AC3729-2023 (2014-00202-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3729-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-008-2014-00202-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden los recursos interpuestos por la demandante Mar\u00eda Cecilia Piedrahita Sal\u00f3m \u2013a trav\u00e9s de apoderado- y la sociedad inversiones Zami y CIA S. en C.S. frente al auto de 26 de mayo de 2023, con el cual se admiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandada -Inversiones Cicam S.A.S. en liquidaci\u00f3n- frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 9 de diciembre de 2022, en el proceso declarativo promovido por Martha Cecilia Piedrahita Salom contra la recurrente en casaci\u00f3n y otros. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Magistrado ponente \u2013con auto de 26 de mayo de 2023- admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, tras encontrar reunidas las exigencias formales establecidas por la normativa que gobierna la materia. <\/p>\n
2. Iniciado el traslado para la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, el apoderado de Mar\u00eda Cecilia Piedrahita Sal\u00f3n \u2013demandante- interpuso reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n anterior. En s\u00edntesis, adujo una indebida valoraci\u00f3n de los requisitos configurativos de la cuant\u00eda para recurrir. Esto pues, \u00abel Tribunal de Cartagena concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n sin plena observancia de los requisitos legales y jurisprudenciales previstos en los art\u00edculos 338 y 339 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Por tanto, se debe declarar prematura la concesi\u00f3n y devolver el expediente al Tribunal para que \u00aben verdad, haga la valoraci\u00f3n de la cuant\u00eda observando los presupuestos legales para tal fin\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab\u2026ni con los elementos obrantes en el expediente de la simulaci\u00f3n, ni con el dictamen pericial aportado por la recurrente en casaci\u00f3n, se acredit\u00f3 que se cumpl\u00eda con el justiprecio de la cuant\u00eda para recurrir\u00bb. Ciertamente, las partes se sirvieron fijar como cuant\u00eda de la demanda la suma de $993.000.000. Adem\u00e1s, la primera instancia se\u00f1al\u00f3 como \u00abcuant\u00eda de los negocios jur\u00eddicos que a la postre fueron objeto de simulaci\u00f3n absoluta, la suma de\u2026 $944.000.000\u2026\u00bb. Es decir que, \u00aben consonancia con el art\u00edculo 338 del C. G. del P., para el 2022, a\u00f1o en el que se interpuso el recurso de casaci\u00f3n, deb\u00eda acreditarse que la sentencia le fuese desfavorable al recurrente en la suma de mil millones de pesos m\/cte ($1.000\u2019000.000). Por lo tanto, en consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda establecida en el libelo de la demanda, la cual no fue refutada en momento alguno, la sentencia le fue desfavorable al recurrente en la suma de novecientos cuarenta y cuatro millones de pesos m\/cte ($944\u2019000.000), siendo este el valor de los negocios jur\u00eddicos simulados. Lo anterior, se corrobora en el contenido de las Escrituras P\u00fablicas 447 de mayo 22 de 2011, 516 de mayo 29 de 2011 y 1115 de junio 29 de 2011, todas ellas suscritas en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cartagena. Entonces, este hecho que conlleva que no se d\u00e9 cumplimiento al requisito sine qua non del inter\u00e9s para acudir al recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que se hace \u00abuna valoraci\u00f3n err\u00f3nea del dictamen pericial, puesto que, este no permite determinar, de manera fehaciente, el valor de los bienes inmuebles al momento del fallo confirmatorio\u00bb. Por tanto, \u00abdebe resaltarse, en principio, que, seg\u00fan lo ofertado, se est\u00e1 en presencia de un avalu\u00f3 comercial hecho a los inmuebles materia de litigio que data del pasado 28 de marzo de 2019. En este punto, resulta de capital importancia traer a colaci\u00f3n lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998. Normativa que, cabe destacar, enmarca todo lo referente a los procedimientos, par\u00e1metros y criterios referentes a los aval\u00faos, a saber: \u201cArt\u00edculo 19.- Los aval\u00faos tendr\u00e1n una vigencia de un (1) a\u00f1o, contados desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 la revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n\u201d\u00bb. Esto es, \u00ablos aval\u00faos por medio de los cuales se pretende acreditar el cumplimiento del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n perdieron vigencia el pasado 28 de marzo de 2020\u00bb. Por ello, \u00abestos no permiten determinar, en la actualidad, el valor real de los inmuebles materia del litigio. Lo anterior, guarda especial relaci\u00f3n con lo previsto en el auto proferido por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 23 de marzo de 2012, al interior del proceso 2006-00345\u00bb. <\/p>\n
Para terminar, recalc\u00f3 que \u00abentendido que el agravio se caus\u00f3, para el caso concreto, el pasado 3 de enero de 2023, el dictamen aportado para acreditar la cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n, deber\u00e1 permitir determinar el valor comercial del bien para la fecha antedicha. En consecuencia, basta con observar la fecha de los aval\u00faos para concluir, sin dubitaci\u00f3n alguna, que esta experticia no permite determinar el valor comercial de los inmuebles al momento del fallo que por esta v\u00eda se intenta recurrir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, el apoderado de la sociedad Inversiones Zami y CIA S. en C.S. tambi\u00e9n solicit\u00f3 la revocatoria del auto proferido el 26 de mayo de 2023 (\u00absolicitud de ilegalidad\u00bb). Como fundamento similar, estim\u00f3 que \u00abal no poderse determinar el valor real de los inmuebles por medio de los aval\u00faos allegados junto con el recurso, ya que los mismos carecen de vigencia, toda vez que fueron elaborados hace m\u00e1s de tres a\u00f1os. Adem\u00e1s, al no poder determinar de manera fehaciente el aval\u00fao de los inmuebles al momento de la causaci\u00f3n del agravio, resulta improcedente conceder el recurso de interpuesto\u00bb. En adici\u00f3n, concret\u00f3 que \u00abconforme a los elementos de juicio que obran en el expediente, la cuant\u00eda desfavorable al recurrente no supera los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV) para el a\u00f1o 2022, carece de prosperidad el recurso interpuesto. Esto, virtud de la ausencia del cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n\u00bb. Puntualiz\u00f3 que \u00aben vista de que la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n se fundament\u00f3 en supuesto equivocados, en virtud de la valoraci\u00f3n de pruebas ausentes en el plenario, resulta procedente el estudio de este inter\u00e9s por parte de este Despacho\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que \u00abal encontrarse inmerso en un error judicial el auto mediante el cual se admiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, en virtud de que este contrar\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico, ya que se admiti\u00f3 pese a la carencia de la acreditaci\u00f3n del justiprecio, no atan al juez ni a las partes\u00bb. Por lo expuesto, \u00aben aras de salvaguardar la actuaci\u00f3n y efectuar un control de legalidad, el funcionario judicial se encuentra revestido de la facultad de declarar la ilegalidad de las actuaciones fundadas en un error y contrarias al marco normativo aplicable. Asimismo, sin perjuicio de lo dicho, el suscrito se permite coadyuvar los argumentos presentados por el apoderado del extremo demandante en el escrito presentado el pasado 05 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procede resolver los recursos propuestos en aplicaci\u00f3n del inciso tercero del art\u00edculo 342 del C.G.P., que prev\u00e9 que \u00ab[e]l auto que decida sobre la admisibilidad del recurso ser\u00e1 dictado por el magistrado sustanciador y contra \u00e9l s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Lo primero es recordar que los reparos concretos apuntan a que no se acredit\u00f3 la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. Frente a esto, cabe se\u00f1alar que, en efecto, el inciso final del precitado canon consagra que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb. Bajo esa perspectiva, en principio, resultar\u00eda improcedente la petici\u00f3n de los censores para que se declare prematura la concesi\u00f3n del remedio extraordinario. Sin embargo, tambi\u00e9n es cierto que cuando esta Sala ha observado que la decisi\u00f3n del Tribunal de conceder el recurso de casaci\u00f3n se ha adoptado como resultado de un inadecuado examen de ese particular factor, ha declarado \u00abprematura\u00bb esa concesi\u00f3n y devuelto el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. Esto pues, <\/p>\n
[e]sta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad. (citada en CSJ AC3103-2022). <\/p>\n
2.1. No obstante lo anterior, y con la finalidad de salvaguardar el car\u00e1cter excepcional de la casaci\u00f3n, se estableci\u00f3 un inter\u00e9s m\u00ednimo para recurrir, el cual debe ser calculado con base en \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb (art\u00edculo 338 ib\u00eddem), equivalente al monto de los perjuicios que la sentencia impugnada ocasion\u00f3 a la parte, estimado al momento de su proferimiento. Dicho en otras palabras, el referido inter\u00e9s est\u00e1 supeditado a la cuant\u00eda de la desventaja patrimonial que sufre el promotor con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, vista a la fecha del fallo (cfr. AC, 30 jun. 2006, rad. n\u00b0. 2002-00467). Por su parte, el art\u00edculo 339 ib\u00eddem fija las pautas a seguir para \u00ab[c]uando\u2026 la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, trat\u00e1ndose de negocios jur\u00eddicos, esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, para establecer la afectaci\u00f3n de marras deber\u00e1 ponderarse el quantum de las prestaciones materia de la declaraci\u00f3n de voluntad o el objeto material sobre la que recaen, analizadas de acuerdo con la calidad de quien recurre. De manera que, al examinar la cuant\u00eda para recurrir en los casos de simulaci\u00f3n, es dable acudir al precio se\u00f1alado en la escritura p\u00fablica contentiva de la convenci\u00f3n respectiva (AC4423, 13 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01073-00; AC4179, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01130-00). Claro est\u00e1, en trat\u00e1ndose de bienes inmuebles, su estimaci\u00f3n comercial, as\u00ed como el porcentaje de dominio reclamado, constituyen dos (2) elementos esenciales para definir el dem\u00e9rito patrimonial (AC8593, 14 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01, reitera el auto AC, 28 sep. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00065-01. En el mismo sentido AC, 7 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2010-00048-01 y AC6729, 4 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01). <\/p>\n
3. En el caso, se pretendi\u00f3 que se declare la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb de los contratos de compraventa celebrados entre Inversiones ZAMI Y C\u00cdA S. en C.S. \u2013en liquidaci\u00f3n- e Inversiones CICAM S.A.S. \u2013en liquidaci\u00f3n-, sobre los \u00ablocales 101 y 102 del edificio Zamary\u00bb, el \u00ablocal No. 2 del Edificio Neptuno\u00bb y la \u00abCasa Lote 6-156\u00bb, ubicados en la ciudad de Cartagena. En consecuencia, se ordene la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de los bienes relacionados al patrimonio de la sociedad Inversiones ZAMI Y C\u00cdA S. en C.S. \u2013en liquidaci\u00f3n-. Esto es, la demandante combati\u00f3 la totalidad de los efectos de los negocios jur\u00eddicos traslaticios mencionados, con el fin de que los activos retornaran al patrimonio de una de las demandadas. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, con la decisi\u00f3n del Tribunal de confirmar la declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta de los contratos referidos, el perjuicio irrogado a la recurrente est\u00e1 representado en el valor de los bienes involucrados en los convenios confutados, puesto que los inmuebles restituidos saldr\u00e1n de su patrimonio. <\/p>\n
El justiprecio en cuesti\u00f3n, entonces, equivale al valor comercial de los inmuebles materia del litigio \u2013como un todo- sobre los cuales versan las pretensiones de la demanda. Que, seg\u00fan el dictamen pericial obrante en el expediente, ascienden a la suma de $4.828.950.000. Esto es, superan los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el 2022. Tal como lo consider\u00f3 el Tribunal de conocimiento. <\/p>\n
3.2. De atenderse la tesis de recurrentes, que propenden limitar el inter\u00e9s de la casacionista al monto de las pretensiones y descalificar el dictamen de los aval\u00faos comerciales de los predios \u2013obrante en el expediente- por su \u00abperdida de vigencia\u00bb, precisamente se desconocer\u00eda el contenido mismo de las pretensiones de la demanda inicial. Pues all\u00ed se propendi\u00f3 por enervar la integridad de los contratos de compraventa, as\u00ed como la restituci\u00f3n de los inmuebles al patrimonio de la sociedad compradora \u2013aqu\u00ed recurrente-. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, significar\u00eda desconocer que las pruebas -allegadas al proceso-, en virtud del principio de la comunidad de la prueba, forman parte integral de este para beneficio o perjuicio de las partes en contienda -independientemente de quien las haya aportado-. Por supuesto, y para los efectos procesales, una vez el dictamen ha sido incorporado al proceso, su eficacia demostrativa permanece indemne hasta la culminaci\u00f3n del litigio. Y, por tanto, el Tribunal no incurri\u00f3 en ning\u00fan error al haber soportado su determinaci\u00f3n de encontrar acreditado el inter\u00e9s para recurrir en dicho medio de convicci\u00f3n. Esto pues, se insiste, el art\u00edculo 339 establece que la cuant\u00eda del inter\u00e9s se debe establecer con \u00ablos elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb. As\u00ed y todo, si ese dictamen fue debidamente anexado a la causa, mal har\u00eda el Tribunal en desecharlo, so pretexto de la \u00abvigencia de los aval\u00faos\u00bb que pueda contemplar el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998. <\/p>\n
3.3. Al respecto, t\u00e9ngase en cuenta que, si bien las disposiciones contenidas en ese decreto tienen por objeto se\u00f1alar las \u00abnormas, procedimientos, par\u00e1metros y criterios para la elaboraci\u00f3n de los aval\u00faos por los cuales se determinar\u00e1 el valor comercial de los bienes inmuebles, para la ejecuci\u00f3n de los siguientes eventos, entre otros: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Adquisici\u00f3n de inmuebles por enajenaci\u00f3n forzosa <\/p>\n
1. Adquisici\u00f3n de inmuebles por enajenaci\u00f3n voluntaria <\/p>\n
1. Adquisici\u00f3n de inmuebles a trav\u00e9s del proceso de expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial. <\/p>\n
1. Adquisici\u00f3n de inmuebles a trav\u00e9s del proceso de expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa <\/p>\n
1. Determinaci\u00f3n del efecto de plusval\u00eda <\/p>\n
1. Determinaci\u00f3n del monto de la compensaci\u00f3n en tratamiento de conservaci\u00f3n <\/p>\n
1. Pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda por transferencia de una porci\u00f3n del precio objeto de la misma. <\/p>\n
1. Determinaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n por obra p\u00fablica en los t\u00e9rminos que se\u00f1ala el art\u00edculo 37 de la Ley 9 de 1989. <\/p>\n
Art\u00edculo 19\u00b0. Los aval\u00faos tendr\u00e1n una vigencia de un (1) a\u00f1o, contados desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 la revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo cierto es que dicha vigencia corresponde a los eventos all\u00ed descritos. No as\u00ed para demostrar el valor comercial de unos inmuebles en un juicio de simulaci\u00f3n \u2013como se pretende hacer ver-. <\/p>\n
4. En una palabra, los reproches formulados contra el auto de 26 de mayo de 2023 no est\u00e1n llamados a prosperar. Y, por tanto, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: no reponer el auto proferido el 26 de mayo de 2023, con el cual se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n interpuesto. Por secretar\u00eda, d\u00e9sele cumplimiento al inciso segundo de la providencia recurrida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3729-2023 (2014-00202-01) AC3729-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-008-2014-00202-01 Bogot\u00e1 D.C., once (11) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se deciden los recursos interpuestos por la demandante Mar\u00eda Cecilia Piedrahita Sal\u00f3m \u2013a trav\u00e9s de apoderado- y la sociedad inversiones Zami y CIA S. en C.S. frente al auto de 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}