ATC1580-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1580-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00564-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 10 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina L\u00f3pez de Grisales contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a los Juzgados Segundo de Familia y dem\u00e1s intervinientes en la salvaguarda n\u00b0 2023-00302, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, en la resoluci\u00f3n del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abJaiber Laiton Hern\u00e1ndez, representante legal de NTJ Admijudiciales S.A.S., present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Jaime Grisales Santa en su condici\u00f3n de representante legal de Inversora JLCF C\u00eda. S. en C.\u00bb, cuestionando lo actuado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble n\u00b0 2022-00085 de Inversora JLCF C\u00eda. S. en C., contra H&P Company S.A.S., relacionado con una petici\u00f3n elevada en el marco de la pr\u00e1ctica de medida cautelar de secuestro de muebles, para la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1. <\/p>\n
Que dentro de la tutela en menci\u00f3n (rad. 2022-00302), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 \u00abdispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y al Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, pero a la suscrita nunca me informaron, NO me vincularon al tr\u00e1mite como s\u00ed a las consecuencias del incidente de desacato, vulnerando ostensiblemente mi derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, pese a \u00abque est\u00e1 vigente el proceso de restituci\u00f3n de inmueble [antes referido y que], para ese momento estaba pendiente de resolver acerca de la notificaci\u00f3n a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Que al contestar el amparo, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 omiti\u00f3 informar que en ese despacho \u00abse adelantaba el proceso ejecutivo N. 2022-0068, entre las mismas partes y para el cobro de los costos de administraci\u00f3n y solo remiti\u00f3 el link del despacho comisorio haciendo creer al juez de tutela, que esa era toda la informaci\u00f3n con la que contaba\u00bb, y tampoco inform\u00f3 que \u00abel d\u00eda 7 de febrero de 2023, (\u2026) decret\u00f3 el embargo y secuestro de las mercanc\u00edas de propiedad de la parte demandada, H&P COMPANY S.A.S., que se encontraban en la bodega No. 13 del Parque Empresarial Oikos\u00bb, y que tras su inventario, se secuestr\u00f3 \u00abel d\u00eda 27 de febrero de 2023 (\u2026), y pese a que el l\u00edmite del embargo fue de $123.000.000, el juzgado y la secuestre embargaron y secuestraron la totalidad de la mercanc\u00eda que se encontraba en la bodega (\u2026), la cual superaba la suma de novecientos millones de pesos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben el mes de julio de 2023, Jaiber Laiton Hern\u00e1ndez, representante legal de NTJ Admijudiciales S.A.S., (\u2026) inicio el tr\u00e1mite del incidente [de desacato] contra de Jaime Grisales Santa en su condici\u00f3n de representante legal de Inversora JLCF C\u00eda. S. en C., pero en el ac\u00e1pite de notificaciones solo suministr\u00f3 su correo electr\u00f3nico\u00bb, no obstante, \u00abse me sanciona al pago de una multa de 5 salarios y dos d\u00edas de arresto, al parecer porque Jaime Grisales Santa no le contest\u00f3 un derecho de petici\u00f3n al accionante, de fecha 11 de mayo de 2023 en el cual le preguntaba por la mercanc\u00eda, que \u00e9l y el juez hab\u00edan retirado de [una] bodega el 27 de marzo de 2023, decisi\u00f3n frente a la cual no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se invalide lo actuado dentro de la salvaguarda n\u00b0 2023-00302, por incurrir en violaci\u00f3n a sus prerrogativas derivadas del debido proceso, \u00abal proferir el fallo (\u2026), sin vincularme, sin notificarme y generando decisiones adversas\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado accionado y los vinculados se pronunciaron, destac\u00e1ndose que: <\/p>\n
(i) La Juez Segunda Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, indic\u00f3 que dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00302, \u00abmediante sentencia del 26 de junio de 2023, se concedi\u00f3 el amparo constitucional al derecho de petici\u00f3n del se\u00f1or Jaiber Laiton Hern\u00e1ndez, en su condici\u00f3n de representante legal de NTJ Admijudiciales S.A.S.\u00bb, orden\u00e1ndose a los accionados otorgar \u00abrespuesta completa y de fondo a la petici\u00f3n formulada el 11 de mayo de 2023 por el [all\u00ed accionante]\u00bb; que al incumplirse la orden impartida en el fallo, previa exhortaci\u00f3n y requerimiento a los convocados, el 10 de agosto de 2023 dio apertura a incidente de desacato que desat\u00f3 el 26 de septiembre, imponiendo sanci\u00f3n. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que las anteriores decisiones, \u00abfueron notificadas a las direcciones electr\u00f3nicos de la empresa [demandada] obrantes en el Registro \u00danico Empresarial Social -RUES-\u00bb, por lo que, con auto del 7 de septiembre de 2023, \u00abneg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que solicit\u00f3 [la parte accionada]\u00bb. Agreg\u00f3 que, con prove\u00eddo del 12 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, -en sede de consulta-, \u00abconfirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n proferida por este despacho el 26 de septiembre de 2023\u00bb, emergiendo de lo expuesto que, \u00able ha impreso el tr\u00e1mite procesal pertinente, clon respecto de los derechos de todos los intervinientes y atenci\u00f3n al debi\u00f3 proceso que a todos les asiste\u00bb. <\/p>\n
Mientras que, (ii) la Juez Segunda de Familia de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que a ese estrado \u00able correspondi\u00f3 resolver la consulta dentro del incidente de desacato de tutela [a que hace referencia esta querella]\u00bb, y en tales condiciones, \u00abmediante [providencia] del 12 de octubre de 2023, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 el pasado 26 de septiembre de 2023\u00bb. En esas condiciones, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb, aduciendo que ese despacho \u00abno es el responsable de los hechos sobre los cuales versa la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio al observar que \u00ablos motivos aducidos por el juez accionado para negar la nulidad y sancionar el desacato, se muestran sensatos y razonables, adem\u00e1s de ajustarse a la norma que regula el asunto\u00bb, toda vez que \u00abdesde la admisi\u00f3n de la tutela, as\u00ed como el fallo de primera instancia, los requerimientos previos a la apertura del tr\u00e1mite incidental de desacato y las decisiones que se surtieron hasta llegar a la sanci\u00f3n, se notificaron personalmente por correo electr\u00f3nico a las direcciones de notificaci\u00f3n relacionadas en el Registro \u00danico Empresarial y Social de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, (\u2026), en el que se nombran como socios gestores principales a Jaime Santa Grisales y Luz Marina L\u00f3pez de Grisales, con email de notificaciones judiciales calfonsogrisales@hotmail.com y grisalesjaime@gmail.com; [por consiguiente], la interpretaci\u00f3n asumida por los jueces accionados, no se evidencia arbitraria, irrazonable o caprichosa, sino que se deriva de la sensata apreciaci\u00f3n de la ley 2213 de 2022 y el estatuto procesal civil (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. La accionante interpuso impugnaci\u00f3n, para insistir en los argumentos y pretensiones de su querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso y vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca carece de competencia para resolver la presente acci\u00f3n, al advertirse que la queja y por ende la pretensi\u00f3n se circunscribe a aniquilar lo actuado dentro de la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00b0 2023-00302, porque, en su sentir, se omiti\u00f3 vincularla como codemandada y que, por ende, no fue notificada de su admisi\u00f3n y fallo, impidi\u00e9ndole ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, omisi\u00f3n que se endilga al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, pues la actuaci\u00f3n procesal se produjo en esa \u00fanica instancia en tanto no hubo impugnaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
N\u00f3tese que, si bien se alude similar falencia en el tr\u00e1mite incidental de desacato, en cuyo tr\u00e1mite intervino el Juzgado Segundo de Familia de la misma localidad en sede de consulta, tal actuaci\u00f3n deviene consecuencial de lo tramitado y resuelto por el fallador de primer grado, sin que se avizoren reparos en cuanto a la notificaci\u00f3n del representante legal de la empresa accionada y por ende responsable del incumplimiento de la orden judicial. <\/p>\n
En las circunstancias descritas se hace necesario recordar que si bien dentro de las reglas para el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela contenidas en el citado Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), la 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 establece que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, en este caso, la censura de la actora no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte del despacho que v\u00eda consulta conoci\u00f3 del incidente de desacato, sino que, se itera, est\u00e1 enfilado a controvertir la definici\u00f3n de la salvaguarda que, por consiguiente, dio cabida a la actuaci\u00f3n subsiguiente. <\/p>\n
Sobre la vinculaci\u00f3n aparente -en este caso del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1-, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que en procesos de tutela, \u00abno puede asumirse (\u2026), por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC1929-2021, 15 dic., rad. 00398-01). <\/p>\n
De lo anterior emerge que como el reproche de la actora parti\u00f3 desde el inicio de la acci\u00f3n de tutela criticada, para garantizar integralmente sus derechos superiores, habr\u00e1 de disponerse que la primera instancia del auxilio actualmente invocado sea conocida por el juez competente. <\/p>\n
En ese orden, el conocimiento de la primera instancia de esta acci\u00f3n de tutela, se rige por la precitada regla aplicable del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, esto es, \u00abal respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, que para el caso concreto lo ser\u00e1 el juez civil del circuito de Zipaquir\u00e1 (reparto). <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
Ante la anunciada declaraci\u00f3n de falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca para resolver esta acci\u00f3n, en cumplimiento al inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la nulidad s\u00f3lo afectar\u00e1 el fallo de primer grado que se dict\u00f3 bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, sin perjuicio de lo que el funcionario habilitado para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar, como realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas. Y, en consecuencia, se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente al reparto de los juzgados civiles del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1201-2023, 5 oct., rad. 00252-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la atribuci\u00f3n de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que seg\u00fan el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00ab[e]l juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u00bb. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del fallo de primera instancia, proferido en la acci\u00f3n de tutela de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 10 de noviembre de 2023, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del presente expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Zipaquir\u00e1, para que a quien le corresponda por reparto, asuma en primer grado el conocimiento del presente ruego tuitivo. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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