AC3712-2023 (2023-03430-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3712-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03430-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Una vez recibido el escrito con el cual se busca subsanar la demanda, se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Alfonso Llano Mosquera, respecto de la \u00absentencia del 15 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Superior del Condado de Pima, Estado de Arizona, Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb, mediante la cual \u00abse decret\u00f3 la anulaci\u00f3n del supuesto matrimonio\u00bb que aquel contrajo con Nubia Caro. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 6 de octubre de 2023 se profiri\u00f3 auto donde se inadmiti\u00f3 la solicitud de exequatur presentada por Alfonso Llano Mosquera, pues la misma no cumpl\u00eda con el lleno de requisitos exigidos por el art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Entre las exigencias que no fueron atendidas, se destacan: i) la falta de la copia legalizada de la sentencia a homologar, de lo cual no pudo verificarse que aquella guardara conformidad con el orden p\u00fablico patrio; ii) la falta de traducci\u00f3n en debida forma de esta y de los documentos que la acompa\u00f1an, y de la constancia de ejecutoria; y iii) que el fallo for\u00e1neo no versara sobre derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia. <\/p>\n
2. El prove\u00eddo se notific\u00f3 por estado del 9 de octubre de 20231, principiando el conteo del t\u00e9rmino legal de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles a partir de la data siguiente, por lo que la subsanaci\u00f3n fue allegada a tiempo, como da cuenta el informe secretarial2. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentra que la providencia for\u00e1nea \u00abno verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3\u00bb (numeral 1\u00b0 art\u00edculo 606 \u00eddem); \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00b0 art\u00edculo 606 \u00eddem), so pena que deba rechazarse el pedimento desde el inicio (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607). <\/p>\n
Las anteriores exigencias propenden porque \u00fanicamente se reconozcan sentencias que no versen sobre derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia y sobre las que se tenga certeza sobre su car\u00e1cter definitivo y que se aporten en concordancia con las disposiciones procesales vigentes, con el fin de garantizar que sea inmutable y no se vea afectada por decisiones posteriores que la revoquen, aclaren, modifiquen o adicionen. <\/p>\n
2. Visto lo anterior, procede anticipar en el sub lite que, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto (I) el convocante insisti\u00f3 en se\u00f1alar que busca el reconocimiento de efectos para la totalidad de la sentencia extranjera del 15 de diciembre de 2021, incluso, los patrimoniales que afectan bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, y (II) porque no aport\u00f3 la constancia de ejecutoria y la copia de la sentencia debidamente legalizada, as\u00ed como su traducci\u00f3n en legal forma. <\/p>\n
2.1. La primera de las exigencias reside en que el veredicto aportado no defina asuntos referentes a derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, en garant\u00eda del fuero real reconocido en el Derecho Internacional Privado. <\/p>\n
La anterior regla -lex rei sitae-, tiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado de Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992, a saber: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb. <\/p>\n
Sobre este fuero, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Conviene indicar, igualmente, que el hecho de que el causante sea nacional espa\u00f1ol no excluye la jurisdicci\u00f3n colombiana, pues, como aqu\u00e9l ten\u00eda inmuebles en el pa\u00eds, acorde con la relaci\u00f3n de relictos efectuada, impera la lex rei sitae, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor, los bienes situados en los territorios, y aqu\u00e9llos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia (AC7803, 16 de noviembre de 2016, rad. n.\u00ba 2015-03168-01). <\/p>\n
De igual forma esta Corporaci\u00f3n, en distintos pronunciamientos, ha hecho \u00e9nfasis en que las sentencias extranjeras, cuyo reconocimiento se persigue a trav\u00e9s del exequatur, no pueden contener decisiones sobre bienes ubicados en Colombia, so pena de negarles efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds: <\/p>\n
Las partes poseen la siguiente propiedad que ser\u00e1 dividida de la siguiente forma: Calle\u2026 Bogot\u00e1, Colombia, cuando esta propiedad sea vendida (para el 2020) deber\u00e1n dividir los activos de forma equitativa seg\u00fan la venta de la casa. El costo de mantener la propiedad inmobiliaria (pago de hipotecas, impuestos, seguros, prestamos de capital etc.) ser\u00e1 de la siguiente forma: Las partes deber\u00e1n dividir de forma equitativa los pagos de la hipoteca, impuestos y seguros (\u2026), lo que de suyo recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, no sometidos a una previa imposici\u00f3n extranjera, adem\u00e1s de estar relacionado sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, contrariando as\u00ed de esa forma los numerales 1 y 4 del art\u00edculo 606 [del C\u00f3digo General del Proceso] (AC2633, 13 oct. 2020, rad. n.\u00ba 2020-02504-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
En pronunciamiento an\u00e1logo se indic\u00f3: <\/p>\n
La sentencia del 17 de julio de 2009 da cuenta que los contrayentes, en vigencia de su comunidad de vida, adquirieron derechos reales sobre dos (2) inmuebles ubicados en Colombia [\u2026] los cuales se adjudicaron al se\u00f1or [\u2026] con la advertencia que las partes deb\u00edan suscribir los documentos requeridos para el efecto y, en todo caso, \u2018\u2026una copia certificada de esta sentencia y decreto o una copia certificada de la sentencia sumaria de Disposici\u00f3n de Inmuebles y la Sentencia servir\u00e1n para transferir la propiedad\u2026\u2019. Estas determinaciones ponen en evidencia que el pronunciamiento judicial afectar\u00e1 derechos reales de los c\u00f3nyuges sobre predios localizados en el territorio nacional, estableciendo deberes para su transferencia o renuncia, as\u00ed como el t\u00edtulo que servir\u00eda de base a cualquiera de estas actuaciones. Se trata, entonces, de un fallo que versa sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, lo que impone su rechazo (AC4909, 2\u00b0 ag. 2016, rad. n.\u00ba 2016-01537-00, reiterado en SC19856, 11 nov. 2017, rad. n.\u00ba 2014-01295-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
2.2. Por otra parte, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso consagra, en realidad, cuatro (4) requisitos que debe cumplir el fallo a homologar. <\/p>\n
2.2.1. El primero de ellos es que se trate de una sentencia judicial. Exigencia acompasada con lo establecido en el art\u00edculo 605 \u00eddem, el cual precisa que \u00ablas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la Corte ha rehusado otorgar efectos jur\u00eddicos a los documentos que no puedan ser catalogados como veredictos judiciales, tales como actas notariales o providencias administrativas: <\/p>\n
Uno de los presupuestos esenciales de la solicitud de exequatur, es que se trate de una sentencia judicial for\u00e1nea o de un pronunciamiento extranjero que tenga dicho car\u00e1cter, calidad que no puede predicarse del acta notarial tra\u00edda por los solicitantes en este asunto, documento cuyo prop\u00f3sito, distinto al de las sentencias, es el de dar fe de una declaraci\u00f3n de voluntad expresada por los firmantes (AC2375, 16 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01801). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se advierte que el demandante pretende homologar el registro No. 91519\/2015, en el que se inscribi\u00f3 el acta que profiri\u00f3 la Quinta Registradora Auxiliar de Lisboa, Portugal, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio que de mutuo acuerdo el solicitante y la se\u00f1ora \u2026 presentaron. De ah\u00ed que sea claro que el documento adosado a efectos de surtir el tr\u00e1mite de exequ\u00e1tur, no reviste la naturaleza exigida por la normatividad, pues no es una sentencia, ni tampoco una decisi\u00f3n que revista dicho car\u00e1cter, toda vez que corresponde a un acto proferido por la autoridad registral del referido pa\u00eds, es decir no es una determinaci\u00f3n judicial (AC, 8 mar. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00342-00, citado en AC3292, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2020-02503). <\/p>\n
2.2.2. El segundo, es que se arrime una \u00abcopia debidamente legalizada\u00bb del fallo a reconocer. En este punto, conviene recordar el contenido del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga impide reconocer efectos jur\u00eddicos al documento, de all\u00ed que, una petici\u00f3n de homologaci\u00f3n formulada en desatenci\u00f3n de ella, deba ser rechazada sin otras consideraciones, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo procedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 \u00eddem (CSJ 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
2.2.3. Tercero, en concordancia con el inciso segundo del art\u00edculo 607 del ordenamiento procesal vigente, \u00abcuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9n en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb. <\/p>\n
Ello significa que solo los documentos traducidos al castellano pueden ser tenidos como tales al interior del proceso y, por ende, ser apreciados como prueba, como lo ordena el inciso primero del art\u00edculo 251 \u00eddem. <\/p>\n
Al respecto, este \u00f3rgano de cierre doctrin\u00f3: <\/p>\n
Como la sentencia a reconocer se emiti\u00f3 en una lengua diferente al castellano, para su aportaci\u00f3n era indispensable que se acompa\u00f1ara la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerla por no allegada. El art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
2.2.4. Y, por \u00faltimo, es imperativo que la sentencia extranjera se \u00abencuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (AC2970, 22 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2.3. Las exigencias explicadas en precedencia de cara al caso bajo estudio permiten concluir que la solicitud debe ser rechazada, en tanto, a pesar de haber sido se\u00f1alado en el auto inadmisorio de la demanda de 6 de octubre pasado que: i) la solicitud no pod\u00eda versar sobre derechos reales respecto de bienes ubicados en territorio patrio; y ii) que la sentencia arrimada no satisfac\u00eda los requisitos de traducci\u00f3n al castellano, ejecutoria y legalizaci\u00f3n, el solicitante no corrigi\u00f3 dichos yerros, como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.3.1. La sentencia de nulidad del matrimonio contiene declaraciones y acuerdos que afectan el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, asunto que, por estar sometido a la exclusiva competencia de los jueces nacionales, no puede ser objeto de decisi\u00f3n extranjera. <\/p>\n
Y si bien se realiz\u00f3 la advertencia al peticionario de que perseguir los efectos patrimoniales de la providencia del 15 de diciembre de 2021 podr\u00eda conllevar a su rechazo de plano3, este en la subsanaci\u00f3n afirm\u00f3: \u00ab[s]e manifiesta al Despacho que la presente Demanda se busca la homologaci\u00f3n de la totalidad de la sentencia o en subsidio los efectos civiles del matrimonio\u00bb, sin que la menci\u00f3n a una pretensi\u00f3n subsidiaria enmiende lo dicho (\u00e9nfasis a\u00f1adido). <\/p>\n
En concreto, la sentencia orden\u00f3 conceder al se\u00f1or Llano Mosquera \u00ablos siguientes bienes inmuebles como su propiedad \u00fanica y separada sin compensaci\u00f3n a la Demandada\u00bb: <\/p>\n
2. El Inmueble ubicado en C\u00facuta torre 11 no. 203 reserva de San Luis (Descripci\u00f3n legal incluida en la direcci\u00f3n); 3. El Inmueble ubicado en Medell\u00edn frente cr 37a no 15-b c24\/2409 (Descripci\u00f3n legal incluida en la direcci\u00f3n); 4. El Inmueble ubicado en Bogot\u00e1 calle 26 no 31a -06 K4-4 piso, (Descripci\u00f3n legal incluida en la direcci\u00f3n) (P\u00e1gina 7 del archivo digital 0011Memorial.pdf.). <\/p>\n
Dichas determinaciones sobre inmuebles situados en territorio colombiano ri\u00f1en con el fuero real, por lo que un fallo for\u00e1neo que pretenda regular esta materia o se limite a aprobar la citada convenci\u00f3n, est\u00e1 llamado a no producir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds, como ha sido ratificado por la Corte: <\/p>\n
De hecho, el acuerdo se\u00f1ala que hay renuncias rec\u00edprocas entre los interesados respecto a derechos que les corresponden sobre dichas cosas, as\u00ed como el compromiso de enajenar la segunda una de estas. Decisiones que se traducen en modificaciones a la titularidad de derechos reales sobre los predios, lo cual s\u00f3lo ser\u00e1 posible en virtud de una decisi\u00f3n de juez nacional y seg\u00fan las leyes patrias. (AC7751, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2016-03149-00). <\/p>\n
La sola circunstancia de existir determinaciones de tal alcance como \u00abconceder al demandante los siguientes inmuebles como su propiedad \u00fanica\u2026\u00bb, refleja, con apoyo en la normatividad vigente y la jurisprudencia desarrollada de la Sala, que es procedente rechazar de plano la solicitud de exequatur elevada por Alfonso Llano Mosquera. <\/p>\n
2.3.2. Como la sentencia materia de reconocimiento y la apostilla que la legalizaba fueron emitidas en una lengua diferente al castellano, era indispensable que se acompa\u00f1aran de la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerlas por no allegadas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo vigente establece: <\/p>\n
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga reviste la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimento judicial, como lo ha dicho esta Corte: <\/p>\n
[S]e observa que la interesada no aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea materia de homologaci\u00f3n con la traducci\u00f3n id\u00f3nea, esto es, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 251 ibidem, la efectuada por \u2018el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u2019 [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducci\u00f3n realizada por\u2026, respecto de esta no se demostr\u00f3 su condici\u00f3n de \u2018int\u00e9rprete oficial\u2019. <\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho resuelve\u2026 rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n\u00b0 2016-00111-00) (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.\u00ba 2018-00897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.\u00ba 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.\u00ba 2018-02230-00). <\/p>\n
En el sub examine, el convocante aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea en idioma castellano sin que la traducci\u00f3n fuera efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un int\u00e9rprete oficial o traductor judicialmente designado. <\/p>\n
Y, a pesar de que en el auto inadmisorio se le indic\u00f3 al actor que la traducci\u00f3n efectuada por \u00abThe Spanish Group\u00bb no pod\u00eda ser tenida en cuenta4, se advierte del escrito y anexos que se traen en esta oportunidad, que son exactamente los mismos aportados junto a la solicitud inicial, por lo que no puede entenderse cumplido o subsanado el requisito en menci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.3. Adem\u00e1s, como se indic\u00f3 en el prove\u00eddo del 6 de octubre pasado, la sentencia se trajo sin incluir la manifestaci\u00f3n judicial u otro instrumento persuasivo que diera cuenta del car\u00e1cter inmodificable (que haya hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada), en el sentido de que frente a esta no proced\u00eda recurso alguno, o que el que fuera interpuesto se resolvi\u00f3 y el sentido de tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar la definitividad, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que la decisi\u00f3n es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados\u00bb (AC2970, 22 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00), o si no se aporta \u00abanotaci\u00f3n proveniente de autoridad alguna que brinde la certeza requerida sobre este aspecto\u00bb (AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00). <\/p>\n
No en vano se ha se\u00f1alado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03175-00). <\/p>\n
Y es que, en el sub lite, ni siquiera en la traducci\u00f3n se deja entrever que el prove\u00eddo es definitivo, no hay ni siquiera un ac\u00e1pite donde esta situaci\u00f3n se aclare y mucho menos una constancia o certificado del estrado judicial norteamericano en ese sentido. <\/p>\n
2.4. En suma, la ausencia de la traducci\u00f3n en legal forma de la sentencia y de los documentos que la acompa\u00f1an; la falta de perspicuidad sobre la firmeza del fallo cuya homologaci\u00f3n se pretende; y la insistencia del solicitante en que sean reconocidos todos los efectos del prove\u00eddo for\u00e1neo en el territorio nacional, incluidos los patrimoniales que recaen sobre bienes localizados en Colombia, impide abrir paso al tr\u00e1mite judicial y conduce a su rechazo de plano, en aplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Verificado el escrito de subsanaci\u00f3n y los anexos aportados, tampoco fueron corregidos los asuntos enunciados en los numerales 1.4. y 1.5. del auto del 6 de octubre de 2023 (archivo digital \u20180008Auto.pdf\u2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Alfonso Llano Mosquera, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.cortesuprema.gov.co\/corte\/wp-content\/uploads\/not\/civil23\/estado172civil09102023.pdf <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital \u20180012Informe_Secretarial.pdf\u2019: \u00abEn la fecha ingresa a despacho informando que venci\u00f3 ayer diecisiete (17) de octubre, el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas concedidos a Alfonso Llano Mosquera, para subsanar la demanda de exequ\u00e1tur. Dentro del plazo y a trav\u00e9s del abogado Andr\u00e9s Juli\u00e1n Delgado Gonz\u00e1lez, alleg\u00f3 el memorial y documentos anexos, visible dentro del consecutivo No. 5 de Eco, para el efecto\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital \u20180008Auto_pdf\u2019: \u00abRecu\u00e9rdese que en virtud del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, no se homologar\u00e1n sentencias extranjeras que se refieran o dispongan sobre derechos reales de bienes inmuebles ubicados en Colombia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital \u20180008Auto_pdf\u2019: \u00abAdicionalmente, se indica que no puede tenerse en cuenta la traducci\u00f3n allegada con el libelo, pues el cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso no se predican de la traslaci\u00f3n hecha por \u00abThe Spanish Group\u00bb, de quien no se acredit\u00f3 su autorizaci\u00f3n para actuar como traductor oficial en Colombia. Deber\u00e1 aportar una nueva que se encuentre acorde\u00bb. <\/p>\n
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AC3712-2023 (2023-03430-00) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC3712-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03430-00 Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Una vez recibido el escrito con el cual se busca subsanar la demanda, se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77847","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77847"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77847\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}