2021, reiterado en AC2773-2023). <\/p>\n
8.1.- Pero aun cuando la Sala dejara de lado esa desatenci\u00f3n del memorialista, lo cierto es que el aludido reproche emerge igualmente frustr\u00e1neo, comoquiera que, el fallador ad quem al momento de valorar el dictamen del auxiliar de la justicia Lu\u00eds Antonio Barriga Vergel, luego de exponer el alcance e importancia de la prueba pericial en la actividad judicial, record\u00f3 que la labor valuadora en Colombia est\u00e1 regulada, as\u00ed como los par\u00e1metros que la normativa ha dispuesto para la idoneidad de los peritajes, as\u00ed como los criterios y m\u00e9todos a tener en consideraci\u00f3n trat\u00e1ndose de aval\u00fao de inmuebles y, consecuente con esto, procedi\u00f3 a la confrontaci\u00f3n de dichos postulados con el realizado en el sub examine, no sin antes precisar que \u00abla ausencia de recriminaci\u00f3n del actor a lo sentado por la juez a quo respecto al dictamen acompa\u00f1ado con la demanda, deja la experticia sin fuerza persuasiva y per se, ins\u00edstase, relevada se encuentra esta Superioridad para llevar a cabo su valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, al igual que lo concerniente a la diferencia existente en la extensi\u00f3n superficiaria del predio entre lo que refleja el certificado de tradici\u00f3n (780 M2), la escritura contentiva de la venta confutada (715.03 M2) y lo que encontr\u00f3 el perito en la visita realizada (653.52). <\/p>\n
A partir de esto puso en evidencia la ausencia de registro del experto en la Lonja de propiedad ra\u00edz, y dando por superada esa circunstancia se ocup\u00f3 de los fundamentos de la pericia hallando deficiencias que afectan la calidad de las conclusiones como fueron: i) incurri\u00f3 en imprecisiones en cuanto al \u00e1rea del predio; ii) incumpli\u00f3 verificar la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica aplicable al municipio de C\u00facuta, tanto para el a\u00f1o que se rindi\u00f3 como la data de la compraventa confutada; iii) utilizar el IPC como m\u00e9todo para depreciar el valor de 2010 y establecer el valor pasado; iv) con el fin de apoyar el valor del metro cuadrado para el a\u00f1o 2006 tuvo en cuenta una experticia que no era de recibo; v) no se dejaron las constancias de los encuestados (art. 6 y 7 de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 620 de 2008 y vi) no coincidieron los valores reportados en el informe con los efectuados por el estrado, entre otros. <\/p>\n
Por su parte la censura asegura que el dictamen \u00abexplica de manera muy minuciosa los ex\u00e1menes, m\u00e9todos comparativos utiliza y adem\u00e1s la fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de su conclusi\u00f3n. el perito en su experticia demuestra que para la fecha de compraventa del inmueble objeto de rescisi\u00f3n el valor real era de $759.441.400 que demuestran la materializaci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme; por cuanto el precio que se pag\u00f3 por el derecho de dominio est\u00e1 por debajo de la mitad del precio real del bien. aun y por discusi\u00f3n aceptando que el precio estipulado es de $300.000.000 millones de pesos, est\u00e1 por debajo del 50% del verdadero valor del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Para respaldar su dicho indica que el tribunal tom\u00f3 las tablas de Camacol, las cuales son \u00abel resultado de interpolaciones que debienen (sic) de varias y diferentes circunstancias que afectan los predios [\u2026], pero no se aplican como valores definitivos para determinar un precio unitario de un terreno y por lo tanto, no son fundamento necesario para un aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el tribunal considera \u00abque no hay una adecuada aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo comparativo\u00bb, y que esa apreciaci\u00f3n est\u00e1 controvertida con los pasos dados por el auxiliar \u00abobs\u00e9rvese los sistemas comparativos de valor cumplidos con otros inmuebles en igualdad de condiciones y circunstancias dentro de la misma \u00e1rea geogr\u00e1fica; las m\u00faltiples entrevistas cumplidas y las visitas y dem\u00e1s a las diferentes inmobiliarias y todo esto, genera en el dictamen pericial como medio de prueba t\u00e9cnico; una indiscutible claridad y presici\u00f3n (sic) demostrativa de la lesi\u00f3n enorme\u00bb; que \u00abel perito da informaci\u00f3n precisa y exacta e informa los nombres y tel\u00e9fonos de las personas de las diferentes inmobiliarias que lo atendieron; adem\u00e1s indica con precisi\u00f3n las transacciones o negocios cumplidos en semejanza en el mes de septiembre\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostiene que \u00aben lo que respecta al valor del inmueble y el incremento de precios en el dictamen rendido el 21 de diciembre del 2009; es el experto quien da una explicaci\u00f3n pertinente informando que aquel incremento del inmueble se debe a que en la \u00e9poca en q (sic) se celebr\u00f3 el contrato; el valor de los inmuebles de esa misma zona de influencia comercial fue muy alta y muestra como referentes los a\u00f1os que ah\u00ed se se\u00f1alan incluyendo el 2006 y en que la fecha de la celebraci\u00f3n de la venta como qued\u00f3 aclarado en el informe de fecha 22 de octubre de 2010; determinando un valor comercial por metro cuadrado de $1.200.000 M2\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo ese norte agrega: \u00abobs\u00e9rvese que el perito en su dictamen lo inicia por el \u00e1rea total y los linderos tomando la carta catastral donde se se\u00f1ala para esta \u00e1rea un total de 769 metros cuadrados y se indican los linderos que all\u00ed figuran y de manera inmediata; procedi\u00f3 a indicar el \u00e1rea y los linderos; pero no sobre los determinandos (SIC) por el IGAC; si no muy conforme a la escritura de venta # 5639 del 28 de diciembre del 2006 y se determina el folio de matr\u00edcula inmobiliaria; en este \u00faltimo hace referencia a un \u00e1rea de 715.03 metros cuadrados y se se\u00f1ala all\u00ed en la escritura las modificaciones de los linderos del norte y sur y en su final se determina el \u00e1rea y los linderos que se toman directamente sobre el terreno a la vista que el perito cumpli\u00f3 para ese momento en su primer dictamen fijo en 653, 52 metros cuadrados de terminado de lo anterior\u00bb. <\/p>\n
Concerniente a las reglas urban\u00edsticas manifiesta que \u00abdesconoce el tribunal, que la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeaci\u00f3n o la que haga sus veces informa al interesado sobre las normas urban\u00edsticas y dem\u00e1s vigentes aplicables a un predio que va a hacer construido o intervenido\u00bb y el que predio objeto de aval\u00fao ya est\u00e1 urbanizado. <\/p>\n
Expone que para calcular la depreciaci\u00f3n de la moneda el gobierno nacional acude al \u00cdndice de Precios al Consumidor, por lo que el \u00abel valor catastral de un predio es reajustado por el gobierno nacional conforme I.P.C. del a\u00f1o anterior\u00bb y como el valor comercial est\u00e1 atado al catastral \u00abes perfectamente acertado afirmar que si se quiere conocer el valor pasado de un predio se debe tomar el valor actual y se le aplica de manera regresiva el I.P.C hasta llegar al a\u00f1o, al cual se desea conocer su precio\u00bb. <\/p>\n
8.2.- En suma, la cr\u00edtica lejos estuvo de confrontar las precisas razones que expuso el tribunal para desestimar el dictamen pericial rendido en el curso del proceso, realizando la correspondiente labor de contraste entre las distintas falencias anunciadas por el colegiado y lo que revela la pericia, de suerte que emergiera palmario el desacierto en la apreciaci\u00f3n probatoria que soporta el cargo, amen que lo que realmente hizo fue cuestionar la conclusi\u00f3n del juzgador exponiendo las razones que estima justifican el trabajo que fue presentado, labor\u00edo propio m\u00e1s a un alegato de instancia, pretendiendo el libelista imponer su propia visi\u00f3n sobre la forma en que deb\u00eda ser valorada esa probanza, sin hacer evidentes los desaciertos que le achaca al fallo de segundo grado, puntualmente, los yerros de facto enunciados al inicio. <\/p>\n
Olvid\u00f3 el casacionista que de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que <\/p>\n
\u00abal soportar la censura en el segundo motivo de casaci\u00f3n es tarea ineludible del recurrente poner de manifest\u00f3 la existencia del yerro por la desfiguraci\u00f3n por el fallador de una prueba ausente o el desconocimiento de la que obre en el plenario o tergiversaci\u00f3n de su real contenido; que dicha pifia raye al ojo por su protuberancia y, adem\u00e1s, que sea trascendente en el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, que de no haber ocurrido otro hubiera sido el veredicto, sin que en todo caso se limite a la exposici\u00f3n del propio parecer sobre la forma en que aquellas debieron ser evaluadas, habida cuenta \u201cque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u201d\u00bb (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 2004-00524-01, criterio reiterado en AC2931-2022, 21 jul., AC5520-2022 Rad. 2017-00690-01). <\/p>\n
9.- El c\u00famulo de falencias advertidas en la estructuraci\u00f3n de las acusaciones, conlleva, inevitablemente, la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por \u00c1lvaro Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 9 de mayo de 2023, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en el proceso declarativo instaurado por el aqu\u00ed recurrente contra Nelly Duarte Villamizar y Aldo Antonio Fuentes Castro en su condici\u00f3n de liquidador de Inversiones Asociados C\u00eda. Ltda. en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Recon\u00f3zcasele personer\u00eda para actuar al doctor Alfredo Medina Chac\u00f3n, en los t\u00e9rminos y para los fines del mandato. <\/p>\n
TERCERO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. D\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El demandante inform\u00f3 de su fallecimiento e inform\u00f3 que son herederos determinados: Nancy Uribe Castellanos, Angela Mar\u00eda y Omar Mateus Uribe, adjuntando para lo pertinente el registro civil de defunci\u00f3n [escrito visible a fls 70 y s.s. del Cd Principal Parte2.pdf. <\/p>\n
2\u0002 En el mismo escrito refiri\u00f3 el deceso de \u00e9sta y como herederos determinados denunci\u00f3 a Martha Stella Uribe Castellanos, Nancy Uribe Castellanos, Esperanza Uribe Castellanos y \u00c1lvaro Jes\u00fas Uribe Castellanos. <\/p>\n
3\u0002 Visibles a folios 158-164 y 173-180 del Cd Principal Parte2.pdf.]. <\/p>\n
4\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5\u0002 Sea del caso se\u00f1alar que desde la sentencia SC1182-2016 se incurri\u00f3 en una dicotom\u00eda en relaci\u00f3n con el apellido del socio Yebrail Mateus, pues en la parte motiva se agrega como segundo apellido Gordillo, pero en otros apartes y la resolutiva se dice Castillo. Consecuente con esto en el obed\u00e9zcase y c\u00famplase que ordena la vinculaci\u00f3n se dice Yebrail Mateus Castillo, y as\u00ed se sigui\u00f3 referenciando en las actuaciones venideras, aunque seg\u00fan el registro civil de defunci\u00f3n allegado (fl. 71 Cd Ppal parte2) lo correcto es Yebrail Mateus Gordillo. <\/p>\n
6\u0002 Seg\u00fan actas de notificaci\u00f3n visibles a folios 79, 126, 153 a 157 Cd Principal parte 2. Pdf. <\/p>\n
8\u0002 Visible a folio 80 Cd Principal parte 3 aparece la constancia secretarial de haberse realizado la publicaci\u00f3n en el registro nacional de personas emplazadas. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3265-2023 (2008-00064-02) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC3265-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-31-03-003-2008-00064-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}