AC3347-2023 (2021-00010-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3347-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54498-31-53-002-2021-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, en el juicio verbal promovido por Jorge Haddad Meneses contra Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su subsanaci\u00f3n, el accionante solicit\u00f3: <\/p>\n
1. Como pretensiones principales: <\/p>\n
Declarar la \u00abnulidad absoluta\u00bb del \u00abcontrato de permuta\u00bb ajustado el 18 de julio de 2018 entre las partes, toda vez que \u00ab\u2026el bien inmueble presenta [un] vicio oculto\u00bb. <\/p>\n
Proclamar la \u00abrecisi\u00f3n\u00bb de tal pacto, puesto que \u00ab\u2026el demandado no realizo (sic) la entrega en la fecha estipulada, libre y saneado, por ello, de acuerdo a la ley, en este caso el demandante, puede solicitar que se rescinda el contrato por incumplimiento del vendedor\u00bb. <\/p>\n
Ordenar que \u00ablas cosas vuelvan a su estado anterior, y el reconocimiento de las inversiones y mejoras realizadas, junto con los da\u00f1os y perjuicios ocasionados.\u00bb <\/p>\n
1.2. Y como peticiones subsidiarias, \u00abordenar al se\u00f1or Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa la restituci\u00f3n del precio pagado (\u2026) junto a la indexaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del valor adquisitivo (\u2026); pagar por indemnizaci\u00f3n de perjuicios (\u2026) por lucro cesante y da\u00f1o emergente (\u2026) $1.800\u2019000.000 (\u2026) y por perjuicios morales el valor equivalente\u00bb a 350 SMMLV \u00aba la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda seg\u00fan lo establecido en el c\u00f3digo contencioso administrativo\u00bb (sic). <\/p>\n
2. El demandante soport\u00f3 sus pretensiones indicando, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. Celebr\u00f3, el 18 de julio de 2018, mediante escrito privado, \u00abcontrato de permuta\u00bb con el convocado, a trav\u00e9s del cual -agrega la Corte- aquel dijo transferir a este la finca La Estrella, ubicada en la vereda Mahoma del municipio de Gamarra – Cesar, con \u00e1rea de 181 hect\u00e1reas m\u00e1s 3.116 m2, compuesta de 4 lotes identificados con las matr\u00edculas 196-51587, 196-51588, 196-51589 y 196-51590 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica, por valor total de $1.359\u2019837.000. <\/p>\n
Por su parte, Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa se comprometi\u00f3 a subrogar 2 cr\u00e9ditos que pesaban sobre tres de aquellos predios, en cuant\u00eda total de $430\u2019000.000, garantizados con grav\u00e1menes hipotecarios a favor del Banco Agrario y del Banco de Bogot\u00e1; transferir a Jorge Haddad Meneses el edificio Los \u00c1lamos, tasado en $400\u20190000.000, construido sobre el lote 42 de la carrera 10 A de la ciudad de Oca\u00f1a \u2013 Norte de Santander, identificado con la matr\u00edcula 270-63398 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, totalmente terminado, sometido a propiedad horizontal y con sus 5 apartamentos desenglobados; y pagar en dinero $529.837.000; \u00e9stas dos \u00faltimas obligaciones en un plazo no superior a 5 meses a partir de la aceptaci\u00f3n, por los acreedores hipotecarios, de las subrogaciones crediticias referidas. <\/p>\n
2.2. Agreg\u00f3 el promotor que a pesar de que \u00e9l transfiri\u00f3, mediante la correspondiente tradici\u00f3n, los lotes que componen la Finca La Estrella y entreg\u00f3 su posesi\u00f3n al convocado o a quien este design\u00f3, no recibi\u00f3 la transferencia del edificio Los \u00c1lamos, porque \u00abdentro de los linderos que comprende este inmueble sobrepasa el \u00e1rea reconocida y que presuntamente existe una invasi\u00f3n a un predio aleda\u00f1o, y que este predio aleda\u00f1o corresponde a una reserva forestal\u00bb, pues \u00abel Acta de Visita realizada (\u2026) por parte del Inspector de Obra de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda 1\u00aa de Oca\u00f1a [se\u00f1ala que] lo aprobado no corresponde con lo construido y que adem\u00e1s posiblemente se encuentra invadiendo el \u00e1rea que seg\u00fan planeaci\u00f3n este predio tiene es de 134,2 metros cuadrados y lo aprobado en el reconocimiento fue un \u00e1rea de 94 metros\u00bb (sic). <\/p>\n
2.3. Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que fue enga\u00f1ado y ha sufrido perjuicios por no poder usufructuar el edificio Los \u00c1lamos. <\/p>\n
3. El convocado se opuso al petitum y formul\u00f3 las excepciones meritorias de \u00abinexistencia de las prestaciones solicitadas\u00bb, \u00abinexistencia del incumplimiento solicitado por el demandante\u00bb e \u00abinexistencia del da\u00f1o moral\u00bb. <\/p>\n
4. Agotadas las fases del juicio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oca\u00f1a, con sentencia de 22 de octubre de 2021, dispuso declarar que la \u00abpromesa de compraventa de fecha 18 de julio del 2018 (\u2026) perdi\u00f3 sus efectos obligacionales, frente a las pretensiones de la parte actora\u00bb y negar \u00edntegramente el petitum. <\/p>\n
5. Apelada tal decisi\u00f3n por el demandante, el 9 de diciembre de 2022 el juzgador de segunda instancia revoc\u00f3 la declaraci\u00f3n de que la promesa de compraventa perdi\u00f3 efectos obligacionales y confirm\u00f3 el fallo en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Inicialmente el fallador ad-quem estim\u00f3 cumplidos los presupuestos procesales, inexistente vicio procesal que impusiera anular el juicio, que su competencia est\u00e1 limitada a los reparos expuestos y sustentados en la alzada y record\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico que rige la promesa de compraventa. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n anot\u00f3 que el primer reparo incoado por el apelante alude a que el fallo del juzgador a-quo fue incongruente, porque el negocio ajustado entre las partes involucr\u00f3 diversos contratos pero el estrado judicial se limit\u00f3 a la promesa de compraventa de fecha 18 de julio de 2018. <\/p>\n
2.1. Sin embargo, coligi\u00f3 el tribunal, no existi\u00f3 la incongruencia alegada, porque la sentencia censurada concluy\u00f3 y acert\u00f3 en que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1850 del C\u00f3digo Civil, interpretando la demanda, valorando la prueba documental y los testimonios de Libardo S\u00e1nchez, Armando Trillos y Rogelio Liestra, el pacto ajustado entre los litigantes es promesa de compraventa, que tuvo por objeto la finca La Estrella, por el precio de $1.359\u2019837.000, y la escritura p\u00fablica prometida ser\u00eda signada una vez aprobadas las referidas subrogaciones -por lo que estaban presentes los elementos esenciales de la venta-; as\u00ed como que el precio lo cubrir\u00eda el demandado transfiriendo el edificio Los \u00c1lamos de la ciudad de Oca\u00f1a por $400\u2019000.000, subrog\u00e1ndose en 2 cr\u00e9ditos hipotecarios por $430\u2019000.000 y entregando $529\u2019837.000 en efectivo, constituyendo estas dos \u00faltimas obligaciones m\u00e1s de la mitad del precio estipulado en la promesa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no s\u00f3lo fue analizada la promesa de venta, tambi\u00e9n la compraventa prometida y efectuada, porque el juzgador dedujo que tras el rechazo de los acreedores hipotecarios de las subrogaciones, Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa pag\u00f3 en su totalidad las deudas de Jorge Haddad Meneses -previo acuerdo verbal entre ambos- quedando a favor de este el saldo de $12\u2019000.000; aquel tambi\u00e9n obtuvo la cancelaci\u00f3n de los grav\u00e1menes hipotecarios que pesaban sobre 3 de los lotes que conformaban la finca La Estrella; el prometiente vendedor celebr\u00f3 las escrituras p\u00fablicas por medio de las cuales vendi\u00f3 los predios que componen La Estrella al prometiente comprador o a quien este design\u00f3; de los $529\u2019837.000 el demandado pag\u00f3 $483\u2019220.000; y s\u00f3lo resta erogar los $400\u2019000.000 que cubrir\u00eda el prometiente comprador mediante la transferencia del edificio Los \u00c1lamos. <\/p>\n
Por ende, tales conductas de las partes ratifican la compraventa celebrada y fueron analizados todos los pactos celebrados entre las partes, sin limitarse a la promesa de venta, de donde no hubo incongruencia. <\/p>\n
2.2. Tampoco se configura la inconsonancia porque, en cuanto a la \u00abnulidad absoluta\u00bb de la promesa \u00aby\/o su recisi\u00f3n\u00bb, el estrado judicial de primera instancia desech\u00f3 esas pretensiones tras el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de hacer surgida de la promesa de venta, como fue la enajenaci\u00f3n por compra de la finca La Estrella, lo que extingui\u00f3 el precontrato. Y en cuanto a la existencia de vicios redhibitorios u ocultos en el edificio Los \u00c1lamos, se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda objeto il\u00edcito; que las reglas de la experiencia muestran que casi nunca coinciden los datos de las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos con los del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi; que en el caso de autos fue realizado ajuste de cotas que legaliz\u00f3 y permiti\u00f3 la coincidencia de los datos de los aludidos entes administrativo; y que los vicios redhibitorios no surgen de la obligaci\u00f3n de hacer producto de la promesa de venta, sino de la obligaci\u00f3n de dar consistente en la entrega del bien, lo cual no ha ocurrido jur\u00eddica ni f\u00edsicamente. <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, agreg\u00f3 el tribunal, a pesar de que la promesa de compraventa adolec\u00eda de nulidad por no determinar la hora, fecha y notar\u00eda donde ser\u00eda suscrita la escritura p\u00fablica de venta, al otorgarla las partes refrendaron la promesa y la sanearon por confirmaci\u00f3n o ratificaci\u00f3n t\u00e1cita, conforme a los art\u00edculos 2 de la ley 50 de 1936, 1753 y 1754 del C\u00f3digo Civil; y la entrega del edificio Los \u00c1lamos se convirti\u00f3 en obligaci\u00f3n accesoria por comportar el pago de una parte del precio pactado, que puede ejecutarse mediante la entrega de dinero, sin que su insatisfacci\u00f3n genere el incumplimiento de la promesa, \u00abpues con las escrituras de venta de la finca La Estrella se cumpli\u00f3 con el objeto de la promesa de compraventa (\u2026.) pero eso no implica predicar p\u00e9rdidas de efectos obligaciones del contrato demandado, respecto al demandante (pues este si (sic) podr\u00eda acudir a otras acciones judiciales para dilucidar lo ocurrido, por ejemplo la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n)\u2026., por lo cual por la Sala ser\u00e1 revocado el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. En cuanto al segundo reparo de la apelaci\u00f3n, que abog\u00f3 por la declaraci\u00f3n del mutuo disenso, o la nulidad de la promesa por omisi\u00f3n de sus requisitos ad substantiam actus, o por el incumplimiento de la promesa de venta, precis\u00f3 el tribunal: <\/p>\n
4.1. Referente al mutuo disenso, erigido en que durante el proceso las partes manifestaron expresamente su deseo de desistir de todos sus negocios, el juzgador colegiado interpret\u00f3 que hac\u00eda referencia \u00aba lo que tiene que ver con [la] negativa a recibir el edificio como forma de pago\u00bb, en tanto las partes ratificaron la promesa mediante la celebraci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas de venta de los lotes que integran la finca La Estrella. <\/p>\n
4.2. En lo que ata\u00f1e a la nulidad por omisi\u00f3n de las formalidades ad substantiam actus se trata de una pretensi\u00f3n no incluida en el libelo, pues las invocadas aluden al contrato de promesa de compraventa, \u00abno del edificio\u00bb, sin que los juzgadores puedan \u00abresolver y decretar sobre la nulidad o prevalencia de un aspecto accidental del contrato, como lo es el precio que aparece en las escrituras p\u00fablicas (el edificio es parte del precio), frente al precio indicado en el precontrato, que no fue demandado expresamente, (y que al respecto puede acudir a otro tipo de acciones como lesi\u00f3n enorme o simulaci\u00f3n por ejemplo)\u00bb. <\/p>\n
4.3. Por \u00faltimo, argument\u00f3 el juzgador ad-quem, no hubo incumplimiento de la promesa de venta ni del contrato prometido, porque las partes suscribieron las escrituras p\u00fablicas de compraventa, lo que constitu\u00eda el objeto de aquel preacuerdo, as\u00ed como porque fue transferida y entregada f\u00edsicamente la finca La Estrella. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n el demandante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que sustent\u00f3 enarbolando seis cargos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con base en la causal quinta de casaci\u00f3n consagrada por el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el juicio incurri\u00f3 en el vicio de nulidad previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 133 de esa obra, toda vez que en primera instancia no fue decretada, de oficio, la prueba necesaria y conducente para acreditar la \u00abnulidad absoluta por objeto il\u00edcito del contrato de promesa\u00bb, que detect\u00f3 el demandante con posterioridad a la suscripci\u00f3n de la promesa de venta materia del litigio, cuando se aprestaba a suscribir la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n del edificio Los \u00c1lamos, al percatarse de que el lote de terreno sobre el cual fue levantado invadi\u00f3 en 27,85 m2 una zona ambiental protegida, cedida por el urbanizador al municipio de Oca\u00f1a, porci\u00f3n que, entonces, es inalienable, imprescriptible e inembargable, constituyendo el objeto il\u00edcito alegado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el lote sobre el cual fue construido el edificio no mide 94 m2 como indic\u00f3 la Resoluci\u00f3n 448 de 14 de diciembre de 2018 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del municipio de Oca\u00f1a -por medio de la cual concedi\u00f3 reconocimiento a la edificaci\u00f3n, aprob\u00f3 sus planos y acept\u00f3 su reglamento de propiedad horizontal-, sino 114 m2 seg\u00fan lo certific\u00f3 el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, o 119,6 m2 al tenor de la resoluci\u00f3n 443 de 10 de diciembre de 2019 de Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del municipio de Oca\u00f1a -por la cual fueron ajustadas las cotas de \u00e1reas de la resoluci\u00f3n 092 de 23 de marzo de 2013-, o 134,2 m2 seg\u00fan el informe de visita t\u00e9cnica de 20 de agosto de 2019 del Supervisor de Apoyo de tal Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n, por lo que debi\u00f3 decretarse, de oficio, la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial, dictamen pericial o informe t\u00e9cnico para dilucidar tal aspecto. <\/p>\n
Igualmente afirm\u00f3 que fueron acopiadas al plenario las actuaciones administrativas pertinentes, sin que se trate de desconocer los actos administrativos amparados por la presunci\u00f3n de legalidad, \u00ablo que se plantea es la necesidad de completar las pruebas que indican seriamente la posible configuraci\u00f3n del objeto il\u00edcito que conduce a la nulidad absoluta del contrato de promesa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, argument\u00f3 que intent\u00f3 reformar la demanda para aportar informe t\u00e9cnico de \u00abestudio de t\u00edtulos y licencias de un predio urbano\u00bb, pero este libelo fue rechazado por extempor\u00e1neo, y el tribunal tambi\u00e9n desestim\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, por no configurarse ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 327 del C.G.P., m\u00e1xime si no exist\u00eda la fuerza mayor o el caso fortuito mencionados en el numeral 4 de \u00e9ste precepto, porque ambas partes conoc\u00edan las circunstancias de su negociaci\u00f3n y la forma de cumplir sus obligaciones, afirmaci\u00f3n inventada porque ver el inmueble no es suficiente para colegir su vicio. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Al amparo de la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso tild\u00f3 el fallo de segunda instancia de incongruente, porque en la demanda pidi\u00f3 la rescisi\u00f3n de la promesa de venta, su resoluci\u00f3n por incumplimiento y el mutuo disenso expreso, sin que constituya \u00f3bice para cualquiera de estas declaraciones que la finca La Estrella actualmente sea de propiedad de empresas mercantiles, porque el demandado las controla y representa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el accionado, al contestar el libelo, \u00abcoadyuv\u00f3\u00bb esas s\u00faplicas aclarando que el motivo de la invalidaci\u00f3n deb\u00eda ser la ausencia de requisitos esenciales de validez y existencia, y en la fijaci\u00f3n del litigio solicit\u00f3 la \u00abresoluci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los veredictos dictados en las dos instancias del juicio desconocieron la voluntad de las partes, que constituyen mutuo disenso expreso, pues fueron desestimadas por el juzgado a-quo, tras razonar que la obligaci\u00f3n de hacer producto de la promesa hab\u00eda sido cumplida, y el tribunal ad-quem infiri\u00f3 que no requer\u00eda decisi\u00f3n judicial en tanto corresponde directamente a los contratantes, razonamiento que comporta esquivar el conflicto suscitado, a m\u00e1s de que el mutuo disenso expreso refer\u00eda a todos los acuerdos ajustados entre las partes, no s\u00f3lo a la entrega del edificio Los \u00c1lamos. <\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que el tribunal excluy\u00f3 del litigio la obligaci\u00f3n de entregar el edificio Los \u00c1lamos, radicada en el enjuiciado, por considerarla d\u00e9bito accesorio de la promesa de venta ya que el principal era otorgar la escritura p\u00fablica de venta de la finca La Estrella, absteni\u00e9ndose de examinar el incumplimiento imputado al prometiente comprador. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Erigido en la primera causal de casaci\u00f3n acus\u00f3 a la sentencia del tribunal de conculcar, de forma directa, los art\u00edculos 1611 numerales 3 y 4, 1742 y 1754 del C\u00f3digo Civil, el \u00faltimo por interpretaci\u00f3n errada y los dem\u00e1s por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En desarrollo del embate se\u00f1al\u00f3 que la nulidad absoluta que afect\u00f3 la promesa de venta, \u00abpor indeterminaci\u00f3n de sus t\u00e9rminos y condiciones\u00bb como lo consider\u00f3 el juzgador ad-quem, no fue convalidada o ratificada como quiera que requiere la ejecuci\u00f3n voluntaria de la obligaci\u00f3n contratada, que debe ser total, lo que en el sub lite no ocurri\u00f3, sin que al acreedor se le pueda conminar a recibir cosa distinta a la debida, porque el pago debe hacerse al tenor de la obligaci\u00f3n pactada, conforme al art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben subsidio\u00bb de los anteriores cargos impugna la sentencia del tribunal por trasgredir los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, 1849 y 1850 de la misma obra por interpretaci\u00f3n errada, \u00absin objetar las apreciaciones probatorias del tribunal\u00bb. <\/p>\n
2. Como fundamento el recurrente indic\u00f3 que \u00e9l acat\u00f3 todos los compromisos que asumi\u00f3 en la promesa de venta, pero el prometiente comprador no hizo lo propio pues aunque pag\u00f3 las deudas bancarias del prometiente vendedor y le entreg\u00f3 otros dineros, no lo hizo en la forma, tiempo y cantidades convenidas, sino a su arbitrio. <\/p>\n
En efecto, destac\u00f3, el demandado extingui\u00f3 los cr\u00e9ditos bancarios el 15 de noviembre de 2018; exigi\u00f3 previamente la tradici\u00f3n de 3 de los 4 lotes que integraban la finca La Estrella; no transfiri\u00f3 el edificio Los \u00c1lamos en el plazo estipulado, porque a cada uno de los apartamentos que lo conforman les fue asignada matr\u00edcula inmobiliaria independiente mucho despu\u00e9s; para entregar el saldo del dinero exigi\u00f3 la tradici\u00f3n del \u00faltimo de los lotes que integraban la finca; y existen saldos insolutos de $46\u2019617.000 del valor de $529\u2019837.000 que deb\u00eda entregar en efectivo, $12\u2019000.000 del valor acordado por concepto de subrogaciones de cr\u00e9ditos bancarios y $22\u2019601.666 como \u00abdiferencia entre el valor total estimado de los cr\u00e9ditos bancarios ($430\u2019000.000) y lo efectivamente pagado por \u00e9l ($407\u2019398.394), arroja una suma total no pagada en cuant\u00eda de $69\u2019218.606\u00bb. <\/p>\n
Por ende, el tribunal debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, lo cual frustr\u00f3 argumentando que la obligaci\u00f3n principal de la promesa de venta hab\u00eda sido cumplida, como era perfeccionar la compraventa, y que la entrega del edificio Los \u00c1lamos es aspecto accesorio de la promesa porque constituye una porci\u00f3n del precio inferior a su mitad; a m\u00e1s de que puede ser reemplazada con dinero u otro bien, consideraci\u00f3n que desconoce el incumplimiento contractual y que todas las obligaciones \u00abson del mismo linaje y su inejecuci\u00f3n (\u2026) debe juzgarse como una infracci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
1. El recurrente de nuevo argument\u00f3 que, \u00aben subsidio de los cargos anteriores, sin controvertir la valoraci\u00f3n probatoria, impugna la sentencia del tribunal\u00bb, porque no aplic\u00f3 los art\u00edculos 1602 y 1625 inciso 1 del C\u00f3digo Civil e interpret\u00f3 mal los preceptos 1849 y 1850 de la misma obra. <\/p>\n
2. Fund\u00f3 la cr\u00edtica en que la decisi\u00f3n de \u00faltima instancia desconoci\u00f3 la voluntad de las partes, que constituye \u00abmutuo disenso t\u00e1cito\u00bb, porque el demandado incumpli\u00f3 con el pago de la totalidad de los dineros a que se oblig\u00f3; a m\u00e1s de que el edificio Los \u00c1lamos no ha sido enajenado ni entregado al demandante, quien no est\u00e1 dispuesto a asumir el riesgo legal por la diferencia entre el \u00e1rea del lote de terreno sobre el cual fue levantada esa construcci\u00f3n, pues fue enga\u00f1ado e inducido a error. <\/p>\n
Para lo anterior reiter\u00f3 el relat\u00f3 plasmado en el cargo inmediatamente anterior en relaci\u00f3n con las prestaciones ejecutadas por cada uno de los contratantes, de forma m\u00e1s detallada, y su conclusi\u00f3n acerca de las consecuencias resolutorias que debi\u00f3 extraer el tribunal de esas conductas, citando esta vez los c\u00e1nones 1602 y 1625 inciso 1\u00b0 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
1. Con base en el segundo motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, endilg\u00f3 al fallo del tribunal la infracci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, producto de error de hecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
Sin embargo, adicion\u00f3 el recurrente, todas las obligaciones descritas en la promesa eran principales, mientras alguna est\u00e9 pendiente no existe ratificaci\u00f3n t\u00e1cita del precontrato y s\u00ed se configura el incumplimiento alegado, como quiera que \u00e9l acat\u00f3 sus d\u00e9bitos, salvo recibir el edificio Los \u00c1lamos conforme lo aleg\u00f3 el convocado -sin que esto constituya excepci\u00f3n meritoria propiamente dicha porque s\u00f3lo afecta a aquel-, negativa que ocurri\u00f3 en el mes de julio de 2019 porque no est\u00e1 dispuesto a asumir el riesgo legal por la diferencia entre el \u00e1rea del lote de terreno sobre el cual fue levantada esa construcci\u00f3n, la cual desconoc\u00eda; al paso que el demandado falt\u00f3 a sus compromisos, para lo cual el censor reiter\u00f3 el relato plasmado en los dos cargos inmediatamente anteriores en relaci\u00f3n con las prestaciones ejecutadas por cada uno de los contratantes, de forma detallada. <\/p>\n
Sum\u00f3 que, por lo tanto, el tribunal, en contra de lo que objetivamente muestran los recibos de pago y comprobantes bancarios allegados, as\u00ed como el interrogatorio absuelto por el enjuiciado, coligi\u00f3 que este cancel\u00f3 el dinero restante, cuando tal acervo documental muestra que existen saldos insolutos de $46\u2019617.000, de los $529\u2019837.000 que deb\u00eda entregar en efectivo, y $22\u2019601.666, como diferencia entre el valor total estimado de los cr\u00e9ditos bancarios y lo efectivamente pagado, de donde era forzosa la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento del accionado, por aplicaci\u00f3n del canon 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Vistos todos los anteriores cuestionamientos concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumplen las exigencias formales que le son imperativas, lo que fuerza su inadmisi\u00f3n: <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con el primer reproche, que invoca la invalidaci\u00f3n del juicio con base en la causal 5 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor el proceso es nulo \u00ab[c]uando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb; el censor aduce que no fue decretada, de oficio, la prueba necesaria y conducente para acreditar la \u00abnulidad absoluta por objeto il\u00edcito del contrato de promesa\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, omiti\u00f3 argumentar cu\u00e1l es el precepto legal que consagra la obligatoriedad para todo administrador de justicia de decretar la pr\u00e1ctica de un espec\u00edfico medio de convicci\u00f3n, que evidencie los supuestos vicios de que adolezcan las promesas de venta; como tampoco precis\u00f3 el elemento suasorio determinado, regulado en el ordenamiento jur\u00eddico de ineludible pr\u00e1ctica. <\/p>\n
Igualmente olvid\u00f3 descartar que lo pretendido fuera suplir la carga probatoria que en \u00e9l yac\u00eda, en tanto la jurisprudencia de la Sala tiene decantado que la facultad del juez de decretar pruebas de oficio \u00abno implica una orden irrestricta a los funcionarios judiciales dirigida a suplir la actividad probatoria de las partes. Desde una concepci\u00f3n mixta del proceso -que corresponde a aquella bajo la cual est\u00e1 construida el C\u00f3digo General del Proceso-, si bien se confirieron poderes al fallador en procura de la b\u00fasqueda de la verdad, lo cierto es que ello no significa la supresi\u00f3n de la carga probatoria de las partes -propio de los sistemas dispositivos-. Por el contrario, salvo ciertas excepciones, a\u00fan corresponde a los litigantes obrar diligentemente en torno a demostrar el \u2018supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u2019. En tal sentido, esta Sala ha indicado que \u2018aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes\u2019. En otras palabras, este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas.\u00bb (CSJ SC119 de 2023, rad. n.\u00b0 2015-01182-01, en el mismo sentido SC592-2022, rad. n.\u00b0 2017-00482, SC3327-2022, rad. n.\u00b0 2015-00487, entre otras). <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior y como quiera que el motivo de casaci\u00f3n invocado, previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra el \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, era deber del inconforme explicar porqu\u00e9 el supuesto vicio de nulidad del juicio no se encontraba saneado, argumentaci\u00f3n que pretiri\u00f3 por completo, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que ambas partes actuaron con posterioridad a las negativas del juzgado de primera instancia as\u00ed como del de segundo grado, de acceder a los ruegos probatorios del demandante, y que la regla 136 de la obra en cita prev\u00e9 que la nulidad se considerar\u00e1 saneada \u00ab[c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla.\u00bb. <\/p>\n
Recuerda la Sala que la prosperidad de la causal quinta de casaci\u00f3n exige la concurrencia de las siguientes condiciones: I) que los vicios o irregularidades que se alegan como motivos de invalidaci\u00f3n existan, es decir, que correspondan a \u00abrealidades procesales comprobables\u00bb; II) que tales irregularidades est\u00e9n consagradas taxativamente como causales de invalidaci\u00f3n en el estatuto adjetivo; III) que las nulidades, en caso de ser saneables, no hayan sido convalidadas dentro del proceso \u00abpor el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb. (CSJ SC de 20 ago. 2013, rad. n.\u00b0 2003-00716-01, entre otros). <\/p>\n
Total, el cargo no demuestra la irregularidad procesal denunciada, lo que lleva a su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. En lo que ata\u00f1e al segundo embate del pliego de casaci\u00f3n concluye esta Corporaci\u00f3n que, a la par, incumple las exigencias formales que le son imperativas, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n, en la medida en que el recurrente argumenta, por la senda de la incongruencia, que en la demanda pidi\u00f3 la rescisi\u00f3n de la promesa de venta, su resoluci\u00f3n por incumplimiento y el \u00abmutuo disenso\u00bb, todo lo cual coadyuv\u00f3 el accionado al contestar el libelo aclarando que el motivo de la invalidaci\u00f3n deb\u00eda ser la ausencia de requisitos esenciales de validez y existencia, a m\u00e1s de que en la fijaci\u00f3n del litigio solicit\u00f3 la \u00abresoluci\u00f3n del contrato\u00bb; y que tampoco fue analizado el incumplimiento del convocado. <\/p>\n
Sin embargo, agrega la censura, fueron analizadas y desestimadas todas esas s\u00faplicas, a trav\u00e9s de razonamientos frente a los cuales disiente porque desconocieron la voluntad de las partes, que constituyen mutuo disenso expreso, pues el juzgado a-quo razon\u00f3 que era inviable porque la obligaci\u00f3n de hacer producto de la promesa hab\u00eda sido cumplida y el tribunal ad-quem infiri\u00f3 que no requiere decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
La exposici\u00f3n del cargo evidencia, entonces, que desatendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los reproches debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en contrav\u00eda con esta obligaci\u00f3n y a pesar de que el promotor erigi\u00f3 este reparo en que el tribunal incurri\u00f3 en el vicio de incongruencia (causal tercera de casaci\u00f3n), a rengl\u00f3n seguido expuso que s\u00ed fueron decididas sus pretensiones con argumentos que no comparte, lo que denota entremezclamiento de aquel motivo con la violaci\u00f3n de la ley sustancial (causales primera y segunda). <\/p>\n
Es que necesario resulta que la incongruencia invocada no sea consecuencia del entendimiento que el administrador de justicia le dio a la demanda, a su contestaci\u00f3n o a los medios de prueba, porque en tales hip\u00f3tesis la falencia es in iudicando y por tanto, susceptible de denunciarse por la causal segunda, pero no a trav\u00e9s de la tercera a la que acudi\u00f3 la recurrente. <\/p>\n
En la formulaci\u00f3n de una cr\u00edtica por inconsonancia -ha dicho esta Sala- el censor no puede apoyarse \u00aben errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la causal primera\u00bb [actualmente segunda del C\u00f3digo General del Proceso] (CSJ SC, 19 ene. 2005, rad. n.\u00ba 7854; CSJ AC, 18 sep. 2013, rad. 2004-0096-01), sino que debe comparar lo plasmado en la pretensi\u00f3n, las excepciones propuestas o las que deben ser reconocidas oficiosamente, y los hechos que soportan las primeras y las segundas frente a lo resuelto, por el juez colegiado, cotejo omitido en el presente reproche. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el embate incurri\u00f3 en hibridismo de diversas causales de casaci\u00f3n, lo cual basta para su inadmisi\u00f3n en la medida en que incumple el requisito exigido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abla demanda de casaci\u00f3n deber\u00e1 contener\u2026 la formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre la separaci\u00f3n, esta Sala tiene decantado: <\/p>\n
El postulado de la separaci\u00f3n o autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, el cual consiste, por lo general, en que cada una de ellas la acompa\u00f1an motivos propios, distintos por su naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le est\u00e1 vedado elaborar planteamientos mixtos o h\u00edbridos con el prop\u00f3sito de cobijar en un mismo cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia \u2018quien decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo est\u00e1 previsto en la ley\u2019 (auto de 11 de octubre de 2002, expediente 11001-310-3011-1997-09637). (\u2026)\u201d. (Subraya fuera de texto). (Auto aprobado 27 de septiembre de 2012, radicaci\u00f3n n. 2009-00359-01\u201d (SC12024-2015 de 9 sep. 2015, rad. n\u00b0 73001 31 03 003 2009 00387 01) (SC778, 15 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00613-01). <\/p>\n
En suma, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u2018o saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u2019 (CSJ AC 24 jul. 2001, Exp. 7684; reiterado en CSJ AC 19 mar. 2002, Exp. 1994-01325-01, CSJ AC3533-2020, 14 dic., rad. 2016-00430-01 y CSJ AC2590-2021, 30 jun., rad. 2015-00095-02)\u00bb. (CSJ AC999 de 2022, rad. 2017-00409-01). <\/p>\n
Entonces, no es dable admitir el referido cuestionamiento. <\/p>\n
3.3. Lo anterior igualmente evidencia la ausencia de claridad del cargo, habida cuenta que, de un lado, el inconforme expone que no fueron decididas sus s\u00faplicas, argumento que corresponde al vicio de incongruencia, pero, de otro lado e inmediatamente despu\u00e9s, resalta que s\u00ed fueron analizadas y desestimadas. Todo un contrasentido, del cual tambi\u00e9n estuvo permeado el litigio desde su inicio, en tanto el libelo genitor del pleito denota amalgama de institutos que regulan el decaimiento de los actos jur\u00eddicos (nulidad absoluta, rescisi\u00f3n, etc.) fundados en situaciones f\u00e1cticas asimismo mezcladas de forma impropia como el incumplimiento del pacto, los vicios redhibitorios, vicios del consentimiento; todo lo cual fue agravado al evocar, en las instancias del juicio e incluso en sede casacional, otros institutos jur\u00eddicos como el mutuo disenso (expreso y a veces t\u00e1cito) la falta de formalidades ad substantiam actus, el objeto il\u00edcito, etc. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto fustigado en casaci\u00f3n desestimatorio de todas esas s\u00faplicas, que confirm\u00f3 el del estrado judicial a-quo, son muestra sin par de la mayor garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia otorgada al promotor, comoquiera que le dieron curso al libelo a pesar de las aludidas fallas, as\u00ed como porque resolvieron peticiones no planteadas ab initio, en raz\u00f3n a que fueron enarboladas en distintas etapas del juicio, como la manifestaci\u00f3n del convocado de que, en el evento de que fueran disueltos los negocios acordados se concedieran restituciones mutuas y que el promotor pretende hacer valer como coadyuvancia de sus pretensiones, o la manifestaci\u00f3n en la fijaci\u00f3n del litigio de que fuera resuelta la promesa de venta celebrada y que el Juzgador a-quo rechaz\u00f3 por no ser la etapa procesal para modificar el petitum. <\/p>\n
Por ende, el cuestionamiento es incoherente respecto de las alegaciones esgrimidas a lo largo del proceso y en el mismo cargo, aspecto sobre el cual ha sido enf\u00e1tica la Corte en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u2026 las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n.\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
Lo considerado traduce que el reproche no es admisible, en raz\u00f3n a que no se formul\u00f3 con respeto a la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3.4. Los embates casacionales tercero, cuarto, quinto y sexto son incompletos, valga anotar, no tocan la totalidad de los argumentos en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, para desestimar la nulidad absoluta del precontrato signado por las partes (aspecto analizado motu proprio por el tribunal en tanto las partes hab\u00edan guardado silencio sobre la omisi\u00f3n de la hora, fecha y notar\u00eda donde ser\u00eda suscrita la escritura p\u00fablica prometida), as\u00ed como para deducir cumplidos los compromisos derivados de aquel convenio que llevaron a declarar impr\u00f3spera la resoluci\u00f3n pedida (por incumplimiento y por mutuo disenso), la decisi\u00f3n de segunda instancia aval\u00f3 la argumentaci\u00f3n del juzgado a-quo, seg\u00fan la cual el precontrato correspond\u00eda a una promesa de venta -no de permuta- porque el valor de la finca La Estrella que Jorge Haddad Meneses se comprometi\u00f3 a transferir ten\u00eda precio de $1.359\u2019837.000, que pagar\u00eda Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa en su mayor parte en dinero ($430\u2019000.000 y $529\u2019837.000) y en menor proporci\u00f3n ($400\u2019000.000) transfiriendo el edificio Los \u00c1lamos, todo por aplicaci\u00f3n del canon 1850 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por lo tanto, los elementos esenciales del contrato prometido estaban cumplidos, verbi gratia, la determinaci\u00f3n del bien objeto (la finca La Estrella) y el precio de la futura venta ($1.359\u2019837.000), de donde la forma en que fuera erogado el saldo de $400\u2019000.000 constitu\u00eda elemento accidental del pacto, habida cuenta que podr\u00eda ser satisfecho con la transferencia del edificio Los \u00c1lamos, como inicialmente fue acordado, o incluso mediante entrega de dinero u otro bien equivalente. <\/p>\n
Y como las partes celebraron la escritura p\u00fablica de compraventa ratificaron t\u00e1citamente la promesa, sanearon el vicio en que hab\u00eda incurrido \u00e9sta, generador de nulidad absoluta, y cumplieron la obligaci\u00f3n de hacer prometida (otorgar la escritura p\u00fablica de venta). <\/p>\n
De su parte el recurrente, en el tercer y cuarto cargos repara en que la convalidaci\u00f3n de la promesa requiere la ejecuci\u00f3n voluntaria de todas las obligaciones contratadas, incluida la tradici\u00f3n del edificio Los \u00c1lamos, lo cual traduce, sin decirlo expresamente, afirmar que lo convenido por las partes fue promesa de permuta, pero no refuta la totalidad del planteamiento del tribunal seg\u00fan la cual el precontrato suscrito obedeci\u00f3 a promesa de compraventa. <\/p>\n
Y en el quinto y sexto reproches aduce que el demandado incumpli\u00f3 con el pago del precio convenido, incluso el atinente a la entrega de dineros, sin desdecir de la tesis del tribunal seg\u00fan la cual las partes ratificaron la promesa con la celebraci\u00f3n de la escritura de venta, lo que a su vez implic\u00f3 acatamiento de los compromisos derivados del precontrato, desvirtuando la tesis del mutuo disenso y del incumplimiento unilateral del procesado. <\/p>\n
Por contera, de afirmar que la omisi\u00f3n en la tradici\u00f3n del edificio Los \u00c1lamos subsiste en cabeza del convocado y que \u00e9l la incumpli\u00f3, se mantendr\u00edan la desestimaci\u00f3n de la nulidad absoluta y de la resoluci\u00f3n (por incumplimiento y por mutuo disenso) porque seguir\u00edan enhiestas las conclusiones del tribunal seg\u00fan las cuales lo suscrito entre las partes fue promesa de venta -no de permuta-, que fue ratificada y saneada al otorgarse la escritura p\u00fablica de venta de la finca La Estrella, y la tradici\u00f3n del referido edificio es elemento accidental o accesorio del precontrato, por lo cual este fue acatado ya que fue ejecutada la obligaci\u00f3n de hacer (suscribir la escritura p\u00fablica prometida). <\/p>\n
En tal orden de ideas, los ataques est\u00e1n llamados al fracaso porque no combaten todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n.\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, los embates no cumplen esta exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
3.5. En adici\u00f3n y respecto de los cargos cuarto y quinto, que fueron formulados \u00aben subsidio\u00bb, desct\u00e1case esta impropiedad sobre la cual tiene dicho la Corte que \u00ab(\u2026), en el recurso extraordinario que ocupa su atenci\u00f3n, es improcedente plantear cargos de manera subsidiaria, ya que compete a esta Corporaci\u00f3n el estudio de la integridad de las acusaciones formuladas cuando no prospera ninguna de ellas, o cuando su \u00e9xito s\u00f3lo determina la infirmaci\u00f3n parcial del fallo impugnado. Dicho en otras palabras, la Corte s\u00f3lo queda relevada de estudiar todos los cargos, en el evento de que prospere alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casaci\u00f3n total de las resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de ninguna condici\u00f3n como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera subsidiaria en la demanda, pues la \u00fanica limitaci\u00f3n que tiene la Corte, es la establecida por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que impone que los cargos sean resueltos en el orden l\u00f3gico\u00bb. (CSJ SC de 30 nov. 2001, rad. n.\u00b0 005980, reiterado en SC de 2 jul. 2010, rad. n.\u00b0 2007-00224 y SC10298 de 2014, rad. n.\u00b0 2002-00010-01). <\/p>\n
Adicionalmente, cuando se invoca la afectaci\u00f3n de la ley sustancial por v\u00eda directa es necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios acerca de las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, le da un entendimiento ajeno a su alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n.\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Esta obligaci\u00f3n fue desatendida en los reproches de que se trata, porque lo criticado al operador judicial de segundo grado es que no accedi\u00f3 a la resoluci\u00f3n deprecada (por incumplimiento y por mutuo disenso expreso) tras considerar que la promesa de venta hab\u00eda sido cumplida por ambos extremos negociales, a pesar de que el demandado desacat\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3 en la promesa ajustada con el demandante y que este tampoco desea continuar con lo pactado. <\/p>\n
Es decir que las censuras van dirigidas contra la plataforma f\u00e1ctica del litigio y no respecto del entendimiento dado a los preceptos sustanciales invocados en tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal orden de ideas, los reproches cuarto y quinto tampoco son admisibles, en raz\u00f3n a que no fueron formulados guardando la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3.6. En relaci\u00f3n con el reproche final (sexto), aun cuando el recurrente asever\u00f3 que el tribunal valor\u00f3 erradamente el interrogatorio absuelto por el convocado, los recibos de pago y comprobantes bancarios allegados e interpret\u00f3 mal el precontrato ajustado entre los litigantes, realmente la censura no pasa de ser alegato de instancia, habida cuenta que omiti\u00f3 indicar qu\u00e9 extract\u00f3 el juzgador de esos medios de prueba, as\u00ed como confrontar esas deducciones con lo expuesto por el recurrente para exteriorizar la discrepancia, que por dem\u00e1s debe ser grave y notoria al punto que cualquier observador note la arbitrariedad. <\/p>\n
Sobre tal requisito la Sala tiene sentado que es deber de la censura exponer \u00absi las pruebas relacionadas fueron pretermitidas, supuestas o alteradas en su contenido material, ya por adici\u00f3n, cercenamiento o tergiversaci\u00f3n, modalidades que corresponden al error de hecho en que incurre el juzgador ad-quem. (\u2026) Empero de las aludidas modalidades que configuran en el error f\u00e1ctico (pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n), la recurrente en su reproche, a modo de alegato de instancia, solamente indic\u00f3 que el juzgador de \u00faltima instancia valor\u00f3 de forma errada los elementos probatorios, olvidando que la apreciaci\u00f3n paralela del acervo probatorio, por m\u00e1s plausible que sea, no implica el yerro de hecho susceptible de invocaci\u00f3n por v\u00eda casacional, habida cuenta de la presunci\u00f3n de certeza y legalidad de que est\u00e1 investida toda sentencia judicial, de all\u00ed que la pifia requiera de las caracter\u00edsticas de gravedad y notoriedad, al punto que cualquier observador note la arbitrariedad.\u00bb (CSJ SC205 de 2023, rad. 2019-08051-01). <\/p>\n
It\u00e9rase que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01). <\/p>\n
Por consecuencia, el cargo final, en realidad, solamente contiene valoraci\u00f3n probatoria paralela, basada en disparidad de criterios sobre la estimaci\u00f3n del material probatorio, no errores de hecho susceptibles de invocaci\u00f3n por v\u00eda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que admitir a tr\u00e1mite un escrito casacional fundado tan s\u00f3lo en un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente al plasmado en la providencia atacada desconocer\u00eda la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida la sentencia de \u00faltima instancia, como quiera que las conclusiones del juez fundadas en el examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n de un yerro apreciativo, evidente, incuestionable y trascendental, que en el caso de autos no se mostr\u00f3. <\/p>\n
Esa falencia tambi\u00e9n es motivo de inadmisi\u00f3n del libelo casacional porque, aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse la demanda, tanto por defectos formales como por errores t\u00e9cnicos, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Corte inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendr\u00e1 de seleccionarla en las siguientes hip\u00f3tesis: a) porque acusa errores de t\u00e9cnica, que adem\u00e1s de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualizaci\u00f3n de pruebas o la ausencia de demostraci\u00f3n del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casaci\u00f3n; c) porque los supuestos yerros f\u00e1cticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostr\u00f3 el error de derecho alegado o \u00e9ste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garant\u00edas de las partes ni comportaron una lesi\u00f3n may\u00fascula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se viol\u00f3, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. 2008-00668-01, entre otros). <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo final padece del referido desatino, igualmente suficiente para impedir su admisi\u00f3n, pues la argumentaci\u00f3n presentada para sustentarlo no pas\u00f3 de ser alegato de instancia, ajeno a esta sede. <\/p>\n
3.7. Por \u00faltimo, los cargos tercero, cuarto, quinto y sexto se muestran incompatibles entre s\u00ed, por cuanto en el tercero alega el recurrente que el precontrato ajustado entre las partes est\u00e1 viciado de nulidad absoluta, en el cuarto y en el sexto, esta vez partiendo de la validez de la promesa de venta, afirma que hubo incumplimiento del convocado, deprecando la resoluci\u00f3n del pacto, y en el quinto esboza la tesis del mutuo disenso. Es decir que invocan la aplicaci\u00f3n de institutos jur\u00eddicos incompatibles unos con otros. <\/p>\n
Sobre tal falencia, de anta\u00f1o la Sala tiene precisado que: <\/p>\n
Fluye palmario en la rese\u00f1a que se hizo del tercer cargo que el recurrente porf\u00eda en elevar las mismas imputaciones que adujo en la primera censura propuesta, pero perfil\u00e1ndolas esta vez por la causal primera de casaci\u00f3n, persiguiendo en este caso una sentencia inhibitoria por ausencia de uno de los presupuestos procesales, queri\u00e9ndose valer, quiz\u00e1s, de la naturaleza de orden p\u00fablico que de ellos se predica, para justificar alg\u00fan inter\u00e9s en aducirlas. Empero, semejante planteamiento pone de relieve la ostensible contradicci\u00f3n que los cargos tercero y cuarto evidencian, pues en el primero, como ya se dijera, aboga por una sentencia inhibitoria, mientras que en \u00faltimo reclama una sentencia de m\u00e9rito favorable a sus aspiraciones, antagonismo que patentiza que la demanda acusa el defecto t\u00e9cnico de incompatibilidad al que alude el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991 [actualmente par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 344 C.G.P.] (sentencia del 6 de octubre de 1995, expediente 4679), precepto que, a la vez, autoriza examinar el cargo que m\u00e1s se acomode con la conducta procesal de la parte recurrente\u2026\u00bb (CSJ SC 021 de 2004, rad. 6759). <\/p>\n
Y aunque la consecuencia prevista para la aludida incompatibilidad, conforme al par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, es dar cabida a los cargos que \u00abguarden adecuada relaci\u00f3n con la sentencia impugnada, los fundamentos que le sirven de base, la \u00edndole de la controversia espec\u00edfica resuelta mediante dicha providencia, la posici\u00f3n procesal adoptada por el recurrente en las instancias y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el prop\u00f3sito indicado resultare relevante\u00bb, tal soluci\u00f3n parte de que los reproches hayan sido t\u00e9cnicamente planteados, lo que no sucedi\u00f3 en el sub lite seg\u00fan qued\u00f3 decantado en este prove\u00eddo, no s\u00f3lo por los m\u00faltiples errores indoctos citados, sino porque al descubierto fue mostrada la dificultad del propio censor para descifrar su situaci\u00f3n de cara al ordenamiento jur\u00eddico, al punto que elev\u00f3 propuestas de diversa y opuesta \u00edndole, imponi\u00e9ndose la inadmisi\u00f3n de los referidos embistes formulados por v\u00eda del recurso extraordinario. <\/p>\n
4. En suma, debido a los defectos anotados la Corte inadmitir\u00e1 todos los cargos expuestos por el demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n allegada por el accionante, para sustentar el recurso interpuesto frente a la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, en el juicio verbal promovido por Jorge Haddad Meneses contra Camilo Andr\u00e9s Ram\u00edrez Numa. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n por la secretar\u00eda del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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AC3347-2023 (2021-00010-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC3347-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54498-31-53-002-2021-00010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}