AC3964-2023 (2023-04884-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3964-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04884-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Diego (Cesar) y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanas de San \u00c1ngel (Magdalena), con ocasi\u00f3n del conocimiento de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria promovida por RCI Colombia S.A. \u2013 Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento-, contra Hugo Cesar Pallares Movilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora present\u00f3 su escrito introductor ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de San Diego (Cesar), solicitando que se ordenara \u00abla APREHENSION y POSTERIOR ENTREGA del veh\u00edculo de placas JLN881 de propiedad del deudor HUGO CESAR PALLARES MOVILLA al acreedor garantizado RCI COLOMBIA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO\u2026\u00bb <\/p>\n
En el ac\u00e1pite de competencia, expres\u00f3 la demandante que la misma estaba determinada en virtud de lo dispuesto por \u00abla alta Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia (SIC) AC3928-2021, que reza lo siguiente \u201cla manifestaci\u00f3n realizada en el libelo genitor por parte de la sociedad convocante evidencia la variabilidad de localizaci\u00f3n del bien mueble objeto de la aprehensi\u00f3n, lo cual le permite instaurar la acci\u00f3n ante cualquier autoridad judicial del territorio nacional\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que eran esos Despachos municipales los competentes para conocer del asunto, \u00abteniendo en cuenta el valor de las pretensiones por la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n es – MENOR cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Diego (Cesar), rechaz\u00f3 la demanda tras indicar que, \u00abEl numeral 7\u00b0 del art\u00edculo del 28 del CGP prev\u00e9 que en los procesos donde se ejerciten derechos reales \u201cser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y que \u00ab\u2026 en casos similares la Corte \u2013 refiri\u00e9ndose a la Corte Suprema de Justicia \u2013 ha definido que la competencia para conocer de estas solicitudes de aprehensi\u00f3n y entrega reside en cabeza, se insiste, del juzgador con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde est\u00e1 ubicado el bien objeto del gravamen, ateni\u00e9ndose ante todo a lo pactado sobre la permanencia del bien\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, decidi\u00f3 remitir las diligencias a los juzgados promiscuos municipales de Sabanas de San \u00c1ngel (Magdalena) toda vez que \u00ab\u2026 en los formularios de inscripci\u00f3n inicial y de ejecuci\u00f3n se dej\u00f3 consignado como domicilio del deudor SABANAS DE SAN ANGEL – MAGDALENA, por lo que cabe presumir que el bien debe estar ubicado en esa Municipalidad\u2026\u00bb y que como quiera que en ese municipio se domicilia el demandado \u00ab\u2026 por cualquier v\u00eda este asunto le compete a los jueces de ese municipio\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, esto es, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanas de San \u00c1ngel (Magdalena), tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, y, fundament\u00e1ndose en diferentes pronunciamientos que sobre casos an\u00e1logos ha proferido la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, indic\u00f3 que se abstendr\u00eda de asumir el conocimiento del caso toda vez que \u00ab\u2026 el juzgado remitente pas\u00f3 por alto la decisi\u00f3n escogida por el extremo activo cuando present\u00f3 dicho proceso en el despacho de esa municipalidad, muy a pesar que lo hab\u00eda indicado en el ac\u00e1pite de la competencia y cuant\u00eda de la demanda, pues advirti\u00f3 que el rodante puede estar al momento de la radicaci\u00f3n de la solicitud, en cualquier parte del territorio nacional\u00bb. Y que, adicionalmente \u00ab\u2026 se debe advertir que (SIC) en el contrato de prenda o garant\u00eda mobiliaria, no se determin\u00f3 la ubicaci\u00f3n del bien (rodante) o donde deb\u00eda permanecer durante la vigencia de la garant\u00eda; ahondado a que dicha solicitud se present\u00f3 en la localidad de registro del veh\u00edculo automotor San Diego\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que \u2013por s\u00ed solas\u2013 son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Acorde con el precedente de la Sala, en trat\u00e1ndose de solicitudes de aprehensi\u00f3n y entrega como la que dio origen a este tr\u00e1mite, <\/p>\n
\u00abciertamente se est\u00e1 en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial que de manera m\u00e1s cercana encaja en el caso, es la del numeral 7\u00ba del referido art\u00edculo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, puesto que el juez que mejor y m\u00e1s f\u00e1cil puede disponer lo necesario para llevar a t\u00e9rmino lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado\u00bb (CSJ AC2218\u20132019, 10 jun.). <\/p>\n
Ahora, en su libelo introductor, la demandante RCI Colombia S.A. \u2013 Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento-, se\u00f1al\u00f3 expresamente que el veh\u00edculo objeto de prenda puede ubicarse en cualquier lugar del territorio de la Rep\u00fablica, lo cual es razonable, dada su naturaleza de bien mueble. <\/p>\n
Por ello, en asuntos de contextos parecidos se ha reconocido que, <\/p>\n
\u00ab(…) en el literal i) del par\u00e1grafo sexto del contrato de prenda abierta sin tenencia, la deudora garante se obliga a \u201c[m]antener el veh\u00edculo dentro del territorio de la Rep\u00fablica de Colombia\u201d, sin que en la solicitud de entrega voluntaria de dicho bien, ni en alguna otra de las documentales allegadas se estipule obligaci\u00f3n en contrario que pueda generar confusi\u00f3n al respecto, lo que irroga al acreedor la liberalidad para solicitar la aprehensi\u00f3n y entrega del bien, en m\u00faltiples circunscripciones (…). Al respecto, precis\u00f3 recientemente la Sala en un caso con contornos similares, que \u201csi se afirma que el lugar de ubicaci\u00f3n del bien es el \u201cterritorio de la Rep\u00fablica de Colombia\u201d, esta es una categor\u00eda integrada por m\u00faltiples circunscripciones territoriales, por tanto, trat\u00e1ndose de un \u2018rodante\u2019, cualquiera de ellas puede ser elegida por el actor, conforme a la parte final de la regla 28-7 del C\u00f3digo General de. Proceso\u201d (AC4049-2017)\u00bb (CSJ AC2218\u20132019, 10 jun.). <\/p>\n
En consecuencia, resultaba improcedente que el funcionario judicial a quien inicialmente se le asign\u00f3 el tr\u00e1mite declinara conocerlo, dado que, (i) su competencia viene establecida por lo dispuesto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; y, (ii) la sociedad actora denunci\u00f3 la mutabilidad de la ubicaci\u00f3n del bien objeto de la aprehensi\u00f3n, lo que (prima facie) le permite demandar en cualquier sede de la circunscripci\u00f3n nacional, a su elecci\u00f3n \u2013al menos mientras se establece, con absoluta claridad, un \u00fanico paradero del automotor sobre el que versa la actuaci\u00f3n\u2013. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Este asunto ha de ser tramitado por la primera de las autoridades en contienda, hasta tanto su competencia no sea v\u00e1lidamente rebatida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Promiscuo de San Diego (Cesar) para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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