AC3672-2023 (2022-00027-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3672-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15-572-31-12-001-2022-00027-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Iv\u00e1n Buitrago Ospina, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 31 de mayo de 2023 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso verbal promovido por Mansarovar Energy Colombia Ltda., contra el recurrente. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 declarar que el contrato de comodato respecto del predio San Mateo, celebrado el 19 de mayo de 2014 entre Mansarovar Energy Colombia Ltda. como comodante e Iv\u00e1n Buitrago Ospina, como comodatario, termin\u00f3 el 30 de septiembre de 2021, fecha comunicada en cumplimiento de la cl\u00e1usula quinta del contrato y que el demandado no ha cumplido su obligaci\u00f3n de restituir el bien pese a los m\u00faltiples requerimientos efectuados por la promotora para el efecto. En consecuencia, se decrete el desalojo del inmueble y su restituci\u00f3n al comodante. <\/p>\n
2.- Los hechos de la demanda se resumen as\u00ed: <\/p>\n
La accionante es propietaria del predio rural denominado San Mateo, ubicado en la vereda Ermita\u00f1o del municipio de Puerto Boyac\u00e1. Por virtud de un contrato de comodato le entreg\u00f3 dicho predio a Iv\u00e1n Buitrago Ospina; en la cl\u00e1usula quinta del mismo acordaron que su t\u00e9rmino de duraci\u00f3n ser\u00eda de un a\u00f1o, \u00abprorrogable por el mismo periodo autom\u00e1ticamente, contado a partir de la entrega del terreno\u00bb, y en el inciso siguiente que, \u00abel comodante, mediante aviso escrito dirigido al comodatario con una antelaci\u00f3n no menor a seis (6) meses, podr\u00e1 dar por terminado el presente contrato de comodato\u00bb. <\/p>\n
El 30 de marzo de 2021 la demandante, por correo electr\u00f3nico, le inform\u00f3 al comodatario que el contrato finalizar\u00eda el 30 de septiembre de ese a\u00f1o; posteriormente le comunic\u00f3 que el 14 de octubre siguiente estar\u00edan en el predio San Mateo para recibirlo, ante lo cual, el se\u00f1or Buitrago Ospina, tambi\u00e9n por correo electr\u00f3nico dirigido a la asistente administrativa de la empresa, expuso \u00abme permito solicitar a ustedes la pr\u00f3rroga del predio San Mateo ya que no me encuentro en la regi\u00f3n\u00bb, ante lo cual le contestaron que no pod\u00edan acceder a una pr\u00f3rroga por cuanto el inmueble deb\u00eda ser entregado a Ecopetrol y que la diligencia de entrega se realizar\u00eda el 29 de octubre de 2021 a las 2.00 P.M. <\/p>\n
Como en la fecha fijada el demandado no devolvi\u00f3 el predio, de ah\u00ed en adelante la propietaria realiz\u00f3 varios requerimientos con la finalidad de obtener su restituci\u00f3n, que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00edan resultado infructuosas. <\/p>\n
3.- El accionado se opuso a las pretensiones, y a manera de defensa, aleg\u00f3 \u00abinexistencia del contrato alegado\u00bb, \u00abnulidad por simulaci\u00f3n del contrato alegado\u00bb, \u00abinexistencia del requisito de procedibilidad\u00bb y \u00abgen\u00e9ricas\u00bb (folios 282 \u2013 288, c. 1). <\/p>\n
4.- El a quo accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda, declar\u00f3 terminado el referido contrato a partir del 30 de septiembre de 2021 y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble al comodante (folios 421 \u2013 435, c. 1). <\/p>\n
5.- La sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
El superior al desatar la apelaci\u00f3n formulada por la parte demandada confirm\u00f3 el fallo impugnado. Para resolver de ese modo, en s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n
El comodato es un contrato de car\u00e1cter real que se perfecciona con la entrega de la cosa mueble o ra\u00edz dada a ese t\u00edtulo, lo que indica que, distinto a lo razonado por el divergente, dentro de sus presupuestos de validez o existencia misma, la ley no exige a los contratantes la constituci\u00f3n de formalidades de ninguna naturaleza y tampoco est\u00e1 supeditado \u00aba la presencia de otra convenci\u00f3n de la cual dependa, en tanto no se trata de un negocio jur\u00eddico accesorio, sino de uno absolutamente aut\u00f3nomo que en tal sentido se halla regulado de manera amplia por la legislaci\u00f3n sustancial civil a partir de su precepto 2200\u00bb. <\/p>\n
En la medida que la normativa del contrato de comodato no demanda para su perfeccionamiento nada distinto a la entrega real y material de la cosa por el comodante al comodatario, que en este caso se surti\u00f3 en febrero de 2010, seg\u00fan lo admitido por los contratantes en la cl\u00e1usula segunda del cartulario fechado 19 de mayo de 2014, no es dable patrocinar la inferencia del apoderado del comodatario. <\/p>\n
Qued\u00f3 establecido que el v\u00ednculo entre las partes, en virtud del cual se le proporcion\u00f3 la tenencia del inmueble al se\u00f1or Buitrago Ospina, inici\u00f3 en el a\u00f1o 2010 en m\u00e9rito de la autorizaci\u00f3n verbal concedida por la propietaria para garantizar su conservaci\u00f3n y mantenerlo indemne de posibles invasiones de terceros; tambi\u00e9n se acredit\u00f3 que en 2014, dicho aval fue incorporado a un escrito rubricado de com\u00fan acuerdo por los contratantes, compromiso frente al cual la ley no demanda otorgamiento por instrumento p\u00fablico, pues no corresponde a una actuaci\u00f3n ad substantiam actus o ad solemnitatem; sin embargo, ahora el demandado pretende sustraerse del mismo sin justificaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de poseedor alegada por el demandado, como bien concluy\u00f3 el a quo, carece de elementos de convicci\u00f3n que la soporten, siendo evidente la insatisfacci\u00f3n de la carga probatoria que le correspond\u00eda, conforme a lo indicado en el art\u00edculo 167 del Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
Al respecto, la \u00fanica prueba de la que pretendi\u00f3 valerse el se\u00f1or Buitrago Ospina fue su interrogatorio, en el que, en s\u00edntesis, afirm\u00f3 haber desplegado actos de se\u00f1or\u00edo por realizar la conservaci\u00f3n de los canales de desag\u00fce, contratar personal de seguridad para conjurar el hurto de las motobombas y llevar maquinaria pesada al predio para hacer frente a las dificultades derivadas de la ola invernal, hechos que de haber sucedido en verdad, debieron ser demostrados con herramientas persuasivas alternativas. Lo anterior, porque, adem\u00e1s de la aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba, lo aseverado por el recurrente se desdibuja a trav\u00e9s de lo efectivamente acreditado por Mansarovar, que lejos de mostrar un abandono del predio de su parte permite entender su intervenci\u00f3n constante en la calidad de propietaria que adquiri\u00f3 por compraventa efectuada en 2010. <\/p>\n
Adicionalmente, en su declaraci\u00f3n Iv\u00e1n Buitrago manifest\u00f3 en forma reiterada que acudi\u00f3 a la demandante solicit\u00e1ndole asistencia para operar la estaci\u00f3n de motobombas, el suministro de combustible, entre otras acciones en procura de la conservaci\u00f3n y mantenimiento del predio, aspectos ratificados por el testigo Juan Camilo Pinz\u00f3n Guti\u00e9rrez, lo que denota el reconocimiento de dominio ajeno, en tanto una persona que se reputa due\u00f1a de determinada cosa, no procede como lo hizo el pretenso poseedor. <\/p>\n
Lo argumentado por el demandado solo sali\u00f3 a la luz despu\u00e9s de haber sido notificado respecto a la acci\u00f3n de restituci\u00f3n instaurada en su contra, previo a ello nunca se atribuy\u00f3 la posesi\u00f3n de la heredad, \u00abincluso frente al requerimiento extrajudicial de la demandante en el correo electr\u00f3nico enviado el 12 de octubre de 2021, solicit\u00f3 de manera expresa una pr\u00f3rroga en raz\u00f3n de que no se encontraba en la regi\u00f3n\u00bb; sin debatir en ese momento su obligaci\u00f3n de devolverle el inmueble a Mansarovar, lo que corrobora que su presencia en la hacienda obedec\u00eda a su condici\u00f3n de mero tenedor en los t\u00e9rminos descritos por el art\u00edculo 775 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, concurr\u00edan a plenitud los presupuestos para la prosperidad de la demanda de restituci\u00f3n de tenencia de que trata el precepto 385 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que se confirmar\u00e1 la providencia confutada. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres cargos, con soporte en las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.- En el primero se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 2200 y 740 del C\u00f3digo Civil, e inaplicaci\u00f3n de los preceptos 744 y 748 ib\u00eddem. En sustento, en s\u00edntesis, se adujo: <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 2200 del C\u00f3digo Civil, el \u00abcomodato o pr\u00e9stamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o ra\u00edz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie despu\u00e9s de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradici\u00f3n de la cosa\u00bb, y el art\u00edculo 740 define la tradici\u00f3n, como \u00abun modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el due\u00f1o hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intenci\u00f3n de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intenci\u00f3n de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales\u00bb; la validez de la tradici\u00f3n realizada por mandatarios o representantes legales, est\u00e1 consagrada en el art\u00edculo 744 del mismo estatuto y el canon 748 siguiente indica que, si la tradici\u00f3n se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de estos la invalida. <\/p>\n
En la resoluci\u00f3n del presente asunto, era determinante la aplicaci\u00f3n en su conjunto de las normas en menci\u00f3n, de cara a los testimonios y documentos practicados y allegados al proceso, conforme a los cuales qued\u00f3 probado que Juan Camilo Pinz\u00f3n Guti\u00e9rrez, en su aludida condici\u00f3n de representante legal de asuntos judiciales y administrativos de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda., \u00abno ten\u00eda facultades para comprar, vender o comprometer bienes inmuebles de la empresa, o para suscribir contratos como el Contrato de Comodato objeto de litigio, de todo lo cual deviene que dicho contrato es invalido y por tanto inexistente, a la luz de los art\u00edculos relacionados\u00bb, en especial 744 y 748 del C\u00f3digo Civil, que se dejaron de lado pese a su perentoriedad para resolver el asunto, causando grave lesi\u00f3n a los intereses del demandado y agravio evidente al debido proceso. <\/p>\n
2.- En el segundo, se aleg\u00f3 que el fallo impugnado vulnera en forma indirecta la ley sustancial, por error de hecho en la valoraci\u00f3n del material probatorio tanto documental como testimonial, conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, en detrimento de los art\u00edculos 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, 28 y 29 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Para soportar esta acusaci\u00f3n, expuso el recurrente: <\/p>\n
No se examin\u00f3 ni valor\u00f3 adecuadamente en su contexto el contenido y esp\u00edritu de las manifestaciones plasmadas en la Escritura Publica No. 138 del 19 de febrero de 2010 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Puerto Boyac\u00e1, mediante la cual Iv\u00e1n Buitrago Ospina le vendi\u00f3 a Mansarovar Energy Colombia Ltda., la totalidad del predio San Mateo que le fue entregado a la compradora el mismo d\u00eda de su adquisici\u00f3n, sin que dentro de ese t\u00edtulo escriturario se hubiera plasmado pacto alguno respecto del pretendido comodato, siendo este el momento y documento adecuados para el efecto si hubiese sido esa la genuina intenci\u00f3n del adquiriente. <\/p>\n
Basta confrontar el contrato con lo plasmado en dicho certificado, para verificar que el se\u00f1or Pinz\u00f3n Guti\u00e9rrez no estaba legitimado para comprometer el predio San Mateo como lo dispuso en el referido contrato de comodato, en el que dijo actuar como representante legal de asuntos judiciales y administrativos de Mansarovar, seg\u00fan la Escritura 1690 de 2007 de la Notar\u00eda Treinta de Bogot\u00e1, pues de las facultades all\u00ed conferidas no se desprenden las de comprar, vender o comprometer bienes inmuebles para efectos de contratos como el que se refiere en el presente asunto. Y si bien por Escritura 583 de 2019 de la misma notar\u00eda, se le confirieron facultades de representaci\u00f3n legal para la compra de bienes y contrataci\u00f3n de servicios, de all\u00ed tampoco se derivan las de comprar, vender o comprometer bienes inmuebles de la empresa. <\/p>\n
Queda as\u00ed evidenciado que, contrario a lo dispuesto en la sentencia atacada, lo plasmado en el contrato de comodato objeto del litigio es un acto simulado viciado de nulidad por contener circunstancias de hecho alejadas de la realidad y cuya \u00fanica finalidad era tratar de coartar o suspender los actos posesorios que sobre parte del predio all\u00ed relacionado ha venido desarrollando el demandado en forma p\u00fablica y pac\u00edfica con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde el 1 de abril de 2010 hasta la fecha, sin reconocer dominio ajeno, con actos materiales reales e inequ\u00edvocos de posesi\u00f3n, uso y goce de la cosa, \u00abtodo lo cual hace que las falsas circunstancias f\u00e1cticas plasmadas en el contrato de marras, lo vician de Nulidad Absoluta y por objeto y causa il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
3.- En el tercero, con apego a la tercera causal de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas o las que el juez debi\u00f3 reconocer de oficio, \u00abal no dar por cierto circunstancias de hecho probadas dentro del proceso\u00bb, como lo es la posesi\u00f3n que ejerce el demandado sobre una extensa franja de terreno del predio San Mateo. <\/p>\n
Acot\u00f3 el recurrente que el abandono de dicho inmueble a partir de su adquisici\u00f3n por la demandante y las inundaciones presentadas debido a la falta de mantenimiento y operatividad de la planta de bombeo all\u00ed existente, aunados al grave invierno que se presentaba en ese entonces en la regi\u00f3n, motiv\u00f3 que el 1 de abril de 2010 el accionante procediera a asumir el control y el mantenimiento de los canales de desag\u00fce que atraviesan el predio hasta el R\u00edo Magdalena, ostentando a partir de dicha calenda la posesi\u00f3n quieta y pac\u00edfica con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, de un \u00e1rea aproximada de 250 hect\u00e1reas, mediante actos propios de se\u00f1or\u00edo de manera p\u00fablica y pac\u00edfica sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, se\u00f1ala que esta debe contener: <\/p>\n
(\u2026) 2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 ibidem. <\/p>\n
2.- La alegaci\u00f3n de la causal primera prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n directa de disposiciones sustanciales, supone que el recurrente centre su reproche en la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, absteni\u00e9ndose de incursionar en el terreno de la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Cuando se alega la causal segunda, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho por desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
Si se alega el tercer motivo de casaci\u00f3n, la sustentaci\u00f3n debe orientarse a poner en evidencia la desarmon\u00eda entre lo resuelto en la sentencia opugnada con lo que realmente se expuso en el relato f\u00e1ctico de la demanda, con lo que se pidi\u00f3 en ella o con las excepciones propuestas por la parte convocada o reconocibles oficiosamente por el juzgador, esto es, una grave alteraci\u00f3n de lo debatido en el juicio que se traduzca en la emisi\u00f3n de un fallo ajeno a la controversia. <\/p>\n
En esa medida, se trata de una causal que se inscribe en el cuestionamiento de vicios de actividad o errores in procedendo, que se presenta, <\/p>\n
(\u2026) cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestaci\u00f3n, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armon\u00eda con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos f\u00e1cticos que delimitan el litigio. <\/p>\n
Por tanto, para establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario2. <\/p>\n
IV.- AN\u00c1LISIS DE LA DEMANDA <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n de todos las acusaciones presenta defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.- En los dos primeros cargos se incurre en un defecto insuperable, pues trat\u00e1ndose de las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se echa de menos la satisfacci\u00f3n de la exigencia de invocar cualquier disposici\u00f3n de car\u00e1cter material que constituya o debiera haber constituido fundamento jur\u00eddico del fallo cuestionado y que, desde el punto de vista del recurrente, pudiere resultar transgredida, as\u00ed lo ordena el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.1.- En el primer cargo la censura adujo afrenta directa de la ley por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 740 y 2200 del C\u00f3digo Civil, que, en su orden, definen la tradici\u00f3n y el contrato de comodato. Sin embargo, dichas normas no tienen la connotaci\u00f3n de crear, modificar o extinguir v\u00ednculos jur\u00eddicos concretos, por lo mismo, no puede predicarse que su naturaleza sea sustancial, deducci\u00f3n que ya con anterioridad ha expuesto esta Sala. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, sobre la falta de car\u00e1cter sustancial del art\u00edculo 2200 del C\u00f3digo Civil, se refiri\u00f3 la Sala en AC 28 oct. 1991, exp. 3593, y respecto del citado art\u00edculo 740, en AC2869-2023, dijo: <\/p>\n
Efectivamente, en relaci\u00f3n con los c\u00e1nones 740 y 759 del C\u00f3digo Civil esta Corte refiri\u00f3 que \u00abno ostentan el car\u00e1cter sustancial requerido para soportar el ataque, como es el caso de las disposiciones 740 (\u2026) 759, (\u2026) del ordenamiento civil (\u2026), por tratarse de reglas encargadas de definir conceptos o enunciarlos, establecer requisitos de validez para instituciones jur\u00eddicas como la tradici\u00f3n (\u2026), nada de lo cual crea, modifica o extingue derechos u obligaciones concretas entre sujetos determinados, como lo ha decantado insistentemente la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n.\u00bb (CSJ AC4218 de 2021, rad. 2017-00132). <\/p>\n
En cuanto a la vulneraci\u00f3n por falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos 744 y 748 del Estatuto Civil, basta decir que, con independencia de si esas disposiciones pueden o no tener contenido material, lo cierto es que, al regular aspectos concernientes a la tradici\u00f3n como \u00abmodo de adquirir el dominio de las cosas\u00bb, no eran las indicadas para orientar la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso sometido al discernimiento del Tribunal relacionado con un contrato de comodato. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si aquellas normas guardan relaci\u00f3n con la \u00abvalidez de la tradici\u00f3n realizada por mandatarios o representantes\u00bb y con el \u00aberror en mandatarios y representantes legales\u00bb que intervengan en la tradici\u00f3n, desde ning\u00fan punto de vista podr\u00eda endilgarse error de juzgamiento por no haber sido aplicadas en la definici\u00f3n del asunto, lo que comporta que no se satisface la exigencia t\u00e9cnica consagrada en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a la imperativa exigencia de invocar el desconocimiento de normas materiales que debieron haber sido base esencial del fallo impugnado. <\/p>\n
1.2.- En el cargo segundo se aleg\u00f3 que se infringieron los art\u00edculos 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados, en su orden, con las reglas de apreciaci\u00f3n probatoria y con el contenido de la sentencia, es decir, se trata de disposiciones cuyo car\u00e1cter es instrumental y no sustancial, toda vez que solo consagran las ritualidades o formalidades para hacer efectivos algunos actos procesales dentro de ese tipo de actuaciones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se aleg\u00f3 violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 28 y 29 de la Constituci\u00f3n, que refieren los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso. Por lo que ata\u00f1e a la invocaci\u00f3n de preceptos constitucionales, en AC 05 ago. 2009, exp. 2004-00359-013, expuso: <\/p>\n
(\u2026) \u201cEs indiscutible que los preceptos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que consagran derechos, como es el caso de aqu\u00e9llos que establecen las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicaci\u00f3n y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas. <\/p>\n
\u201cEmpero ello no significa que el car\u00e1cter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando act\u00faan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocaci\u00f3n en un cargo en casaci\u00f3n sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u201d. <\/p>\n
De manera particular, debe decirse que el derecho fundamental a la libertad no parece guardar ninguna relaci\u00f3n con lo debatido en este asunto por lo que ninguna afrenta pudo haber sufrido con la decisi\u00f3n recurrida. Y por lo que ata\u00f1e al art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, en muchas oportunidades la Sala se ha pronunciado acerca de que, pese a su innegable categor\u00eda superior, no ostenta el car\u00e1cter de norma sustancial4, de modo que, por s\u00ed solo, no tiene la virtualidad de soportar la exigencia que en ese sentido consagra el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, en AC5613-2016, reiterado recientemente en SC3172-2021 y SC3959-2022, se indic\u00f3: <\/p>\n
En cuanto al precepto 29 (debido proceso), debe indicarse, adem\u00e1s de lo anterior, que si la norma sustancial es la que disciplina una situaci\u00f3n jur\u00eddica y sus consecuencias, que es precisamente la que se le presenta al juez como problema o conflicto inter subjetivo y por ende, tema de investigaci\u00f3n y decisi\u00f3n, cuando el funcionario y las partes utilizan el derecho instrumental, esto es, el procedimiento establecido en la ley procesal para resolver ese litigio, el debido proceso corresponder\u00e1 entonces al desarrollo del tr\u00e1mite del proceso conforme a la normatividad ritual que le concierne, la cual no da la soluci\u00f3n sino que facilita que se adopte, pues su prop\u00f3sito \u00abes la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, como bien lo dice el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En esa medida, si bien es cierto que el art\u00edculo 29 C.P. consagra el derecho fundamental debido proceso, no por ello debe concluirse que su eventual vulneraci\u00f3n por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n a las normas procesales que lo reglamentan y desarrollan, esto es, en esa forma indirecta, resulta suficiente para fundar un cargo por la causal primera, pues no es sustancial en el sentido anotado y requiere de ley que lo desarrolle. <\/p>\n
En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01). <\/p>\n
1.3.- El defecto advertido en la formulaci\u00f3n de los cargos examinados cierra el paso a la impugnaci\u00f3n extraordinaria por virtud de las mencionadas causales. Al respecto, la Sala en AC6809-2017, reiterada, entre otras, en AC1471 de 2019, se\u00f1al\u00f3 que en esos eventos: <\/p>\n
(\u2026) el interesado tiene la carga de se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n \u00abde derecho sustancial\u2026 que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deber\u00e1 se\u00f1alar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen v\u00ednculos jur\u00eddicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Tal ha sido la l\u00ednea jurisprudencial consolidada sobre la materia (\u2026), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como \u00f3rgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a trav\u00e9s de la unificaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n de los mandatos que son citados como sustento de la acusaci\u00f3n, sin convertirse en una nueva instancia a trav\u00e9s del reexamen del caso. <\/p>\n
1.4.- Pese a que la falencia advertida es suficiente para frustrar la tramitaci\u00f3n de las referidas casuales, no sobra se\u00f1alar que, igualmente, estas son incompletas en la medida que no cuestionan todos los pilares argumentativos del fallo. <\/p>\n
En efecto, el fallo impugnado se edific\u00f3, principalmente, en las siguientes premisas: i) el contrato de comodato por naturaleza es aut\u00f3nomo y no accesorio; ii) se demostr\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 un comodato que inicialmente se ajust\u00f3 de manera verbal y luego por escrito siendo rubricado de com\u00fan acuerdo, del cual el demandado pretende sustraerse sin justificaci\u00f3n; iii) el demandado no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de poseedor, por lo que su presencia en el predio era como mero tenedor. <\/p>\n
No obstante, mirados en conjunto los reproches que sustentan los referidos motivos de casaci\u00f3n, estos atacan las facultades que podr\u00eda haber tenido el representante legal de la promotora para celebrar el contrato de comodato que dio origen a la controversia planteada en este proceso y a que en la compraventa documentada en el Escritura 138 de 2010 de la Notar\u00eda \u00danica de Puerto Boyac\u00e1, no se hizo referencia alguna a un contrato de comodato entre las mismas partes, es decir, solo cuestionan el primero de los argumentos en referencia. De ah\u00ed, que al no atacarse de manera frontal y envolvente todos los argumentos esgrimidos por el sentenciador de segunda instancia para refrendar el fallo de primer grado, no se abre paso la senda extraordinaria, toda vez que aquellos aspectos no combatidos siguen soportando la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.- El tercer cargo, tampoco satisface los par\u00e1metros t\u00e9cnicos, pues cuando se invoca inconsonancia de la sentencia, el recurrente tiene el deber de identificar con exactitud d\u00f3nde est\u00e1 la desarmon\u00eda entre la parte dispositiva del fallo impugnado, con la demanda que involucra los hechos y pretensiones del litigio, con las excepciones propuestas por el demandado o las que el juzgador ha debido reconocer de oficio. De modo que no basta para sustentar un reproche de esta estirpe, el planteamiento de una supuesta desconexi\u00f3n entre esos actos procesales, pues seg\u00fan lo ha precisado la Sala, \u00abno es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas (\u2026), de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto (auto de 11 de noviembre de 2011, exp. 2008-00956)5\u00bb. <\/p>\n
En este caso, la censura centr\u00f3 su ataque en que la sentencia era incongruente, \u00abal no dar por cierto circunstancias de hecho probadas dentro del proceso\u00bb, como lo era la posesi\u00f3n que ejerce el demandado sobre una extensa franja de terreno del predio San Mateo, no obstante, en orden a demostrarlo, se dedic\u00f3 a reproducir algunas de las circunstancias alegadas en el juicio con miras a probar la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Como puede advertirse, la inconformidad as\u00ed planteada no consulta la carga m\u00ednima de sustentaci\u00f3n de la causal exigida, esto es, la manifestaci\u00f3n expl\u00edcita de la forma en que se present\u00f3 la inconsonancia del fallo del Tribunal, sino que transita en el terreno de las alegaciones de instancia, al presentar el punto de vista del inconforme acerca de lo que el Tribunal debi\u00f3 deducir y resolver al momento de definir el litigio, y, a lo sumo, son argumentos propios de un yerro de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas que condujeron al Tribunal a resolver sobre la alegada posesi\u00f3n del modo que lo hizo, lo que resulta por completo ajeno a la causal enunciada en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que, contrario a lo arg\u00fcido por el casacionista, el Tribunal s\u00ed se pronunci\u00f3 de manera puntual sobre los reparos planteados en el recurso de apelaci\u00f3n acerca de los yerros atribuidos al juez de primera instancia en la valoraci\u00f3n de las pruebas que daban cuenta \u00abde la posesi\u00f3n desarrollada por el demandado, cuyo ingreso a la finca \u201cSan Mateo\u201d se dio por la necesidad de conjurar las dificultades de la ola invernal de abril del 2010, momento en que accedi\u00f3 a motu proprio a realizar los mantenimientos respectivos sobre los canales de desag\u00fce, actos adelantados de manera p\u00fablica y pac\u00edfica \u201csin que a la fecha se le haya disputado tal derecho\u201d y sin reconocer dominio de otras personas\u00bb, por lo que el reproche ni siquiera halla asidero en una eventual omisi\u00f3n de pronunciamiento concreto sobre las defensas planteadas por el convocado. <\/p>\n
Sobre ese particular aspecto, dijo el juzgador de segunda instancia: <\/p>\n
De otro lado, en lo que ata\u00f1e a la presunta condici\u00f3n de poseedor alegada por el demandado, como bien concluy\u00f3 el a-quo, estudiado el expediente a saciedad puede sostenerse que carece de elementos de convicci\u00f3n que la soporten, siendo evidente la insatisfacci\u00f3n de la carga probatoria, que en orden a sacar avante su tesis, se radic\u00f3 en cabeza del se\u00f1or Iv\u00e1n acorde lo indicado por el art\u00edculo 167 del Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
Sobre dicho punto la \u00fanica prueba de la que pretendi\u00f3 valerse el se\u00f1or Buitrago Ospina fue su interrogatorio, en el que en s\u00edntesis afirm\u00f3 haber desplegado actos de se\u00f1or\u00edo por realizar la conservaci\u00f3n de los canales de desag\u00fce, contratar personal de seguridad para conjurar el hurto de las motobombas y llevar maquinaria pesada al predio para hacer frente a las dificultades derivadas de la ola invernal, hechos que de haber sucedido en verdad, debieron ser demostrados con herramientas persuasivas alternativas. Lo anterior si se tiene en cuenta que adem\u00e1s de la conocida prohibici\u00f3n para la parte respecto a estructurar con sus dichos insumos suasorios a su favor -consecuente a la aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba-, lo aseverado por el recurrente se desdibuja a trav\u00e9s de lo efectivamente acreditado por Mansarovar, que lejos de mostrar un abandono del predio de su parte permite entender su intervenci\u00f3n constante en la calidad de propietaria que adquiri\u00f3 conforme la compraventa efectuada en el a\u00f1o 2010. <\/p>\n
Si lo vertido en precedencia no bastara a objeto de desestimar el reparo formulado por el inconforme, en adici\u00f3n se tiene que en la declaraci\u00f3n rendida ante el Estrado Judicial el se\u00f1or Iv\u00e1n Buitrago Ospina manifest\u00f3 en reiteradas ocasiones haber acudido a la demandante solicit\u00e1ndole asistencia para operar la estaci\u00f3n de motobombas, el suministro de combustible, entre otras acciones en procura de la conservaci\u00f3n y mantenimiento del predio, aspectos ratificados por el testigo Juan Camilo Pinz\u00f3n Guti\u00e9rrez y que por s\u00ed mismos denotan el reconocimiento de dominio ajeno, en tanto una persona que se reputa due\u00f1a de determinada cosa, no procede como lo hizo el pretenso poseedor. <\/p>\n
En suma, este motivo de casaci\u00f3n tampoco puede ser admitido para tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, teniendo en cuenta que ninguno de los ataques planteados se ci\u00f1e a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
V.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por la parte demandada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia del 31 de mayo de 2023 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
2\u0002 SC 16 dic. 2005, rad. 1993-0232-01, reiterada en AC4573-2019, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Reiterado en AC 01 abr. 2013, exp. 2007-00285-01. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC3959-2022, AC2828-2020, AC2133-2020, AC760-2020, AC3670-2021, AC6075-2021, AC5379-2021, AC3883-2019, AC5613 de 2016, AC5036-2017, entre otras. Es esa la posici\u00f3n m\u00e1s acogida por la Sala, pese a lo indicado en otros prove\u00eddos como AC 577-2000, AC604-2000 y AC2194-2001. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. AC 10 sep. 2012, exp. 2009-00140-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC3672-2023 (2022-00027-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC3672-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15-572-31-12-001-2022-00027-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Iv\u00e1n Buitrago […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77840","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77840"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77840\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}