AC3655-2023 (2023-04215-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3655-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04215-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil del Circuito de Villavicencio \u2013 Meta y Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Y, en consecuencia, rog\u00f3 \u00abse adopte como aval\u00fao de la indemnizaci\u00f3n por la constituci\u00f3n de la servidumbre legal (\u2026) el dictamen pericial No. 3531-2017 del 31 de octubre de 2017 (\u2026) o el dictamen pericial de aval\u00fao que se allegar\u00e1 como anexo de la presente demanda\u00bb [Folios 49-64, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
2.- En el libelo, la gestora indic\u00f3 que fijaba la competencia en los jueces de la precitada latitud, por \u00abel numeral 9 del Art\u00edculo 5 de la ley 1274 de 2009, el cual le confiere la competencia al Juez Civil del Circuito de la circunscripci\u00f3n a la que pertenezca el inmueble objeto del proceso\u00bb [Folio 62, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
3.- El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Villavicencio, despacho que lo rechaz\u00f3, poniendo de presente que \u00abla demandante es una entidad p\u00fablica, resultando aplicable el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual es competente el juez del domicilio principal, es decir, el Juez Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb; en consecuencia, dispuso su remisi\u00f3n a los estrados de esta urbe (25 ag. 2023) [Folios 22-25, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
4.- En desacuerdo con lo resuelto, Ecopetrol S.A. interpuso recurso de \u00abReposici\u00f3n Parcial en Subsidio de Apelaci\u00f3n\u00bb, porque \u00aben los asuntos de servidumbres petroleras contrario a lo expuesto por la Corte debe prevalecer la Ley especial 1274 de 2009, aunque sea anterior al CGP. (\u2026) en este tipo de procesos resulta obligatoria la inspecci\u00f3n judicial, la cual no podr\u00e1 ser practicada directamente por el juez de conocimiento, quien necesariamente se ver\u00e1 forzado a comisionar al juez del lugar donde se encuentra ubicado el bien (\u2026) esta postura desconoce que varias de las entidades p\u00fablicas que adelantan procesos de imposici\u00f3n de servidumbres tienen su domicilio en Bogot\u00e1, lo cual implica, por un lado, una mayor congesti\u00f3n en este distrito y, por el otro, una demora mayor en el tr\u00e1mite de estos procesos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De igual modo refiri\u00f3, que \u00abla Corte ha catalogado el numeral 10 del art\u00edculo 28 del CGP como aplicaci\u00f3n del factor subjetivo de atribuci\u00f3n de competencia, lo cual podr\u00eda implicar que las sentencias proferidas en el marco de procesos de imposici\u00f3n de servidumbres por jueces distintos a los de Bogot\u00e1, para el caso de Ecopetrol, serian nulas\u00bb [Folios 35-39, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
Los aludidos medios de defensa no fueron atendidos al apreciarse que el estrado \u00ab[carec\u00eda] de competencia para realizar pronunciamiento alguno\u00bb (5 sep. 2023) [Folio 40, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
5.- El Octavo Civil del Circuito capitalino, al recibir en tal virtud el negocio, se neg\u00f3 a asumirlo, con sustento en que \u00abla demanda de la referencia, tiene un tr\u00e1mite especial, el cual se encuentra plenamente regulado en la Ley 1274 de 2009, es decir, al tratarse de una revisi\u00f3n de aval\u00fao de perjuicios, cuyo origen deviene de la sentencia en tal sentido proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio (\u2026) conforme lo normado en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1274 de 2009, el Juez Competente para conocer de la misma, es el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, en este caso, al Juez Civil del Circuito de Villavicencio \u2013 Meta\u00bb (10 oct. 2023). <\/p>\n
Basado en aquellos razonamientos, trab\u00f3 la presente colisi\u00f3n, ordenando el env\u00edo del legajo a esta Corporaci\u00f3n [Folios 27-28, 0004Expediente_digitalizado.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- La ley 1274 de 2009, por la cual se \u00abestablece el procedimiento de aval\u00fao para las servidumbres petroleras\u00bb, que involucran, en general, a la industria de hidrocarburos, detalla lo concerniente a la negociaci\u00f3n directa, precisando que ante su fracaso respecto del valor de la indemnizaci\u00f3n o la imposibilidad de dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o due\u00f1os de mejoras, \u00abel interesado presentar\u00e1 ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del aval\u00fao de los perjuicios que se ocasionar\u00e1n con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos\u2026\u00bb (art. 3\u00b0) -subrayado para destacar- <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, puntualiza el art\u00edculo 4\u00ba que \u00ab[l]a autoridad competente para conocer de las solicitudes de aval\u00fao para las servidumbres de hidrocarburos que adelante cualquier persona, natural o jur\u00eddica, nacional o extranjera y las sociedades de econom\u00eda mixta, ser\u00e1 el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre\u00bb, quien agotado el tr\u00e1mite previsto en la normativa en comento \u00abdeber\u00e1 resolver definitivamente sobre el aval\u00fao solicitado\u00bb. <\/p>\n
La citada ley establece, adicionalmente, que \u00ab[c]ualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez\u00bb (n\u00fam. 9\u00ba, ib). <\/p>\n
2.1.- Aun cuando, como lo refiri\u00f3 el segundo juzgador involucrado, se trata de disposiciones \u00abespeciales\u00bb, proferidas para regular la materia en comento, ha de memorarse que de conformidad con el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 153 de 1887 \u00ab[l]a ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicar\u00e1 la ley posterior\u00bb. De manera que las pautas aplicables al sub examine son las contenidas en la Ley 1564 de 2012, porque a m\u00e1s de ser una norma de procedimiento que tiene aplicaci\u00f3n inmediata, es posterior a la memorada Ley 1274 de 2009. <\/p>\n
2.2.- El panorama anterior no vari\u00f3 con la expedici\u00f3n del Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ\u00eda (Dcto. 1073 de 26 de mayo de 2015), expedido con el objetivo de compilar y racionalizar normas de car\u00e1cter reglamentario que rigen el sector minero energ\u00e9tico y \u00abcontar con un instrumento jur\u00eddico \u00fanico para el mismo\u00bb, el cual tambi\u00e9n se ocupa del \u00e1mbito de los hidrocarburos. <\/p>\n
El precepto 2.2.3.7.5.3 se ocupa del tr\u00e1mite de los procesos \u00aba que se refiere este Decreto\u00bb fijando las directrices de su desarrollo, pero el canon 2.2.3.7.5.5. expresamente determina que \u00ab[C]ualquier vac\u00edo en las disposiciones anteriores se llenar\u00e1 de acuerdo con las normas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (negrilla para enfatizar); luego, ante la ausencia de referencia alguna a la asignaci\u00f3n de competencia para la tramitaci\u00f3n de dichos juicios, ser\u00e1n las disposiciones contenidas en la ley adjetiva las llamadas a aplicarse en su definici\u00f3n. <\/p>\n
3.- Dilucidado lo anterior, en la colisi\u00f3n en estudio es predicable la concurrencia dos (2) de los fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, consagrados en el canon 28 del estatuto procesal: el real y el personal. Conforme al primero, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (n\u00fam. 7\u00ba). De acuerdo con el \u00faltimo, \u00aben los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (n\u00fam. 10\u00ba). <\/p>\n
3.1.- Los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, circunstancia que ante la diversidad de situaciones que, en no pocas ocasiones se presentan, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitieran fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en donde aquellos concurrieran, punto sobre el cual, al interior de la Sala, se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar de localizaci\u00f3n del fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC1172-2018, 21 nov., rad. 2014-00555-01; CSJ AC5051-2018, 26 nov., rad. 2018 <\/p>\n
02955 <\/p>\n
00; CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00; CSJ AC1028-2021, 23 mar., rad. 2021-00305-00; entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC4272-2018, 28 sep., rad. 2018-02436-00; CSJ AC4898-2018, 15 nov., rad. 2018-03367-00; CSJ AC2313-2019, 17 jun., rad. 2019-00725-00; CSJ AC3108-2019, 5 ag., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC1772-2021, 12 may., rad. 2021-01254-00, entre otras). <\/p>\n
3.2.- La providencia AC140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 en su momento la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3.3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, 28 sep., rad. 2017-02419-00; reiterada en CSJ AC140-2020, 24 en., rad. 2019-00320-00; CSJ AC800-2021, 8 mar., rad. 2021-00655-00; CSJ AC795-2021, 8 mar., rad. 2021-00641-00 y CSJ AC792-2021, 8 mar., rad. 2021-00612-00). <\/p>\n
4.- En el conflicto competencial bajo examen, las solicitudes tendientes a lograr \u00abla REVISI\u00d2N del aval\u00fao de los perjuicios\u00bb que tuvo en cuenta el Juez Quinto Civil Municipal de Villavicencio para emitir el veredicto del 7 de marzo de 2023, en el que reconoci\u00f3 a favor de Mar\u00eda Nelly Villa de Barreiro la cuant\u00eda de $31.590.977 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por la imposici\u00f3n de servidumbre de hidrocarburos sobre el fundo San Remo 1, ubicado en la vereda Santa Helena en el municipio de Villavicencio, por no corresponder realmente al valor del resarcimiento, se incoaron ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de ese sitio, atendiendo a la localizaci\u00f3n de la heredad. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha destacado que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (CSJ AC2462-2021, 23 jun., rad. 2021-01782-00, reiterado en CSJ AC3724-2022, 23 ag., rad. 2022-02661-00; CSJ AC3335-2022, 29 jul., rad. 2022-02374-00; CSJ AC3724-2022, 23 ag., rad. 2022-02661-00 y CSJ AC4594-2022, 11 oct., rad. 2022-03322-00). <\/p>\n
5.- Bajo ese entendido, no le era dable a la juez Octava Civil del Circuito de Bogot\u00e1 a la que le fue remitido el asunto, desprenderse de \u00e9l invocando el numeral 9 del canon 5 de la Ley 1279 de 2009 (ubicaci\u00f3n del bien), porque ni las partes, ni el administrador de justicia tienen margen de disposici\u00f3n para alterar la regla de competencia que disciplina el proceso, de suerte que el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador de Villavicencio, sino al estrado judicial de esta urbe, por ser este el lugar del asiento principal de Ecopetrol S.A. <\/p>\n
6.- Es que, cuando en cualquiera de los extremos procesales concurre un ente p\u00fablico, se itera, se torna ineludible la aplicaci\u00f3n del privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del canon 28 del nuevo estatuto procedimental a favor de aquel, para que ante el juez de su domicilio se adelante el litigio. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque dicha pauta, a efectos de determinar la competencia por el factor territorial, no hace distinci\u00f3n entre demandante y demandado, pues s\u00f3lo refiere a que el ente territorial o entidad p\u00fablica \u00absea parte\u00bb, de suerte que cada una de ellas, por su particular naturaleza, es titular del fuero privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ibidem es \u00abprevalente\u00bb. <\/p>\n
7.- Como colof\u00f3n, estando como est\u00e1 involucrada en uno de los extremos de la litis una entidad que por su naturaleza impone la aplicaci\u00f3n del fuero subjetivo, cuyo domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, muy a pesar de ubicarse el predio objeto de servidumbre en el municipio de Villavicencio, Meta nada obsta para que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad asuma las diligencias e imparta el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n conforme al curso normal del proceso, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de aval\u00fao de perjuicios por imposici\u00f3n de servidumbre de hidrocarburos o petrolera descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Villavicencio y a la parte demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (Num. 1, 5 y 6 art. 28 C.G.P.). <\/p>\n
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