AC3663-2023 (2013-00008-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3663-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899 31 03 001 2013 00008 01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de las demandas de casaci\u00f3n presentadas por Leonor Pe\u00f1a Ariza y por Jovita Ariza Mateus, cesionaria de la anterior y de Isabel Ariza Mateus, frente a la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del juicio de pertenencia que las cedentes y Ana Bertilda Ariza de Pinz\u00f3n promovieron contra personas indeterminadas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el cual reconvino mediante acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
a.-)ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Leonor Pe\u00f1a Ariza e Isabel Ariza Mateus pidieron declarar que ganaron por prescripci\u00f3n extraordinaria un lote de menor extensi\u00f3n que integra el predio identificado con la matr\u00edcula No. 176 19829 y ordenar la apertura de nuevo folio en el que se inscriba el fallo favorable. <\/p>\n
Refirieron que desde el a\u00f1o 1961 poseen el terreno con \u00e1nimo de se\u00f1oras y due\u00f1as, sin reconocer dominio ajeno, porque Mar\u00eda Cristina V\u00e9lez de Merino se lo permiti\u00f3 como retribuci\u00f3n a sus servicios, situaci\u00f3n que fue aceptada por su hija Lucy Merino V\u00e9lez, propietaria fallecida el 4 de julio de 1991. <\/p>\n
El ICBF nunca ejerci\u00f3 posesi\u00f3n ni tenencia, pero result\u00f3 adjudicatario del predio dentro de la sucesi\u00f3n que promovi\u00f3 de manera apresurada y desconociendo sus derechos, en cuyo tr\u00e1mite ellas se opusieron con \u00e9xito a la diligencia de secuestro iniciada el 27 de febrero de 1992 y continuada el 21 de noviembre de 1994. <\/p>\n
2.- El ICBF se resisti\u00f3 a las pretensiones y excepcion\u00f3 de m\u00e9rito \u00abImposibilidad jur\u00eddica del derecho pretendido\u00bb y \u00abCarencia de requisitos legales para la declaraci\u00f3n del derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, reconvino en procura de que se declare que \u00abes titular del pleno derecho de dominio\u00bb del bien de mayor extensi\u00f3n y se condene a su contraparte a restituirle la franja que ocupa con sus frutos desde el 6 de junio de 1996, sin que deba reconocerle mejoras. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que por escritura p\u00fablica registrada, el 12 de febrero de 1987 Lucy Merino V\u00e9lez compr\u00f3 el predio a Cristina V\u00e9lez de Merino, que las contrademandadas ocuparon como empleadas dom\u00e9sticas. <\/p>\n
Fallecida la due\u00f1a, a falta de otros herederos, inici\u00f3 juicio de sucesi\u00f3n en el que mediante sentencia registrada se le adjudic\u00f3 la propiedad (6 jun. 1995). <\/p>\n
Sus contradictoras le adelantaron demandas laborales, pero continuaron en el inmueble, incluso despu\u00e9s de que Leonor Pe\u00f1a Ariza recibi\u00f3 el pago de las prestaciones que se le reconocieron, y, a pesar de que no tienen derecho, poseen la parte que describen. <\/p>\n
En respuesta, las accionantes iniciales formularon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb y \u00abFalta de requisitos para reivindicar\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el curador ad litem designado a las personas indeterminadas se atuvo a lo que se probara. <\/p>\n
El extremo activo reform\u00f3 el libelo inaugural para incluir como demandante a Ana Bertilda Ariza de Pinz\u00f3n respecto de la fracci\u00f3n restante del predio de mayor extensi\u00f3n, se\u00f1alando que en 1967 se cas\u00f3 con Eriberto Pinz\u00f3n Garz\u00f3n, quien por \u00abinvitaci\u00f3n expresa\u00bb de Ricardo Merino Visbal, padre de Lucy Merino, entr\u00f3 en posesi\u00f3n de la misma en 1970; fallecido su esposo (6 mar. 2009), ella sum\u00f3 ese se\u00f1or\u00edo al propio, conforme escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n sucesoral de 13 de diciembre de 2012. <\/p>\n
Frente a esta intervenci\u00f3n, el ICBF formul\u00f3 nueva reconvenci\u00f3n similar a la anterior, aunque no reclam\u00f3 frutos. <\/p>\n
3.- En sentencia anticipada de 15 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones mutuas, pero el tribunal la revoc\u00f3 y orden\u00f3 proseguir el tr\u00e1mite (11 ag. 2020). <\/p>\n
4.- Agotada la instancia, el a quo desestim\u00f3 las aspiraciones de usucapi\u00f3n al tiempo que acogi\u00f3 las reivindicatorias, imponiendo a las vencidas el pago de frutos. <\/p>\n
5.- El Tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n de las perdedoras, modific\u00f3 el fallo para no condenarlas en frutos y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Tras se\u00f1alar los elementos esenciales de las acciones enfrentadas y constatar los argumentos de la sentencia de primer grado y de las demandantes, consider\u00f3 que si bien \u00e9stas alegan ser poseedoras desde 1970, las sentencias proferidas en los juicios laborales seguidos por Isabel Ariza Mateus y Leonor Pe\u00f1a Ariza contra el ICBF y los herederos de Lucy Merino V\u00e9lez, as\u00ed como las declaraciones que la primera y Heriberto Pinz\u00f3n Garz\u00f3n dieron en desarrollo de la diligencia de secuestro dejan claro que apenas \u00abten\u00edan la calidad de trabajadores en el predio que pretenden en usucapi\u00f3n hasta el fallecimiento de LUCILA MERINO V\u00c9LEZ acaecido el 4 de julio de 1991 (Fl. 69 archivo 6 C-3), por ende, los actos posesorios de \u00e9stos, solo pueden tenerse en cuenta desde el 5 de julio de 1991\u2026\u00bb. Y aunque se les admiti\u00f3 la oposici\u00f3n, ello no va \u00abm\u00e1s all\u00e1 de la situaci\u00f3n de hecho encontrada al realizarse la diligencia de secuestro, pues es en el presente proceso (pertenencia con reivindicatorio en reconvenci\u00f3n) donde se define si los poseedores lograron adquirir el fundo por usucapi\u00f3n, por haberlo pose\u00eddo durante el tiempo exigido por la ley\u00bb. <\/p>\n
Si bien los testigos Jorge Agust\u00edn Morales Panqueva y Mar\u00eda del Carmen Mariaca Rodr\u00edguez informaron sobre los actos posesorios del extremo activo, \u00e9stos solo pueden tenerse en cuenta desde cuando se acaba de indicar hasta el 22 de junio de 1995, cuando por virtud del registro de la adjudicaci\u00f3n, el predio pas\u00f3 a ser de una entidad de derecho p\u00fablico y, por tanto, se volvi\u00f3 imprescriptible al tenor del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la fecha en que se entabl\u00f3 la demanda (19 dic. 2012), tiempo insuficiente para usucapir. <\/p>\n
Conforme lo dicho en CSJ2122-2021, \u00abresulta claro que la acci\u00f3n reivindicatoria no prescribe por \u201cno haberse ejercitado tal potestad en cierto per\u00edodo de tiempo, sino solamente como consecuencia de la p\u00e9rdida del derecho de propiedad, porque otro lo haya ganado por virtud de la usucapi\u00f3n\u201d; por ende, como los aqu\u00ed demandantes no lograron ganar el predio materia de debate por usucapi\u00f3n, la acci\u00f3n reivindicatoria NO se encuentra prescrita\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la alegaci\u00f3n que el ICBF no prob\u00f3 haber tenido la posesi\u00f3n del predio, de anta\u00f1o la Corte Suprema de Justicia ha ense\u00f1ado que no se requiere (sent. No. 247 del 1\u00ba de julio de 1987). <\/p>\n
No obstante que el inciso 2 del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso ordena actualizar las condenas, la que el a quo impuso por frutos no resulta procedente, porque el ICBF no los solicit\u00f3 en relaci\u00f3n con Ana Bertilda Ariza y desisti\u00f3 los pretendidos frente a Leonor Pe\u00f1a Ariza e Isabel Ariza Mateus. <\/p>\n
6.- Las demandantes interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que les fue concedido. <\/p>\n
7.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, la cual fue sustentada en tiempo mediante sendas demandas de casaci\u00f3n, interpuesta la una por Leonor Pe\u00f1a Ariza y la otra por Jovita Ariza Mateus, esta \u00faltima como cesionaria de la anterior y de Isabel Ariza Mateus. <\/p>\n
DEMANDA DE LEONOR PE\u00d1A ARIZA <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Acusa a la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 2, 4, 13, 29, 53, 83, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 950, 961 -primera parte-, 962 -inciso 1\u00ba-, 964 -incisos 1\u00ba y 2\u00ba-,762, 764, 765, 946, 947, 949, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2529 y 2531 del C\u00f3digo Civil; 5\u00b0, 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970; 7 de la Ley 791 de 2002; 164, 167, 175 y 375 del C\u00f3digo General del Proceso, a ra\u00edz de errores manifiestos y trascendentes en el examen de algunas pruebas. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el yerro consisti\u00f3 en la desafortunada apreciaci\u00f3n objetiva de las declaraciones que Isabel Ariza Mateus y Heriberto Pinz\u00f3n Garz\u00f3n vertieron en la diligencia del secuestro decretado en la sucesi\u00f3n de Lucila Merino V\u00e9lez, en la que se acept\u00f3 la oposici\u00f3n que formularon junto con Leonor Pe\u00f1a Ariza, as\u00ed como del testimonio de Jos\u00e9 Agust\u00edn Morales Panqueva, pues contrast\u00e1ndolos \u00abse colige en realidad de verdad, una errada interpretaci\u00f3n del acervo probatorio, pues queda claro que las demandantes vienen ocupando el predio desde antes de 1970 con \u00e1nimo de se\u00f1oras y due\u00f1as, sin reconocer dominio ajeno, no solo porque en su fuero interno, as\u00ed se consideran sino\u2026\u00bb porque este \u00faltimo \u00abresulta ser un testigo de excepci\u00f3n en cuanto que conoce a las promotoras del proceso desde hace m\u00e1s de 45 a\u00f1os, y siempre las ha visto en el predio no solo viviendo sino explot\u00e1ndolo para su propio beneficio\u00bb. Adem\u00e1s, se hizo un an\u00e1lisis \u00abde manera dispersa o disgregada y por ende se extracta una conclusi\u00f3n diversa a la que dejar\u00eda el mismo an\u00e1lisis hecho integralmente. (SC3918 del 9 de agosto de 2021)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, el fallador de instancia pas\u00f3 por alto la versi\u00f3n que Leonor Pe\u00f1a Ariza rindi\u00f3 en la misma diligencia y en la inspecci\u00f3n judicial, as\u00ed como que el 16 de diciembre de 1994 el juzgado orden\u00f3 levantar la medida cautelar por petici\u00f3n de la apoderada del ICBF, por lo que la posesi\u00f3n alegada continu\u00f3, \u00aben otras palabras, el statu quo no vari\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Tales yerros son manifiestos y trascendentes, porque \u00abde haber parado mientes en las pruebas que interpret\u00f3 de manera contraria a su real contenido y de haber considerado las otras pruebas debidamente aportadas, conforme se denuncian en el cargo, hubiese llegado a una conclusi\u00f3n diferente a la que arrib\u00f3, consistente en que los demandantes en el libelo genitor son los \u00fanicos poseedores de la heredad en cuesti\u00f3n por lo que ha debido triunfar la usucapi\u00f3n deprecada por haberse consolidado dicha posesi\u00f3n antes del fallecimiento de la persona que figuraba como titular del dominio se\u00f1orita LUCILA (LUCY) MERINO VELEZ que antecedi\u00f3 a la adjudicaci\u00f3n del inmueble a favor del ICBF\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denuncia que el fallo del Tribunal es directamente violatorio, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 669, 673, 740, 751, 752, 754, 756, 759, 769, 770, 771, 774, 778, 946, 947, 949, 2512, 2522, 2529, 2532 del C\u00f3digo Civil, de los art\u00edculos 2, 3, 4, 8, 46, 48 y 49 de la Ley 1579 de 2012; 75, 174, 186, 195, 197, 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y los art\u00edculos, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 961, 962, 963 y 969 del C\u00f3digo Civil Ley 791 de 2022, y de los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 4\u00b0, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 59 de la ley 1579 de 2012 que derog\u00f3 los art\u00edculo 1, 2, 5, 24, 25, 37, 42, 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970, as\u00ed como los art\u00edculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 791 de 2002\u00bb (sic). <\/p>\n
Al efecto, tras poner de presente los casos excepcionales en que de conformidad con el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la jurisprudencia procede la prescripci\u00f3n de bienes de uso p\u00fablico (CSJ SC 10 sept. 2013, exp. 2007-00074-01), teniendo en cuenta la posibilidad que el interesado tiene de sumar posesiones, concluy\u00f3 que \u00abla naturaleza del predio controvertido en este juicio es de derecho privado, esto es, no se puede calificar como bien de uso p\u00fablico ni destinado para el servicio p\u00fablico, y a pesar de que el ICBF lo hizo titular a su nombre por aquello de que no concurri\u00f3 ning\u00fan otro heredero o legatario a reclamar los bienes de la causante LUCILA (LUCY) MERINO VELEZ no cambia su naturaleza\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n, acusa a la sentencia del tribunal \u00ab\u2026de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1991, todo como efecto de haber cometido manifiestos y trascendentes errores de hecho al no haber resuelto [el] incidente de nulidad procesal planteado oportunamente ante el Juez de conocimiento y reiterado ante el fallador de segundo grado\u00bb (sic). <\/p>\n
Al efecto, tras aducir los requisitos para la prosperidad de la nulidad, sostuvo que su privilegio fundamental a la defensa fue vulnerado ostensiblemente porque el juez de conocimiento \u00abcercen\u00f3 su derecho a intervenir en las audiencias que se adelantaron al interior del proceso de pertenencia y de acci\u00f3n de dominio en reconvenci\u00f3n, con el pueril argumento de que hab\u00eda cedido sus derechos a la se\u00f1ora JOVITA ARIZA MATEUS\u00bb, desconociendo que como este acto no fue aceptado por su contraparte, sigui\u00f3 como litisconsorte necesaria de la cesionaria (art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
La nulidad no ha sido saneada ni convalidada, toda vez que no se le ha \u00abdado tr\u00e1mite formal a la articulaci\u00f3n planteada oportunamente\u2026, a pesar de que se ha insistido en varios escritos presentados directamente por la afectada sin que hayan encontrado eco ni ante el Juzgador de la Primera instancia, ni el cuerpo colegiado que desat\u00f3 la alzada. En otras palabras, se guard\u00f3 un silencio sepulcral\u2026\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE JOVITA ARIZA MATEUS <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Acusa a la sentencia del Tribunal de ser directamente violatoria de los art\u00edculos \u00ab762, 764, 2512, 2531, 2532 del C\u00f3digo Civil, y el art\u00edculo 58 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y, en consecuencia, de los art\u00edculos \u00ab946, 950, 952 del C.C., y 368 y 369 del C.G.P., art\u00edculo 8 y 29 de la ley 153 de 1887\u00bb, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Despu\u00e9s de memorar el contenido de dichas normas y resaltar que las gestoras tienen la posesi\u00f3n desde 1970 sin limitaci\u00f3n alguna de la otrora propietaria, quien por el contrario les permiti\u00f3 ejercerla, sostuvo que la \u00fanica forma en que pudo evitarse que adquirieran el bien por prescripci\u00f3n adquisitiva era mediante demanda reivindicatoria formulada \u00abantes de la presentaci\u00f3n de la DEMANDA DE PERTENENCIA\u00bb (2012), pero las acciones aqu\u00ed propuestas en ese sentido fueron radicadas en 2014 y 2017, por lo que al desconocer esta situaci\u00f3n los juzgadores de instancia \u00abvulneran directamente las disposiciones por su err\u00f3nea interpretaci\u00f3n y convalidan las deficiencias llev\u00e1ndolas a crear un derecho que vulnera el Derecho de Propiedad que, hasta la fecha del d\u00eda de hoy -13\/09\/2023- detentan los demandantes bajo la figura jur\u00eddica de LA POSESION y oportunamente reclamada ante la Jurisdicci\u00f3n para su reconocimiento jur\u00eddico\u00bb, en la medida que permitirlo \u00abdesnivela la balanza de la Justicia y vulnera claramente el DEBIDO PROCESO, a m\u00e1s de pretermitir t\u00e9rminos procesales ya vencidos por inoperancia de quien deb\u00eda proceder en la oportunidad\u2026\u00bb. Adem\u00e1s, no se demostraron sus elementos. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que en las instancias acredit\u00f3 de manera fehaciente \u00abel CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO\u00bb, pero el fallador desconoci\u00f3 que el ICBF \u00abNO pudo demostrar la iniciaci\u00f3n de una acci\u00f3n judicial como la REIVINDICATORIA\u2026\u00bb; \u00abNO pudo desvirtuar el ejercicio de la POSESION pac\u00edfica, ininterrumpida, de buena fe, no clandestina, NI tampoco pudo desvirtuar los actos positivos de se\u00f1ora y due\u00f1a desplegados durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os (1970 a 1995) por la accionante\u00bb, de tal suerte que resulta extra\u00f1o que el a quo dijera que \u00abpor el actor NO se demostraron los fundamentos de derecho conforme a la norma que as\u00ed lo ordena\u00bb, con lo cual contrari\u00f3 el principio de carga de la prueba. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que las versiones de parte y de los terceros, los documentos y el dictamen pericial, que no fueron desvirtuados, prueban su usucapi\u00f3n, am\u00e9n de que su contraparte no demostr\u00f3 haber pose\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho, al no aplicar, a pesar de hab\u00e9rsele pedido, el \u00abnumeral 4\u00ba del art\u00edculo 407 del Decreto 1400 de 1970 y posterior decreto 2282 de 1989 c\u00f3digo de procedimiento civil hoy, Art\u00edculo 375 del C.G.P.; y el art\u00edculo 29 de la ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que a partir de aquella norma, con apoyo en los principios de buena fe y confianza leg\u00edtima y como prevenci\u00f3n de actos fraudulentos, la Corte ha fijado que son excepciones a la imprescriptibilidad de los bienes fiscales: \u00aba. Si la posesi\u00f3n apta para prescribir se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes 1 de julio de 1971, al entrar en vigencia el numeral 4 del art\u00edculo 413 del decreto 1400 de 1970 (que fue el art 407 del CPC y ahora 375 del CGP). b. Si el requisito temporal para usucapir se cumpli\u00f3 en vigencia del citado numeral 4, pero con anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquirido la propiedad\u00bb (sic), pero el juzgador no las aplic\u00f3, \u00abm\u00e1xime cuando se evidenci\u00f3 y demostr\u00f3 que, los DERECHOS de POSESION que los Demandantes detentaban al momento de la presentaci\u00f3n de la DEMANDA DE PERTENENCIA se encontraban CONSOLIDADOS frente a la normativa vigente y por lo tanto respaldados en esas decisiones, la Sentencia a proferir no era otra que la de RECONOCER ese DERECHO CONSOLIDADO bajo la figura de la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, lo cual hasta el momento no ha sucedido y se ha desconocido el DERECHO CONSOLIDADO en la forma de la POSESION que cumple los requisitos de ley y ejecutada mediante los actos positivos de se\u00f1or y due\u00f1o por parte de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
b.-)CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta a que los censores cumplan estrictamente ciertos requisitos, puesto que el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Seg\u00fan se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, en la medida que conforme lo indican los art\u00edculos 346 y 347 ib., el incumplimiento de esas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n; y a\u00fan de colmar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o su intrascendencia; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude a los dos primeros numerales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados con la violaci\u00f3n de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 \u00edd. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el numeral 2 del literal a) de dicho canon, si la vulneraci\u00f3n que se denuncia es por la v\u00eda directa, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, bien sea por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en el campo de la segunda causal, por la v\u00eda indirecta, es necesario que el recurrente precise si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso, debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o si es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o de alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente que atribuye al sentenciador. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Ahora, cuando se alega la quinta causal del art\u00edculo 336, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, convalidaci\u00f3n, inter\u00e9s y trascendencia que rigen las nulidades procesales, puesto que s\u00f3lo lograr\u00edan socavar la decisi\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su relevancia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el afectado. <\/p>\n
En tal sentido, en AC512-2023, la Corte dijo que <\/p>\n
La posibilidad de \u00e9xito de esta causal permanece supeditada a los principios generales del r\u00e9gimen de nulidades procesales, esto es, especificidad, trascendencia y convalidaci\u00f3n; en palabras de Eduardo J. Couture, el primero ata\u00f1e a que \u00abno hay nulidad sin ley espec\u00edfica que la establezca\u00bb, y, conforme al segundo, \u00abno hay nulidad de forma si la desviaci\u00f3n no tiene trascendencia sobre las garant\u00edas esenciales de defensa en juicio\u00bb, y el \u00faltimo, guarda relaci\u00f3n con que las nulidades procesales, en principio, pueden convalidarse por el consentimiento del afectado, bien sea expreso o t\u00e1cito. <\/p>\n
3.- Las demandas de casaci\u00f3n sub examine no colman las exigencias formales y t\u00e9cnicas que le abrir\u00edan paso a su estudio de fondo, de conformidad con las razones que enseguida se ofrecen. <\/p>\n
a.-) Los cargos de la demanda de Jovita Ariza Mateus y los dos primeros de la presentada por Leonor Pe\u00f1a Ariza, que denuncian la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, son desenfocados porque no atacan el argumento central que condujo al Tribunal a confirmar la decisi\u00f3n de primer grado desestimatoria de las pretensiones de usucapi\u00f3n y que acogi\u00f3 las reivindicatorias, consistente en que antes del fallecimiento de Lucila Merino V\u00e9lez, acaecido el 4 de julio de 1991, las demandantes no ten\u00edan la calidad de poseedoras del bien pretendido, pues lo ocupaban en calidad de trabajadoras, el cual extrajo de las pruebas documentales consistentes en las sentencias proferidas en los juicios ordinarios laborales seguidos por Isabel Ariza Mateus y Leonor Pe\u00f1a Ariza contra el ICBF y los herederos de aquella, que las actuales recurrentes no mencionan, as\u00ed como de las declaraciones que la primera y Heriberto Pinz\u00f3n Garz\u00f3n dieron en la diligencia de secuestro practicada en el respectivo juicio de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
En tal medida, cualquier alegaci\u00f3n al margen de esa motivaci\u00f3n pierde trascendencia y torna inanes los embates, pues su prosperidad est\u00e1 supeditada a que se demuestre que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 al discernir que la posesi\u00f3n no fue anterior a dicho fallecimiento; pero como no se atac\u00f3 esa conclusi\u00f3n probatoria, queda en pie. En otras palabras, cualquier discusi\u00f3n que se proponga debe partir del hecho establecido por el Tribunal que el extremo demandante solo posey\u00f3 el bien desde el d\u00eda siguiente al \u00f3bito de la propietaria. <\/p>\n
No se ignora que los segundos cargos de cada uno de los libelos casacionales, uno planteado por la v\u00eda directa y el otro por la indirecta, error de derecho, invocan la existencia de excepciones de origen legal y desarrollo jurisprudencial a dicha imprescriptibilidad; sin embargo, si se pretendiera que se aplicara la que se refiere a que la prescripci\u00f3n se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes de la entrada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que regulaba la materia, se encontrar\u00eda con el obst\u00e1culo no allanado que los demandantes tuvieron la calidad de trabajadores en todo ese tiempo; y si se optara por la que indica la posibilidad de que lapso prescriptivo se cumpliera en vigencia de dicha norma pero antes que el bien fuera adquirido por la entidad de derecho p\u00fablico, suceder\u00eda lo mismo, pues entre la fecha en que conforme dichas motivaciones qued\u00f3 fijado el inicio de la posesi\u00f3n (5 julio de 1990) y la conversi\u00f3n del inmueble en fiscal por virtud del registro de la adjudicaci\u00f3n apenas pasaron 5 a\u00f1os. <\/p>\n
En ese sentido, cabe recordar que <\/p>\n
(…) no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01), CSJ AC2680-2020. <\/p>\n
b.-) Los ataques examinados en el anterior literal y el tercero de la demanda de Leonor Pe\u00f1a Ariza tambi\u00e9n se resienten del vicio de entremezclamiento, pues exponen cuestiones ajenas a la senda se\u00f1alada para cada uno de ellos. En tal sentido, all\u00ed donde se plantea violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho se presentan alegaciones propias del yerro de derecho, se hacen disquisiciones que apuntan a la v\u00eda directa, o, m\u00e1s desviado a\u00fan, se denuncia que la sentencia se dict\u00f3 en un juicio viciado de nulidad; y all\u00ed donde se invoca la v\u00eda directa, se entreveran cuestiones probatorias. <\/p>\n
Es as\u00ed como en la primera censura planteada por la senda indirecta por error de hecho, se expone un yerro de derecho por falta de valoraci\u00f3n conjunta de la prueba, que seg\u00fan la recurrente fue realizada \u00abde manera dispersa o disgregada y por ende se extracta una conclusi\u00f3n diversa a la que dejar\u00eda el mismo an\u00e1lisis hecho integralmente. (SC3918 del 9 de agosto de 2021)\u00bb. <\/p>\n
Precisamente en la precitada providencia, la Sala explic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el error de derecho por omisi\u00f3n del juzgador en valorar en conjunto del acervo probatorio, en desmedro del mandato contenido en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso -invocado en el cargo bajo estudio- se configura cuando el juez aprecia aisladamente los elementos suasorios, en contrav\u00eda de lo que arrojar\u00eda ese mismo acervo con una mirada integral y concordante. <\/p>\n
Por su lado, el segundo embate de la misma demanda, anunciado por la v\u00eda directa, que como tal ha debido mantenerse en la denuncia de la indebida selecci\u00f3n o aplicaci\u00f3n del material normativo sustancial, se adentra en aspectos probatorios que le son ajenos. <\/p>\n
Al respecto, puede observarse que reprocha c\u00f3mo \u00aberr\u00f3 el Tribunal al acceder a la pretendida acci\u00f3n de dominio toda vez que el ICBF no\u2026demostr\u00f3 el encadenamiento de los t\u00edtulos precedentes al suyo, habida cuenta que no arrim\u00f3 al infolio las escrituras p\u00fablicas que hicieron due\u00f1os a sus predecesores\u2026\u00bb, y m\u00e1s adelante que \u00abel interesado en derrumbar la posesi\u00f3n alegada no era otra persona que el ICBF, como no ocurri\u00f3 as\u00ed, no pueden con una demanda reivindicatoria tard\u00eda pretender revivir t\u00e9rminos ya fenecidos\u00bb, <\/p>\n
En el mismo sentido, el primer reparo de la demanda de Jovita Ariza Mateus, tambi\u00e9n encaminado por la v\u00eda recta, formula reparos de naturaleza probatoria, tales como que se \u00abdemostr\u00f3 el CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO\u00bb, pero el fallador desconoci\u00f3 que el ICBF \u00abNO pudo demostrar la iniciaci\u00f3n de una acci\u00f3n judicial como la REIVINDICATORIA\u2026\u00bb; \u00abNO pudo desvirtuar el ejercicio de la POSESION pac\u00edfica, ininterrumpida, de buena fe, no clandestina, NI tampoco pudo desvirtuar los actos positivos de se\u00f1ora y due\u00f1a desplegados durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os (1970 a 1995) por la accionante\u00bb, por lo que es extra\u00f1o que el a quo dijera que \u00abpor el actor NO se demostraron los fundamentos de derecho conforme a la norma que as\u00ed lo ordena\u00bb, contrariando el principio de carga de la prueba. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el tercer ataque del primer libelo casacional se pierde del rumbo trazado inicialmente por la censora, en cuanto su intitulaci\u00f3n plantea un error de facto por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, pero se desarrolla con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n consistente en \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb. <\/p>\n
c.-) Los cargos primero de la demanda de casaci\u00f3n formulada por Leonor Pe\u00f1a Ariza y segundo de la que interpuso Jovita Ariza Mateus, en cuanto se mantuvieron en la senda de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial que anunciaron, en realidad no son m\u00e1s que unos alegatos de instancia que plantean una visi\u00f3n probatoria alternativa, pero que no desarrollan una eficaz tarea de demostrar los supuestos yerros f\u00e1cticos cometidos por el Tribunal. <\/p>\n
En tal sentido, se acotan a se\u00f1alar las conclusiones a las que seg\u00fan las inconformes debi\u00f3 arribar el sentenciador, a partir de una limitada visi\u00f3n de los elementos suasorios, que como ya se dijo no tiene en cuenta los documentos y las declaraciones en que \u00e9ste se fund\u00f3 para establecer que hasta el fallecimiento de Lucy Merino V\u00e9lez, las demandantes apenas estuvieron en el inmueble como trabajadoras, pero no se ocuparon de desandar el camino probatorio que el juzgador recorri\u00f3 para demostrar el yerro trascendente en que habr\u00eda incurrido por preterici\u00f3n, suposici\u00f3n o malinterpretaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n destaca la manera como las recurrentes recalcan la prosperidad de su oposici\u00f3n al secuestro de la heredad, practicado dentro de la sucesi\u00f3n de la prenombrada, como elemento de primer orden para demostrar la posesi\u00f3n invocada, pero pasan por alto la consideraci\u00f3n conforme a la cual el reconocimiento de este hecho apenas tuvo efecto en relaci\u00f3n con el statu quo existente cuando se hizo la diligencia, pero no con anterioridad, de tal suerte que ello no mejoraba un \u00e1pice su situaci\u00f3n, en cuanto el Tribunal no desconoci\u00f3 que para entonces detentaban esa calidad. <\/p>\n
d.-) Ya en el escenario del segundo cargo de este mismo libelo casacional, planteado como error de derecho, la inconforme no se\u00f1ala una regla de naturaleza probatoria que a su juicio pudiera haberse infringido. <\/p>\n
Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien las compilaciones orientan la naturaleza de las normas que las componen, no necesariamente la determinan, pues, por ejemplo, en el C\u00f3digo Civil pueden aparecer normas probatorias y en los de procedimiento otras que no lo son. <\/p>\n
En este caso, la estipulaci\u00f3n conforme a la cual \u00abLa declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb, no obstante hallarse en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil carece de car\u00e1cter probatorio, en cuanto no se\u00f1ala c\u00f3mo se deben pedir, decretar, recaudar, controvertir y valorar los medios suasorios. <\/p>\n
Lo mismo puede decirse en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 29 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual \u00abLa posesi\u00f3n, constituida bajo una ley anterior, no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o los requisitos se\u00f1alados en la nueva ley\u00bb, cuyo talante ajeno a aspectos probatorios es evidente. <\/p>\n
e.-) Volviendo al tercer ataque de la primera demanda, tambi\u00e9n se encuentra que no se funda en ninguna de las causales de nulidad taxativamente establecidas por el legislador procedimental civil, sino en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Cabe memorar que este precepto, am\u00e9n de consagrar el derecho al debido proceso, solo plantea una causal de nulidad, referida a la prueba obtenida con violaci\u00f3n de ese privilegio fundamental, que no es lo que f\u00e1cticamente se aduce aqu\u00ed, en cuanto lo que se alega, sin m\u00e1s, es que el juzgador no permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de Leonor Pe\u00f1a bajo el supuesto que hab\u00eda cedido sus derechos litigiosos, olvidando que su contraparte no lo acept\u00f3 y que en tal medida continuaba en el proceso como litisconsorte de su cesionaria. <\/p>\n
En tal sentido, se recuerda que <\/p>\n
(\u2026) la cita del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no logra consolidar un motivo especial y aut\u00f3nomo de anulaci\u00f3n por quebranto del debido proceso, porque si bien la disposici\u00f3n consagra ese principio como rector de todas las actuaciones judiciales, la \u00fanica regla concreta all\u00ed consagrada con el alcance de vicio procesal est\u00e1 referida a la nulidad de pleno derecho que se predica de \u201cla prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, hip\u00f3tesis distinta a la expuesta en la censura. (CSJ AC2199 de 2021, rad. 2016-00370). <\/p>\n
4.- En consecuencia, como los planteamientos de las demandas de casaci\u00f3n examinadas no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles curso en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible las demandas de casaci\u00f3n presentadas por Leonor Pe\u00f1a Ariza y por Jovita Ariza Mateus, cesionaria de la anterior y de Isabel Ariza Mateus, frente a la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del juicio de pertenencia que las cedentes y Ana Bertilda Ariza de Pinz\u00f3n promovieron contra personas indeterminadas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el cual reconvino mediante acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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AC3663-2023 (2013-00008-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC3663-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899 31 03 001 2013 00008 01 (Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}