AC3643-2023 (2023-00676-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3643-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2013-00676-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de las demandas formuladas, de un lado, por los demandados Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Hollman Carranza Carranza, Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza y Luz Mery Carranza Carranza, y, del otro, por Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres -quienes act\u00faan como sucesores procesales del fallecido V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza-, para sustentar los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n interpuestos contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 Ginna Juliana Carranza Aguirre. <\/p>\n
1. Pidi\u00f3 la demandante,1 de manera principal, declarar: (i) Que Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, en su propio nombre y como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, Luz Mery Carranza Carranza, Hollman Carranza Carranza, V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza y Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza, como hijos del causante, para reducir la masa social y, por ende, la herencia, transfirieron dolosamente lo bienes relacionados en la demanda; (ii) La p\u00e9rdida de los derechos de los demandados sobre los bienes sustra\u00eddos. (iii) En consecuencia, se les condene a restituir al haber de la sociedad conyugal el doble del valor comercial de tales bienes; que se ordene la cancelaci\u00f3n de los respectivos registros inmobiliarios y las cesiones sobre las acciones y cuotas de inter\u00e9s, registradas en las correspondientes c\u00e1maras de comercio y sociedades. <\/p>\n
Subsidiariamente, solicit\u00f3: (i) Declarar que, con ocasi\u00f3n de varias transferencias realizadas, la masa social y la herencia sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme, en detrimento de la demandante y dem\u00e1s herederos de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o. (ii) En consecuencia, se ordene a los convocados a restituir, en favor de la sociedad conyugal y la masa de la sucesi\u00f3n, todos los bienes relacionados en esas escriturales descritas en la demanda; que, en caso de que los demandados se allanen a la rescisi\u00f3n, deber\u00e1n completar el justo precio comercial de esos bienes, en favor de la sociedad conyugal y de la masa herencia; que se ordene la cancelaci\u00f3n de los respectivos registros inmobiliarios y las cesiones sobre las acciones y cuotas de inter\u00e9s, registradas en las correspondientes c\u00e1maras de comercio y sociedades. <\/p>\n
En sustento de sus pretensiones, narr\u00f3: <\/p>\n
El 22 de junio de 1975, V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o y Mar\u00eda Blanca Carranza contrajeron matrimonio cat\u00f3lico, uni\u00f3n en la que procrearon a V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, Luz Mery Carranza Carranza, Hollman Carranza Carranza, Jorge Arturo Carranza Carranza y Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza. <\/p>\n
El 4 de abril de 2013, falleci\u00f3 el mencionado esposo y padre, disolvi\u00e9ndose la sociedad conyugal, pero en su vigencia se adquirieron varios bienes, relacionados en la demanda, que deben ser tenidos en cuenta para el inventario del activo social y que conforman la masa relicta; que, hasta el momento, se han localizado, por no tener el dominio sobre los activos, debido a que su administraci\u00f3n y tenencia est\u00e1n en cabeza de Mar\u00eda Blanca Carranza de carranza y de sus hijos. <\/p>\n
Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y sus hijos de demandaron la apertura de la sucesi\u00f3n del causante, pero, mediante cesiones y fideicomiso civil, sustrajeron los bienes que hac\u00edan parte del haber conyugal. <\/p>\n
En diferentes escrituras p\u00fablicas otorgadas en el a\u00f1o 2013, Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, con un valor muy inferior al comercial, cedi\u00f3 a sus hijos Luz Mery, Hollman, V\u00edctor Ernesto y Felipe Carranza Carranza: (i) 55.000 acciones de la Ganader\u00eda Brisas de Agualinda SCA, por $1.100.000.000; (ii) Cuotas o partes de inter\u00e9s en la Empresa Hotelera y Tur\u00edstica del Llano Ltda. Hotel del Llano, por $29.020.000; (iii) 300.000 cuotas o partes de inter\u00e9s de la Operadora Tur\u00edstica Lord Pierre Ltda, por $300.000.000; (iv) 20.000 cuotas o partes de inter\u00e9s de la Ganader\u00eda La Cristalina Ltda., por $20.000.000; (v) 400.000 acciones de Calizas del Llano \u201cCallanos\u201d SA, por $400.000.000. (vi) Constituy\u00f3 a favor de sus hijos un fideicomiso civil sobre los inmuebles: La Esmeralda, Las Quebradas, El Volc\u00e1n, El Diamante, San Mauricio, La Iberia, Ganader\u00eda Nare \u2013 predio Santa Teresita, Santa Cecilia, San Francisco y El Bosque, bienes que superan los $60.000.000.000. <\/p>\n
En todas esas operaciones no hubo intenci\u00f3n de enajenar, ya que tuvieron por causa sustraer y ocultar los bienes de la masa sucesoral, porque los valores fueron ficticios, los pagos no ingresaron al haber de la sociedad conyugal y la se\u00f1ora Carranza de Carranza sigui\u00f3 con la administraci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
La sustracci\u00f3n de bienes advertida perjudic\u00f3 a Iliana Catalina Carranza, Viviana Andrea Carranza Rubio, Ginna Juliana Carranza Aguirre y a Jorge Arturo Carranza Carranza. <\/p>\n
2. Notificado el auto admisorio de la demanda, se obtuvieron estos pronunciamientos2: <\/p>\n
Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza refut\u00f3 las aspiraciones de la actora, proponiendo las excepciones que denomin\u00f3 \u00abIMPROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N INCOADA POR LA PARTE ACTORA\u00bb, \u00abAUSENCIA DE DOLO Y\/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS\u00bb y \u00abDECLARACI\u00d3N DE EXCEPCIONES OFICIOSAS\u00bb <\/p>\n
Hollman Carranza, al contestar la demanda, formul\u00f3 las exceptivas que titul\u00f3 \u00abIMPROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N INCOADA POR LA PARTE ACTORA\u00bb, \u00abAUSENCIA DE DOLO Y\/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS\u00bb y \u00abDECLARACI\u00d3N DE EXCEPCIONES OFICIOSAS\u00bb <\/p>\n
Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza resisti\u00f3 las s\u00faplicas de la demandante, planteando las defensas que denomin\u00f3 \u00abINEXISTENCIA DE LAS SUSTRACCI\u00d3N DE BIENES SUCESORALES\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE OCULTAMIENTO DE BIENES\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE DISTRACCI\u00d3N DE BIENES\u00bb, \u00abAUSENCIA DE CAUSA\u00bb, \u00abAUSENCIA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA\u00bb, \u00abAUSENCIA DE DOLO\u00bb, \u00abBUENA FE\u00bb, y \u00abEXCPECI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u00bb. <\/p>\n
Yamile Pi\u00f1eres Leal, Kimberly Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, como herederos leg\u00edtimos de V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, se opusieron a las pretensiones de la demanda y propusieron las excepciones que rotularon \u00abIMPROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N Y AUSENCIA DE DOLO Y\/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS\u00bb, \u00abBUENA FE\u00bb, \u00abCAUSA L\u00cdCITA\u00bb y \u00abEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u00bb. <\/p>\n
El Curador Ad litem de los \u00abDEMANDADOS EMPLAZADOS\u00bb manifest\u00f3 no rechazar ni admitir los hechos, por su desconocimiento de algunos, y sobre las pretensiones no se opuso a su prosperidad, salvo que concurriera una de las excepciones consagradas en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil <\/p>\n
3. El a quo, en sentencia dictada el 28 de junio de 2021,3 desestim\u00f3 las excepciones propuestas por los demandados y declar\u00f3 que Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Hollman, Felipe y Luz Mery Carranza Carranza y Yamile Pi\u00f1eres Leal, Kimberly Annette y Victor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, en calidad de herederos determinados de V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, ocultaron y\/o distrajeron dolosamente de la sociedad conyugal existente entre la primera de las mencionadas y V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o las siguientes acciones o cuotas de participaci\u00f3n: Ganader\u00eda Brisas de Agualinda SCA (55000), Empresa Hotelera y Tur\u00edstica del Llano Ltda. Hotel del Llano (1451), Operadora Tur\u00edstica Lord Pierre (300000), Ganader\u00eda La Cristalina Ltda. (20000), Calizas de Llano S.A. \u00abCallanos S.A. (400000); y los siguientes inmuebles: Lote La Esmeralda-casalote (154-27273 Chocont\u00e1), Lote Las Quebradas (154-14049 Chocont\u00e1), Lote El Volc\u00e1n (154-24725 Chocont\u00e1), Lote El Diamante (154-10738 Chocont\u00e1), Lote El Bosque (176-32601 Zipaquir\u00e1), Lote San Mauricio (176-32602 Zipaquir\u00e1), Lote Ganader\u00eda Nare (176-38793 Zipaquir\u00e1), Lote Santa Cecilia (176-15274 Zipaquir\u00e1), Lote San Francisco (154-5348 Chocont\u00e1) y Lote La Iberia (154-3568 Chocont\u00e1). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los conden\u00f3 a perder los derechos herenciales que tuvieren en los bienes previamente enlistados y orden\u00f3 cancelar las anotaciones que, sobre los mismos, figuren en las correspondientes Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Chocont\u00e1 y Zipaquir\u00e1 sobre el contrato de fideicomiso civil. <\/p>\n
4. El superior, al desatar las apelaciones formuladas, de un lado, por los demandados Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Hollman Carranza Carranza, Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza y Luz Mery Carranza Carranza, y, del otro, por sucesores procesales de V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, a saber, Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, en sentencia de 26 de julio de 2022\u00bb4 modific\u00f3 el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, para indicar que \u00abfue ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), y no sus sucesores YAMILE PI\u00d1ERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA PI\u00d1ERES, quien particip\u00f3 con los dem\u00e1s demandados en el ocultamiento y\/o distracci\u00f3n dolosa de la sociedad conyugal de V\u00cdCTOR MANUEL CARRANZA NI\u00d1O (qepd) y MAR\u00cdA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA de los bienes inmuebles objeto del fideicomiso civil\u00bb, y el numeral tercero de dicha providencia \u00aben el sentido que YAMILE PI\u00d1ERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA PI\u00d1ERES, en sus calidades de sucesores de V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), no est\u00e1n sujetos a la sanci\u00f3n de restituci\u00f3n doblada de los bienes inmuebles objeto del fideicomiso civil\u00bb. EN LO DEM\u00c1S, CONFIRM\u00d3 LA DECISI\u00d3N APELADA. <\/p>\n
Para decidir de ese modo, en resumen, consider\u00f3: <\/p>\n
(i) En cuanto al reparo frente al no reconocimiento de la transacci\u00f3n como excepci\u00f3n, o por medio de sentencia anticipada, sostuvo que esa tem\u00e1tica fue zanjada en la etapa procesal respectiva, explic\u00e1ndose en decisiones de dos instancias, las razones para no culminar la actuaci\u00f3n, y en virtud del principio de preclusi\u00f3n, no era dable reabrir la controversia. <\/p>\n
Pero memor\u00f3 que, para terminar el proceso por transacci\u00f3n, se exig\u00eda que todas las partes suscribieran ese convenio, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3, ya que Sandra Victoria Carranza Ocampo, heredera de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o y litisconsorte cuasinecesaria de la parte demandante no particip\u00f3 en ese acuerdo. <\/p>\n
(ii) Referente a la insistencia del recurrente en la improcedencia de la acci\u00f3n de ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales, porque -antes de disolverse la sociedad conyugal- la esposa contaba con libertad de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes que fueran de su propiedad, el Tribunal advirti\u00f3 el fracaso de tal reproche puesto que la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los actos de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n realizados durante la vigencia del matrimonio tambi\u00e9n pueden ser sometidos a control. <\/p>\n
Punto en el que hall\u00f3 acreditado que Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman, Felipe y V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza actuaron dolosamente en la distracci\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal conformada por la primera mencionada y V\u00edctor Manuel Carranza; conclusi\u00f3n constatada con la prueba documental arrimada, que evidenci\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la cesi\u00f3n de acciones, cuotas o partes de inter\u00e9s, as\u00ed como la constituci\u00f3n de fideicomiso civil sobre ciertos bienes, \u00e9stos no pudieron ser incluidos en la masa partible del causante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se corrobor\u00f3 la intenci\u00f3n de defraudar a las hijas extramatrimoniales de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o y al litisconsorte Jorge Arturo Carranza Carranza, hijo de \u00e9ste con Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, dado que los negocios jur\u00eddicos cuestionados se llevaron a cabo dentro del mes anterior a la muerte del de cujus, quien se encontraba en estado grave de salud, seg\u00fan las confesiones fictas de Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman y Felipe Carranza Carranza. <\/p>\n
De esa forma, vio reunido los presupuestos axiol\u00f3gicos para la prosperidad de la acci\u00f3n de ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estim\u00f3 que Yamile Pi\u00f1eres Leal de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres no deb\u00edan restituir doblados los bienes ra\u00edces objeto del fideicomiso civil, porque la muerte de V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza sucedi\u00f3 con anterioridad a la verificaci\u00f3n de la condici\u00f3n fiduciaria, lo que supuso que no se transmiti\u00f3 a sus herederos. <\/p>\n
5. Contra la providencia de segunda instancia, los demandados y sucesores procesales interpusieron sendos recursos de casaci\u00f3n, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte. <\/p>\n
II.- LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Presentadas las correspondientes demandas para sustentar sus impugnaciones extraordinarias, los demandados formularon 13 acusaciones, con soporte en las causales primera (denunciando 6 cargos), segunda (denunciando 3 cargos), tercera (denunciando 3 cargos) y quinta (denunciando 1 cargo); mientras que los sucesores procesales propusieron 9, al amparo de las causales primera (denunciando 2 cargos) y segunda (denunciando 7 cargos); cuyos fundamentos se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
A. DEMANDA INTERPUESTA POR LOS DEMANDADOS. <\/p>\n
Siguiendo la estructura de su escrito, se presenta as\u00ed: <\/p>\n
\u00abCARGOS FORMULADOS INVOCANDO LA CAUSAL PRIMERA DE CASACION\u00bb. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
La sentencia de segunda instancia infringe los art\u00edculos 1824, 793 y 794 del C\u00f3digo Civil, por interpretar err\u00f3neamente la primera norma citada, al darle un alcance que no tiene, y de haberse entendido correctamente la primera disposici\u00f3n citada no se habr\u00edan emitido las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida, por otorg\u00e1rsele el efecto \u00abde ser traslaticio de dominio\u00bb, considerando que en \u00ab[a] folio 18 de la Sentencia se lee: \u201cLa acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirige a establecer si la distracci\u00f3n o el ocultamiento de bienes, cobij\u00f3 los bienes incluidos en el Fideicomiso Civil, debe decirse que esta figura est\u00e1 enlistada como una de las limitaciones al dominico (sic) seg\u00fan el canon 793 del C\u00f3digo Civil, y consiste esencialmente, seg\u00fan lo indica el inciso inicial de la regla 794 ibidem, en \u201cSe llama propiedad fiduciaria la que est\u00e1 sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condici\u00f3n\u201d. Lo anterior quiere decir que, la fiducia civil si bien no saca del patrimonio del fideicomitente el bien, como lo advert\u00eda el apoderado de los demandados en los alegatos de conclusi\u00f3n, lo cierto es que, si limita el dominio, pues el mismo queda atado a la figura civil, hasta cuando se materialice \u2013se restituya- o se extinga por alguna de las causales legales. (negrillas fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
El fallo del ad quem quebrant\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil y en la Ley 28 de 1932, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, al otorg\u00e1rseles un alcance que no tienen, y de haberse entendido correctamente esas normas no se habr\u00edan dictado las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida, teniendo en cuenta que \u00ab[a] folio 10 de la Sentencia se lee: \u201cLo dicho sirve de pre\u00e1mbulo para indicar – entonces – que a lo largo de toda la vigencia de la sociedad conyugal, le incumbe a los \u201csocios\u201d el deber de gestionar dentro de la misma los bienes que se ingresen all\u00ed con toda la diligencia y cuidado necesarios para no socavar los intereses de la sociedad, tal cual ocurre con las sociedades mercantiles. Lo anterior, en manera alguna ri\u00f1e o va en contraposici\u00f3n con lo dispuesto en la Ley 28 de 1932, que en su art\u00edculo 1\u00ba establece que cada uno de los c\u00f3nyuges tiene la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes que fueren de su propiedad al momento del matrimonio como de aquellos que se adquieran en vigencia de la misma, lo que pasa es que esa administraci\u00f3n debe ejercerse en una forma responsable, con el consabido cuidado, en aras de que no afecte o vaya en detrimento del haber social\u201d. (negrillas y subrayado fuera de texto). A folio 10 de la Sentencia se lee: \u201cLa conducta que la regla legal reprocha es el ocultar o distraer bienes de la sociedad conyugal, lo que quiere decir en un entender simple de las palabras usadas por el legislador, el no incluir en el haber social aquellos bienes que por ley deben conformarlo, seg\u00fan las pautas del canon 1781 del CC. Y esa no inclusi\u00f3n, al tenor de lo indicado en el texto legal citado, debe provenir de un actuar doloso, esto es, la intenci\u00f3n positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, como lo define el art\u00edculo 63 del CC\u2026\u201d. (negrillas y subrayado fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal viol\u00f3 el numeral 3 del inciso segundo del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, por no darle aplicaci\u00f3n, y si hubiera aplicado el alcance y efecto consagrados en esa disposici\u00f3n, no se habr\u00edan impuesto las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida, ya que esa norma prev\u00e9 que \u00ab\u201c\u2026 En cualquier estado del proceso, EL JUEZ DEBER\u00c1 DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA, total o parcial en los siguientes casos: \u2026 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n \u2026\u201d (negrillas, subrayado, destacado y may\u00fasculas fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
El juzgador de segunda instancia vulner\u00f3 el inciso cuarto del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, por falta de aplicaci\u00f3n, argumentado que si se hubiera aplicado el alcance y efecto consagrados en esa disposici\u00f3n, no se habr\u00edan establecido las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida, considerando que esa norma reza: \u00ab\u201c\u2026 En la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de OFICIO \u2026\u201d (negrillas, subrayado, destacado y may\u00fasculas fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
El fallador aqu\u00ed cuestionado contrari\u00f3 el art\u00edculo 62 y el inciso segundo del art\u00edculo 52 del C\u00f3digo General del Proceso, porque dej\u00f3 de aplicar esas disposiciones, previendo esta \u00faltima que \u00ab\u201c\u2026 Los intervinientes y sucesores de que trata este c\u00f3digo, TOMAR\u00c1N EL PROCESO EN EL ESTADO EN QUE SE HALLE EN EL MOMENTO DE SU INTERVENCI\u00d3N\u201d (may\u00fasculas, negrillas, subrayado y destacado fuera de texto)\u00bb; omisi\u00f3n que condujo a establecer una exigencia adicional inexistente para el contrato de transacci\u00f3n, consistente en que debe ser suscrito por todos los intervinientes, pese a que las consecuencias de las actuaciones del demandante son oponibles directamente a sus coadyuvantes y a su litisconsorte cuasinecesario; si se hubiera aplicado el alcance y efecto consagrados en esas disposiciones, no se habr\u00edan impuestos las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
El Tribunal infringi\u00f3 el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil, al dejar de aplicar su literalidad que dispone que \u00ab\u201c\u2026 EL DOLO CONSISTE EN LA INTENCI\u00d3N POSITIVA DE INFERIR INJURIA A LA PERSONA O PROPIEDAD DE OTRO\u201d(\u2026)\u00bb; situaci\u00f3n que llev\u00f3 a establecer las condenas en contra de los demandados, confirmadas en segunda instancia; de haberse aplicado el alcance y efecto consagrados en esas disposiciones, no se habr\u00edan impuesto las condenas contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la decisi\u00f3n ahora recurrida. <\/p>\n
\u00abCARGOS FORMULADOS INVOCANDO LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACION\u00bb. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
La sentencia de segundo orden viol\u00f3 de manera indirecta los art\u00edculos 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil, que contemplan los requisitos de existencia y validez del contrato de transacci\u00f3n; como consecuencia de error de derecho, derivado del desconocimiento de los preceptos probatorios 250, 254, 256, 272 y 312 del C\u00f3digo General del Proceso, disponiendo esta \u00faltima los efectos de la transacci\u00f3n, como forma anormal de terminaci\u00f3n de un proceso. <\/p>\n
El juez a quo, en \u00abAuto 9\u00bb, tuvo como litisconsorte necesario a Sandra Victoria Carranza Ocampo -reconocida judicialmente como hija extramatrimonial- un a\u00f1o y dos meses despu\u00e9s de haberse celebrado el contrato de transacci\u00f3n y de haberse aportado al expediente, suscrito por todas los integrantes del extremo demandante y todas las personas que conformaban la parte demandada, para ese entonces; pero \u00abel Juzgado de conocimiento se abstiene de aceptar el contrato de transacci\u00f3n estableciendo requisitos por fuera de los consagrados en las Leyes para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
El 15 de junio de 2016, fue presentado el contrato de transacci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole al secretario, de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pasar el expediente al despacho inmediatamente, actuaci\u00f3n que de haberse realizado habr\u00eda permitido correr traslado a quien, para ese entonces, no suscribi\u00f3 la transacci\u00f3n, y habr\u00eda aceptado ese acuerdo, por ajustarse a la ley, para, as\u00ed, declarar terminado el proceso, respecto de todos aquellos que suscribieron y se adhirieron al convenio. <\/p>\n
Sin embargo, la Juez 51 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abse abstiene de dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al igual que se abstiene de dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de la inobservancia de lo se\u00f1alado expresamente en el inciso primero del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
El juez motiv\u00f3 el fallo \u00abINVENTANDO O SUPONIENDO la prueba de la supuesta distracci\u00f3n\u00bb, desconociendo que el trabajo de partici\u00f3n en la sucesi\u00f3n de V\u00edctor Manuel Carraza Ni\u00f1o fue presentado de com\u00fan acuerdo por las partes y aprobado por el Juzgado 31 de Familia del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El cargo es trascedente, porque \u00ab[s]i el Tribunal hubiese apreciado y valorado de manera correcta la existencia y validez del Contrato de Transacci\u00f3n celebrado entre las partes, hubiese proferido Sentencia Anticipada y no habr\u00eda pronunciado en contra de mis representados las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Expresamente dijo el casacionista: \u00abAcuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de manera indirecta de lo dispuesto en los art\u00edculos 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil; como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la falta de apreciaci\u00f3n de la prueba de la existencia del contrato de transacci\u00f3n; normas que constituyen base esencial del fallo impugnado por error de derecho en la falta de apreciaci\u00f3n de la prueba de la existencia del contrato de transacci\u00f3n suscrito entre la Demandante; las Coadyuvantes de la Demandante; la Litisconsorte Cuasinecesario; y los Demandados. Normas Probatorias Que Se Consideran Violadas: Los art\u00edculos 250; 254; 256; y, 272 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Sustent\u00f3 su acusaci\u00f3n con id\u00e9nticos argumentos que sirvieron de fundamento al cargo inmediatamente anterior, situaci\u00f3n que hace innecesaria su repetici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
La decisi\u00f3n del ad quem quebrant\u00f3, de manera indirecta, los art\u00edculos 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente, derivado de no valorar el contrato de transacci\u00f3n; \u00abnormas que constituyen base esencial del fallo impugnado por error de derecho en la falta de apreciaci\u00f3n de la prueba de la confesi\u00f3n judicial de la Demandante Ginna Juliana Carranza Aguirre\u00bb. <\/p>\n
En efecto, la demandante reconoce y acepta que conoc\u00eda las escrituras p\u00fablicas, adosadas a la demanda, al no tacharlas de falsa. \u00abManifiesta que el valor de las ventas de los bienes dizque no corresponden con los valores de los mismos, cuando en el Expediente se encuentra plenamente probado que el valor fiscal o en libros de tales bienes fue el criterio con el cual particip\u00f3 de la elaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n en compa\u00f1\u00eda de su apoderado especial, labor realizada en cumplimiento de los pactos y acuerdos contenidos en el contrato de transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[r]econoce y acepta que de MUTUO ACUERDO el d\u00eda diez y nueve (19) de noviembre de dos mil diez y ocho (2018), todos los herederos reconocidos, por conducto de sus apoderados judiciales, presentaron el Trabajo de Partici\u00f3n y Adjudicaci\u00f3n de Bienes en la Sucesi\u00f3n Intestada del se\u00f1or VICTOR MANUEL CARRANZA NI\u00d1O; (\u2026). aprobado por el Juez de conocimiento mediante providencia de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez y ocho (2018)\u00bb. <\/p>\n
Remat\u00f3 diciendo que \u00ab[s]i el Tribunal hubiese apreciado y valorado de manera correcta la existencia y validez de la Confesi\u00f3n Judicial de la Demandante, hubiese proferido Sentencia Anticipada y no habr\u00eda pronunciado en contra de mis representados las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00abCARGOS FORMULADOS INVOCANDO LA CAUSAL TERCERA DE CASACION\u00bb. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
La sentencia del Tribunal no est\u00e1 en consonancia con la contestaci\u00f3n de la demanda, que busca demostrar que \u00abMARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, en vigencia de la sociedad conyugal; en vida de ambos c\u00f3nyuges y sobre bienes propios en cabeza suya o a su nombre\u00bb, realiz\u00f3 cesi\u00f3n de unas acciones y de unas cuotas partes de inter\u00e9s social en unas sociedades comerciales, adem\u00e1s constituy\u00f3 una limitaci\u00f3n al derecho de dominio sobre los bienes inmuebles; pero \u00abla Sentencia objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n desconoce la validez y la eficacia de los mismos como consecuencia de la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 63 y 1781 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como de la falta de aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en la Ley 28 de 1932 sobre la libre disposici\u00f3n de los bienes propios de cada uno de los c\u00f3nyuges durante el matrimonio\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el problema jur\u00eddico se circunscribi\u00f3 a determinar si los demandantes \u00absustrajeron del haber de la sociedad conyugal conformada\u00bb; no obstante, en la parte resolutiva de la sentencia se lee: \u00ab\u201c(\u2026) DECLARAR QUE MARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, HOLLMAN, FELIPE Y LUZ MERY CARRANZA CARRANZA Y YAMILE PI\u00d1ERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE Y VICTOR ERNESTO CARRANZA PI\u00d1ERES, en calidad de herederos determinados de VICTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA, ocultaron y\/o distrajeron dolosamente de la sociedad conyugal existente entre la primera de las mencionadas y VICTOR MANUEL CARRANZA NI\u00d1O las siguientes acciones o cuotas de participaci\u00f3n\u2026\u201d (\u2026) los siguientes bienes inmuebles\u2026\u201d. (destacado y subrayado fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
El cargo es trascedente porque \u00ab[s]i el Tribunal hubiese pronunciado teniendo en cuenta la Contestaci\u00f3n de la Demanda, la Sentencia estar\u00eda en Consonancia con la misma; y no habr\u00eda pronunciado (\u2026) las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
La providencia de segunda instancia no est\u00e1 en consonancia con las excepciones propuestas, esto es, \u00ab1. Improcedencia de la Acci\u00f3n Incoada. 2. Ausencia de Dolo y\/o Fraude de los Demandados. 3. Inexistencia de la Sustracci\u00f3n de Bienes Sucesorales. 4. Inexistencia de Distracci\u00f3n de Bienes. 5. Ausencia de Causa. 6. Ausencia de Legitimaci\u00f3n en la Causa. 7. Buena Fe. 8. Causa L\u00edcita 9. Excepci\u00f3n Gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
Se sustent\u00f3 esa acusaci\u00f3n con id\u00e9nticos argumentos que sirvieron de fundamento al cargo inmediatamente anterior, situaci\u00f3n que hace innecesaria su repetici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
La sentencia no est\u00e1 \u00aben consonancia con las excepciones que el Juez ha debido reconocer de oficio; toda vez que contra las pretensiones de la Demanda formul\u00e9 la denominada como excepci\u00f3n gen\u00e9rica; motivo de excepci\u00f3n que ocurri\u00f3 a partir del d\u00eda veinte (20) de mayo de dos mil diez y seis (2016) cuando se celebr\u00f3 y suscribi\u00f3 el CONTRATO DE TRANSACCI\u00d3N v\u00e1lidamente entre la Demandante; las Coadyuvantes de la Demandante; la Litisconsorte Cuasinecesario de la Demandante; y los Demandados\u00bb. <\/p>\n
Acusaci\u00f3n que se encamina a demostrar que el fallo recurrido \u00abal confirmar lo decidido en la de primera instancia, incurre en el motivo se\u00f1alado en la causal tercera de casaci\u00f3n al desconocer los efectos del CONTRATO DE TRANSACCI\u00d3N el cual tiene EFECTOS DE COSA JUZGADA DE ULTIMA INSTANCIA (\u2026). Si el Tribunal hubiese pronunciado teniendo en cuenta la existencia de la transacci\u00f3n como excepci\u00f3n gen\u00e9rica propuesta, la Sentencia estar\u00eda en Consonancia con la misma; y no habr\u00eda pronunciado en contra de mis representados las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00abCARGOS FORMULADOS INVOCANDO LA CAUSAL QUINTA DE CASACION\u00bb. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
La sentencia recurrida se emiti\u00f3 en un juicio viciado de nulidad, por configurarse una causal invalidaci\u00f3n procesal insaneable, como lo es la falta de competencia, ante la existencia de un contrato de transacci\u00f3n que no haya sido demandado por quienes lo celebraron. <\/p>\n
La demandante aport\u00f3 dicho acuerdo, y, por eso, se solicit\u00f3, desde la audiencia de conciliaci\u00f3n, terminar el proceso, pero el juez se abstuvo de hacerlo en esa oportunidad y en la sentencia; decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal; y \u00absi (\u2026) hubiese reconocido la existencia de la FALTA DE COMPETENCIA proveniente de los efectos de COSA JUZGADA DE ULTIMA INTANCIA del Contrato de Transacci\u00f3n; no hubiese pronunciado (\u2026) las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n y la finalidad con \u00e9l perseguida, el legislador estableci\u00f3 rigurosas exigencias formales para presentar debidamente la demanda (art. 344, C.G.P.), que deben ser verificadas con el prop\u00f3sito de determinar su admisibilidad (art. 346, ibidem), dentro del estrecho margen delineado por las causales que taxativamente han sido consagradas en el texto legal, para la procedencia de este medio impugnativo (art. 336, ejusdem). <\/p>\n
2. Cuando se alega la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, constitutiva de la causal primera o segunda de casaci\u00f3n, seg\u00fan el caso, conforme al art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se impone al recurrente indicar, en t\u00e9rminos precisos, el precepto sustancial que se dice infringido; determinaci\u00f3n normativa que no puede responder a divagaciones abstractas o argumentaciones antojadizas del acusador, \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019, reiterado en AC2194-2021). <\/p>\n
3. En los cargos propuestos por la v\u00eda directa salta a la vista que la mayor\u00eda de las disposiciones acusadas no son de naturaleza material, \u00abcar\u00e1cter [que] solamente lo tienen las normas que, \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u201d (CSJ, SC del 19 de diciembre de 1999, se subraya. En similar sentido, entre otras, pueden citarse las sentencias del 9 de marzo de 1995, 30 de agosto, 9 de septiembre y 9 de diciembre de 1999 y 3 de septiembre de 2004), por lo que quedan excluidos los preceptos que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb. (CSJ SC3530-2017 14 Mar, 2017, rad. -2006-00131-01). <\/p>\n
(i) En efecto, n\u00f3tese que en el cargo segundo se acusa la vulneraci\u00f3n, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil, que describe la composici\u00f3n del haber de la sociedad conyugal, canon que, en palabras de esta Sala, \u00ab(\u2026) es un precepto que puntualiza los elementos integrantes de ese fen\u00f3meno pero propiamente no disciplina una relaci\u00f3n jur\u00eddica en orden a la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de derechos entre los implicado en la misma. En suma, no es una norma sustancial de acuerdo con los t\u00e9rminos precisos como la jurisprudencia patria ha definido tal concepto\u00bb. (AC93-2017). <\/p>\n
All\u00ed tambi\u00e9n se recrimina la infracci\u00f3n de la Ley 28 de 1932, sin concretar en cu\u00e1l de sus art\u00edculos recae la reprobaci\u00f3n de los recurrentes, pues no se ocuparon de explicitar \u00absu texto literal, escenario que revela el incumplimiento del opugnador a su carga de poner de presente la infracci\u00f3n (\u2026) de la ley sustancial\u00bb. (AC5864-2021). <\/p>\n
(ii) Referente al cargo tercero, igualmente se evidencia la citaci\u00f3n de un precepto no sustancial, al invocarse como transgredido, por falta de aplicaci\u00f3n, el numeral 3 inciso segundo del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuya virtud el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada \u00ab[c]uando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb; norma que, seg\u00fan esta Corporaci\u00f3n, no tiene dicha connotaci\u00f3n, porque concierne a \u00abuno de los eventos en cuya presencia procede dictar sentencia anticipada\u00bb, que, junto con las disposiciones sobre \u00ablos principios rectores de los tr\u00e1mites judiciales\u00bb, \u00ab\u00fanicamente disciplinan la actividad procesal y, por ende, carecen, (\u2026), de las caracter\u00edsticas necesarias para ser consideradas sustanciales\u00bb. (AC-2194-2021). <\/p>\n
(iii) Falencia advertida en el cargo cuarto, fundado en el quebrantamiento, por inaplicaci\u00f3n, del inciso cuarto del art\u00edculo 281 C\u00f3digo General del Proceso, que dispone que \u00ab[e]n la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio\u00bb; segmento legal que integra una norma no revestida de sustancialidad, por estar destinada a \u00abla forma como debe estructurarse la sentencia, y en consecuencia, por s\u00ed solos no pueden estructurar v\u00e1lidamente un ataque por la causal (\u2026) invocada, en la que la denuncia debe partir de la \u201cviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d, esta \u00faltima, entendida como la que en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas sustanciales tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb. (AC2666-2019). <\/p>\n
(iv) Respecto del cargo quinto, en el que se dan por vulnerados, al no aplicarse, los art\u00edculos 62 y 52, inciso segundo, del C\u00f3digo General del Proceso, relativo el primero a los litisconsorcios cuasinecesarios, y el segundo a las funciones del secuestre, sin que los casacionistas indicaran su pertinencia en el proceso, siendo ello necesario, porque la norma sustancial que se dice vulnerada \u00abbase esencial del fallo impugnando o que haya debido serlo, es decir, que tenga relaci\u00f3n con el aspecto material que de la decisi\u00f3n en concreto se controvierte, pues al fin y al cabo es la que demarca los confines de la acusaci\u00f3n\u00bb. (CSJ AC 26 Ene, 2012. Rad. 2005-0008). <\/p>\n
(v) En el cargo sexto se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de contrariar el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil, disposici\u00f3n que tampoco ostenta la sustancialidad requerida para formular la acusaci\u00f3n por infracci\u00f3n directa, por cuanto \u00abla noci\u00f3n y clases de culpa, carece del car\u00e1cter sustancial pertinente\u00bb (AC, 9 jun. 1998, exp n.\u00b0 7109), ya que \u00abno tienen categor\u00eda sustancial, y, por ende, no pueden fundar por s\u00ed solas un cargo en casaci\u00f3n\u2026, los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos\u00bb (SC50, 24 feb. 1988)\u00bb (AC1810-2019). <\/p>\n
(vi) Esas deficiencias resultan suficientes para inadmitir los cargos segundo, tercero, cuarto quinto y sexto, ya que si el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso establece como causal de casaci\u00f3n la violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial, obviamente constituye un presupuesto b\u00e1sico y preliminar que la disposici\u00f3n considerada inobservada sea de estirpe material, pues, solo a partir de esa connotaci\u00f3n es posible entrar a examinar si ocurri\u00f3 su inaplicaci\u00f3n, su aplicaci\u00f3n indebida o su err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, o cualquier otro an\u00e1lisis que deba hacerse por esta senda extraordinaria; porque sin la rese\u00f1ada sustancialidad ese labor\u00edo carece de sentido, al no contar con el precepto id\u00f3neo para analizar. <\/p>\n
(vii) Menci\u00f3n especial merece el cargo primero, en el que se denuncia la violaci\u00f3n, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, de los art\u00edculos 1824, 793 y 784 del C\u00f3digo Civil; precis\u00e1ndose que \u00abla obligaci\u00f3n de citar las normas aplicables al caso no es caprichosa (\u2026) puede cumplirse indicando una \u201ccualquiera de las normas de esa naturaleza [sustancial] que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ AC 26 Ene, 2012. Rad. 2005-0008); condici\u00f3n satisfecha porque el primer precepto citado tiene connotaci\u00f3n material (AC745-2020 y AC5722-2021). <\/p>\n
Con todo, en el cargo no se observa la claridad requerida para presentar la demanda de casaci\u00f3n, seg\u00fan el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General de Proceso, por cuanto los recurrentes manifiestan que \u00ab[a] folio 18 de la Sentencia se lee: \u201cLa acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirige a establecer si la distracci\u00f3n o el ocultamiento de bienes, cobij\u00f3 los bienes incluidos en el Fideicomiso Civil, debe decirse que esta figura est\u00e1 enlistada como una de las limitaciones al dominico (sic) seg\u00fan el canon 793 del C\u00f3digo Civil, y consiste esencialmente, seg\u00fan lo indica el inciso inicial de la regla 794 ibidem, en \u201cSe llama propiedad fiduciaria la que est\u00e1 sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condici\u00f3n\u201d. Lo anterior quiere decir que, la fiducia civil si bien no saca del patrimonio del fideicomitente el bien, como lo advert\u00eda el apoderado de los demandados en los alegatos de conclusi\u00f3n, lo cierto es que, si limita el dominio, pues el mismo queda atado a la figura civil, hasta cuando se materialice \u2013se restituya- o se extinga por alguna de las causales legales. (negrillas fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el aparte referido corresponde a la sentencia de primera instancia, que, en el sentir de los casacionistas, \u00ab[c]on el texto transcrito el Juez interpreta erradamente y le da un alcance que no tiene al contenido de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 793 del C\u00f3digo Civil, toda vez que, como en el mismo Fallo se lee, esta NO es una actividad constitutiva de distracci\u00f3n u ocultamiento\u00bb; olvidando que, al tenor del art\u00edculo 334, ejusdem, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores, en segunda instancia. Es decir, que, en el presente asunto, la fundamentaci\u00f3n del cargo deb\u00eda centrarse en demostrar la equivocada hermen\u00e9utica que se achac\u00f3 al ad quem, pero los recurrentes denuncian el supuesto error en que incurri\u00f3 el a quo; cuestionamiento que no tiene cabida en esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Y, al margen de lo dicho, si se considerara que los impugnantes, en la parte final del cargo, muy brevemente sostienen que \u00ab[s]i el Tribunal hubiese entendido correctamente el alcance y el efecto de lo dispuesto en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, no habr\u00eda pronunciado en (\u2026) las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb, tampoco ser\u00e1 admisible la censura, porque los recurrentes no precisan cu\u00e1l fue el error de interpretaci\u00f3n que, en concreto, cometi\u00f3 el fallador de segundo grado, pese a que esta Sala tiene dicho que \u00abcuando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Adicionalmente, la violaci\u00f3n directa de la ley, reiteradamente ha se\u00f1alado la Corte, \u201ces necesario demostrarla\u201d, por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreci\u00f3n debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo preciso que se manifieste en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal conducta y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte\u00bb.5 (AC5722-2021). <\/p>\n
4. Las acusaciones planteadas por la v\u00eda indirecta no corren con mejor suerte, porque los casacionistas no se ci\u00f1eron a los estrictos par\u00e1metros demarcados por el C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente en el numeral 2 de su art\u00edculo 336, a tono con el cual -y su desarrollo jurisprudencial- adem\u00e1s de indicarse la norma sustancial inadvertida en la sentencia del tribunal, debe determinarse la modalidad del desacierto cometido por el ad quem, esto es, error de hecho, manifiesto y trascedente, al valorar la demanda, su contestaci\u00f3n o de una prueba en concreto; o error de derecho, configurado por desconocerse una disposici\u00f3n probatoria; tarea que exige demostrar el desatino del fallador de segundo grado, sin que sea permitido entremezclar el desafuero f\u00e1ctico con el jur\u00eddico, atendiendo a las particularidades que estructuran cada una de esas equivocaciones. <\/p>\n
(i) Atinente al cargo primero, de entrada, se observa que est\u00e1 encaminado a cuestionar el fallo de primer grado, desconoci\u00e9ndose que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente procede contra sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores. <\/p>\n
V\u00e9ase que, para sustentar la acusaci\u00f3n, se describe la actuaci\u00f3n surtida ante el juzgador de conocimiento, desde la incorporaci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n, aqu\u00ed discutido, hasta la no terminaci\u00f3n del proceso como consecuencia de dicho acuerdo, para concluir que la sentencia del a quo \u00abviola de manera indirecta lo dispuesto en los art\u00edculos 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil, al igual que, en lo dispuesto en los art\u00edculos 312 y 313 del C\u00f3digo General del Proceso; al exigir y establecer el Juzgado REQUISITOS NO ESTABLECIDOS EN LA LEY CON BASE EN LOS CUALES NEG\u00d3 LA TRANSACCI\u00d3N (\u2026). Apreciando las pruebas documentales, como debe ser, es decir, de manera INDIVISIBLE, es claro, evidente y trascendente que el Juez motiva la Sentencia INVENTANDO O SUPONIENDO la prueba de la supuesta distracci\u00f3n al desconocer (\u2026) hechos relevantes: (\u2026) Tal y como obra en el Expediente, EL TRABAJO DE PARTICI\u00d3N FUE ELABORADO Y PRESENTADO DE COM\u00daN ACUERDO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DE TODAS LAS PARTES QUE ACTUAN EN ESTE PROCESO\u00bb. (\u2026). El Juez deja de observar que el d\u00eda veinte (20) de mayo de dos mil diez y seis (2016) se suscribe el contrato de transacci\u00f3n y que en cumplimiento de lo dispuesto por todas las partes, el d\u00eda diez y nueve (19) de julio de dos mil diez y seis (2016) es decir, SESENTA (60) DIAS DESPUES DE FIRMADO EL CONTRATO DE TRANSACCI\u00d3N y como consecuencia de una de sus m\u00faltiples obligaciones, se otorga la referida escritura p\u00fablica, con lo cual se demuestra que el Juez en la Sentencia desconoce y viola lo que ordena el art\u00edculo 250 del C.G.P., pues de manera arbitraria y sin justificaci\u00f3n legal alguna DIVIDE LA PRUEBA\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que esta Corporaci\u00f3n ha insistido en que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb. (AC8255-2017, reiterado en AC998-2022 y AC5520-2022). <\/p>\n
Y aunque al final del cargo se expresa que \u00ab[s]i el Tribunal hubiese apreciado y valorado de manera correcta la existencia y validez del Contrato de Transacci\u00f3n celebrado entre las partes, hubiese proferido Sentencia Anticipada y no habr\u00eda pronunciado (\u2026) las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb, lo que se advierte es que esa conclusi\u00f3n irrumpe en el terreno f\u00e1ctico, pese a denunciar que el ad quem incurri\u00f3 en yerro de derecho, sin indicar la forma en que \u00e9ste inobserv\u00f3 las previsiones que regulan la producci\u00f3n, aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, valoraci\u00f3n o eficacia de los medios probatorios analizados, para adoptar su decisi\u00f3n; falencias que dan al traste con la admisi\u00f3n del cargo, en atenci\u00f3n a que \u00abse exige que adem\u00e1s de citar las normas vulneradas se indique en que consiste la violaci\u00f3n de las mismas, como ha se\u00f1alado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala, al indicar que es requerida \u201cla aducci\u00f3n de las razones por las cuales se considera que el Tribunal la viol\u00f3, de forma que la Corte examine dichos argumentos y, seg\u00fan la v\u00eda escogida, emprenda el examen de fondo de la cuesti\u00f3n en el marco estricto del sendero trazado por el recurrente, dado lo dispositivo del recurso extraordinario\u201d (CSJ, SC, 22 sep. 2014, rad. 2011-00792-01)\u00bb. (AC5403-2015). <\/p>\n
(ii) En el cargo segundo esa \u00faltima inconsistencia puesta de presente en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior resulta ser m\u00e1s ostensible, porque desde el inicio de la formulaci\u00f3n de la censura se hace una mixtura no permitida en casac\u00f3n, al se\u00f1alarse que \u00ab[a]cuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de manera indirecta de lo dispuesto en los art\u00edculos 2469 y 2483 del C\u00f3digo Civil; como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la falta de apreciaci\u00f3n de la prueba de la existencia del contrato de transacci\u00f3n; normas que constituyen base esencial del fallo impugnado por error de derecho en la falta de apreciaci\u00f3n de la prueba de la existencia del contrato de transacci\u00f3n suscrito entre la Demandante; las Coadyuvantes de la Demandante; la Litisconsorte Cuasinecesario; y los Demandados. Normas Probatorias Que Se Consideran Violadas: Los art\u00edculos 250; 254; 256; y, 272 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ese hibridismo de errores, para estructurar el ataque por la senda indirecta, no es permitido en casaci\u00f3n, pues si en \u00abun solo cargo y respecto de los mismos medios de prueba se delatan simult\u00e1neamente errores de hecho y de derecho en su apreciaci\u00f3n, (\u2026) resulta incompatible dado que los de la primera estirpe ata\u00f1en con la contemplaci\u00f3n objetiva o material de ellos, en cuanto emanan de haberse preterido, adicionado o cercenado su contenido; y los de la segunda, de derecho, parten justamente de la contemplaci\u00f3n fiel de los mismos, pero se tilda la incorrecta valoraci\u00f3n por contravenir normas de disciplina probatoria; tampoco resulta aceptable exponer la fundamentaci\u00f3n haciendo un h\u00edbrido de ambos errores.(AC de 9 marzo de 2001 Exp. 31641-02)\u00bb (AC5520-2022). <\/p>\n
Deficiencia que, ciertamente, torna inadmisible el cargo, m\u00e1xime si, al igual que en la acusaci\u00f3n que antecede, la censura se dirige a criticar el fallo de primera instancia, contrariando el primer inciso del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso; resultando insuficiente, para entender dirigido el ataque contra la decisi\u00f3n del ad quem, que escuetamente se afirme, al final de la acusaci\u00f3n, que \u00ab[s]i el Tribunal hubiese apreciado y valorado de manera correcta la existencia y validez del Contrato de Transacci\u00f3n celebrado entre las partes, hubiese proferido Sentencia Anticipada y no habr\u00eda pronunciado en contra de mis representados las condenas contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia objeto del recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb, porque no se expresa en qu\u00e9 forma el juzgador de segunda instancia habr\u00eda incurrido en el yerro f\u00e1ctico denunciado, al valorar el aludido contrato. <\/p>\n
(iii) En cuanto al cargo tercero, hay que decir que su admisi\u00f3n se ve truncada por deficiencias formales en su formulaci\u00f3n, comoquiera que los recurrentes, de manera confusa, fundan la violaci\u00f3n normativa en error de hecho por no apreciar el acuerdo transaccional, al tiempo que tambi\u00e9n denuncian un error de derecho por no valorar la confesi\u00f3n judicial de la convocante, Ginna Juliana Carranza Aguirre; mixtura que, como se dijo en p\u00e1rrafos delanteros, es extra\u00f1a a la naturaleza de este recurso extraordinario, no advirti\u00e9ndose en la acusaci\u00f3n una exposici\u00f3n de sus fundamentos, \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb, como lo ordena el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora bien, no se pierde de vista que en el cargo se extraen unos supuestos hechos \u00abdel audio que corresponde a la Confesi\u00f3n Judicial de la Demandante\u00bb, pero no se precisa si ese \u00abaudio\u00bb equivale a la grabaci\u00f3n del interrogatorio de parte, o a una prueba trasladada y a una practicada extrajudicialmente, entre otras posibilidades; vaguedad que no satisface la forma de presentar la demanda de casaci\u00f3n, porque \u00ab[a]l denunciar yerros de hecho es necesario identificar los medios de convicci\u00f3n sobre los cuales recay\u00f3 el equ\u00edvoco del juzgador y hacer evidente la supuesta preterici\u00f3n o cercenamiento, lo que se deber\u00e1 se\u00f1alar de manera manifiesta, de tal suerte que haga ver que la valoraci\u00f3n realizada por el juzgador resulta absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificaci\u00f3n\u00bb. (AC242-2016). <\/p>\n
5. Tampoco tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad los argumentos planteados con fundamento en la causal tercera de casaci\u00f3n, denunciando, en los cargos primero, segundo y tercero, no estar la sentencia en consonancia con la contestaci\u00f3n de la demanda, con las excepciones propuestas, y \u00abcon las excepciones que el Juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque los impugnantes no califican de incongruente la sentencia dictada por el ad quem, sino el fallo de primera instancia, trascribiendo los siguientes apartes de esta decisi\u00f3n: \u00ab1. A folio 2324 del Expediente se lee (\u2026) que el problema jur\u00eddico que determina la fijaci\u00f3n del litigio consiste en: \u201cDeterminar si los demandados (\u2026) [y] sucesores procesales (\u2026) sustrajeron del haber de la sociedad conyugal (\u2026). 2. A folio 9 de la Sentencia, respecto del problema jur\u00eddico se lee: \u201c\u2026\u00bfDeterminar si los demandados sustrajeron del haber de la sociedad conyugal (\u2026) los bienes que se denuncian en la demanda?\u201d. 3. [y 4] A folio 20 de la Sentencia, en su parte resolutiva se lee: \u201cPRIMERO: DECLARAR QUE MARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, HOLLMAN, FELIPE Y LUZ MERY CARRANZA CARRANZA Y YAMILE PI\u00d1ERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE Y VICTOR ERNESTO CARRANZA PI\u00d1ERES, en calidad de herederos determinados de VICTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA, ocultaron y\/o distrajeron dolosamente de la sociedad conyugal (\u2026) acciones o cuotas de participaci\u00f3n [y bienes inmuebles]\u00bb. <\/p>\n
Entonces, esos cargos, as\u00ed formulados, no pueden ser admitidos a tr\u00e1mite, por no ajustarse al inciso primero del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuya virtud \u00ab[e]l recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las (\u2026) sentencias (\u2026) proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese particular, esta Sala anot\u00f3: <\/p>\n
Atinente al cargo postrero, fundado en la causal tercera del art\u00edculo 336 -incongruencia- porque, a juicio del censor, en los hechos, pretensiones, excepciones y alegatos de las partes no se expone \u00abdiscordia o inconformidad en relaci\u00f3n con la distribuci\u00f3n de los parqueaderos de la copropiedad\u201d por lo que \u00abno tiene sentido que en el fallo el juzgador AQUO lo mencione\u2026\u00bb, el extrav\u00edo del ataque se hace patente al observar que el recurso de casaci\u00f3n procede contra las sentencias que especifica el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abcuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia\u00bb, de tal forma que cualquier inconformidad en relaci\u00f3n con lo resuelto en la primera no es objeto de la misma, sino que debi\u00f3 plantearse y definirse mediante el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente, como el ataque tiene por objeto la determinaci\u00f3n de primera instancia, de ninguna manera desarrolla la necesaria labor de cotejo tendiente a evidenciar la discordancia entre los hechos, las pretensiones y las excepciones con lo resuelto en segundo grado. En todo caso, mal podr\u00eda adelantar con \u00e9xito esta tarea, pues revisada la sentencia del Tribunal por ning\u00fan lado se advierte la menci\u00f3n reprochada. (AC1417-2023). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, basado en la causal quinta de casaci\u00f3n, se formul\u00f3 el cargo \u00fanico, que, en opini\u00f3n de los casacionistas, se configur\u00f3 porque \u00abla Sentencia recurrida de haberse dictado en un juicio viciado de una causal de nulidad consagrada en la ley como consecuencia de la existencia de un vicio de procedimiento insaneable como lo es la falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
Esta Sala ha se\u00f1alado que el \u00e9xito de la causal de que trata el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, requiere: \u00ab(a) la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; (b) el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n est\u00e1 igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la \u201cespecificidad\u2026; (c) es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita\u2026 emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona; y (d) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. (CSJ AC, 18 Dic. 2009, Rad. 2002-00007-01; CSJ AC, 25 Jul. 2011, Rad. 2006-00090-01; AC6886-2016, Rad. 1998-00337-01)\u00bb. (AC1178-2018). <\/p>\n
En el caso bajo examen, se soport\u00f3 la acusaci\u00f3n en que [e]l Tribunal incurre en esta causal por falta de aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos. 128; 129; 133 numerales 1 y 2; 134; 135; 136; y, 312 del C\u00f3digo General del Proceso apreciando como en diferentes oportunidades procesales alegue la falta de competencia; la cual, conforme a lo dispuesto en la Ley es un vicio procesal insaneable\u00bb. (\u2026). \u00abDesde el momento procesal en que la Demandante por conducto de su apoderado judicial aport\u00f3 el documento que contiene el contrato de transacci\u00f3n; \u00e9sta, las Coadyuvantes y la Litisconsorte Cuasinecesario le solicitamos al Juez de conocimiento desde la audiencia de conciliaci\u00f3n que declarara terminado el proceso por tal virtud; y \u00e9ste se abstuvo de cumplir con tal deber a Su cargo; posteriormente se abstiene de reconocer el efecto de la Transacci\u00f3n en la Sentencia como expresamente lo indica el C.G.P.; y el Tribunal en la Sentencia que es objeto del recurso de Casaci\u00f3n confirma lo dispuesto sobre el particular en el Fallo de Primera Instancia\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, de acuerdo el numeral 1\u00ba de la referida disposici\u00f3n, \u00abel proceso es nulo, en todo o en parte, (\u2026) [c]uando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia.\u00bb De igual modo, el art\u00edculo 16, idem, precept\u00faa que \u00ab[l]a jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, no se observa que concurran los presupuestos legales constitutivos de la nulidad alegada, porque en el caso de marras no se declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n ni de competencia, por consiguiente, no resultar\u00eda procedente declarar la invalidaci\u00f3n de lo actuado en ninguna de las dos instancias; razones suficientes para inadmitir el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
B. DEMANDA INTERPUESTA POR LOS SUCESORES PROCESALES DE V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denunciaron los recurrentes la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, con ocasi\u00f3n del error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al tener por demostrada la existencia del dolo por el contenido de las escrituras mediante las cuales se formalizaron la cesi\u00f3n y \u00abfiducia\u00bb, sin exponer el m\u00e9rito asignado a dichas documentales, incumpliendo el imperativo contenido en el inciso segundo del art\u00edculo 176 de la codificaci\u00f3n adjetiva civil. <\/p>\n
Particularmente, indicaron que la sanci\u00f3n consagrada en el citado art\u00edculo 1814 \u00ab(\u2026) no emerge objetiva, requiere acreditar varios elementos; presupone, tiene dicho la Corporaci\u00f3n, \u00abplena demostraci\u00f3n f\u00e1ctica, clara e inequ\u00edvoca (…) no s\u00f3lo de la calidad jur\u00eddica del sujeto, del bien social y de la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n, sino del dolo; o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar da\u00f1o. La enajenaci\u00f3n de bienes durante un matrimonio con presunci\u00f3n de sociedad conyugal es insuficiente para dejar sentada la intenci\u00f3n positiva de causar da\u00f1o. La raz\u00f3n estriba en que es una facultad otorgada por la misma ley a los c\u00f3nyuges. Claro est\u00e1, siempre y cuando se ejerza con responsabilidad, no as\u00ed en caso contrario. (\u2026). Luego, si como se advierte, el dolo no se comprueba, y menos con las dichas documentales; entonces, mal procedi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil de Decisi\u00f3n cuando da por probado un dolo inexistente en el medio probatorio se\u00f1alado, m\u00e1xime cuando omite se\u00f1alar el valor que asigna dicha prueba, raz\u00f3n por la cual el cargo est\u00e1 llamado a prosperar\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Al amparo del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los casacionistas acusaron la sentencia del Tribunal de violar indirectamente los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, a casusa del error de derecho por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 192 y 205 del compendio procedimental, yerro que condujo al ad quem a encontrar probado el dolo respecto de Yamile Pi\u00f1eres Leal de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, en sus condiciones de sucesores procesales del Causante V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, con ocasi\u00f3n de la confesi\u00f3n ficta o presunta de los demandados Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y sus hijos Luz Mery, Hollman y Felipe Carranza Carranza, declaraciones que tienen el valor de testimonios respecto de los mencionados sucesores. <\/p>\n
Precisaron que \u00ab(\u2026) el art\u00edculo 192 del C. G. P., se refiere es a la confesi\u00f3n espont\u00e1nea, a aquella confesi\u00f3n que, de manera real, libre o abierta, sale de boca del interrogado; no tiene cabida la confesi\u00f3n ficta, (\u2026). Es inaudito que, se aplique, bajo la figura del testimonio de terceros, la sanci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 205 del C. G. P., a quienes asisten a deponer el interrogatorio, cuando lo legal es que las preguntas contenidas en el dicho interrogatorio, allegado por la parte demandante, han debido serles formuladas directamente a dichas personas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Esgrimiendo la causal segunda de casaci\u00f3n, los recurrentes rebatieron el fallo de segunda por infringir indirectamente los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, por error de derecho derivado de la inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el ad quem pretermiti\u00f3 decretar, como prueba, el acta de audiencia de fecha 24 de agosto de 2018 -realizada en el sucesorio adelantado en el juzgado 31 de familia de Bogot\u00e1-, solicitada por la apoderada de Yamile Pi\u00f1eres Leal de Carranza, Kimberlly Annette y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres. <\/p>\n
Elemento persuasivo que acredita que los inmuebles de la \u00abfiducia\u00bb -de los que se conden\u00f3 a los sucesores procesales a perder sus porciones en ello- conformaron los inventarios y aval\u00faos, y que si tales bienes no ingresaron en el trabajo de partici\u00f3n, fue porque el juez de conocimiento los excluy\u00f3, al resolver la objeci\u00f3n presentada por la parte aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
Agregaron que, a la luz de los art\u00edculos 169 y 170, ibidem, correspond\u00eda al Tribunal decretar prueba de oficio, pero al desatender ese imperativo mandato vulner\u00f3 el debido proceso, dando lugar a que proceda el recurso de casaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Acusaron por la v\u00eda indirecta el quebrantamiento de los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, por error de derecho, porque el sentenciador de segundo grado pretermiti\u00f3 aplicar el art\u00edculo 70 del C\u00f3digo General del Proceso, al asumir que el contrato de transacci\u00f3n estaba firmado \u00fanicamente por algunos de los sujetos procesales, cuando realmente estaba suscrito por todos los legitimados. <\/p>\n
Lo anterior, entendiendo que Sandra Victoria Carranza Ocampo no pod\u00eda firmar v\u00e1lidamente ese convenio, por no haber aun sido reconocida como heredera, y, seg\u00fan el art\u00edculo 70, ibidem, deb\u00eda recibir el proceso en el estado en que se encontrara, momento para el cual dicha transacci\u00f3n ya obraba en el proceso. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Denunciaron los casacionistas la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, con ocasi\u00f3n del error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal, al inaplicar el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n que llev\u00f3 a considerar erradamente la existencia del dolo e imponer la sanci\u00f3n de que trata la primera norma citada, pese a que el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, demuestra lo contrario, es decir, la inexistencia del dolo y, por ende, no pod\u00eda sancionarse a Yamile Pi\u00f1eres Leal de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres. <\/p>\n
En ese orden, el fallador dej\u00f3 de apreciar el inventario y aval\u00fao, as\u00ed como su objeci\u00f3n; el acta de la audiencia surtida en el juzgado de familia el 24 de abril de 2018; el contrato de transacci\u00f3n; y \u00ab[n]o consider\u00f3 que la transacci\u00f3n se firma con fecha 20 de mayo de 2016, ni que Sandra Victoria Carranza Ocampo fue reconocida como hija del Causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o hasta el 13 de junio de 2016, fecha de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
Con soporte en la causal segunda de casaci\u00f3n, los impugnantes se\u00f1alaron la infracci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, suscitada en el error de derecho en que incurri\u00f3 el juzgador de segunda instancia, al valorar el documento de transacci\u00f3n y colegir que solamente estaba suscrito por algunos de los sujetos procesales, cuando realmente lo estaba por todos los legitimados, \u00aby si lo que echa de menos es la firma de la interesada Sandra Victoria Carranza Ocampo, incurre en tama\u00f1o yerro, por cuanto esta no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para intervenir o cuestionar dicha transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Equivocaci\u00f3n advertida en los siguientes hechos: a) Sandra Victoria Carranza Ocampo no pod\u00eda firmar la transacci\u00f3n porque fue reconocida como hija del Causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, con posterioridad a la suscripci\u00f3n del mentado documento; b) El 13 de julio de 2016 se alleg\u00f3 al proceso la adhesi\u00f3n efectuada por los sucesores procesales, fecha en la que no aparece que se le hubiere reconocido personer\u00eda para actuar en el sucesorio a a Sandra Victoria Carranza Ocampo, raz\u00f3n por la cual la transacci\u00f3n estaba debidamente ejecutada; c) No consider\u00f3 el Tribunal que si por la transacci\u00f3n todos los bienes ingresaban al activo de la sucesi\u00f3n del causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, ning\u00fan perjuicio se estaba irrogando a la reci\u00e9n reconocida heredera Sandra Victoria Carranza Ocampo; y d) \u00abEl oponerse a la efectividad de la transacci\u00f3n, Sandra Victoria Carranza Ocampo solo ten\u00eda un fin, reclamar, como efectivamente sucedi\u00f3, la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, para lucrarse, contando para ello con la anuencia del Despacho judicial llamado a evitar que se d\u00e9 el abuso del propio derecho, buscando un enriquecimiento de manera dolosa\u00bb. <\/p>\n
CARGO OCTAVO <\/p>\n
Acusaron los recurrentes la sentencia de segundo orden de violar indirectamente los art\u00edculos 1824 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, por error de hecho derivado de la indebida valoraci\u00f3n del interrogatorio allegado a la actuaci\u00f3n, del que evidenci\u00f3 el dolo de los sucesores procesales, para sancionarlos seg\u00fan la primera norma citada, al asumirse que exist\u00eda el dolo bajo la figura del testimonio de terceros, por aplicar ilegalmente una confesi\u00f3n ficta ante la inasistencia de los demandados a rendir sus interrogatorios. <\/p>\n
Espec\u00edficamente recriminaron que \u00ab[e]ncontrar dolo en que, se conoc\u00eda la existencia de las herederas Ginna Juliana Carranza Aguirre, Vivi\u00e1n Andrea Carranza Rubio e Iliana Catalina Carranza Pati\u00f1o, es absurdo; s\u00ed eran conocidas, pero precisamente ellas firmaron la transacci\u00f3n para que, por parte de Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y sus demandados hijos, los bienes ingresaran al haber de la sucesi\u00f3n del Causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o. Respecto de Sandra Victoria Carranza Ocampo, era desconocida como heredera para el momento de efectuarse cesi\u00f3n y fiducia, dado que ella no hab\u00eda sido reconocida como heredera del Causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para actuar en el proceso sucesorio, mucho menos en el proceso de simulaci\u00f3n, no ten\u00eda en ese momento la calidad de heredera, mucho menos hab\u00eda recibido personer\u00eda para actuar en el proceso simulatorio. (\u2026). Tratar de encontrar dolo, derivado del estado de salud del hoy Causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o deviene en absurdo, en la medida en que la enfermedad entra\u00f1a una contingencia, el enfermo se alienta, o el enfermo muere, y normalmente no todo enfermo muere\u00bb. <\/p>\n
Expresamente dijeron los impugnantes que \u00abafincado en la causal de casaci\u00f3n establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C.G.P., por violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, y art\u00edculo 807 del C\u00f3digo Civil; comete yerro el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil de Decisi\u00f3n al encontrar dolo en que \u201cse limit\u00f3 el dominio de dichos bienes ra\u00edces\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El error en que incurre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil de Decisi\u00f3n estriba en que, en el fideicomiso que nos ocupa, de ninguna manera, sobre los bienes del fideicomiso se limit\u00f3 su dominio, habida cuenta de que no existe la figura del fiduciario, esto en gracia de estar los bienes en cabeza del fiduciante (Se\u00f1ora Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza), esto porque en nada influye que los bienes est\u00e1n sometidos a la condici\u00f3n de la restituci\u00f3n a favor de los beneficiarios cuando fallezca la fideicomitente\u2026; m\u00e1xime si se tiene que, a las voces del art\u00edculo 807 del C\u00f3digo Civil, <AUSENCIA DE FIDUCIARIO>. Cuando en la constituci\u00f3n del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todav\u00eda pendiente la condici\u00f3n, gozar\u00e1 fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus herederos. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el par\u00e1grafo segundo del literal b) del art\u00edculo 344, ibidem, en primer lugar, se resolver\u00e1n conjuntamente los cargos que enrostran la vulneraci\u00f3n de las mismas disposiciones normativas, y apuntan a revelar id\u00e9nticas conclusiones, supuestamente extra\u00eddas equivocadamente por el ad quem. <\/p>\n
2. As\u00ed, en primer lugar, se agrupar\u00e1n las acusaciones segunda, tercera, sexta, octava y noveno por versar sobre la existencia del dolo de los sucesores procesales, que condujo a la consecuente sanci\u00f3n que se les impuso, consistente en perder sus participaciones en los bienes materia del litigio. <\/p>\n
Para ese prop\u00f3sito, es del caso recordar que el Tribunal concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe modo que tendr\u00e1 modificarse la sentencia apelada con la finalidad de aclarar (i) que fue V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), y no sus sucesores, quien particip\u00f3 con los dem\u00e1s demandados en el ocultamiento y\/o distracci\u00f3n dolosa de la sociedad conyugal de V\u00cdCTOR MANUEL CARRANZA NI\u00d1O (qepd) y MAR\u00cdA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA de los bienes inmuebles objeto del fideicomiso civil, y (ii) que las personas referidas en el p\u00e1rrafo anterior no est\u00e1n sujetas a la consecuencia jur\u00eddica de restituci\u00f3n doblada de los inmuebles objeto del fideicomiso civil, prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. Por \u00faltimo, se advierte que dichas circunstancias no impiden que aquellos herederos y c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite pierdan sus porciones en aquellos inmuebles, puesto que, en cualquier caso, se acredit\u00f3 que V\u00cdCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd) particip\u00f3 en los actos fraudulentos, lo que implica que sus sucesores por representaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1n sujetos a la sanci\u00f3n de perder las porciones sobre tales bienes, de acuerdo con la normatividad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las refutaciones planteadas por los casacionistas lucen desenfocadas, por cuanto el fallador de segundo orden no atribuy\u00f3 conducta dolosa a Yamile Pi\u00f1eres Leal de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, sino a V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, cuya muerte habilit\u00f3 que aqu\u00e9llos entraran en esta actuaci\u00f3n, como sus sucesores procesales, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De suerte que cualquier cuestionamiento sobre las transferencias fraudulentas de bienes, constatadas en las instancias, deb\u00eda dirigirse a desvirtuar que ese causante no intervino dolosamente en la realizaci\u00f3n de esas enajenaciones; pero as\u00ed no aconteci\u00f3, puesto que los recurrentes desacertaron en su ataque, atentando contra la precisi\u00f3n con la que debe formularse el cargo en casaci\u00f3n, constituy\u00e9ndose, as\u00ed, \u00ab[e]l fen\u00f3meno del desatino de la acusaci\u00f3n [que] ocurre \u201ccuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u201d, por lo que las razones del casacionista \u201ccarecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisi\u00f3n, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma raz\u00f3n anotada, le resta todo m\u00e9rito de prosperidad a la censura.\u201d (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638)\u00bb. (AC 323-2000, rad.1996-8690-02). <\/p>\n
3. De igual modo, se abordar\u00e1n con el mismo argumento los cargos quinto y s\u00e9ptimo, al recaer sobre el contrato de transacci\u00f3n, que, para los impugnantes, lo suscribieron todos los legitimados, en consecuencia, el proceso debi\u00f3 terminar. <\/p>\n
Tem\u00e1tica que el sentenciador de segundo orden resolvi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n la audiencia del 20 de septiembre de 2017 el a quo no acept\u00f3 la f\u00f3rmula de transacci\u00f3n, la cual fue confirmada por este Tribunal mediante auto del 29 de enero de 2018, en donde se expuso que \u201cla relaci\u00f3n material o situaci\u00f3n jur\u00eddica de los herederos, espec\u00edficamente su condici\u00f3n de tal, es la que legitima a cada uno de ellos para intervenir en el juicio en el que pretenden la restituci\u00f3n de los bienes a la sociedad conyugal, a efectos de la posterior distribuci\u00f3n de la herencia\u201d, de manera que si la se\u00f1ora SANDRA VICTORIA CARRANZA OCAMPO era heredera, \u201cprecisamente esa condici\u00f3n [es] la que (\u2026) la legitima para intervenir en el proceso\u201d, por lo que si ella \u201cfue aceptada como litisconsorte, que se considera cuasi necesario, debe entenderse que existe una comunidad de suertes\u201d, de ah\u00ed que se concluyera que \u201csi el contrato de transacci\u00f3n y el acuerdo de adhesi\u00f3n al mismo no fueron suscritos por la litisconsorte cuasi necesaria atr\u00e1s mencionada, es claro que no pod\u00eda decretarse la terminaci\u00f3n del presente proceso\u201d. <\/p>\n
4. Bajo esta \u00f3ptica, emerge con claridad la improcedencia de los reparos formulados por los apelantes frente a la falta de reconocimiento de la transacci\u00f3n, ya fuera como una excepci\u00f3n innominada (art. 282, CGP) o por medio de sentencia anticipada (art. 278, ibidem) ni tampoco esas situaciones condujeran a la nulidad del fallo de primer grado, puesto que dicho asunto fue resuelto oportunamente en la etapa procedimental correspondiente, en la que, inclusive, se explicaron, a trav\u00e9s de pronunciamientos en las dos instancias, los motivos por los que no era dable la terminaci\u00f3n de este litigio por transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Razonamiento que ahora se censura por esta v\u00eda extraordinaria, para insistir en la finalizaci\u00f3n del proceso porque el acuerdo transaccional fue firmado por quienes contaban con legitimaci\u00f3n para el efecto, condici\u00f3n de la que carec\u00eda Sandra Victoria Carranza Ocampo, quien no lo suscribi\u00f3, ya que, en ese entonces, no hab\u00eda sido reconocida como hija de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o. <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n insuficiente para derribar las conclusiones del ad quem, que estim\u00f3 que, \u00aben virtud del principio de la preclusi\u00f3n, definido en la jurisprudencia como \u201cuno de los principios fundamentales del derecho procesal y que en desarrollo de \u00e9ste se establecen las diversas etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, as\u00ed como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, trascurrida la cual no pueden adelantarse\u201d, dicho debate fue zanjado en debida forma y no puede reabrirse mediante este instrumento de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pero los recurrentes no discutieron ese concreto aparte, omisi\u00f3n que torna inadmisibles, por incompletos, los cargos analizados, al no recaer sobre la totalidad las consideraciones del Tribunal para denegar la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, puesto que \u00abel censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb. (AC7629-2016, reiterado en AC2868-2023). <\/p>\n
A m\u00e1s de eso, el juzgador de segundo grado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que \u00abpara que este proceso hubiera terminado por transacci\u00f3n se requer\u00eda que todas las partes suscribieran el acuerdo respectivo; sin embargo, como se analiz\u00f3 en su momento oportuno, ello no ocurri\u00f3, dado que SANDRA VICTORIA CARRANZA OCAMPO, heredera de V\u00cdCTOR MANUEL CARRANZA NI\u00d1O (qepd) y litisconsorte cuasinecesaria del extremo activo en este litigio, no intervino en ese negocio jur\u00eddico\u00bb; situaci\u00f3n est\u00e1 que los casacioncitas aceptan, para desgajar falta de legitimaci\u00f3n de Carranza Ocampo para firmar, en su momento, dicho convenio, pese a que afirman que \u00abcon fecha 13 de julio de 2016 se allega al proceso la adhesi\u00f3n efectuada por los sucesores procesales del demandado Causante V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eros y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eros\u00bb; sin explicar s\u00f3lidamente por qu\u00e9 \u00e9stos si adhirieron al acuerdo despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n, pero la reconocida despu\u00e9s del fallecimiento de Carranza Ni\u00f1o no pudo hacerlo, pese a que el querer de los aqu\u00ed impugnantes era terminar el proceso; circunstancia que deja sin probar los yerros que se atribuyen al Tribunal, no obstante ser carga del recurrente en casaci\u00f3n \u00abdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. (AC2852-2023). <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco puede salir avante el cargo cuarto que denuncia un error de derecho, porque el Tribunal inaplic\u00f3 los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo, al no solicitar oficiosamente el acta de audiencia de fecha 24 de agosto de 2018, realizada en el juicio sucesorio adelantado en el Juzgado 31 de familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Improsperidad fundamentada en que durante la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el juez de conocimiento, al decretar las pruebas correspondientes, dej\u00f3 esta expresa constancia: \u00abT\u00e9ngase en cuenta que los herederos determinados de V\u00edctor Ernesto Carraza Carranza, esto es, los se\u00f1ores Yamile Pi\u00f1eres Leal, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, en la contestaci\u00f3n de la demanda no hicieron solicitud probatoria alguna\u00bb; sin que los interesados mostraran su desacuerdo, al respecto.6 <\/p>\n
Asunto que, ni por asomo, se ve sugerido en los memoriales de apelaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n, ni en otro escrito que se presentara durante la oportunidad habilitada por el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
Planteamiento in\u00e9dito que frustra la admisi\u00f3n del cargo propuesto, por no ajustarse a los requerimientos t\u00e9cnicos de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria, al no haber sido ventilado durante las instancias, y que, a decir esta Sala, \u00abadmitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u00bb (CSJ SC1732-2019); novedad que, a su vez, desdibuja el error endilgado al fallador de segunda instancia, por no decretar el medio probatorio que el recurrente echa de menos en casaci\u00f3n, olvidando que \u00abno corresponde a esta Corte suplir las falencias, debilidades o ausencia de debate de los medios de prueba en las oportunidades procesales (\u2026) [y] que la v\u00eda extraordinaria no ha de utilizarse \u201cpara repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora\u201d\u00bb. (CSJ, G.J. t. LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76, citada en SC, 9 sep. 2010, Rad. 2005-00103-01, Reiterado en AC694-2022 y en AC2881-2022). <\/p>\n
En ese orden, resultan suficientes las falencias precedentemente advertidas, para inadmitir todos los cargos formulados por los demandados Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Hollman Carranza Carranza, Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza y Luz Mery Carranza Carranza, as\u00ed como los cargos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, s\u00e9ptimo, octavo y noveno elevados por Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, quienes act\u00faan como sucesores procesales del fallecido V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza. <\/p>\n
En cuanto la acusaci\u00f3n primera propuesta por estos \u00faltimos, al considerar la Magistrada Ponente que debe impulsarse a tr\u00e1mite, se admitir\u00e1 en esta providencia, por econom\u00eda procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR todos los cargos formulados por los demandados Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Hollman Carranza Carranza, Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza y Luz Mery Carranza Carranza, as\u00ed como los cargos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, s\u00e9ptimo, octavo y noveno elevados por Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres -quienes act\u00faan como sucesores procesales del fallecido V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza-, contenidos en las demandas presentadas para sustentar los recursos de extraordinarios de casaci\u00f3n interpuestos contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 Ginna Juliana Carranza Aguirre. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: ADMITIR por la Magistrada Ponente el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, quienes act\u00faan como sucesores procesales del fallecido V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3rrase traslado com\u00fan de la demanda de casaci\u00f3n por quince (15) d\u00edas, a todos los opositores, para que formulen la r\u00e9plica respectiva, de conformidad con el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivos: 002Cuaderno1Tomo2Digitalizado.pdf <\/p>\n
2\u0002 Archivos: 002Cuaderno1Tomo2Digitalizado.pdf <\/p>\n
3\u0002 Archivos: 066Sentencia202110628.pdf <\/p>\n
4\u0002 Archivo: 19Sentencia.pdf <\/p>\n
5\u0002 Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
6\u0002 Minuto 25:18. Archivo: 011AudeinciaArt101Parte4. <\/p>\n
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AC3643-2023 (2023-00676-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC3643-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2013-00676-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de las demandas formuladas, de un […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}