ATC1585-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001 22 14 000 2023 00257 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Armando Jos\u00e9 Lambertinez Bola\u00f1o frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que le neg\u00f3 la tutela contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Comisi\u00f3n Escrutadora Municipal de Canalete constituida con ocasi\u00f3n de las elecciones regionales de 29 de octubre pasado, integrada por Cennelly Mar\u00eda Atencia, Sandra Milena Naranjo Mart\u00ednez y Zobeida Cecilia Caraballo Castellanos, tr\u00e1mite al que fue vinculada la alcaldesa electa Yeis Lenis Simanca Morales, de no ser porque dicha autoridad judicial carec\u00eda de competencia funcional para dirimir el ruego en primera instancia, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante apoderado e invocando sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a ser elegido, el accionante pidi\u00f3 ordenar a la referida Comisi\u00f3n tramitar su apelaci\u00f3n, resolver sus peticiones, leer el resultado y concederle un d\u00eda para presentar reclamaciones y recursos, am\u00e9n de entregarle \u00abtodos los documentos\u2026 que ten\u00eda que entregar al finalizar\u2026\u00bb. <\/p>\n
En suma, manifest\u00f3 que en los comicios para los que fue candidato a la Alcald\u00eda de Canalete, la comisi\u00f3n escrutadora declar\u00f3 elegida a Yeis Lenis Simanca Morales sin haber respondido sus reclamaciones de reconteo de mesas y suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n ni los derechos de petici\u00f3n de informaci\u00f3n y copias, como tampoco tramitado un recurso de apelaci\u00f3n ni concedido un d\u00eda para impugnar el resultado final. <\/p>\n
2.- La Registradur\u00eda adujo que el auxilio es improcedente porque \u00abdentro del procedimiento y etapas de los escrutinios, el accionante tuvo la oportunidad de controvertir la decisi\u00f3n de las comisiones escrutadoras y ejercer su derecho de defensa frente a las inconsistencias que consideraba deb\u00edan subsanarse\u00bb; la vulneraci\u00f3n alegada recae en una comisi\u00f3n escrutadora que es independiente y aut\u00f3noma, escenario donde la entidad solo ejerce labores secretariales; y conforme a los anexos \u00abcada una de las solicitudes por parte de los miembros presentes fueron resueltas\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n dijo que las solicitudes de suspensi\u00f3n de los escrutinios y reconteo mesa a mesa \u00abno cumpl\u00edan los requisitos que establece la norma para tramitarlas\u00bb y as\u00ed se lo manifestaron a los interesados, pero que el testigo electoral del promotor no se encontraba presente cuando resolvi\u00f3 las reclamaciones, por lo que qued\u00f3 notificado en estrados; adem\u00e1s, que brind\u00f3 la informaci\u00f3n pedida, pero no entreg\u00f3 copia de los formularios E-11 por contener datos personales y sensibles de los votantes. <\/p>\n
Yeis Lenis Simanca Morales sostuvo que las peticiones que el recurrente realiz\u00f3 a la comisi\u00f3n escrutadora eran improcedentes y que contra su resoluci\u00f3n no interpuso los recursos legales porque al proferirla no estaba su testigo electoral, por lo que pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio por existir otros medios de defensa judicial y no haber perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.- El Tribunal neg\u00f3 el resguardo al establecer que el accionante cuenta con la acci\u00f3n de nulidad electoral prevista en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), am\u00e9n de que el video que aport\u00f3 muestra que la comisi\u00f3n escrutadora s\u00ed concedi\u00f3 la alzada y dio respuesta a las reclamaciones. <\/p>\n
4.- El actor formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, sin presentar los motivos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, mientras que el numeral 11 \u00eddem prev\u00e9 que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, en la medida que dentro de las accionadas la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil responde al car\u00e1cter de autoridad del \u00aborden nacional\u00bb y ostenta el m\u00e1s alto rango, puede afirmarse que el fallador que deb\u00eda dirimir el amparo en primera instancia era un juez con categor\u00eda de Circuito con injerencia en el municipio de Canalete. <\/p>\n
Cabe advertir que la solicitud tutelar se dirigi\u00f3 contra la actividad del citado organismo estatal, mas no contra quien lo dirige, de tal forma que no es procedente aplicar el fuero especial que para este funcionario prev\u00e9 el numeral 3 ejusdem en cabeza de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
En tal sentido, al adoptar una decisi\u00f3n similar, la Corte dijo recientemente que <\/p>\n
(\u2026) el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de ninguno de los funcionarios que, en forma expresa prev\u00e9 el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20211, porque el reparo, entre otros, se dirige frente a la actividad de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, autoridad del orden nacional (\u2026). <\/p>\n
Y record\u00f3 que en otros asuntos del mismo temperamento sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, citado en ATC057-2022 y reiterado en ATC017-2023, entre otros). <\/p>\n
Por lo tanto, como la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda no era competente para decidir el resguardo en primera instancia, tampoco lo es esta Sala para desatarlo en segundo grado, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, por lo que se declarar\u00e1 la nulidad del fallo impugnado para que la controversia sea definida por un Juzgado del Circuito al que pertenece el municipio de Canalete (reparto), en atenci\u00f3n al lugar donde sucedieron los hechos y al domicilio del gestor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida el 29 de noviembre de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en el asunto de la referencia. Lo dem\u00e1s, conserva validez. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n, de la manera m\u00e1s expedita, a la Sala de origen, al impulsor y a los dem\u00e1s implicados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb <\/p>\n
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