ATC1548-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1548-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de noviembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Ludys Mar\u00eda Alcendra Ojito instaur\u00f3 contra la Comisar\u00eda Tercera de Familia de esa ciudad, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por medio de apoderado, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abpetici\u00f3n\u00bb y \u00abrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se \u00abdecrete la ilegalidad de todo lo actuado a partir del momento en el cual se omite o\u00edr en descargos a la accionante como se dispuso en el auto que orden\u00f3 abrir el incidente de desacato, no obstante, de la accionante haber acreditado su no comparecencia por caso de fuerza mayor, acreditado con justificaci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que la Comisar\u00eda de Familia censurada le impuso \u00abdesalojar el predio donde vive con su n\u00facleo familiar, incluido un menor de edad (\u2026) quien es nieto como consta en el registro de nacimiento adjunto, quien a su vez es hijo de Rubiano Alcendra Maryoris Paola\u00bb (19 jul. 2023) y, al no obedecer tal mandato, le inici\u00f3 incidente de desacato, cit\u00e1ndola a audiencia el 8 de septiembre de 2022; que no pudo acudir al acto \u00abpor un caso de fuerza mayor por encontrarse incapacitada por razones de salud\u00bb, lo que acredit\u00f3 \u00abaportando la incapacidad m\u00e9dica\u00bb; sin embargo, la diligencia se llev\u00f3 a cabo y, sin ser o\u00edda, fue decidida de fondo la controversia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que es poseedora del inmueble mencionado \u00abdesde hace m\u00e1s de 17 a\u00f1os, sobre \u00e9l construy\u00f3 unas mejoras con dineros de su propio peculio y ha venido ejerciendo como se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, de manera \u00abquieta y pac\u00edfica\u00bb, por lo que es un \u00abJuez de la Rep\u00fablica quien al final (\u2026) tiene la facultad de ordenar mediante el tr\u00e1mite de un proceso de restituci\u00f3n, reivindicatorio u otro, decretar el desahucio de la familia, m\u00e1s que la presunta v\u00edctima de maltrato no es propietario total del bien como se puede apreciar en el certificado de tradici\u00f3n, siendo condue\u00f1o el se\u00f1or OSORIO EFRA\u00cdN\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 el resguardo, tras argumentar que las s\u00faplicas de la impulsora carec\u00edan de objeto, como quiera que \u00ablo que persegu\u00eda (\u2026) esto es, que no se realizara diligencia de desalojo, hasta ser escuchada en el tr\u00e1mite de desacato, se consigui\u00f3 y\/o logr\u00f3, antes de que se promoviera el presente amparo y sin necesidad de la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, pues la Comisar\u00eda la cit\u00f3 para el pr\u00f3ximo 26 de diciembre, a las 11:00 a.m., \u00aba efectos de verificar el incumplimiento o no de la medida de protecci\u00f3n, para darle apertura al incidente de desacato, para lo cual deber\u00e1n aportar las pruebas que pretendan hacer valer\u00bb. <\/p>\n
3.- Ese desenlace fue apelado por la gestora, quien insisti\u00f3 en sus disertaciones primigenias, enfatizando en que en el \u00abacto administrativo de fecha 19-julio-2023 (\u2026) el funcionario inobserva claras reglas que se encuentran reguladas en la normatividad, entre ellas que todo acto administrativo debe contener los recursos que contra \u00e9ste proceden\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ha sostenido esta Sala, que pese a que la \u00abtutela\u00bb es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que en su adelantamiento \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2.- Bajo ese entendimiento, el factor competencia adem\u00e1s de valorarse conforme al Decreto 2591 de 1991 (art\u00edculo 37), debe responder a las normas compiladas en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, por cuanto el primero se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, y los segundos introdujeron y conservaron el \u00abfuncional\u00bb, pretendiendo as\u00ed, \u00abel conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado\u00bb (CSJ ATC726-2021 reiterado en ATC1729-2021, en el mismo sentido ATC764-2023). <\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del \u00faltimo precepto, que modific\u00f3 el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, se\u00f1ala que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
3.- En el sub lite se evidencia la falta de \u00abcompetencia\u00bb de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para resolver en primera instancia la salvaguarda, al advertirse que el reproche est\u00e1 enfilado, exclusivamente, contra la Comisar\u00eda Tercera de Familia de esa ciudad, en virtud del tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n n.\u00ba 053-2023. <\/p>\n
As\u00ed lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n en eventos de similar linaje: <\/p>\n
el veredicto dimanado en este rito por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la potestad para conocer del asunto en primer grado, como se otea, le ata\u00f1e es al Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Tom\u00e1s (Atl\u00e1ntico), al que fue inicialmente repartido, no resultando de recibo que repudiara las diligencias con el planteamiento de que deb\u00eda vincularse a otros estamentos -juzgado promiscuo de familia y \u201cfiscal\u00eda local\u201d-, con mayor soporte si, m\u00e1s all\u00e1 de que hubiera la necesidad de disponer tales integraciones, dicha situaci\u00f3n no rompe con la realidad de que los ataques son dirigidos exclusivamente contra el auto de medidas provisorias de la Comisar\u00eda de Familia; auto que como esbozara el tutelante, no es susceptible de recursos (art. 11 -inc. 2\u00b0-, ley 294 de 1996) CSJ ATC764-2023. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1396 de 2016; criterio reiterado en ATC1425-2023). <\/p>\n
En ese orden, surge la necesidad de asignar el conocimiento del presente asunto, dirigido contra una \u00abautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden municipal\u00bb, a los jueces civiles municipales, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo actuado en el sub examine. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia expedida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 17 de noviembre de 2023. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Barranquilla, para que se tramite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s \u00e1gil. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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