AC3728-2023 (2018-00109-01)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05101-31-13-001-2018-00109-01 <\/p>\n
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<\/p>\n
AC3728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05101-31-13-001-2018-00109-01 <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El demandante, en el escrito genitor del litigio, solicit\u00f3 que se declarara que la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 269 del 13 de abril de 1981, sobre el predio con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 005-00000402 del municipio de Bol\u00edvar, es relativamente simulada, pues Ligia de Jes\u00fas Agudelo Sol\u00eds (q.e.p.d.) no es la verdadera compradora, sino que actu\u00f3 como interpuesta persona de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que Roviro de Jes\u00fas Alzate Saldarriaga, como subadquirente del fundo, fuera considerado de mala fe, con el fin de extenderle los efectos de la simulaci\u00f3n, ordenarle la restituci\u00f3n de la heredad y condenarlo al pago de frutos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Una vez agotadas las fases de rigor se profiri\u00f3 determinaci\u00f3n de primer grado el 22 de mayo de 2019, en la que se denegaron las excepciones, se declar\u00f3 la simulaci\u00f3n relativa del contrato y se decret\u00f3 la devoluci\u00f3n del predio y el pago de $199.413.294 a t\u00edtulo de frutos civiles y naturales a cargo del subadquirente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil-Familia, al desatar la alzada interpuesta por los demandados, el 14 de agosto de 2023, confirm\u00f3 en su integridad el fallo apelado, sin otras manifestaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El d\u00eda 23 siguiente, el representante judicial de los accionados, interpuso recurso de casaci\u00f3n, con la advertencia de que \u00ab[e]n el mes de octubre de 2013 se practic\u00f3 un aval\u00fao al inmueble\u2026 que llevados al salario m\u00ednimo para ese entonces\u2026 nos arrojar\u00edan 776.47\u2026 Para ese entonces el predio estaba en p\u00e9simas condiciones\u2026 Pero en los \u00faltimos 10 a\u00f1os sus nuevos propietarios han hecho grandes mejoras\u2026 Adem\u00e1s es un hecho notorio que en este municipio es una constante la continua valorizaci\u00f3n\u2026 de las tierras\u00bb, valor al que deber\u00e1 conjuntarse el de la condena por frutos y los causados con posterioridad e intereses de mora. <\/p>\n
5. El juzgador de segundo grado deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario con auto del 30 de agosto, tras considerar que el valor de la afectaci\u00f3n no alcanza el inter\u00e9s patrimonial establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
[A]l indexar el costo comercial de la finca \u2018La Isabel\u2019 o \u2018Villa Ligia\u2019, seg\u00fan el dictamen pericial practicado para el a\u00f1o 2013, el precio del predio a la fecha de la sentencia arroja un total de $775.570.843\u2026 A su vez, comoquiera que la sentencia confirmada mantuvo inhiesta la condena por concepto de frutos\u2026 es indispensable proceder a calcular aquellos originados entre los a\u00f1os 2019 a la actualidad, a partir de la metodolog\u00eda descrita por el auxiliar de la justicia\u2026 De manera que el total a la fecha de la sentencia proferida por este Tribunal, por condena de frutos, y valor del predio objeto de la litis, es el siguiente: i) Frutos naturales: $261.328.910; ii) Rendimientos civiles: $45.922.998; y iii) Valor comercial actualizado de la finca\u2026 $775.570.843, [cifras que conjuntadas no alcanzan el equivalente a 1000 smlmv]. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los recurrentes extraordinarios suplicaron esta \u00faltima decisi\u00f3n, bajo el argumento de que el dictamen pericial, al tasar los frutos, estableci\u00f3 como criterio 5 cargas por hect\u00e1rea, lo que ha cambiado con el paso del tiempo, pues seg\u00fan el informe del 31 de diciembre de 2022, de la Gerencia T\u00e9cnica de la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros, la producci\u00f3n promedia es de 9.53 cargas por hect\u00e1rea, lo que se traduce en un valor de $250.661.306, que sumado a los dem\u00e1s que tas\u00f3 el Tribunal arroja un total de $1.189.713.021. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Despu\u00e9s de agotada la tramitaci\u00f3n de la s\u00faplica, el Tribunal rechaz\u00f3 por improcedente este remedio y devolvi\u00f3 el expediente al magistrado ponente para que le impartiera el tr\u00e1mite que corresponda. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, concedi\u00f3 el recurso de queja \u00abbajo benigna y garantista interpretaci\u00f3n\u00bb, el que se entendi\u00f3 impetrado de forma subsidiaria, el cual se decide en lo subsiguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El presente remedio se decidir\u00e1 de forma unipersonal, en tanto el art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que las salas de decisi\u00f3n dictar\u00e1n \u00ablas sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella\u00bb, siendo deber del \u00abmagistrado sustanciador [dictar] los dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En el sub lite, por tratarse de la resoluci\u00f3n de una queja interpuesta contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, debe aplicarse la \u00faltima de las reglas transcritas, al no haberse asignado dicha competencia a la Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La queja, seg\u00fan los art\u00edculos 352 y 353 \u00eddem, tiene como finalidad revisar si la decisi\u00f3n de negar la concesi\u00f3n de un recurso, en este caso del casacional, se emiti\u00f3 con apego a la normatividad vigente o, por el contrario, se apart\u00f3 de sus postulados. <\/p>\n
<\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, determinar el acierto o desacierto del fallador impone, primeramente, sopesar las razones que tuvo y que, expuestas como fundamento de lo decidido, responden a los mandatos vigentes o a la realidad procesal, y con posterioridad determinar si objetivamente se cumplen la totalidad de los requisitos para conceder el mecanismo de control. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el presente caso procede anticipar que la decisi\u00f3n se mantendr\u00e1, aunque por razones diferentes a las se\u00f1aladas por el ad quem, en tanto no se cumple con uno de los presupuestos objetivos para abrirle paso, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. El precepto 338 del C\u00f3digo General del Proceso, refiri\u00e9ndose a la casaci\u00f3n, dispuso que \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
Se estableci\u00f3 de esta forma un inter\u00e9s patrimonial para acceder al remedio extraordinario, cuando los reclamos enarbolados ante la jurisdicci\u00f3n tengan un contenido cremat\u00edstico, el cual deber\u00e1 ser definido con base en el \u00abvalor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia, esto es[,] la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n desfavorable, an\u00e1lisis que debe hacerse para el d\u00eda del fallo atacado\u00bb (CSJ, AC3213, 22 jul. 2022, rad. n.\u00b0 2018-00139-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Patrimonialidad que estar\u00e1 presente, indistintamente, en pretensiones declarativas o de condena, seg\u00fan los efectos reales o presuntos que comporte la determinaci\u00f3n judicial. Por ende, incluso frente a pedimentos que formalmente carecen de secuelas pecuniarias, habr\u00e1 que ponderar el litigio en su conjunto para establecer su esencia econ\u00f3mica, de ser el caso. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte tiene dicho: \u00abno basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensi\u00f3n carece de contenido patrimonial, pues, con independencia de que espec\u00edficamente no se reclame la imposici\u00f3n de condenas estimables en t\u00e9rminos pecuniarios, \u00e9sta puede catalogarse como \u201cesencialmente econ\u00f3mica\u201d, mirada desde todos los elementos que la conforman\u00bb (AC1467, 21 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00189-01). <\/p>\n
Este inter\u00e9s est\u00e1 excluido en los procesos: \u00ab(i) declarativos cuyas pretensiones carecen del elemento patrimonial o \u00e9ste no es esencial en la controversia; (ii) declarativos en que se cuestiona el estado civil -impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho-; y (iii) \u00ablas acciones\u2026 de grupo\u00bb (AC3094, 15 jul. 2022, rad. n.\u00b0 2017-00485-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. El valor de la afectaci\u00f3n, conforme al mandato transcrito, debe establecerse seg\u00fan el dem\u00e9rito que la sentencia confutada irrogue al promotor, al d\u00eda de su proferimiento, para lo cual deber\u00e1 evaluarse el contenido y alcance de las pretensiones concedidas o negadas. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corporaci\u00f3n tiene dicho que \u00abes necesario determinar la afectaci\u00f3n cremat\u00edstica -actual- padecida por los impugnantes para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, menoscabo que est\u00e1 dado por el agravio sufrido por \u00e9stos con la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb (AC2814, 26 sep. 2023, rad. n.\u00b0 2017-00414-01). Acl\u00e1rese, \u00abel inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n no se determina hoy por la cuant\u00eda de la acci\u00f3n o de la demanda, sino por el valor del agravio, de la lesi\u00f3n o del perjuicio patrimonial actual que con las resoluciones de la sentencia sufra el recurrente (Auto CCXLIX, p. 1497)\u00bb (AC, 26 feb. 2004, rad. n.\u00b0 2003-00171-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de sentencias que reh\u00fasan todos los pedimentos, \u00abel sentenciador debe colocarse frente a todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le han sido concedidas: y que, por lo mismo, constituyen la sumatoria del perjuicio que le irroga la sentencia recurrida. Labor que ha de cumplir con absoluta independencia de si tales cosas tienen asidero jur\u00eddico o no; lo que es objeto de aval\u00fao, entonces, es la aspiraci\u00f3n perdida, con fundamento o sin \u00e9l (auto de 23 de enero de 1995)\u00bb (AC, 16 oct. 1998). <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando la sentencia recurrida asienta en las s\u00faplicas, \u00abel inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u2026 estar\u00e1 dado por el valor efectivo de las condenas que a la postre debe soportar, inter\u00e9s calculado para el momento en que se profiere la sentencia (car\u00e1cter actual), con base en par\u00e1metros objetivos que permitan determinar a ciencia cierta el monto del perjuicio que la sentencia causa, sin que quepa, desde luego, una estimaci\u00f3n fundada en meras conjeturas, en alambicadas hip\u00f3tesis o en un entendimiento errado del fallo (car\u00e1cter cierto)\u00bb (AC, 18 sep. 2009, rad. n.\u00b0 2009-00609-00). <\/p>\n
<\/p>\n
De forma particular, y por ser relevante para el presente caso, trat\u00e1ndose de sentencias vinculadas a bienes inmuebles, \u00abel perjuicio que el demandado deriva de las resoluciones de la sentencia de segundo grado\u2026 est\u00e1 representado \u201c\u2026por el valor del inmueble que debe restituir, junto con el de los frutos cuyo pago se le impuso, cifra de la cual debe descontarse la cantidad que la actora le debe abonar, todo en el monto al cual ascend\u00edan en la fecha del fallo\u201d\u00bb (AC095, 26 may. 2004, rad. n.\u00b0 2004-00095-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3.3. En el sub examine reluce que los recurrentes carecen de inter\u00e9s patrimonial para acudir a la casaci\u00f3n, pues la condena impuesta en su contra no supera el monto se\u00f1alado en el precepto 338 del actual estatuto procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.1. Para explicar debe recordarse que el a quo, despu\u00e9s de aceptar la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa, orden\u00f3 \u00abal se\u00f1or Roviro de Jes\u00fas Alzate Saldarriaga\u2026 [que] restituya al demandante Santiago Agudelo Sol\u00eds el bien inmueble\u00bb y lo conden\u00f3 \u00aba pagar\u2026 la suma de $119.413.294 por concepto de frutos civiles y naturales\u00bb (audiencia del 22 de mayo de 2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Al desatar la alzada, el ad quem confirm\u00f3 \u00abla sentencia proferida el 22 de mayo de 2019\u00bb, sin emitir determinaciones adicionales, ni considerar el inciso segundo del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual: \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La inadvertencia judicial fue aprobada por la parte demandante, pues guard\u00f3 silencio dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, a pesar de contar con mecanismos espec\u00edficos para solventar la omisi\u00f3n, lo que resulta posible por ser un asunto eminentemente patrimonial y, por ende, renunciable. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.2. De acuerdo con lo expuesto, el inter\u00e9s para acceder a la casaci\u00f3n, en el mejor de los escenarios para los demandados, que es el que corresponde a Roviro Alzate, est\u00e1 acotado a: (I) el valor del predio que debe restituir; y (II) los frutos a que fue condenado en primera instancia, sin considerar los causados en el inter\u00edn de la apelaci\u00f3n, por no haberse impuesto su pago en la sentencia confutada. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente al primero de los conceptos, acertadamente el magistrado sustanciador tom\u00f3 el valor comercial disponible, seg\u00fan el dictamen pericial del 6 de noviembre de 2013, actualizando a la fecha del veredicto, con base en el \u00edndice de precios al consumidor, lo que arroj\u00f3 un monto de $775.570.843. Proceder que encuentra aval, no s\u00f3lo en el reconocimiento de los efectos del paso del tiempo sobre el poder adquisitivo, sino tambi\u00e9n en la equidad y en la ausencia de aportaci\u00f3n de otro aval\u00fao. <\/p>\n
<\/p>\n
Respecto a los frutos, tasados en la sentencia de primera instancia en $119.413.294, por permanecer inalterados en el veredicto de alzada, no es dable adicionarlos, ni siquiera con los causados entre los a\u00f1os 2019 y 2023. De efectuarse este agregado, como hizo el magistrado sustanciador, o lo pretenden los impugnantes con un aumento adicional por una mayor productividad, se estar\u00eda desconociendo el dem\u00e9rito que realmente produjo la sentencia, por desatenderse lo efectivamente decidido por el Tribunal que, it\u00e9rese, se limit\u00f3 a confirmar el fallo de primer grado, el que nada dijo sobre los frutos posteriores, ni se provey\u00f3 sobre su extensi\u00f3n en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, a riesgo de saturar, en la determinaci\u00f3n de segunda instancia no se impuso a Roviro Alzate el pago de frutos naturales despu\u00e9s de los ordenados en primera instancia, sin que los sujetos procesales criticaran este proceder, dejando que consolidara esta situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
<\/p>\n
Es cierto que todav\u00eda es posible la condena se adicione, con el fin de incluir los frutos causados despu\u00e9s de la sentencia y hasta la entrega efectiva de la cosa (art\u00edculo 284 del C\u00f3digo General del Proceso); sin embargo, este dem\u00e9rito no es una consecuencia de la sentencia confutada, sino que se refiere a un momento posterior a ella, por lo que no puede servir para fijar el dem\u00e9rito que abre la puerta de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, si bien el magistrado sustanciador del Tribunal err\u00f3 en las razones para denegar el remedio interpuesto, lo cierto es que la decisi\u00f3n finalmente se ajust\u00f3 a derecho, por refulgir la ausencia de inter\u00e9s patrimonial de los reclamantes, raz\u00f3n para denegar la queja. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Como el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso ordena imponer costas a la parte que \u00abse le resuelva desfavorablemente el recurso de\u2026 queja\u00bb, y est\u00e1 probado que la contradictora se opuso en t\u00e9rmino a su prosperidad, se aplicar\u00e1 dicha penalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Como agencias en derecho se fija un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente a la fecha de este auto, de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual se liquidar\u00e1 de forma concentrada por el a quo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Con base en lo expuesto, el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de fecha y procedencia indicada en este prove\u00eddo, aunque por las razones dilucidadas en el presente auto. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Condenar en costas a Ricardo Puerta Puerta y Roviro de Jes\u00fas Alzate Saldarriaga en favor de Santiago de Jes\u00fas Agudelo Sol\u00eds. Se fija un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente a la fecha de este auto como agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero. Comunicar esta determinaci\u00f3n al Tribunal de origen, con el env\u00edo virtual de las actuaciones a que haya lugar. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
5 <\/p>\n
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