AC3722-2023 (2023-04225-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3722-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04225-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Segundo Civil Municipal de San Andr\u00e9s Isla, para conocer de la demanda ejecutiva promovida por Kristal Plaza P.H. contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda ejecutiva para el pago de las obligaciones insolutas por concepto de cuotas de administraci\u00f3n ordinarias y extraordinarias de la \u00aboficina 204\u00bb y los \u00abapartamentos 302 y 401\u00bb ubicados en la propiedad horizontal sobre la cual detenta dominio el Fondo para la rehabilitaci\u00f3n inversi\u00f3n social y lucha contra el crimen organizado -FRISCO-, persona jur\u00eddica que es administrada por la entidad p\u00fablica demandada. <\/p>\n
En el libelo no se incluy\u00f3 un ac\u00e1pite donde refiriera porqu\u00e9 el primer juzgado en conflicto era competente. <\/p>\n
2. Tal despacho descart\u00f3 su competencia para conocer del asunto, puesto que se deb\u00eda aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que encuadra la competencia en cabeza del juez del lugar donde deb\u00edan cumplirse las obligaciones pactadas en el contrato, por lo que remiti\u00f3 el expediente a San Andr\u00e9s Isla. <\/p>\n
3. El juzgado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa, tras recalcar la naturaleza de la entidad convocante y que su domicilio era la ciudad de Bogot\u00e1, donde se encontrar\u00eda el juez competente para conocer del asunto en t\u00e9rminos del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 5 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta. <\/p>\n
3. El numeral 3\u00b0 del mismo precepto dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
4. A su vez, el numeral 10\u00ba del mismo precepto dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
El canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Esto en estrecha concordancia con lo decantado por la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular, res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u201d. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
5. Lo dicho traduce que corresponder\u00eda el conocimiento del asunto al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, localidad donde tiene su domicilio principal la entidad demandada, en tanto le resultan aplicables los numerales 5\u00ba (en su parte inicial) y el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir se ajusta al fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonizaci\u00f3n de las reglas de competencia para cuando est\u00e9 vinculada una persona jur\u00eddica de dicha connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto se advierte que la entidad demandada, la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb, es sociedad por acciones simplificada, comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, autorizada por la ley, de naturaleza \u00fanica, descentralizada por servicios y vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de donde, en principio, la competencia para conocer del presente asunto se determinar\u00eda y radicar\u00eda tambi\u00e9n en el juez del lugar de su domicilio, en Bogot\u00e1. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, debe tenerse certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como quiera que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb, se concluye que la demandada ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, de donde les resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre el cual la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada. (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
6. No obstante, vale la pena explicar que, al tenor de las reglas generales precedentes, debe estudiarse el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (\u00e9nfasis a\u00f1adido). <\/p>\n
Es decir que, para conocer de una acci\u00f3n contra persona jur\u00eddica, el primer juez llamado es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre aquella autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como se ha expuesto en varias ocasiones (\u00e9nfasis a\u00f1adido) (entre otros, AC8175-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-03065-00; AC8666- 2017, 15 dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
En consecuencia y aplicando las anteriores reglas a este caso, podr\u00eda ser conocido tanto por el despacho de Bogot\u00e1 como el de San Andr\u00e9s Isla, ya que en la primera tiene su domicilio principal, y en la segunda, la gerencia regional centro-oriente de la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb, ubicada tambi\u00e9n en Bogot\u00e1, ejerce sus atribuciones, en aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el numeral 10\u00b0 de este precepto, a cuyo tenor en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a estas, lo cual acontece en el sub judice en tanto se pretende el cobro de las expensas ordinarias y extraordinarias sobre los inmuebles que se encuentran bajo administraci\u00f3n de la Regional Centro-Oriente de la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb, ubicada en Bogot\u00e1 pero que tiene atribuidas competencia en varios departamentos de Colombia y en el Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, habida cuenta que los inmuebles sobre los que pesan los saldos insolutos se encuentran en San Andr\u00e9s. <\/p>\n
Lo anterior porque de acuerdo con la informaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso abierto que reposa en el sitio web de la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb, es hecho notorio la existencia de su Regional Centro-Oriente en la ciudad de Bogot\u00e17, lo cual, a la luz del mandamiento 167 de la ley 1564 de 2012, \u00abno requier[e] prueba\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, conforme a la jurisprudencia, los sucesos notorios se caracterizan por un amplio grado de divulgaci\u00f3n dentro de un \u00e1mbito espec\u00edfico: <\/p>\n
[P]ara que se advierta un hecho notorio como medio de prueba con las consecuencias que esa calificaci\u00f3n implica, se exige, por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes a un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga certeza de esa divulgaci\u00f3n (CSJ SC 21 may. 2002, rad. 7328). <\/p>\n
La doctrina ha perfilado que: <\/p>\n
Los hechos notorios se except\u00faan de la carga de la prueba, bien por disposici\u00f3n expresa de la ley o bien en virtud del principio de econom\u00eda procesal frente a la cualidad de ciertos hechos, tan evidentes e indiscutibles, que exigir para ellos la prueba no aumentar\u00e1 en lo m\u00e1s m\u00ednimo el grado de convicci\u00f3n que el juez debe tener acerca de la verdad de los mismos. <\/p>\n
La palabra notorio expresa en castellano lo p\u00fablico y sabido de todos. VICENTE y CARAVANTES sostiene que cuando los hechos alegados por las partes sean tan patentes que no dejen lugar a duda alguna, no es necesaria la prueba judicial por falta de objeto sobre que recaiga8. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que el fallador, en todo caso, no puede echar mano de supuestos hechos notorios, con el fin de sustentar la decisi\u00f3n en criterios subjetivos, de all\u00ed que para emplear esta noci\u00f3n debe exponer las razones que le sirven de fundamento: <\/p>\n
[S]i bien el hecho notorio est\u00e1 relevado de prueba, no le basta al funcionario judicial referirse a \u00e9l o traerlo a la providencia como respaldo de sus propias y personales afirmaciones sin estar debidamente acreditadas las circunstancias reales y concretas que le sirven de apoyo, porque obrar en contrario \u2026 significa que el fallador ha discurrido con un criterio meramente subjetivo que comporta necesariamente la exposici\u00f3n de una opini\u00f3n completamente desligada de los hechos y las pruebas; cuanto m\u00e1s si quiso dilucidar ese aspecto probatoriamente y no insisti\u00f3 para lograrlo (CSJ SC 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01). <\/p>\n
Igualmente, para establecer el conocimiento generalizado debe tenerse en cuenta que, en los tiempos actuales, gracias al auge de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC\u2019s), generalmente los datos se difunden con mayor rapidez, realidad que no puede ser desatendida en el proceso ni por su director. No en vano, desde 1996, en el inciso segundo de la regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (n.\u00b0 270), se dispuso que \u00ab[l]os juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el inciso primero del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que, \u00ab[e]n todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia as\u00ed como ampliar su cobertura\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Aunque ambas normas se conjugan para que las TIC\u2019s sean empleadas en la actividad judicial, resulta evidente que la segunda de ellas impone a la administraci\u00f3n de justicia el deber de forzar su aprovechamiento, lo que no puede considerarse como mera potestad, respecto de la cual ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u2026es comprensible que la teleolog\u00eda primordial de esa implementaci\u00f3n es ganar en t\u00e9rminos de eficiencia y efectividad a la hora de cruzar informaci\u00f3n con inter\u00e9s para la lid, y desde luego que lograrlo reclama compromisos de cada uno de los sujetos \u00abprocesales\u00bb; como qued\u00f3 visto, en lo que concierne al funcionario, singular o plural, ata\u00f1e prestar sus mejores oficios a fin de optimizar ese canal \u00abcomunicacional\u00bb\u2026 (STC4964, 18 abr. 2018, rad. 2018-00761-00). <\/p>\n
Precisamente, en el marco de la conclusi\u00f3n precedente, la Sala ha constatado que en la p\u00e1gina web de la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb aparece la siguiente informaci\u00f3n acerca de las agencias de la ejecutada: <\/p>\n
Expresado de otra manera, de acuerdo con la referida base de datos oficial, que es de p\u00fablico acceso por estar disponible en internet, la entidad ejecutada cuenta con una agencia que ejerce atribuciones sobre el Distrito Especial de San Andr\u00e9s Islas, hecho que tiene un grado de divulgaci\u00f3n generalizada, lo que permite inferir su condici\u00f3n de notorio. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la direcci\u00f3n web de la Sociedad de Activos Especiales \u00abS.A.E. S.A.S.\u00bb emplea en su nombre el vocablo \u00abFNA\u00bb y la designaci\u00f3n \u00ab.gov.co\u00bb, que en idioma ingl\u00e9s (government) es semejante al de las p\u00e1ginas gubernamentales y, por tanto, asimilable a la \u00ab.gob.co\u00bb, lo que genera confianza sobre la integridad de los datos all\u00ed contenidos. <\/p>\n
7. En suma, en el caso de autos la competencia bien podr\u00eda ser asumida por cualquiera de los estrados en conflicto, pero dado que al ejercer la demandante la facultad que le confiere el fuero a prevenci\u00f3n, esta prefiri\u00f3 radicar su escrito en la ciudad de Bogot\u00e1, por lo que all\u00ed se enviar\u00e1 el expediente. <\/p>\n
8. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
7\u0002https:\/\/www.saesas.gov.co\/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica\/1_informacion_entidad\/estructura_organizacional_talento_29904\/gerencias_regionales <\/p>\n
8\u0002 Rafael de Pina y Jos\u00e9 Castillo Larra\u00f1aga, Instituciones de derecho procesal civil, editorial Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, 29 edici\u00f3n, p. 289. <\/p>\n
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