SC395-2023 (2019-51790-01) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC395-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2019-51790-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Camilo Ernesto Ossa Bocanegra, \u00c1ngela Bejarano Daza, Andr\u00e9s Ricardo Fern\u00e1ndez Aldana, Igua Trading S.A.S. y Aseg\u00farate Ltda., frente a la sentencia de 7 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor adelantado por los impugnantes contra Cimcol S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A., en su calidad de vocera del Fideicomiso Patrimonio Aut\u00f3nomo Acqua Power Center. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que inici\u00f3 el proceso, respecto del inmueble denominado \u201cACQUA POWER CENTER\u201d, ubicado en Ibagu\u00e9 y distinguido con la matr\u00edcula n.\u00b0 350-201031 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, fue solicitado, en s\u00edntesis, declarar que las demandadas \u00abson solidariamente responsables de dar cumplimiento a la garant\u00eda legal\u00bb y por su insatisfacci\u00f3n, en relaci\u00f3n con \u00ablas zonas comunes y de uso com\u00fan en general\u00bb; ordenarles, como consecuencia, \u00abhacer efectiva la garant\u00eda legal sobre las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de las zonas de uso y goce com\u00fan\u00bb, en particular, de los elementos especificados en la s\u00faplica tercera del libelo; sancionar a cada una de las accionadas con la \u00abmulta m\u00e1xima\u00bb, conforme las previsiones del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011; declarar la \u00abineficacia y nulidad\u00bb de las cl\u00e1usulas \u00ababusivas y prohibidas\u00bb que figuran en las promesas de compraventa celebradas por los actores, como promitentes compradores, y Cimcol S.A., como promitente vendedora; e imponer a las convocadas las costas procesales. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos adujeron, en s\u00edntesis, los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Cimcol S.A. desarroll\u00f3 el proyecto \u00abP.H. ACQUA POWER CENTER, ubicado en la [c]alle 57 No. 60-K8 E MZ D1 sobre la Avenida Guabinal en la ciudad de Ibagu\u00e9 \u2013 Tolima\u00bb y, por lo tanto, adicionalmente, actu\u00f3 como su \u00abconstructor[a], promotor[a], estructurador[a] (\u2026) y administrador[a]\u00bb. <\/p>\n
2.2. Los actores, mediante promesa de compraventa, adquirieron las oficinas 601, 807 y 810, as\u00ed como los parqueaderos 139 del s\u00f3tano 1, 106 y 112 del s\u00f3tano 2. <\/p>\n
2.3. Constituida la propiedad horizontal como persona jur\u00eddica, mediante requerimientos fechados 25 de julio y 22 de agosto de 2018, fue solicitado tanto a la administradora de la P.H. ACQUA POWER CENTER como a la demandada Cimcol S.A., respectivamente, \u00abse convoque a la Asamblea de Copropietarios para que se haga entrega de la administraci\u00f3n\u00bb y se les puso de presente: <\/p>\n
<\/p>\n
* La mala calidad de los acabados del edificio, la fachada (\u2026) se encuentra deteriorada y no corresponde al cat\u00e1logo de compra y la publicidad que se le dio al proyecto ACQUA POWER CENTER pues se ve totalmente deca\u00edda. <\/p>\n
<\/p>\n
* El uso de los ascensores del edificio de las oficinas del ACQUA POWER CENTER, lleva tiempo sin mantenimiento, lo cual pone en peligro a los habitantes del edificio. <\/p>\n
<\/p>\n
* Existe filtraci\u00f3n de agua en las oficinas de mis representados. <\/p>\n
<\/p>\n
* El acceso por el s\u00f3tano 2 se encuentra restringido y sin funcionamiento. <\/p>\n
* Los ba\u00f1os comunes no se encuentran en \u00f3ptimas condiciones y hay escapes de agua en tuber\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
* No hay mantenimiento de la fachada y escaleras internas del edificio. <\/p>\n
<\/p>\n
* La entrada y funcionamiento del Supermercado SURTIPLAZA ha generado problemas de higiene, malos olores, descontrol del \u00e1rea de parqueo en la zona de planta baja. <\/p>\n
<\/p>\n
* No hay rendici\u00f3n de cuentas de la administraci\u00f3n y\/o constructora, frente a gastos y costos respecto de las cuotas de administraci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Los d\u00edas 3 y 9 de mayo de 2019 diversos propietarios de oficinas, entre ellos, la aqu\u00ed demandante \u00c1ngela Bejarano Daza, reclamaron directamente a Cimcol S.A. y a Fiduciaria Bancolombia S.A. \u00abel producto \u2018bien inmueble Acqua Power Center\u2019\u00bb por deficiencias en \u00abFACHADAS\u00bb, que ascienden a $1.317.016.800; en el \u00abEDIFICIO DE OFICINAS W.T.C.\u00bb, por la suma de $731.000.000; y en el \u00abCENTRO COMERCIAL\u00bb, por cuant\u00eda de $162.000.000, para un gran total de $2.210.016.800. <\/p>\n
2.5. La primera de las demandadas atr\u00e1s mencionadas respondi\u00f3 el requerimiento se\u00f1alando \u00ab(\u2026) \u2018que no es posible atender su solicitud, debido a que dentro de su reclamo no se anexa poder alguno conferido a usted con el fin de que represente los intereses de la persona jur\u00eddica ACQUA POWER CENTER para el caso in examine (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la fiduciaria se opuso \u00ab(\u2026) \u2018por cuanto lo que se reprocha (\u2026), est\u00e1 relacionad[o] con la calidad en la construcci\u00f3n de las zonas comunes; por lo tanto tal y como lo hemos reiterado a lo largo del presente documento no es en cabeza de la Fiduciaria ni del Fideicomiso en quien recaen las obligaciones de promoci\u00f3n, venta, comercializaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y enajenaci\u00f3n de inmuebles que integran el proyecto ACQUA POWER CENTER, por lo tanto no es posible endilgar responsabilidad alguna respecto a [e]lla de los hechos que se reprochan en dicha reclamaci\u00f3n\u2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.6. Los contratos de compraventa celebrados con los accionantes fueron de adhesi\u00f3n y, al igual que el reglamento de propiedad horizontal establecido por Cimcol S.A., contienen cl\u00e1usulas \u00ababusivas y prohibidas\u00bb, por cuanto unas y otras le permiten a dicha vendedora \u00abmodificar unilateralmente el contrato y exonerarse de responsabilidad\u00bb, como, por ejemplo, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 31, el art\u00edculo 34 y su par\u00e1grafo sexto del citado reglamento, que los demandantes transcribieron, am\u00e9n de que en los art\u00edculos 89, 90, 91 y 93 se arrendaron a marcas de renombre locales comerciales, previendo exenciones respecto del pago de cuotas de administraci\u00f3n y fijando \u00abvalores por metro cuadrado arrendado para el pago de administraci\u00f3n ordinaria, muy por debajo de los valores por metro cuadrado que deben pagar los dem\u00e1s copropietarios, arrendatarios y\/o tenedores\u00bb. <\/p>\n
2.7. El primer consejo de administraci\u00f3n estuvo integrado, entre otros, por \u00abel se\u00f1or LUIS CARLOS MART\u00cdNEZ MEJ\u00cdA, quien es el representante legal de la sociedad CIMCOL S.A., constructor de ACQUA POWER CENTER; el se\u00f1or RAM\u00d3N BALLESTEROS, abogado apoderado de la sociedad CIMCOL S.A. en m\u00faltiples procesos judiciales; (\u2026) el se\u00f1or FABIO BRICE\u00d1O BUENO, quien conforme se observa en oficio del 8 de junio de 2018, en el que Cimcol S.A. extendi\u00f3 la garant\u00eda\u00bb, actu\u00f3 como su gerente; y por \u00abel se\u00f1or ALBERTO GUZM\u00c1N, quien es asesor de Acqua Power Center[,] contratado por la administraci\u00f3n provisional del se\u00f1or Luis Carlos Mart\u00ednez Mej\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.8. Como dicho consejo es el que nombra al administrador de la propiedad horizontal, design\u00f3 a Jorge Orlando Franco Delgado, \u00abquien a su vez es hermano, es decir, guarda v\u00ednculos consangu\u00edneos con el socio accionista mayoritario e integrante principal de la junta directiva de CIMCOL S.A., el se\u00f1or Eugenio Franco Delgado\u00bb. <\/p>\n
2.9. Posteriormente, el 4 de abril de 2019, \u00abse inscribi\u00f3 a la actual administradora o representante legal de Acqua Power Center, la se\u00f1ora PAHOLA LILIANA FRANCO LEMUS, quien result\u00f3 elegida en raz\u00f3n a que el se\u00f1or Fabio Brice\u00f1o Bueno[,] en calidad de integrante del consejo de administraci\u00f3n, postul\u00f3 su hoja de vida para el cargo, seg\u00fan consta en el Acta No. 4 del Consejo de Administraci\u00f3n de Acqua Power Center\u00bb. <\/p>\n
2.10. Mediante derecho de petici\u00f3n de 26 de marzo de 2019, fue solicitado \u00ab(\u2026) \u2018adelantar y realizar una reclamaci\u00f3n directa y\/o proceso judicial o jurisdiccional en contra del constructor CIMCOL S.A. por las afectaciones y da\u00f1os que presentan actualmente las zonas comunes, fachada y l\u00edneas vitales de la propiedad horizontal\u2019 (\u2026)\u00bb, que la administradora atr\u00e1s nombrada respondi\u00f3 diciendo que se \u00ab(\u2026) \u2018ha tomado atenta nota del mismo\u2019 (\u2026)\u00bb, lo que motiv\u00f3 a que la aqu\u00ed demandante, \u00c1ngela Bejarano Daza, formulara acci\u00f3n de tutela que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 acogi\u00f3, mediante sentencia de 22 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la cual \u00abla representante legal de ACQUA POWER CENTER alleg\u00f3 el 30 de agosto de 2019, oficio presuntamente contestando el derecho de petici\u00f3n en cumplimiento del fallo de tutela, sin embargo, al dar lectura a la misma es claro que se constituye en renuente a dar una respuesta de fondo a los requerimientos efectuados v\u00eda derecho de petici\u00f3n del 26 de marzo de 2019\u00bb. <\/p>\n
2.11. En el ac\u00e1pite de \u00abFUNDAMENTOS DE DERECHO\u00bb, los demandantes se refirieron con amplitud sobre: <\/p>\n
2.11.1. La \u00ab[l]egitimaci\u00f3n por activa\u00bb, en relaci\u00f3n con la cual solicitaron aplicar la \u00ab[e]xcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb respecto del art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015, que establece: \u00absobre los bienes comunes de las propiedades horizontales[,] quien deber\u00e1 solicitar la garant\u00eda legal es el administrador de la misma\u00bb, habida cuenta que \u00abesto no es posible por cuanto desde el administrador definitivo, hasta la segunda y actual administradora de la propiedad horizontal, guardan v\u00ednculos consangu\u00edneos con el socio accionista mayoritario e integrante principal de la junta directiva de la sociedad CIMCOL S.A., el se\u00f1or Eugenio Franco Delgado, y\/o han sido elegidos por personal, asesores y en general personas vinculadas a Cimcol S.A. que integran el consejo de administraci\u00f3n de la copropiedad, tal como se expuso en los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Tras reiterar esos fundamentos f\u00e1cticos, a\u00f1adieron: <\/p>\n
En este orden de ideas, tenemos como presupuestos para la procedencia de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, por una parte[,] la disposici\u00f3n reglamentaria contenida en el art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015 que al confrontarla con el art\u00edculo y en contraposici\u00f3n [a]l derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se\u00f1alado en el art\u00edculo 299 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y armon\u00eda con el principio constitucional que reza \u2018[s]on fines esenciales del Estado: (\u2026), facilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan (\u2026)\u2019 e igualmente en otro principio constitucional y del Estado Social de Derecho como lo es la protecci\u00f3n de las minor\u00edas. <\/p>\n
En el caso particular y concreto, la representaci\u00f3n de la propiedad horizontal Acqua Power Center, desde la administraci\u00f3n provisional ejercida por el representante legal de la constructora Cimcol S.A., hasta la actual administradora, se ha ejercido por personas que guardan v\u00ednculos de distinta \u00edndole con la empresa Cimcol S.A., que dan lugar a conflictos de intereses e impedimento para que se efect\u00fae la reclamaci\u00f3n de la garant\u00eda legal, todo en desmedro de los intereses y los derechos de una comunidad de copropietarios de un inmueble sometido al r\u00e9gimen de la propiedad horizontal. <\/p>\n
2.11.2. La legitimaci\u00f3n pasiva, que atribuyeron a las demandadas, por corresponder a las proveedoras del bien objeto de la relaci\u00f3n de consumo sobre la que vers\u00f3 el litigio. <\/p>\n
2.11.3. El derecho de los consumidores a exigir la garant\u00eda por falta de idoneidad de las zonas comunes de la tantas veces mencionada propiedad horizontal. <\/p>\n
2.11.4. Lo que les fue ofertado y efectivamente entregado. <\/p>\n
2.11.5. El t\u00e9rmino de la garant\u00eda, del que resaltaron que es de un a\u00f1o contado desde \u00abla entrega del producto\u00bb, cuesti\u00f3n de la que destacaron desconocer cu\u00e1ndo esto tuvo ocurrencia, habida cuenta que \u00abla administraci\u00f3n de la propiedad horizontal Acqua Power Center, se rehus\u00f3 a entregar copia de las respectivas actas\u00bb. <\/p>\n
3. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ante quien se present\u00f3 la demanda, la admiti\u00f3 mediante auto de 5 de diciembre de 2019. <\/p>\n
4. Una vez vinculadas las demandadas al proceso, realizaron, en ejercicio de su derecho a la defensa, las siguientes actuaciones: <\/p>\n
4.1. Cimcol S.A.: <\/p>\n
4.1.1. Contest\u00f3 el libelo introductorio oponi\u00e9ndose al acogimiento de sus pretensiones; se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los fundamentos f\u00e1cticos all\u00ed aducidos; plante\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u00abINEXISTENCIA DE RELACI\u00d3N DE CONSUMO\u00bb, \u00abLOS DEMANDANTES NO SON CONSUMIDORES\u00bb, \u00abLOS DEMANDANTES NO SON ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACQUA POWER CENTER\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N ACCI\u00d3N POR CONTROVERSIAS CONTRACTUALES\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N ACCI\u00d3N POR PUBLICIDAD ENGA\u00d1OSA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA PUBLICIDAD ENGA\u00d1OSA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA CONTRATO DE ADHESI\u00d3N\u00bb, \u00abINEXISTENCIA CL\u00c1USULAS ABUSIVAS\u00bb, \u00abCUANTIFICACI\u00d3N EXCESIVA E INFUNDADA DE LAS PRETENSIONES ECON\u00d3MICAS\u00bb; y objet\u00f3 el juramento estimatorio. <\/p>\n
4.1.2. Por aparte, formul\u00f3 las excepciones previas de \u00abFALTA DE PRUEBA DE LA CALIDAD EN QUE ACT\u00daAN LOS DEMANDANTES\u00bb, \u00abINEPTITUD DE LA DEMANDA PORQUE NO SE ACREDIT\u00d3 HABER AGOTADO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD\u00bb y \u00abNO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS\u00bb. <\/p>\n
4.2. Fiduciaria Bancolombia S.A, como vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Acqua Power Center, igualmente replic\u00f3 la demanda, en desarrollo de lo cual solicit\u00f3 rechazar las s\u00faplicas de esta, se refiri\u00f3 detalladamente sobre los hechos alegados y esgrimi\u00f3 las siguientes excepciones de fondo: \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb, \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u00bb, \u00abCULPA EXCLUSIVA DE LOS DEMANDANTES Y SU APOEDRADO CARLOS EDUARDO OSSA HERN\u00c1NDEZ\u00bb, \u00abIMPOSIBILIDAD JUR\u00cdDICA\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N CONTRACTUAL\u00bb, \u00abPRESCRICPI\u00d3N DE LA GARANT\u00cdA LEGAL\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE OBLIGACI\u00d3N RESPECTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE PRETENDEN EN GARANT\u00cdA\u00bb, \u00abIMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES POR NO AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE LA RELACI\u00d3N DE CONSUMO\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE PUBLICIDAD ENGA\u00d1OSA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE CL\u00c1SULAS ABUSIVAS Y PROHIBIDAS\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LA PUBLICIDAD ENGA\u00d1OSA\u00bb y \u00abCADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA\u00bb. <\/p>\n
5. Mediante auto de 24 de marzo de 2021 fueron declaradas no probadas las excepciones previas y fijada hora y fecha para la pr\u00e1ctica de la audiencia prevista en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. En el curso de la audiencia, verificada el 3 de junio de 2021, el juzgador dio aplicaci\u00f3n al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso y, en tal virtud, dict\u00f3 sentencia anticipada en la que declar\u00f3 \u00abla carencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, por lo que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, imponiendo costas a la actora. <\/p>\n
7. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, al desatar la apelaci\u00f3n que contra \u00e9l interpusieron los accionantes, seg\u00fan figura en prove\u00eddo de segunda instancia calendado el 7 de septiembre de 2021. <\/p>\n
LOS ARGUMENTOS DEL AD QUEM <\/p>\n
Luego de historiar lo acontecido en el proceso, compendiar los planteamientos sustentantes de la decisi\u00f3n cuestionada, identificar los reparos que contra esta formularon los demandantes y advertir el car\u00e1cter anticipado de la sentencia recurrida, el Tribunal plasm\u00f3, en respaldo de la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3, los razonamientos que siguen a delinearse: <\/p>\n
1. Con ayuda de la jurisprudencia refiri\u00f3 sobre la naturaleza de la legitimaci\u00f3n en causa y, sin mayor pre\u00e1mbulo, anunci\u00f3 \u00abque la sentencia anticipada objeto de apelaci\u00f3n debe ser confirmada, en raz\u00f3n a que, en efecto, a los propietarios, arrendatarios y\/o tenedores a cualquier t\u00edtulo de las unidades inmobiliarias que fungen aqu\u00ed como integrantes del extremo activo de la litis, no les est\u00e1 permitido actuar en favor de la copropiedad a la que pertenecen dichos inmuebles, toda vez que esa competencia se la otorg\u00f3 la ley al administrador de la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
2. Enseguida precis\u00f3 que, \u00abconforme se estableci\u00f3 en la fijaci\u00f3n del litigio y lo resalt\u00f3 la funcionaria de primera instancia, las pretensiones se dirigieron a reclamos por zonas comunes\u00bb, por lo que eran aplicables los art\u00edculos 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015, 24 y 50 inciso 1\u00b0 de la Ley 675 de 2001, que transcribi\u00f3. <\/p>\n
3. Trajo a colaci\u00f3n un fallo que, en igual sentido, hab\u00eda emitido la misma Sala de Decisi\u00f3n, el cual reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, y seguidamente reiter\u00f3 que \u00abla reclamaci\u00f3n por defectos o deficiencias constructivas de zonas comunes que regula el Estatuto del Consumidor y el Decreto 1074 de 2015, corresponde al administrador de la copropiedad, sea provisional, definitivo o encargado, en la medida que representa a la persona jur\u00eddica una vez constituida, circunstancia que descarta la procedencia del reparo atinente a la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
4. Adelante a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se observa que exista incompatibilidad entre la norma de rango superior y las citadas por el recurrente, que es el supuesto para considerar aplicable la excepci\u00f3n a que acude en sede de alzada, m\u00e1xime cuando se encuentra plenamente delimitado y definido el ejercicio de la acci\u00f3n en el caso de las copropiedades por conducto o intermedio de la persona que la ley tiene prevista para que la represente, lo que no luce contrario al ordenamiento superior; cosa distinta es que, como lo cita el censor, las personas que han representado o representan a la persona jur\u00eddica incurran en acciones u omisiones que eventualmente puedan ser revisadas, empero, en el marco de sus funciones y bajo la aplicaci\u00f3n de las normas que ata\u00f1en a la responsabilidad que implican los cargos de direcci\u00f3n de la copropiedad que ostentan o han ostentado, lo que en todo caso escapa del objeto de decisi\u00f3n por v\u00eda de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
No se olvide que, como lo cit\u00f3 el recurrente, la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad en t\u00e9rminos de la Corte Constitucional se configura como un deber de las autoridades cuando detecten una clara contradicci\u00f3n entre la disposici\u00f3n aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales, que es el supuesto que en el asunto bajo examen no se aprecia verificado, a lo sumo, de la forma clara y evidente que lo plantea la jurisprudencia; empero, de las normas a que hace referencia el censor no se advierte que exista una contradicci\u00f3n que amerite la inaplicaci\u00f3n de las de rango inferior a la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Todo lo anterior, descarta la procedencia de los reproches aqu\u00ed identificados como i) y ii), atendido por dem\u00e1s que los Decretos 735 de 2013 y 1074 de 2015 lejos est\u00e1n de exceder los l\u00edmites de la Ley 1480 de 2011, como ya se expres\u00f3, al propender por desarrollar algunas disposiciones y aspectos de la misma. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo dicho coadyuva en desechar igualmente la viabilidad del \u00faltimo de los reparos formulados, en la medida que[,] si el extremo activo de la controversia no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa, mal puede adentrarse esta sede en examinar la procedencia del t\u00e9rmino de garant\u00eda basado en la no entrega de las zonas comunes. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
De las dos acusaciones que contiene, fincadas en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, respectivamente, la Corte solamente estudiar\u00e1 la inicial, por estar llamada a prosperar y a arrasar con el fallo confutado. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en el primigenio motivo de la norma arriba citada, se denunci\u00f3 la sentencia impugnada por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 1, 3 numeral 1.5., 4 y 5 numeral 3, de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
En sustento del reproche, su autor, en s\u00edntesis, expres\u00f3: <\/p>\n
1. Luego de reproducir algunos de los fundamentos en los que el juzgador ad quem sustent\u00f3 la decisi\u00f3n confirmatoria que adopt\u00f3, el recurrente puntualiz\u00f3 que dicha autoridad err\u00f3, en primer lugar, al \u00abexigir, para legitimar en la causa por activa, la calidad de administrador y no la de CONSUMIDOR\u00bb y, en segundo t\u00e9rmino, al \u00abinterpretar que el Decreto 1074 de 2015, regula el derecho de acudir a la justicia, cuando \u00e9ste solo se ocupa de la reclamaci\u00f3n de la garant\u00eda legal (zonas comunes) ante el constructor o proveedor\u00bb. <\/p>\n
2. Con apoyo en el numeral 1.5 del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1480 de 2011, que transcribi\u00f3, el inconforme protest\u00f3 la aplicaci\u00f3n que el Tribunal hizo del Decreto 1074 de 2015, en tanto que \u00e9ste, dijo, \u00absolo tiene (\u2026) un alcance de procedibilidad\u00bb, raz\u00f3n por la que tild\u00f3 de equivocada la consideraci\u00f3n atinente a que dicha reglamentaci\u00f3n \u00abotorga a la administraci\u00f3n de la copropiedad la vocaci\u00f3n para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley al consumidor\u00bb. <\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 2.2.2.32.3.4 del precitado Decreto \u00fanicamente tiene alcance \u00abpara regular la reclamaci\u00f3n directa, para exigir la garant\u00eda legal al proveedor sobre las zonas comunes en los inmuebles sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u00bb, entendimiento que reforz\u00f3 con la reproducci\u00f3n que hizo de su inciso 2\u00ba, en tanto que en \u00e9l se especific\u00f3 que el procedimiento a seguir es el contemplado en el art\u00edculo 2.2.2.32.3.3., es decir, que \u00abel consumidor informar\u00e1 por escrito dentro de t\u00e9rmino legal de la garant\u00eda, al productor o expendedor de inmueble el defecto presentado\u00bb y que uno u otro \u00abentregar\u00e1 una constancia del recibo de la reclamaci\u00f3n y realizar\u00e1, dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, una visita de verificaci\u00f3n al inmueble para constatar el objeto del reclamo\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el impugnante insisti\u00f3 en que \u00abesta disposici\u00f3n regula, la forma de realizar el reclamo, los t\u00e9rminos para hacerlo, los t\u00e9rminos del proveedor seg\u00fan la complejidad para atender el reclamo, etc. Pero de ninguna manera le confiere la titularidad del derecho subjetivo a la administraci\u00f3n de la copropiedad para presentarse en juicio como demandante. Y menos para despojar a quienes la [l]ey les ha conferido ese derecho\u00bb. <\/p>\n
5. El censor asever\u00f3 que la norma aplicable era el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1480 de 2011 que, \u00abcon absoluta claridad[,] se\u00f1ala como derecho del consumidor (y mis poderdantes lo son), el de reclamar directamente ante el productor, como tambi\u00e9n acudir a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, precepto que el Tribunal no hizo actuar contrariando as\u00ed, adem\u00e1s, el art\u00edculo 19 de la Ley 617 de 2001, que concuerda con el concepto de \u00abconsumidor\u00bb contenido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 5 de aqu\u00e9l ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
6. Al cierre, el inconforme puntualiz\u00f3 que \u00ab[l]os derechos conferidos mediante esta [l]ey al consumidor, son (\u2026) de rango fundamental, en cuanto la garant\u00eda legal lleva inmersas condiciones de protecci\u00f3n a la vida y salud de las personas que se expresan en el derecho a que el bien adquirido corresponda efectivamente a la calidad, idoneidad y seguridad ofertados y requeridos\u00bb; y que \u00abse vulnera el derecho de acceso a la justicia\u00bb si se mantiene la errada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
I. Planteamiento del problema. <\/p>\n
1. En apretada s\u00edntesis, el Tribunal, soportado en el art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015, coligi\u00f3 que la legitimaci\u00f3n activa en acciones como la promovida por los aqu\u00ed demandantes, esto es, las encaminadas a hacer efectiva la garant\u00eda legal respecto de los bienes comunes de inmuebles sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, est\u00e1 radicada \u00fanica y exclusivamente en el administrador de la correspondiente persona jur\u00eddica. <\/p>\n
Con base en tal razonamiento confirm\u00f3 que los gestores de este asunto litigioso no estaban llamados a proponerlo, como declar\u00f3 la sentencia anticipada que, con fundamento en el numeral 3\u00ba del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, dict\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de junio de 2021, toda vez que ninguno de aquellos demostr\u00f3 tener la representaci\u00f3n legal de la Propiedad Horizontal Acqua Power Center. <\/p>\n
2. A su turno, los recurrentes en casaci\u00f3n, en el cargo auscultado, denunciaron la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1\u00ba y 3\u00ba a 5\u00ba de la Ley 1480 de 2013, por falta de aplicaci\u00f3n, habida cuenta que dichos preceptos le conceden al \u00abconsumidor\u00bb la potestad de ejercer todas las acciones que ese estatuto consagra, incluida la arriba especificada, raz\u00f3n por la cual consider\u00f3 equivocada la indicada inferencia del juzgador ad quem, toda vez que, con ella, arrebat\u00f3 a aqu\u00e9l, se reitera, al \u00abconsumidor\u00bb, la se\u00f1alada atribuci\u00f3n, m\u00e1s cuando el precepto reglamentario en el que se finc\u00f3 dicho sentenciador se limit\u00f3 a facultar al administrador de la propiedad horizontal para adelantar la reclamaci\u00f3n directa de la garant\u00eda ante el proveedor o expendedor, sin ocuparse para nada del proceso judicial que debe gestionarse cuando ese tr\u00e1mite previo no produce resultados favorables. <\/p>\n
En tal orden de ideas y sobre la base de que los actores ostentan la condici\u00f3n de consumidores, deprecaron la casaci\u00f3n del fallo de segunda instancia y la revocatoria del de primera. <\/p>\n
II. El derecho del consumo. Lineamientos generales. <\/p>\n
1. Siendo ello as\u00ed, para definir el debate propuesto en el cargo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de estirpe netamente jur\u00eddico, en tanto que denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se torna indispensable fijar la atenci\u00f3n en el que ha dado en llamarse \u00abDerecho del consumo\u00bb o de \u00ablos consumidores\u00bb, independientemente de que se lo considere como una rama aut\u00f3noma del derecho o, en palabras de la Corte, como \u00abuna disciplina de orientaci\u00f3n tuitiva (\u2026), esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo\u00bb, la cual \u00abtraspasa las relaciones tradicionales propias del derecho privado, para extenderse a las que se ajustan entre el Estado y los diversos actores del mercado, en la medida que tengan injerencia en los intereses de la colectividad\u00bb (CSJ, SC de 3 may. 2005, rad. n.\u00b0 1999-04421-01). <\/p>\n
2. Sin desconocer que, de tiempo atr\u00e1s, el legislador colombiano implement\u00f3 normas al respecto e, incluso, estableci\u00f3 el \u00abestatuto de los consumidores\u00bb (Decreto 3466 de 1982), fue en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 donde qued\u00f3 elevada a rango superior su protecci\u00f3n, al establecer, en el art\u00edculo 78, que \u00ab[l]a ley regular\u00e1 el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, as\u00ed como la informaci\u00f3n que debe suministrarse al p\u00fablico en su comercializaci\u00f3n\u00bb y que \u00ab[s]er\u00e1n responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios\u00bb. <\/p>\n
3. No hay duda de que el constituyente patrio, a tono con el derecho for\u00e1neo, reconoci\u00f3 que las nuevas formas de intercambio de bienes y servicios, fruto del acelerado proceso industrial, de la producci\u00f3n en serie, de la mayor cobertura e incidencia de la publicidad -por el avance de las comunicaciones-, de la concentraci\u00f3n en los centros urbanos de altos niveles poblacionales y del efectivo desarrollo de los canales de comercializaci\u00f3n, para solo mencionar algunos de los fen\u00f3menos m\u00e1s extendidos y dicientes, desembocaron, de un lado, en el abandono de la contrataci\u00f3n directa entre productores o distribuidores y los interesados en un bien o servicio y, de otro, en la adopci\u00f3n de sistemas de negociaci\u00f3n masiva, impersonal, carentes de suficiente informaci\u00f3n y caracterizados, adem\u00e1s, por la adhesi\u00f3n de los segundos a las condiciones impuestas por los primeros, trayendo consigo acentuado desequilibrio entre sus part\u00edcipes, como quiera que provoc\u00f3 el fortalecimiento de aqu\u00e9llos y, aparejadamente, el correlativo debilitamiento de los \u00faltimos. <\/p>\n
4. Frente a esa realidad, el derecho, en sentido amplio, se vio en la necesidad de procurar corregir tal asimetr\u00eda y, para ello, de adoptar normas encaminadas a flexibilizar las f\u00e9rreas reglas de contrataci\u00f3n establecidas en las reglas civiles y comerciales, a restablecer el equilibrio perdido y, finalmente, a prevenir la sistem\u00e1tica afectaci\u00f3n de los derechos de los consumidores. <\/p>\n
5. Esos mandatos que, en forma transversal, disciplinan \u00ablas conductas de individuos que se relacionan econ\u00f3micamente en condiciones de desequilibrio sist\u00e9mico, es decir, que no est\u00e1n en igualdad de condiciones\u00bb (Colman, M\u00f3nica. \u00abLos derechos del consumidor en el nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial\u00bb, Buenos Aires, Asociaci\u00f3n Defensores del Consumidor de la Rep\u00fablica Argentina, en: www.adpra.org.ar\/los-derechos-del-consumidor-en-el-nuevo-c\u00f3digo-civil-y-comercial.), son un \u00abconjunto de normas\u00bb que permiten \u00abestablecer un equilibrio de las fuerzas entre los contratantes y contraprestaciones que cada uno de ellos debe realizar\u00bb, en el entendido de que \u00abla justificaci\u00f3n de aquel derecho hay que entroncarla con las insuficiencias provocadas por un sistema que avanz\u00f3 con el m\u00e1s fuerte, dejando parcialmente desasistida a la que se ha denominado parte d\u00e9bil del contrato\u00bb (Pa\u00f1os P\u00e9rez, Alba. \u00abDerechos y garant\u00edas del consumidor en el \u00e1mbito contractual\u00bb. Ed. Universidad de Almer\u00eda, 2010, p\u00e1gs. 11 y 12). <\/p>\n
III. El actual estatuto del consumidor. Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
1. Habiendo confiado la Carta Fundamental a la \u00abley\u00bb el control de la calidad de los bienes y servicios, as\u00ed como el r\u00e9gimen de responsabilidad de quienes, en su comercializaci\u00f3n, vulneren los derechos de los consumidores y usuarios, seg\u00fan ya se vio, debe entonces volverse la mirada sobre el actual \u00abEstatuto del Consumidor\u00bb, contenido en la Ley 1480 de 2011, cuya finalidad, seg\u00fan el expreso mandato de su art\u00edculo 1\u00ba, es \u00abproteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, as\u00ed como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econ\u00f3micos\u00bb, especialmente frente a \u00ablos riesgos para su salud y seguridad\u00bb, el \u00abacceso a una informaci\u00f3n adecuada\u00bb, la \u00abeducaci\u00f3n\u00bb, la \u00ablibertad\u00bb que ellos tienen de \u00abconstituir organizaciones\u00bb y de que sus opiniones sean o\u00eddas \u00aben los procesos de adopci\u00f3n de decisiones que las afecten\u00bb y, por \u00faltimo, en la \u00abprotecci\u00f3n especial a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en su calidad de consumidores\u00bb (subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2. En consonancia con ello, el art\u00edculo 2\u00ba del comentado ordenamiento jur\u00eddico precis\u00f3 que sus normas \u00abregulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores tanto sustancial como procesalmente\u00bb y que, por ende, \u00abson aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual se aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley\u00bb (subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
3. Enseguida enunci\u00f3 los principales derechos y deberes de \u00ablos consumidores y usuarios\u00bb, incluyendo entre los primeros el \u00ab[d]erecho a recibir productos de calidad\u00bb, esto es, \u00abde conformidad con las condiciones que establece la garant\u00eda legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado\u00bb; el \u00ab[d]erecho a la seguridad e indemnidad\u00bb, referido a que \u00ablos productos no causen da\u00f1o en condiciones normales de uso y a la protecci\u00f3n contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores\u00bb; y el \u00ab[d]erecho a la reclamaci\u00f3n\u00bb, tanto \u00abdirectamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener reparaci\u00f3n integral, oportuna y adecuada de todos los da\u00f1os sufridos, as\u00ed como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos de la presente Ley\u00bb (art. 3\u00ba; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
4. A su turno, el art\u00edculo 4\u00ba explicit\u00f3 que sus normas \u00abson de orden p\u00fablico\u00bb y que \u00abdeber\u00e1n interpretarse en la forma m\u00e1s favorable al consumidor. En caso de duda se resolver\u00e1 en favor del consumidor\u00bb (subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
5. Entre las muchas definiciones contempladas en el art\u00edculo 5\u00ba, determin\u00f3 que \u00ab[c]onsumidor o usuario\u00bb es \u00ab[t]oda persona natural o jur\u00eddica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia, privada, familiar o dom\u00e9stica y empresarial cuando no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica. Se entender\u00e1 incluido en el concepto de consumidor el de usuario\u00bb; que \u00ab[g]arant\u00eda\u00bb es la \u00ab[o]bligaci\u00f3n temporal, solidaria a cargo del productor y proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garant\u00eda legal no tendr\u00e1 contraprestaci\u00f3n adicional al precio del producto\u00bb; que \u00ab[i]doneidad o eficiencia\u00bb es la \u00ab[a]ptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado\u00bb; y que \u00ab[p]roducto\u00bb es \u00ab[t]odo bien o servicio\u00bb. <\/p>\n
6. Visible es, entonces, que la propia Ley 1480 de 2011, dej\u00f3 claro que el factor determinante para que opere la protecci\u00f3n dispensada por sus normas, es la presencia en la respectiva \u00abrelaci\u00f3n de consumo\u00bb de un \u00abconsumidor\u00bb, propiamente dicho. <\/p>\n
Y estableci\u00f3 que tienen tal car\u00e1cter las personas naturales o jur\u00eddicas que hubieren adquirido un bien, cualquiera sea su naturaleza, o procurado la prestaci\u00f3n de un servicio, en uno y otro caso, para la satisfacci\u00f3n de una necesidad y como destinatarias finales, es decir, siempre y cuando el acto respectivo no forme parte de una cadena productiva propia del adquirente o del receptor. <\/p>\n
Para la mejor comprensi\u00f3n del comentado concepto, encuentra \u00fatil la Sala memorar el criterio que plasm\u00f3 en un fallo, incluso, anterior a la expedici\u00f3n de la ley que se comenta, esto es, alusivo a la definici\u00f3n que al respecto tra\u00eda el Decreto 3466 de 1982 en el literal c) de su art\u00edculo 1\u00b0, caracterizada por su notoria imprecisi\u00f3n, en tanto que, pareciera, su opini\u00f3n fue acogida por el legislador al proferir el actual estatuto del consumidor, raz\u00f3n por la cual sirve para establecer su genuino alcance: <\/p>\n
Previamente a la promulgaci\u00f3n de la Carta Fundamental de 1991, la ley de facultades extraordinarias 73 de 1981 autoriz\u00f3 la expedici\u00f3n del decreto 3466 de 1982 o Estatuto del Consumidor, que vino a constituirse en un cuerpo normativo que, por primera vez, fue destinado al tratamiento de ciertos aspectos vinculados a la regulaci\u00f3n y protecci\u00f3n de los consumidores. <\/p>\n
Dentro del estatuto se defini\u00f3 al consumidor como \u2018toda persona, natural o jur\u00eddica, que contrate la adquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute de un bien o la prestaci\u00f3n de un servicio determinado, para la satisfacci\u00f3n de una o m\u00e1s necesidades\u2019 (art\u00edculo 1\u00b0, literal c.), noci\u00f3n que, a primera vista, abarca todos los tipos de personas -naturales o jur\u00eddicas- y de bienes -muebles o inmuebles-, sin distinci\u00f3n alguna, a la par que introduce un ingrediente asociado a la finalidad de la adquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute\u2019 del bien o servicio, esto es, que con ella se persiga, valga repetirlo, \u2018la satisfacci\u00f3n de una o m\u00e1s necesidades\u2019. <\/p>\n
Aunque en la definici\u00f3n no se emplea ning\u00fan par\u00e1metro relacionado, por ejemplo, con el hecho de que la persona deba ser consumidor o destinatario final del bien o servicio, o con la circunstancia de que el uso o consumo se enmarque o no dentro de una actividad profesional o empresarial, como ocurre en otros pa\u00edses, ello no puede conducir, por la simple imprecisi\u00f3n terminol\u00f3gica, a pensar que todos los sujetos que interact\u00faan en el tr\u00e1fico de bienes y servicios conforman tal categor\u00eda -consumidores- y que, por ende, a ellos indistintamente les sean aplicables las normas especiales, pues con semejante entendimiento se desnaturalizar\u00eda, por v\u00eda de la generalizaci\u00f3n, un estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos de las relaciones de intercambio. <\/p>\n
De ah\u00ed que se imponga la adopci\u00f3n de un criterio interpretativo de la noci\u00f3n de consumidor, que consulte racionalmente las finalidades espec\u00edficas del estatuto en el que se encuentra incorporada, y, en esa misma medida, delimite el marco de las disposiciones, tarea que seguidamente emprender\u00e1 la Corporaci\u00f3n (CSJ, SC de 3 may. 2005, rad. 1999-04421-01; subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Luego de traer a colaci\u00f3n la exposici\u00f3n de motivos del proyecto y ciertos segmentos de las ponencias presentadas en procura de la aprobaci\u00f3n de la ley de facultades, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed, con independencia de que las motivaciones entonces expuestas sean plenamente compartidas por esta Corporaci\u00f3n o de que ellas conserven vigencia, emerge innegablemente de los antecedentes legislativos que una de las principales pretensiones del estatuto fue la de amparar los intereses de un sector de la comunidad que, por lo menos en t\u00e9rminos generales, se encuentra en condiciones de debilidad frente a los operadores comerciales profesionales -proveedores, expendedores, productores, etc.- Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a un entendimiento indiscriminado, pues con ello perder\u00eda toda raz\u00f3n la existencia de un r\u00e9gimen especial, como tampoco puede concebirse la asimilaci\u00f3n de dicha definici\u00f3n con otras, como las de \u2018Productor\u2019 y \u2018Proveedor o expendedor\u2019, que el mismo estatuto explica en t\u00e9rminos bien diversos, (\u2026). <\/p>\n
En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre ser\u00e1 forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto -persona natural o jur\u00eddica- persigue con la adquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor s\u00f3lo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia, privada, familiar, dom\u00e9stica o empresarial -en tanto no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de alg\u00fan modo, a su objeto social-, que es lo que constituye el rasgo caracter\u00edstico de una verdadera relaci\u00f3n de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jur\u00eddicos que, como adelante se examinar\u00e1, catalogan \u00fanicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisici\u00f3n o utilizaci\u00f3n est\u00e9 ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor; adicionalmente, no est\u00e1 de m\u00e1s anotar que una postura similar es la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, dentro de su competencia, ha conceptuado sobre el alcance del t\u00e9rmino que se viene estudiando. (conceptos 96027242 de 2 de septiembre de 1996, 96060904 de 28 de noviembre de 1996, 97023655 de 15 de julio de 1997, 99067274 de 4 de febrero de 2000, 02108233 de 17 de enero de 2003 y 03025237 de 9 de mayo de 2003; Cfr. Compendio de doctrina sobre protecci\u00f3n del consumidor 1992 – 1999, Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico, Superintendencia de Industria y Comercio, 2000, p\u00e1gs. 152 – 160, y www.sic.gov.co) (CSJ, ib., subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Esto explica el cambio legislativo adoptado en el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1480 de 2011, al restringir el concepto de \u00abconsumidor\u00bb al adquirente de un bien o servicio que act\u00faa como \u00abdestinatario final\u00bb y busca \u00abla satisfacci\u00f3n de una necesidad, propia, privada, familiar o dom\u00e9stica y empresarial cuando no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica\u00bb, condiciones que la anterior definici\u00f3n no preve\u00eda. <\/p>\n
IV. La garant\u00eda legal. <\/p>\n
1. Como ya tuvo oportunidad de precisarlo la Corte, los \u00abejes nucleares\u00bb de la Ley 1480 de 2011 \u00abse encuentran en la garant\u00eda legal por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se ofrezcan en el mercado (t\u00edtulos II y III), responsabilidad por productos defectuosos (t\u00edtulo IV), adecuada revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n (t\u00edtulo V), prohibici\u00f3n de publicidad falsa y enga\u00f1osa (t\u00edtulo VI) y protecci\u00f3n contractual (t\u00edtulo VIII)\u00bb (CSJ, SC 2580 de 25 oct. 2022, rad. n.\u00b0 2027-33358-01; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
2. Concentrados en el primero de ellos, la garant\u00eda legal, que es el tema al que se contrae el reproche casacional examinado, pertinente es advertir que sus rasgos m\u00e1s salientes, son: <\/p>\n
2.1. Se erige como principio rector, la obligaci\u00f3n que tiene \u00ab[t]odo productor\u00bb de \u00abasegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, as\u00ed como la calidad ofrecida. En ning\u00fan caso \u00e9stas podr\u00e1n ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos t\u00e9cnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias\u00bb, por lo que su \u00abincumplimiento\u00bb da lugar a: \u00ab(\u2026) [r]esponsabilidad solidaria del productor y proveedor por garant\u00eda de los consumidores\u00bb; \u00ab(\u2026) [r]esponsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisi\u00f3n y control en los t\u00e9rminos de esta Ley\u00bb; y \u00ab(\u2026) [r]esponsabilidad por da\u00f1os por producto defectuoso, en los t\u00e9rminos de esta Ley\u00bb (art. 6\u00ba; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.2. Se entiende por tal \u00abla obligaci\u00f3n, (\u2026) a cargo de todo productor y\/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos\u00bb (art. 7\u00ba). <\/p>\n
2.3. \u00abAnte los consumidores, la responsabilidad por la garant\u00eda legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos\u00bb (art. 10\u00ba; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.4. Comprende los siguientes deberes a cargo del responsable: <\/p>\n
2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las caracter\u00edsticas del defecto, a elecci\u00f3n del consumidor, se proceder\u00e1 a una nueva reparaci\u00f3n, la devoluci\u00f3n total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares caracter\u00edsticas o especificaciones t\u00e9cnicas, las cuales en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garant\u00eda. <\/p>\n
3. En los casos de prestaci\u00f3n de servicios, cuando haya incumplimiento se proceder\u00e1, a elecci\u00f3n del consumidor, a la prestaci\u00f3n del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devoluci\u00f3n del precio pagado. <\/p>\n
4. Suministrar las instrucciones para la instalaci\u00f3n, mantenimiento y utilizaci\u00f3n de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos. <\/p>\n
5. Disponer de asistencia t\u00e9cnica, para la instalaci\u00f3n, mantenimiento de los productos y su utilizaci\u00f3n, de acuerdo con la naturaleza de estos. La asistencia t\u00e9cnica podr\u00e1 tener un costo adicional al precio. <\/p>\n
6. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. <\/p>\n
7. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun despu\u00e9s de vencida la garant\u00eda, por el t\u00e9rmino establecido por la autoridad competente, y a falta de \u00e9ste, el anunciado por el productor. En caso de que no se haya anunciado el t\u00e9rmino de disponibilidad de repuestos, partes insumos y mano de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por informaci\u00f3n insuficiente, ser\u00e1 el de las condiciones ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Los costos a los que se refiere este numeral ser\u00e1n asumidos por el consumidor, sin perjuicio de lo se\u00f1alado en el numeral 1\u00ba del presente art\u00edculo. <\/p>\n
8. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de la garant\u00eda, podr\u00e1n ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente id\u00e9nticos a los originalmente instalados. <\/p>\n
9. En los casos de prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega de un bien, repararlo, sustituirlo por otro de las mismas caracter\u00edsticas, o pagar su equivalente en dinero en caso de destrucci\u00f3n parcial o total causada con ocasi\u00f3n del servicio defectuoso. Para los efectos de este numeral, el valor del bien se determinar\u00e1 seg\u00fan sus caracter\u00edsticas, estado y uso (art. 11; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.5. Su efectivo ejercicio, desde la perspectiva temporal, procede as\u00ed: <\/p>\n
El t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal ser\u00e1 el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposici\u00f3n de obligatorio cumplimiento, ser\u00e1 el anunciado por el productor y\/o proveedor. El t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal empezar\u00e1 a correr a partir de la entrega del producto al consumidor. <\/p>\n
De no indicarse el t\u00e9rmino de la garant\u00eda, el t\u00e9rmino ser\u00e1 de un a\u00f1o para productos nuevos. Trat\u00e1ndose de productos perecederos, el t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal ser\u00e1 el de la fecha de vencimiento o expiraci\u00f3n. <\/p>\n
Los productos usados en los que haya expirado el t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal podr\u00e1n ser vendidos sin garant\u00eda, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entender\u00e1 que el producto tiene garant\u00eda de tres (3) meses. <\/p>\n
La prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega del bien para la reparaci\u00f3n del mismo podr\u00e1 ser prestada sin garant\u00eda, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entender\u00e1 que el servicio tiene garant\u00eda de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicit\u00f3 el servicio. <\/p>\n
Para los bienes inmuebles la garant\u00eda legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) a\u00f1os, y para los acabados de un (1) a\u00f1o. (Art. 8\u00ba; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
3. Esa somera excursi\u00f3n por las normas de la Ley 1480 de 2011 referentes a la garant\u00eda legal dejan en claro que esta, en consonancia con los comentados lineamientos generales del estatuto, fue establecida, de un lado, en favor de \u00ablos consumidores\u00bb y, de otro, a cargo de los productores y\/o proveedores respectivos, como expl\u00edcitamente lo establece su art\u00edculo 10\u00ba y, de forma expresa o impl\u00edcita, lo se\u00f1alan, o lo dan a entender, los dem\u00e1s preceptos atr\u00e1s invocados. <\/p>\n
V. La reglamentaci\u00f3n de la garant\u00eda legal. Decreto 735 de 2013 (recogido luego en el Decreto 1074 de 2015). <\/p>\n
1. En acatamiento del par\u00e1grafo del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011, que orden\u00f3 al Gobierno Nacional \u00abreglamentar la forma de operar la garant\u00eda legal\u00bb, fue expedido el Decreto 735 de 2013. <\/p>\n
2. Tras dejar precisado que mediante \u00e9l \u00abse establecen las reglas para hacer efectiva la garant\u00eda legal y las suplementarias a esta\u00bb (art. 1\u00ba), en el Cap\u00edtulo II, denominado \u00abSolicitud, procedimiento, cumplimiento y plazo para la efectividad de la garant\u00eda legal\u00bb, fue regulada la formulaci\u00f3n de la respectiva petici\u00f3n, que corresponde \u00abal consumidor\u00bb, quien al elaborarla est\u00e1 en el deber de \u00abinformar el da\u00f1o que tiene el producto\u00bb, \u00abponerlo a disposici\u00f3n del expendedor\u00bb e \u00abinformar la fecha de la compra o de la celebraci\u00f3n del contrato correspondiente\u00bb (art. 2\u00ba); en su par\u00e1grafo se previ\u00f3 que, para el ejercicio de \u00abla acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, \u00e9ste \u00abdeber\u00e1 haber surtido previamente la reclamaci\u00f3n directa prevista en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011\u00bb (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
4. Seguidamente fueron reglamentadas las diferentes formas de hacer efectiva la garant\u00eda, esto es, la \u00abreparaci\u00f3n\u00bb, que debe ser \u00abtotalmente gratuita\u00bb (arts. 3\u00ba, par\u00e1grafo, y 8\u00ba), la \u00ab[i]mposibilidad de reparaci\u00f3n o repetici\u00f3n de la falla\u00bb (art. 4\u00ba), la \u00ab[i]mposibilidad de reposici\u00f3n o cambio del bien\u00bb (art. 5\u00ba y 9\u00ba) y la \u00ab[d]evoluci\u00f3n del dinero\u00bb (arts. 6\u00ba y 10\u00ba). <\/p>\n
5. En el Cap\u00edtulo III, referente a las \u00abParticularidades de la garant\u00eda para ciertos bienes\u00bb, se trat\u00f3 sobre la garant\u00eda de \u00abdisponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada\u00bb (art. 11), \u00abbienes usados\u00bb (art. 12), de \u00abbienes inmuebles\u00bb (art. 13) y de \u00abbienes de \u00fanico uso o desechables\u00bb (art. 15). <\/p>\n
6. En relaci\u00f3n con los pen\u00faltimos (inmuebles), se dispuso: <\/p>\n
6.1. Delanteramente: <\/p>\n
Art\u00edculo 13. En el caso de bienes inmuebles, para solicitar la efectividad de la garant\u00eda legal sobre acabados, l\u00edneas vitales del inmueble (infraestructura b\u00e1sica de redes, tuber\u00edas o elementos conectados o continuos, que permiten la movilizaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua y combustible) y la afectaci\u00f3n de la estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el consumidor informar\u00e1 por escrito dentro del t\u00e9rmino legal de la garant\u00eda, al productor o expendedor del inmueble el defecto presentado. <\/p>\n
El productor o expendedor, entregar\u00e1 una constancia de recibo de la reclamaci\u00f3n y realizar\u00e1, dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, una visita de verificaci\u00f3n al inmueble para constatar el objeto de reclamo. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00ba. Cuando la solicitud de la garant\u00eda legal sea sobre acabados y las l\u00edneas vitales, el productor o expendedor deber\u00e1 responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la visita de verificaci\u00f3n del objeto del reclamo. Este t\u00e9rmino podr\u00e1 prorrogarse por un per\u00edodo igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo as\u00ed lo requiera, situaci\u00f3n que deber\u00e1 ser informada por escrito al consumidor. <\/p>\n
A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expendedor reparar\u00e1 el acabado o l\u00ednea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la respuesta. <\/p>\n
Si una vez reparado el acabado o la l\u00ednea vital, se repite la falla, el consumidor, a su elecci\u00f3n, podr\u00e1 solicitar reparaci\u00f3n, la reposici\u00f3n del acabado o la l\u00ednea vital afectado o la entrega de una suma equivalente al acabado o l\u00ednea vital afectados. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00ba. Frente a la reclamaci\u00f3n por la afectaci\u00f3n de la estabilidad de la estructura del inmueble, el productor o expendedor deber\u00e1 responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la realizaci\u00f3n de la visita de verificaci\u00f3n se\u00f1alada en el presente art\u00edculo. Este t\u00e9rmino podr\u00e1 ser prorrogado por un per\u00edodo igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo as\u00ed lo requiera. En todo caso, deber\u00e1 ser informado por escrito al consumidor. <\/p>\n
A partir de la fecha de la respuesta positiva al consumidor y dentro del plazo que se\u00f1alen los estudios t\u00e9cnicos que definan la soluci\u00f3n a implementar, el productor o expendedor reparar\u00e1 el inmueble, restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas conforme a las normas de sismorresistencia vigentes con que fue dise\u00f1ado. <\/p>\n
De no ser posible la reparaci\u00f3n del inmueble ni restituir las condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien proceder\u00e1 a la devoluci\u00f3n del valor total recibido como precio del bien. Para tal efecto, y en caso de existir cr\u00e9dito financiero, reintegrar\u00e1 al consumidor tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial as\u00ed como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de cr\u00e9dito a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con base en la variaci\u00f3n del IPC. As\u00ed mismo, deber\u00e1 cancelar a la entidad financiera, el saldo total pendiente del cr\u00e9dito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devoluci\u00f3n del dinero al consumidor y a la entidad financiera, se producir\u00e1 la entrega materia y transferencia del derecho de dominio del inmueble al productor o expendedor. <\/p>\n
En caso de no existir cr\u00e9dito financiero, el productor o expendedor deber\u00e1 reintegrar el valor total cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la variaci\u00f3n del IPC. <\/p>\n
La devoluci\u00f3n de dinero se har\u00e1 dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que el productor o expendedor y el consumidor suscriban la escritura p\u00fablica de transferencia de la propiedad del inmueble a la persona indicada por el productor o expendedor y siempre que se hubiese procedido con el registro de la correspondiente escritura. Los gastos de la escritura p\u00fablica y registro correr\u00e1n por cuenta del productor o expendedor. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 3\u00ba. Para los bienes inmuebles, el t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal de los acabados y l\u00edneas vitales ser\u00e1 de un (1) a\u00f1o y el de estabilidad de la obra diez (10) a\u00f1os, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1480 de 2011 (subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
6.2. Adicionalmente se previ\u00f3: <\/p>\n
Art\u00edculo 14. Garant\u00eda legal de bienes comunes de propiedades horizontales. En los bienes inmuebles sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, la garant\u00eda legal sobre los bienes comunes deber\u00e1 ser solicitada por el administrador designado en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 50 de la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen o adicionan. <\/p>\n
El procedimiento y t\u00e9rminos para hacer efectiva la garant\u00eda legal de estos bienes, ser\u00e1 el establecido en el art\u00edculo 13 del presente decreto, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
7. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 26 de mayo de 2015, expidi\u00f3 el \u00abDecreto \u00danico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Comercio\u00bb, con el objetivo \u00abde compilar y racionalizar las normas de car\u00e1cter reglamentario que rigen en el sector\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el Cap\u00edtulo 32, \u00abEFECTIVIDAD DE LA GARANT\u00cdA\u00bb, se reprodujeron las normas del Decreto 735 de 2013, incluidas las correspondientes a las \u00abPARTICULARIDADES DE LA GARANT\u00cdA PARA CIERTOS BIENES\u00bb, Secci\u00f3n 3, entre ellas, el art\u00edculo 14 atr\u00e1s transcrito, que, con id\u00e9ntico tenor, qued\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
El procedimiento y t\u00e9rminos para hacer efectiva la garant\u00eda legal de estos bienes, ser\u00e1 el establecido en el art\u00edculo 2.2.2.32.3.3 del presente Decreto, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
VI. Conclusiones. <\/p>\n
A la luz de las previsiones del art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de las normas generales de la Ley 1480 de 2011, de las especiales que dicho estatuto contempla en relaci\u00f3n con la garant\u00eda legal y de los preceptos reglamentarios de la premencionada figura, consagrados en el Decreto 735 de 2013, luego reproducidos en el Decreto 1074 de 2015, particularmente, los tocantes con los bienes inmuebles, se colige: <\/p>\n
1. Tanto el derecho del consumo, como todos los mecanismos que \u00e9l contempla, tienen como sujeto de la protecci\u00f3n dispensada al \u00abconsumidor\u00bb, noci\u00f3n dentro de la cual est\u00e1 comprendida la de \u00abusuario\u00bb. <\/p>\n
2. Por consiguiente, son ellos -los \u00abconsumidores\u00bb-, de un lado, los beneficiarios de ese sistema tuitivo y, de otro, los titulares de las acciones que \u00e9l desarrolla. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en cuanto hace a la garant\u00eda legal, la persona natural o jur\u00eddica que, en la correspondiente relaci\u00f3n de consumo, ostente la indicada condici\u00f3n, se repite, la de \u00abconsumidor\u00bb, es quien puede hacerla efectiva. <\/p>\n
4. Ahora bien, trat\u00e1ndose de la reclamaci\u00f3n directa de la garant\u00eda legal en relaci\u00f3n con un bien inmueble, o de la correspondiente acci\u00f3n jurisdiccional, ni la Ley 1480 de 2011, ni las normas generales del Decreto 735 de 2013, incluidas las concernientes sobre esta clase de bienes, contemplan variantes respecto de los titulares de tales prerrogativas, o de las medidas de protecci\u00f3n adoptables, seg\u00fan que el componente defectuoso sobre el que verse la solicitud pertenezca a una unidad de propiedad particular o corresponda a uno de uso com\u00fan, pues en todos los casos una y otra normatividad facultan siempre al \u00abconsumidor\u00bb e imponen al proveedor o expendedor el deber de efectuar la reparaci\u00f3n, el cambio o la devoluci\u00f3n del dinero, seg\u00fan fuere el caso, sin contemplar distingos de ninguna clase. <\/p>\n
VII. La genuina interpretaci\u00f3n y sentido del art\u00edculo 14 del Decreto 735 de 2013, actualmente, art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015. <\/p>\n
1. Dicho est\u00e1 y ahora se ratifica con contundencia, que el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n ordenado por el art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que fue desarrollado por la Ley 1480 de 2011, propende por la defensa de los \u00abconsumidores\u00bb, noci\u00f3n que comprende a los \u00abusuarios\u00bb, en tanto son el extremo d\u00e9bil en las \u00abrelaciones de consumo\u00bb que sostienen con productores o proveedores para la consecuci\u00f3n de bienes o servicios, en procura de la satisfacci\u00f3n de necesidades propias. <\/p>\n
De suyo, entonces, las personas naturales o jur\u00eddicas que contratan la adquisici\u00f3n de un bien o la prestaci\u00f3n de un servicio, como destinatarias finales, son las titulares de las acciones que el ordenamiento jur\u00eddico ide\u00f3 con el fin de corregir el acentuado desequilibrio econ\u00f3mico que esos nexos suponen para aqu\u00e9llas. <\/p>\n
2. Conforme el art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00ab[c]orresponde al Presidente de la Rep\u00fablica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (\u2026) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici\u00f3n de los decretos, resoluciones y \u00f3rdenes necesarios para la cumplida ejecuci\u00f3n de las leyes\u00bb. <\/p>\n
Tal potestad no es absoluta sino que, por el contrario, \u00abest\u00e1 sujeta a ciertos l\u00edmites, que no son otros que la Constituci\u00f3n y la ley misma, ya que no puede en este \u00faltimo evento ampliar, restringir o modificar su contenido\u00bb, lo que significa, en otros t\u00e9rminos, que \u00ablas normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecuci\u00f3n de ella\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia C-302 de 5 de mayo de 1999). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como en efecto lo es, propio es pensar que todo decreto reglamentario vigente, esto es, mientras no sea declarado inconstitucional, se presume legal y, por ende, ajustado a la ley que reglamenta, entendimiento que se erige en un criterio de gran val\u00eda, cuando de la interpretaci\u00f3n de sus normas se trata. <\/p>\n
En tal orden de ideas, cuando el art\u00edculo 14 del precitado decreto estableci\u00f3 que, \u00ab[e]n los bienes inmuebles sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, la garant\u00eda legal de los bienes comunes deber\u00e1 ser solicitada por el administrador designado en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 675 de 2001 o las normas que la modifiquen o adicionen\u00bb (subrayas fuera del texto), no contravino en nada la regla general de que el ejercicio de esa potestad pertenece a \u00ablos consumidores\u00bb; y que, por lo mismo, la atribuci\u00f3n que all\u00ed hizo, guarda conformidad con ella. <\/p>\n
Para arribar a esa comprensi\u00f3n debe tenerse muy en cuenta, en primer lugar, que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 de la Ley 675 de 2001, \u00ab[l]a propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jur\u00eddica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular\u00bb, la cual tiene por objeto \u00abadministrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de inter\u00e9s com\u00fan de los propietarios de bienes privados y cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal\u00bb (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que seg\u00fan el art\u00edculo 50 del mismo estatuto, \u00ab[l]a representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica y la administraci\u00f3n del edificio o conjunto corresponder\u00e1n a un administrador designado por la asamblea general de propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo aquellos casos en los exista consejo de administraci\u00f3n, donde ser\u00e1 elegido por dicho \u00f3rgano, para el per\u00edodo que se prevea en el reglamento de copropiedad. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona jur\u00eddica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias\u00bb (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Y, finalmente, que \u00ab[l]os bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservaci\u00f3n, seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en com\u00fan y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles y, mientras conserven su car\u00e1cter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada a los bienes privados, no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquellos\u00bb (art. 19, ib.; subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Significa lo anterior que el precepto objeto del presente an\u00e1lisis, pese a referirse al \u00abadministrador\u00bb de la propiedad horizontal, en verdad asign\u00f3 la potestad de hacer efectiva la garant\u00eda legal, cuando versa sobre sus bienes comunes, a dicha persona jur\u00eddica; y que al as\u00ed facultarla, tuvo muy en cuenta que ella est\u00e1 \u00abconformada por los propietarios de los bienes de dominio particular\u00bb, que le corresponde \u00abmanejar los asuntos de inter\u00e9s com\u00fan\u00bb de tales propietarios y, adicionalmente, que a \u00e9stos les \u00abpertenecen en com\u00fan y proindiviso\u00bb esos bienes. <\/p>\n
Es que, si los integrantes de la propiedad horizontal son los propietarios de las unidades de dominio particular, esto es, sus adquirentes, originarios o derivados, propio es colegir que ellos, desde la perspectiva de las \u00abrelaciones de consumo\u00bb mediante las cuales se hicieron a esos bienes, corresponden a los \u00abconsumidores\u00bb. <\/p>\n
4. De lo precedentemente expuesto se sigue que el art\u00edculo 14 de Decreto 735 de 2013, sin desvirtuar que la efectividad de la garant\u00eda legal siempre compete a los \u00abconsumidores\u00bb en las respectivas \u00abrelaciones de consumo\u00bb, lo que hizo fue, en el caso de que el da\u00f1o recaiga sobre un bien com\u00fan de una propiedad horizontal, habilitar que ellos, se reitera, los \u00abconsumidores\u00bb, en el indicado supuesto, los propietarios de los bienes particulares, puedan actuar en grupo, a trav\u00e9s de dicha persona jur\u00eddica, de la cual todos forman parte. <\/p>\n
5. En definitiva, se colige que ninguna de las normas del Decreto 735 de 2013 alter\u00f3, en lo m\u00e1s m\u00ednimo, que quien o quienes tengan la condici\u00f3n de \u00abconsumidores\u00bb en las \u00abrelaciones de consumo\u00bb de adquisici\u00f3n de las unidades de dominio privado conformantes de una propiedad horizontal, est\u00e1n facultados para hacer efectiva la garant\u00eda legal tanto en relaci\u00f3n con los bienes particulares, como respecto de los comunes, pues al fin de cuentas, como ya se analiz\u00f3, mediante tales adquisiciones, ellos se hicieron titulares de unos y otros bienes, de los segundos en com\u00fan y proindiviso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cualquier propietario de una unidad privada, individualmente, puede hacer uso de esa potestad, claro est\u00e1, con arreglo al estatuto de los consumidores. <\/p>\n
Adicionalmente, sin perjuicio de lo anterior, cuando el da\u00f1o afecta un bien com\u00fan, los copropietarios integrantes de la propiedad horizontal, en consideraci\u00f3n al mandato del art\u00edculo 14 del Decreto 735 de 2013, pueden actuar en grupo a trav\u00e9s de dicha persona jur\u00eddica, de la que forman parte, la cual, como es l\u00f3gico entenderlo, estar\u00e1 representada por el administrador designado con sujeci\u00f3n a la ley. <\/p>\n
VIII. El caso concreto. <\/p>\n
1. Fluye de lo expuesto el manifiesto error jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el Tribunal al concluir que, \u00abde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015 la reclamaci\u00f3n por fallas o deficiencias constructivas en las zonas comunes en propiedades horizontales (\u2026) recae en cabeza del administrador designado en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 50 de la ley 675 de 2001, aunque se ha dicho que la puede elevar tambi\u00e9n el definitivo o el encargado\u00bb, argumento en el que cifr\u00f3 la confirmaci\u00f3n del fallo desestimatorio de primer grado por falta de legitimaci\u00f3n de los actores. <\/p>\n
Es que, como ya se vio, el correcto entendimiento de esa norma, por una parte, no permite pensar que quit\u00f3 a quienes tienen la condici\u00f3n de \u00abconsumidores\u00bb en las \u00abrelaciones de consumo\u00bb mediante las cuales se adquirieron las unidades particulares de una propiedad horizontal, la facultad de reclamar la garant\u00eda legal en relaci\u00f3n con tales unidades y\/o con los bienes comunes, pues comprenderlo as\u00ed traducir\u00eda admitir que el precepto reglamentario redujo el campo de aplicaci\u00f3n fijado por la Ley 1480 de 2011, lo que desde la \u00f3ptica constitucional no es posible. <\/p>\n
Y, por otra, que consiguientemente la disposici\u00f3n legal en comento, sobre la base de que, como acaba de decirse, son los \u00abconsumidores\u00bb en las referidas relaciones de consumo quienes pueden hacer efectiva la se\u00f1alada prerrogativa legal, los facult\u00f3 para actuar en grupo, representados por la propiedad horizontal, como persona jur\u00eddica, en tanto que est\u00e1 conformada por todos los copropietarios de las unidades individuales, originarios y derivados, quienes a la vez son los propietarios, en com\u00fan y proindiviso, de los bienes comunes. <\/p>\n
2. Mal pod\u00eda colegirse, entonces, como con total desacierto lo infiri\u00f3 el Tribunal, que solamente el administrador de la propiedad horizontal est\u00e1 facultado para reclamar directa y\/o judicialmente la garant\u00eda legal cuando el da\u00f1o afecta sus bienes comunes, pues como a lo largo de este fallo se estableci\u00f3 y en precedencia se puntualiz\u00f3, la Ley 1480 de 2011 confiri\u00f3 esa potestad a los \u00abconsumidores\u00bb en las correspondientes relaciones de consumo, quienes pueden actuar individualmente o en forma colectiva, a trav\u00e9s de la propiedad horizontal. <\/p>\n
3. Dicho error del fallador ad quem resulta, adem\u00e1s, trascendente, toda vez que esa conclusi\u00f3n jur\u00eddica fue determinante para que concluyera la falta de legitimaci\u00f3n activa de los demandantes, en tanto que ninguno de ellos es el administrador de la propiedad horizontal Acqua Power Center, ni ostenta su representaci\u00f3n legal, condiciones que no pod\u00eda exig\u00edrseles para admitir que s\u00ed estaban facultados para accionar en la forma como lo hicieron. <\/p>\n
4. As\u00ed cosas, habr\u00e1 de casarse el fallo recurrido extraordinariamente. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Procede la Sala al proferimiento del prove\u00eddo reemplazante del emitido por el Tribunal, para lo cual, por ser suficientes, tiene por reproducidos los \u00abANTECEDENTES\u00bb que se dejaron se\u00f1alados en desarrollo de la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
EL FALLO DEL A QUO <\/p>\n
En audiencia practicada el 3 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en el numeral 3\u00ba del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, dict\u00f3 sentencia anticipada por aparecer comprobada la falta de \u00ablegitimaci\u00f3n activa\u00bb y, con ese fin, tras afirmar que \u00ablos presupuestos procesales se encuentran reunidos\u00bb, esgrimi\u00f3 los fundamentos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
1. Trajo a colaci\u00f3n que la fijaci\u00f3n del litigio \u00abfue sumamente clara\u00bb y que todos los intervinientes estuvieron de acuerdo, en que el objeto de la controversia vers\u00f3 sobre \u00abla calidad e idoneidad de las zonas comunes\u00bb, toda vez que la totalidad de las pretensiones incoadas se refirieron a ellas y ninguna trat\u00f3 sobre \u00ablas oficinas (\u2026) de las cuales (\u2026) son propietarios\u00bb los actores. <\/p>\n
2. Con tal base, pas\u00f3 a \u00abestudiar primero la legitimaci\u00f3n\u00bb, que defini\u00f3 con ayuda de la jurisprudencia, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual observ\u00f3 que la \u00abactiva supone que la persona que ejerce la acci\u00f3n ostente efectivamente la calidad de titular de la relaci\u00f3n jur\u00eddica material en la que se fundamenta la pretensi\u00f3n\u00bb, de modo que \u00absi el sujeto que presenta la demanda no es aqu\u00e9l al que la ley otorga la tutela jur\u00eddica para la respectiva solicitud, el resultado no puede ser uno diferente al de una sentencia desfavorable, por haberse incoado la demanda por quien, de acuerdo con el ordenamiento, no se encuentra habilitado para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
3. Descendi\u00f3 al caso llevado a su conocimiento y observ\u00f3 que \u00abalgunos propietarios\u00bb de unidades individuales pertenecientes a la propiedad horizontal denominada Acqua Power Center, \u00abmanifestaron o demandaron por una reparaci\u00f3n y una entrega de las zonas comunes\u00bb. Regl\u00f3n seguido asever\u00f3 que, \u00ab[s]in embargo, trat\u00e1ndose de una propiedad horizontal, el sujeto habilitado para elevar las pretensiones e[ra] la persona jur\u00eddica\u00bb y no los accionantes. <\/p>\n
Adelante, previa invocaci\u00f3n de los art\u00edculos 32 y 50 de la Ley 675 de 2001, as\u00ed como del canon 53 del C\u00f3digo General del Proceso, explic\u00f3 que, \u00aben este caso, los propietarios, individualmente considerados, no son los llamados a elevar las pretensiones\u00bb, por cuanto \u00abes el administrador quien tiene la representaci\u00f3n de esta propiedad horizontal\u00bb; y que, acreditada como est\u00e1, la existencia de la mencionada propiedad horizontal, esta era la que ten\u00eda \u00ablegitimaci\u00f3n para demandar\u00bb, sin que figure \u00abinvolucrada dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego de reafirmar el hecho anterior y la designaci\u00f3n de un administrador para representar a dicha persona jur\u00eddica, el juzgador a quo insisti\u00f3 en que era \u00abla administraci\u00f3n de la copropiedad la llamada a incoar las pretensiones\u00bb y agreg\u00f3 que las circunstancias particulares por virtud de las cuales quienes se han desempe\u00f1ado como tal, valga decir, como administradores de la propiedad horizontal, no hayan promovido el proceso, no invalidan tal aserto. <\/p>\n
4. Tras reconocer que los gestores de la controversia son propietarios de las unidades particulares que adquirieron, coligi\u00f3, en definitiva, que ellos \u00abcarecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, (\u2026), pues como qued\u00f3 expuesto, le correspond\u00eda a la administraci\u00f3n de la copropiedad iniciar la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA APELACI\u00d3N <\/p>\n
Inconformes, los actores apelaron el fallo de primera instancia. <\/p>\n
1. Al proponer el recurso, reprocharon: <\/p>\n
1.1. Como \u00abCONSIDERACI\u00d3N PREVIA\u00bb, que dicho prove\u00eddo se finc\u00f3 en la aplicaci\u00f3n exeg\u00e9tica del art\u00edculo 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015, compilador, entre otras normas, de las del Decreto 735 de 2013, reglamentario de la Ley 1480 de 2011, y que, como consecuencia, desconoci\u00f3 que esta \u00faltima, en los art\u00edculos 3\u00ba numerales 1.5. y 1.6., 4\u00ba, 5\u00ba numeral 3\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba y 58, numeral 5\u00ba literal f), concedi\u00f3 \u00abal consumidor el derecho a reclamar directamente ante el proveedor\u00bb la garant\u00eda legal, as\u00ed como el derecho de \u00abacudir ante la justicia\u00bb con igual fin, por lo que el argumento del estrado judicial a quo es inaceptable. <\/p>\n
1.2. En ac\u00e1pite separado, precisaron que la alzada se funda en la desatenci\u00f3n de la \u00ab[s]olicitud de aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb, en la \u00abPRIMAC\u00cdA DE LA CONSTITUCI\u00d3N Y LA LEY SOBRE EL DECRETO 735 DE 2013\u00bb y en que a\u00fan no ha corrido el \u00abT\u00c9RMINO DE LA GARANT\u00cdA\u00bb, toda vez que no se ha hecho entrega de los bienes comunes pertenecientes a la propiedad horizontal Acqua Power Center. <\/p>\n
2. Al sustentar la apelaci\u00f3n, repitieron tales planteamientos y sobre el segundo en precedencia mencionado, expusieron: <\/p>\n
2.1. A voces del art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las normas jer\u00e1rquicamente superiores prevalecen sobre las inferiores y, en caso de incompatibilidad entre unas y otras, deben aplicarse aqu\u00e9llas. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, los preceptos de la Ley 1480 de 2011 son preferentes frente a los del Decreto 1074 de 2015, toda vez que \u00abla potestad reglamentaria no puede exceder la potestad legislativa propia del Congreso para establecer requisitos (\u2026) como es poder hacer efectiva una reclamaci\u00f3n directa ante un [c]onstructor o [p]roductor, puesto que es un derecho esencial del Estatuto del Consumidor, que no puede ser denegado por un requisito o procedimiento formal\u00bb. <\/p>\n
2.3. La aplicaci\u00f3n que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo de la norma reglamentaria, lleva a \u00abdesconocer los principios generales de la Ley 1480 de 2011\u00bb, como su finalidad que es \u00abpropender por la efectividad de los derechos de los consumidores\u00bb, su \u00ablibre ejercicio\u00bb, el \u00abrespeto a la dignidad\u00bb de aqu\u00e9llos y la defensa de sus \u00abintereses econ\u00f3micos\u00bb, los cuales se ver\u00edan desdibujados \u00abpor un requisito reglamentario que en algunos casos es imposible de cumplir puesto [que] queda al arbitrio de la Administraci\u00f3n interponer la reclamaci\u00f3n o no hacerlo[,] como sucedi\u00f3 en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es claro que el juzgador a quo, pese a que no invoc\u00f3 expresamente el art\u00edculo 14 del Decreto 735 de 2013, ni el 2.2.2.32.3.4. del Decreto 1074 de 2015, infiri\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de los actores con base en dichas normas, que como se estableci\u00f3 son del mismo tenor, toda vez que entendi\u00f3 que ellas asignaron a la propiedad horizontal, como persona jur\u00eddica, representada por el correspondiente administrador, la facultad de reclamar la garant\u00eda legal cuando el da\u00f1o afecta sus bienes comunes. <\/p>\n
2. De all\u00ed se sigue que dicho sentenciador incurri\u00f3 en un yerro jur\u00eddico similar al cometido por el Tribunal, puesto que, como resultado de la facultad contemplada en los indicados preceptos, coligi\u00f3 que \u00fanicamente la propiedad horizontal es quien puede, de un lado, solicitar la garant\u00eda legal directamente ante el productor o expendedor y, de otro, emprender la acci\u00f3n judicial con id\u00e9ntico fin. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se impone reiterar los argumentos aducidos por la Corte para reconocer prosperidad al cargo primero propuesto en casaci\u00f3n, fundamentalmente, que conforme las normas generales de la Ley 1480 de 2011 y del Decreto 735 de 2013, las especiales que uno y otro ordenamiento consagran sobre la garant\u00eda legal y el art\u00edculo 13 del \u00faltimo, concerniente con su efectividad en relaci\u00f3n con los bienes inmuebles, los titulares de esa prerrogativa son quienes tienen la condici\u00f3n de \u00abconsumidores\u00bb en las \u00abrelaciones de consumo\u00bb mediante las cuales se adquirieron las unidades particulares conformantes del edificio o conjunto sometido al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, sea que la reclamaci\u00f3n verse sobre tales unidades de dominio privado o sobre los bienes comunes. <\/p>\n
Y que ellos, los \u00abconsumidores\u00bb, pueden actuar individualmente, en su condici\u00f3n de tales, o en grupo, representados por la persona jur\u00eddica que surge de la aplicaci\u00f3n de indicado r\u00e9gimen, toda vez que est\u00e1 integrada por los adquirentes originarios y\/o derivados de las unidades individuales, quienes desde la perspectiva del derecho del consumo corresponden a aqu\u00e9llos, am\u00e9n de que, adicionalmente, son los propietarios, en com\u00fan y proindiviso, de los referidos bienes colectivos. <\/p>\n
4. Se extracta de lo anterior, que los gestores de este proceso no tengan la representaci\u00f3n legal, como en efecto no la tienen, de la propiedad horizontal Acqua Power Center, no traduce que carezcan de legitimaci\u00f3n activa, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a declarar esta deficiencia, pronunciamiento que, por ende, habr\u00e1 de revocarse. <\/p>\n
5. Ahora bien, como la sentencia apelada se dict\u00f3 en forma anticipada, con fundamento en el numeral 3\u00ba del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00fanico efecto de la revocatoria anunciada ser\u00e1 ordenar que el proceso contin\u00fae en legal forma. <\/p>\n
La Sala, precisamente, en frente de un pronunciamiento de similar car\u00e1cter, observ\u00f3: \u00abPor lo anterior, ante la ausencia de pruebas que permitan dictar la sentencia sustitutiva, habida cuenta que en este asunto es menester dilucidar aspectos \u00edntimamente ligados a la controversia, se revocar\u00e1 la sentencia anticipada dictada en primera instancia, para en su lugar disponer la continuaci\u00f3n del proceso\u00bb (CSJ, SC 592 de 25 may. 2022, rad. n.\u00b0 2017-00482-01). <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 7 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso verbal plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo y, actuando en sede de segunda instancia, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia anticipada del juzgado a quo, proferida en este mismo asunto el 3 de junio de 2021. <\/p>\n
Segundo: Ordenar que el proceso contin\u00fae conforme los lineamientos legales correspondientes. <\/p>\n
Tercero: Sin costas en segunda instancia y en casaci\u00f3n, por la prosperidad de la apelaci\u00f3n y del recurso extraordinario. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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SC395-2023 (2019-51790-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC395-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2019-51790-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Camilo Ernesto Ossa Bocanegra, \u00c1ngela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77965"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77965\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}