AC3887-2023 (2023-04747-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3887-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2023-04747-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas) y Promiscuo de Familia de Honda (Tolima) con ocasi\u00f3n de la demanda ejecutiva promovida por Mar\u00eda Cristina Camacho Bejarano y otros contra Miguel \u00c1ngel y \u00c1lvaro Camacho Rodr\u00edguez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La parte actora formul\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas, para que los demandados den cuenta de su gesti\u00f3n como guardadores de los bienes que pertenecieron a la difunta Victoria Eugenia Camacho Rodr\u00edguez (q.e.p.d). <\/p>\n
En cuanto a la competencia indic\u00f3 que le correspond\u00eda a los juzgados promiscuos de familia de La Dorada, por cuanto el domicilio de las partes se encuentra en ese municipio. <\/p>\n
2.- El escrito inicial fue repartido al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada que, mediante auto de 13 de junio de 2023, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia territorial, tras argumentar que el art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019 asigna de manera improrrogable el conocimiento de esta clase de asuntos al despacho judicial que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el competente es el Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, pues all\u00ed se dict\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
3.- Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue recibido por dicha dependencia, que en providencia del pasado 9 de octubre, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el C\u00f3digo General del Proceso contempla la posibilidad de iniciar un proceso independiente dirigido a la rendici\u00f3n provocada de cuentas, el cual puede ser presentado en el domicilio de los demandados con sujeci\u00f3n a la pauta del numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida en que su conocimiento no est\u00e1 asociado a un foro espec\u00edfico. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, esta Sala de la Corte es competente para resolverlo en calidad de superior funcional de ambos funcionarios judiciales, de conformidad con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- En lo que tiene que ver con la competencia territorial, en asuntos como el que ahora se estudia, se tiene que el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en su numeral 1 refiere que \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, tras la expedici\u00f3n de la Ley 1996 de 2019, \u00abpor medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad para mayores de edad\u00bb, el derecho de las personas adultas mayores con discapacidad a relacionarse y mantener contacto con su familia ha de protegerse en el proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, seg\u00fan corresponda, de acuerdo con las reglas de transici\u00f3n establecidas en el Cap\u00edtulo VIII de dicho estatuto. Sobre esto \u00faltimo, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
[E]l punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3. Finalmente, para los procesos en curso (\u2026), la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u201cmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d (precepto 55) (se destaca, CSJ STC16392-2019, STC16821-2019, STC372-2020, STC4313-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- En el presente asunto, se tiene que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada dict\u00f3 sentencia, el 29 de diciembre de 1992, en la que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n de Victoria Eugenia Camacho Rodr\u00edguez, a quien se le nombr\u00f3 como guardadora a su madre, Elena Rodr\u00edguez. <\/p>\n
La guardadora falleci\u00f3 el 21 de marzo de 2007 y, mediante sentencia proferida el 30 de agosto de esa anualidad por el Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, se design\u00f3 como administradores de los bienes de Victoria Eugenia a Miguel \u00c1ngel y \u00c1lvaro, ambos apellidados Camacho Rodr\u00edguez, advirti\u00e9ndoles en el numeral 4\u00b0 de la decisi\u00f3n que deb\u00edan \u00abrendir cuentas comprobadas de su administraci\u00f3n cada a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la Corte concluye que en la determinaci\u00f3n de la competencia territorial para asumir demandas derivadas de un proceso de interdicci\u00f3n opera el fuero de atracci\u00f3n, conforme al cual el funcionario judicial que conoci\u00f3 del primer proceso, es decir de la interdicci\u00f3n, deber\u00e1 tramitar los dem\u00e1s asuntos relacionados con el ejercicio de la guarda, entre \u00e9stos, aquellos enfilados a obtener las cuentas del curador (AC7565-2017). <\/p>\n
As\u00ed lo ha establecido esta Sala en otros pronunciamientos, al indicar que: <\/p>\n
Ello en la medida en que la rendici\u00f3n de las prenotadas cuentas, constituye una de las obligaciones que se desprenden del ejercicio de la guarda, la que, inclusive, es de forzoso cumplimiento, conforme se extracta de las normas antes invocadas (art\u00edculos 103 y siguientes, en concordancia inciso 2\u00ba, par\u00e1grafo 2\u00b0, ley 1306 de 2009); sin que pueda dejarse de lado, adem\u00e1s, que quien elabor\u00f3 el inventario de los bienes, cuyas cuentas se est\u00e1n exigiendo, fue el juez que decret\u00f3 la interdicci\u00f3n1, todo lo cual lleva a afirmar que es ese funcionario judicial el llamado a conocer del reclamo de los aqu\u00ed demandantes. <\/p>\n
4.- Cabe a\u00f1adir que la verificaci\u00f3n de la rendici\u00f3n de cuentas no constituye una cuesti\u00f3n netamente patrimonial, en la medida que se encuentra inmersa en la verificaci\u00f3n de los compromisos que la ley impone al guardador, cuyo acatamiento deb\u00eda verificarse por el juez que tramit\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, si las declaraciones de interdicci\u00f3n deben revisarse en el periodo comprendido entre 2021 a 2024, bien sea de oficio o por petici\u00f3n de parte, para sustituirlas por medidas de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos o dar por habilitado el reconocimiento de la capacidad legal plena, el funcionario judicial de La Dorada no pod\u00eda desprenderse del conocimiento del presente tr\u00e1mite, pues en su sede se impuls\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
Y, el previo conocimiento del juicio de interdicci\u00f3n no es una cuesti\u00f3n irrelevante en la determinaci\u00f3n del funcionario llamado a conocer este contencioso de rendici\u00f3n de cuentas, ya que la gesti\u00f3n cuyo examen se solicita corresponde a una guarda judicialmente declarada, de manera que el funcionario que declar\u00f3 la incapacidad retiene la competencia para asumir cuestiones vinculadas con la misma, las cuales no pueden ser desplazadas hacia otro foro haciendo caso omiso de la relaci\u00f3n intr\u00ednseca que la vincula con el asunto que ya se someti\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
5.- Corolario de lo anterior, la competencia para conocer de este asunto queda radicada en el despacho de La Dorada, que ser\u00e1 el encargado de conocer y tramitar la acci\u00f3n presentada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada- Caldas- es el competente para conocer del asunto; en consecuencia, remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed se desprende de lo establecido en el art\u00edculo 86 de la ley 1306 de 2009, seg\u00fan el cual, previamente a la entrega de los bienes de la interdicta al curador, deben ser objeto de inventario, lo que tambi\u00e9n contemplaban los art\u00edculos 655 y 659 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normas vigentes para la \u00e9poca en que se decret\u00f3 la interdicci\u00f3n de Magdalena G\u00f3mez Botero. <\/p>\n
<\/p>\n
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