AC3725-2023 (2023-04268-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04268-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Patricia1, respecto de la sentencia del \u00ab11 de septiembre de 2019\u00bb, proferida por el Tribunal para los Menores de Edad de Piemonte y Valle D\u2019Aosta, Turin, Rep\u00fablica de Italia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 27 de octubre de 2023, por intermedio de apoderado judicial, la solicitante deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo referido a espacio, por el cual Sergio2 fue \u00abdeclarado deca\u00eddo de la patria potestad\u00bb de su menor hijo Rafael3. <\/p>\n
2. Se arrim\u00f3 en formato digital el escrito de demanda junto con sus anexos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: \u2026 <\/p>\n
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada (se resalta). <\/p>\n
La desatenci\u00f3n del anterior requerimiento conduce a que el estudio del pedimento se cierre de plano, como lo dispone expresamente el numeral 2\u00b0 del canon 607 \u00eddem, a saber: \u00abLa Corte rechazar\u00e1 la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del art\u00edculo precedente\u00bb. <\/p>\n
No se trata de exigencias vacuas, sino de condiciones que buscan salvaguardar que la sentencia, cuyo reconocimiento se persigue, satisfaga los atributos para ser considerada como un documento merecedor de valor probatorio. <\/p>\n
2. El numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 ibidem establece en realidad cuatro (4) requisitos para que la sentencia for\u00e1nea pueda ser homologada. En el caso bajo estudio se tornan relevantes los dos siguientes: <\/p>\n
I) Que se arrime una \u00abcopia debidamente legalizada\u00bb del fallo a reconocer, y; <\/p>\n
II) Que la providencia, cuando provenga en un idioma distinto al castellano, \u00abse present[e] con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u2026\u00bb, en armon\u00eda con el inciso 2\u00b0, art\u00edculo 607 ejusdem. <\/p>\n
2.1. El primer elemento, legalizaci\u00f3n, aboga para que la sentencia materia de reconocimiento, como documento emanado de una autoridad extranjera, est\u00e9 provisto de las constancias que den seguridad sobre la calidad y cargo de quien suscribe la providencia for\u00e1nea. <\/p>\n
Y es que la legalizaci\u00f3n consiste en \u00ab[d]ar estado o forma legal… para fe y cr\u00e9dito de un documento o de una firma\u00bb4, que trat\u00e1ndose de pa\u00edses suscriptores del Convenio por el cual se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado el 5 de octubre de 1961 en La Haya, se satisface con la apostilla. <\/p>\n
As\u00ed lo consagra el inciso segundo del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00ab[l]os documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En efecto, como Colombia y la Rep\u00fablica de Italia son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros5, conforme a su art\u00edculo 3\u00b0, es menester aportar la apostilla del instrumento para certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb. <\/p>\n
La copia de la sentencia viene con los sellos del Tribunal para los Menores de Edad de Piemonte y Valle D\u2019Aosta, Turin, Rep\u00fablica de Italia. No obstante, no se evidencia que la firma del funcionario que da cuenta de su autenticidad haya sido apostillada. <\/p>\n
La apostilla visible en el folio <\/p>\n
27 del archivo digital 110010203000202304268000003Expediente_digitalizado.pdf, certifica a \u00abStefana Giangola\u00bb como \u00abFunzionario Giudizario\u00bb (que valga aclarar no se tradujo al castellano), pero ello no da cuenta de que su r\u00fabrica sea la que obra en la copia de la sentencia cuyo exequatur se persigue, m\u00e1s a\u00fan porque el \u00fanico documento donde aparece el nombre de la funcionaria es el denominado como \u00abVerbale de asseverazione di traduzione\u00bb (el cual no se tradujo tampoco al castellano). <\/p>\n
Ello nubla a\u00fan m\u00e1s el panorama, en cuanto no explica si Giangola es funcionaria del estrado judicial que emiti\u00f3 la sentencia, si su firma es la de la copia o si tan solo llev\u00f3 una copia de la traducci\u00f3n realizada por \u00abAna L. Torres\u00bb ante la \u00abUfficio del Giudice di pace di Torino\u00bb para que se certificara que era una traslaci\u00f3n leg\u00edtima al castellano, entre otras muchas opciones que, a m\u00e1s de aclarar el cumplimiento del requisito, lo desdibuja. <\/p>\n
As\u00ed ha procedido esta Corporaci\u00f3n en casos equivalentes: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo procedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 \u00eddem. (CSJ, 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
2.2. Adem\u00e1s, como la sentencia materia de reconocimiento se emiti\u00f3 en una lengua diferente al castellano, era indispensable que se acompa\u00f1ara con la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerla por no allegada. <\/p>\n
2.2.1. El mencionado art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga trasluce la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: <\/p>\n
[S]e observa que la interesada no aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea materia de homologaci\u00f3n con la traducci\u00f3n id\u00f3nea, esto es, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 251 ibidem, la efectuada por \u2018el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u2019 [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducci\u00f3n realizada por\u2026, respecto de esta no se demostr\u00f3 su condici\u00f3n de \u2018int\u00e9rprete oficial\u2019. <\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho resuelve\u2026 rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n\u00b0 2016-00111-00) (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.\u00ba 2018-00897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.\u00ba 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.\u00ba 2018-02230-00). <\/p>\n
2.2.2. En el sub examine, la convocante aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea en idioma castellano sin que la traducci\u00f3n fuera efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un int\u00e9rprete oficial o traductor judicialmente designado. <\/p>\n
Si bien con el escrito inaugural se arrim\u00f3 una traducci\u00f3n, su revisi\u00f3n desvela que la misma se realiz\u00f3 por una int\u00e9rprete extranjera -\u00abAna L. Torres\u00bb-, y no se acredit\u00f3 su habilitaci\u00f3n para actuar como tal en Colombia. <\/p>\n
La ausencia de una traducci\u00f3n ajustada a la ley, como se dijo, impide tener los anexos por aportados y otorgarles m\u00e9rito demostrativo. <\/p>\n
2.3. Las falencias mencionadas en precedencia llevan a repeler de plano el tr\u00e1mite, en aplicaci\u00f3n del numeral 2 del art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, lo que fuerza a recordar a la interesada lo dispuesto en los art\u00edculos 78, n\u00fam. 10\u00ba y 173, n\u00fam. 2 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan los cuales no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la demostraci\u00f3n de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, es presupuesto inexcusable del exequatur y su acreditaci\u00f3n radica en cabeza del interesado7, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Resulta pertinente recordar que para acreditar la normatividad extranjera escrita y no escrita, el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso consagra diversos instrumentos de persuasi\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales es dable cumplir tal carga procesal, as\u00ed: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
De donde se concluye que, es a trav\u00e9s de cualquiera de los medios enunciados en la norma citada a espacio, que debe acreditarse la ley for\u00e1nea, por lo que no puede tenerse como satisfecho el requisito con la enunciaci\u00f3n de sentencias donde esta Sala haya reconocido providencias emanadas de la Rep\u00fablica de Italia, las que, dicho sea de paso, no abordan lo relativo a la privaci\u00f3n de patria potestad y su tratamiento normativo en ese ordenamiento jur\u00eddico8, pues se aportaron fallos sobre divorcio. <\/p>\n
3.2. No se allegaron pruebas de que el prove\u00eddo extranjero guardara armon\u00eda con las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En concreto: <\/p>\n
(I) No se aclara si la sentencia emitida por el juzgador italiano suspendi\u00f3 o priv\u00f3 el ejercicio de la patria potestad a Sergio9 sobre su hijo menor de edad Rafael10, ya que la sentencia se refiere a la \u00abdecadencia del padre de la patria potestad\u00bb, adem\u00e1s, el apoderado de la solicitante cita en sus fundamentos de derecho los art\u00edculos 310 y 315 del C\u00f3digo Civil, que contienen las disposiciones sobre suspensi\u00f3n de la patria potestad y emancipaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Dicha aclaraci\u00f3n se torna relevante para esclarecer si deb\u00eda establecerse un r\u00e9gimen de alimentos a favor y a cargo del padre (cfr. SC1229-2018, rad. n.\u00ba 2015-02938-00 y SC1167-2022, rad. n.\u00ba 2022-00372-00). <\/p>\n
(II) No se esclarece la causal para decretar la suspensi\u00f3n o privaci\u00f3n de la patria potestad, ya que se afirma en la sentencia que el padre \u00absi ha siempre completamente desinteresado del hijo\u00bb (sic); y en la demanda se aduce que aquel \u00abno cumple con sus obligaciones alimentarias y cuidado de su hijo\u00bb, razones que no se acompasa con los motivos expresados el art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil patrio. <\/p>\n
3.3. Los folios 26 y 27 (que corresponden a los documentos enunciados en el punto 2.1. de esta providencia) se arrimaron sin traducci\u00f3n al castellano. <\/p>\n
3.4. No se formul\u00f3 petici\u00f3n dirigida a la inscripci\u00f3n de la sentencia que emanara de esta solicitud de exequatur en el registro civil del menor de edad. <\/p>\n
3.5. No se aclar\u00f3 si los progenitores del menor Rafael11 son o no c\u00f3nyuges, caso en el cual, deb\u00eda aportarse el registro civil de matrimonio correspondiente. <\/p>\n
Estas insuficiencias del libelo introductorio deber\u00e1n ser tomadas en consideraci\u00f3n por la parte actora en caso de que decida presentar un nuevo pedimento de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Finalmente, se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Maner Alejandro Guanga Rosales, profesional del derecho inscrito en el registro nacional de abogados como apoderado judicial de Patricia12, para el caso del encabezado, con las facultades que el acto de apoderamiento enuncia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada en nombre de Patricia13, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: Reconocer personer\u00eda al abogado Maner Alejandro Guanga Rosales, como apoderado judicial de la solicitante, para los fines previstos en el poder conferido. <\/p>\n
Tercero: Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento del acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jur\u00eddico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., 1993. <\/p>\n