AC3704-2023 (2023-04339-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3704-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04339-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Risaralda, Pereira; Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Jos\u00e9 Elidier Largo contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista radic\u00f3 ante los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira acci\u00f3n popular en contra del Banco Davivienda S.A., para que se ordenara \u00abal representante legal de la empresa accionada que en un t\u00e9rmino de tiempo que determine el juez, construya una UNIDAD SANITARIA P\u00daBLICA, APTA para ser empleada de manera aut\u00f3noma y segura por los ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc\u00bb, en la oficina mencionada como sitio donde se produc\u00eda la transgresi\u00f3n de los derechos colectivos invocados [folio 3, cuaderno digital 0005]. <\/p>\n
2.- Indic\u00f3 que la convocada ten\u00eda su domicilio en la \u00abcra 8 nro 20 41 PEREIRA RDA\u00bb e inform\u00f3 como \u00abDireccion (sic) de vulneraci\u00f3n\u00bb, la oficina ubicada en la \u00abAV AYACUCHO NRO 50 81 Medell\u00edn Antioquia\u00bb [folio 4, cuaderno digital 0005]. <\/p>\n
3.- Mediante auto de 26 de junio de 2023, el primer estrado judicial enunciado rehus\u00f3 el conocimiento del asunto, argumentando que la elecci\u00f3n del precursor \u00abno se ajusta a las opciones que le otorga el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni del domicilio del demandado\u00bb ya que, en el libelo se indic\u00f3, que \u00abla vulneraci\u00f3n se presenta en el establecimiento de comercio perteneciente al Banco Davivienda, ubicado en la Av. Ayacucho # 50-81 en la zona urbana de Medell\u00edn Antioquia\u00bb y, al verificar que el \u00abdomicilio principal\u00bb de la entidad financiera es la capital colombiana, remiti\u00f3 el expediente a sus hom\u00f3logos de esta urbe para que le dieran curso [folios 26 y 27, archivo digital 0005]. <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el gestor interpuso recurso horizontal, que fue rechazado, por improcedente, en prove\u00eddo de 21 de julio hoga\u00f1o [folios 35 y 36, ib.]. <\/p>\n
4.- Recibida la actuaci\u00f3n por la Juez Octava Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en decisi\u00f3n de 5 de octubre pasado, tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite, aduciendo que, seg\u00fan el art\u00edculo 15 de la Ley 472 de 1998, es \u00abcompetente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb, lo que quiere decir, que \u00abexiste concurrencia de competencia entre la ciudad de Medell\u00edn y la ciudad de Bogot\u00e1, la primera por ser el lugar de ocurrencia de los hechos que generaron la presente acci\u00f3n, y la segunda por ser el domicilio principal de la accionada\u00bb y, ello implica que, en principio, el competente para conocer del asunto sea el despacho de Medell\u00edn, a quien orden\u00f3 su env\u00edo [folio 45, ib.]. <\/p>\n
En virtud de ello pregon\u00f3 que \u00ab[s]i bien es cierto el actor popular eligi\u00f3 un Juzgado que no era competente, ni por la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, ni por el domicilio principal del accionado, en este caso, la competencia se determina prevalentemente por el lugar de domicilio del demandado, porque si se observa el certificado expedido por la C\u00c1MARA DE COMERCIO BOGOTA (archivo Pdf 04), el accionado Banco Davivienda SA tiene su domicilio principal en Avenida El Dorado # 68C-61 Piso 10, Bogot\u00e1, Colombia, y por consiguiente la competencia para conocer de este acci\u00f3n popular radica en el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTA\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, propuso colisi\u00f3n negativa de competencia y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para su definici\u00f3n [folios 183 a 192, ib.]. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica instituy\u00f3 las acciones populares como un mecanismo de \u00abprotecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u00bb de los derechos e intereses colectivos relacionados con \u00abel patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca resguardar \u00ablos derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.\u00bb, cuya efectividad, resalt\u00f3 en esa oportunidad dicha colegiatura, exige \u00abuna labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende, una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva\u00bb -El \u00e9nfasis es de la Sala- (C-377-02, 14 may., rad. D-3774). <\/p>\n
Con arreglo a tan relevante funci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 un rito preferente y c\u00e9lere (art. 6\u00ba, Ley 472 de 1998), desprovisto de dilaciones de cualquier \u00edndole e investido de valores supralegales, como los de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, imponi\u00e9ndole al juez la obligaci\u00f3n de impulsarlo \u00aboficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb (art. 5\u00ba, \u00eddem). <\/p>\n
Con la finalidad de materializar tales lineamientos, verbi gratia, el art\u00edculo 17 eiusdem, estableci\u00f3 la posibilidad de formular la demanda sin necesidad de apoderado judicial, fijando un breve lapso para su contestaci\u00f3n (10 d\u00edas) y otorgando a la parte convocada la posibilidad de proponer como excepciones previas, exclusivamente, las de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb (art. 23), de modo que no le es posible rebatir la ausencia de competencia territorial a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Lo anterior, denota la relevancia de la herramienta constitucional en comento, que impone a los distintos funcionarios judiciales del pa\u00eds, efectuar un cuidadoso examen de los libelos con que se inician estas acciones, en aras de encausarlas acertadamente, esto es, admitirlas a tr\u00e1mite cuando sea viable o redireccionarlas, inmediatamente, al juzgador que corresponda, en observancia de los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y econom\u00eda procesal mencionados. <\/p>\n
3.- En torno a la competencia territorial para conocer este tipo de tramitaciones, el inciso segundo del canon 16 de la citada ley contempl\u00f3 que el competente ser\u00e1 el fallador \u00abdel lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (subraya la Sala), de donde se extrae que el legislador consagr\u00f3 la concurrencia de dos fueros: el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del llamado a juicio. <\/p>\n
El anterior precepto, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en evidencia \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00 y CSJ AC3334-2022, 29 jul., rad. 2022-02279-00). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del \u00faltimo foro, esto es, el del domicilio del convocado a juicio, por disposici\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo, aplicable al caso por remisi\u00f3n del 44 de la norma especial comentada, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, tanto el juez del lugar en el que est\u00e1 domiciliada la entidad demandada, como el de la circunscripci\u00f3n territorial donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia vinculada a los hechos, de ser ese el caso. <\/p>\n
Ante tal elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger -entre estas- el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, selecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador elegido. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha considerado: <\/p>\n
En t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta (se resalta) (CSJ AC3261-2018, 31 jul., rad. 2018-02046-00; criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 may., rad. 2021-00689-01). <\/p>\n
4.- Examinado el asunto sometido a consideraci\u00f3n, se advierte que, en la escogencia del juzgador que deb\u00eda impulsar la acci\u00f3n constitucional, el gestor popular opt\u00f3 por presentar el escrito introductorio ante los funcionarios judiciales de Pereira, al asumir que all\u00ed se ubica el domicilio de su contraparte, puntualmente en la direcci\u00f3n \u00abcra 8 nro 20 41\u00bb; empero, precis\u00f3 que la materializaci\u00f3n de la supuesta conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas colectivas invocadas ten\u00eda ocurrencia en la \u00abAV AYACUCHO NRO 50 81 Medell\u00edn Antioquia\u00bb. <\/p>\n
De dichas premisas contrastadas con el contenido del canon 16 de la Ley 472 rese\u00f1ada, la cual, se memora, asigna la competencia al juez del lugar donde se produce la afectaci\u00f3n de los derechos o al del \u00abdomicilio\u00bb de la infractora, seg\u00fan la elecci\u00f3n que realice el impulsor -quien en este caso se decant\u00f3 por la \u00faltima alternativa-, surge en principio que el adelantamiento del asunto deb\u00eda estar a cargo de la primera sede involucrada; sin embargo, revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad accionada, que alleg\u00f3 el actor constitucional, se observa que el Banco Davivienda tiene su domicilio principal en la capital de la Rep\u00fablica [folios 6 a 25, ib.], lo que quiere decir que la radicaci\u00f3n del pliego incoativo ante los estrados judiciales de Pereira, no se corresponde con la regla de atribuci\u00f3n de competencia territorial fincada en el domicilio de la convocada. <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo precedente reside en que, aun cuando al tenor de lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. [y], cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb, lo cierto es que la \u00faltima opci\u00f3n est\u00e1 vinculada no al lugar donde se localice una sucursal o agencia cualquiera, sino \u00fanicamente a aquel donde funcione alguna con la cual se encuentre relacionado el asunto, de ah\u00ed que, con independencia de que existan varias sucursales del Banco Davivienda en la ciudad de Pereira, lo cierto es que, aquellas no tienen nexo con la presunta transgresi\u00f3n de derechos colectivos denunciada y, por lo mismo, no puede impon\u00e9rsele a los jueces de dicha metr\u00f3poli, la tramitaci\u00f3n del diligenciamiento. <\/p>\n
5.- Bajo ese entendido y acorde con la elecci\u00f3n del precursor en el sentido de atribuir el conocimiento de la lid al fallador del \u00abdomicilio\u00bb del ente moral accionado, se devolver\u00e1 el legajo al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ciudad donde la instituci\u00f3n financiera llamada a juicio, tiene su domicilio principal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los dem\u00e1s estrados judiciales involucrados y al promotor de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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