AC3746-2023 (2023-04581-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3746-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04581-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tiban\u00e1 y Quinto de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jes\u00fas demand\u00f3 ante el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed la custodia y cuidado personal que viene ejerciendo Mar\u00eda sobre su hijo Jos\u00e9. Dicha dependencia rechaz\u00f3 el conocimiento del asunto y orden\u00f3 su remisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo de Tiban\u00e1, al encontrar que, seg\u00fan disposici\u00f3n legal, \u00aben los lugares donde no hay juez de familia o promiscuo de familia, los asuntos de familia de \u00fanica instancia, deben ser conocidos por los jueces civiles municipales (N\u00fam. 6, Art. 17 CGP), y como quiera que, seg\u00fan lo dicho en la demanda, el domicilio del menor es Tiban\u00e1, el competente para conocer el asunto de la referencia es el Juez Promiscuo Municipal de dicha localidad\u00bb [folios 12 y 13, archivo digital 0004]. <\/p>\n
2. Al recibir las diligencias el fallador de la \u00faltima circunscripci\u00f3n mencionada, avoc\u00f3 su conocimiento y orden\u00f3 surtir el traslado correspondiente a la llamada a soportar las pretensiones (18 ag. 2022), quien atac\u00f3 dicha determinaci\u00f3n por la v\u00eda horizontal y aleg\u00f3 \u00abfalta de competencia territorial\u00bb, habida cuenta que el menor tiene su domicilio en la capital patria [folios 18 y 19, ib.]; posteriormente, contest\u00f3 el libelo y propuso excepciones de m\u00e9rito [folios 40 a 47, ib.]. <\/p>\n
2.1. El 19 de mayo de 2022 se abri\u00f3 a pruebas el juicio [folio 117, ib.] y, estando por surtirse la etapa subsiguiente se recibi\u00f3 escrito proveniente de la personera municipal de Tiban\u00e1, en el que inform\u00f3 \u00abuna vez revisadas las bases de datos del Fosyga (\u2026) se encuentra que, el menor se encuentra sisbenizado en la Ciudad de Bogot\u00e1 y en ese sentido se encuentra con afiliaci\u00f3n efectiva desde el 01 de mayo del 2019 hasta la fecha en tanto que se encuentra \u00abActivo\u00bb en lo que respecta a su estado actual; informaci\u00f3n respecto a su residencia que guarda relaci\u00f3n con la relacionada en la consulta de Sisben realizada (\u2026)\u00bb [folios 119 y 120, ib.]. <\/p>\n
2.2. En virtud de lo acotado, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto adjetivo, la Juez de Tiban\u00e1 dispuso la remisi\u00f3n del infolio a los juzgados de familia de Bogot\u00e1, al considerar que, \u00abel conocimiento del presente asunto, sali\u00f3 de la competencia de este estrado judicial, al momento de que el menor, fue llevado al lugar de residencia de su progenitora en la ciudad de Bogot\u00e1\u00b7, en atenci\u00f3n a ello y que fue una solicitud realizada por intermedio de la Personer\u00eda Municipal de Tiban\u00e1, donde se pone en conocimiento dicho asunto, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C.G.P., \u201cCuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por factores subjetivo o funcional, lo actuado conservara validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido ser\u00b7 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente(\u2026)\u201d\u00bb [folios 125 y 126, ib.]. <\/p>\n
3. Mediante auto del pasado 26 de septiembre hoga\u00f1o, el despacho receptor rehus\u00f3 su conocimiento, arguyendo que la dependencia de origen desatendi\u00f3 el principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d pues, seg\u00fan lo ha establecido esta Corte \u00abuna vez aprehendida la competencia, solamente el contradictor est\u00e1 legitimado para rebatirla a trav\u00e9s de los medios defensivos que concede la ley, recurso de reposici\u00f3n o excepci\u00f3n previa; caso contrario el conocimiento queda definido en el fallador quien deber\u00e1 tramitarla hasta el final\u201d (se subraya y resalta. CSJ AC217-2019), ello, como quiera que \u201cni la codificaci\u00f3n en menci\u00f3n, ni ninguna otra norma, establece que la variaci\u00f3n en el domicilio de la menor implique que la alteraci\u00f3n de la competencia, pues una vez radicada \u00e9sta en cabeza de un funcionario judicial determinado, no podr\u00e1 ser modificada\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3, que la remisi\u00f3n hecha por aquella oficina no obedeci\u00f3 a la resoluci\u00f3n de ning\u00fan medio de contradicci\u00f3n planteado por la llamada a juicio pues \u00abno fueron ejercidos por la pasiva, sino de oficio por auto del 16 de junio de 2023 estando el expediente ad portas de la realizaci\u00f3n de la audiencia prevista en el art\u00edculo 392 del c.g.p.\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, propuso colisi\u00f3n negativa de competencia y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para su definici\u00f3n [folios 132 y 133, ib.]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De acuerdo con el inciso segundo, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]n los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
3. Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdel domicilio o residencia\u00bb del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de los procedimientos ante las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n al puntualizar que: <\/p>\n
[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC1787-2021, 12 may., rad. 2021-01222-00 y CSJ AC2415-2021, 17 jun., rad. 2021-01784-00 reiterada en CSJ AC3203-2022, 22 jul., rad. 2022-02207-00). <\/p>\n
Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en cuya virtud \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)1\u00bb, as\u00ed como con el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los est\u00e1ndares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, ha recalcado la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) [E]l inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019 (se destaca). (CSJ STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01, CSJ AC2400-2022, 13 jun., rad. 2022-01649-00, reiteradas en CSJ AC3203-2022, 22 jul., rad. 2022-02207-00). <\/p>\n
4. Y no se diga que por haber conocido y adelantado algunas actuaciones, el despacho primigenio debe seguir tramitando el asunto en atenci\u00f3n al principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, porque \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00, reiterando CSJ AC1314-2020, 6 jul., rad. 2020-00722-00 y citadas en CSJ AC3203-2022, 22 jul., rad. 2022-02207-00 -negrilla para destacar-). <\/p>\n
5. De esa manera, es claro que el decurso inici\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tiban\u00e1, Boyac\u00e1, porque en esa circunscripci\u00f3n territorial, afirm\u00f3 el precursor, se encontraba el menor; sin embargo, contrario a lo sostenido por el segundo funcionario involucrado en esta pugna, la demandada acudi\u00f3 ante aquella autoridad reclamando la falta de competencia territorial, habida cuenta que, \u00abel menor tiene su domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C, por consiguiente, la competencia por factor territorial para el presente asunto que se acusa debe ser esta ciudad\u00bb [folios 18 y 19, archivo digital 0004], hecho que fue verificado por la personera del rese\u00f1ado municipio en \u00ablas bases de datos del Fosyga\u00bb [folio 119, ib.], de ah\u00ed que, quien debe continuar con el juicio promovido por el padre del infante es el juzgador de esta capital. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia a este \u00faltimo despacho judicial, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al Juzgado Promiscuo Municipal de Tiban\u00e1 y a los interesados. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, es el competente para continuar con el adelantamiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a las dem\u00e1s dependencias in7volucradas y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
<\/p>\n
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