AC3651-2023 (2020-00202-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3651-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-043-2020-00202-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Marcela, Andr\u00e9s y Felipe Salcedo Gal\u00e1n frente a la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal que los recurrentes promovieron contra Proyectos Inmobiliarios Proinva Ltda. en liquidaci\u00f3n y Alirio Vargas Anzola. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que dio origen al proceso, luego de subsanada, se pidi\u00f3 realizar las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
a) \u00abTransfiri\u00e9ndole a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica la cantidad de seis mil ochocientos cincuenta y cinco metros cuadrados (6.855 Mts.2) de los predios identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 50C 1463864 y 50C 1463866 [y] que corresponden a las \u00e1reas que [se] encuentran reservadas para la construcci\u00f3n de las Avenidas Agoberto Mej\u00eda y Avenida Alsacia, ubicados en la jurisdicci\u00f3n de Kennedy, localidad Octava (8\u00aa) de Bogot\u00e1, D.C.\u00bb. <\/p>\n
b) \u00abCon una suma de dinero equivalente al trece punto veintitr\u00e9s por ciento (13.23%) del valor por el cual fueran vendidos dichos predios al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO \u2013 IDU\u00bb. <\/p>\n
1.1.1.- Subsidiaria: Declarar la misma obligaci\u00f3n; pero, \u00abde manera facultativa\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Declarar que, respecto de la modalidad de pago alternativa oper\u00f3 el desistimiento por mutuo disenso. <\/p>\n
1.2.1.- Subsidiaria: Declarar que, respecto de la forma de pago facultativa se produjo el desistimiento por mutuo disenso. <\/p>\n
1.3.- Declarar que la modalidad de pago facultativa qued\u00f3 sujeta a una condici\u00f3n suspensiva, consistente en que el pago previsto en el literal b) ser\u00eda realizado cuando los referidos inmuebles fueran efectivamente vendidos al IDU, la cual se cumpli\u00f3 as\u00ed: i) El segundo, \u00abmediante la escritura p\u00fablica No. 929 de mayo 3 de 2019 otorgada en la Notar\u00eda 57 de Bogot\u00e1 por un valor total de $39.987.649.000 m\u00e1s $495.869.684 por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb y, ii) El primero, \u00abmediante la escritura p\u00fablica No. 661 de mayo 8 de 2019, otorgada en la Notar\u00eda 59 de Bogot\u00e1 por un valor de $11.727.226.500 m\u00e1s $ 145.581.747 por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Declarar que la compa\u00f1\u00eda convocada \u00abno ha cumplido su obligaci\u00f3n de cancelar a la sucesi\u00f3n de JORGE EUSTAQUIO SALCEDO SEGURA, representada por los aqu\u00ed demandantes, el trece punto veintitr\u00e9s por ciento (13.23%) del valor por el cual fueron vendidos los dos predios\u00bb. <\/p>\n
1.5.- Declarar que Alirio Vargas Anzola, liquidador de la aludida sociedad, es solidariamente responsable en el pago de la condena que se imponga a esta, por haber violado sus deberes legales y causar perjuicios materiales a los actores. <\/p>\n
1.6.- En consecuencia, condenar solidariamente a los encartados a pagar a la mentada sucesi\u00f3n \u00abla suma de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 97\/100 ($6.926.742.052.97)\u00bb, m\u00e1s los intereses moratorios causados desde que celebraron las ventas de los dos inmuebles hasta que se realice su pago efectivo y total, as\u00ed como las costas del juicio [Folios 347 a 367, Archivo digital: 0001CuadernoPrincipal1Parte1.pdf]. <\/p>\n
2.- Los hechos que constituyen la causa petendi se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
2.1.- Jorge Eustaquio Salcedo Segura, abogado de profesi\u00f3n, recibi\u00f3 poder de Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez, quien para ese entonces actuaba en representaci\u00f3n de su hija menor Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, para demandar en nombre de la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Alberto Vanegas Rold\u00e1n (esposo y padre respectivamente), a Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira y Teresa Rold\u00e1n de Venegas, con el prop\u00f3sito de que se declarara que las transferencias de un paquete accionario de la sociedad Proyectos Inmobiliarios Proinva Ltda. (en adelante Proinva), efectuadas en favor de los demandados, eran simuladas y, en consecuencia, que pertenec\u00edan realmente al patrimonio herencial del causante, junto con sus dividendos. <\/p>\n
2.2.- El Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1, al cual le fue asignado el proceso, mediante auto de 15 de diciembre de 1997, lo dio por terminado, al aceptar el acuerdo de transacci\u00f3n al que llegaron las partes, en el que se dispuso la restituci\u00f3n de los siguientes bienes: i) La suma de \u00ab$20.000.000.oo\u00bb; ii) La cantidad de 7.204.91 M2, \u00abtomadas de las tierras que le corresponder\u00edan en la liquidaci\u00f3n de la sociedad PROINVA LIMITADA, quedando expresamente autorizado el Liquidador para hacerle directamente la adjudicaci\u00f3n de esos metros a la sucesi\u00f3n (\u2026) a t\u00edtulo de transacci\u00f3n\u00bb; iii) El \u00abveinticinco por ciento (25%) del capital social\u00bb de la mentada empresa, para que \u00abel liquidador proceda de conformidad, adjudicando la hijuela correspondiente [a] ese porcentaje a la sucesi\u00f3n aludida\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Conforme al Acta 48, en junta de accionistas celebrada el 26 de enero de 1998, previa presentaci\u00f3n de la misiva dirigida por Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez al liquidador Alirio Vargas Anzola, la cual concert\u00f3 con el togado Jorge Eustaquio Salcedo Segura para la cancelaci\u00f3n de sus honorarios, se adoptaron las siguientes decisiones en torno a la liquidaci\u00f3n de Proinva: <\/p>\n
i) Se acogi\u00f3 \u00abel acta de transacci\u00f3n firmada por los socios y aceptada y aprobada por el juzgado dieciocho (18) de familia\u00bb. <\/p>\n
ii) Se asignaron para cada uno de los socios Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira y Mar\u00eda Teresa Roldan de Vanegas, \u00abel 25% de dinero en caja\u00bb. <\/p>\n
iii) En el ordinal d) del art\u00edculo segundo se dispuso \u00abautorizar al Liquidador Principal para contratar la redacci\u00f3n de las minutas de adjudicaci\u00f3n de bienes ra\u00edces de la sociedad, a cada uno de los socios, a la sucesi\u00f3n del se\u00f1or JOSE ALBERTO VANEGAS ROLDAN, como tambi\u00e9n la del doctor JORGE EUSTAQUIO SALCEDO SEGURA, Escrituras que deber\u00edan firmarse en la Notar\u00eda Cuarenta (40) C\u00edrculo Notarial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., el d\u00eda veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998) a la hora de las diez y treinta (10.30 a.m.) de la ma\u00f1ana\u00bb. <\/p>\n
iv) Se estipul\u00f3 una hijuela en favor del prenotado abogado, en los siguientes t\u00e9rminos: a) \u00ab$18\u2019353.196.35\u00bb y b) \u00ab6.855.ooM2\u00bb de los inmuebles pertenecientes a la sociedad y que estaban reservados por el IDU para la construcci\u00f3n de las avenidas Agoberto Mej\u00eda y Alsacia, equivalentes a \u00ab$6\u2019684.197,85\u00bb, para un total de \u00ab$25.037.394.20\u00bb. <\/p>\n
v) Se aprobaron las adjudicaciones respecto de los bienes de la empresa, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abSucesi\u00f3n de JULIO ALBERTO VANEGAS ROLDAN \u2026. 13,304,85 Mts2\u2026\u2026\u2026\u2026 25.67 % <\/p>\n
JORGE E. SALCEDO SEGURA \u2026\u2026. 6.855.oo Mts2 \u2026\u2026\u2026\u202613.23% <\/p>\n
ALIRIO VARGAS ANZOLA \u2026\u2026.\u202625.909.90 Mts2 \u2026\u2026.\u2026\u202650.00% <\/p>\n
TOTAL METROS (\u2026) \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..51.819.78 Mts2\u2026\u2026\u2026.100.00%\u201d\u00bb <\/p>\n
vi) En el numeral tercero se pact\u00f3 \u00abla facultad de que la deuda [por honorarios] se pagara con el 13.23% de los precios de venta de los terrenos, si estos se enajenaban al IDU, pues para ese momento se encontraba registrada la \u201c\u2026 afectaci\u00f3n vial…\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4.- No se protocoliz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del porcentaje de terreno efectuada a Jorge Eustaquio Salcedo Segura, porque \u00e9ste ni el representante de Proinva acudieron a suscribir la respectiva escritura, ya que la sociedad \u00abno se encontraba al d\u00eda en el pago de los impuestos\u00bb. <\/p>\n
2.5.- En las Actas 49, 50 y 58, quedaron consignadas actuaciones de los accionistas y el liquidador de Proinva tendientes a ejecutar las determinaciones que se adoptaron en el Acta 48. As\u00ed mismo, en el Acta 60, qued\u00f3 ratificada la obligaci\u00f3n establecida en favor de Salcedo Segura. <\/p>\n
2.6.- En junta de socios realizada el 30 de marzo de 2017, seg\u00fan consta en el Acta 107, pese a que con ocasi\u00f3n del \u00abconcepto No. 220-10344 de 26 de marzo de 2001 de la Supersociedades\u00bb, Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira sostuvo que la cuenta final de liquidaci\u00f3n aprobada en el Acta 48 era \u00abineficaz\u00bb y que \u00abacord\u00f3 con el abogado SALCEDO \u201creducir los honorarios\u201d\u00bb, el liquidador Alirio Vargas Anzola manifest\u00f3 no conocer documento al respecto y memor\u00f3 que \u00ab\u2026en las (sic) Acta 60 como liquidador dej\u00f3 constancia del compromiso de la sociedad frente a lo avalado por la misma en el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
2.7.- Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza y Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, mediante comunicaciones de 20 de octubre de 2017 y abril 2 de 2018, dirigidas al liquidador Alirio Vargas Anzola, \u00abdesconocieron tener obligaciones con JORGE SALCEDO SEGURA\u00bb, por lo que \u00able ordenaron no descontarles ninguna suma de dinero por este concepto\u00bb. <\/p>\n
2.8.- La condici\u00f3n suspensiva de la modalidad alternativa de pago, esto es, la de entregar el valor correspondiente al metraje sobre las ventas de los terrenos que se hiciera al IDU, acaeci\u00f3 cuando Proinva recibi\u00f3 por parte de esta \u00faltima \u00abla cantidad de $51.714.875.500 como precio de los inmuebles, m\u00e1s $641.451.431 por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb, producto de las compraventas protocolizadas mediante \u00abla escritura p\u00fablica No. 929 de mayo 3 de 2019 otorgada en la Notar\u00eda 57 de Bogot\u00e1\u00bb y \u00abla escritura p\u00fablica No. 661 de mayo 8 de 2019, otorgada en la Notar\u00eda 59 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.9.- A pesar de lo anterior, Proinva \u00abno le ha cancelado a los herederos del abogado JORGE SALCEDO SEGURA el porcentaje de las mismas que les corresponde, a pesar de los requerimientos que en este sentido se le han formulado\u00bb. <\/p>\n
2.10.- El liquidador Alirio Vargas Anzola incumpli\u00f3 sus deberes, por cuanto los dineros que le correspond\u00edan al abogado Jorge Eustaquio Salcedo Segura por la realizaci\u00f3n de su gesti\u00f3n profesional, se los entreg\u00f3 a Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza y Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, con lo cual viol\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 238-7 y 241 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.11.- La sucesi\u00f3n de Jorge Eustaquio Salcedo Segura se tramit\u00f3 ante \u00abla Notar\u00eda 50 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, en la que fueron reconocidos como herederos los gestores, y a trav\u00e9s de \u00abla escritura p\u00fablica No. 3685 de fecha 21 de diciembre de 2007\u00bb se realiz\u00f3 la partici\u00f3n y la adjudicaci\u00f3n de los bienes de la herencia [Folios 350 a 362 y 370, \u00eddem]. <\/p>\n
3.- Tras subsanar el escrito inicial, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lo admiti\u00f3 en auto de 27 de agosto de 2020 [Folio 129, Archivo Digital: 0003CuadernoPrincipal1Parte3.pdf]. <\/p>\n
4.- Los convocados Proinva y Alirio Vargas Anzola repelieron el libelo. Al hacerlo, se pronunciaron sobre cada uno de los hechos alegados, oponi\u00e9ndose al acogimiento de las pretensiones, al paso que formularon las excepciones meritorias que denominaron: \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE OBLIGACI\u00d3N DE PAGO\u00bb, \u00abINEFICACIA O NULIDAD ABSOLUTA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL ACTA ASAMBLEA NO. 48 DE FECHA 26 DE ENERO DE 1998\u00bb, \u00abIMPOSIBILIDAD DE OBLIGARSE POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE LIQUIDACI\u00d3N\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LAS OBLIGACIONES\u00bb, \u00abIMPOSIBILIDAD UNILATERAL DE DESNATURALIZAR LA PRESUNTA OBLIGACI\u00d3N ORIGINARIA\u00bb, \u00abINDEMNIDAD\u00bb, \u00abVALOR REAL DESPU\u00c9S DE DESCONTAR PASIVO\u00bb, \u00abVULNERACI\u00d3N AL PRINCIPIO DE NO ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA\u00bb, \u00abRESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDANTES Y SU APODERADO POR TEMERIDAD Y MALA FE\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR\u00bb y \u00abGEN\u00c9RICA, INNOMINADA O ECUM\u00c9NICA\u00bb. En escrito separado tambi\u00e9n invocaron defensas previas [Folios 159 a 196 y 235 a 242, ibidem]. <\/p>\n
Adicionalmente, llamaron en garant\u00eda a Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez, Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira y Sandra Viviana Vanegas Rond\u00f3n [Folios 243 a 248, Cfr.]. <\/p>\n
5.- Mediante prove\u00eddo de 1\u00b0 de julio de 2021, Jorge Ignacio Salcedo Gal\u00e1n fue reconocido como litisconsorte necesario por activa y, como cesionario de los derechos litigiosos que persigue \u00e9ste en un 15%, a Humberto Moreno Duncan [Folio 446, ejusdem]. <\/p>\n
6.- Los llamados Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira, Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez y Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, se resistieron de manera conjunta a los anhelos de los promotores, planteando las defensas de fondo que titularon \u00abPrescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abImposibilidad de cumplimiento por existencia de cadena de obligaciones condicionadas\u00bb, \u00abFalta de capacidad para enajenar bienes de la sucesi\u00f3n\u00bb, \u00abObjeto il\u00edcito de la obligaci\u00f3n de hacer a cargo de PROINVA\u00bb, \u00abTemeridad y Mala fe de la parte demandante\u00bb, \u00abInexistencia de obligaci\u00f3n dineraria a cargo de PROINVA\u00bb, \u00abEnriquecimiento sin justa causa de los demandantes\u00bb y \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa del se\u00f1or EDUARDO PEDRAZA NEIRA\u00bb. As\u00ed mismo, objetaron el juramento estimatorio de la demanda por falta de demostraci\u00f3n y repelieron su convocatoria proponiendo una excepci\u00f3n dilatoria [Folios 17 a 43 y 56 a 60, Archivo digital: 0004CuadernoPrincipal1Parte4.pdf]. <\/p>\n
7.- El juzgado del conocimiento clausur\u00f3 la primera instancia con providencia de 8 de agosto de 2022, en la que: i) neg\u00f3 las defensas propuestas por la parte demandada y los llamados en garant\u00eda, a excepci\u00f3n de la de enriquecimiento sin justa causa de los demandantes, la cual declar\u00f3 parcialmente probada; ii) declar\u00f3 que Proinva, en reuni\u00f3n de junta de socios de 26 de enero de 1998 (Acta 48), \u00abse oblig\u00f3 con el voto favorable del 100% de sus socios a pagarle al abogado Jorge Eustaquio Salcedo Segura, por cuenta de Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez y Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza, de manera pura y simple, los honorarios profesionales que estaban a su cargo por haberlas representado judicialmente en la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Alberto Vanegas Roldan\u00bb; iii) conden\u00f3 a los demandados a pagar \u00abSOLIDARIAMENTE\u00bb a favor de la citada mortuoria la suma de \u00ab$6\u2019684.197.85 M\/te)\u00bb, indexada \u00aba la fecha en que se produzca el pago efectivo (\u2026)\u00bb, que a la data de emisi\u00f3n del fallo corresponde a \u00ab$22\u2019078.044.31 M\/te)\u00bb; iv) reconoci\u00f3 intereses de mora conforme al C\u00f3digo Civil hasta la calenda en que se radic\u00f3 la demanda; v) desestim\u00f3 las pretensiones principales y subsidiarias de dicho libelo; y, vi) declar\u00f3 prospero el llamamiento en garant\u00eda y, en consecuencia, declar\u00f3 que los convocados estaban facultados para \u00abejercer las acciones de recobro dentro de este mismo asunto\u00bb a cargo de los llamados en garant\u00eda, de cualquier suma de dinero que cancelen por concepto de las condenas que les fueron impuestas [Folios 75 a 77, Archivo digital: 0006CuadernoPrincipal1Parte5.pdf]. <\/p>\n
8.- Inconformes, Mar\u00eda Marcela, Andr\u00e9s y Felipe Salcedo Gal\u00e1n; Proinva y Alirio Vargas Anzola; Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez, Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza y Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira, apelaron la decisi\u00f3n [Folios 8 a 10, 13 a 17 y 19 a 32, Archivo digital: 0007SegundaInstanciaCuadernoApelacionSentencia.pdf]. <\/p>\n
9.- Mediante fallo proferido el 11 de abril de 2023, el Tribunal revoc\u00f3 en su integridad la sentencia combatida y, por ende, desestim\u00f3 las pretensiones incoadas, luego de declarar prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada por los demandados y los llamados en garant\u00eda [Folios 53 a 87, \u00eddem]. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El ad quem, tras aludir a la responsabilidad contractual y la v\u00eda para reclamarla, record\u00f3 las resoluciones adoptadas por el juez para, a partir de all\u00ed, adentrase, primeramente, en los reproches expuestos en la sustentaci\u00f3n de la alzada por el extremo pasivo y los llamados en garant\u00eda. En ese labor\u00edo, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico inicial el de determinar si el liquidador incurri\u00f3 en la desatenci\u00f3n que se le endilg\u00f3. <\/p>\n
En la tarea de solventarlo, memor\u00f3 con apoyo en la Ley 222 de 1995, los elementos de ese tipo de responsabilidad. Luego, hizo memoria del fundamento que tuvo el a quo para condenar solidariamente al liquidador Alirio Vargas Anzola, frente a lo cual advirti\u00f3 que el fallador no examin\u00f3 \u00ablas contingencias que rodearon el no pago [de los honorarios reclamados] para establecer si esa falta est\u00e1 informada por la culpa o el dolo, ya que si alguno de estos elementos est\u00e1 ausente, no hay lugar a declarar ese deber mancomunado\u00bb, pues \u00abel factor de atribuci\u00f3n de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva\u00bb. <\/p>\n
En pro de esclarecer tal tem\u00e1tica, asever\u00f3 que \u00abest\u00e1 probado que el administrador confeccion\u00f3 la hijuela acordada en el \u00f3rgano social \u2013como primer compromiso que resulta esencial para el posterior acatamiento del adeudo que ahora se reclama-\u00bb. Adem\u00e1s, acot\u00f3 que \u00abno hay evidencia de que el primitivo acreedor ni Proinva hubieran adelantado diligencia alguna para formalizar o perfeccionar el cumplimiento de lo dispuesto en esa hijuela, conducta omisiva que se repite en sus herederos, quienes solo vienen a inquirir sobre uno de los compromisos pecuniarios en mayo de 2010, (\u2026) -m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s de su establecimiento en el acta 48-, sin obrar material que ponga de relieve que en ese interregno hubo alguna insistencia para atender la reclamaci\u00f3n\u00bb; no obstante, \u00abest\u00e1 probado que el liquidador adopt\u00f3 una actitud positiva en favor del pago, la cual fue desechada por los dem\u00e1s asociados, voluntad mayoritaria a la que est\u00e1 especialmente vinculado, tornando imposible su desacato, tanto as\u00ed que ante el ah\u00ednco del administrador por cancelar ese d\u00e9bito se suscribi\u00f3 el pacto de indemnidad\u00bb, de lo cual se extrae que \u00aben el estudiado incumplimiento no es posible asignarle el elemento subjetivo culposo que autorice el llamado solidario\u00bb, motivo por el cual \u00abeste segmento de la providencia habr\u00e1 de ser revocado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la cr\u00edtica efectuada a la negativa de declarar la nulidad absoluta de aqu\u00e9l instrumento, en cuya faena evoc\u00f3 que el sentenciador de primera fase, pese a destacar la existencia de \u00abvicios en la adopci\u00f3n de ciertas decisiones tomadas en esa acta\u00bb, seg\u00fan dio a entender por \u00abla trasgresi\u00f3n de una norma de car\u00e1cter imperativo -art\u00edculo 900 comercial- al haber participado el liquidador en la prohibida aprobaci\u00f3n de la cuenta final -art\u00edculo 185 ib.-\u00bb, dej\u00f3 a salvo la estipulaci\u00f3n para el pago de los honorarios a Jorge Eustaquio Salcedo Segura, con base en lo dispuesto en el \u00abart\u00edculo 904 del C. de C.\u00bb, inferencia que descalific\u00f3, por cuanto que, sin importar \u00abs\u00ed hay novaci\u00f3n o una simple diputaci\u00f3n para el pago\u00bb, lo cierto es que \u00abno puede ignorarse que ese acto de disposici\u00f3n est\u00e1 \u00edntimamente contaminado con la nulidad del acta, al ser producto inescindible y, en cierta forma, efecto de ella\u00bb, por lo que \u00aben el caso concreto no era aplicable la conversi\u00f3n que, respecto de esta cl\u00e1usula, se predica del acta y que aval\u00f3 el juzgador\u00bb; sin embargo, en virtud de lo contemplado en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, la \u00abnulidad absoluta qued\u00f3 saneada\u00bb por \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb, de ah\u00ed que \u00abno sea atendible el an\u00e1lisis de la nulidad alegada y que, de contera, persista la validez del acta cuestionada, conservando su car\u00e1cter de fuente de las obligaciones y derechos en ella contenidos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 la queja alusiva a la incongruencia cometida por el juez de primer grado, consistente en evidenciar una novaci\u00f3n cuando esta no fue alegada por los demandantes. Con apoyo en jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, explic\u00f3 las caracter\u00edsticas de dicha figura y los presupuestos para su acreditaci\u00f3n; luego, memor\u00f3 el concepto de aquel modo de extinguir obligaciones y sus modalidades, y entre ellas destac\u00f3: \u00abi) la novaci\u00f3n objetiva por la que se extingue la prestaci\u00f3n original dando lugar a una nueva sin que haya mutaci\u00f3n en las partes; ii) la subjetiva que recae en el cambio de una de ellas, quedando excluido de ese cr\u00e9dito el primer acreedor o deudor\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales orientaciones, concluy\u00f3 que el iudex se equivoc\u00f3 al estimar que hubo una novaci\u00f3n en la obligaci\u00f3n de Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez y su hija Mar\u00eda Camila Vanegas Pedraza y, por ende, que incurri\u00f3 en la inconsonancia alegada, porque: <\/p>\n
i) los gestores \u00abno plantearon como supuestos de hecho, ni tampoco en la cita de las reglas de derecho, que la obligaci\u00f3n de Proinva fuera fruto de una novaci\u00f3n. Por el contrario, a partir del hecho 11 se adujo que la sociedad asumi\u00f3 la deuda con el voto positivo de todos los integrantes, lo cual se hizo constar en el acta 48, suscrita por todos los interesados\u00bb; <\/p>\n
ii) ante \u00abla expresa petici\u00f3n de Mar\u00eda Jos\u00e9 referida a que \u201cde la parte que le debe corresponder a la sucesi\u00f3n que represento como c\u00f3nyuge sobreviviente y como representante legal de mi hija menor\u201d \u2026 \u201cse le cancele, se adjudique y se le otorgue, la correspondiente hijuela, a t\u00edtulo de honorarios al abogado Jorge Eustaquio Salcedo Segura, las siguientes partidas\u2026\u201d, esa aspiraci\u00f3n fue aceptada por unanimidad por la junta con la ulterior precisi\u00f3n de que delega \u201ctoda responsabilidad en la adjudicataria Pedraza G\u00f3mez\u201d\u00bb, lo que demuestra que, \u00aba pesar del acuerdo de pago por parte de la sociedad, no hay elementos de juicio para afirmar que el acreedor aceptara que se excluyera de esa relaci\u00f3n crediticia a la deudora original, ni tampoco hay referencia alguna en torno a que ese d\u00e9bito se hubiere extinguido obrando un cambio de deudor ante la gestaci\u00f3n de un cr\u00e9dito nuevo\u00bb, lo que lleva a colegir que no concurren \u00ablos elementos estructurantes de la novaci\u00f3n\u00bb; y, <\/p>\n
iii) el pago avalado por los intervinientes \u00abse reduce a una simple delegaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1694 del C\u00f3digo Civil, que consagra que \u2018la sustituci\u00f3n de un nuevo deudor a otro no produce novaci\u00f3n, si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor\u201d, previsi\u00f3n concordante con el art\u00edculo 1691 civil que regula que \u201csi el deudor no hace m\u00e1s que diputar una persona que haya de pagar por \u00e9l, o el acreedor una persona que haya de recibir por \u00e9l, no hay novaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para resolver la censura contra la falta de declaraci\u00f3n de la exceptiva de prescripci\u00f3n planteada por la pasiva y los llamados en garant\u00eda, record\u00f3 que el fallador inicial adopt\u00f3 tal determinaci\u00f3n con sustento en que, \u00aba pesar de que la obligaci\u00f3n surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica en el a\u00f1o 1998 con la suscripci\u00f3n del acta 48, el lapso extintivo se interrumpi\u00f3 de manera natural en el a\u00f1o 2017 -antes del agotamiento de los veinte a\u00f1os-, pues en el acta 107 de esa anualidad, producto de una reuni\u00f3n social de Proinva, su liquidador declar\u00f3, ante la solicitud de los acreedores -de la que se narr\u00f3 se hizo \u201cdesde el mes de mayo de 2010\u201d-, que ella est\u00e1 vigente\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, en virtud de la refutaci\u00f3n expuesta por los recurrentes, valor\u00f3 la rese\u00f1ada acta, concluyendo de ella que: \u00abi) se acept\u00f3 la existencia del cr\u00e9dito que se incorpor\u00f3 al acta 48; ii) se discuti\u00f3 sobre su pago y iii) se acord\u00f3 que Mar\u00eda Jos\u00e9 deb\u00eda aclarar esa situaci\u00f3n y garantizar la indemnidad de la sociedad y del liquidador, sin que la sociedad aceptara ese cr\u00e9dito como suyo\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, con soporte en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3 \u00ablos presupuestos para la consolidaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n\u00bb, destacando que \u00abno basta la simple menci\u00f3n de su existencia, ni tampoco un requerimiento de cobro y por ello, \u201cla notificaci\u00f3n de una cesi\u00f3n de cr\u00e9dito o el reconocimiento de un documento no constituir\u00e1n una interrupci\u00f3n natural, porque en esos eventos el papel del deudor es completamente pasivo\u201d\u00bb, tampoco, \u00abel hecho de participar en averiguaci\u00f3n destinada a establecer la existencia de la deuda o de participar en conversaciones de transacci\u00f3n que no tuvieron buen suceso, [en tanto] no son considerados como expresiones necesariamente de voluntad del deudor de renunciar al beneficio de la prescripci\u00f3n\u00bb, pues, \u00aben las situaciones de una conducta t\u00e1cita de interrupci\u00f3n, debe evidenciarse \u201csu incompatibilidad con la d\u00edada inercia-rebeld\u00eda, y la imposibilidad de entender la conducta del deudor en sentido diverso, esto es, como desentendimiento, dentro del marco de circunstancias exteriores en que se produjo, independientemente del medio de expresi\u00f3n, oral o escrito, empleado por \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales premisas, estim\u00f3 que dicho fen\u00f3meno no se present\u00f3 en el sub judice, dado que \u00abla inclusi\u00f3n y resoluci\u00f3n de ese tema en el interior del organismo colegiado, simplemente responde al ejercicio de uno de los deberes y funciones del cuerpo directivo, del cual puede surgir la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de la deuda, pero tambi\u00e9n su repudio\u00bb, que fue lo que acaeci\u00f3, ya que \u00abfrente a las explicaciones exoradas por los sucesores del doctor Salcedo Segura y m\u00e1s all\u00e1 de que el liquidador acept\u00f3 la presencia del cr\u00e9dito y su condici\u00f3n insoluta, el \u00f3rgano societario acord\u00f3 que la socia deudora \u201caclarara\u201d esa situaci\u00f3n y que la resolviera garantizando la indemnidad del ente moral, expresi\u00f3n y contenido que materializa \u201cla voluntad social\u201d como presupuesto para la eficacia de sus decisiones y que deja al manifiesto que no hubo aceptaci\u00f3n, reconocimiento o asentimiento societario sobre el referido cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Descartado esto, procedi\u00f3 a analizar si en el caso se hab\u00eda configurado la prescripci\u00f3n instada, para lo cual dispuso determinar \u00abcu\u00e1l era la obligaci\u00f3n existente por concepto de honorarios profesionales\u00bb. <\/p>\n
Puesto en esa tarea, al apreciar el \u00abActa 48\u00bb, dedujo que \u00abla obligaci\u00f3n de traspasar los referidos metros de terreno estaba sometida a un plazo; no era alternativa ni facultativa, porque en ese acuerdo no se consign\u00f3 que se adeudaban varias cosas, ni tampoco se otorg\u00f3 al deudor la facultad de pagar \u201ccon una cosa determinada \u2026 o con otra que se designa\u201d\u00bb, am\u00e9n que \u00abesta dualidad prestacional exigida por las normas citadas no la asigna la contingencia de que, vendido el inmueble a la entidad distrital, se haya regulado la forma de cuantificar lo que a prorrata de sus derechos le correspond\u00eda a cada propietario, supuesto vinculado a la liquidaci\u00f3n de ese derecho que deja inc\u00f3lume la obligaci\u00f3n de extender la escritura p\u00fablica sobre el porcentaje adjudicado, como pago del saldo de los honorarios, la cual, se itera, se hizo exigible al vencimiento del plazo convenido -25 de marzo de 1998-\u00bb, por lo que, de haber sucedido, \u00abhabr\u00eda hecho nacer en el doctor Salcedo Segura la condici\u00f3n de propietario del 13.23% de la totalidad del bien y que en caso de haberse enajenado a favor del IDU para satisfacer la obra p\u00fablica, el valor que los propietarios recibir\u00edan en virtud de esa venta se prorrateaba de acuerdo con su participaci\u00f3n predial\u00bb, lo que deja claro que \u00ablo que estaba condicionado era el quantum de ese derecho mas no la adjudicaci\u00f3n de la porci\u00f3n predial\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que \u00abpara la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00edan trascurrido, con holgura, los 20 a\u00f1os, saliendo avante la decadencia alegada en favor de la sociedad como de Mar\u00eda Jos\u00e9, pues de \u00e9sta no se alega interrupci\u00f3n alguna\u00bb, hecho que descartaba \u00absolucionar la alzada propuesta por el sector demandante\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Mar\u00eda Marcela, Andr\u00e9s y Felipe Salcedo Gal\u00e1n blandieron un solo cargo, fincado en la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba, art. 336 C.G.P.). <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
1.- Soportado en la causal segunda, acus\u00f3 la sentencia de segundo grado, de violar indirectamente \u00ablos art\u00edculos 1494, 1530, 1536, 1540, 1541, 1542, 1551, 1553, 1556, 1557, 1562, 1564, 1602, 1603, 1604, 1618, 1620, 1687, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1696, 2512, 2535 y 2539\u00bb del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los preceptos \u00ab181, 200, 218, 225, 226, 238, numeral 7\u00ba, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 252 y 255\u00bb del estatuto de comercio, debido a los \u00aberrores f\u00e1cticos y probatorios que cometi\u00f3 el fallador a la hora de interpretar la demanda y de sopesar las pruebas que se determinan a lo largo de la acusaci\u00f3n\u00bb. Adujeron, en lo esencial, lo siguiente: <\/p>\n
1.1.- El ad quem err\u00f3 al manifestar que \u00abla demanda no se fund\u00f3 en la novaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como en \u00abtild[ar] al juzgado de incongruente por decidir alrededor de esta figura\u00bb. Ello, por cuanto en dicho libelo se se\u00f1al\u00f3, \u00abno una vez, sino varias, que hubo cambio de deudor, precisando siempre lo de anterior y nuevo deudor\u00bb, tal y como se aprecia de los hechos \u00ab22\u00bb, \u00ab44\u00bb, \u00ab58\u00bb y \u00ab66\u00bb, por lo que es di\u00e1fano que \u00abs\u00ed se plante\u00f3 la novaci\u00f3n, y m\u00e1s puntualmente, la delegaci\u00f3n de car\u00e1cter novatorio o perfecta\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Incurri\u00f3 en yerro tambi\u00e9n al aseverar que no existi\u00f3 novaci\u00f3n, porque no se demostr\u00f3 la voluntad del acreedor de liberar de la obligaci\u00f3n a la deudora y la existencia del nuevo cr\u00e9dito. <\/p>\n
1.2.1.- Esto, debido a que no observ\u00f3 del Acta 48, que \u00absi Salcedo asisti\u00f3 a tal Junta de Socios; intervino y present\u00f3 el escrito de Mar\u00eda Jos\u00e9 en que delegaba el pago en la sociedad; vio c\u00f3mo la petici\u00f3n de Mar\u00eda se aprob\u00f3 sin miramientos; y, en fin, vio que por virtud de ello la sociedad le pagaba con la hijuela correspondiente, la que firm\u00f3 de buen grado, es porque, necesariamente, daba su benepl\u00e1cito para que la deudora no fuera Mar\u00eda Jos\u00e9 sino la Sociedad\u00bb, situaci\u00f3n que \u00abno lo demerita el hecho que trae a cuento el tribunal, en el sentido de que la sociedad a\u00f1adi\u00f3 que delegaba \u201ctoda responsabilidad en la adjudicataria Pedraza G\u00f3mez\u201d\u00bb, puesto que \u00ablo copiado demuestra la seriedad de lo pactado que implicaba que cuando llegase el momento de los pagos por la venta de unos lotes al IDU la se\u00f1ora Pedraza deber\u00eda asumir la responsabilidad para con el liquidador y los socios y recibir menos de lo que antes del acuerdo le corresponder\u00eda, porque con parte de sus dineros futuros hab\u00eda pagado una deuda a su abogado\u00bb. <\/p>\n
Agregaron, que esto lo refuerza el hecho de que, \u00aben el 2019, se suscribiera un documento apellidado \u201cCARTA DE INDEMNIDAD\u201d. En ella, sol\u00edcitamente declaran Mar\u00eda Jos\u00e9, Mar\u00eda Camila y el suplente del liquidador, Eduardo Le\u00f3n Pedraza Neira \u2013ahora avenidos-, que han unido sus voluntades para \u201cestablecer desde ahora\u201d que ni la Sociedad ni su liquidador \u201cser\u00e1n responsables frente a los herederos del se\u00f1or SALCEDO SEGURA en caso de que estos reclamen los honorarios de abogado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tampoco dio importancia a la conducta del liquidador, quien \u00able recordaba a la Sociedad la obligaci\u00f3n que hab\u00eda para con Jorge Salcedo. Suficiente citar al efecto que en el Acta 60, adiada el 8 de octubre de 2002, \u00e9l puso en conocimiento de la Sociedad la cesi\u00f3n que a SALCEDO SEGURA se hab\u00eda hecho en el Acta 48\u00bb, am\u00e9n que las Actas \u00ab49\u00bb, \u00ab50\u00bb y \u00ab58\u00bb tambi\u00e9n dan cuenta de la intenci\u00f3n de cumplir ese compromiso. <\/p>\n
1.3.- La modalidad de pago acordada por las partes, esto es, la de \u00abpagar el 13,23% del precio de la venta al IDU\u00bb, no est\u00e1 prescrita, ya que \u00abse at\u00f3 a cuando se produjera el negocio con el IDU\u00bb, por lo que \u00abes meridiano que habiendo \u00e9ste comprado en mayo de 2019, fue m\u00e1s que oportuna la demanda interpuesta, pues que no hab\u00eda transcurrido sino un breve tiempo, cuando los herederos iniciaron sus gestiones de cobro\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, no puede perderse de vista que \u00abla prescripci\u00f3n que se declar\u00f3 fue respecto de la obligaci\u00f3n primigenia -la del pago en especie-, la \u00fanica que en concepto del tribunal existi\u00f3\u00bb, pero, \u00abya se sabe, que esta obligaci\u00f3n no hace parte de las s\u00faplicas de la demanda\u00bb, de ah\u00ed que \u00abla prescripci\u00f3n que se declar\u00f3 respecto de esta tampoco hace parte de la acusaci\u00f3n en casaci\u00f3n\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abdesapareci\u00f3 por mutuo disenso\u00bb, mientras que \u00abla otra, la del dinero, ni siquiera la consider\u00f3 el tribunal como obligaci\u00f3n, sino como un simple mecanismo para cuantificar aquella; por eso mismo estim\u00f3 que ah\u00ed no hubo obligaci\u00f3n condicional\u00bb, lo cual es un error, ya que \u00abdur\u00f3 sujeta a condici\u00f3n suspensiva hasta el mes de mayo de 2019\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, \u00abel estudio de la prescripci\u00f3n lo extendi\u00f3 a la obligaci\u00f3n \u201cpersonal\u201d de Mar\u00eda Jos\u00e9 y su hija. Pero, rep\u00edtase, esto no hac\u00eda parte del tema a decidir, desde luego que la demanda jam\u00e1s pidi\u00f3 que se declarara a dichas personas responsables del pago ni de condenarlas a ello. La demanda s\u00f3lo reclama la responsabilidad de la Sociedad y del liquidador\u00bb. <\/p>\n
1.4.- El fallador de segundo grado apreci\u00f3 indebidamente las Actas \u00ab48\u00bb, \u00ab49\u00bb, \u00ab50\u00bb, \u00ab58\u00bb y \u00ab60\u00bb, toda vez que no percibi\u00f3 de ellas que \u00abel Liquidador, esto es, la persona obligada para velar por el estricto cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, estuvo convencido de que la deuda con Salcedo Segura estaba \u201cvigente\u201d y que, deb\u00eda por tanto pag\u00e1rsele, en su caso con el dinero que se recibi\u00f3 de IDU por los terrenos\u00bb, tanto, que \u00abincluso encar\u00f3 a los socios que, por el contrario, se negaban a hacerlo\u00bb, por lo que \u00abel hecho de resolver no pagarla finalmente es la contundente prueba de su proceder indebido, doloso si se quiere\u00bb, de ah\u00ed que \u00abno lo exculpa el hecho de que inicialmente hubiese realizado la hijuela en favor de Salcedo, como err\u00f3neamente lo cree el Tribunal\u00bb, menos a\u00fan el hecho de que \u00abno pod\u00eda contradecir la voluntad de la sociedad\u00bb, porque \u00abse cae de su peso que un liquidador debe atender m\u00e1s a sus obligaciones legales y estatutarias que a otra cosa, so pena de comprometer su responsabilidad, como aqu\u00ed ocurri\u00f3\u00bb, pues \u00abla voluntad de la sociedad no es tan potente como para obligar al liquidador a que deje de lado sus funciones\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, habida cuenta que no constituye una instancia adicional para persistir en el debate del aspecto f\u00e1ctico de la controversia (thema decidendum), pues su finalidad es evaluar la legalidad de la decisi\u00f3n impugnada (thema decissus), con miras a evidenciar la ocurrencia o no de vicios in iudicando o in procedendo que conduzcan a su eventual quiebre. <\/p>\n
Por ello, el recurso interpuesto deber\u00e1 asentarse en las causales taxativamente previstas en la ley y atender los par\u00e1metros que para su admisibilidad se imponen, labor\u00edo frente al cual, ha sido insistente esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que \u00abtoda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene, rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC3323-2022, 31 mar., rad. 2018-00320-01 y en CSJ AC799-2023, 19 abr., rad. 2015-00574-01). <\/p>\n
2.- Al confutarse la sentencia por errores in iudicando, se reprocha la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta), y sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
2.1.- Si de la infracci\u00f3n indirecta de mandatos materiales se trata, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de aquellos, se le impone al inconforme la carga de describir la manera como el enjuiciador los transgredi\u00f3, efecto para el cual, deber\u00e1 refutar los razonamientos basilares de la decisi\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio, se\u00f1alar la incidencia de los errores cometidos en la resoluci\u00f3n del litigio, y la forma en que estos condujeron al quebranto de los preceptos invocados, poniendo en evidencia la inconsistencia entre el genuino alcance y contenido de las pruebas y las conclusiones de la providencia impugnada. <\/p>\n
No basta con la enunciaci\u00f3n de los yerros de valoraci\u00f3n probatoria atribuidos al juzgador, sino que deviene imperativo para el recurrente que los demuestre, actividad que, cuando se trata de yerros f\u00e1cticos \u00abdebe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, si no se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u00bb (CSJ AC469-2023, 27 mar., rad. 2013-000015-01, CSJ AC1405-2023, 28 jun., rad. 2019-00007-01). <\/p>\n
A lo anotado se suma que, en atenci\u00f3n a la discreta autonom\u00eda que la Carta Pol\u00edtica y la ley reconocen a los juzgadores en el ejercicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba para la definici\u00f3n de los juicios, es indispensable que si se denuncia un desacierto de orden f\u00e1ctico, este tenga la connotaci\u00f3n de evidente y trascendente: lo primero radica en que brote a simple vista \u00abde tal modo que am\u00e9n de que no fueran requeridos mayores estudios para establecer que se estructur\u00f3 un yerro, el an\u00e1lisis presentado por la censura necesariamente se erig\u00eda en el \u00fanico admisible para solucionar el litigio, y, por su parte, las consideraciones del juzgador resultaban contraevidentes e insostenibles\u00bb (CSJ AC4144-2017, 27 jun., rad. 2014-00555-01); lo segundo, que su ocurrencia hubiere sido determinante en el sentido de la resoluci\u00f3n de la litis, al punto que, de no haber ocurrido, la determinaci\u00f3n ser\u00eda contraria a la adoptada. <\/p>\n
2.2.- En tanto que si los errores denunciados son de derecho, ello presupone que el sentenciador \u00abno se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3234-2023, 22 nov., rad. 2019-00102-01). <\/p>\n
2.3.- Consecuente con lo anotado, la simple inconformidad del recurrente respecto del resultado del ejercicio de valoraci\u00f3n de los instrumentos de cognici\u00f3n, resulta insuficiente para abrir paso al estudio de fondo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, dada \u00abla necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb (CSJ SC, 15 abr. 2011, rad. 2006-0039-01, reiterada en CSJ AC1074-2022, 22 abr., rad. 2015-00958-01). <\/p>\n
3.- Confrontadas las exigencias formales mencionadas con la sustentaci\u00f3n del libelo, se advierte que los censores no las acataron cabalmente, como pasa a explicarse: <\/p>\n
3.1.- En primer lugar, si bien en el embate se invocaron como disposiciones legales infringidas -indirectamente- los art\u00edculos 1494, 1530, 1536, 1540, 1541, 1542, 1551, 1553, 1556, 1557, 1562, 1564, 1602, 1603, 1604, 1618, 1620, 1687, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1696, 2512, 2535 y 2539 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los preceptos 181, 200, 218, 225, 226, 238 numeral 7\u00ba, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 252 y 255 del C\u00f3digo de Comercio, de ellos solo ostentan el car\u00e1cter de normas sustanciales, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, las disposiciones 2539 del primero de los se\u00f1alados estatutos (CSJ AC604-2020, 26 feb., rad. 2015-00021-01), el 200 (CSJ AC5335-2022, 14 dic., rad. 2013-00283-01) y 255 del segundo (CSJ SC19300-2017, 21 nov., rad. 2009-00347-01). <\/p>\n
En efecto, respecto de los c\u00e1nones 1494, 1530, 1536, 1540, 1551, 1602, 1603, 1604, 1618, 1620, 1512 y 2535 de la legislaci\u00f3n sustantiva civil, la Sala ha indicado que carecen de la prenombrada naturaleza (CSJ AC1405-2023, 28 jun., rad. 2019-00007-01; CSJ A037-2005, 2 feb., rad. 1998-00155-01; CSJ A222, 29 ag. 2000, rad. 1998-00277-01; CSJ AC 26 en. 2001, rad. 2002-00007-01; CSJ AC4703-2022, 9 nov., rad. 2019-00563-01; CSJ AC1182-2023, 27 jun., rad. 2018-00473-01; CSJ AC2454-2023, 27 sep., rad. 2019-00163-01; CSJ AC241-2022, 30 jun., 2012-00180-01, respectivamente). <\/p>\n
En punto de los preceptos 1556, 1562, 1687, 1690 y 1691 del C\u00f3digo Civil, no pueden predicarse la condici\u00f3n de material, por cuanto, en su orden, refieren a las definiciones de obligaci\u00f3n alternativa y facultativa, qu\u00e9 es la novaci\u00f3n y sus clases y los cambios no constitutivos de dicha figura, por lo que no est\u00e1n destinadas a establecer o alterar relaciones subjetivas entre sujetos concretos. <\/p>\n
Igual sucede en relaci\u00f3n con las disposiciones 181, 218, y 225 del estatuto mercantil, puesto que se encargan de regular las reuniones ordinarias de la asamblea o junta de socios, enumerar las causales de disoluci\u00f3n de la sociedad y describe como ser\u00e1n aquellas durante la liquidaci\u00f3n de la sociedad, respectivamente. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1542, 1553, 1557, 1564, 1689, 1693, 1694 y 1696 del C\u00f3digo Civil, y los c\u00e1nones 226, 238-7, 239, 240, 241, 242, 244, 247 y 252 del estatuto mercantil, los recurrentes no se ocuparon de explicar por qu\u00e9 est\u00e1s disposiciones debieron ser fundamento de la sentencia confutada, ni por qu\u00e9 su inaplicaci\u00f3n condujo a la inadecuada resoluci\u00f3n de la litis, desembocando en el fracaso de sus aspiraciones. <\/p>\n
3.2.- De otro lado, el embate luce desenfocado, puesto que, al tratar de evidenciar errores de hecho en que presuntamente incurri\u00f3 el Tribunal frente a lo que ata\u00f1e a la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reclamada, los casacionistas le recriminaron haber colegido que \u00abel supuesto previsto para el evento de la compra por el IDU, no constitu\u00eda otra obligaci\u00f3n en s\u00ed, en la modalidad de condicional, facultativa ni alternativa, porque \u201clo que estaba condicionado era el quantum de ese derecho m\u00e1s no la adjudicaci\u00f3n de la porci\u00f3n predial\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, esa inferencia no la emple\u00f3 el Colegiado para desde\u00f1ar la novaci\u00f3n que vienen planteando los discrepantes, pues esa figura la descart\u00f3 con fundamento en que no se demostr\u00f3 la voluntad expresa del acreedor de liberar a la deudora del pago de los honorarios profesionales contratados, menos a\u00fan su extinci\u00f3n por el nacimiento de una nueva, sino cuando abord\u00f3 el estudio de la prescripci\u00f3n alegada por el extremo pasivo y los llamados en garant\u00eda, para determinar desde cual momento iniciaba el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo, de modo que no pudo ser dicha deducci\u00f3n base de lo decidido frente a aquel t\u00f3pico. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, al respecto, la Corte ha explicado que: <\/p>\n
La labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ AC 25 feb. 2013, rad. 00228, reiterado en CSJ AC6075-2021, 16 dic., rad. 2018-01593-01, CSJ AC5548-2022, 15 dic., rad. 2018-00335-01 y CSJ AC2326-2023, 1 sep., rad. 2019-00038-01, entre otros). <\/p>\n
3.3.- De otro lado, bueno es reiterar que, para atender el deber de demostraci\u00f3n de los errores de hecho (parte final literal a) del n\u00fam. 2\u00ba, art. 344 C.G.P.), <\/p>\n
Es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d (se subraya; CSJ SC 2 feb. 2001, rad. 5670, citada en CSJ AC3378-2021, 11 ag., rad. 2017-00008-01 y CSJ AC1357-2022, 22 abr., rad. 2018-00077-01, entre otros). <\/p>\n
Pues bien, a la vista de lo expuesto es de relievar que los impugnantes no satisficieron la exigencia de acreditar cabalmente los desatinos denunciados, ya que todo qued\u00f3 en su apreciaci\u00f3n subjetiva sobre las pruebas tildadas de indebidamente valoradas o preteridas (Actas 48, 49, 50, 58, 60 y 107; las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 929 y 661 de 3 y 8 de mayo de 2019 y las matr\u00edculas inmobiliarias n\u00b0 50C-1463864 y 50C-1463866, entre otras), en la medida que el extenso escrito de demanda no revel\u00f3 con contundencia las equivocaciones que se le enrostran al ad quem, cuyos argumentos no alcanzan a derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que reviste al fallo criticado, por lo que carecen de demostraci\u00f3n. <\/p>\n
Ev\u00f3quese, por ejemplo, que para descalificar la inferencia del juez plural en relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n efectuada por los socios en la junta que celebraron el 26 de enero de 1998, luego de aceptar la solicitud de Mar\u00eda Jos\u00e9 Pedraza G\u00f3mez, atinente a que \u00e9stos no la excluyeron de la obligaci\u00f3n al decir que delegaban \u00abtoda responsabilidad en la adjudicataria Pedraza G\u00f3mez\u00bb, esgrimieron que \u00ablo copiado demuestra la seriedad de lo pactado que implicaba que cuando llegase el momento de los pagos por la venta de unos lotes al IDU la se\u00f1ora Pedraza deber\u00eda asumir la responsabilidad para con el liquidador y los socios y recibir menos de lo que antes del acuerdo le corresponder\u00eda, porque con parte de sus dineros futuros hab\u00eda pagado una deuda a su abogado\u00bb, lo que simplemente constituye una consideraci\u00f3n personal de los antagonistas. <\/p>\n
Ello tambi\u00e9n se observa cuando anotaron que al manifestar el profesional del derecho Jorge Eustaquio Salcedo Segura que \u00abdeclaraba a paz y salvo a la sociedad, \u00bfno es reconocer que la deudora era la Sociedad y no Mar\u00eda Jos\u00e9 y su hija, quienes por ah\u00ed derecho quedaban libres del ligamen?\u00bb, e igualmente cuando arguyeron que \u00abel efecto perseguido desde cuando Mar\u00eda Jos\u00e9 envi\u00f3 -por cierto a trav\u00e9s de Salcedo- el escrito a la sociedad para que a este le pagara, fue desligarse de la obligaci\u00f3n alusiva a los honorarios de este\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la censura en general ofrece simplemente una dis\u00edmil apreciaci\u00f3n de dichos medios de convicci\u00f3n, como si fuera un alegato de instancia, desatendiendo que la mera divergencia entre la opini\u00f3n de los opugnantes y el criterio del Tribunal no est\u00e1 autorizada en la ley como motivo de casaci\u00f3n, en tanto que atentar\u00eda contra la autonom\u00eda del juzgador en la valoraci\u00f3n de los elementos de persuasi\u00f3n, por ello, se itera, \u00abno es suficiente la presentaci\u00f3n de conclusiones emp\u00edricas distintas de aqu\u00e9llas a las que lleg\u00f3 el Tribunal, pues la mera divergencia conceptual -por atinada que resulte, se agrega- no demuestra por s\u00ed sola error de hecho\u00bb (CSJ SC, 18 dic. 2012, rad. 2006-00104-01, reiterado en CSJ AC2974-2020, 9 nov., rad. 2018-00282-01). <\/p>\n
3.4.- Ahora, aunque se dejara de lado todo lo anterior, la censura adolece de incompletitud, toda vez que los impugnantes no atacaron los fundamentos en que se sustenta la consideraci\u00f3n del juzgador de segunda instancia sobre la prescripci\u00f3n extintiva, ya que, en esa labor, expresaron que aquella que se declar\u00f3 \u00abfue respecto de la obligaci\u00f3n primigenia -la del pago en especie-, la \u00fanica que en concepto del tribunal existi\u00f3; y, ya se sabe, que esta obligaci\u00f3n no hace parte de las s\u00faplicas de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien adujeron que \u00ab[l]a prescripci\u00f3n la redujo solamente a la \u00fanica y exclusiva obligaci\u00f3n que en su entender se pact\u00f3, la de pagar con terrenos, obligaci\u00f3n que desapareci\u00f3 por mutuo disenso, dando lugar a que naciera la obligaci\u00f3n alternativa que dur\u00f3 sujeta a condici\u00f3n suspensiva hasta el mes de mayo de 2019\u00bb, no cuestionaron de frente ninguna de las inferencias que extrajo el fallador secundario del Acta 48 para estimar que \u00abla obligaci\u00f3n de traspasar los referidos metros de terreno estaba sometida a un plazo; no era alternativa ni facultativa\u00bb, omisi\u00f3n que impide que el cargo pueda ser llevado al siguiente estadio del recurso extraordinario. <\/p>\n
3.5.- Finalmente, esa manifestaci\u00f3n acerca de que \u00abla obligaci\u00f3n primigenia -la del pago en especie-, la \u00fanica que en concepto del tribunal existi\u00f3; y, ya se sabe, que esta obligaci\u00f3n no hace parte de las s\u00faplicas de la demanda\u00bb, junto con la que alude a que \u00abel estudio de la prescripci\u00f3n la extendi\u00f3 a la obligaci\u00f3n \u201cpersonal\u201d de Mar\u00eda Jos\u00e9 y su hija. Pero, rep\u00edtase, esto no hac\u00eda parte del tema a decidir, desde luego que la demanda jam\u00e1s pidi\u00f3 que se declarara a dichas personas responsables del pago ni de condenarlas a ello. La demanda s\u00f3lo reclama la responsabilidad de la Sociedad y del liquidador\u00bb, evidencian la mixtura de causales del remedio extraordinario en que incurrieron los inconformes, en contrav\u00eda de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del estatuto procedimental, que impone el car\u00e1cter aut\u00f3nomo e independiente de cada acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto alegaron la transgresi\u00f3n indirecta de reglas sustanciales, empero introdujeron argumentos propios para sustentar el motivo tercero de casaci\u00f3n (incongruencia). <\/p>\n
En este escenario, recu\u00e9rdese que la amalgama tanto de yerros al interior de la causal segunda en sede casacional, como de vicios in iudicando e in procedendo, configura hibridismo que desatiende el postulado de la separaci\u00f3n o autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) el cual consiste, por lo general, en que cada una de ellas la acompa\u00f1an motivos propios, distintos por su naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le est\u00e1 vedado elaborar planteamientos mixtos o h\u00edbridos con el prop\u00f3sito de cobijar en un mismo cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia \u2018quien decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo est\u00e1 previsto en la ley\u2019 (auto de 11 de octubre de 2002, expediente 11001-310-3011-1997-09637). (\u2026)\u201d (Auto aprobado 27 de septiembre de 2012, radicaci\u00f3n n. 2009-00359-01\u201d (CSJ SC12024-2015, 9 sep., rad. 2009-00387-01; CSJ SC778-2021, 15 mar., rad. 2010-00613-01; CSJ AC900-2023, 18 may., rad. 2020-00446-01). <\/p>\n
4.- Colof\u00f3n de todo lo que antecede, se inadmitir\u00e1 el libelo auscultado. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n presentada por Mar\u00eda Marcela, Andr\u00e9s y Felipe Salcedo Gal\u00e1n para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, rem\u00edtase el link del expediente debidamente integrado con la actuaci\u00f3n de la Corte, a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3651-2023 (2020-00202-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC3651-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-043-2020-00202-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}