AC3804-2023 (2022-00025-01)<\/p>\n
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AC3804-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17380-31-84-001-2022-00025-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 10 de octubre de 2023, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso verbal de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 Mar\u00eda Consuelo C\u00e1rdenas Herrera contra los herederos de Carlos Eduardo Melgarejo Moreno. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En su escrito inicial, la convocante pidi\u00f3 declarar que entre ella y el se\u00f1or Melgarejo Moreno existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 entre el 19 de marzo de 1978 y el 5 de marzo de 2016; igualmente, reclam\u00f3 que se declarara disuelta, y posteriormente se liquidara, la sociedad patrimonial que surgi\u00f3 entre los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mediante sentencia de 30 de marzo del a\u00f1o en curso, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada acogi\u00f3 en su integridad el petitum. Inconforme, uno de los herederos interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tribunal confirm\u00f3 la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, pero revoc\u00f3 lo atinente a la sociedad patrimonial, por considerar que hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de ese reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Prematura concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n exige el cumplimiento de estrictos requisitos formales, que deben ser corroborados por el magistrado sustanciador de segunda instancia, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo General del Proceso. A ese funcionario, pues, le corresponde establecer la oportunidad de la interposici\u00f3n del remedio, la naturaleza del asunto, el inter\u00e9s \u2013jur\u00eddico y econ\u00f3mico, de ser el caso\u2013 del impugnante, y los efectos de la providencia cuestionada, entre otras variables. <\/p>\n
Una vez arriba el expediente a esta Corporaci\u00f3n, resulta pertinente verificar que dicho examen preliminar se haya ejecutado cabalmente, siendo del caso regresar la actuaci\u00f3n al tribunal cuando se advierta que alguno de los presupuestos de concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no fue analizado con el rigor del caso. A modo de ejemplo, tal proceder se impone \u00abcuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013en el evento que corresponda establecerla\u2013 no se ha examinado o lo han sido sobre supuestos equivocados\u00bb (CSJ AC1656-2019). <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 342 [del C\u00f3digo General del Proceso] previene acerca de que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para acudir en casaci\u00f3n \u201cfijada\u201d por el Tribunal no puede ser materia de \u201cexamen o modificaci\u00f3n\u201d por esta Corporaci\u00f3n; restricci\u00f3n que viene a ser an\u00e1loga a la que exist\u00eda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que \u201cno podr\u00e1 declararse inadmisible el recurso por raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u201d. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casaci\u00f3n se plante\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si \u201cla tem\u00e1tica arriba a esta Corporaci\u00f3n legalmente definida\u201d, pues, no tendr\u00eda ning\u00fan sentido guardar silencio o avalar una ponderaci\u00f3n o mensura hecha \u201csobre bases irreales, lo cual, por s\u00ed, implicar\u00eda una decisi\u00f3n aparente o no definida\u201d (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)\u00bb (CSJ AC5735-2016). <\/p>\n
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2. Inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n cuando se debaten aspectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n marital de hecho (no su existencia). <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de existencia de una uni\u00f3n marital de hecho es, primordialmente, una discusi\u00f3n relacionada con el estado civil de las personas. Por ende, cuando en un juicio las partes controvierten esa situaci\u00f3n, es decir, la presencia del aludido v\u00ednculo, la procedencia del recurso de casaci\u00f3n queda incluida en uno de los supuestos que exoneran al impugnante extraordinario de acreditar la cuant\u00eda de su inter\u00e9s (art\u00edculo 338, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Pero puede suceder, como en efecto sucedi\u00f3 en este caso, que no se dispute en lo absoluto la existencia de esa comunidad de vida permanente y singular (en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990), pero s\u00ed los hitos inicial y final de esa relaci\u00f3n, o la vigencia de las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. En esos casos, la discusi\u00f3n ya no gravitar\u00e1 sobre el estado civil, sino que pasar\u00e1 a referirse a sus secuelas econ\u00f3micas, exclusivamente. <\/p>\n
Ciertamente, en lo que interesa al estado civil de las personas, es intrascendente que se declare que una uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 por un lapso m\u00ednimo, o por otro mayor. Tambi\u00e9n lo es su impacto en el patrimonio de los excompa\u00f1eros. Esas cuestiones, en cambio, resultan tener naturaleza eminentemente econ\u00f3mica, y por lo mismo, quedan sujetas a las reglas generales en materia de inter\u00e9s que prev\u00e9 el ordenamiento procesal. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al reconocer que <\/p>\n
\u00ab(…) para establecer la procedencia del \u201crecurso de casaci\u00f3n\u201d, no era viable su examen bajo los par\u00e1metros de si el proceso versaba \u201csobre estado civil\u201d, sino en el \u00e1mbito de la decisi\u00f3n desfavorable a la recurrente, que como se indicara recay\u00f3 sobre un aspecto \u201cecon\u00f3mico\u201d. <\/p>\n
Ante esa circunstancia, se impon\u00eda verificar el \u201cinter\u00e9s para recurrir\u201d, a cuyo monto alude la parte inicial del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, proceder en la forma se\u00f1alada en el precepto 370 \u00eddem, seg\u00fan el cual, en el evento de ser \u201c(\u2026) necesario tener en cuenta el valor del inter\u00e9s para recurrir y \u00e9ste no aparezca determinado, antes de resolver sobre el la procedencia del recurso el tribunal dispondr\u00e1 que aqu\u00e9l se justiprecie por un perito, dentro del t\u00e9rmino que le se\u00f1ale y a costa del recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ese ha sido el criterio de esta Corporaci\u00f3n y en tal sentido, en prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2010, exp. 2008-00078, en el que se examin\u00f3 situaci\u00f3n similar a la que tiene ocurrencia en este caso, se dijo que \u201c(\u2026) el presente asunto no lo rige el aspecto personal relacionado con el estado civil de las partes, sino el patrimonial, relativo a la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que formaron los compa\u00f1eros permanentes, raz\u00f3n por la que era indispensable que estuviera establecido el inter\u00e9s econ\u00f3mico de la recurrente al momento de decidir sobre la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se acota que en t\u00e9rminos dinerarios el monto de la afectaci\u00f3n \u201cdepende del valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesi\u00f3n o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, s\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u201d (auto de 15 de mayo de 1991); todo, en el entendido de que el menoscabo patrimonial en cuesti\u00f3n, \u201cfluye de lo que desde un punto de vista material o pecuniario pierde el impugnante por haberse dictado el fallo recurrido y en el preciso momento en que \u00e9ste se dicta\u201d (providencia de 5 de febrero de 2004, exp. 4801)\u00bb (CSJ AC, 3 oct. 2012, rad. 2010-00451-01). <\/p>\n
Similarmente, en CSJ AC004-2019 se afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilaci\u00f3n se prev\u00e9 que dicha relaci\u00f3n familiar puede ir acompa\u00f1ada o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d y la de \u201csociedad patrimonial\u201d, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier discusi\u00f3n sobre la conformaci\u00f3n de la primera en la forma perseguida, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u201cestado civil\u201d para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se recalc\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) puede suceder que no obstante en el proceso haber girado la controversia sobre la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial, el debate sobre la primera haya quedado clausurado en las instancias, pues como en este caso, el fallo de primer grado solo result\u00f3 apelado por la parte demandante en lo relativo a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, enervante de los efectos patrimoniales de la sociedad patrimonial. Nada esgrimieron o confrontaron los extremos procesales sobre la uni\u00f3n marital de hecho declarada por el juzgador de conocimiento. Es por eso que resuelta la apelaci\u00f3n por el Tribunal, donde se analiz\u00f3 exclusivamente lo atinente a la sociedad patrimonial que al final, la parte vencida, demandada, cuenta ciertamente con inter\u00e9s para impugnar en casaci\u00f3n, pero circunscribi\u00e9ndose el mismo al tema \u201cpatrimonial\u201d o \u201cecon\u00f3mico\u201d, propio de la sociedad que se dice conformada por los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Al respecto, en una decisi\u00f3n dictada en vigor del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que conserva vigencia en relaci\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, pues, uno y otro incluyen entre las providencias pasibles de casaci\u00f3n las que versan sobre el estado civil, as\u00ed como las declarativas de contenido econ\u00f3mico, la Corte dijo: \u201cAnalizado el proceder del Tribunal se advierte que, al conceder el recurso en esos t\u00e9rminos, no observ\u00f3 la naturaleza del debate que se someti\u00f3 a su conocimiento; esto es, pas\u00f3 por alto que en el sub examine no se est\u00e1 discutiendo la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre convocante y convocada, aspecto del litigio que devino pac\u00edfico en el instante mismo en que el juez de primer grado declar\u00f3 su conformaci\u00f3n y la demandada no se mostr\u00f3 inconforme, sino lo concerniente a la sociedad patrimonial, frente a lo cual, se impone determinar cu\u00e1l es el verdadero perjuicio que la sentencia de segunda instancia le inflige al recurrente en casaci\u00f3n. (\u2026) Luego, al no haberse determinado el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 366 y 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es decir, el verdadero agravio irrogado con la sentencia de segunda instancia, que corresponde en realidad al valor actual de la decisi\u00f3n desfavorable al recurrente, en este caso, todas aquellas decisiones del a quo que fueron revocadas por el ad quem y no aquellas que confirm\u00f3, la decisi\u00f3n acerca de la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n en referencia resulta prematura\u201d (CSJ AC, 3 oct. 2011, Rad. 2010-00279-01). <\/p>\n
En providencias posteriores, la Corte ha mantenido el mismo criterio a la hora de establecer si deb\u00eda o no cuantificarse el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir en casaci\u00f3n. As\u00ed, por ejemplo, en auto AC525-2018 se dijo que \u201cTra\u00eddos los anteriores planteamientos al presente debate, se observa que en la providencia confutada a pesar de modificarse lo relacionado con la duraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, fue para dejarla dentro del marco temporal expresamente indicado por el accionante en el libelo y eso result\u00f3 pac\u00edfico para la contradictora al no impugnarla, siendo que para sus fines resultaba adversa. Por lo tanto, los reparos del censor quedan circunscritos a la declaratoria de prescripci\u00f3n frente a la existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, planteada como aspiraci\u00f3n consecuencial de darse por sentado el v\u00ednculo que result\u00f3 propicio, lo que indiscutiblemente tiene un cariz econ\u00f3mico y obligaba justipreciar el detrimento ocasionado con la providencia del Tribunal\u201d\u00bb (CSJ AC640\u20132019). <\/p>\n
<\/p>\n
Es pertinente anotar que, en el fallo impugnado, se refrend\u00f3 la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que se desarroll\u00f3 entre la convocante y el difunto Carlos Eduardo Melgarejo Moreno; sin embargo, se consider\u00f3 prescrita la acci\u00f3n interpuesta para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre los referidos compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Ahora bien, al conceder el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la actora, el tribunal consider\u00f3 que el debate planteado en sede extraordinaria tendr\u00eda que ver con el estado civil de las personas, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a la pauta consignada en el aparte final del primer inciso del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00ab[s]e excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias (…) que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
No obstante, resulta evidente que la inconformidad de la recurrente no podr\u00eda radicar sobre la declaratoria de existencia del v\u00ednculo more uxorio, pues esa resoluci\u00f3n coincide con su solicitud inicial. En realidad, lo que disputa la se\u00f1ora C\u00e1rdenas Herrera es, solamente, la desestimaci\u00f3n de sus reclamos econ\u00f3micos, derivados de la operancia de la prescripci\u00f3n extintiva que reconoci\u00f3 la colegiatura ad quem. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el litigio se restringe a determinar la vigencia de esas acciones econ\u00f3micas, y no la existencia misma del lazo familiar, se infiere que el agravio que el fallo del tribunal caus\u00f3 a la recurrente no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de la declaraci\u00f3n judicial de prescripci\u00f3n de las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, aspecto que es esencialmente econ\u00f3mico. <\/p>\n
Por ende, era menester cuantificar ese detrimento, a partir de un esfuerzo argumentativo de la parte recurrente, y una indagaci\u00f3n de la magistratura ad quem, orientados a cuantificar el valor de los bienes que pertenecen al difunto y que, en caso de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a integrar el patrimonio de la actora, tras liquidar el acervo com\u00fan de la referida sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Este labor\u00edo puede desarrollarse a partir de los elementos obrantes en el plenario, o con apoyo de un dictamen pericial, conforme lo autoriza el art\u00edculo 339 del estatuto adjetivo; pero en uno u otro caso, es necesario acometer un escrutinio prolijo, arm\u00f3nico con la plenitud de la disputa, y que permita delimitar, en su justa medida, los derechos en discusi\u00f3n y el verdadero impacto de la resoluci\u00f3n desfavorable a la impugnante, materia sobre la cual el tribunal cuenta con un prudente y razonable arbitrio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La habilitaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria devino prematura, lo que impone devolver la actuaci\u00f3n a la magistratura de origen, para que, de conformidad con los lineamientos resaltados, determine el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable a la recurrente, y establezca si se satisface, o no, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (a cuyo tenor: \u00abCuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
DECLARAR PREMATURA la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de la referencia. Devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen para que defina de nuevo lo atinente a la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, observando las pautas formales que prescribe la ley procesal. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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