AC3649-2023 (2019-00423-01)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3649-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-10-001-2019-00423-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja que interpusieron Nury Esperanza, Luz Amparo, \u00c1ngela Mar\u00eda y Olga Luc\u00eda Z\u00e1rate Torres contra la providencia proferida el 31 de enero de 2023, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, mediante la cual neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que estas formularon frente a la sentencia de 9 de diciembre de 2022. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En el escrito que dio inicio al juicio las convocantes solicitaron de la jurisdicci\u00f3n se declarara la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Guillermo Z\u00e1rate G\u00f3mez y Luz Miryam Correa Mar\u00edn durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 1984 y el 4 de mayo de 2019, as\u00ed como la existencia de sociedad patrimonial durante el mismo lapso, que pidieron declarar disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n [folios 161 a 174, archivo digital 0004]. <\/p>\n
2.- Tras haberse enmendado oportunamente la postulaci\u00f3n inicial, esta fue admitida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, el 12 de noviembre de 2019. [folio 201, ib\u00eddem]. <\/p>\n
3.- Al ser enterada del tr\u00e1mite, la demandada plante\u00f3 las defensas de \u00abPrescripci\u00f3n\u00bb e \u00abImprocedencia de la declaraci\u00f3n de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb [folios 244 a 262, ib.]. <\/p>\n
4.- El juzgado del conocimiento clausur\u00f3 la primera instancia mediante sentencia de 23 de noviembre de 2021, que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pretendida, pero desde el 10 de mayo de 1984 hasta el 14 de enero de 2014, as\u00ed como tambi\u00e9n, tuvo por probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la declaraci\u00f3n, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb [folios 405 a 407, ib.]. <\/p>\n
5.- Apelada la decisi\u00f3n por las promotoras de la acci\u00f3n, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en veredicto de 9 de diciembre de 2022 la confirm\u00f3, al considerar que <\/p>\n
(\u2026) si la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de la pareja ocurri\u00f3 el 14 de enero de 2014, y la formulaci\u00f3n de la demanda fue del 26 de septiembre de 2019, la presentaci\u00f3n de aquella no tiene la potencialidad de interrumpir el t\u00e9rmino prescriptivo plasmado por el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990. Motivo por el cual ha operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad entre los compa\u00f1eros permanentes [folios 99 a 117, archivo digital 0005]. <\/p>\n
6.- Contra la anterior providencia, la parte activa formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue negado en auto de 31 de enero de 2023. <\/p>\n
En sentir del ad quem, \u00abel disenso toral de la impugnante no gravita sobre su estado civil, tema ya zanjado, sino, \u00fanicamente sobre el reconocimiento de la sociedad patrimonial. De donde, se hace necesario determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n atendiendo la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica frustrada, ello, en consonancia con el art\u00edculo 338 del actual estatuto procesal\u00bb. <\/p>\n
Atendiendo dicho planteamiento, determin\u00f3 que, aun cuando a la hora de establecer la cuant\u00eda, las precursoras le asignaron unos valores a los bienes que hicieron parte de la uni\u00f3n marital, lo cierto es que \u00abno existe en la actuaci\u00f3n aval\u00fao legalmente aportado que sustente los mismos\u00bb, por lo que, para verificar el requisito en cita, tuvo en cuenta los valores reflejados en los certificados de tradici\u00f3n adosados respecto de cuatro inmuebles de los enlistados y, \u00absumados los valores tenidos en cuenta en los actos p\u00fablicos atr\u00e1s relacionados, se advierte que la pretensi\u00f3n frustrada o el monto del reclamo econ\u00f3mico fracasado corresponde a setenta y ocho millones novecientos mil pesos ($78.900.000.oo.), estimaci\u00f3n que no supera la cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n fijada por art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso en mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv), que equivalen a $1.000.000.000.oo.17 M\/te\u00bb, [folios 125 a 130, ib\u00eddem]. <\/p>\n
7.- Frente a la resoluci\u00f3n precedente, el extremo impugnante interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, solicit\u00f3 queja ante el superior, con sustento en que, de un lado, \u00aba\u00fan se est\u00e1 definiendo lo relativo a la existencia de la uni\u00f3n marital de los compa\u00f1eros permanentes LUZ MIRYAM CORREA MARIN y GUILLERMO ZARATE GOMEZ, en cuanto tiene que ver con el componente tiempo de duraci\u00f3n, es decir su extremo temporal\u00bb, lo que quiere decir que resulta aplicable el par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, porque se est\u00e1 \u00abimpugnando o reclamando un estado civil de los compa\u00f1eros o una declaratoria de la uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
Y, del otro porque, en su criterio, si fueron avaluados adecuadamente los bienes que conforman la masa social, toda vez que, los valores establecidos en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda fueron convalidados por el juzgador al admitir el libelo y por la llamada juicio al guardar silencio, por lo que \u00abel monto de los bienes que se estableci\u00f3 incluso desde la subsanaci\u00f3n de la demanda que dio origen a este proceso, permite suponer que se (sic) estamos dentro del rango econ\u00f3mico para poder recurrir en casaci\u00f3n toda vez que su sumatoria se cuantifica en la suma de $2.305.000.000.oo, cuant\u00eda muy superior al tope exigido en el art. 339 del C.G.P y por tal motivo ha debido haberse concedido el recurso de casaci\u00f3n interpuesto\u00bb. <\/p>\n
8.- En prove\u00eddo de 11 de octubre del a\u00f1o en curso, el colegiado mantuvo inc\u00f3lume su negativa, insistiendo en que \u00abla discusi\u00f3n se centr\u00f3 en lo que respecta a la prosperidad temporal de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues, lo concerniente al estado civil ya hab\u00eda sido definido [d]e ah\u00ed que, contrario a lo sostenido por el extremo actor, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n termina por atender de forma exclusiva una pretensi\u00f3n econ\u00f3mica, cuyo an\u00e1lisis se bas\u00f3 en los elementos de juicio que obraban en el expediente\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, aunque las interesadas allegaron con el legajo de la inconformidad, pruebas con las que pretend\u00edan demostrar el valor comercial de los bienes, lo hicieron extempor\u00e1neamente, lo que imposibilitaba su an\u00e1lisis. Desestimada as\u00ed la censura horizontal, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente digital para que se surtiera el recurso subsidiario, lo que explica la presencia de las diligencias en esta sede [folios 156 a 160, ib.]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con lo estipulado por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De la lectura de dicho aparte normativo se extrae que el fin primordial de la queja radica en determinar si err\u00f3 o no el fallador al negar la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n o la casaci\u00f3n, seg\u00fan sea el caso, por lo que, en trat\u00e1ndose del \u00faltimo mencionado, compete a la Corte establecer si: i) resulta procedente la habilitaci\u00f3n del recurso a la luz del art\u00edculo 334 de la ley adjetiva; ii) se propuso en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el canon 337 ejusdem; y, iii) la parte que lo formul\u00f3 se encuentra legitimada para ello, seg\u00fan las previsiones de ese mismo mandato. <\/p>\n
2.- Para determinar la primera condici\u00f3n mencionada, basta con remitirse al contenido de la disposici\u00f3n citada y su par\u00e1grafo, de los cuales surge que la impugnaci\u00f3n extraordinaria tiene lugar cuando la sentencia censurada haya sido proferida: a) en un juicio declarativo; b) en una acci\u00f3n de grupo de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; c) en un proceso cuyo objeto hubiere sido la liquidaci\u00f3n de una condena en concreto y, d) trat\u00e1ndose del estado civil, en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y en el de uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2.1.- Bajo ese entendido, podr\u00eda pensarse, en principio, que el fallo cuestionado en este asunto ser\u00eda susceptible de ser atacado por la v\u00eda en estudio, al haberse originado en una demanda de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y de sociedad patrimonial, que impetraron las recurrentes contra Luz Miryam Correa Mar\u00edn, toda vez que la primera pretensi\u00f3n persegu\u00eda la declaraci\u00f3n de \u00abexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb conformada por ella y Guillermo Z\u00e1rate G\u00f3mez, lo que quiere decir, que con esta se buscaba definir el estado civil de los involucrados, circunstancia que, de conformidad con lo predicado por el canon 338 eiusdem, excluye el cumplimiento de la exigencia relacionada con la cuant\u00eda. <\/p>\n
2.2.- No obstante lo acabado de referir, deviene errado sostener que cualquier providencia definitoria proferida en un litigio que involucre una pretensi\u00f3n de ese talante pueda ser susceptible de ser recurrida en casaci\u00f3n, menos cuando, como aqu\u00ed ocurre, el asunto tenga por objeto dos acciones que, aunque falladas conjuntamente, no dejan de ser aut\u00f3nomas, ya que, ante tal situaci\u00f3n, es menester profundizar en el an\u00e1lisis del contenido de la sentencia y en los cuestionamientos que dieron lugar a las inconformidades. <\/p>\n
Tal detenimiento es imperioso porque \u00absi bien la determinaci\u00f3n que frente a la prosperidad o no de la pretensi\u00f3n que en esa direcci\u00f3n se formule sea claramente declarativa, am\u00e9n que fija la existencia de una situaci\u00f3n jur\u00eddica, a partir de la cual se reconoce el derecho de los compa\u00f1eros sobre el patrimonio com\u00fan conformado con el esfuerzo y ayuda mutua, no viene a duda que la misma tiene un car\u00e1cter econ\u00f3mico, puesto que lo que se (\u2026) procura es obtener de ella beneficios netamente patrimoniales\u00bb (CSJ AC1818-2018, 8 may., rad. 2018-00663-00 reiterada en CSJ AC3253-2018, 30 jul., rad. 2018-01512-00 y CSJ AC5567-2022, 7 dic., rad. 2022-04042-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad que \u00absi el debate judicial gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es evidente su conexi\u00f3n con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pac\u00edfico, y solo se discute el lapso por el que se extendi\u00f3 la comunidad de vida permanente y singular entre los litigantes, la discusi\u00f3n \u00fanicamente tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en las resultas patrimoniales del v\u00ednculo\u00bb (CSJ AC1292-2020, 6 jul., rad. 2020-00732-00, reiterada en CSJ AC5942-2021, 13 dic., rad. 2021-04378-00 y CSJ AC5567-2022, 7 dic., rad. 2022-04042-00). <\/p>\n
2.3.- En ese contexto, es imprescindible establecer si las razones que conducen a la interposici\u00f3n de la casaci\u00f3n se apoyan en la negativa o favorecimiento de los pedimentos que inciden directamente en el estado civil o si, m\u00e1s bien, tienen que ver exclusivamente con los efectos patrimoniales propios de la declaraci\u00f3n de existencia del v\u00ednculo marital, pues, en este \u00faltimo evento, deviene ineludible el acatamiento del requisito impuesto por el mencionado precepto 338. <\/p>\n
3.- Confrontadas las anteriores nociones con la determinaci\u00f3n confutada, los argumentos que para el efecto expusieron las quejosas y los que ahora sustentan la actuaci\u00f3n que aqu\u00ed se define, emerge que fue acertada la decisi\u00f3n del Tribunal de negar la concesi\u00f3n de la s\u00faplica extraordinaria, como enseguida se explica: <\/p>\n
3.1.- La observancia del acta de la audiencia en que se profiri\u00f3 el fallo que defini\u00f3 la primera instancia, en la cual fueron acogidos parcialmente los pedimentos del libelo introductor, permite descartar el an\u00e1lisis que de ese t\u00f3pico hubiere podido hacer el ad quem, en tanto el reconocimiento de la \u00abexistencia de la Uni\u00f3n Marital de Hecho conformada entre LUZ MIRYAM CORREA MARIN y GUILLERMO ZARATE GOMEZ\u00bb resultaba compatible con el querer del extremo demandante y, por tanto, en su contra no manifestaron reproche alguno sus integrantes [folios 405 a 407, archivo digital 0004]. <\/p>\n
3.2.- De ello tambi\u00e9n dan cuenta: <\/p>\n
i) El escrito impugnatorio presentado por las reclamantes, el cual, examinado, revela que se mostraron inconformes con la fecha dilucidada por el iudex para tener por finalizado el v\u00ednculo marital pues, bajo su \u00f3ptica, \u00abno se estableci\u00f3 o se prob\u00f3 en debida forma la supuesta fecha de la separaci\u00f3n definitiva planteada por la demandada ni la fecha establecida por el juez en el fallo\u00bb, como s\u00ed ocurri\u00f3 respecto de la data indicada en el escrito genitor (4 may. 2019), descartando de esa manera la configuraci\u00f3n del mecanismo de defensa formulado por su contraparte [folios 23 a 40, archivo digital 0005] y, <\/p>\n
ii) La sentencia de segundo grado que orient\u00f3 su estudio a la comprobaci\u00f3n de la tesis planteada por la precursora, relativa a la edificaci\u00f3n del fen\u00f3meno invocado por la pasiva, que llev\u00f3 al tribunal a concluir que, como \u00abla separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de la pareja ocurri\u00f3 el 14 de enero de 2014, y la formulaci\u00f3n de la demanda fue del 26 de septiembre de 2019, la presentaci\u00f3n de aquella no tiene la potencialidad de interrumpir el t\u00e9rmino prescriptivo plasmado por el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990\u00bb [folios 99 a 117, ib.]. <\/p>\n
4.- Ante tal evidencia, resulta indiscutible el incumplimiento de la primera de las condiciones mencionadas al comienzo de estas consideraciones para habilitar la concesi\u00f3n del recurso, comoquiera que, en el sub examine fue pac\u00edfica la declaratoria de la \u00abuni\u00f3n marital de hecho\u00bb como estado civil; adem\u00e1s, los reparos se encarrilaron a derribar el momento que, frente a su finalizaci\u00f3n, estableci\u00f3 el juez de la alzada, para de ese modo, abatir la declarada prescripci\u00f3n, con evidente repercusi\u00f3n \u00fanicamente en los efectos econ\u00f3micos del v\u00ednculo pregonado. <\/p>\n
Y es que, en asuntos an\u00e1logos al ahora discutido, ha aseverado la Corte que <\/p>\n
(\u2026) aunque las pretensiones versan sobre la declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre los aqu\u00ed litigantes, as\u00ed como el correspondiente surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, lo cierto es que el primer t\u00f3pico, esto es, el relacionado con el estado civil, fue reconocido y declarado en el fallo censurado; por lo que el reproche se formula con respecto al tiempo en el cual \u00e9sta se configur\u00f3 (\u2026) <\/p>\n
En reciente caso, que guarda simetr\u00eda con el que concita la atenci\u00f3n de la Sala, explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 5. Puestas as\u00ed las cosas, es n\u00edtido que la posible discusi\u00f3n que en esta sede aspira ventilar el convocado quedar\u00eda confinada meramente a uno de los extremos temporales de la relaci\u00f3n marital, en ning\u00fan caso para desconocer su existencia y el estado civil que engendra, sino apenas como un elemento a tener en cuenta para resolver el verdadero debate de fondo que subsiste, de linaje estrictamente econ\u00f3mico, que no es otro que el atinente a si se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, prevista en el art\u00edculo 8\u00ba de la mentada Ley 54 de 1990 cuando pasa \u201cun a\u00f1o, a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros\u201d\u00bb (AC6643-2017, 9 oct. 2017, rad. 2012-00036-01)\u00bb (CSJ AC797-2019, 5 mar., rad. 2016-00965-01, en el mismo sentido: CSJ AC1423-2020, 8 jul., rad. 2018-00214-01, CSJ AC2016-2020, 31 ag., rad. 2018-00168-01, CSJ AC731-2021, 8 mar., rad. 2019-00065-01) (resaltado es del texto). <\/p>\n
Recientemente, indic\u00f3: <\/p>\n
Entonces, si el litigio se restringe a determinar los hitos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales que ese estado pudiera conllevar, faceta del petitum que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mica (AC2204-2021) (subrayado intencional) (CSJ AC730-2023, 21 mar., rad. 2023-00150-00, criterio reiterado en CSJ AC1955-2023, 18 jul., rad. 2020-00214-01 y CSJ AC2157-2023, 31 jul., rad. 2021-00120-01). <\/p>\n
Y, con el objetivo de indagar por el factor cremat\u00edstico en asuntos como el objeto de discusi\u00f3n, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
(\u2026) no obstante, la controversia original vers\u00f3 sobre la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial, el debate sobre la primera qued\u00f3 finiquitado con la sentencia de primera instancia, pues las partes llegaron a un acuerdo sobre su existencia, siendo que la raz\u00f3n de la impugnaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 a los extremos temporales declarados para la sociedad patrimonial conformada entre los compa\u00f1eros permanentes. De tal suerte que el agravio que la sentencia de segundo grado caus\u00f3 al perdedor no tiene que ver con el estado civil, aspecto clausurado cuando sobre este t\u00f3pico las partes llegaron al acuerdo avalado en primera instancia, sino que se limit\u00f3 al aspecto patrimonial, justamente a los bienes que quedar\u00edan por fuera de la sociedad patrimonial, al confirmarse la decisi\u00f3n que fij\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial entre el 26 de agosto de 2009 al 15 de abril de 2014, de cara a las pretensiones de la demanda (CSJ AC1088-2018, 20 mar., rad. 2018-00555-01). <\/p>\n
5.- As\u00ed pues, como lo analizado por el ad quem se circunscribi\u00f3 a la fijaci\u00f3n del hito final del reconocimiento efectuado en la primera instancia, para verificar si, en efecto, tuvo lugar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n patrimonial a la que aquella abre paso, deviene claro que la discusi\u00f3n fue eminentemente econ\u00f3mica y, por lo mismo, est\u00e1 sujeta a las reglas que, en materia de inter\u00e9s, prev\u00e9 el ordenamiento adjetivo, esto es, resulta indispensable concretar, si la afectaci\u00f3n padecida con el fallo de segunda instancia superaba los mil (1.000) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes (art. 338 C.G.P.), y, en aras de delimitar ese t\u00f3pico, ech\u00f3 mano de los elementos suasorios aportados a la lid que dieran cuenta de la cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan las demandantes, integran el haber de la sociedad patrimonial, cuya existencia fue frustrada con el \u00e9xito del mecanismo de oposici\u00f3n utilizado por Luz Miryam Correa. <\/p>\n
Ello, porque contrario a lo sostenido por las quejosas, ninguna certeza sobre el valor real y actual de los bienes arrojaba la simple afirmaci\u00f3n dispuesta en el ac\u00e1pite relativo a la cuant\u00eda que, desde ning\u00fan punto de vista puede, como sugieren, equipararse a un aval\u00fao, en tanto, carece de las exigencias delineadas legalmente (Dcto. 422\/2000). <\/p>\n
6.- Pues bien, al constatar las pruebas que reposan en el infolio con la finalidad antes dicha, el tribunal logr\u00f3 advertir lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
BIEN <\/p>\n
FECHA DE ADQUISICI\u00d3N <\/p>\n
VALOR <\/p>\n
FOLIOS <\/p>\n
350-0032031 <\/p>\n
9 jun. 1989 <\/p>\n
$2.500.000 <\/p>\n
93 -96, C.0004 <\/p>\n
30 may. 1989 <\/p>\n
$1.900.000 <\/p>\n
97 \u2013 101, ib. <\/p>\n
357-15996 <\/p>\n
21 may. 2001 <\/p>\n
$68.500.000 <\/p>\n
136 \u2013 142, ib. <\/p>\n
357-104341 <\/p>\n
14 ag. 1990 <\/p>\n
$6.000.000 <\/p>\n
144 a 146, ib. <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
$78.900.000 <\/p>\n
Lo anterior, revela, que el monto acreditado por el extremo interesado en la casaci\u00f3n, ni siquiera se acerca al dispuesto legalmente para acudir a dicho medio extraordinario, sin que fuera tarea del iudex hacer una actualizaci\u00f3n del mismo, habida cuenta que no se alleg\u00f3 ninguna experticia. Sobre el punto, ha dicho esta Sala que, <\/p>\n
(\u2026) no era deber del Tribunal ni de esta Corte, actualizar o determinar motu proprio los valores de los referidos bienes o condenas, pues tal labor reca\u00eda directamente en la interesada, quien tuvo a su alcance la oportunidad procesal para tal fin y no lo hizo. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u201cel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u201d. (CSJ AC 1146-2021)\u00bb (CSJ AC730-2023, 21 mar., rad. 2023-00150-00). <\/p>\n
Valga la pena acotar que (\u2026) [c]uando \u201cla determinaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u201d se circunscribe a un bien ra\u00edz es imperioso un examen exhaustivo del mismo, aunado a una labor de estudio comparativo del mercado inmobiliario, realizados por alguien versado en la materia, que permitan conocer su valor comercial para la fecha en que \u201csurge el agravio\u201d (CSJ AC5697-2021, 30 nov., rad. 2021-03454-99, CSJ AC3153-2022, 19 jul., rad. 2004-00028-01, CSJ AC1164-2023, 5 may., rad. 2023-00041-01 y CSJ AC1791-2023, 28 jun., rad. 2020-00046-01). <\/p>\n
7.- Y no se diga que por el hecho de haber aportado, con el memorial contentivo del recurso horizontal, los recibos de pago del impuesto predial de algunos de los inmuebles enlistados, debe el fallador entrar a hacer un nuevo an\u00e1lisis del inter\u00e9s para recurrir, puesto que, la oportunidad para aportar la correspondiente actualizaci\u00f3n de esos valores feneci\u00f3 con la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, sin que en ese momento hubiere cumplido la parte impugnante con la carga que le correspond\u00eda. <\/p>\n
Al respecto, se ha considerado que: <\/p>\n
Para la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente (se destac\u00f3) (CSJ AC1923-2018, 16 may., rad. 2012-00368-01, reiterado en CSJ AC409-2020, 12 feb., rad. 2020-00210-00 y CSJ AC803-2022, 3 mar., rad. 2021-01321-00. <\/p>\n
8.- Bajo esa perspectiva, no hay nada qu\u00e9 recriminarle al Tribunal, pues, ciertamente, atendiendo las directrices del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, indag\u00f3 las probanzas obrantes en el paginario para calcular el valor de la desventaja sufrida por la opugnante con la sentencia de segundo grado, encontrando que el presunto agravio econ\u00f3mico no alcanzaba para recurrir en casaci\u00f3n, de ah\u00ed que es dable concluir que el recurso excepcional estuvo bien denegado y as\u00ed ser\u00e1 declarado. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
SEGUNDO. DEVOLVER la presente actuaci\u00f3n al Tribunal de origen para que forme parte del expediente respectivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC3649-2023 (2019-00423-01) Magistrada Ponente AC3649-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-10-001-2019-00423-01 Bogot\u00e1 D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso de queja que interpusieron Nury Esperanza, Luz Amparo, \u00c1ngela Mar\u00eda y Olga Luc\u00eda Z\u00e1rate Torres contra la providencia proferida el 31 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77828","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77828\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}