AC3803-2023 (2019-00275-01)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-53-015-2019-00275-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los sucesores procesales de Mercedes Molinares Rada (fallecida en el decurso de esta causa) frente a la sentencia de 26 de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso verbal (reivindicatorio) que promovi\u00f3 Silvia Eugenia Urquijo Roca contra la impugnante, y contra Ricardo Molinares Rada y Alfonso El\u00edas Urquijo Rada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En su escrito inicial, la convocante pidi\u00f3 que se ordenara la reivindicaci\u00f3n de un inmueble de su propiedad, ubicado en la Carrera 45 n.\u00ba 85-101 de la ciudad de Barranquilla, el cual estaba en posesi\u00f3n de los demandantes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Todos los convocados se opusieron al petitum. Adem\u00e1s, la se\u00f1ora Molinares Rada present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, en la que solicit\u00f3 declarar que hab\u00eda adquirido, por el modo originario de la prescripci\u00f3n extraordinaria, la propiedad del fundo al que se refer\u00eda la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla desestim\u00f3 la demanda inicial, y concedi\u00f3 lo pretendido en la de mutua petici\u00f3n. Ambas partes apelaron, restringi\u00e9ndose la inconformidad de la usucapiente a la exoneraci\u00f3n del pago de costas procesales que se dispuso a favor de su contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El tribunal revoc\u00f3 lo decidido por el juez a quo; deneg\u00f3 la acci\u00f3n de pertenencia, y acogi\u00f3 la reivindicatoria, sin fijar condena alguna a t\u00edtulo de frutos o mejoras. Contra esa aludida providencia, la demandante en reconvenci\u00f3n (que, se insiste, pereci\u00f3 despu\u00e9s de que iniciara esta causa) interpuso el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Esa impugnaci\u00f3n extraordinaria fue concedida (a nombre de todos los demandados) tras considerar que el agravio irrogado a los sucesores procesales recurrentes ascend\u00eda a $1.4270.360.176, conforme lo hab\u00eda establecido \u00abel dictamen rendido por el profesional en arquitectura Carlos Arturo Acevedo Juliao\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Prematura concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n exige el cumplimiento de estrictos requisitos formales, que deben ser corroborados por el magistrado sustanciador de segunda instancia, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo General del Proceso. A ese funcionario, pues, le corresponde establecer la oportunidad de la interposici\u00f3n del remedio, la naturaleza del asunto, el inter\u00e9s \u2013jur\u00eddico y econ\u00f3mico, de ser el caso\u2013 del impugnante, y los efectos de la providencia cuestionada, entre otras variables. <\/p>\n
Una vez arriba el expediente a esta Corporaci\u00f3n, resulta pertinente verificar que dicho examen preliminar se haya ejecutado cabalmente, siendo del caso regresar la actuaci\u00f3n al tribunal cuando se advierta que alguno de los presupuestos de concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no fue analizado con el rigor del caso. A modo de ejemplo, tal proceder se impone \u00abcuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013en el evento que corresponda establecerla\u2013 no se ha examinado o lo han sido sobre supuestos equivocados\u00bb (CSJ AC1656-2019). <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene decantado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 342 [del C\u00f3digo General del Proceso] previene acerca de que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para acudir en casaci\u00f3n \u201cfijada\u201d por el Tribunal no puede ser materia de \u201cexamen o modificaci\u00f3n\u201d por esta Corporaci\u00f3n; restricci\u00f3n que viene a ser an\u00e1loga a la que exist\u00eda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que \u201cno podr\u00e1 declararse inadmisible el recurso por raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u201d. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casaci\u00f3n se plante\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si \u201cla tem\u00e1tica arriba a esta Corporaci\u00f3n legalmente definida\u201d, pues, no tendr\u00eda ning\u00fan sentido guardar silencio o avalar una ponderaci\u00f3n o mensura hecha \u201csobre bases irreales, lo cual, por s\u00ed, implicar\u00eda una decisi\u00f3n aparente o no definida\u201d (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)\u00bb (CSJ AC5735-2016). <\/p>\n
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2. Defectos formales del an\u00e1lisis efectuado por el tribunal para conceder el recurso extraordinario <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es doctrina probable que la Corte, en cumplimiento de su deber de defender la integridad del ordenamiento jur\u00eddico, debe abstenerse de tramitar la impugnaci\u00f3n extraordinaria cuando se advierta que la valoraci\u00f3n del agravio patrimonial del casacionista carece de fundamentaci\u00f3n admisible (CSJ AC2876-2023; AC2788-2023; AC2341-2022; AC2884-2022, entre otras). As\u00ed sucede, por v\u00eda de ejemplo, cuando la tasaci\u00f3n de agravio que determina el inter\u00e9s patrimonial para recurrir se basa en elementos de juicio que carecen de vigor probatorio. <\/p>\n
En ese contexto, es pertinente poner de manifiesto que el tribunal valor\u00f3 el perjuicio econ\u00f3mico causado a los sucesores procesales de la causante Molinares Rada a partir del documento adosado al memorial de interposici\u00f3n del recurso, a saber, un \u00abaval\u00fao comercial\u00bb, elaborado por el arquitecto Carlos Acevedo Juliao. Sin embargo, dicho documento no es id\u00f3neo para acreditar el hecho por el que se averiguaba, pues justamente es eso, un documento, y no un dictamen pericial, ya que carece de los elementos que son de la esencia de la segunda tipolog\u00eda de prueba. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, a voces del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia (…) el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario\u00bb. Ello equivale a decir que el legislador estableci\u00f3 una solemnidad probatoria, en virtud de la cual solo resulta posible aportar un \u00fanico elemento de juicio, adicional a los que obran en el expediente, para elucidar el inter\u00e9s para recurrir: un dictamen pericial; solo eso, no una evidencia de otra clase. <\/p>\n
Y para que a una determinada pieza de evidencia pueda llam\u00e1rsele dictamen pericial, necesariamente debe satisfacer unos requerimientos formales, que permiten distinguir a la prueba t\u00e9cnica de las dem\u00e1s: las pautas que prev\u00e9 el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed lo ense\u00f1a el precedente invariable de la Corte: <\/p>\n
\u00ab[A]l concederse el instrumento extraordinario, el ad quem acogi\u00f3 el dictamen pericial allegado por la interesada, sin advertir que \u00e9ste no satisface las condiciones para ser valorado, por lo que su decisi\u00f3n fue prematura. En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la resoluci\u00f3n que se emita en sentido contrario (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u00bb (CSJ AC6081-2017). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Sala insisti\u00f3 en que <\/p>\n
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2. En este caso, se reitera, el aval\u00fao arrimado por la convocante no armoniza con los requerimientos del estatuto procesal civil, en tanto no incluye las referencias que exigen los numerales 4 a 7 del citado precepto 226, ni las declaraciones que se\u00f1alan los numerales 8 y 9, ibidem. Es m\u00e1s, el documento ni siquiera se dirige al tribunal (ni a ninguna otra autoridad), pese a que ello pareciera necesario para corroborar que el experto era consciente de que su trabajo ser\u00eda usado como prueba t\u00e9cnica al interior de un tr\u00e1mite judicial, con las consecuencias que ello conlleva. <\/p>\n
Por consiguiente, la prueba en la que bas\u00f3 el tribunal su decisi\u00f3n de conceder la impugnaci\u00f3n extraordinaria que presentaron los sucesores procesales de Mercedes Molinares Rada no pod\u00eda considerarse como un dictamen pericial, pues solo era un documento, que tiene valor probatorio en otros escenarios procesales, pero que no es id\u00f3neo para demostrar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, pues para ello la ley solamente permite aportar una experticia. <\/p>\n
Conforme con ello, es imperativo que la actuaci\u00f3n sea devuelta al ad quem, para que delimite, en su justa medida, el quantum de la resoluci\u00f3n desfavorable a la recurrente, labor\u00edo que habr\u00e1 de adelantar a partir del caudal recaudado en las instancias \u2013siempre que esos medios de prueba cumplan las condiciones intr\u00ednsecas y extr\u00ednsecas para su valoraci\u00f3n\u2013, o con apoyo en un dictamen pericial, que debe llenar todos los requisitos que consagra el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La habilitaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria devino prematura, lo que impone devolver la actuaci\u00f3n a la magistratura de origen, para que, de conformidad con los lineamientos resaltados, determine el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable a la recurrente, y establezca si se satisface, o no, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (a cuyo tenor: \u00abCuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
DECLARAR PREMATURA la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de la referencia. Devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen para que defina de nuevo lo atinente a la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, observando las pautas formales que prescribe la ley procesal. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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AC3803-2023 (2019-00275-01) Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-53-015-2019-00275-01 Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los sucesores procesales de Mercedes Molinares Rada (fallecida en el decurso de esta causa) frente a la sentencia de 26 de septiembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77881\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}