AC3715-2023 (2023-04045-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3715-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04045-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta y Veintid\u00f3s de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, para conocer de la demanda verbal por enriquecimiento sin justa causa promovida por Enzo Francisco Gil Covilla contra Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. en liquidaci\u00f3n -Electricaribe S.A. E.S.P.- en liquidaci\u00f3n- y Air-E S.A.S. E.S.P. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos judiciales en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda para que se declarara el enriquecimiento sin justa causa de los convocados, y el correlativo empobrecimiento sufrido por aquel con ocasi\u00f3n de la \u00abprestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, respecto del \u00abinmueble ubicado en la carrera 16 D N\u00b0 14 -89, Barrio San Jos\u00e9 de la ciudad de Santa Marta usuaria del Nic N\u00b0 1047861 desde la fecha julio del a\u00f1o de 2019\u00bb. <\/p>\n
En el libelo el convocante invoc\u00f3 que ese juzgado era el competente por corresponder al \u00abdomicilio de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial lo rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que de la demanda y sus anexos no pod\u00eda extraerse que el lugar de cumplimiento de las obligaciones fuera Santa Marta y, adem\u00e1s, el domicilio principal de ambas convocadas era Barranquilla, por lo que no se configuraba el fuero personal ni el contractual de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, respectivamente. <\/p>\n
Frente a dicha determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n, pues, en su criterio, s\u00ed se configuraba el fuero contractual, en cuanto el servicio de energ\u00eda se prestaba en un inmueble ubicado en esa ciudad. De igual forma, se tiene que ambas convocadas, a pesar de tener su domicilio principal en Barranquilla, tienen sucursales en Santa Marta. <\/p>\n
El estrado judicial no repuso su decisi\u00f3n. En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que Electricaribe S.A. E.S.P. era una sociedad de econom\u00eda mixta, a la que le era aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, por lo que el asunto deb\u00eda tramitarlo el juez de su domicilio principal. Adem\u00e1s, como dicha compa\u00f1\u00eda se encontraba en liquidaci\u00f3n todas las \u00abcontroversias declarativas o ejecutivas [era]n de competencia del agente liquidador\u00bb. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente, en principio, inadmiti\u00f3 el libelo, pero no por razones relacionadas con la competencia territorial. Luego, declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa porque las convocadas si bien ten\u00edan domicilio principal en Barranquilla, ten\u00edan sucursales en Santa Marta, seg\u00fan se desprend\u00eda del contrato de condiciones uniformes de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos vinculado a una sucursal ubicada en esa urbe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n que, si este tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (resaltado por la Corte). <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala desde el precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular, res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisar\u00edas\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: i) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y iii) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
Por ello, se hace indispensable verificar que la entidad involucrada en el conflicto ostente alguna de las calidades que har\u00edan aplicable el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28, lo que no sucede en el sub lite. <\/p>\n
Sobre la naturaleza jur\u00eddica de Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A. E.S.P.- en liquidaci\u00f3n, se tiene: <\/p>\n
Luego se lee \u201cElectricaribe es una empresa privada\u201d, afirmaci\u00f3n que se acompa\u00f1a con un cuadro en el que se consigna la composici\u00f3n accionaria de dicha empresa a diciembre 31 de 2015, del cual se resaltan los siguientes datos: \u201ctotal participaci\u00f3n privada 86.01% (\u2026) total participaci\u00f3n p\u00fablica 10.10% (\u2026) total participaci\u00f3n mixta 3.89% (\u2026)\u201d (se destaca); adem\u00e1s, en informe de responsabilidad corporativa emitido en 2017 por Electricaribe se consign\u00f3 \u201cDurante el a\u00f1o 2017 la composici\u00f3n accionaria de ELECTRICARIBE no vari\u00f3\u201d (p\u00e1gina web de Electricaribe)7 (se resalta). <\/p>\n
Aspecto que fue dilucidado anteriormente por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de julio de 20198, y de forma m\u00e1s reciente por la Corte Constitucional, en el auto 2553 de 20239, donde expres\u00f3: <\/p>\n
22. Naturaleza jur\u00eddica de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP – Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidaci\u00f3n. Al estudiarse la naturaleza jur\u00eddica de esta entidad se evidencia que es una empresa prestadora del servicio p\u00fablico domiciliario de energ\u00eda el\u00e9ctrica, constituida como una sociedad an\u00f3nima organizada por acciones10, cuya composici\u00f3n accionaria es la siguiente11: <\/p>\n
24. En el auto 946 de 2021, al dirimir un conflicto negativo entre jurisdicciones suscitado en el marco de una demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., la Sala Plena de la Corte Constitucional advirti\u00f3 que aquel caso no se encuadraba en las exigencias del art\u00edculo 104 del CPACA, como quiera que la citada empresa cuenta con una participaci\u00f3n del Estado menor al 50% y, por consiguiente, su conocimiento no le corresponde a los jueces contencioso administrativos. Asimismo, concluy\u00f3 que \u201cel asunto no est\u00e1 sujeto al derecho administrativo pues se trata de una empresa de servicios p\u00fablicos privada, cuyos actos est\u00e1n sometidos al derecho privado, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 de la Ley 142 de 1994 y las pretensiones de la demanda versan sobre un da\u00f1o regido por la legislaci\u00f3n civil\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido). <\/p>\n
Por ende, no es dable aplicar el numeral 10\u00b0 en menci\u00f3n, como en su momento hizo el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta. <\/p>\n
4. Ahora bien, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (negrilla ajena). <\/p>\n
Es decir que, para conocer de una acci\u00f3n contra persona jur\u00eddica, el primer juez llamado es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre aquella autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como se ha expuesto en varias ocasiones (entre otros, AC8175-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-03065-00; AC8666-2017, 15 dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb (resalt\u00f3 la Corte, AC489, 19 feb. 2019, rad. 2019-00319-00). <\/p>\n
5. En consecuencia, este caso debe ser conocido por el despacho judicial de Santa Marta, por aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a esta, lo cual acontece en el sub judice habida cuenta que las obligaciones derivadas del contrato macro de prestaci\u00f3n de servicios de energ\u00eda el\u00e9ctrica se cumpl\u00edan tambi\u00e9n en esa localidad, como se vislumbra de las m\u00faltiples facturas arrimadas con el plenario, y la entidad demandada en liquidaci\u00f3n ten\u00eda varias sucursales en la ciudad de Santa Marta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque de acuerdo con la informaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso abierto que reposa en el sitio web de -Electricaribe S.A. E.S.P.-, era hecho notorio la existencia, antes de su liquidaci\u00f3n, de su sucursal en la capital del departamento del Magdalena12, lo cual, a la luz del mandamiento 167 de la ley 1564 de 2012, \u00abno requier[e] prueba\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, conforme a la jurisprudencia, los hechos notorios se caracterizan por un amplio grado de divulgaci\u00f3n dentro de un \u00e1mbito espec\u00edfico: <\/p>\n
[P]ara que se advierta un hecho notorio como medio de prueba con las consecuencias que esa calificaci\u00f3n implica, se exige, por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes a un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga certeza de esa divulgaci\u00f3n (CSJ SC 21 may. 2002, rad. 7328). <\/p>\n
La doctrina ha perfilado que: <\/p>\n
Los hechos notorios se except\u00faan de la carga de la prueba, bien por disposici\u00f3n expresa de la ley o bien en virtud del principio de econom\u00eda procesal frente a la cualidad de ciertos hechos, tan evidentes e indiscutibles, que exigir para ellos la prueba no aumentar\u00e1 en lo m\u00e1s m\u00ednimo el grado de convicci\u00f3n que el juez debe tener acerca de la verdad de los mismos. <\/p>\n
La palabra notorio expresa en castellano lo p\u00fablico y sabido de todos. VICENTE y CARAVANTES sostiene que cuando los hechos alegados por las partes sean tan patentes que no dejen lugar a duda alguna, no es necesaria la prueba judicial por falta de objeto sobre que recaiga13. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que el fallador, en todo caso, no puede echar mano de supuestos hechos notorios, con el fin de sustentar la decisi\u00f3n en criterios subjetivos, de all\u00ed que para emplear esta noci\u00f3n debe exponer las razones que le sirven de fundamento: <\/p>\n
[S]i bien el hecho notorio est\u00e1 relevado de prueba, no le basta al funcionario judicial referirse a \u00e9l o traerlo a la providencia como respaldo de sus propias y personales afirmaciones sin estar debidamente acreditadas las circunstancias reales y concretas que le sirven de apoyo, porque obrar en contrario \u2026 significa que el fallador ha discurrido con un criterio meramente subjetivo que comporta necesariamente la exposici\u00f3n de una opini\u00f3n completamente desligada de los hechos y las pruebas; cuanto m\u00e1s si quiso dilucidar ese aspecto probatoriamente y no insisti\u00f3 para lograrlo (CSJ SC 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01). <\/p>\n
Igualmente, para establecer el conocimiento generalizado debe tenerse en cuenta que, en los tiempos actuales, gracias al auge de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC), generalmente los datos se difunden con mayor rapidez, realidad que no puede ser desatendida en el proceso ni por su director. No en vano, desde 1996, en el inciso segundo de la regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (n.\u00b0 270), se dispuso que \u00ab[l]os juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el inciso primero del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que, \u00ab[e]n todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia as\u00ed como ampliar su cobertura\u00bb (se destaca). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, de acuerdo con la referida base de datos oficial, que es de p\u00fablico acceso por estar disponible en internet, la demandada contaba con varias sucursales en la ciudad de Santa Marta, sitio donde se prest\u00f3 el servicio, hecho que tiene un grado de divulgaci\u00f3n generalizada, lo que permite inferir su condici\u00f3n de notorio. <\/p>\n
Por lo tanto, es de concluir que, como fuera anunciado, la demanda debe ser avocada por el despacho judicial de Santa Marta, municipio sobre el cual -Electricaribe S.A. E.S.P.- ejerc\u00eda atribuciones a trav\u00e9s de sus sucursales, en aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a esta, lo cual acontece en el sub judice. <\/p>\n
6. En suma, aplicando el factor territorial establecido en el numeral 5\u00b0, in fine del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo civil vigente, el conocimiento de la demanda corresponde al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, por tratarse de un asunto vinculado a la sucursal de la convocada de esa ciudad. <\/p>\n
7. Como consecuencia de lo considerado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u00abSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
7\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n A, auto del 19 de mayo de 2020, exp. AP 2018-00566. <\/p>\n
8\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Sentencia del 17 de julio de 2019, radicaci\u00f3n No. 70265 <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional, auto del 11 de octubre de 2023, expediente CJU-4428. <\/p>\n
10\u0002https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=157412#:~:text=Ahora%20bien%2C%20con%20respecto%20a,constituida%20por%20escritura%20p%C3%BAblica%20No. <\/p>\n
11\u0002 https:\/\/www.contraloria.gov.co\/documents\/20181\/467249\/INFORME_FINAL_ <\/A><\/p>\n