SC396-2023 (2018-00345-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC396-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-002-2018-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, adicionada el 5 de noviembre siguiente, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que Fidel Jos\u00e9, Germ\u00e1n Fidel y Camilo Rafael Torres Navarro promovieron, en representaci\u00f3n de las sucesiones de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, contra Martha Sof\u00eda Porto Infante, Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres, Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., Leonor del Rosario e Ignacio Torres Navarro. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La organizaci\u00f3n de la demanda y su reforma indican que, en compendio, los accionantes solicitaron declarar relativamente simulados los siguientes contratos de compraventa: <\/p>\n
1.1. El contenido en la escritura p\u00fablica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, suscrito por Doris Navarro de Torres, como vendedora, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora, que tuvo por objeto las cuotas partes equivalentes al 75% del inmueble ubicado en la carrera 4 n.\u00b0 7 – 196 de Cartagena y al 50% del apartamento 101 de la calle 8 n.\u00b0 4 – 32 de Cartagena, identificados con las matr\u00edculas 060-31671 y 060-267326, respectivamente, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
1.2. El plasmado en la escritura p\u00fablica 6377 de 29 de noviembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1, signado por Fidel Torres Mantilla, como vendedor representado por Rafael Torres Navarro en condici\u00f3n de apoderado general, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, que tuvo por objeto el inmueble ubicado en la calle 5 A n.\u00b0 12 -81\/87 de Cartagena e identificado con matr\u00edcula 060-29471 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos1. <\/p>\n
1.3. El protocolizado en la escritura p\u00fablica 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, celebrado por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, y Leonor Torres de L\u00f3pez, como compradora, que tuvo por objeto una porci\u00f3n del bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-29471 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y dio lugar al identificado con la matr\u00edcula 060-38686. <\/p>\n
1.4. El forjado en la escritura p\u00fablica 95 de \u00ab15\u00bb de enero de \u00ab1985\u00bb2 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, ajustado por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, y Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro, como comprador, que tuvo por objeto el bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-52691 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
1.5. El concretado en la escritura p\u00fablica 5631 de 30 de diciembre de \u00ab1988\u00bb3 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, concretado por Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro, como vendedor representado por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, y Leonor del Rosario Torres Navarro, como compradora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, que tuvo por objeto el bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-52691 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
1.6. El materializado en la escritura p\u00fablica 94 de 25 de enero de \u00ab1985\u00bb4 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, suscrito por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, e Ignacio Torres Navarro, como comprador, que tuvo por objeto el bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-52686 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
1.7. El comprendido en la escritura p\u00fablica 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, firmado por Ignacio Torres Navarro, como vendedor, y Leonor del Rosario Torres Navarro, como compradora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, que tuvo por objeto el bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-52686 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
1.8. El formalizado con la escritura p\u00fablica 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, suscrito por Leonor del Rosario Torres Navarro, como vendedora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora, que tuvo por objeto el bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula 060-52686 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena. <\/p>\n
2. Consecuentemente deprecaron ordenar la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de tales actos y que los bienes ingresen al patrimonio de \u00abFidel Torres Mantilla (\u2026) y Doris Navarro de Torres (\u2026), para que entren a formar parte de su acervo hereditario y sean repartidos a los hijos de la familia Torres Navarro conforme ordena la ley\u00bb. <\/p>\n
3. De forma subsidiaria pidieron declarar la nulidad de los acuerdos de voluntades descritos, \u00abpor carencia de los elementos esenciales de consentimiento, causa y precio, entre otros\u00bb; o, en defecto de todo lo anterior, disponer \u00abla resoluci\u00f3n (\u2026) por incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
4. Tales pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico el que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
4.1. Del matrimonio contra\u00eddo por Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres nacieron Leonor del Rosario, Ignacio, Fidel Jos\u00e9, Germ\u00e1n Fidel y Camilo Rafael Torres Navarro; y los progenitores fallecieron, \u00e9l a finales del a\u00f1o 1979 y ella el 6 de octubre de 2018. <\/p>\n
4.2. Ad portas del fallecimiento de Fidel Torres Mantilla y con los prop\u00f3sitos de garantizar la calidad de vida de Doris Navarro de Torres, salvaguardar el patrimonio familiar y realizar la distribuci\u00f3n equitativa entre los herederos -una vez fallecidos ambos progenitores-, la familia decidi\u00f3 constituir la firma Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., lo cual cumplieron a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 4782 de 25 de septiembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1. Pero ante la ausencia f\u00edsica y temporal de varios integrantes \u00fanicamente fungieron como socios Doris Navarro de Torres, a t\u00edtulo de gestora, y Camilo Rafael y Leonor del Rosario Torres Navarro, como socios comanditarios. <\/p>\n
4.3. En esa \u00e9poca a Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. le fue transferido el predio denominado Casa en Castillogrande, identificado con la matr\u00edcula 060-0029471, de propiedad de Fidel Torres Mantilla; pero a\u00f1os despu\u00e9s, ocult\u00e1ndolo a Camilo Rafael Torres Navarro, inducida por su hijo Ignacio y sin la aquiescencia de los \u00f3rganos sociales de direcci\u00f3n de la empresa, Doris Navarro de Torres constituy\u00f3 propiedad horizontal sobre el fundo, con escritura p\u00fablica 1834 de 3 de octubre de 1983 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, dando lugar a la apertura de los folios de matr\u00edcula 060-52691 y 060-52686, para los apartamentos 101 y 201, en su orden5. <\/p>\n
4.4. En 1986, los hermanos Ignacio y Camilo Rafael acordaron que este traspasar\u00eda a aquel las cuotas de inter\u00e9s en la compa\u00f1\u00eda, habida cuenta que el primero fij\u00f3 su domicilio en Cartagena, lugar de ubicaci\u00f3n de los predios, al paso que el segundo estaba domiciliado en Bogot\u00e1; y porque no importaba quien figurara como socio ni quien administrara la empresa, al ser de naturaleza familiar. <\/p>\n
4.5. Sin embargo, de forma inconsulta, mediante escritura p\u00fablica 536 de 14 de febrero de 2007 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, Leonor del Rosario e Ignacio Torres Navarro cedieron el 90% de las cuotas de inter\u00e9s de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. a Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres -hija de la primera-, e Ignacio reemplaz\u00f3 a Doris Navarro de Torres como socia gestora, quien fue excluida de la sociedad tras dimitir con consentimiento viciado -afirman los promotores-. <\/p>\n
Asimismo, el 21 de agosto de 2017, Leonor del Rosario Torres Navarro y Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres cedieron la totalidad de las cuotas de inter\u00e9s de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., de las que ellas eran las \u00fanicas titulares, a Sof\u00eda Torres Porto, hija de Ignacio Torres Navarro. <\/p>\n
Todos estos actos carecieron de transferencias monetarias, registros contables, citaciones a la junta de socios, celebraci\u00f3n de asambleas y, por ende, actas de estas. <\/p>\n
4.6. De nuevo inconsultamente para con todos sus hermanos, utilizando el mismo modus operandi descrito y transgrediendo el objeto social de la empresa, Ignacio Torres Navarro realiz\u00f3 los negocios irregulares y simulados impugnados a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n judicial, sobre los 5 inmuebles adquiridos por los esposos Torres Navarro (identificados con los folios de matr\u00edcula 060-52691, 060-52686, 060-38686, 060-31671 y 060-2673267), pues los compradores no pagaron el precio y realmente se intentaron ocultar donaciones, sin insinuaci\u00f3n e incluso sin el pago de impuestos, vulnerando la vocaci\u00f3n hereditaria de los demandantes. <\/p>\n
4.7. Adem\u00e1s, aseveraron los peticionarios, los adquirentes de los predios transferidos por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. carec\u00edan de capacidad econ\u00f3mica para comprar; aunque Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro intervino en varios negocios lo fue a trav\u00e9s de apoderada general, Doris Navarro de Torres, quien actu\u00f3 de forma desmedida; \u00e9sta habit\u00f3 hasta el \u00faltimo de sus d\u00edas en la Casa en Castillogrande; en su patrimonio personal tampoco quedaron registradas las transacciones; para la \u00e9poca de la escritura p\u00fablica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena ella contaba con 89 a\u00f1os de edad y no ten\u00eda experiencia mercantil, por lo que fue v\u00edctima de enga\u00f1o infringido por sus hijos Ignacio y Leonor del Rosario, de donde su consentimiento no fue libre, voluntario y espont\u00e1neo; y los precios plasmados en todos los contratos fueron irrisorios. <\/p>\n
4.8. Por \u00faltimo, refirieron los promotores, en el a\u00f1o 2015 iniciaron investigaciones para esclarecer el patrimonio familiar, encontrando todas las anteriores anomal\u00edas; en tal \u00e9poca su progenitora reiter\u00f3 verbalmente el deseo de que todos los bienes fueran repartidos equitativamente entre sus hijos; as\u00ed como que Ignacio Torres Navarro administr\u00f3 los bienes de su madre, incluida la pensi\u00f3n, los frutos recibidos de los inmuebles de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., otros bienes muebles como semovientes, maquinaria, etc., y una finca ubicada en el municipio Arenal, sin que haya rendido cuentas. <\/p>\n
5. Una vez vinculados al pleito todos los enjuiciados se opusieron a las pretensiones en escritos separados y, al replicar la reforma de la demanda, al un\u00edsono propusieron las excepciones meritorias de prescripci\u00f3n extintiva de las acciones de simulaci\u00f3n relativa y nulidad respecto de todos los contratos impugnados, salvo las compraventas contenidas en la escritura p\u00fablica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena; inexistencia de simulaci\u00f3n relativa en lo que ata\u00f1e a todos los contratos atacados; prescripci\u00f3n de los actos de sociedades; compensaci\u00f3n; falta de legitimaci\u00f3n por activa de Fidel Jos\u00e9 y Germ\u00e1n Fidel Torres Navarro al carecer de la condici\u00f3n de socios de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C.; y prescripci\u00f3n respecto de Camilo Rafael Torres Navarro porque desde 1986 cedi\u00f3 sus cuotas partes sociales. <\/p>\n
Ignacio Torres Navarro igualmente radic\u00f3 la salvaguarda de prescripci\u00f3n extintiva respecto de la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n por incumplimiento de las compraventas plasmadas en las escrituras p\u00fablicas 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, 94 de 25 de enero de 1984 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena y 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena; y cumplimiento de las obligaciones en relaci\u00f3n con aquellas dos compraventas y la contenida en la escritura p\u00fablica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena. <\/p>\n
Marta Sof\u00eda Porto Infante tambi\u00e9n propuso la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva porque frente a aquella ninguna pretensi\u00f3n o hecho fue expuesto. <\/p>\n
Y Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres asimismo inco\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n y posterior cesi\u00f3n de las cuotas sociales de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. <\/p>\n
6. En forma oportuna, Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. radic\u00f3 libelo de mutua petici\u00f3n, a trav\u00e9s del cual rog\u00f3 declarar la \u00abprescripci\u00f3n extintiva ordinaria\u00bb y la \u00abprescripci\u00f3n del saneamiento de nulidades\u00bb en relaci\u00f3n con los contratos de compraventa plasmados en las escrituras p\u00fablicas 94, 95 de 25 de enero de 1984 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena y 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena. <\/p>\n
Lo propio realiz\u00f3 Leonor del Rosario Torres Navarro, quien, adem\u00e1s, pidi\u00f3 proclamar la \u00abprescripci\u00f3n extintiva ordinaria\u00bb y la \u00abprescripci\u00f3n del saneamiento de nulidades de los contratos\u00bb protocolizados en las escrituras p\u00fablicas 6377 de 29 de noviembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1, 2185 de 11 de septiembre de 1985 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena (contentiva de la venta realizada por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. a Ignacio y Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro del inmueble ubicado en la transversal 1 Este n.\u00b0 57-70 de Bogot\u00e1 e identificado con matr\u00edcula 050-0527465) y 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena. <\/p>\n
De forma subsidiaria, Leonor del Rosario Torres Navarro solicit\u00f3 \u00abdecretar la nulidad del derecho de reclamaci\u00f3n de los se\u00f1ores Camilo Rafael[,] Germ\u00e1n [y Fidel Jos\u00e9] de los contratos de compraventa efectuados con posterioridad al a\u00f1o 1985 sobre el apartamento 101 \u2026 y el apartamento 201\u00bb, por no ser propietarios de los inmuebles; as\u00ed como \u00abla nulidad del derecho de reclamaci\u00f3n del se\u00f1or Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro sobre el contrato de representaci\u00f3n suscrito mediante escritura p\u00fablica 64 de 14 de enero de 1994 de la Notar\u00eda Segunda de Cartagena\u00bb, por haber transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde su otorgamiento y por haber fallecido la mandataria, Doris Navarro de Torres, el 6 de octubre de 2018. <\/p>\n
Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres asimismo present\u00f3 pliego de reconvenci\u00f3n, en el cual demand\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n extintiva ordinaria\u00bb y la \u00abprescripci\u00f3n del saneamiento de nulidades\u00bb del acuerdo de constituci\u00f3n de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., protocolizado con la escritura p\u00fablica 4782 de 25 de septiembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1; y de la reforma societaria de que da cuenta la escritura p\u00fablica 400 de 19 de febrero de 1986 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena. <\/p>\n
En subsidi\u00f3 deprec\u00f3 decretar \u00abla nulidad del derecho de reclamaci\u00f3n de los se\u00f1ores Camilo Rafael, German y Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro de los actos de reforma de la sociedad Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., posteriores al a\u00f1o 1986 por no ser socios de la citada sociedad y no hay pruebas de ser propietarios.\u00bb <\/p>\n
7. En apoyo de sus s\u00faplicas Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. calcul\u00f3 el lapso transcurrido entre la celebraci\u00f3n de los actos que impugn\u00f3 y la presentaci\u00f3n de la demanda inicial, e invoc\u00f3 el empleo del t\u00e9rmino prescriptivo previsto en los art\u00edculos 2535, 2536 del C\u00f3digo Civil y 1 de la ley 791 de 2002. <\/p>\n
Leonor del Rosario Torres Navarro adicion\u00f3 la descripci\u00f3n de cada uno de los pactos objeto de sus s\u00faplicas, adujo que a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 64 de 14 de enero de 1994 de la Notar\u00eda Segunda de Cartagena Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro otorg\u00f3 poder general a su progenitora, Doris Navarro de Torres, que \u00e9sta suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena en \u00e9sta condici\u00f3n y que Leonor del Rosario fue socia de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. desde su constituci\u00f3n, en 1979, hasta el a\u00f1o 2016. <\/p>\n
Y Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres describi\u00f3 los actos por ella confutados, destac\u00f3 que s\u00f3lo para el momento de constituci\u00f3n de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. su hermano Fidel Jos\u00e9 era el \u00fanico menor de edad; que la escritura p\u00fablica 400 de 19 de febrero de 1986 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena contiene la cesi\u00f3n que Camilo Rafael hizo a Ignacio de su cuota parte en la empresa; que la escritura p\u00fablica 536 de 14 de febrero de 2007 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena contiene la protocolizaci\u00f3n de las cesiones hechas a favor de Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres por Ignacio y Leonor del Rosario Torres Navarro de todas las cuotas sociales de aquel y del 80% de las de \u00e9sta en dicha compa\u00f1\u00eda, la aceptaci\u00f3n de aquella nueva socia comanditaria, la renuncia de Doris Navarro de Torres como socia gestora y su reemplazo por Ignacio Torres Navarro; que la escritura p\u00fablica 3352 de 16 de diciembre de 2016 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena denota las cesiones hechas a favor de Sof\u00eda Torres Porto por Leonor Torres Navarro y Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres de la totalidad de las cuotas sociales que ten\u00edan en tal sociedad, as\u00ed como la aceptaci\u00f3n de la nueva socia comanditaria; y que Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres fue socia entre los a\u00f1os 2007 y 2016. <\/p>\n
8. Frente a dichas contrademandas los demandantes primigenios radicaron la excepci\u00f3n meritoria de \u00abinoperancia del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
9. Una vez agotadas las fases del juicio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, con sentencia de 11 de febrero de 2020, declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva respecto de Martha Sof\u00eda Porto Infante y Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres, impr\u00f3speras las dem\u00e1s defensas radicadas por los convocados primigenios as\u00ed como las s\u00faplicas elevadas por v\u00eda de reconvenci\u00f3n, declar\u00f3 simulados relativamente todos los contratos objeto de las pretensiones de los iniciales demandantes, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de su registro y que los predios objeto de estos acuerdos retornen a los patrimonios il\u00edquidos de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres. <\/p>\n
10. Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., Leonor del Rosario e Ignacio Torres Navarro, el superior revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y neg\u00f3 \u00edntegramente el petitum, con prove\u00eddo de 30 de junio de 2021, adicionado el 5 de noviembre siguiente. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente coligi\u00f3 inexistente vicio procesal que impusiera retrotraer el tr\u00e1mite y que su competencia estaba limitada a los reparos propuestos por los apelantes, conforme al canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n agreg\u00f3 que, en aras de contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, era forzoso establecer cu\u00e1ndo surgi\u00f3 el inter\u00e9s de los demandantes, porque no siempre coincide con la fecha de celebraci\u00f3n de los actos cuestionados, y como ellos invocaron su condici\u00f3n de herederos de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, al punto que pidieron el retorno de los bienes objeto de esos negocios a los patrimonios il\u00edquidos de tales causantes, dicho inter\u00e9s surgi\u00f3 con el deceso de estos en raz\u00f3n a que configura la delaci\u00f3n de la herencia. <\/p>\n
Sin embargo, a\u00f1adi\u00f3, los promotores iniciales no allegaron sus registros civiles de nacimiento, ni prueba documental de la apertura de los juicios de sucesi\u00f3n de sus progenitores, tampoco el registro civil de defunci\u00f3n de Fidel Torres Mantilla, lo cual impide establecer el parentesco invocado, por ende, la vocaci\u00f3n hereditaria de los accionantes, concluyendo que est\u00e1 desprovisto de prueba el inter\u00e9s de marras en relaci\u00f3n con la compraventa plasmada en la escritura p\u00fablica 6377 de 29 de noviembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1, signada por Fidel Torres Mantilla, como vendedor; as\u00ed como respecto de los acuerdos de voluntades suscritos por Doris Navarro de Torres como representante legal de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., contenidos en las escrituras p\u00fablicas 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, 94 y 95 de 25 de enero de 1984 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena y 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena; y del firmado por Doris Navarro a t\u00edtulo personal, de que da cuenta la escritura p\u00fablica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena. <\/p>\n
3. De otro lado, de considerar que el inter\u00e9s de Camilo Rafael Torres Navarro deriva de su otrora condici\u00f3n de socio de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. -inter\u00e9s del que carecen los dem\u00e1s demandantes primigenios porque no fueron socios de tal entidad-, la acci\u00f3n estar\u00eda prescrita habida cuenta que para aquel el lapso prescriptivo inici\u00f3 desde la fecha de celebraci\u00f3n de los pactos criticados. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con la compraventa materializada en la escritura p\u00fablica 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, suscrita por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general de Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro y Leonor del Rosario Torres Navarro, vendedor y compradora, respectivamente, la prescripci\u00f3n se configur\u00f3 en raz\u00f3n a que el t\u00e9rmino de \u00ab10 a\u00f1os\u00bb previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil corri\u00f3 desde la fecha de ese pacto y fue cumplido antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, pues en \u00e9l intervino el demandante Fidel Jos\u00e9 y no es de recibo su supuesto desconocimiento del negocio, ya que tuvo por objeto un bien de su dominio que, como m\u00ednimo, lo habilitaba para pedir cuentas a su apoderada general; mientras que los dem\u00e1s accionantes carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para deprecar la simulaci\u00f3n porque el inmueble no era de propiedad de su progenitora, ni de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, fue acreditado que todos los peticionarios conocieron los actos impugnados desde su creaci\u00f3n porque participaron en varios de ellos como sucedi\u00f3 con Fidel Jos\u00e9, as\u00ed como porque las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica descartan que por espacio de 30 a\u00f1os estuvieran ajenos a los bienes, m\u00e1xime si quien los administraba abusaba de su condici\u00f3n como lo relataron en la demanda. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la sentencia de \u00faltima instancia los solicitantes radicaron cuatro cargos, invocando las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como quiera que la tercera censura aduce vicio de actividad en la providencia auscultada, por esta iniciar\u00e1 el estudio la Corte, por ser el orden l\u00f3gico, en la medida en que es de rigor despachar primero los embates que imputan al Tribunal errores in procedendo. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con base en la tercera causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acus\u00f3 al fallo de segundo grado de incongruente, ya que el tribunal emiti\u00f3 pronunciamiento sobre aspectos que no fueron objeto de los reparos que plantearon los apelantes exclusivos. <\/p>\n
Para desarrollar tal reproche los inconformes indicaron que en la audiencia de 11 de febrero de 2020, en la cual el juzgado a-quo profiri\u00f3 sentencia, los demandados Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., Leonor del Rosario e Ignacio Torres Navarro interpusieron alzada y plantearon los reparos concretos que desarrollar\u00edan en la sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, mediante escrito de 14 de febrero siguiente esos recurrentes complementaron sus reparos concretos, por dem\u00e1s con cuestionamientos sobre hechos no discutidos en primera instancia, que dieron lugar a que el fallador ad-quem revocara la providencia apelada y, en su lugar, desestimara \u00edntegramente las pretensiones del libelo inicial, desbordando el objeto de la alzada. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, al tenor del art\u00edculo 322 de la obra en cita, \u00ab\u2026cuando la sentencia se dicte en audiencia, una vez presentado el recurso de apelaci\u00f3n, puede el recurrente plantear los reparos concretos a la decisi\u00f3n en la misma audiencia o dentro de 3 d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n. En ese sentido, la redacci\u00f3n tal como fue considera por el legislador en su libertad configurativa, conduce a la conclusi\u00f3n de que se dej\u00f3 a elecci\u00f3n del apelante la manera que m\u00e1s le conviene para efectuar los reparos concretos a la decisi\u00f3n apelada, pudi\u00e9ndolo hacer en la misma audiencia de manera oral o de manera escrita dentro de los 3 d\u00edas siguientes; puesto que ambos supuestos est\u00e1n separados por la conjunci\u00f3n disyuntiva \u2018o\u2019, lo que indica que no de (sic) puede hacer de las formas (sic), y que una vez escogida la forma oral no puede hacerse posteriormente mediante escrito.\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que al juzgador le est\u00e1 vedado imponer condena que supere las s\u00faplicas del reclamante, pronunciarse sobre objeto distinto al delimitado por los contendores o por causa diferente a la invocada por ellos, al paso que est\u00e1 obligado a resolver los que s\u00ed fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto la Sala ha decantado: <\/p>\n
(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precis\u00f3 que (\u2026) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisi\u00f3n, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de \u00e9stas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideraci\u00f3n, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 como (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304). <\/p>\n
Tal cual lo refiri\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, como regla de principio no incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las s\u00faplicas de la demanda, porque tal decisi\u00f3n repele cualquier exceso u omisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n del debate, habida cuenta que \u00ab(e)ste motivo de impugnaci\u00f3n, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una soluci\u00f3n \u00edntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicci\u00f3n por el s\u00f3lo hecho de que el reclamante insista en un prop\u00f3sito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.\u00bb (CSJ SC3918 de 2021, rad. 2008-00106). <\/p>\n
Sin embargo, excepcionalmente el juez puede incurrir en el vicio de incongruencia -a pesar de desestimar todo lo solicitado-, cuando toma camino ajeno al debatido por los involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la situaci\u00f3n de facto sometida a su conocimiento y lo pedido con base en esta. <\/p>\n
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de las partes, como la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte al considerar: <\/p>\n
(\u2026) en el caso de que la decisi\u00f3n absolutoria sea el producto de un desv\u00edo considerable de los hechos consignados en el libelo o haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los l\u00edmites all\u00ed trazados al elaborar una interpretaci\u00f3n personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto que puede ser objeto de revisi\u00f3n. Lo que tambi\u00e9n ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omiti\u00f3 plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098). <\/p>\n
Por lo tanto, para la prosperidad de la causal tercera del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso es menester que el recurrente demuestre el exabrupto palpable entre lo narrado y exigido en la demanda, as\u00ed como lo planteado en las defensas del oponente, frente a lo que aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto c\u00f3mo lo decidido es extra\u00f1o al debate. <\/p>\n
3. Otra modalidad de incongruencia corresponde al exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelaci\u00f3n desbordando los temas objeto de la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, se trata de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum consagrado en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla.\u00bb <\/p>\n
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de la impugnaci\u00f3n interpuesta por apelante \u00fanico est\u00e1n restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por este, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le est\u00e1 vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante \u00e9l. <\/p>\n
Sobre esto la Sala razon\u00f3 que: <\/p>\n
Esta limitaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un principio general del derecho procesal, seg\u00fan el cual el juez que conoce de un recurso est\u00e1 circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no est\u00e1 facultado para despojar al apelante \u00fanico del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugn\u00f3 un extremo del litigio que le desfavoreci\u00f3. De este modo, lo que no es materia de impugnaci\u00f3n se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados. (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126). <\/p>\n
En la misma providencia esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que: <\/p>\n
4. Sin embargo, la Corte colige impr\u00f3spero el cargo bajo estudio, en tanto no es absoluta la restricci\u00f3n dirigida al juzgador de segundo grado para que evite pronunciarse sobre materias no expuestas en la impugnaci\u00f3n sometida a su conocimiento, porque veredicto en tal sentido denota el cumplimiento de su deber de promulgar el derecho debatido, lo que, por contera, evidencia que se trata de potestad intr\u00ednseca al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la resoluci\u00f3n de este mecanismo de defensa trae impl\u00edcitos, adem\u00e1s de los reproches incoados por los recurrentes, otros de forzoso pronunciamiento, tal cual lo revela el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. (Destacado ajeno). <\/p>\n
En este orden se tiene que, como pauta general, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de los acuerdos de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); \u00ab\u2026materias: (I) tocantes a presupuestos del proceso, la acci\u00f3n o la sentencia favorable, (II) que tengan conexi\u00f3n necesaria con la decisi\u00f3n de alzada o (III) cuyo pronunciamiento sea oficioso\u00bb (CSJ SC1641 de 2022, ad. 2016-00522); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el juzgador ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho en disputa, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de congruencia porque, como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho deprecado por el demandante, accediendo o neg\u00e1ndolo, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos por el reo o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente en v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado. <\/p>\n
La Corte sobre el punto tiene decantado, en pronunciamiento referido a la legitimaci\u00f3n de las partes, que \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada.\u00bb (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
En el mismo sentido se\u00f1al\u00f3 recientemente esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026siendo la legitimaci\u00f3n en la causa un elemento material de la pretensi\u00f3n cuya presencia es indispensable para proferir sentencia favorable, es deber del fallador constatar su acreditaci\u00f3n en el proceso, a\u00fan de manera oficiosa. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando el fallador aborda el estudio de la legitimaci\u00f3n en la causa est\u00e1 resolviendo de oficio sobre un presupuesto material para la sentencia estimatoria sin que ello comporte inconsonancia alguna; incluso no le est\u00e1 vedado declarar la falta de legitimaci\u00f3n como excepci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Si bien la constataci\u00f3n de esa legitimaci\u00f3n activa debi\u00f3 hacerse por el a quo, \u00e9ste la pas\u00f3 por alto al admitir la demanda y al dictar la sentencia, afirmando en ella que los registros civiles aportados al proceso acreditaban la condici\u00f3n de hermanas y sobrinos de los demandantes, \u00abcomprob\u00e1ndose y ostentando su parentesco\u00bb, suponiendo la existencia de una prueba que no obraba en el expediente \u2013a saber, el registro civil o partida eclesi\u00e1stica del causante\u2013, con lo que el juez de primera instancia dio por probada la legitimaci\u00f3n, sin estarlo. <\/p>\n
Ese error del a quo no podr\u00eda quedar lejos del escrutinio del Tribunal, por ser asunto que no est\u00e1 limitado por el principio dispositivo ni concierne a las alegaciones de las partes, sino que corresponde a un presupuesto material de la pretensi\u00f3n, de modo que el ad quem no solo pod\u00eda, sino que deb\u00eda verificar la titularidad del derecho sustancial alegado. (CSJ SC592 de 2022, rad. 2017-00482). <\/p>\n
En efecto, en el sub judice el estrado judicial de segunda instancia examin\u00f3 el inter\u00e9s que yac\u00eda en cada uno de los demandantes, derivado de su invocaci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n a t\u00edtulo de herederos de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, encontr\u00e1ndolo ausente por falta de acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, aun cuando no se tratara de reparo propuesto oportunamente en la alzada conocida por el fallador ad-quem, lo cierto es que, por tratarse de aspecto intr\u00ednseco al derecho debatido, no estaba vedado para el funcionario judicial colegiado. <\/p>\n
5. Con todo, oportuno resulta precisar que, contrariamente a lo expuesto en el cargo, el lapso de tres d\u00edas regulado en el inciso 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del precepto 322 del C\u00f3digo General del Proceso, para presentar reparos concretos por escrito contra el fallo del juzgador a-quo, tambi\u00e9n resulta aplicable para el apelante que los present\u00f3 oralmente en audiencia, en tanto comporta oportunidad adicional para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
En efecto, tal inciso prev\u00e9 que \u00ab[c]uando se hubiere apelado una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior.\u00bb (Destac\u00f3 la Sala). <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que la conjunci\u00f3n \u2018o\u2019 empleada en la regla de marras tiene caracter\u00edstica copulativa, en la medida en que la exposici\u00f3n oral de reparos expuesta contra una sentencia dictada en audiencia no impide al inconforme realizarla de manera escrita dentro de los tres d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Sobre el punto esta Sala tiene decantado, por v\u00eda constitucional, que: <\/p>\n
Respecto al momento en que el memorialista debe \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb, la ley hace la misma diferenciaci\u00f3n dependiendo de si tal resoluci\u00f3n se dict\u00f3 en forma oral o escrita. <\/p>\n
As\u00ed, determina que si la providencia \u00abse profiri\u00f3 en audiencia\u00bb, el interesado podr\u00e1 cumplir la referida carga i) bien \u00abal momento de interponer el recurso\u00bb o ii) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb. Empero, de haberse emitido \u00abpor fuera de audiencia\u00bb, deber\u00e1 hacerlo \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC10557 de 2016, rad. 2016-00608, reiterada en STC15304 de 2016, rad. 2016-00174, SC16932 de 2016, rad. 2016-00305 y STC15371 de 2017, rad. 2017-02528). <\/p>\n
6. En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la pretensi\u00f3n radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la alzada. Tampoco cuando el apelante expone sus reparos concretos contra la sentencia de primera instancia de forma oral en audiencia, tambi\u00e9n escrita dentro de los 3 d\u00edas siguientes y el juzgador ad-quem tiene en cuenta ambas manifestaciones. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigido en el segundo motivo de casaci\u00f3n, el embate endilg\u00f3 al tribunal la transgresi\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1740 a 1741, 1766 y 1946 a 1948 del C\u00f3digo Civil, producto de yerro de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria al no aplicar los c\u00e1nones 42 numeral 4, 169 y 179 del C\u00f3digo General del Proceso, que impon\u00edan el decreto oficioso de pruebas. <\/p>\n
2. Despu\u00e9s de transcribir las normas mencionadas, la jurisprudencia de esta colegiatura en relaci\u00f3n con la facultad del juzgador para decretar pruebas de oficio y cu\u00e1ndo omitirla genera el error de derecho, los recurrentes argumentaron que era deber del tribunal ordenar oficiosamente la incorporaci\u00f3n de las pruebas documentales que acreditaran la vocaci\u00f3n hereditaria de los demandantes respecto de los causantes Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres y, por ende, el inter\u00e9s jur\u00eddico de aquellos. <\/p>\n
De lo contrario, agregaron, estar\u00eda insatisfecho el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, en tanto ellos adelantaron la acci\u00f3n en representaci\u00f3n de las sucesiones de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, las cuales carecen de capacidad jur\u00eddica para intervenir en el juicio. <\/p>\n
Y como la insatisfacci\u00f3n del referido presupuesto procesal de capacidad para ser parte de cualquiera de las partes genera fallo inhibitorio, siendo deber del funcionario judicial evitar este tipo de pronunciamientos, era de rigor el decreto oficioso de las referidas pruebas. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Adujo que el veredicto vulner\u00f3, de forma directa, los art\u00edculos 1766, 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, toda vez que, para concluir que oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro respecto del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, el tribunal inici\u00f3 el conteo del fen\u00f3meno extintivo desde la fecha de celebraci\u00f3n del acuerdo de voluntades. <\/p>\n
No obstante, conforme al art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil tal c\u00e1lculo debi\u00f3 partir del nacimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico del impugnante, que corresponde a la exigibilidad de las obligaciones acordadas en el contrato oculto, que no siempre coincide con el de celebraci\u00f3n del acto simulado, puesto que cualquiera de los contratantes puede tener la expectativa de que su derecho retorne a su patrimonio cuando deshagan pac\u00edficamente este pacto, como en anterior oportunidad lo decant\u00f3 esta Corte (SC21801 de 2017). <\/p>\n
2. Para el caso concret\u00f3, complement\u00f3, el inter\u00e9s jur\u00eddico de Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro surgi\u00f3 el 6 de octubre de 2018, cuando feneci\u00f3 Doris Navarro de Torres con la consecuente delaci\u00f3n de su herencia y desapareci\u00f3 el fin para el cual fue creada la firma Torres Navarro y C\u00eda. S. en C.; o el 22 de marzo de 2018 cuando los demandados Ignacio y Leonor del Rosario Torres Navarro negaron conciliar de forma prejudicial los reclamos de los promotores; o tambi\u00e9n cuando tales convocados omitieron el correo electr\u00f3nico de 29 de marzo de 2016, que con igual exigencia enviaron los reclamantes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, del a\u00f1o 2015 datan las ventas impugnadas de los inmuebles identificados con las matr\u00edculas 060-31671 y 060-267326, por lo cual para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda (a\u00f1o 2018) no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
1. Con base en el segundo motivo de casaci\u00f3n los peticionarios atribuyeron al juzgador ad-quem la conculcaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1740 a 1741, 1766 y 1946 a 1948 del C\u00f3digo Civil, producto de yerro de derecho por no emplear los c\u00e1nones 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagran el deber de valorar los medios suasorios conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
2. Sustentaron el reproche en que el tribunal concluy\u00f3 que los demandantes conoc\u00edan de los negocios impugnados, pero no cit\u00f3 por separado y luego en conjunto las pruebas de las que se vali\u00f3 para extraer esa deducci\u00f3n, y s\u00f3lo mencion\u00f3 que Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada general. <\/p>\n
Adicionalmente, el fallo coligi\u00f3 que, conforme a las reglas de la experiencia, no era razonable que los accionantes se relegaran de la administraci\u00f3n de los bienes por espacio de 30 a\u00f1os, conclusi\u00f3n que puede ser plausible en otro contexto pero no en el caso de autos, porque demandantes y demandados son hermanos, v\u00ednculo que impon\u00eda confianza mutua, la cual desapareci\u00f3 cuando los enjuiciados Leonor del Rosario e Ignacio desatendieron el correo electr\u00f3nico que les fue enviado el 29 de marzo de 2016, tras la pesquisa realizada por los convocantes. <\/p>\n
3. Contrariamente a lo expuesto por el juzgador colegiado, en sus interrogatorios Fidel Jos\u00e9, Germ\u00e1n y Camilo Rafael Torres Navarro declararon desconocer los actos impugnados y que s\u00f3lo se enteraron aproximadamente dos a\u00f1os antes del fallecimiento de su progenitora; lo cual concuerda con la deposici\u00f3n de Ignacio Torres Navarro, quien manifest\u00f3 no haber rendido cuentas a aquellos a pesar de recibir requerimientos, justificado en que carecen de derechos respecto de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., al no ser socios y porque \u00e9l ejerce la representaci\u00f3n legal de la entidad desde el a\u00f1o 2007. <\/p>\n
Y de las declaraciones de Leonor del Rosario Torres Navarro, Martha Porto Infante, Mauricio Torres Zambrano y Daniel Torres Zambrano tampoco se desprende el conocimiento atribuido por el tribunal a los recurrentes. <\/p>\n
En este orden, si el fallo hubiera valorado los medios de convicci\u00f3n tanto individual como en conjunta, de forma razonada y de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica, no autoritariamente, hubiera extractado que los demandantes desconocieron los negocios tildados de simulados y, por contera, era forzoso que hubiera confirmado la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
1. La Corte estudiar\u00e1 en conjunto los cargos primero, segundo y cuarto, al tenor del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que s\u00f3lo uni\u00e9ndolos podr\u00e1n derruirse \u00edntegramente los razonamientos de que se vali\u00f3 el tribunal para desestimar las pretensiones de los recurrentes, lo cual, de contera satisface el requisito de completitud a que alude el inciso inicial del numeral segundo del canon en menci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, por ende, deja al descubierto que la Corte se valdr\u00e1 de consideraciones comunes para analizar los cargos de marras, lo cual igualmente es motivo para su an\u00e1lisis aunado. <\/p>\n
2. En segundo lugar, pertinente resulta precisar que en sede casacional los recurrentes no censuraron la desestimaci\u00f3n de sus pretensiones subsidiarias de nulidad \u00abpor carencia de los elementos esenciales de consentimiento, causa y precio, entre otros\u00bb, ni resoluci\u00f3n \u00abpor incumplimiento\u00bb de los acuerdos de voluntades atacados, s\u00faplicas que por aplicaci\u00f3n del principio dispositivo que rige el mecanismo extraordinario de la Casaci\u00f3n est\u00e1n vedados para la Corte. <\/p>\n
Lo propio sucede en relaci\u00f3n con la composici\u00f3n pasada y presente de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., en tanto que, a pesar del relato de los promotores acerca de irregularidades en su composici\u00f3n, cesiones de cuotas de inter\u00e9s y decisiones tomadas al margen de sus \u00f3rganos sociales, ninguna pretensi\u00f3n respecto a esas situaciones fue izada en la presente contienda judicial. <\/p>\n
3. Ahora bien, los presupuestos procesales constituyen los m\u00ednimos requisitos para la formaci\u00f3n y el desarrollo del litigio, con el fin de que el juzgador pueda satisfacer el derecho fundamental de las partes a obtener tutela judicial efectiva o, en otros t\u00e9rminos, la sentencia que dirima su desacuerdo. De all\u00ed que la Corte tenga sentado que se trata de asunto de orden p\u00fablico que, por ende, impone al funcionario judicial, de primera o de segunda instancia, verificar su cumplimiento, incluso de oficio (CSJ SC de 20 oct. 2020, rad. 5682), al punto que enarbolar tal tem\u00e1tica en sede extraordinaria de casaci\u00f3n no se considera hecho nuevo (CSJ SC 27 nov. 2020, rad. 5529). <\/p>\n
Tales requisitos son: I) capacidad para ser parte, que alude a la posibilidad de goce o sustancial para ser sujeto de derechos y obligaciones (CSJ SC 8 ago. 2001, rad. 5814) y la ostentan las personas naturales y jur\u00eddicas, los patrimonios aut\u00f3nomos, el concebido para la defensa de sus derechos y los dem\u00e1s que en casos espec\u00edficos determine la ley (art. 51 C.G.P.); II) capacidad para comparecer al proceso, atinente a la facultad de ejercicio que, conforme al ordenamiento jur\u00eddico, ostenta la persona para intervenir en cualquier acto por s\u00ed misma (CSJ SC 8 ago. 2001, rad. 5814); III) demanda en forma, que traduce el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento adjetivo (art. 82 y ss. C.G.P.), de modo que todo interviniente en la contienda as\u00ed como el funcionario judicial puedan determinar el reclamo propuesto, sin que llegar al extremo de exigir frases sacramentales ni dejar de lado la labor de todo juzgador de interpretar ese pliego para no sacrificar el derecho sustancial (CSJ SC 16 jul. 2003, rad. 6729); IV) y competencia, entendida como la distribuci\u00f3n entre administradores de justicia de una jurisdicci\u00f3n de los asuntos asignados a esta por mandato constitucional o legal (art. 15 y ss. C.G.P.). <\/p>\n
El incumplimiento de cada uno trae consecuencias adversas en el juicio, como la sentencia inhibitoria en trat\u00e1ndose de la ausencia de capacidad para ser parte y la demanda en forma, o la nulidad de lo actuado si lo omitido fue la capacidad para comparecer al proceso (art. 133, n\u00fam. 4, ib\u00eddem) o la competencia (n\u00fam. 1), sin perder de vista las dem\u00e1s caracter\u00edsticas del instituto de la nulidad procesal, como la pr\u00f3rroga, el saneamiento, etc. (CSJ SC 8 ago. 2001, rad. 5814 y SC021 de 2004, rad. 6759). <\/p>\n
Resalta la Sala la diametral distinci\u00f3n entre los presupuestos procesales y los requisitos de la acci\u00f3n o, en otros t\u00e9rminos, los presupuestos para estimar la pretensi\u00f3n, dentro de los cuales est\u00e1 la legitimaci\u00f3n de las partes, tanto por activa como por pasiva, que, como lo tiene sentado la Sala, alude \u00aba la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un v\u00ednculo que legitime esa intervenci\u00f3n, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante. Ha sido insistente esta Corporaci\u00f3n al calificarlo como un presupuesto de la acci\u00f3n, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimaci\u00f3n de lo pedido. Esa legitimaci\u00f3n la deben ostentar tanto la parte demandante (activa) que le permita accionar, como la demandada (pasiva) para enfrentar los reclamos, pudiendo ser cuestionada mediante la interposici\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa, e incluso de oficio y que de hallarse probada podr\u00e1 ser declarada mediante sentencia anticipada en cualquier estado del proceso.\u00bb (SC2215 de 2021, rad. 2012-00276). <\/p>\n
Brota, por ende, que la naturaleza de los presupuestos procesales es de \u00edndole adjetiva, como se desprende de su nominaci\u00f3n, mientras que los presupuestos de la acci\u00f3n tienen caracter\u00edstica sustancial. <\/p>\n
Esta diferencia deja al descubierto que su tratamiento en el rito judicial igualmente presenta contrastes, en la medida en que los presupuestos procesales deben ser cumplidos desde el inicio del juicio, lo que todo funcionario judicial debe revisar en tal estadio procesal y corroborarlo al proferir su veredicto para evitar fallos inhibitorios o la nulidad del tr\u00e1mite, seg\u00fan ya se anot\u00f3. Los presupuestos de la acci\u00f3n, de su lado, deben ser analizados \u00fanicamente en la sentencia que desate la litis y su insatisfacci\u00f3n traduce la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En pret\u00e9rita oportunidad esta Corte decant\u00f3 sobre tal tem\u00e1tica que: <\/p>\n
La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiter\u00f3 que \u201c[l]a legitimaci\u00f3n en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acci\u00f3n o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (\u2026) En efecto, \u00e9sta ha sostenido que \u2018el inter\u00e9s leg\u00edtimo, serio y actual del \u2018titular de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica o estado jur\u00eddico\u2019 (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2\u00aa reimpresi\u00f3n, Temis-Depalma, Bogot\u00e1, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia \u2018de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)\u2019 (CXXXVIII, 364\/65), y el juez debe verificarla \u2018con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, seg\u00fan quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular\u2019 (cas. civ. sentencia de 1\u00b0 de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enf\u00e1tica en sostener que tal fen\u00f3meno jur\u00eddico \u2018es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste\u2019 (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N\u00b0 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N\u00b0 6050)\u00bb (CSJ SC4468 de 2014, rad. 2008-00069). <\/p>\n
Total, es errado confundir los presupuestos procesales con los presupuestos de la acci\u00f3n, porque se trata de instituciones jur\u00eddicas diversas en cuanto a su naturaleza y tratamiento. <\/p>\n
4. El cargo primero endilga al fallo de segunda instancia error de derecho conculcador de la ley sustancial, por estar incumplido el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, habida cuenta que los demandantes manifestaron actuar para las sucesiones de sus progenitores, Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, y el Tribunal ultim\u00f3 no estar acreditada la condici\u00f3n de herederos de aquellos, por ende, era deber de tal estrado judicial decretar de oficio la incorporaci\u00f3n de los documentos que probaran la calidad extra\u00f1ada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuesti\u00f3n de primer orden es resaltar que es interpretaci\u00f3n pac\u00edfica la prohijada por el juzgador ad-quem, seg\u00fan la cual los convocantes activaron el aparato jurisdiccional en nombre de las sucesiones de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, al punto que en el primer reproche casacional los recurrentes corroboran tal hermen\u00e9utica. <\/p>\n
En adici\u00f3n, esta conclusi\u00f3n coincide con la pretensi\u00f3n de los accionantes al deprecar la restituci\u00f3n de los inmuebles objeto de los contratos impugnados para el patrimonio de \u00abFidel Torres Mantilla (\u2026) y Doris Navarro de Torres (\u2026), para que entren a formar parte de su acervo hereditario y sean repartidos a los hijos de la familia Torres Navarro conforme ordena la ley\u00bb. <\/p>\n
De destacar que sobre el derecho de los hijos para cuestionar los negocios de sus padres, celebrados cuando todav\u00eda no eran herederos, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que, por mandato del art\u00edculo 1013 del C\u00f3digo Civil, \u00abla herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesi\u00f3n se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente\u00bb (CSJ SC 5 ago. 2013, rad. 2004-00103). <\/p>\n
De all\u00ed que la Corte considerara que \u00ab(b)ien cierto es que en vida del causante nadie puede considerarse heredero. (\u2026) Fuerza es convenir as\u00ed que por entonces el derecho a la herencia no pasa de ser una expectativa y as\u00ed es natural que se diga todo lo que en el punto es corriente escuchar. Pero, en adquiriendo esa calidad, el asunto cambia de tonalidad; ha dejado de ser una eventualidad para adquirir ribetes concretos con algunas consecuencias jur\u00eddicas. Se ha materializado un derecho a la herencia, a lo menos en cuanto a las asignaciones obligadas.\u00bb (CSJ SC de 30 ene. 2006, rad. n.\u00ba 1995-29402). <\/p>\n
Entonces, con ocasi\u00f3n del deceso de cualquier contratante surge para sus herederos un derecho propio que antes era ajeno, como es reclamar por los acuerdos completamente lesivos suscritos por \u00e9l, que afectaron la conformaci\u00f3n de masa herencial y su posterior adjudicaci\u00f3n en lo que a las asignaciones forzosas refiere, por ejemplo. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, nace para los herederos el derecho de accionar con ocasi\u00f3n de la muerte del causante, a efectos de revertir la negociaci\u00f3n realizada por este, siempre y cuando vean afectada la conformaci\u00f3n del activo y, por contera, la cuota que por ley les corresponde. <\/p>\n
Tambi\u00e9n est\u00e1 al alcance de los sucesores ejercer a t\u00edtulo universal el derecho hereditario de impugnaci\u00f3n, como si se tratara del contratante mismo o, dicho con otras palabras, tomando el lugar de este, en raz\u00f3n a que \u00aba punto salta la frase sentenciosa de que quien contrata no s\u00f3lo lo hace para s\u00ed, sino tambi\u00e9n para sus sucesores universales. Porque es verdad irrecusable que quien a este t\u00edtulo obra, es el continuador del patrimonio del causante, se identifica con \u00e9l, le recibe todos los elementos patrimoniales transmisibles, y en consecuencia se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las relaciones patrimoniales de aqu\u00e9l, salvo apenas algunas excepciones. Vistas desde este \u00e1ngulo las cosas, entonces, los herederos a ese t\u00edtulo no son literalmente terceros, desde luego que sobrevenida la muerte del autor del contrato, inmediatamente ocupan all\u00ed su lugar. Entran a derechas en el contrato.\u00bb (CSJ, SC de 30 ene. 2006, rad. 1995-29402). <\/p>\n
Por lo tanto, los herederos pueden censurar los actos realizados por el causante ejerciendo un derecho propio (iure proprio), cuando ven afectada una retribuci\u00f3n que tiene origen en la condici\u00f3n misma de heredero y que el causante no ha podido transmitirle, tal cual sucede con las asignaciones forzosas; o ejerciendo un derecho hereditario (iure hereditatis) si se trata de bien o prerrogativa que el heredero ha recibido del causante a t\u00edtulo universal, esto es, transmitido por causa de muerte. <\/p>\n
5. Establecido lo anterior, para colegir que la providencia criticada incurri\u00f3 en la pifia endilgada en el primer cargo, basta iterar que, como recientemente expuso esta Corte: <\/p>\n
[l]a herencia o sucesi\u00f3n, surgida por causa del fallecimiento de un individuo, carece de capacidad jur\u00eddica, y, consiguientemente, no tiene capacidad para ser parte en los procesos judiciales (\u2026) <\/p>\n
No obstante lo anterior, la Corporaci\u00f3n lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que cuando se requiere a la sucesi\u00f3n o para la sucesi\u00f3n, careciendo \u00e9sta de personalidad jur\u00eddica, la comparecencia del heredero no es como encargado de aquella, sino en su calidad de tal, por lo que resulta imperativo probar esa condici\u00f3n, cuya falta de acreditaci\u00f3n genera la falta de capacidad para ser parte y, consecuentemente, fallo inhibitorio. (\u2026) <\/p>\n
Surge de lo anterior, que por causa de la universalidad que se conforma tras el fallecimiento real o presunto de un individuo, este patrimonio por s\u00ed mismo carece de capacidad para ser demandante o demandado, y mientras no se verifique su liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n en cabeza de los asignatarios, esto es, mientras permanezca en indivisi\u00f3n, ser\u00e1n los herederos los legitimados por activa o por pasiva para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas y, en ese orden, \u00abel presupuesto capacidad para ser parte demandante o demandada s\u00f3lo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a este t\u00edtulo demanda o es demandado\u2026\u00bb (CSJ SC2215 de 2021, rad. 2012-0276-02). <\/p>\n
En el mismo sentido esta Sala hab\u00eda doctrinado que: <\/p>\n
Al no ser la sucesi\u00f3n il\u00edquida sujeto de derechos ni de obligaciones, no tendr\u00eda capacidad para ser parte en un proceso determinado y, por lo mismo, no ser\u00eda posible atribuirle una representaci\u00f3n legal. Sin embargo, siguiendo la teor\u00eda del patrimonio aut\u00f3nomo, tal circunstancia no significa que esa universalidad de bienes no pueda demandar ni ser demandada por conducto de sus herederos, quienes como administradores de la masa indivisa, deben asumir el debate judicial en defensa de los intereses de la comunidad, desde luego no a nombre propio porque no se trata de una legitimaci\u00f3n personal, pero tampoco en nombre de un tercero, porque como ya se dijo, ciertamente no existir\u00eda sujeto de derecho a quien representar. <\/p>\n
Si la capacidad para ser parte viene a ser la cualidad (aptitud) que tiene la persona para ser titular (sujeto) de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, resultar\u00eda incomprensible, tal cual lo dijo la Corte en sentencia de 20 de marzo de 1992, entre otras, que \u201cal juez, no obstante haber constatado la ausencia de la capacidad para ser parte del proceso, le fuera dable calificar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n debatida, pues si se tiene advertido que falta este presupuesto, no ser\u00eda posible decidir que el sujeto cuya existencia procesal no ha quedado fijada, si lo puede ser, en cambio, de la relaci\u00f3n sustancial materia del pronunciamiento jurisdiccional, entre otras razones, porque la capacidad para ser parte debe aparecer o ser verificable en todos los supuestos en que est\u00e9 de por medio una relaci\u00f3n jur\u00eddica, la cual no puede configurarse m\u00e1s que entre sujetos, es decir, entre t\u00e9rminos a los cuales el Derecho dota de aptitud o de capacidad para desempe\u00f1arse como tales\u201d. <\/p>\n
Ahora, si el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil establece que toda persona natural o jur\u00eddica puede ser parte de un proceso, s\u00edguese de lo dicho que al carecer la sucesi\u00f3n de tal personalidad, si alguien demanda, o es demandado, en calidad de heredero, para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas, el presupuesto procesal para ser parte s\u00f3lo quedar\u00eda satisfecho cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a ese t\u00edtulo acude al proceso en cualquiera de los extremos de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
Siguiendo la tesis sobre que la sucesi\u00f3n no es sujeto de derechos y de obligaciones, la Corte en la sentencia citada reiter\u00f3 la doctrina elaborada desde el fallo de 21 de junio de 1959, seg\u00fan la cual las cuestiones atinentes a la demostraci\u00f3n de la calidad de heredero de quien act\u00faa como tal \u201cpertenecen al campo procesal y no al sustancial, vale decir, corresponde\u2026a uno de los presupuestos del proceso, y no a una de las condiciones de la acci\u00f3n civil, como se hab\u00eda venido sosteniendo\u201d. De lo cual infiri\u00f3 para entonces \u201cque la ausencia de prueba sobre el car\u00e1cter de heredero implica sentencia inhibitoria con consecuencias de cosa juzgada formal y no de sentencia de m\u00e9rito, con consecuencias de cosa juzgada material\u201d. (CSJ SC 1 abr. 2002, rad. 6111). <\/p>\n
En este orden, surge claro que si el estrado judicial de \u00faltima instancia constat\u00f3 la ausencia de la prueba de la condici\u00f3n de los demandantes como herederos de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, lo que cabalmente coligi\u00f3 fue el incumplimiento del presupuesto procesal de capacidad para ser parte y, por consecuencia, en aras de evitar fallo inhibitorio debi\u00f3 decretar el acopio de los documentos que demostraran la condici\u00f3n invocada por los peticionarios. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el Tribunal incurri\u00f3 en dos falencias a la par, la primera, olvidar que la falta de acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de herederos de quienes demandan en nombre de una sucesi\u00f3n implica la insatisfacci\u00f3n del presupuesto procesal de capacidad para ser parte que, a su vez, le impon\u00eda el deber de suplir ese vac\u00edo mediante el decreto oficioso de pruebas (CSJ SC2215 de 2021, rad. 2012-00276-02); y la segunda, asumir que esa omisi\u00f3n probatoria concierne al inter\u00e9s sustancial de los reclamantes, como ciertamente lo denomin\u00f3, cuando realmente se trata de aspecto procesal de la contienda relativo al presupuesto procesal para ser parte. <\/p>\n
7. De cara a la legitimaci\u00f3n por activa, aun en el evento de que la Corte obrara como juzgadora de instancia tras casar la sentencia del tribunal producto del error de derecho alegado en el cargo primero del libelo extraordinario y tuviera por acreditada la condici\u00f3n de herederos de los demandantes respecto de los causantes Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, la Corte colegir\u00eda que Doris Navarro de Torres no intervino en nombre propio en los contratos plasmados en las escrituras p\u00fablicas 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, 94 y 95 de 25 de enero de 1984 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, 5631 y 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, y 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena. <\/p>\n
Es decir que ella carecer\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa para censurar acuerdos de voluntades en los cuales no fue part\u00edcipe, aspecto sobre el cual rige, como regla de principio, que \u00ab\u2026concebido el contrato como un acuerdo dispositivo de intereses para constituir, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas, tiene fuerza obligatoria entre las partes y no genera efectos respecto de terceros salvo en las hip\u00f3tesis consagradas en el ordenamiento. A este t\u00f3pico, parte, estricto sensu, es el titular del derecho, rectius, inter\u00e9s constitutivo del acto dispositivo, independientemente de su celebraci\u00f3n por s\u00ed o por conducto de otra persona (G.B. Ferri, Parte del negozio, Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Milano, Giuffr\u00e9, 1981, pp. 901 ss.) y, a contrario sensu, tercero, por exclusi\u00f3n, es el sujeto extra\u00f1o o ajeno al inter\u00e9s dispuesto en virtud del negocio jur\u00eddico. El contrato, en efecto, es norma, precepto o regla negocial vinculante de las partes, \u00fanicas legitimadas para deducir o controvertir los derechos y prestaciones derivados de su existencia, a diferencia de los terceros, respecto de quienes, ni los perjudica, ni los favorece (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse postest), es decir, el principio general imperante es el de la relatividad de los contratos cuyo fundamento se encuentra en la esfera de la autonom\u00eda privada, la libertad contractual y la legitimaci\u00f3n dispositiva de los intereses de cada persona.\u00bb (CSJ SC061 de 2008, rad. 2001-06291). <\/p>\n
Tampoco tendr\u00eda legitimaci\u00f3n por activa Fidel Torres Mantilla respecto de los aludidos negocios, porque fueron celebrados con posterioridad a su deceso, ocurrido a finales del a\u00f1o 1979, de donde estar\u00eda imposibilitado para opugnar actos celebrados con posterioridad a su existencia. <\/p>\n
It\u00e9rase, que el ejercicio por los demandantes de la acci\u00f3n iure hereditatis traduce que estos pasan a tomar la posici\u00f3n del causante en el contrato criticado, m\u00e1s no implica la satisfacci\u00f3n, per se, de la legitimaci\u00f3n por activa para auscultar cualquiera alianza, sino aquellas en las cuales intervinieron los causantes Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres, a nombre propio. <\/p>\n
Por ende, si la Sala fungiera como juez de segunda instancia estar\u00eda avocada a desestimar el petitum en relaci\u00f3n con dichos negocios por falta de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
8. Acerca de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n y espec\u00edficamente del momento en que debe iniciar el conteo de ese instituto, aspecto sobre el cual versan los dos \u00faltimos cargos de los recurrentes, diversas posturas han sido expuestas. La primera vertiente doctrinal se inclin\u00f3 por partir del surgimiento de la discordia entre los interesados para concretar el desaparecimiento del acto ficticio, lo cual incluye a las partes intervinientes en este, toda vez que, afirma, all\u00ed nace el inter\u00e9s del demandante para reclamar ante el estamento jurisdiccional la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n (SC 26 jul. 1956; SCJ SC 20 oct. 1959, G.J. XCI parte 2 p\u00e1gs. 782 a 788; CSJ SC 30 oct. 1998, rad. 4920; SC21801 de 2017, entre otras). <\/p>\n
La segunda vertiente doctrinal repudia tal tesis y aboga por tener en cuenta, casi que de forma absoluta, la fecha de celebraci\u00f3n del contrato prometido (CSJ SC 20 jul. 1993; CSJ SC 27 jul. 2000; SCJ STC8831 de 2015, entre otras). <\/p>\n
Ante tal dicotom\u00eda, presentada incluso a nivel jurisprudencial y evidenciada en los precedentes citados a los cuales remite la Sala en gracia de brevedad, esta Corporaci\u00f3n recientemente adopt\u00f3 postura intermedia para computar el dies a quo del t\u00e9rmino prescriptivo de la referida acci\u00f3n de prevalencia, que pende de la condici\u00f3n del reclamante, esto es, si fue parte interviniente en el acto refutado o tercero ajeno al mismo pero interesado en \u00e9l. <\/p>\n
En efecto, en providencia SC1971 de 2022 (rad. 2018-00106) ratificada en SC231 de 2023 (rad. 2016-00280), la Corte sent\u00f3 que, en desarrollo de principios superiores como la igualdad, la transparencia en el mercado, la buena fe y la seguridad jur\u00eddica, cuando la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es incoada por quien intervino en la relaci\u00f3n contractual encubierta, el t\u00e9rmino prescriptivo inicia desde la celebraci\u00f3n de este acto, en raz\u00f3n a que desde tal \u00e9poca es exigible para los contratantes la obligaci\u00f3n de descorrer el velo aparente. <\/p>\n
Por supuesto que si los contratantes acuerdan la celebraci\u00f3n de un convenio ficto a la vez est\u00e1n contrayendo la obligaci\u00f3n de aclarar esa situaci\u00f3n contractual mediante la desaparici\u00f3n postrera del fingimiento, es decir que asumen una obligaci\u00f3n pura y simple, al no estar sometida, en principio, a plazo o condici\u00f3n (T\u00edtulo IV, Libro Cuarto del C.C.). <\/p>\n
Pensar lo contrario, esto es, la inexistencia de obligaci\u00f3n de clarificaci\u00f3n del acto fingido y, por ende, su falta de exigibilidad, impondr\u00eda desvirtuar la propia simulaci\u00f3n y trasladar la contienda al campo de la reserva mental de un contratante, la nulidad relativa por vicios del consentimiento, la donaci\u00f3n, u otro remedio de naturaleza sustancial, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
Es que la falta de acuerdo para retrotraer el acto simulado desvirtuar\u00eda el concierto simulatorio, porque presupuesto sine-qua non para estructurar la simulaci\u00f3n es el acuerdo simulatorio o animus simulandi, que constituye el elemento axiol\u00f3gico por antonomasia de la simulaci\u00f3n. El animus simulandi comporta, ineludiblemente, que los contratantes conozcan perfectamente que el acto aparente o p\u00fablico no coincide con el real u oculto, porque si una parte contrayente no conoce que existe un negocio jur\u00eddico oculto, no puede ser tildado de simulador sino que se tratar\u00eda de una reserva mental radicada en el otro contratante. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo ense\u00f1a la doctrina: <\/p>\n
Aunque se presente una discrepancia entre la declaraci\u00f3n p\u00fablica de los agentes y la voluntad real de estos o de cualquiera de ellos, tampoco se estructura la simulaci\u00f3n si dichos agentes no han celebrado un acuerdo privado, previo o coet\u00e1neo de la declaraci\u00f3n p\u00fablica y encaminado, bien sea a privar a esta de todo efecto jur\u00eddico, o bien a modificar su naturaleza o sus condiciones, o bien a desviar la eficacia del acto por conducto del interp\u00f3sito o testaferro. Con otras palabras: la simulaci\u00f3n presupone siempre la connivencia entre quienes han participado en ella. <\/p>\n
Por la raz\u00f3n \u00faltimamente expuesta, es decir, por faltar la confabulaci\u00f3n entre los agentes, la figura de la simulaci\u00f3n queda descartada en los casos de reserva mental, como cuando uno de los agentes, con el fin de hacerle una donaci\u00f3n a un tercero y sin particip\u00e1rselo a su co-contratante, estipula en favor de dicho tercero la transferencia del bien comprado. <\/p>\n
Desde luego, en el lenguaje corriente la reserva mental implica una simulaci\u00f3n, o m\u00e1s exactamente, una disimulaci\u00f3n de la verdadera intenci\u00f3n de quien la comente. Pero, entonces, no se ofrece un enga\u00f1o al p\u00fablico, porque esa intenci\u00f3n real no se manifiesta mediante una declaraci\u00f3n oculta dirigida a la otra parte y de que esta tenga conocimiento. En otros t\u00e9rminos: solo hay una declaraci\u00f3n de voluntad del reservista frente a todo el mundo, inclusive a quien con \u00e9l contrata y, por esta raz\u00f3n, la discordia entre la declaraci\u00f3n y la real intenci\u00f3n de dicho reservista es insondable, imposible de establecer, ya que no ha trascendido del fuero interno a la vida social que es el campo propio de la valoraci\u00f3n jur\u00eddica. De aqu\u00ed el aforismo cl\u00e1sico seg\u00fan el cual el prop\u00f3sito retenido en la mente es inoperante (propositum in mente retento non operatur). Por el contrario, en la simulaci\u00f3n jur\u00eddicamente valorable, al enfrentarse la declaraci\u00f3n fingida por los agentes ante el p\u00fablico y la que traduce su real voluntad, esta contraposici\u00f3n de dos hechos tangibles s\u00ed suscita el problema de determinar cu\u00e1l de los dos debe prevalecer.6 <\/p>\n
De otro lado, refiri\u00e9ndose a los terceros, dentro de los cuales est\u00e1n los herederos del contratante cuando ejercen la acci\u00f3n iure proprio y los acreedores de uno de los contratantes, entre otros interesados, la Sala precis\u00f3 que la anterior regla \u00abno es absoluta, pues en aras de minimizar los efectos del enga\u00f1o, se ha conferido a los terceros afectados con la simulaci\u00f3n el derecho a exigir \u2013a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de prevalencia\u2013 que se revele la verdadera voluntad de los part\u00edcipes en la farsa contractual, prerrogativa que surge como respuesta a alguna lesi\u00f3n concreta, generada al tercero por el negocio ficto. De ah\u00ed que el dies a quo del plazo prescriptivo de la acci\u00f3n de esos terceros coincida con el nacimiento de su inter\u00e9s jur\u00eddico en la declaratoria de simulaci\u00f3n.\u00bb (SC1971 de 2022, rad. 2018-00106). <\/p>\n
Y en decisi\u00f3n m\u00e1s reciente puntualiz\u00f3 que \u00ab[e]n otras palabras, cuando el heredero promueve la demanda de simulaci\u00f3n actuando iure propio, para efectos de contabilizar el lapso de fenecimiento, debe entenderse que la expresi\u00f3n del \u00faltimo inciso del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil referente a que \u00abse cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb, en su caso, ata\u00f1e a la fecha de la muerte del contratante -su causante-, pues es ese el momento a partir del cual puede entenderse que tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo en procurar la recomposici\u00f3n del patrimonio de aquel para defender los derechos herenciales que podr\u00edan quedar menguados de subsistir el negocio que califica como simulado.\u00bb (SC231 de 2023, rad. 2016-00280). <\/p>\n
Por consecuencia, la doctrina probable de la Sala, que consolida la presente determinaci\u00f3n, aboga por calcular el lapso prescriptivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n desde la celebraci\u00f3n del acto aparente si el demandante fungi\u00f3 como contratante, concepto dentro del cual quedan incursos los herederos que ejercen la acci\u00f3n iure hereditatis; o desde el surgimiento del inter\u00e9s cuando es un tercero quien reclama ante el estamento jurisdiccional, entendi\u00e9ndose por tal los acreedores de los contratantes y los herederos que act\u00faan iure proprio. <\/p>\n
Este entendimiento guarda concordancia con el canon 1766 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u00ablas escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura p\u00fablica, no producir\u00e1n efecto contra terceros. Tampoco lo producir\u00e1n las contraescrituras p\u00fablicas, cuando no se ha tomado raz\u00f3n de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.\u00bb <\/p>\n
Ser\u00eda errado, en desmedro de dichos terceros, contabilizarles el inicio del lapso extintivo desde la \u00e9poca del pacto, en tanto equivaldr\u00eda imputarles tardanza para impugnar un acto que a la saz\u00f3n desconocen o del que carec\u00edan de posibilidad de acci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, si de terceros se trata, en cada caso concreto el operador judicial deber\u00e1 examinar cu\u00e1ndo naci\u00f3 el inter\u00e9s que habilite el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, ya por asumir el conocimiento del acto, por activarse la posibilidad de acci\u00f3n como sucede con la delaci\u00f3n de la herencia o por el reconocimiento de la filiaci\u00f3n si esto ocurre con posterioridad al fallecimiento del causante, entre otras muchas variables. <\/p>\n
Con base en las anteriores premisas y descendiendo nuevamente al sub judice, colige la Corte que el tribunal de segunda instancia no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial denunciada en los cargos segundo y cuarto, en la medida en que aplic\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo, en lo que ata\u00f1e a Camilo Rafael Torres Navarro, en condici\u00f3n de socio de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., y respecto de Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro aludiendo exclusivamente a la compraventa materializada en la escritura p\u00fablica 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, desde la fecha de celebraci\u00f3n de los pactos criticados. <\/p>\n
9. Ahora, respecto del conteo del t\u00e9rmino prescriptivo en lo que ata\u00f1e a la acci\u00f3n iure hereditatis ejercida por todos los demandantes -en el evento de que la Corte fungiera como juzgadora de instancia tras casar la sentencia del tribunal producto del error de derecho alegado en el cargo primero del libelo extraordinario y tuviera por acreditada la condici\u00f3n de herederos de los demandantes respecto de los causantes Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres- igualmente el petitum ser\u00eda desestimado por estar agotado el lapso regulado para que opere ese fen\u00f3meno extintivo, al ser forzoso el c\u00e1lculo desde la celebraci\u00f3n de los actos cuestionados, en tanto los herederos pasan a tomar la posici\u00f3n del contratante fallecido. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el lapso prescriptivo que inici\u00f3 para el contratante no mengua por su fallecimiento y la representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n a trav\u00e9s de sus herederos en acci\u00f3n iure hereditatis. <\/p>\n
As\u00ed lo doctrin\u00f3 la Sala en precedente oportunidad al se\u00f1alar, ante pretensi\u00f3n de nulidad de donaci\u00f3n pero aplicable para el caso de autos en relaci\u00f3n con el conteo del lapso prescriptivo de la acci\u00f3n, que: <\/p>\n
Entonces, los herederos pueden censurar los actos realizados por el causante ejerciendo un derecho propio (iure proprio), cuando ven afectada una retribuci\u00f3n que tiene origen en la condici\u00f3n misma de heredero y que el causante no ha podido transmitirle, tal cual sucede con las asignaciones forzosas; o ejerciendo un derecho hereditario (iure hereditatis) si se trata de un bien o prerrogativa que el heredero ha recibido del causante a t\u00edtulo universal, esto es, transmitido por causa de muerte. <\/p>\n
Tal distinci\u00f3n no es de poca monta, si en la cuenta se tiene que de all\u00ed derivan consecuencias de diversa \u00edndole, no s\u00f3lo en trat\u00e1ndose de la legitimaci\u00f3n para elevar la pretensi\u00f3n, tambi\u00e9n en otros aspectos como el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n incoada, seg\u00fan se trate de la promovida por los herederos iure proprio o iure hereditario. <\/p>\n
Ciertamente, en la primera eventualidad el t\u00e9rmino prescriptivo inicia desde el momento en que al alcance de los herederos est\u00e1 demandar el acto del causante, que no es otro que el deceso de \u00e9ste; mientras que en el segundo dicho c\u00e1lculo parte de la celebraci\u00f3n del pacto, como quiera que los herederos obran como continuadores de uno de los contratantes, siendo natural que el lapso que \u00e9l dej\u00f3 avanzar les repercuta, precisamente por entrar a ocupar su lugar, como uno de los extremos del negocio. (CSJ SC4063 de 2020, rad. 2011-00635). <\/p>\n
En efecto, el aludido c\u00e1lculo del t\u00e9rmino prescriptivo pondr\u00eda al descubierto la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n incoada por los demandantes, como herederos de Fidel Torres Mantilla, en relaci\u00f3n con el pacto demandado en el cual \u00e9l intervino, contenido en la escritura p\u00fablica 6377 de 29 de noviembre de 1979 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1, signada por Fidel Torres Mantilla, como vendedor, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, porque desde tal \u00e9poca hasta la presentaci\u00f3n del libelo g\u00e9nesis de este litigio (16 de octubre de 2018) transcurri\u00f3 con holgura el lapso de 20 a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, con anterioridad a la modificaci\u00f3n introducida a trav\u00e9s de la ley 792 de 2002. <\/p>\n
La representaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n ser\u00eda la siguiente, en lo que ata\u00f1e al causante Fidel Torres Mantilla: <\/p>\n
<\/p>\n
Contrato <\/p>\n
Inicio del t\u00e9rmino <\/p>\n
Configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n <\/p>\n
Requerimiento <\/p>\n
Posteriores de demandantes <\/p>\n
Radicaci\u00f3n demanda posterior a prescripci\u00f3n <\/p>\n
E.P. 6377 <\/p>\n
29\/nov\/79 <\/p>\n
Fecha del contrato porque en \u00e9l intervino <\/p>\n
29\/nov\/1999 <\/p>\n
(20 a\u00f1os) <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los dem\u00e1s pactos impugnados sobra aducir la inviabilidad de calcular el t\u00e9rmino prescriptivo respecto del causante Fidel Torres Mantilla, porque fueron celebrados postreramente a su deceso, es decir, ser\u00eda an\u00f3malo iniciar el conteo prescriptivo en \u00e9poca en la cual eran inexistentes los acuerdos de voluntades criticados. <\/p>\n
Incluso, de concluir la Sala que debido a la condici\u00f3n de Doris Navarro de Torres como socia de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. s\u00ed ostenta legitimaci\u00f3n para impugnar los pactos refutados, a igual conclusi\u00f3n desestimatoria llegar\u00eda. <\/p>\n
Ciertamente, respecto de los negocios concretados en las escrituras p\u00fablicas 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, celebrada por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres; 94 y 95 de 25 de enero de 1984 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, celebrada por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres; 5631 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, celebrada por Fidel Jos\u00e9 Torres Navarro, como vendedor representado por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, y Leonor del Rosario Torres Navarro, como compradora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general; y 5633 de 30 de diciembre de 1998 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, celebrada por Leonor del Rosario Torres Navarro, como compradora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general; se tiene que entre la data de los dos primeros pactos y la presentaci\u00f3n de la demanda (16 de octubre de 2018), transcurri\u00f3 el lapso veintenario previsto en el otrora art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, y para las cuatro ventas restantes transcurri\u00f3 el plazo decenal consagrado en este precepto con la modificaci\u00f3n introducida por los c\u00e1nones 1 y 8 de la ley 792 de 2002 -contado desde la entrada en vigencia de \u00e9sta por mandato del art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887-, m\u00e1xime cuando los propios demandantes s\u00f3lo aducen haber requerido a los convocados los d\u00edas 29 de marzo de 2016, por correo electr\u00f3nico, y 22 de marzo de 2018, a trav\u00e9s de intento de conciliaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
La representaci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n respecto de la causante Doris Navarro de Torres ser\u00eda: <\/p>\n
<\/p>\n
Contrato <\/p>\n
Inicio del t\u00e9rmino <\/p>\n
Configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n <\/p>\n
Requerimientos <\/p>\n
Posteriores de demandantes <\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n demanda posterior a prescripci\u00f3n <\/p>\n
E.P. 6377 <\/p>\n
29\/nov\/79 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
29\/nov\/1999 <\/p>\n
(20 a\u00f1os) <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
E.P. 912 <\/p>\n
30\/may\/80 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
30\/may\/2000 <\/p>\n
(20 a\u00f1os) <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
E.P. 95 <\/p>\n
25\/ene\/84 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
27\/dic\/2012 <\/p>\n
(10 a\u00f1os) <\/p>\n
Arts. 1\u00b0 ley 791\/2002 y 41 ley 153\/1887 <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
E.P. 5631 <\/p>\n
30\/dic\/98 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
27\/dic\/2012 <\/p>\n
(10 a\u00f1os) <\/p>\n
Arts. 1\u00b0 ley 791\/2002 y 41 ley 153\/1887 <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
E.P. 94 <\/p>\n
25\/ene\/84 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
27\/dic\/2012 <\/p>\n
(10 a\u00f1os) <\/p>\n
Arts. 1\u00b0 ley 791\/2002 y 41 ley 153\/1887 <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
E.P. 5633 <\/p>\n
30\/dic\/98 <\/p>\n
Fecha del contrato por conocerlo en tal ocasi\u00f3n <\/p>\n
27\/dic\/2012 <\/p>\n
(10 a\u00f1os) <\/p>\n
Arts. 1\u00b0 ley 791\/2002 y 41 ley 153\/1887 <\/p>\n
29\/mar\/2016 <\/p>\n
22\/mar\/2018 <\/p>\n
16\/oct\/2018 <\/p>\n
Lo anterior pone de presente que, salvo los negocios comprendidos en las escrituras p\u00fablicas 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena y 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n sobre la cual versan los cargos primero, segundo y cuarto de casaci\u00f3n, lo cual torna irrelevante el yerro de derecho en que incurri\u00f3 el tribunal, izado por los recurrentes en el reproche primero de su libelo extraordinario, porque en el evento de que la Corte actuara en sede de instancia, tras casar la sentencia de segundo grado, estar\u00eda conminada a denegar la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa. <\/p>\n
10. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a las compraventas restantes, sobre las cuales no oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, protocolizadas en las escrituras p\u00fablicas 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, suscrita por Leonor del Rosario Torres Navarro, como vendedora representada por Doris Navarro de Torres en condici\u00f3n de apoderada general, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora; y 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, suscritas por Doris Navarro de Torres, como vendedora, y Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como compradora; la conclusi\u00f3n de la Corte tambi\u00e9n ser\u00eda desestimatoria. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, de un lado, porque respecto de aquella venta Doris Navarro de Torres carecer\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa, esta vez porque dej\u00f3 de ser socia de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C. con ocasi\u00f3n de la reforma social contenida en escritura p\u00fablica 536 de 14 de febrero de 2007 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, acto ajeno al presente litigio. <\/p>\n
De otro lado y en relaci\u00f3n con los dos pactos, porque los demandantes deprecaron declarar la simulaci\u00f3n relativa de esos negocios por contener donaciones. <\/p>\n
Expresamente en el hecho vig\u00e9simo de su escrito de reforma a la demanda, lo peticionarios relataron que \u00ab[h]abi\u00e9ndose nombrado el se\u00f1or Ignacio Torres Navarro como Socio Colectivo principal, este continu\u00f3, con la ven\u00eda de las socias comanditarias, a realizar varios movimientos y transacciones irregulares con el patrimonio familiar, sin el consentimiento del resto de la familia, violando de esta manera el objeto social que se hab\u00eda determinado, realizando negocios simulados, pues de una parte, el comprador no pag\u00f3 el precio, se pretendi\u00f3 encubrir una donaci\u00f3n sin mediar insinuaci\u00f3n y sin sufragar los impuestos que causa el acto gratuito, y de otra parte, con estas donaciones se vulnera la vocaci\u00f3n hereditaria de mis representados\u2026\u00bb7 (Resaltado impropio). <\/p>\n
Es decir que los convocantes invocaron la configuraci\u00f3n de simulaciones relativas porque las convenciones correspond\u00edan a donaciones. <\/p>\n
No obstante que los demandados negaron esas situaciones lo cierto es que, aun de acoger la tesis de los promotores, no quedar\u00edan al descubierto las donaciones alegadas sino, por el contrario, aportes societarios, esto es, actos jur\u00eddicos totalmente diversos a los solicitados declarar. <\/p>\n
En efecto, los propios accionantes manifestaron en la demanda genitora del pleito y a lo largo del proceso, incluido su libelo de casaci\u00f3n, que el deseo de los hermanos Torres Navarro as\u00ed como el de sus progenitores, desde la constituci\u00f3n de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., fue transferir a esta entidad todos los bienes para garantizar la calidad de vida de Doris Navarro de Torres, salvaguardar el patrimonio familiar y realizar la distribuci\u00f3n equitativa entre los herederos -una vez fallecidos los padres-. <\/p>\n
Entonces, probado estar\u00eda que las transferencias realizadas a Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 2339 de 29 de julio de 2014 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena por parte de Leonor del Rosario Torres Navarro, y mediante la escritura p\u00fabica 3411 de 25 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena por Doris Navarro de Torres, obedecer\u00edan a aportes societarios a favor de la referida compa\u00f1\u00eda mercantil, pues las enajenantes ten\u00edan el deseo de que los bienes objeto de esos actos fueran distribuidos entre todos los descendientes inmediatos de Doris Navarro de Torres a trav\u00e9s de la empresa de marras. <\/p>\n
Esto guardar\u00eda concordancia con la posici\u00f3n de los solicitantes de omitir impugnar la composici\u00f3n pasada y presente de Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., as\u00ed como las decisiones tomadas al margen de sus \u00f3rganos sociales. <\/p>\n
Por ende, las donaciones alegadas estar\u00edan llamadas al fracaso porque el acervo probatorio, erigido fundamentalmente en las manifestaciones que con fuerza de confesi\u00f3n realizaron los accionantes, desvirtuar\u00eda esas supuestas donaciones y, en esa medida, la Corte estar\u00eda imposibilitada para acceder a lo pretendido, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia, como quiera que estar\u00eda accediendo a una pretensi\u00f3n no elevada por los iniciadores de la contienda judicial y respecto de la cual los convocados tampoco tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa. <\/p>\n
11. En suma, a pesar del error de derecho en que incurri\u00f3 el juzgador ad-quem en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio, la Corte colige su intrascendencia, de donde los cargos primero, segundo y cuarto no se abren paso, en la medida en que las pretensiones de los demandantes seguir\u00edan estando llamadas al fracaso, ya por haber operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n respecto los seis negocios criticados m\u00e1s antiguos, ora por falta de legitimaci\u00f3n por activa de las sucesiones demandantes en relaci\u00f3n con los seis pactos descritos en los numerales 1.3 a 1.8. de esta providencia, e incluso, en lo que ata\u00f1e a los dos m\u00e1s recientes acuerdos de voluntades, por estar desvirtuadas las supuestas donaciones alegadas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, como inveteradamente lo ha expuesto la Corte, para la prosperidad de un reproche casacional el recurrente tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en relaci\u00f3n con el sentido decisorio de la sentencia recurrida, es decir que no basta con la demostraci\u00f3n de alguna modalidad de error, tambi\u00e9n es menester poner de presente que de no haber ocurrido esa falencia el veredicto habr\u00eda sido favorable a sus intereses. <\/p>\n
Concerniente a este requisito de prosperidad de la casaci\u00f3n la Sala tiene sentado que: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el error a que alude el segundo motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), debe ser de tal magnitud que incida adversamente en la forma como se desat\u00f3 el litigio, produci\u00e9ndose un resultado contrario al legal. <\/p>\n
Sobre el punto tiene dicho la Sala que la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n: <\/p>\n
12. De todo lo analizado emerge que el juzgador ad quem no incurri\u00f3 en todos los errores in iudicando a \u00e9l enrostrados, s\u00f3lo en una falencia de derecho, la que de cualquier manera resulta irrelevante para casar su veredicto, lo que conlleva la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
No habr\u00e1 imposici\u00f3n de costas en raz\u00f3n a la rectificaci\u00f3n doctrinaria realizada, al tenor del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. NO CASAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, adicionada el 5 de noviembre siguiente, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que Fidel Jos\u00e9, Germ\u00e1n Fidel y Camilo Rafael Torres Navarro promovieron en nombre de las sucesiones de Fidel Torres Mantilla y Doris Navarro de Torres contra Martha Sof\u00eda Porto Infante, Leonor Patricia L\u00f3pez Iglesias Torres, Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., Leonor del Rosario e Ignacio Torres Navarro. <\/p>\n
Segundo. Sin condena en costas. <\/p>\n
En firme esta providencia devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Posteriormente, tras venta del solar de la heredad realizada mediante escritura p\u00fablica 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda 3 de Cartagena y el sometimiento de la casa restante al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1834 de 3 de octubre de 1983 de la Notar\u00eda 1 de Cartagena, surgieron 3 predios identificados con matr\u00edculas 060-38686, 060-52691 y 060-52686. <\/p>\n
2\u0002 La fecha real corresponde al 25 de enero de 1984. <\/p>\n
3\u0002 El a\u00f1o corresponde realmente a 1998. <\/p>\n
4\u0002 El a\u00f1o real corresponde a 1984. <\/p>\n
5\u0002 Entre esos dos actos fue celebrada venta parcial, con escritura p\u00fablica 912 de 30 de mayo de 1980 de la Notar\u00eda Tercera de Cartagena, por Torres Navarro y C\u00eda. S. en C., como vendedora representada legalmente por Doris Navarro de Torres, a favor de Leonor Torres de L\u00f3pez, como compradora, que tuvo por objeto una porci\u00f3n del bien identificado con matr\u00edcula 060-29471 y dio lugar a la matr\u00edcula 060-38686. <\/p>\n
6\u0002 Ospina Fern\u00e1ndez, Guillermo. Teor\u00eda General del Contrato y de los dem\u00e1s Actos o Negocios Jur\u00eddicos, Temis, 1994, p\u00e1gs. 114 y 115. <\/p>\n
7\u0002 Folio 5, cuaderno 12, equivalente al archivo 13CuadernoNo.12.pdf <\/p>\n
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SC396-2023 (2018-00345-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC396-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-31-03-002-2018-00345-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}