AC3795-2023 (2023-04739-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04739-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Trece Municipal de Oralidad de Medell\u00edn y el Juzgado Promiscuo Municipal de Mutat\u00e1. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer despacho, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. demand\u00f3 a Mar\u00eda Elizabeth Correa Botero y a la Agencia Nacional de Tierras para que se impusiera servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un predio denominado \u00abLA LUPE\u00bb ubicado en la vereda \u00abPAMPAS DE TACIDO O BEDO PI\u00d1AL\u00bb del municipio de Mutat\u00e1; asunto cuyo conocimiento le atribuy\u00f3 por la calidad de la parte demandante, quien es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con domicilio en esa urbe. <\/p>\n
2.- Ese estrado rechaz\u00f3 el pleito por estimar que debe darse prelaci\u00f3n a la competencia territorial, en consecuencia, como el predio objeto de la servidumbre est\u00e1 ubicado en Mutat\u00e1, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a los juzgados de dicho municipio. <\/p>\n
3.- El receptor contradijo la referida determinaci\u00f3n, toda vez que, a su juicio, debe tenerse en cuenta el criterio unificador de la Corte Suprema de Justicia referente a que es prevalente la competencia establecida por la calidad de las partes, por lo que en atenci\u00f3n a que el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad p\u00fablica, conoce en forma privativa el Juez del domicilio de la respectiva entidad, se\u00f1al\u00f3 que era el Juzgador primigenio quien deb\u00eda tramitar el pleito habida cuenta que la demandante es una entidad de tal naturaleza y tiene su domicilio en la capital de Antioquia. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a destrabar la disputa. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, en los de constituci\u00f3n de <\/p>\n
servidumbres, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo <\/p>\n
fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar <\/p>\n
donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer <\/p>\n
el pleito y \u00absi se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la servidumbre, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento, dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites que participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. En tal sentido, se indic\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Finalmente, es necesario precisar en presencia de entes morales en ambos extremos de la litis, cuya naturaleza en aplicaci\u00f3n de la prenotada regla de competencia (art. 28, n\u00fam.10 CGP) les confiere el privilegio de someterse a los jueces civiles de su respectiva vecindad, surge relevante la facultad de elecci\u00f3n que le asiste a la parte actora ante esa concurrencia de foros, que ejercida conforme a las opciones que le brinda el ordenamiento debe ser respetada por la judicatura. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ya ha advertido que: <\/p>\n
(\u2026) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor (CSJ AC057-2019, reiterada en AC4129-2019 y AC388- 2020, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El asunto que origin\u00f3 la colisi\u00f3n que se finiquita concierne a una imposici\u00f3n de servidumbre que promueve Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P., con domicilio en dicha urbe, frente a Mar\u00eda Elizabeth Correa Botero y la Agencia Nacional de Tierras, esta \u00faltima vecina de Bogot\u00e1, advirti\u00e9ndose que las referidas personas jur\u00eddicas responden al criterio de \u00abentidad p\u00fablica\u00bb contenido en el par\u00e1grafo del art. 104 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
Bajo ese panorama, se observa que el Juzgado de la capital de Antioquia err\u00f3 al desprenderse del caso, pues fue clara y manifiesta la voluntad de la gestora de que fuera tramitado en esa comarca, sin que existieran patrones o reglas que le imposibilitaran proseguirlo hasta su culminaci\u00f3n. <\/p>\n
El hecho de que la demandada primigenia, por su naturaleza y calidad, posibilitara que el litigio se ventilara en una sede alterna no se constitu\u00eda en motivo anulatorio de la <\/p>\n
potestad electiva surgida de las particulares circunstancias que confluyeron en esta oportunidad, encontr\u00e1ndose acorde <\/p>\n
con lo previsto en CSJ AC140-2020 y, en un evento similar, <\/p>\n
en CSJ AC3279-2022. <\/p>\n
4. Por tanto, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a la primera autoridad para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn es el competente para conocer el proceso de servidumbre instaurado por Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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