SC434-2023 (2019-00044-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC434-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-001-2019-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- respecto de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 -corregida, oficiosamente, el 19 de diciembre siguiente- por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de expropiaci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra del se\u00f1or Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La Agencia Nacional de Infraestructura -en adelante, ANI- pretendi\u00f3 el decreto, por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, de la expropiaci\u00f3n, a su favor, de una \u00abzona de terreno, identificada con la ficha predial No. CCB-UF6-080\u00aa-D de fecha 27 de octubre de 2017, elaborada por CONCESI\u00d3N COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., con un \u00e1rea requerida de terreno de OCHENTA Y OCHO COMA CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS (\u2026), la cual se segrega de un predio de mayor extensi\u00f3n ubicado en la T 3\u00aa No. 22-200, Barrio Villa Campestre, Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atl\u00e1ntico, identificado con (\u2026) folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-275505 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla\u00bb. A su turno, pidi\u00f3 que se fijara, como valor de la zona de terreno, la suma de setenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil quinientos ocho pesos ($76.837.508,00). <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
Inform\u00f3 que, para la ejecuci\u00f3n del proyecto vial \u00abCorredor Cartagena-Barranquilla y circunvalar de la prosperidad \u2013 subsector 03- unidad funcional 6\u00bb, requiere la adquisici\u00f3n de la zona de terreno pretendida. A su turno, indic\u00f3 que el se\u00f1or Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho es el titular del derecho de dominio de la franja de fundo objeto de expropiaci\u00f3n. Y, adem\u00e1s, que el bien fue avaluado en $76.837.508,00 por la Corporaci\u00f3n Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Ra\u00edz1. <\/p>\n
Sin embargo, la se\u00f1ora Andrea del Pilar Ruiz Herr\u00e1n, quien manifest\u00f3 ser la due\u00f1a del predio objeto de expropiaci\u00f3n, se opuso a la oferta alegando que \u00absobre el predio en menci\u00f3n existe un proyecto urban\u00edstico de edificaci\u00f3n de apartamentos, el cual se encuentra ya en ejecuci\u00f3n de ventas con un cubrimiento total del 50% de las ventas ya realizadas con sus respectivos anticipos\u00bb. Con oficio D-656-BQP-18 del 15 de junio del 2018, la Concesi\u00f3n Costera solicit\u00f3 el env\u00edo de documento id\u00f3neo que acreditara la titularidad de la se\u00f1ora Ruiz sobre el inmueble a efectos de otorgar informaci\u00f3n de fondo respecto de lo exigido. Vencidos los 30 d\u00edas h\u00e1biles, contados desde la notificaci\u00f3n de la oferta formal de compra -y sin haberse llegado a acuerdo formal para la enajenaci\u00f3n voluntaria-, se inici\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n judicial. Se profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 1618 del 29 de agosto de 2018, que orden\u00f3 \u00abel inicio del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb2. <\/p>\n
En su contestaci\u00f3n, la apoderada del demandado se opuso al aval\u00fao efectuado. Y solicit\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n se abstuviere de ordenar la inscripci\u00f3n de la sentencia en el respectivo folio de matr\u00edcula \u00abhasta tanto no se indemnice en debida forma a mi representado\u00bb.3De otro lado, pidi\u00f3 que se ordenara a la entidad impulsora a pagar la suma de $36.927.216.532, \u00abque corresponde a la indemnizaci\u00f3n tasada de acuerdo al experticio t\u00e9cnico efectuado por el se\u00f1or perito adscrito a la CORPORACI\u00d3N LONJA NACIONAL DE INGENIEROS AVALUADORES LIMITADA\u00bb. <\/p>\n
4.- Resoluci\u00f3n de las instancias <\/p>\n
4.1. Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, con sentencia dictada el 21 de junio de 20194, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Determin\u00f3 que el valor de la zona de terreno ascend\u00eda al monto de $76.837.508,00, esto es, la suma se\u00f1alada por la entidad demandante y correspondiente al aval\u00fao elaborado el 8 de marzo de 2018 por la Corporaci\u00f3n de Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de Propiedad Ra\u00edz. <\/p>\n
4.2. Tal providencia fue apelada por la parte demandada. La alzada la zanj\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma capital en prove\u00eddo del 11 de diciembre de 20195 -corregida el 19 de diciembre siguiente6-, que revoc\u00f3 el numeral segundo del pronunciamiento impugnado. En su lugar i) acogi\u00f3, como definitivo, el aval\u00fao presentado por Carlos Acevedo Juliao; ii) fij\u00f3, como valor definitivo del \u00e1rea expropiada, la suma de $149.581.900; y iii) conden\u00f3 a la demandante a pagar la suma de $99.913.452, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por concepto de da\u00f1o emergente, y $1.468.661.000, por lucro cesante. Todas las sumas anteriores, indexadas desde el 15 de noviembre de 2017 hasta que se \u00abprodu[jere] el pago <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal dictamin\u00f3, de entrada, que el problema jur\u00eddico se circunscrib\u00eda a determinar cu\u00e1l de los dos aval\u00faos presentados en el proceso se tendr\u00eda en cuenta para establecer el valor del terreno expropiado. Y si hay lugar o no a reconocer alg\u00fan rubro por concepto de indemnizaci\u00f3n a t\u00edtulo de lucro cesante y da\u00f1o emergente. A su turno, realiz\u00f3 un breve an\u00e1lisis de las normas aplicables a la objeci\u00f3n del aval\u00fao en el proceso de expropiaci\u00f3n judicial (art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, 23 de la Ley 1682 del 2012 y la Ley 1742 de 2014). <\/p>\n
Una vez fueron valorados los dos peritazgos, evidenci\u00f3 que la metodolog\u00eda presentada por la demandante no cumpl\u00eda \u00abcon los lineamientos normativos que exige el m\u00e9todo utilizado, cual es, \u201cestablecer el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas de bienes semejantes y comparables al del objeto de aval\u00fao\u201d puesto que de las 4 muestras consultadas, la distinguida con el No. 122 corresponde a un predio fuera de la jurisdicci\u00f3n donde se localiza la franja expropiada, lo que la hace no semejante o susceptible de comparaci\u00f3n (\u2026)\u00bb7. Por otro lado, en torno a la forma como se recolectaron y clasificaron las muestras para luego obtener la homogeneizaci\u00f3n del valor del terreno, observ\u00f3 que el perito reconoci\u00f3 que no hab\u00eda tomado en cuenta \u00abla ubicaci\u00f3n de las muestras con relaci\u00f3n al predio perseguido, omitiendo una vez m\u00e1s la correcta aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo utilizado\u00bb. En lo que toca con la omisi\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n otorgada al predio expropiado para un desarrollo inmobiliario, el ad quem estim\u00f3 que \u00abla parte demandante desconoci\u00f3 por completo tal realidad, conllevando dicha omisi\u00f3n a que el valor de la indemnizaci\u00f3n a favor de la parte demandada disminuyera ostensiblemente, al no determinarse los rubros indemnizatorios a que habr\u00eda lugar con ocasi\u00f3n de la interrupci\u00f3n y\/o modificaci\u00f3n del proyecto urban\u00edstico que se ten\u00eda planeado construir en parte de la franja expropiada\u00bb. <\/p>\n
Valoradas las pruebas documentales obrantes en el plenario, evidenci\u00f3 que para la fecha de confecci\u00f3n de la ficha predial por la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla -15 de noviembre de 2017-, as\u00ed como para la data de realizaci\u00f3n del dictamen -marzo del 2018-, \u00abel predio objeto de expropiaci\u00f3n contaba con la licencia de urbanismo y construcci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre, por lo que no es aceptable que en la elaboraci\u00f3n de la ficha t\u00e9cnica y en el peritazgo realizado posteriormente, la parte demandante negara su existencia, puesto que esto implic\u00f3 el desconocimiento de la posible indemnizaci\u00f3n que se causar\u00eda con ocasi\u00f3n de la expropiaci\u00f3n de parte de este terreno a edificar\u00bb. Aunado a ello, destac\u00f3 el aparte de la declaraci\u00f3n del perito, en el que manifest\u00f3 que la Concesi\u00f3n no le suministr\u00f3 ninguna licencia de construcci\u00f3n8. <\/p>\n
Respecto de los perjuicios, iter\u00f3 que tales rubros no fueron tomados en cuenta en el informe pericial allegado por la entidad demandante. Pero s\u00ed lo fueron en el rendido por el perito de la pasiva \u2013 Carlos Acevedo Juliao-, quien \u00abdetermin\u00f3 tanto [el] da\u00f1o emergente como [el] lucro cesante, teniendo como soporte para su causaci\u00f3n, los gastos en que incurri\u00f3 el demandado con ocasi\u00f3n de la otorgaci\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n del a\u00f1o 2013, prorrogada y revalidada en los a\u00f1os 2016 y 2018 por parte del Municipio de Puerto Colombia, para desarrollar el proyecto inmobiliario \u201cTorres del Caribe Villa Campestre\u201d y las sumas dejadas de percibir por la no ejecuci\u00f3n del proyecto urban\u00edstico en el lote de terreno donde se tom\u00f3 el \u00e1rea objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb. As\u00ed, pues, a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, reconoci\u00f3 el gasto en que incurri\u00f3 el se\u00f1or Sanju\u00e1n Camacho para que se profirieran las licencias de construcci\u00f3n y urbanismo, as\u00ed como el costo del levantamiento topogr\u00e1fico, del estudio de suelos, dise\u00f1o y planos del proyecto arquitect\u00f3nico y del dise\u00f1o, planos y memoria del c\u00e1lculo estructural. De la audiencia de contradicci\u00f3n del dictamen del d\u00eda 28 de noviembre de 2019 y de los documentos aportados a dicha audiencia por el experto Carlos Acevedo Juliao, el Tribunal pudo comprobar que se causaron, por concepto de lucro cesante, los siguientes da\u00f1os9: <\/p>\n
i) La diferencia entre el valor propio neto 1 y 2 (diferencia entre el mayor valor generado por no disponer del \u00e1rea total), cuya cuant\u00eda ascendi\u00f3 a $43.661.000; y <\/p>\n
ii) Disminuci\u00f3n del \u00e1rea total del predio de 1.504,00 mt2 a 1.415,49 mts2, lo que cercen\u00f3 parte de la superficie destinada a la rampa de acceso vehicular a los niveles de s\u00f3tano y semis\u00f3tano. Este rubro fue cuantificado en $1.425.000.000. <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Censur\u00f3 la providencia por violar, indirectamente, el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; de quebrantar los art\u00edculos 1519, 1525, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el 6 de la Ley 1228 de 2008, por falta de aplicaci\u00f3n; y los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, el 16 de la Ley 446 de 1998 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, todos por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Asegur\u00f3 que se incurri\u00f3 en error de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n y las documentales obrantes a folios 36, 37, 60 y 120 al 129, \u00abtodo lo cual llev[\u00f3] al Tribunal a valorar indebidamente el peritaje aportado por la parte demandada (folios 111 al 116 del cuaderno principal) as\u00ed como la declaraci\u00f3n del perito avaluador Carlos Arturo Acevedo Juliao\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las documentales obrantes a folios 120 a 129, insisti\u00f3 en que el yerro se present\u00f3 \u00abal considerar que todas ellas estaban referidas a una misma licencia urban\u00edstica o de construcci\u00f3n que hab\u00eda sido expedida en agosto de 2013, renovada en julio 18 de 2016 y revalidada en septiembre 11 de 2018, desconociendo que el contenido literal Resoluci\u00f3n 356 hace referencia a la Revalidaci\u00f3n de la licencia otorgada mediante Resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre de 2013, licencia diferente a la otorgada mediante resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013, renovada mediante resoluci\u00f3n 211 del 18 de junio de 2016\u00bb. Adem\u00e1s, no tuvo en cuenta las pruebas contenidas en los folios 36, 37 -certificado de tradici\u00f3n del bien- y 60 -notificaci\u00f3n de la oferta formal de compra-, \u00abtodo lo cual lo llev\u00f3 a valorar err\u00f3neamente el aval\u00fao presentado por la parte demandada en lo que toca con la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reiter\u00f3 lo dicho en torno a las resoluciones 211 del 18 de julio del 2016, 180 del 8 de agosto de 2013 y 356 del 11 de septiembre del 2018. Pese a tales hechos, \u00abel Tribunal en su sentencia, al valorar la certificaci\u00f3n expedida por el Secretario de Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto Colombia (folio 129, cuaderno principal), concluy\u00f3 que la licencia de construcci\u00f3n otorgada al demandado mediante Resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013, hab\u00eda sido revalidada mediante Resoluci\u00f3n 356 del 11 de septiembre de 2018, lo cual no es cierto\u00bb. De conformidad con el art\u00edculo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 del 2015, se dijo, era menester concluir que la resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre del 2013 se encontraba vencida incluso con anterioridad al 11 de septiembre del 2018.10A su turno, respecto de la licencia de construcci\u00f3n otorgada el 08 de agosto del 2013 y renovada el 18 de julio del 2013, no existe prueba de vigencias posteriores. De forma tal que \u00abla \u00fanica conclusi\u00f3n a la que pod\u00eda llegar el Tribunal es que, para el 17 de mayo de 2019, fecha en la que fue elaborado el dictamen pericial que sirve de fundamento a la sentencia demandada, la licencia de construcci\u00f3n, otorgada al demandado mediante resoluci\u00f3n 180 de agosto 08 de 2013, se encontraba vencida\u00bb. Dichos yerros conllevaron a que el ad quem valorara de forma deficiente el peritaje denominado \u00abAval\u00fao de da\u00f1o emergente \u2013 lucro cesante \u2013 frutos civiles\u00bb, pues se tom\u00f3 como cierta la estimaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y del lucro cesante \u00aball\u00ed contenidas, desconociendo que dicha valoraci\u00f3n se fund\u00f3 precisamente en la presunci\u00f3n de vigencia de la licencia de construcci\u00f3n otorgada mediante Resoluci\u00f3n 180 de agosto 08 de 2013, tal como se lee en el punto 3 del informe\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de haberse apreciado adecuadamente el material probatorio, se habr\u00eda estimado que \u00abla vigencia de la Resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013 se extendi\u00f3 s\u00f3lo hasta el 08 de agosto de 2018, por ende, habr\u00eda concluido que la imposibilidad de hacer uso de la licencia deven\u00eda de la omisi\u00f3n del propio demandado y no como consecuencia de la expropiaci\u00f3n\u00bb. Por ende, no se habr\u00eda dado valor al dictamen en lo que toca con el lucro cesante y el da\u00f1o emergente. Adicionalmente, habr\u00eda determinado que la Resoluci\u00f3n 356 de 2018 revalid\u00f3 la 236 de septiembre de 2013, de la que no existe prueba. Todo ello habr\u00eda implicado que se concluyera la ausencia de elementos materiales de juicio para determinar el contenido y alcance de la licencia urban\u00edstica otorgada por medio del mentado acto administrativo. En tal virtud, \u00abal no contar con prueba de la existencia previa de la licencia de construcci\u00f3n otorgada mediante Resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre de 2013, y, por lo tanto, siendo imposible establecer su alcance, no era dable determinar la ocurrencia de da\u00f1o emergente o lucro cesante como efectos de la imposibilidad de ejecuci\u00f3n de la mentada licencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El casacionista se propone demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en una apreciaci\u00f3n defectuosa de ciertas pruebas recaudadas en el proceso \u2013 resoluciones 180 del 08 de agosto de 2013, 211 del 18 de julio de 2016 y 356 de septiembre 11 de 2018 y dictamen pericial-. Y por esa v\u00eda, endilga la violaci\u00f3n de normas sustanciales. As\u00ed las cosas, es menester destacar que la tarea del impugnante debe estar dirigida a demostrar, si de error de hecho se trata, que el yerro que le enrostra al juzgador es notorio o evidente. En otras palabras, que hay una clara contrariedad entre la conclusi\u00f3n del Tribunal y aquello que los medios probatorios revelan. <\/p>\n
Esto es, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esas pruebas muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando se exige que \u00e9ste sea \u00abmanifiesto\u00bb, excluye que los supuestos yerros tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. Ello implica que no sea plausible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal. Y mucho menos definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas: \u00ab[d]e ah\u00ed la necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb11. Es decir, \u00ab[n]o sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb12. <\/p>\n
2. De conformidad con los planteamientos anteriores, el cargo no prospera. Al respecto, se ofrece lo que viene. <\/p>\n
2.1. En s\u00edntesis, el censor aduce que el ad quem incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1519, 1525, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, 6 de la ley 1228 de 2008 -por falta de aplicaci\u00f3n-, los c\u00e1nones 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, 16 de la ley 446 de 1998, y par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso -interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-. Ello, como consecuencia del error de hecho al considerar que las resoluciones 180 de 2013, 211 de 2016 y 356 de 2018 estaban referidas a la misma licencia urban\u00edstica o de construcci\u00f3n. Por el contrario, insisti\u00f3 en que la 356 \u00abhace referencia a la Revalidaci\u00f3n de la licencia otorgada mediante Resoluci\u00f3n 236 del 26 de septiembre de 2013, licencia diferente a la otorgada mediante resoluci\u00f3n 180 del 08 de agosto de 2013, renovada mediante resoluci\u00f3n 211 del 18 de junio de 2016\u00bb. En ese orden de ideas, al estar la resoluci\u00f3n 180 del 8 de agosto del 2013 vencida para la fecha de elaboraci\u00f3n del peritaje, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de da\u00f1os derivados de la imposibilidad del desarrollo del proyecto inmobiliario. <\/p>\n
2.2. En estos t\u00e9rminos, el cargo est\u00e1 presentado de manera deficiente. Y ello es as\u00ed porque no se expuso la forma en que el error de hecho denunciado conllev\u00f3 a la violaci\u00f3n indirecta de las normas que enuncia. Ciertamente, el ejercicio cr\u00edtico se circunscribi\u00f3 a mostrar un desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de ciertos medios de prueba. As\u00ed y todo, se omiti\u00f3 explicar c\u00f3mo tal yerro in iudicando afect\u00f3 las disposiciones que cit\u00f3 al inicio del embate. Esto que se reclama del cargo ostentaba una trascendental importancia: varias de las normas citadas, en especial los art\u00edculos 1525, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil -sobre la nulidad, que no sobre el t\u00f3pico de la expropiaci\u00f3n-, no guardaban ninguna relaci\u00f3n con la controversia. Mem\u00f3rese que, cuando se invoca el segundo motivo de casaci\u00f3n es necesario que al menos se deje entrever la raz\u00f3n por la cual se produjo el quebrantamiento de las disposiciones sustanciales cuya vulneraci\u00f3n se denuncia. <\/p>\n
2.3. Aunado a lo anterior, v\u00e9ase que las \u00fanicas normas sustanciales presuntamente transgredidas por el ad quem fueron las mencionadas en precedencia -arts. 1525, 1741 y 1742 del CC-. En efecto, las normas invocadas no ostentan el car\u00e1cter material. Primero, el canon 6 de la Ley 1228 del 2008 alude a la prohibici\u00f3n de las autoridades urban\u00edsticas o de planeaci\u00f3n de otorgar licencias o permisos de construcci\u00f3n de alguna naturaleza en las fajas a que se refiere dicha ley. Segundo, los c\u00e1nones 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil detallan los elementos de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y definen los conceptos de da\u00f1o emergente y lucro cesante, respectivamente-; aquel 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica versa sobre el derecho de propiedad y el 16 de la Ley 446 de 1998 refiere al principio de reparaci\u00f3n integral. Finalmente, ha de citarse el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, que estatuye la forma en la cual el juez debe valorar la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, cuando se trate de inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas -siempre que se presente una afectaci\u00f3n que ocasione una limitaci\u00f3n temporal o definitiva a la generaci\u00f3n de ingresos provenientes del desarrollo de esas actividades-. <\/p>\n
2.4. Por otro lado, el impugnante omiti\u00f3 pronunciarse frente al pilar sobre el cual el Tribunal construy\u00f3 el fallo en lo concerniente con los perjuicios -incompletitud del cargo-. Esto es, con respecto a la certificaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Puerto Colombia -obrante a folio 129 del expediente-. Y es que, en tal documento, el secretario de Desarrollo Territorial de dicho municipio certific\u00f3 que, para el 20 de diciembre del 2018, el proyecto Torres del Caribe Villa Campestre contaba \u00abcon licencia de construcci\u00f3n, pr\u00f3rroga y revalidaci\u00f3n del mismo\u00bb. De donde el ad quem concluy\u00f3 que, \u00abpara la fecha de la elaboraci\u00f3n de la ficha predial (noviembre 15 de 2017) y para la fecha de realizaci\u00f3n del dictamen (marzo de 2018), el precio objeto de expropiaci\u00f3n contaba con la licencia de urbanismo y construcci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre\u00bb. No obstante, frente a las consideraciones esbozadas por el Colegiado frente a dicho medio probatorio, el casacionista guard\u00f3 silencio. Ev\u00f3quese que el censor debe atacar todos los pilares que sirven de base al fallo, de tal manera que la impugnaci\u00f3n se muestre completa, de cara a los argumentos centrales de la sentencia.13Valga destacar, adem\u00e1s, que en el caso en concreto tal omisi\u00f3n es importante, porque el Tribunal deriv\u00f3 la vigencia de la licencia de construcci\u00f3n a la certificaci\u00f3n expedida por la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n del municipio de Puerto Colombia. Ejercicio hermen\u00e9utico que para esta Sala no resulta constitutivo de error manifiesto ni trascendente: la valoraci\u00f3n -en conjunto- de este documento otorga claridad frente a las resoluciones individualmente consideradas. V\u00e9ase que, de tales medios de prueba, se advierte la siguiente situaci\u00f3n. <\/p>\n
i) Con resoluci\u00f3n n\u00fam. 180 del 08 de agosto del 2013, la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Colombia otorg\u00f3 al se\u00f1or Robert Sanjuan Camacho licencia \u00abpara la construcci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre, en predios de su propiedad, ubicada en la Transversal 3A Avenida los Tajamares No 22-200, Urbanizaci\u00f3n Villa Campestre, Corregimiento de Sabanilla-Montecarmelo, jurisdicci\u00f3n de este Municipio\u00bb. A la cual se le concedi\u00f3 una vigencia de 36 meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria de la decisi\u00f3n. Adem\u00e1s, se especific\u00f3 que la construcci\u00f3n \u00abtendr\u00e1 un \u00e1rea de 12751.35 m2 (\u2026) que el proyecto a desarrollar consta de un edificio de 20 pisos que conforman 114 unidades de apartamentos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
ii) El 18 de julio del 2016, el municipio concedi\u00f3 al demandado pr\u00f3rroga a la licencia de construcci\u00f3n con resoluci\u00f3n n\u00fam. 211., que ten\u00eda una vigencia de 24 meses, contados a partir del 08 de agosto del 2016. Es relevante observar que, dentro de los fundamentos de hecho de dicho acto, se indic\u00f3 que \u00abel se\u00f1or ROBERT SANJUAN CAMACHO, solicit\u00f3 a este despacho Prorroga a la Resoluci\u00f3n No 236 de fecha 26 de septiembre de 2013, para la construcci\u00f3n del proyecto Torres del Caribe Villa Campestre, en un predio su propiedad, ubicada en la Transversal 3A Avenida los Tajamares No 22-200, Urbanizaci\u00f3n Villa Campestre, Corregimiento de Sabanilla-Montecarmelo, jurisdicci\u00f3n de este Municipio\u00bb. Y que, adem\u00e1s, el proyecto que se construye consta de un \u00e1rea de 12751.35 M2, \u00abun edificio de 20 pisos con 114 unidades de Apartamentos\u00bb y frente al cual fue designado, como constructor a Ingenios de Proyectos S.A. <\/p>\n
iii) Finalmente, con resoluci\u00f3n 356 del 11 de septiembre del 2018, la aludida autoridad administrativa otorg\u00f3 \u00ablicencia de Revalidaci\u00f3n urban\u00edstica de construcci\u00f3n en modalidad de Obra Nueva que se otorg\u00f3 seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 236 de fecha 26 de septiembre de 2013, al se\u00f1or ROBERT SANJUAN CAMACHO, (\u2026) para la terminaci\u00f3n del proyecto Torres del Caribe, en predios de su propiedad, ubicada en la Transversal 3A Avenida los Tajamares No 22-200, Urbanizaci\u00f3n Villa Campestre, Corregimiento de Sabanilla-Montecarmelo, jurisdicci\u00f3n de este Municipio\u00bb. Proyecto que contaba con las siguientes caracter\u00edsticas b\u00e1sicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Uso propuesto <\/p>\n
\u00c1rea de lote <\/p>\n
N\u00b0 Unidades propuestas <\/p>\n
Vivienda <\/p>\n
1504.00m2 <\/p>\n
114 unidades de aptos en 1 torre de 20 y s\u00f3tanos <\/p>\n
<\/p>\n
Constructor Responsable <\/p>\n
INGENIEROS DE PROYECTOS S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
Uso propuesto <\/p>\n
Etapa <\/p>\n
\u00c1rea de Lote <\/p>\n
Vivienda <\/p>\n
UNO <\/p>\n
1504 m2 <\/p>\n
1275.35 m2 <\/p>\n
iv) A su turno, el 20 de diciembre del 2018, el secretario de Desarrollo Territorial certific\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se puede constatar que el proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre cuenta con licencia de construcci\u00f3n pr\u00f3rroga y revalidaci\u00f3n del mismo, descrito de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Resoluci\u00f3n No. 180 del 08 de agosto del 2013. Por medio de la cual se concede licencia de urbanismo y construcci\u00f3n del Proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre al se\u00f1or Robert Sanjuan Camacho. <\/p>\n
2. Resoluci\u00f3n No. 211 del 18 de julio del 2016. Por medio de la cual se concede prorroga a la licencia de construcci\u00f3n dl (sic) proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre al se\u00f1or Robert Sanjuan Camacho. <\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n No. 356 del 11 de septiembre del 2018. Por medio de la cual se concede licencia de revalidaci\u00f3n urban\u00edstica en modalidad de obra nueva del Proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre al se\u00f1or Robert Sanjuan Camacho\u00bb. <\/p>\n
Un an\u00e1lisis individual de tales documentos permite colegir que en la resoluci\u00f3n n\u00fam. 356 del 11 de septiembre de 2018 se cometi\u00f3 un error de digitaci\u00f3n, al hacer alusi\u00f3n, en la parte resolutiva, a la expedici\u00f3n de la licencia de revalidaci\u00f3n urban\u00edstica de la \u00abresoluci\u00f3n No. 236 de fecha 26 de septiembre de 2013\u00bb. Cuando, realmente, se refer\u00eda a la licencia otorgada con acto administrativo n\u00fam. 180 del 08 de agosto del 2013. Conclusi\u00f3n a la que se llega tras estudiar el contenido de dichas probanzas, que hacen alusi\u00f3n al mismo proyecto inmobiliario -coinciden en su descripci\u00f3n y caracter\u00edsticas-. No de otra forma pueden interpretarse tales medios de convicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la autoridad administrativa que profiri\u00f3 los actos administrativos en concreto certific\u00f3 -el 20 de diciembre de 2018-, que \u00abel proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre cuenta con licencia de construcci\u00f3n pr\u00f3rroga y revalidaci\u00f3n del mismo\u00bb. Puestas las cosas de esta manera, para esta Corte el Tribunal no incurri\u00f3 en el yerro denunciado, porque las conclusiones a las cuales arrib\u00f3 no aparecen alejadas de lo que objetivamente se desprende de una valoraci\u00f3n individual y en conjunto de las pruebas. Adem\u00e1s, es importante precisar que no aparece acreditado, en el plenario, que tales resoluciones hayan sido anuladas14 al momento en que se confeccionaron los dict\u00e1menes rendidos por las partes demandante15 y demandada16. As\u00ed, pues, era procedente incluir los rubros a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por concepto de la obstrucci\u00f3n de la \u00abactividad edificatoria\u00bb17 que el demandante adelantaba en el predio desde el 2013. En ese orden de ideas, no aparece probado el error de hecho denunciado. Por el contrario, se observa que la valoraci\u00f3n efectuada por el ad quem se encuentra conforme a un an\u00e1lisis racional de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente.18 <\/p>\n
3. En definitiva, el cargo no se abre paso. En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en contra de la entidad recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente; y se tomar\u00e1 en cuenta la r\u00e9plica de los opositores. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 -corregida el 19 de diciembre siguiente-por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Condenar en costas a la recurrente. Incl\u00fayase, en la liquidaci\u00f3n de las costas, la suma de $10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado Ponente. <\/p>\n
TERCERO. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(salvamento de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
SC434-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-001-2019-00044-01 <\/p>\n
Con el respeto que me merece la Sala, me permito disentir de la decisi\u00f3n de no casar la sentencia de 11 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y corregida oficiosamente el 19 siguiente, en el proceso de expropiaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho, que en mi parecer debi\u00f3 ser casada de oficio en defensa del patrimonio p\u00fablico, tal como autoriza el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como bien lo se\u00f1ala el portal web de la ANI19 \u00abes una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, donde tambi\u00e9n se resalta la trascendencia de su objeto en el campo de la infraestructura p\u00fablica de transporte en todos sus modos, por lo que cualquier incidencia en el patrimonio de dicha entidad repercute en el conglomerado, ya sea por el beneficio que se deriva del uso adecuado de sus recursos o el detrimento cuando los costos de las obras a su cargo resultan exorbitantes. <\/p>\n
En el presente caso la ANI promovi\u00f3 acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n de un \u00e1rea de 88,51 m\u00b2 a segregar de un predio de mayor extensi\u00f3n con 1.504,00 m\u00b2, seg\u00fan el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-275505 en el cual figura como propietario inscrito Robert Alex Sanju\u00e1n Camacho, con el fin de poder ejecutar el proyecto vial \u00abcorredor Cartagena-Barranquilla y circunvalar de la prosperidad -subsector 03- unidad funcional 6\u00bb, de gran trascendencia para la comunicabilidad terrestre en la Costa Atl\u00e1ntica. Aport\u00f3 como prueba del valor a reconocer aval\u00fao comercial por $76\u2019837.508, rendido por la Corporaci\u00f3n Registro de Avaluadores y Lonja Colombina de la Propiedad Ra\u00edz, as\u00ed como el certificado de tradici\u00f3n donde consta la inscripci\u00f3n de la oferta formal de compra el 23 de mayo de 201820. <\/p>\n
El convocado se opuso al monto estimado de reparaci\u00f3n \u00abya que actualmente, se afecta sustancialmente y totalmente el proyecto Torres del Caribe, Villa Campestre. Otorgado seg\u00fan Resoluci\u00f3n 180 de agosto 8 del 2013, otorgado por la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Colombia\u00bb y \u00abel \u00e1rea de 88.51 mts que le fueron cercenados, corresponde al \u00e1rea donde se encuentra ubicada la rampa de acceso vehicular a los niveles de s\u00f3tano y semis\u00f3tano\u00bb, lo que implicar\u00eda \u00abhacer un replanteamiento de los planos, para la reubicaci\u00f3n del bloque familiar de veinte (20) pisos que le fueron aprobados\u00bb seg\u00fan la licencia rese\u00f1ada y la pr\u00f3rroga N\u00b0 211 de julio de 2016 y la Resoluci\u00f3n de revalidaci\u00f3n urban\u00edstica N\u00b0 356 del 11 de septiembre de 2018. Estim\u00f3 su detrimento en $36.927\u2019216.532 con base en experticia allegada en la que dicho monto corresponde a las \u00abutilidades programadas en la ejecuci\u00f3n del proyecto\u00bb21. <\/p>\n
En la diligencia de entrega anticipada llevada a cabo el 23 de mayo de 2019, al proceder a la inspecci\u00f3n \u00abdel predio objeto de la litis\u00bb se encontr\u00f3 con que \u00abdentro del mismo hay una construcci\u00f3n de ladrillo de 3,40 metros por un lado y 3,20 metros por el otro. La construcci\u00f3n si bien est\u00e1 cerrada carece de techo y una m\u00ednima porci\u00f3n de la esquina sur queda por fuera de la l\u00ednea de demarcaci\u00f3n del terreno a expropiar\u00bb22, mientras que por prove\u00eddo de 27 de mayo de 2019 se rechaz\u00f3 \u00abde plano el dictamen pericial, aportado por la parte demandada\u00bb en vista de que \u00abno re\u00fane los requisitos consagrados en el numeral 6 del art\u00edculo 399 CGP, por cuanto no es elaborado no por una Lonja de Propiedad Ra\u00edz ni por el IGAC\u00bb (sic)23. <\/p>\n
En la audiencia de fallo de 21 de junio de 2019, de forma preliminar se mantuvo esa \u00faltima determinaci\u00f3n al desatar la reposici\u00f3n del opositor, para finalmente acceder a las pretensiones de la ANI, incluido el monto a indemnizar24. <\/p>\n
En curso de la segunda instancia y en vista de la derrota del proyecto de decisi\u00f3n sometido a discusi\u00f3n de la Sala, la nueva ponente dispuso \u00abTener como pruebas en esta instancia el dictamen aportado por la parte demandada\u00bb25, procediendo con posterioridad a agotar su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Al sopesar los dict\u00e1menes en el fallo del ad quem se le dio m\u00e1s cr\u00e9dito a la experticia allegada por el demandado para reconocer un lucro cesante de $1.468\u2019661.000, a ser actualizada desde el 15 de noviembre de 2017 hasta su pago, para lo cual se tuvo en cuenta el proyecto inmobiliario que no pod\u00eda ser construido por la alteraci\u00f3n del \u00e1rea del lote y que contaba con licencia de urbanizaci\u00f3n conferida por la Alcald\u00eda de Puerto Colombia, lo que precisamente no se apreci\u00f3 por el aval\u00fao de la accionante. <\/p>\n
El \u00fanico cargo admitido de la demanda de casaci\u00f3n presentada por la ANI26 se duele de la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por errores de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n y las pruebas, lo que se desecha por deficiencias de t\u00e9cnica, entre ellas que el cargo fue incompleto porque no se pronuncio <\/p>\n
(\u2026) con respecto a la certificaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Puerto Colombia -obrante a folio 129 del expediente-. Y es que, en tal documento, el secretario de Desarrollo Territorial de dicho municipio certific\u00f3 que, para el 20 de diciembre del 2018, el proyecto Torres del Caribe Villa Campestre contaba \u00abcon licencia de construcci\u00f3n, pr\u00f3rroga y revalidaci\u00f3n del mismo\u00bb. De donde el ad quem concluy\u00f3 que, \u00abpara la fecha de la elaboraci\u00f3n de la ficha predial (noviembre 15 de 2017) y para la fecha de realizaci\u00f3n del dictamen (marzo de 2018), el precio objeto de expropiaci\u00f3n contaba con la licencia de urbanismo y construcci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre\u00bb. No obstante, frente a las consideraciones esbozadas por el Colegiado frente a dicho medio probatorio, el casacionista guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Adicionalmente, se procede a se\u00f1alar que el an\u00e1lisis individual de los actos administrativos a que se refiere dicho documento <\/p>\n
(\u2026) permite colegir que en la resoluci\u00f3n n\u00fam. 356 del 11 de septiembre de 2018 se cometi\u00f3 un error de digitaci\u00f3n, al hacer alusi\u00f3n, en la parte resolutiva, a la expedici\u00f3n de la licencia de revalidaci\u00f3n urban\u00edstica de la \u00abresoluci\u00f3n No. 236 de fecha 26 de septiembre de 2013\u00bb. Cuando, realmente, se refer\u00eda a la licencia otorgada con acto administrativo n\u00fam. 180 del 08 de agosto del 2013. Conclusi\u00f3n a la que se llega tras estudiar el contenido de dichas probanzas, que hacen alusi\u00f3n al mismo proyecto inmobiliario -coinciden en su descripci\u00f3n y caracter\u00edsticas-. No de otra forma pueden interpretarse tales medios de convicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la autoridad administrativa que profiri\u00f3 los actos administrativos en concreto certific\u00f3 -el 20 de diciembre de 2018-, que \u00abel proyecto Torres Del Caribe Villa Campestre cuenta con licencia de construcci\u00f3n pr\u00f3rroga y revalidaci\u00f3n del mismo\u00bb. Puestas las cosas de esta manera, para esta Corte el Tribunal no incurri\u00f3 en el yerro denunciado, porque las conclusiones a las cuales arrib\u00f3 no aparecen alejadas de lo que objetivamente se desprende de una valoraci\u00f3n individual y en conjunto de las pruebas. Adem\u00e1s, es importante precisar que no aparece acreditado, en el plenario, que tales resoluciones hayan sido anuladas al momento en que se confeccionaron los dict\u00e1menes rendidos por las partes demandante y demandada . As\u00ed, pues, era procedente incluir los rubros a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por concepto de la obstrucci\u00f3n de la \u00abactividad edificatoria\u00bb que el demandante adelantaba en el predio desde el 2013. En ese orden de ideas, no aparece probado el error de hecho denunciado. Por el contrario, se observa que la valoraci\u00f3n efectuada por el ad quem se encuentra conforme a un an\u00e1lisis racional de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente <\/p>\n
Precisamente el disentimiento que me asiste tanto del proceder del Tribunal como del aparte transcrito es que, estando en juego el patrimonio p\u00fablico y un incremento considerable del monto reparable, ya que de una orden de indemnizar $76\u2019837.508 seg\u00fan la determinaci\u00f3n del a quo y sin que disienta de lo que se estim\u00f3 en relaci\u00f3n con el incremento del valor del lote en segunda instancia, se pas\u00f3 a reconocer un lucro cesante por $1.468\u2019661.000 suma esta exorbitante ya que fue determinada sobre meras expectativas, sin demostraci\u00f3n suficiente y pasando por alto aspectos puntuales. <\/p>\n
Si bien es cierto que la Alcald\u00eda de Puerto Colombia expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 180 de 8 de agosto de 2013 concediendo autorizaci\u00f3n a Robert Sanjuan Camacho para la \u00abconstrucci\u00f3n del Proyecto Torres del Caribe Villa Campestre 3A\u00bb en el predio con matr\u00edcula inmobiliaria 040-275505, la misma ten\u00eda una vigencia de 36 meses a partir de la ejecutoria, con la advertencia de que si en ese lapso no se iniciaban las obras dicho acto perd\u00eda vigencia y el agregado de que deb\u00edan culminar \u00abdentro del a\u00f1o siguientes (sic) al del inicio de la construcci\u00f3n\u00bb, pero pudiendo pedir una sola pr\u00f3rroga justificada que no podr\u00eda exceder de 12 meses en \u00abcaso de el interesado no culmine las obras dentro del plazo se\u00f1alado\u00bb27. <\/p>\n
Muy a pesar de las anteriores limitaciones y sin que se haga alusi\u00f3n alguna a ejecuci\u00f3n de obras preliminares, se concedi\u00f3 pr\u00f3rroga a dicha licencia por medio de la Resoluci\u00f3n 211 de 18 de julio de 2016, por una vigencia de 24 meses a partir del 8 de agosto de 2016, pero quedando claro que se extend\u00eda solo hasta el 7 de agosto de 201828. <\/p>\n
Aunque para esa \u00faltima data ya estaba inscrita la oferta de compra sobre la porci\u00f3n del inmueble, como se advierte en la anotaci\u00f3n 11 del certificado de tradici\u00f3n29 y que a partir del 8 de agosto de 2018 perdieron valor, tanto la Licencia inicial como su pr\u00f3rroga, extra\u00f1amente se expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0356 de 11 de septiembre de 2018 concediendo \u00ablicencia de revalidaci\u00f3n urban\u00edstica de construcci\u00f3n en modalidad de obra nueva que se otorg\u00f3 seg\u00fan Resoluci\u00f3n N\u00b0 236 de fecha 26 de septiembre de 2013\u00bb, sin que exista una clara justificaci\u00f3n para revivir una actuaci\u00f3n que ya hab\u00eda perdido rigor, aun pasando por alto el error de digitaci\u00f3n que se se\u00f1ala en el fallo del cual me separo. <\/p>\n
Si bien el Tribunal se duele de que la experticia de la accionante no tuvo en cuenta que para la \u00e9poca en que se elabor\u00f3 el contradictor contaba con licencia para sacar adelante un proyecto urban\u00edstico, le da pleno valor al informe que pas\u00f3 por alto no solo las irregularidades antes se\u00f1aladas, sino que no se demostr\u00f3 a cabalidad el compromiso serio del propietario del lote en sacar adelante el proyecto. <\/p>\n
Lo anterior daba pie para que la Corte aplicara los par\u00e1metros fijados CSJ en SC048-2023, donde se sent\u00f3 el postulado de que <\/p>\n
(\u2026) el patrimonio p\u00fablico tambi\u00e9n puede protegerse mediante la casaci\u00f3n oficiosa, lo que sustenta que la Sala est\u00e1 facultada para corregir el menoscabo, detrimento, p\u00e9rdida o deterioro de los bienes o recursos p\u00fablicos y dem\u00e1s intereses patrimoniales del Estado, pues su protecci\u00f3n se traduce en el resguardo de los derechos de la colectividad, y no solo de la entidad espec\u00edfica involucrada en el litigio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Entonces, el patrimonio p\u00fablico cobija el conjunto de activos -recursos, bienes o derechos- de los cuales es titular (i) el estado (como abstracci\u00f3n), as\u00ed como (ii) las entidades que lo conforman (autoridades en sentido estricto), con independencia de la forma que revistan. Tambi\u00e9n incluye aquellos derechos materiales o inmateriales que \u00abpertenecen a la colectividad y cuya titularidad no se encuentra necesariamente en el Estado\u00bb. <\/p>\n
La protecci\u00f3n casacional del patrimonio p\u00fablico es consecuencia imperativa de su \u00abmayor jerarqu\u00eda, pues su vulneraci\u00f3n redunda en la afectaci\u00f3n de todos los asociados\u00bb (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00101-01, se destaca), lo que se traduce en que su protecci\u00f3n es tambi\u00e9n el resguardo de los derechos de la colectividad, por supuesto, cuando el menoscabo sea evidente y notorio. <\/p>\n
Aunque el patrimonio p\u00fablico puede estar ligado a otras nociones, se trata de un concepto aut\u00f3nomo e independiente5, cuya lesi\u00f3n grave y ostensible basta para ejercer la casaci\u00f3n oficiosa, sin que sea necesario corroborar transgresi\u00f3n adicional de otros intereses como puede ser la moralidad administrativa. <\/p>\n
Por supuesto, la Sala ha sentado que la casaci\u00f3n oficiosa est\u00e1 condicionada a que en realidad se hubiere afectado en forma grave y ostensible el patrimonio p\u00fablico; as\u00ed, resultar\u00e1 insuficiente la simple relaci\u00f3n del asunto litigioso con recursos de ese linaje para casar de oficio la sentencia, siempre que se corrobore que no se menoscabaron bienes, recursos o derechos del erario (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00ba 2011-00101). <\/p>\n
Como en esta oportunidad se actu\u00f3 con ligereza por el Tribunal al revivir una prueba que ya hab\u00eda sido desechada en primera instancia, sin siquiera acudir a una prueba de oficio que superara cualquier deficiencia advertida en las experticias allegadas, fuera de reconocer una descomunal indemnizaci\u00f3n que no estaba debidamente acreditada y afecta de forma considerable el patrimonio p\u00fablico, resultaba perentorio casar parcialmente de oficio el fallo en lo tocante al lucro cesante reconocido por el ad quem, muy a pesar de las deficiencias de t\u00e9cnica advertidas frente al \u00fanico cargo objeto de estudio. <\/p>\n
Dejo en estos t\u00e9rminos expuestas las razones de disentimiento. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Asegur\u00f3 que en oficio CCB-BQ-060-18 de 11 de mayo del 2016, la Concesi\u00f3n Costera Cartagena-Barranquilla, delegataria de la demandante, formul\u00f3 oferta formal de compra al propietario, registrada posteriormente por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 2 a 13 del PDF \u00ab42362CuadernoPrimeraInstancia.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 127 a 149 del PDF ibidem. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 206 a 207 del PDF ibidem. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1ginas 64-86 del archivo digital \u00ab01. primera parte.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1ginas 91-93 del archivo digital \u00ab01. primera parte.pdf\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 A su turno, advirti\u00f3 que el punto 10.3 del dictamen, referido al \u00abejercicio del loteo\u00bb y en el que se adopt\u00f3 \u00abcomo nuevo valor del metro cuadrado de la franja expropiada la suma de $840.000, cit\u00e1ndose como fundamento el art\u00edculo 15 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 expedida por el IGAC\u0002\u00bb, se present\u00f3 una contradicci\u00f3n con lo expresado en el punto 8 -referido a las ofertas y\/o investigaci\u00f3n econ\u00f3mica indirecta-, \u00abpuesto que conforme a \u201cLa investigaci\u00f3n Estad\u00edstica Indirecta (Ofertas)\u201d y la \u201cRelaci\u00f3n de la Investigaci\u00f3n Obtenida (punto 8.1)\u201d, en este caso s\u00ed se ten\u00edan las condiciones del mercado para estimar directamente la oferta, la cual oscilaba para el valor del metro cuadrado en $1.700.000 tal como lo expresaron en el punto 10.1\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 En contraposici\u00f3n con dicho dictamen, el aportado por la demandada da cuenta que el valor del metro cuadrado asciende aproximadamente a $1.690.000, \u00absuma similar a la que inicialmente se adopt\u00f3 en el informe pericial rendido por la parte demandante, esto es, $1.700.000 (puntos 10 y 10.1 del informe pericial de la ANI)\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Respecto de la p\u00e9rdida del espacio destinado a juego de ni\u00f1os, evidenci\u00f3 que no se cuantific\u00f3 nada en el dictamen sobre tal punto. As\u00ed mismo, sobre la disminuci\u00f3n del \u00e1rea vendible del proyecto y la imposibilidad de volver a construir, estim\u00f3 que \u00abdentro del expediente no logr\u00f3 probarse que se hubieran iniciado ventas de tal proyecto, ni que se hubiere empezado a desarrollar la construcci\u00f3n, ni aportaron opciones de compra de los apartamentos en menci\u00f3n, no hay entonces certeza de lo dejado de percibir por el demandado en relaci\u00f3n a tales rubros\u00bb. Tambi\u00e9n dictamin\u00f3 que era procedente que \u00abse indexe al demandado la suma reconocida por concepto de indemnizaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n de la franja de terreno que se tom\u00f3 del predio de su propiedad, desde el 15 de noviembre de 2017, fecha en la cual se realiz\u00f3 el aval\u00fao por parte de la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla SAS hasta que se produzca el pago\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 De aquellas consideraciones, es patente que \u00abpara la fecha en que el demandado tramit\u00f3 la Revalidaci\u00f3n de la licencia, ya vencida, se le hab\u00eda notificado la oferta formal de compra, por lo que para efectos del avalu\u00f3 era aplicable lo dispuesto por el art\u00edculo 6 de la ley 1228 de 2008, esto es que la mentada licencia hab\u00eda sido revalidada violando una prohibici\u00f3n legal por lo que, en aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 1519 y 1525 del C\u00f3digo Civil, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de da\u00f1os asociados a la imposibilidad de su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039). <\/p>\n
12\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. Esto, se insiste, sin olvidar que \u00abel recurrente debe procurar por evidenciar que su \u00f3ptica es la \u00fanica plausible y apta, con el fin de allanar el camino hacia el \u00e9xito de la censura, contrariamente, de no lograr ese cometido, su hip\u00f3tesis, aun cuando sea aceptable, no dejar\u00e1 de ser un mero alegato de instancia incapaz de derruir las bases del fallo combativo, precisamente, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto con que viene revestido\u00bb (CSJ AC5520-2022. Subrayado de la Sala). <\/p>\n
13\u0002 En efecto, \u00ab(\u2026) la actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de [los] argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u2026; el cargo\u2026 debe ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u00bb (CSJ SC5674- 2018; reitera AC, 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01). <\/p>\n
14\u0002 Se observa que la licencia fue anulada con posterioridad, tal como se observa de en la certificaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Puerto Colombia adiada a 25 de noviembre del 2019, en la que se indic\u00f3 que \u00abPor todo lo expuesto, se le notifica que el proyecto edificio Torres del Caribe no puede ser ejecutado, el \u00e1rea del predio resultante es NO DESARROLLABLE ya que las cesiones viales de la construcci\u00f3n de la nueva avenida de la circunvalar no permite su edificabilidad. Dej\u00e1ndolo notificado por este oficio, se ordena la anulaci\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n, por no cumplir el predio con los requisitos de \u00e1reas para la ejecuci\u00f3n del mismo\u00bb. P\u00e1gina 55 del archivo \u00ab01. Primera parte\u00bb del cuaderno del Tribunal. <\/p>\n
16\u0002 Elaborado el 17 de mayo de 2019. <\/p>\n
17\u0002 Bercovitz, Rodrigo (\u00c1lvarez, C\u00e1mara, Costas y otros). Derecho Civil. Bercal, Madrid, 2021, p\u00e1g. 277. <\/p>\n
18\u0002 Por lo dem\u00e1s, tampoco se podr\u00eda casar de oficio: no se prob\u00f3 que se \u00abafect\u00f3 el patrimonio p\u00fablico\u00bb (CSJ SC048-2023) -a prop\u00f3sito de los yerros enrostrados al Tribunal-. <\/p>\n