ATC1578-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00104-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 2 de noviembre, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julieth Carolina Bravo Cucu\u00f1ame contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque esta Magistratura observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 el respaldo de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abM[\u00c9]RITO, CARRERA\u2026, (\u2026) TRABAJO, (\u2026) IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA Y (\u2026) BUENA FE\u00bb, presuntamente conculcadas por la agencia jurisdiccional -en funciones administrativas- requerida. Y en concreto, \u00abse revoque\u00bb la resoluci\u00f3n 27 de 9 de octubre de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo, en lo de importancia, que la titular del despacho accionado dispuso, a trav\u00e9s del manifiesto administrativo arriba descrito, nombrar en propiedad a Yesid Felipe Moncayo \u00d1\u00e1\u00f1ez en el cargo de \u00abcitador grado III\u00bb al servicio de la sede judicial \u2013luego de acoger la petici\u00f3n de traslado por \u00e9l presentada\u2013. Critic\u00f3, entonces, que la nominadora en cuesti\u00f3n, inmersa en \u00abfalsa motivaci\u00f3n o negligente estudio\u00bb, desechara su similar s\u00faplica de traslado \u2013desde el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar\u2013 y designaci\u00f3n en tal plaza de \u00abcitadora\u00bb, toda vez que, en estricto compendio, am\u00e9n de errar en la indicaci\u00f3n del mes de inicio de labores en el puesto que ahora ocupa, lo cierto es que hubo de decaer en apreciaciones \u00absubjetivas\u00bb en torno a la valoraci\u00f3n de sus anteriores trabajos y aspiraciones \u00aba futuro\u00bb, as\u00ed como en el perfil de Moncayo \u00d1\u00e1\u00f1ez. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 encontrarse en un \u00abperjuicio irremediable\u00bb merced a las evidentes falencias del acto administrativo en disenso, en el que tampoco se tuvo en cuenta que su esposo e hijos vivir\u00e1n en Popay\u00e1n lejos de ella, en menoscabo de la \u00abintegridad de[l] hogar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo dio admisi\u00f3n al libelo supralegal del ep\u00edgrafe y, a posteriori, accedi\u00f3 a la medida provisional urgida en cuanto a suspender la potencial posesi\u00f3n de Yesid Felipe Moncayo \u00d1\u00e1\u00f1ez. <\/p>\n
Tras el agotamiento del debate de rigor, concedi\u00f3 la salvaguarda solicitada, al concluir que la directora de la c\u00e9lula judicial encartada fue omisiva en informarle a la ac\u00e1 impulsora (en su calidad de interesada) \u00ablos recursos\u00bb al alcance para rebatir la resoluci\u00f3n sub lite, adem\u00e1s de \u00abla autoridad\u00bb a los cuales formularlos \u00aby los plazos para hacerlo\u00bb, en contravenci\u00f3n del \u00abart. 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb, aspecto por el que devino en inv\u00e1lido el acto de enteramiento. <\/p>\n
Como corolario de la apertura del amparo \u2013la que imposibilitaba abordar an\u00e1lisis de fondo al acto administrativo, por prematuridad, ante el eventual uso de los recursos de que resultara pasible\u2013, conmin\u00f3 a dicha dependencia jurisdiccional a noticiar el acto en apropiada manera, en un lapso perentorio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la convocante con persistencia en sus censuras (en memorial ulterior recalc\u00f3 en tales ataques y en las condiciones de su hogar). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural para decidir en impugnaci\u00f3n el asunto de marras, toda vez que las cr\u00edticas de la tutelante Julieth Carolina Bravo Cucu\u00f1ame se enfilan contra el Juzgado Segundo de Familia payan\u00e9s, pero no con ocasi\u00f3n de actuaciones jurisdiccionales, sino por causa de una funci\u00f3n netamente administrativa, como lo es la del nombramiento en propiedad \u2013por traslado\u2013 de otra persona, por conducto de la resoluci\u00f3n 27 de 9 de octubre postrero. <\/p>\n
Lo anteriormente plasmado -ins\u00edstase- impide a la Sala desatar v\u00e1lidamente la disputa en segundo nivel bajo la regla prevista en el -hoy por hoy- numeral 5\u00b0 del precepto 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 20212), dado que, se destaca, la pauta aqu\u00ed aplicable es la del numeral 1\u00b0 de la misma norma, a cuyo tenor: <\/p>\n
(\u2026)1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u2026 (Resaltado ajeno). <\/p>\n
N\u00f3tese que de anta\u00f1o esta misma Magistratura, en problem\u00e1ticas con cierta simetr\u00eda, previno lo que sigue: <\/p>\n
En este asunto es palpable que a quien correspond\u00eda conocer en primera instancia de la presente queja era a los jueces con categor\u00eda de municipales, en tanto que, el accionante cuestiona en esencia las actuaciones administrativas de la Jueza Quinta de Familia de Bucaramanga, en el tr\u00e1mite de la \u00absolicitud de permiso sindical remunerado, con el prop\u00f3sito tambi\u00e9n de disponer del tiempo suficiente y necesario para desarrollar y cumplir adecuadamente la gesti\u00f3n o misi\u00f3n a [\u00e9l] encomendada\u00bb <\/p>\n
Es de resaltar, que al fungir el operador cuestionado como autoridad \u00abadministrativa\u00bb, en torno a las decisiones adoptadas durante el proceso, se genera inaplicable la regla de competencia contemplada en el inciso primero del numeral 2 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, reservada para los eventos en que el debate gire alrededor del actuar de un funcionario en el \u00e1mbito jurisdiccional. <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala ha precisado: <\/p>\n
[N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto [1382 de 2000], seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado, entre otras, en CSJ ATC, 10 may. 2012, rad. 2012-00593-01; y CSJ ATC, 23 oct. 2012, rad. 2012-00442-01; CSJ ATC, 30 abr. 2013, rad. 2013-00102-01; y CSJ ATC, 5 feb. 2014, rad. 2013-00346-01)\u2026 (\u00c9nfasis. CSJ ATC671-2016; en parecido sentido ATC921-2018)3. <\/p>\n
Mientras que en reciente auto CSJ ATC486-2023, 10 may., rad. 00478-01, en sinton\u00eda con la posici\u00f3n en comento esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados (\u2026) se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto\u2026 <\/p>\n
El reproche del promotor se encuentra dirigido a la falta de respuesta a la solicitud que present\u00f3 a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, con miras a que le fueran certificadas las funciones ejercidas por \u00e9l en el cargo de Escribiente Nominado que desarroll\u00f3 en dicha Corporaci\u00f3n, as\u00ed como copia de los actos administrativos de nombramiento y posesi\u00f3n en el mismo. <\/p>\n
\u2026Lo anteriormente esgrimido impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente la presente impugnaci\u00f3n, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), preconiza que \u00ab(\u2026) las actuaciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los Jueces Municipales\u2026\u00bb\u2026 <\/p>\n
Ello en la medida en que lo pretendido es una decisi\u00f3n netamente administrativa, que no jurisdiccional, lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba de la norma en cita, seg\u00fan la cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026\u00bb\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026En consecuencia, el fallo proferido en este plenario por la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026 Por lo consignado en precedencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, a fin de que sea asignad[o], de acuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras\u2026 (Destac\u00f3 la Sala). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en el rito por el Tribunal de origen se halla viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los cert\u00e1menes de amparo por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la potestad para conocer del asunto en primer grado, como se otea, le ata\u00f1e es a los Juzgados Civiles Municipales de Popay\u00e1n (reparto). <\/p>\n
Respecto de la falta de competencia venida de esbozar, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo4, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al vigente decreto 333 de 2021), ya se doctrin\u00f3: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo consignado, ergo, se adoptar\u00e1n las directrices necesarias para enderezar el decurso iusfundamental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en el plenario de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, rem\u00edtase de inmediato el expediente a los Juzgados Civiles Municipales de esa misma ciudad (reparto), para que se le imprima al caso el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de la referencia fue enviado desde el Tribunal a-quo a la Corte, para tales fines, el 20\/11\/2023. <\/p>\n
2\u0002 Normas que, mutatis mutandis, conservan similares pautas competenciales a las previstas en los decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017. <\/p>\n
3\u0002 Aun cuando en el precedente citado se hace alusi\u00f3n al decreto 1382 de 2000, se relata -a modo de repetici\u00f3n- que el criterio all\u00ed establecido no perdi\u00f3 vigencia con la expedici\u00f3n de los decretos 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, pues estos conservan, mutatis mutandis, similares par\u00e1metros competenciales. <\/p>\n
4\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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