AC3961-2023 (2023-04712-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3961-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04712-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyac\u00e1), con ocasi\u00f3n del conocimiento sobre la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el primero, en un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Mar\u00eda Susana Vargas de Rubio inici\u00f3 un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1) a efectos de que declarara que \u00ab\u2026 el se\u00f1or JULIO CESAR RUBIO VARGAS, se encuentra en Interdicci\u00f3n Judicial por causa de sufrir la enfermedad denominada SECUELAS DE HIPOXIA PERINATAL PARALISIS CEREBRAL, conforme a la evaluaci\u00f3n practicada y rendida por el M\u00e9dico Especialista del Seguro Social, enfermedad que le impide dirigirse a s\u00ed mismo y administrar competentemente sus bienes; resultando con esto obligatoria la declaraci\u00f3n de Interdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite de competencia, expres\u00f3 la demandante que la misma le correspond\u00eda a ese despacho judicial \u00ab\u2026 por la naturaleza del asunto, y por el domicilio de las partes.\u00bb <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1), admiti\u00f3 la demanda y le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite procesal pertinente. <\/p>\n
3. El d\u00eda 11 de junio de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1) profiri\u00f3 sentencia en virtud de la cual decidi\u00f3 \u00abDECRETAR LA INTERDICCION DEFINITIVA por causa de demencia (retardo mental leve) del se\u00f1or JULIO CESAR RUBIO VARGAS\u2026\u00bb y \u00abDESIGNAR como CURADORA LEGITIMA del interdicto JULIO CESAR RUBIO VARGAS, a la se\u00f1ora MARIA SUSANA VARGAS DE RUBIO\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a la naturaleza del proceso y conforme lo indicaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la fecha en que se adelant\u00f3 el proceso y se profiri\u00f3 la sentencia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1), remiti\u00f3 la decisi\u00f3n, en grado de consulta, al Tribunal Superior de Tunja. <\/p>\n
5. El conocimiento de la consulta correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, corporaci\u00f3n que decidi\u00f3 confirmar, en todas sus partes, la sentencia consultada. <\/p>\n
7. En el mes de agosto de 2023, y producto de una llamada que la trabajadora social del Juzgado Promiscuo de Miraflores (Boyac\u00e1) hiciera a la Sra. Mar\u00eda Susana Vargas De Rubio, se pudo determinar que el domicilio de \u00e9sta y del se\u00f1or Julio Cesar Rubio Vargas, es el municipio de Duitama (Boyac\u00e1). <\/p>\n
8. En atenci\u00f3n a lo anterior, mediante auto de septiembre 1 de 2023, esa agencia judicial decidi\u00f3 \u00abRemitir el presente proceso de Interdicci\u00f3n al Juzgado de Familia (Reparto) de la ciudad de Duitama\u2026\u00bb para que los despachos de ese municipio siguieran \u00ab\u2026 conociendo del presente proceso, en especial la Revisi\u00f3n de la Sentencia, como lo ordena el art. 56 de la Ley 1996\/2019\u00bb <\/p>\n
9. El estrado receptor, esto es, Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyac\u00e1), se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que \u00abla asignaci\u00f3n de la competencia para la revisi\u00f3n de las sentencias de interdicci\u00f3n en el juez que profiri\u00f3 el fallo, viene dada en funci\u00f3n de un fuero de atracci\u00f3n que previ\u00f3 el legislador en su especial empe\u00f1o de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicci\u00f3n o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las orden\u00f3, en atenci\u00f3n a que, al conocer los antecedentes m\u00e9dicos y jur\u00eddicos que rodean el asunto, ese estrado est\u00e1 en mejor condici\u00f3n de velar por los intereses del sujeto de especial protecci\u00f3n (art\u00edculo 43 de la Ley 1996 de 2019).\u00bb <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 el conflicto y remiti\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para que, de acuerdo a su competencia, procediera a dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales (Tunja y Santa Rosa de Viterbo); ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30-6 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del factor territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto (\u2026) \u201cSi el demandado, dice la Corte, en doctrina que es aplicable al caso, no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio\u201d (auto de 26 de agosto de 2009, Exp. 2009-00516-00 citado en auto de 15 de noviembre de 2011, Exp. 2011-02281-00)\u00bb (CSJ AC429-2018, 6 feb.). <\/p>\n
Expresado de otro modo, cuando un asunto es asignado a determinado funcionario, atendiendo cabalmente las pautas expuestas en los ordinales precedentes, por v\u00eda general aqu\u00e9l no podr\u00e1 desprenderse de su conocimiento, a menos que se concrete uno de los supuestos que prev\u00e9 la normativa procesal, a saber: <\/p>\n
(i) Cuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
(ii) Cuando un tr\u00e1mite de m\u00ednima o menor cuant\u00eda muta en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas. <\/p>\n
(iii) Cuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisi\u00f3n de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. <\/p>\n
(iv) En virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
(v) En caso de estructurarse la p\u00e9rdida de competencia que prev\u00e9 el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Para resolver el conflicto en referencia, basta con se\u00f1alar que ninguno de los supuestos de alteraci\u00f3n de la competencia referidos tuvo lugar en el proceso sometido al escrutinio del Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que las excepciones que, para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda, preve\u00eda el ya derogado art\u00edculo 46 de la Ley 1306 de 2009, frente al fuero de atracci\u00f3n all\u00ed contemplado, operaban teniendo en cuenta el lugar de residencia \u00abdel interdicto\u00bb al momento de iniciar la actuaci\u00f3n; por consiguiente, las variaciones de la misma que tengan lugar posteriormente, no constituyen, por v\u00eda general, una excepci\u00f3n adicional al principio de perpetuatio iurisdictionis previamente expuesto; regla que resulta aplicable al asunto bajo estudio puesto que para el momento en que el primero de los falladores involucrados se apart\u00f3 del conocimiento del juicio, ya se hab\u00edan llevado a cabo diferentes diligencias de rendici\u00f3n de cuentas en las que la curadora designada en el asunto, incluso, ya hab\u00eda aportado varios elementos de juicio con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Ahora, no puede pasarse por alto que esta Corporaci\u00f3n, en situaciones muy excepcionales, ha reconocido que las reglas procesales expuestas podr\u00edan ceder con el prop\u00f3sito de materializar la especial protecci\u00f3n que merecen las personas con discapacidad mental (CSJ AC3281-2019, 13 ago.; AC3556-2018, 27 ago., entre otros). Sin embargo, este no es el caso. <\/p>\n
Igualmente, vale resaltar, que la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en funci\u00f3n de un fuero de atracci\u00f3n que previ\u00f3 el legislador en su especial empe\u00f1o de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicci\u00f3n o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las orden\u00f3, en atenci\u00f3n a que, al conocer los antecedentes m\u00e9dicos y jur\u00eddicos que rodean el asunto, ese estrado est\u00e1 en mejor condici\u00f3n de velar por los intereses del sujeto de especial protecci\u00f3n (art\u00edculos 46 de la Ley 1306 de 2009 y 43 de la Ley1996 de 2019). <\/p>\n
A ello se suma, -como bien lo trasunt\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyac\u00e1)-, que conforme lo ha sostenido este Despacho (CSJ AC1507-2022, 19 abr.), y seg\u00fan lo reportan las piezas procesales allegadas, ninguno de los intervinientes en la actuaci\u00f3n ha sugerido siquiera que la continuidad del juicio en el municipio de Miraflores (Boyac\u00e1) represente un riesgo (actual o potencial) para el derecho a un debido proceso del se\u00f1or Julio Cesar Rubio Vargas, eventualidad que no se puede presumir, y menos cuando el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas y revisi\u00f3n de ayudas que contempla la Ley 1996 de 2019, se viene adelantando de manera completamente virtual, raz\u00f3n de m\u00e1s para colegir que, lejos de advertirse inconveniente, la aplicaci\u00f3n de la pauta de perpetuatio iurisdictionis luce adecuada, razonable y arm\u00f3nica con el derecho a acceder a una justicia pronta y efectiva. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La primera de las autoridades en contienda deber\u00e1 continuar conociendo del asunto, por no presentarse ninguna hip\u00f3tesis de variaci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyac\u00e1) para continuar con el proceso en referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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