SC436-2023 (2013-00297-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC436-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos contra el fallo dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 26 de marzo del 2019. Al interior del proceso declarativo impulsado por el impugnante respecto de Robert Emil Friebe Laborde. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El demandante, Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos, – promitente vendedor- suplic\u00f3 que se declarara resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 14 de febrero de 2011 con Robert Emil Friebe Laborde- promitente comprador-, \u00abpor el incumplimiento de las obligaciones del \u00faltimo, respecto del pago del saldo del precio y la no legalizaci\u00f3n del traspaso del automotor\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 que se condenara al accionado a indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento (los que tas\u00f3 en $230.000.0001). Y, por \u00faltimo, que se le obligue a restituir los inmuebles entregados, junto con sus frutos civiles2. <\/p>\n
2. La causa petendi <\/p>\n
2.1.- Asever\u00f3 que, el 14 de febrero del 2011, celebr\u00f3 con el se\u00f1or Robert Emil Fiebrel Laborde dos contratos3 que recayeron sobre \u00abdos bienes inmuebles, uno, de menor extensi\u00f3n (5.7 Hras), sobre el que el Comprador ha ejercido la POSESI\u00d3N, y el de mayor extensi\u00f3n (11 Hec14M2) por compra que de \u00e9ste hiciera a los herederos del se\u00f1or Fredy Ram\u00edrez Cadena\u00bb. Indic\u00f3 que el \u00abobjeto del contrato\u00bb lo constitu\u00eda \u00abla compraventa, a t\u00edtulo de poseedor y de propietario respectivamente, que el se\u00f1or EFRAIN SEGUNDO MIRANDA VILLALOBOS, ejerce, y ostenta sobre los dos (02) inmuebles rurales, ubicados en el municipio de Ci\u00e9naga Magdalena\u00bb4. En cuanto al precio, relat\u00f3 que se pact\u00f3 que ser\u00eda de $450.000.000 por uno de los bienes -el grande- y $50.000.000 por la posesi\u00f3n del peque\u00f1o. Observ\u00f3, asimismo, que hizo entrega de ambos inmuebles al demandado, los que quedaron en su poder. <\/p>\n
2.2.- Respecto de la forma de pago del precio pactado frente al predio de mayor tama\u00f1o -objeto de la promesa de compraventa- (es decir, $450.000.000), advirti\u00f3 que el demandado se comprometi\u00f3 a sufragarlo as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEsta suma ser\u00eda cancelada de la siguiente manera: $270.000.000 en efectivo, depositados en una cuenta de ahorros del vendedor, a la firma del contrato de compra-venta. <\/p>\n
La entrega y legalizaci\u00f3n de un veh\u00edculo Tractor Ford 4000 color azul, 4×4 modelo 1984 serie 27-7011 avaluado en la suma de $30.000.000, lo que ser\u00eda entregado al momento de la firma y autenticaci\u00f3n del documento de Promesa de Compraventa. <\/p>\n
CINCUENTA MILLONES ($50.000.000.00) de pesos, a los treinta (30) d\u00edas de firmada la Promesa. <\/p>\n
y (sic) los CIEN MILLONES ($100.000.000.00) de pesos restantes al momento que se corriera o suscribiera la respectiva escritura p\u00fablica, a favor del se\u00f1or ROBERT EMIL FREBEL LABORDE\u00bb. <\/p>\n
2.3.- De otro lado, puntualiz\u00f3 que \u00ab[l]a Escritura se otorgar\u00eda y firmar\u00eda en la NOTARIA UNICA DE CIEN[E]GA, una vez CONCLUYERA, el proceso de SUCESI\u00d3N, que por mutuo acuerdo se llevaba en la NOTARIA TERCERA DE SANTA MARTA, colocando como plazo m\u00e1ximo 15 d\u00edas despu\u00e9s de finalizado el mismo, toda vez, que dichos Bienes (sic) el se\u00f1or MIRANDA los obtuvo por compra que de \u00e9l hiciera a la viuda del entonces propietario\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Asever\u00f3 que, una vez concluido el proceso de sucesi\u00f3n, ambas partes acudieron a la Notar\u00eda \u00danica de Ci\u00e9nega a efectos de \u00ablegalizar las escrituras\u00bb. No obstante, el vendedor se neg\u00f3 a firmar el instrumento p\u00fablico, en tanto que el comprador \u00abno cancel\u00f3 previamente, ni llev\u00f3 el dinero restante, o sea los $100.000.000.00\u00bb. As\u00ed como tampoco efectu\u00f3 el traspaso del tractor; sobre el cual, \u00fanicamente, hizo su entrega material \u00abpero, sobre el que no se le ha legalizado la situaci\u00f3n, tal cual se comprometi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. La posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
El convocado se opuso a lo suplicado por el gestor. Neg\u00f3 algunos hechos, admiti\u00f3 otros y refut\u00f3 varios. Formul\u00f3 las defensas de \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb, \u00abinexistencia de incumplimiento de Robert Friebe\u00bb, \u00abincumplimiento contractual del demandante\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa\u00bb5. Tambi\u00e9n, plante\u00f3 las excepciones previas de \u00abindebida representaci\u00f3n del demandante\u00bb e \u00abineptitud de la demanda por falta de requisitos formales\u00bb6. Aclar\u00f3, de otro lado, que s\u00f3lo deb\u00eda $50.000.000 del pago del precio acordado sobre uno de los predios, el de mayor tama\u00f1o. Y respecto del otro, el de menor \u00e1rea, sostuvo que nada adeudaba. En cuanto a la tradici\u00f3n del tractor, observ\u00f3 que \u00ablos traspasos de ese tipo de veh\u00edculos no est\u00e1n sujetos a registro ante la autoridad de tr\u00e1nsito, su tradici\u00f3n se perfecciona con la entrega de la cosa, lo cual se realiz\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Parejamente, demand\u00f3, en reconvenci\u00f3n, que se declarara que Efra\u00edn Segundo incumpli\u00f3 la promesa. Y, consecuencialmente, que se conminase a \u00e9ste a suscribir la escritura p\u00fablica de compraventa respecto del fundo \u00abLa Tere\u00bb el sexto d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Adem\u00e1s de condenarlo al pago de los da\u00f1os materiales causados, que estim\u00f3 en una cuant\u00eda superior a los $300.000.000, derivados del hecho de \u00abno haber obtenido la propiedad sobre el predio, no pudo incluirlo en un programa de Alianzas Estrat\u00e9gicas Productivas y Sociales para la siembra de once (11) hect\u00e1reas de palma de aceite que promov\u00eda la sociedad El Roble Agr\u00edcola S.A.; con lo cual (\u2026) no pudo contraer un cr\u00e9dito a largo plazo ni pudo acceder al Incentivo de Capitalizaci\u00f3n Rural (ICR) que otorga el Estado (\u2026)\u00bb, teniendo, con ello, que \u00abrealizar un esfuerzo financiero que le ocasion\u00f3 sobrecostos superiores a los $6.000.000 por hect\u00e1rea\u00bb. Y a los intereses causados \u00absobre las sumas entregadas (\u2026) como parte del precio\u00bb7. <\/p>\n
En sustento de esas s\u00faplicas, relat\u00f3 que en las cl\u00e1usulas del contrato se estipul\u00f3 que Miranda Villalobos adquirir\u00eda \u00abla totalidad del predio prometido en venta por adjudicaci\u00f3n dentro del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Freddys Ram\u00edrez Cadena y que, 15 d\u00edas despu\u00e9s de concluido el proceso de sucesi\u00f3n, se otorgar\u00eda la escritura p\u00fablica (\u2026)\u00bb. Empero, el demandante no honr\u00f3 esa obligaci\u00f3n, por cuanto \u00abno obtuvo la adjudicaci\u00f3n de la totalidad del predio prometido en venta para la fecha establecida\u00bb, la que s\u00ed consigui\u00f3 luego. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00e9l s\u00ed hab\u00eda satisfecho sus compromisos negociales, comoquiera que \u00abcumpli\u00f3 con el pago\u00bb8. <\/p>\n
4. La primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta el 10 de agosto de 2018. Desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y las de la reconvenci\u00f3n. Esto, al deducir que ambas partes desatendieron sus obligaciones contractuales. Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos, porque no era due\u00f1o de la totalidad del inmueble (\u00abLa Tere\u00bb) para el d\u00eda en que se pact\u00f3 el encuentro en la notar\u00eda de Ci\u00e9nega (Magdalena). Y Friebel Laborde, por cuanto no cancel\u00f3 \u00edntegramente el precio pactado. Precis\u00f3, de otro lado, que no era del caso aplicar la doctrina del mutuo disenso t\u00e1cito. Esto, ya que de la actitud asumida por los contendientes no pod\u00eda inferirse que era su voluntad fulminar, sin ninguna consecuencia, el pacto9. <\/p>\n
Inconforme, el demandado (demandante en reconvenci\u00f3n) apel\u00f3. A su turno, el promotor se adhiri\u00f3 a la alzada. <\/p>\n
5. La sentencia atacada <\/p>\n
La dict\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 26 de marzo del 2019. Confirm\u00f3 lo decidido por el fallador de primera instancia. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- A juicio del sentenciador, el problema jur\u00eddico consiste en verificar \u00aben cabeza de qu\u00e9 persona radica el presunto incumplimiento de las promesas de venta del pasado 14 de febrero del 2011. Y si el fallo de anterior instancia constituye una decisi\u00f3n inhibitoria\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentado en los art\u00edculos 1546, 1602 y 1609 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como en la doctrina jurisprudencial referida al distracto contractual, el Tribunal estim\u00f3 que la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita de los contratantes conmutativos solo favorece a quien haya respetado el pacto de manera \u00edntegra. De manera que \u00ablo primero que debi\u00f3 acreditar el apelante principal es la observancia de sus deberes contractuales, sin entrar a mirar si el vendedor tuviera o no la capacidad dispositiva de transferir el bien o, en t\u00e9rminos generales, de materializar la compraventa\u00bb. <\/p>\n
2.1-. El demandante principal no observ\u00f3 sus deberes contractuales, por cuanto para el 15 de junio del 2012 \u00abno se hab\u00eda adquirido el 100% de la propiedad distinguida con folio de matr\u00edcula 222-1672, situaci\u00f3n que lo inhabilitaba para cumplir su carga contractual, pues el dominio total del inmueble apenas se logr\u00f3 el 10 de noviembre de 2012, es decir, 3 meses posteriores a la fecha fijada\u00bb. Lo cual se verifica del certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble y de la confesi\u00f3n efectuada por la parte en su interrogatorio. <\/p>\n
2.2-. No obstante, para el ad quem es claro que el promitente comprador tambi\u00e9n desatendi\u00f3 sus obligaciones. Tal conclusi\u00f3n se desprende de la apreciaci\u00f3n de la declaratoria del se\u00f1or Robert Emil, pues \u00abseg\u00fan su relato, al momento de la firma de la escritura p\u00fablica, al no tener el se\u00f1or Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos, el paz y salvo de las deudas de riego con Aso R\u00edo Fr\u00edo. Siendo que esto no hac\u00eda parte de la promesa, como lo analiz\u00f3 la juez a quo, se abstuvo de desembolsar el resto del dinero debitado sin tener en cuenta lo ya plasmado en la jurisprudencia, que era de suyo pagar el precio acordado para hacer viable la acci\u00f3n indemnizatoria en comento, sin entrar a cuestionar las circunstancias ajenas a sus obligaciones\u00bb. <\/p>\n
2.3-. Adem\u00e1s, si bien la certificaci\u00f3n obrante a folio 102 del cuaderno principal no est\u00e1 suscrita por el notario de Ci\u00e9nega, lo cierto es que no existe medio probatorio alguno que desacredite el dicho del se\u00f1or Miranda \u00abconsistente en el retiro del demandado para la b\u00fasqueda del dinero y su no regreso\u00bb. Y si en gracia de discusi\u00f3n se atendiera lo manifestado por el demandado, de todos modos \u00absi de demandar la consumaci\u00f3n del pacto se trata, solo podr\u00e1 hacerlo el negociante puntual con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido o no sus compromisos, aun en el supuesto de que estos fueran anteriores\u00bb. As\u00ed las cosas, para el Colegiado \u00abninguno de los sujetos procesales est\u00e1 en posici\u00f3n de impugnarle al otro una actitud dolosa o contravenci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
3.- Por otra parte, tampoco era posible adentrarse en el estudio del mutuo disenso t\u00e1cito, pues tal pretensi\u00f3n no fue planteada por ninguna de las partes. Frente al reparo esbozado por el apelante adherente -quien adujo que la sentencia impugnada dej\u00f3 en suspenso la controversia contractual-, indic\u00f3 que el mero desconocimiento rec\u00edproco de las obligaciones de los contrayentes no hace operante, de forma autom\u00e1tica, la resciliaci\u00f3n. Por el contrario, \u00abes requisito indispensable que su declaratoria sea pedida por alguno o ambos extremos procesales, y adem\u00e1s, que de la conducta asumida por las partes se extraiga el querer de fulminar el pacto que dio origen al v\u00ednculo negocial. Estos deben exteriorizarse bien sea de forma expresa o t\u00e1cita a lo largo del proceso o previo a aquel. As\u00ed pues le corresponde al juez no solo verificar que el vendedor estaba presto a fenecer el acuerdo, sino tambi\u00e9n el comprador\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, evidenci\u00f3 que del expediente no se desprende que los sujetos intervinientes hayan propuesto la disoluci\u00f3n del negocio sin ninguna consecuencia. Por el contrario, lo que ambos persiguen es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Aludi\u00f3 a que \u00abel se\u00f1or Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos, en su libelo introductor peticion\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato, pero al ser encarado en su declaraci\u00f3n de parte expuso lo siguiente: \u201cyo no pretendo la finca, si yo la vend\u00ed y pretendo es que \u00e9l me cancele, me pague los da\u00f1os que me ha causado porque en realidad lo que \u00e9l me qued\u00f3 debiendo no me alcanza para cancelar lo que debo\u201d\u00bb. Al turno que de la conducta procesal del se\u00f1or Robert Emil tampoco se desprende un inter\u00e9s por acabar el pacto. De hecho, \u00aben su demanda de reconvenci\u00f3n, lo que ruega es el cumplimiento y\/o materializaci\u00f3n de la venta con el debido pago de los presuntos perjuicios ocasionados aparentemente por su contraparte. Lo que de contera ha sido operante el mutuo disenso t\u00e1cito, seg\u00fan lo expuesto en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
III. LA ACTUACI\u00d3N ANTE LA CORTE <\/p>\n
1.- Con auto de 9 de octubre de 2019, la Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n que contra el fallo de segunda instancia instaur\u00f3 el demandante, Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos. <\/p>\n
2.- El recurrente alleg\u00f3 la demanda dirigida a sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria. La cual fund\u00f3, iterase, en un \u00fanico cargo, montado sobre la causal segunda de casaci\u00f3n. Que enarbol\u00f3 bajo la idea de que el ad quem no tuvo en cuenta que seg\u00fan escrituras p\u00fablicas 28 de 2011 y 387 y 1487 de 2012, \u00e9l hab\u00eda adquirido el dominio completo del inmueble objeto de la promesa. Luego, era due\u00f1o, y, en esa direcci\u00f3n, s\u00ed estaba en la capacidad de cumplir con las obligaciones del contrato preparatorio. <\/p>\n
3.- Con auto AC3596-2020, esta Sala inadmiti\u00f3 el embate, por no satisfacer las exigencias formales que para la formulaci\u00f3n de los reparos requer\u00eda la normatividad adjetiva. No obstante, el magistrado sustanciador seleccion\u00f3 positivamente la demanda \u00abpara emitir pronunciamiento de fondo\u00bb. Y ello, porque se tornaba necesario \u00abestudiar de fondo esa demanda para determinar si la sentencia dictada en segunda instancia (\u2026) eventualmente resulta ser vulneradora de los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
4.- En prove\u00eddo de 18 de agosto de 2021, corregido el 22 de abril de 2022, se corri\u00f3 traslado al opositor (Robert Emil Friebe Laborde) a fin de que se pronunciara sobre la demanda de casaci\u00f3n y respecto de los motivos por los cuales se seleccion\u00f3 oficiosamente el caso. La apoderada del mencionado hizo uso de ese derecho. Y solicit\u00f3 casar, oficiosamente el fallo del tribunal. Se ratific\u00f3, asimismo, en la petici\u00f3n de cumplimiento inicial. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se anticipa el fracaso del ataque -admitido de manera oficiosa-. A continuaci\u00f3n, se ofrece el soporte de esta decisi\u00f3n: <\/p>\n
2.- El censor edific\u00f3 su ataque por la v\u00eda indirecta. Acus\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos \u00ab1609, del C.C., y falta de aplicacio\u0301n de los arti\u0301culos 669, 673, 740, 743, 745, 749, 750, 762, 1500, 1546, 1613, 1614, 1615, 1616, del C.C. y de los arti\u0301culos 3-1\/4\/6\/7, 13, 14, 15, 25, 32, 35, 40, 43, 44, 56, 84, 107, 114 del Decreto 960 de 1970 o Estatuto de Notariado y los arti\u0301culos 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20 y 29 de la ley 1579 o Estatuto de Registro de Instrumentos Pu\u0301blicos\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que el yerro del Tribunal se focaliza en que ignoro\u0301 el alcance probatorio de la escritura 1487 de fecha 31 de mayo de 2012 para la plena adquisici\u00f3n del dominio o propiedad jur\u00eddica, este d\u00eda (arts. 250 y 257 CGP y 1857 CC) y se lo atribuyo\u0301 a otro documento: el certificado de libertad y tradicio\u0301n y, por ello, situ\u0301a \u201cel logro del dominio\u201d al momento de registro de la escritura 1487, en 12 de septiembre, diciendo que se habita logrado \u201ctres meses despue\u0301s de la fecha fijada\u201d. <\/p>\n
2.1.- Para esta Corporaci\u00f3n, la selecci\u00f3n oficiosa de la demanda del recurso extraordinario no entra\u00f1a de suyo que el fallo tenga que ser casado. Esto es, el derrotero procesal que fija la admisi\u00f3n del libelo es proceder al estudio de fondo. Estando el asunto para dictar sentencia, es cuando se advierte con total nitidez si la decisi\u00f3n del Tribunal compromete el orden p\u00fablico o el patrimonio estatal. O se atenta gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales10. A su turno, la selecci\u00f3n positiva de la demanda comporta que la Corte examine el cargo denunciado. <\/p>\n
3.- La resoluci\u00f3n, como se sabe, rivaliza y se articula con otras acciones como la Ejecuci\u00f3n forzosa y la Responsabilidad contractual -ya complementaria, ya compensatoria-. En efecto, el incumplimiento contractual ofrece al acreedor insatisfecho varios remedios: puede -de manera potestativa- reclamar el cumplimiento contractual, la resoluci\u00f3n o la indemnizaci\u00f3n de perjuicios -aut\u00f3noma o compensatoria-. Tambi\u00e9n podr\u00eda, al lado de la indemnizaci\u00f3n denominada complementaria, requerir el cumplimiento del contrato o su resoluci\u00f3n11. As\u00ed mismo, en las hip\u00f3tesis de incumplimientos simult\u00e1neos y rec\u00edprocos, cualquiera de los contratantes podr\u00eda solicitar la resoluci\u00f3n del convenio -sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios-. Por lo dem\u00e1s, en todos los casos, el remedio resolutivo reclama -para su viabilidad- incumplimientos trascendentes o relevantes -incumplimientos resolutorios-. <\/p>\n
Desde su hontanar12 se han ofrecido herramientas dis\u00edmiles -desde lo potestativo y lo restrictivo-. No se trata, en lo absoluto, -desde un orden p\u00fablico de direcci\u00f3n-, de \u00absalvar el convenio a toda costa\u00bb. Se trata, m\u00e1s bien, de consultar los intereses de los contratantes: ser\u00eda razonable inferir que un contrato que se ha ejecutado en su \u00abmayor proporci\u00f3n\u00bb13 no deber\u00eda destruirse retroactivamente14. De all\u00ed que resulte razonable exigir, para que se afinque la resoluci\u00f3n, que el \u00abincumplimiento revista de cierta gravedad\u00bb15, es decir, que se trate de un \u00abun incumplimiento resolutorio\u00bb16. Esto es, \u00ab[s]e impone el examen de todas las circunstancias de hecho aplicables al caso: la cuant\u00eda del incumplimiento parcial (\u2026)\u201d17. Se reclama \u00abla inobservancia por parte del otro contratante sea de aquellas que reducen o eliminan la utilidad de la convenci\u00f3n\u00bb (CSJ SC4902-2019). Ha de consultarse la \u00abfrustraci\u00f3n del inter\u00e9s contractual del acreedor en la satisfacci\u00f3n de su derecho subjetivo buscado al celebrar el contrato\u00bb (SC5569-2019). En definitiva, \u00abla resoluci\u00f3n del convenio no es otra que aquella que constituya un incumplimiento esencial y relevante, de entidad tal que ocasione la ruptura de la ecuaci\u00f3n sinalagm\u00e1tica impl\u00edcita en la correlatividad de las prestaciones\u00bb (CSJ SC3972-2022)18. <\/p>\n
\u00ab[N]o toda separaci\u00f3n por parte del deudor respecto del \u2018programa obligacional\u2019 previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relaci\u00f3n que une al obligado con el acreedor \u2013particularmente la resoluci\u00f3n contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podr\u00edan dar lugar a la resoluci\u00f3n contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinaci\u00f3n, en cuanto se podr\u00edan producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la se\u00f1alada facultad resolutoria, adem\u00e1s de afectarse el principio de conservaci\u00f3n del contrato\u00bb. (destacado intencional). <\/p>\n
3.- A su turno, la Corte ha acogido la resoluci\u00f3n por mutuo incumplimiento. En efecto, la doctrina fue expuesta en fallo de 7 diciembre de 1982: \u00ab[e]n los contratos bilaterales, cuando ambos han incumplido, ninguno est\u00e1 en mora. Pero ambos pueden, a su arbitrio, demandar la obligaci\u00f3n principal, sin cl\u00e1usula penal y sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Y obviamente pueden. pedir la resoluci\u00f3n, tambi\u00e9n sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios20\u00bb. De all\u00ed que la interpretaci\u00f3n del 1546 del C\u00f3digo Civil, como norma de extinci\u00f3n del contrato, permita aniquilar la convenci\u00f3n aun mediando incumplimiento rec\u00edproco. Al respecto, en SC1662-2019, se indic\u00f3 que \u00aben la hip\u00f3tesis que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se reitera, la insatisfacci\u00f3n de las obligaciones establecidas en un contrato bilateral por parte de los dos extremos de la convenci\u00f3n, tambi\u00e9n es aplicable la resoluci\u00f3n del contrato, sin perjuicio, claro est\u00e1, de su cumplimiento forzado, seg\u00fan lo reclame una cualquiera de las partes\u00bb. Tal postura fue reafirmada en la SC4801 de 2020, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abla resoluci\u00f3n puede demandarla en el evento de desacato rec\u00edproco y simult\u00e1neo si se funda en el desacato de todas las partes, en este evento sin solicitar perjuicios\u00bb. En tal virtud, en el \u00e1mbito de la resoluci\u00f3n del contrato, el hecho del incumplimiento mutuo autoriza el ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria. De tal suerte que es posible demandar la resoluci\u00f3n y desligarse del contrato, incluso en el evento de mutua inejecuci\u00f3n. Empero, deben de tratarse de incumplimientos graves, relevantes, equiparables21. A su turno, la exigencia de la gravedad para la prosperidad de la acci\u00f3n resolutoria ha tenido desarrollo en otras latitudes22. De tal suerte que la trascendencia de la inejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debida es un elemento para considerar en la acci\u00f3n resolutoria. <\/p>\n
3.1.- En consecuencia, la conclusi\u00f3n del Tribunal no es incorrecta, en tanto no declar\u00f3 la resoluci\u00f3n. Sin embargo, las premisas en que se apoy\u00f3 el fallo deben corregirse. La sentencia da cuenta del incumplimiento rec\u00edproco, no obstante, se\u00f1ala que \u00abninguno de los sujetos procesales est\u00e1 en posici\u00f3n de impugnarle al otro una actitud dolosa o contravenci\u00f3n alguna\u00bb. Lo anterior no estar\u00eda conforme a la doctrina actual de la Corte23: la inejecuci\u00f3n rec\u00edproca no impedir\u00eda -en principio- el ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria. <\/p>\n
3.2. -As\u00ed y todo -al margen de lo anterior-, el fracaso del embate se soporta estructuralmente en la siguiente consideraci\u00f3n: el incumplimiento aducido no reviste el car\u00e1cter de ser resolutorio. V\u00e9ase que el pago, en el caso se cumpli\u00f3 en gran proporci\u00f3n [se entreg\u00f3 maquinaria agr\u00edcola (el tractor) y dinero]. En efecto, as\u00ed lo declara el promitente comprador: \u00abun predio el cual el saldo era m\u00ednimo, insignificante, escasamente un poco m\u00e1s del 10% sobre el valor total del dinero que le hab\u00eda entregado\u00bb24. A su turno, el demandante no pretende terminar la convenci\u00f3n: \u00abyo no pretendo la finca, si yo la vend\u00ed y pretendo es que \u00e9l me cancele, me pague los da\u00f1os que me ha causado\u00bb; escenario propio de la ejecuci\u00f3n forzada y la responsabilidad -que no de la resoluci\u00f3n-. Por su parte, de la declaraci\u00f3n rendida por el promitente comparador, se advierte que su prop\u00f3sito es persistir en el contrato: \u00ab[q]uiero agregar que no desconozco que debo $50.000.000.00 de la negociaci\u00f3n hecha con el se\u00f1or EFRAIN MIRANDA los cuales estoy dispuesto a cancelar inmediatamente \u00e9l me entregue un paz y salvo del predio la TERE con Asoriofri\u0301o\u00bb25. De tal suerte que el fin pr\u00e1ctico perseguido con la celebraci\u00f3n del contrato, para el caso y con fundamento en las declaraciones de los contratantes, no se encuentra frustrado. Sobre el t\u00f3pico, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEn todo caso, en relaci\u00f3n con situaciones como la que se analiza en este asunto no sobra recordar que, en atenci\u00f3n a lo establecido en los art\u00edculos 1602 y 1603 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio, mientras el contrato no se haya extinguido por las causas legales o por el consentimiento de las partes, los deberes de prestaci\u00f3n que del mismo hayan surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben ser ejecutados de buena fe, m\u00e1s a\u00fan cuando, como ocurre en este caso, las partes han reconocido expresamente las obligaciones insolutas que a cada una de ellas corresponde\u00bb26. <\/p>\n
3.2.1.- La jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado, como elementos a tener en cuenta para determinar el incumplimiento esencial27, la cuant\u00eda del incumplimiento en relaci\u00f3n con el precio y la postura adoptada por el deudor, tendiente a satisfacer su obligaci\u00f3n. Sobre el t\u00f3pico: \u00ab[d]e manera que \u2026 para que el rechazo de la acci\u00f3n resolutoria se avenga o sea congruente con la equidad, se impone el examen de todas las circunstancias de hecho aplicables al caso: la cuant\u00eda del incumplimiento parcial; la renuencia del acreedor a recibir el saldo; el prop\u00f3sito serio de pagarlo que el deudor mantuvo siempre; el aquietamiento del acreedor a recibir pagos parciales por fuera de los plazos estipulados y su exigencia de intereses por esa mora, que \u00e9l consinti\u00f3, etc.\u00bb (sent. de septiembre 11 de 1984)\u00bb 28 . En el asunto examinado, el saldo es menor frente a la prestaci\u00f3n total29, aunado a que el deudor ha tenido el prop\u00f3sito de pagarlo30. <\/p>\n
3.2.2.- Ahora bien, desde otra perspectiva, el incumplimiento atribuido al promitente comprador no es claro. En efecto, para el pago total del precio se requer\u00eda que previamente la parte demandante (es decir, el promitente vendedor) le suscribiese escritura p\u00fablica: \u00ablos $100.000.000 cien millones de pesos restantes al momento en que se corra la respectiva escritura p\u00fablica31\u00bb. Lo anterior, pone de presente que no bastaba con ir a la notar\u00eda -simultaneidad-, sino que era necesario que se desplegaran conductas para otorgar el instrumento y luego exigir el pago -escalonamiento-. Dentro del plenario no reposa prueba de la recepci\u00f3n o extensi\u00f3n del instrumento32. De los hechos de proceso est\u00e1 demostrado que ambas partes concurrieron a la notar\u00eda. Sin embargo, no hab\u00eda preparaci\u00f3n de la minuta, ni siquiera pasaron a la lectura del instrumento, como es habitual en este tipo de negocios. M\u00e1xime si ciertas prestaciones estipuladas en la promesa, en rigor, son propias del contrato de compraventa, en el caso, el pago del precio. Sobre el punto, esta Sala ha razonado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede identificarse el contrato de promesa de venta con el contrato prometido en ella, pues del primero no surgen para las partes, naturalmente, sino la obligaci\u00f3n de otorgar la escritura contentiva del contrato prometido en ella. En cambio, las obligaciones de efectuar la tradici\u00f3n del inmueble por parte del prometiente vendedor, y la de pagar su precio, a cargo del prometiente comprador, nacen a la vida jur\u00eddica en virtud del contrato de venta y no del contrato de promesa\u00bb33. <\/p>\n
Y, posteriormente, afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl contrato preparatorio, preliminar, promesa de contrato, precontrato (pactum de contrahendo o pactum de ineiundo contratu), en efecto, genera esencialmente (esentialia negotia), una prestaci\u00f3n de hacer, su funci\u00f3n es preparatoria e instrumental, proyecta y entra\u00f1a la obligaci\u00f3n de estipular en un futuro determinado otro contrato diferente en sus elementos, naturaleza, funci\u00f3n y efectos. No obstante, la figura legis, admite pactos expresos (accidentalia negotia) y en desarrollo de la autonom\u00eda privada dispositiva, libertad contractual o de contrataci\u00f3n reconocida por el ordenamiento jur\u00eddico a las partes, nada se opone a la ejecuci\u00f3n anticipada de algunas prestaciones propias del contrato definitivo, verbi gratia, trat\u00e1ndose de promesa de compraventa, en el tr\u00e1fico jur\u00eddico negocial, es frecuente el pago anticipado de todo o una parte del precio y, tambi\u00e9n, es usual la entrega anticipada del bien, incluso a t\u00edtulo de posesi\u00f3n\u00bb34. <\/p>\n
En tal virtud, con las declaraciones contenidas en la promesa pudo darse inicio al otorgamiento de la escritura, a\u00fan m\u00e1s cuando ambas partes contractuales estaban presentes. Luego, la inejecuci\u00f3n culpable del pago debe ser puesta de presente, sin ninguna duda. En una palabra, se debi\u00f3 dejar constancia de que la minuta estaba en elaboraci\u00f3n y que el comprador fue renuente al pago. Esto es, se reclama que el promitente comprador debi\u00f3 estar en condiciones de satisfacer su conducta de prestaci\u00f3n. En el caso, no obra prueba del certificado de paz y salvo del impuesto catastral y predial35. Sobre el punto, la Corte ha se\u00f1alado: \u00ab[s]ignifica lo dicho que la disposici\u00f3n de ejecutar lo prometido, como es la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo de dominio, no puede tenerse por superada con la simple presencia del prometiente en la notar\u00eda, puesto que los paz y salvos referidos se erig\u00edan en los \u00fanicos indicativos de que estaba en posibilidad de pagar la prestaci\u00f3n\u00bb36. Lo anterior, muestra que la conducta de prestaci\u00f3n del promitente vendedor no se configur\u00f337, dejando, a su turno, la prestaci\u00f3n escalonada del promitente comprador en suspenso. <\/p>\n
4.- Bajo tales consideraciones, ser\u00eda intrascendente casar la sentencia censurada, porque la decisi\u00f3n que tomar\u00eda esta Sala en sede de instancia ser\u00eda la misma adoptada por aquella del Tribunal: negar las pretensiones de la demanda. Y es que, de conformidad con lo expuesto en precedencia, el incumplimiento no reviste el car\u00e1cter de resolutorio y no se advierte el incumplimiento atribuido al demandado. Para terminar, la sentencia cuestionada tampoco podr\u00eda recibirse como vulneradora de los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
5.- No se casara\u0301 el fallo atacado. Para terminar, las plurales correcciones doctrinarias ofrecidas relevan a la parte demandante del pago de las costas. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de marzo del 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
Sin condena en costas. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-31-03-001-2013-00297-01 <\/p>\n
Con el respeto de siempre, justifico las razones por las que la decisi\u00f3n mayoritaria deb\u00eda abstenerse de estudiar el cargo de casaci\u00f3n inadmitido y, en su lugar, examinar \u00fanicamente si se cumpl\u00edan los presupuestos de la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
1. Mediante AC3596 15 dic. 2020, la Sala inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n por falta de claridad y precisi\u00f3n, y el magistrado sustanciador la seleccion\u00f3 \u00abpara determinar si la sentencia\u2026 eventualmente resulta ser vulneradora de derechos fundamentales del accionante\u00bb. Con ese auto que qued\u00f3 en firme, se cerr\u00f3 el paso del cargo del impugnante y se circunscribi\u00f3 que la sentencia deb\u00eda ocuparse \u00fanica y exclusivamente de establecer si se configuraba alguno de los motivos de casaci\u00f3n oficiosa, espec\u00edficamente si la decisi\u00f3n de \u00faltima instancia que neg\u00f3 la procedencia de la resoluci\u00f3n por mutuo incumplimiento lesion\u00f3 derechos constitucionales del accionante. <\/p>\n
2. Sin embargo, la decisi\u00f3n mayoritaria de la que me aparto (SC436, 23 nov. 2023) estudi\u00f3 el cargo inadmitido por la Sala, argument\u00f3 por qu\u00e9 la decisi\u00f3n del Tribunal no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales y concluy\u00f3, sin mayor desarrollo, que la sentencia revisada no \u00abvulner[\u00f3] derechos fundamentales del accionante\u00bb. Esto se traduce en que el fallo omiti\u00f3 estudiar los presupuestos de procedencia de la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
2.1. El primer requisito de la casaci\u00f3n oficiosa exige que la equivocaci\u00f3n sea \u00abostensible\u00bb, es decir, \u00abprotuberante [y] con trascendencia en la decisi\u00f3n\u00bb, de tal manera \u00abque fluya o se manifieste sin mayores esfuerzos con la sola comparaci\u00f3n entre las conclusiones del Tribunal\u00bb (SC2776, 25 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2008-00056-01), pues \u00abs\u00f3lo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la\u2026 casaci\u00f3n\u00bb (AC2708, 19 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2016-00606-01). <\/p>\n
Por el contrario, no es ostensible, evidente o protuberante la equivocaci\u00f3n \u00abdel sentenciador que [encuentra alg\u00fan respaldo en el derecho objetivo o] no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado\u00bb (SC048, 3 jun. 2008, rad. n.\u00b0 1997-11872-01). <\/p>\n
2.2. La segunda exigencia de la casaci\u00f3n oficiosa est\u00e1 ligada con la gravedad del yerro; se presenta cuando la equivocaci\u00f3n sea \u00abdeterminante en el sentido de la decisi\u00f3n confutada, \u2018vale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u2019\u00bb (SC4232, 23 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00757-01). <\/p>\n
El cumplimiento estricto de estas dos primeras exigencias de la casaci\u00f3n oficiosa (ostensible y grave) es fiel reflejo de que el C\u00f3digo General del Proceso haya dotado a la Sala de facultades oficiosas sin borrar sus funciones constitucionales ni mucho menos apartarse del modelo de casaci\u00f3n44. <\/p>\n
2.3. El tercer requisito de la casaci\u00f3n oficiosa exige la afectaci\u00f3n cualificada de intereses de indiscutible relevancia, como (a) el orden p\u00fablico, (b) el patrimonio p\u00fablico y\/o (c) los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Por tratarse del que estaba involucrado en el caso concreto, basta hacer referencia a la vulneraci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas constitucionales, reflejo de que \u00abla casaci\u00f3n apunta no s\u00f3lo a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n a la salvaguarda de los dem\u00e1s derechos reconocidos en el ordenamiento constitucional\u00bb, a favor de los sujetos del proceso y de aquellos que, sin haber intervenido en \u00e9l, les resulta oponible el fallo (CC C-713\/08). <\/p>\n
Las garant\u00edas constitucionales que dan pie a la casaci\u00f3n oficiosa deben poseer un contenido concreto y ser de aplicaci\u00f3n directa, pues de requerirse normas legales que las concreten ser\u00e1n estos \u00faltimos mandatos los inobservados y, por tanto, la intervenci\u00f3n oficiosa quedar\u00e1 proscrita, pues se descarta la posibilidad de acudir a este instituto extraordinario cuando se encuentre de por medio un precepto legal o reglamentario. <\/p>\n
Son ejemplos de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que, seg\u00fan el caso, pueden abrir paso a la casaci\u00f3n oficiosa: <\/p>\n
I. Que el juez de la apelaci\u00f3n desborde los l\u00edmites de su decisi\u00f3n fijados por el recurrente al sustentar el recurso (SC1170, 22 abr. 2022, rad. n.\u00ba 2013-00031); <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
III. Que en proceso expropiatorio legalmente concluido la jurisdicci\u00f3n ordinaria adelante incidente indemnizatorio en perjuicio de la entidad p\u00fablica, a pesar de que el camino adjetivo para resolver ese tipo de conflictos -seg\u00fan lo acontecido en el tr\u00e1mite- sea la reparaci\u00f3n directa a cargo de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa (SC048, 29 mar. 2023, rad. 2003-00891). <\/p>\n
3. En suma, resultaba imperativo verificar de forma estricta los anteriores requisitos de la casaci\u00f3n oficiosa para determinar si, seg\u00fan las peculiaridades del caso concreto, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto se manten\u00eda intacta, ejercicio que no se llev\u00f3 a cabo. Para el efecto, pod\u00eda haberse tenido en cuenta que el fallo revisado fue proferido el 26 mar. 2019, es decir, antes del precedente de la Sala que abri\u00f3 camino a la resoluci\u00f3n contractual por mutuo incumplimiento (SC 1662, 5 jul. 2019, rad. 1991-05099) y por tanto este le era inoponible a aquel, lo que descartar\u00eda la vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales del accionante. <\/p>\n
As\u00ed dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a aclarar el voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-31-03-001-2013-00297-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto, me permito exponer las razones por las cuales no comparto la decisi\u00f3n adoptada en el asunto de la referencia. <\/p>\n
1. En el ac\u00e1pite de la sentencia titulado \u00abLA ACTUACI\u00d3N ANTE LA CORTE\u00bb, se precis\u00f3, entre otras cosas, que la demanda dirigida a sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria fue inadmitida mediante auto AC3596-2020, \u00abpor no satisfacer las exigencias formales que para la formulaci\u00f3n de los reparos requer\u00eda la normatividad adjetiva. No obstante, el magistrado sustanciador seleccion\u00f3 positivamente la demanda \u201cpara emitir pronunciamiento de fondo\u201d. Y ello, porque se tornaba necesario \u201cestudiar de fondo esa demanda para determinar si la sentencia dictada en segunda instancia (\u2026) eventualmente resulta ser vulneradora de los derechos fundamentales del accionante\u201d\u00bb.45 <\/p>\n
En la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n solo se expres\u00f3, en abstracto, que \u00ab[p]ara esta Corporaci\u00f3n, la selecci\u00f3n oficiosa de la demanda del recurso extraordinario no entra\u00f1a de suyo que el fallo tenga que ser casado. Esto es, el derrotero procesal que fija la admisi\u00f3n del libelo es proceder al estudio de fondo. Estando el asunto para dictar sentencia, es cuando se advierte con total nitidez si la decisi\u00f3n del Tribunal compromete el orden p\u00fablico o el patrimonio estatal. O se atenta gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. A su turno, la selecci\u00f3n positiva de la demanda comporta que la Corte examine el cargo denunciado\u00bb. <\/p>\n
Pero nada se dijo, en concreto, acerca de la eventual vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, por parte del juzgador de segundo grado; razonamiento que estimo se impon\u00eda desarrollar, porque si la decisi\u00f3n del Tribunal fue seleccionada con una determinada finalidad, correspond\u00eda, entonces, verificar el prop\u00f3sito particular que condujo a continuar de oficio con el tr\u00e1mite, como eje de la sentencia de casaci\u00f3n, en l\u00ednea con la providencia en la que se dispuso tal escogencia, no obstante inadmitirse la demanda por las falencias formales detectadas, consistentes en que \u00abla censura no resulta clara y precisa, por la circunstancia de contener una confusa mixtura, derivada de plantear sobre unas mismas pruebas y al tiempo, cuestionamientos propios del error de hecho y el de derecho. (\u2026). En ese orden, se advierte que el impugnante anduvo impreciso y confuso en la selecci\u00f3n y justificaci\u00f3n de la senda propicia para combatir el fallo de segunda instancia, con lo que la demanda deviene inadmisible desde la perspectiva de lo formal\u00bb. <\/p>\n
Explicar el cometido de la selecci\u00f3n oficiosa resultaba necesario, por cuanto tal facultad atribuida a la Corte, tiene las espec\u00edficas finalidades del recurso de casaci\u00f3n, como controlar la legalidad de los fallos, por su funci\u00f3n integradora de las disposiciones y prerrogativas superiores consagradas en la Carta Pol\u00edtica; unificar la jurisprudencia, por ser un mecanismo que garantiza la efectividad de la igualdad en la aplicaci\u00f3n del derecho; y proteger las garant\u00edas constitucionales, por la primac\u00eda del derecho sustancial, aspecto tuitivo cuyo alcance se extiende a los derechos fundamentales y todos los derechos y principios que jur\u00eddicamente gozan de reconocimiento.47 <\/p>\n
Potestad legal que, as\u00ed concebida, exige dar cuenta de su ejercicio, considerando que con el cumplimiento de una esas finalidades perseguidas con esta herramienta extraordinaria, \u00abbastar\u00eda para la admisi\u00f3n del recurso por lo que cualquier caso donde se hayan vulnerado los derechos fundamentales de un ciudadano tendr\u00e1 que ser revisado en sede de casaci\u00f3n por la Corte Suprema de Justicia\u00bb.48 <\/p>\n
2. Al margen de lo anterior, cabe resaltar que al seleccionar oficiosamente la decisi\u00f3n de segunda instancia, la Corte, en el caso analizado, no vio restringido su estudio por el car\u00e1cter dispositivo que impera en este recurso excepcional, dada la imposibilidad de cotejar dicha providencia con las censuras contendidas en el \u00fanico cargo formulado, cuyas fallas t\u00e9cnicas condujeron a inadmitir la demanda de casaci\u00f3n; realidad que habilitaba el examen del asunto con una visi\u00f3n amplia, a efectos de corroborar si esa sentencia es contraria, o no, a derecho, como se manifest\u00f3 en SC963-2022, Rad. 2012-00198-01.49 <\/p>\n
Constataci\u00f3n que considero necesaria para revisar, con rigor, la concurrencia de las exigencias ad solemnitatem de que trata el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, para descartar que el contrato de promesa estuviera viciado de nulidad absoluta, as\u00ed esto no se hubiera expuesto en las instancias, porque \u00abtal circunstancia no impide su estudio en casaci\u00f3n, pues es un tema que involucra el orden p\u00fablico y, seg\u00fan lo ha se\u00f1alado la Corte, \u00ablos argumentos de puro derecho y los medios de orden p\u00fablico\u2026 nunca ser\u00e1n materia nueva en casaci\u00f3n\u2026\u00bb.50 (CSJ SC2468-2018, Rad. 2008-00227-01). <\/p>\n
Seg\u00fan la posici\u00f3n mayoritaria, \u00abla promesa del contrato cumple con las previsiones del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887\u00bb, pero disiento de tal afirmaci\u00f3n, toda vez que en el contrato preparatorio se pact\u00f3: <\/p>\n
CL\u00c1USULA CUARTA. ESCRITURA P\u00daBLICA: la Escritura se otorgar\u00eda y firmar\u00eda en la NOTARIA UNICA DE CIEN[E]GA, una vez CONCLUYERA, el proceso de SUCESI\u00d3N, que por mutuo acuerdo se llevaba en la NOTARIA TERCERA DE SANTA MARTA, colocando como plazo m\u00e1ximo 15 d\u00edas despu\u00e9s de finalizado el mismo, toda vez, que dichos Bienes (sic) el se\u00f1or MIRANDA los obtuvo por compra que de \u00e9l hiciera a la viuda del entonces propietario\u00bb. <\/p>\n
Estipulaci\u00f3n que encierra indeterminaci\u00f3n, en cuanto a qu\u00e9 proceso de sucesi\u00f3n y a la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite notarial all\u00ed indicado. Redacci\u00f3n que, en principio, podr\u00eda no ajustarse al numeral 3 del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, que exige que, para que la promesa produzca obligaciones, ha de contener \u00abun plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u00bb. De ah\u00ed que deba haber total precisi\u00f3n en la \u00e9poca en que se ajustar\u00e1 el contrato, pues, como lo ha reiterado la Corte, \u00ablas partes deben fijar, sin vaguedades, la \u00e9poca en la cual se ha de verificar el contrato prometido para lo cual pueden acudir a un plazo o a una condici\u00f3n, pero la modalidad escogida debe ser precisa para la finalidad buscada, que no es otra que establecer certeramente la transitoriedad del contrato de promesa (CSJ SC5690-2018, 19 dic.).\u00bb (CSJ SC-1964-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el mentado contrato preliminar se acord\u00f3: <\/p>\n
NOTA: en la negociaci\u00f3n tambi\u00e9n se est\u00e1 incluyendo la promesa de dos (2) hect\u00e1reas de mejora que tambi\u00e9n se tienen en posesi\u00f3n. <\/p>\n
Pero no se describen, en modo alguno, la 2 hect\u00e1reas aludidas; falencia que ir\u00eda en contra del numeral 4 del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, porque el inmueble debe identificarse, sin que sea necesario hacerlo de manera exhaustiva; ya que, como lo ha se\u00f1alado la Sala, \u00abla vaguedad no depende de la falta de transcripci\u00f3n de los linderos, pues ese trasunto puede reemplazarse con otras referencias pertinentes, sino del hecho de haber obviado cualquier menci\u00f3n supletoria, que permitiera saber con exactitud qu\u00e9 fue lo que se prometi\u00f3 vender\u00bb. (CSJ SC-1964-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso de autos, estimo que resultaba ineludible corroborar la satisfacci\u00f3n de las rese\u00f1adas condiciones legales, porque su omisi\u00f3n produce nulidad absoluta, seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil; y que, not\u00e1ndose de bulto en el contrato \u2013como se ve en el acuerdo de marras- debe ser declarada de oficio por el juzgador, a tono con el art\u00edculo 2 de la Ley 50 de1936; a\u00fan en sede de casaci\u00f3n, por ser un asunto que concierne al orden p\u00fablico, y la funci\u00f3n de la Corte, en esta v\u00eda extraordinaria, \u00abimplica (\u2026) ejercer el control de legalidad en una dimensi\u00f3n amplia\u00bb.51 <\/p>\n
3. Al margen de lo expresado, en la sentencia de casaci\u00f3n se concluye que \u00abel incumplimiento aducido no reviste el car\u00e1cter de ser resolutorio. V\u00e9ase que el pago, en el caso se cumpli\u00f3 en gran proporci\u00f3n [se entreg\u00f3 maquinaria agr\u00edcola (el tractor) y dinero]. (\u2026). En el asunto examinado, el saldo es menor frente a la prestaci\u00f3n total, aunado a que el deudor ha tenido el prop\u00f3sito de pagarlo\u00bb. <\/p>\n
Pero tal argumento no tuvo en cuenta que la primera pretensi\u00f3n de la demanda principal consisti\u00f3 en que \u00abse declare resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 14 del mes de Febrero del a\u00f1o 2011, entre EFRAIN SEGUNO MIRANDA VILALOBOS y ROBERT EMIL FEBREL LABORDE, por incumplimiento de las obligaciones del \u00faltimo, respecto del pago del saldo del precio y la no legalizaci\u00f3n del traspaso del automotor\u00bb.52 <\/p>\n
Es decir que el demandante pidi\u00f3 adem\u00e1s del faltante de la contraprestaci\u00f3n dineraria a cargo del comprador, que considera insoluta, la transferencia jur\u00eddica del \u00abtractor\u00bb, cuya entrega tuvo por efectuada, al sostener, en el hecho s\u00e9ptimo, que: <\/p>\n
A la fecha de hoy, mi representado tiene recibido, en efectivo la suma de TRESCIENTOS VEINTE ($320.000.000), Millones de Pesos, los cuales fueron recibidos en la forma y cantidad acortada, lo referente a un bien mueble, consistente en el Tractor Marca FORD 4000, de color azul, 4×4 modelo 1981 serie Z7-7011 avaluado en la suma de TREINTA MILLONES ($30.000.000) de Pesos, el que tiene recibido mi poderdante, como abono a la negociaci\u00f3n, PERO, sobre el que no se le ha legalizado la situaci\u00f3n, tal cual se comprometi\u00f3, y, que, consta en el p\u00e1rrafo del centro del numeral Tercero de dicho documento de Compra-Venta, como es el traspaso, a nombre del vendedor, se\u00f1or EFRAIN SEGUNDO MIRANDA VILLALOBOS.53 <\/p>\n
Manifestaciones sobre las que, en la contestaci\u00f3n de la demandada, se precis\u00f3: <\/p>\n
Frente al Hecho S\u00e9ptimo.- No es cierto. Tal como se explic\u00f3 frente al Hecho Sexto, mi mandante ha pagado $400.000.000. En cuanto al traspaso del tractor el cual se refiere la demandante, es necesario expresar que los traspasos de este tipo de veh\u00edculos no est\u00e1n sujetos a registro ante la autoridad de tr\u00e1nsito, su tradici\u00f3n se perfecciona con la entrega de la cosa, lo cual se realiz\u00f3, seg\u00fan lo afirmado y probado con la demanda.54 <\/p>\n
Entonces, lo solicitado no pod\u00eda circunscribirse al saldo de $50.000.000 de un total de $450.000.000, para colegir que no existi\u00f3 incumplimiento resolutorio por parte del comprador demandado, considerando que la reclamaci\u00f3n judicial del demandante se integraba con el monto adeudado y la inmaterializada tradici\u00f3n del tractor. <\/p>\n
No pudi\u00e9ndose pasar por alto la aseveraci\u00f3n del demandado sobre el aludido tractor, al indicar que \u00ablos traspasos de este tipo de veh\u00edculos no est\u00e1n sujetos a registro ante la autoridad de tr\u00e1nsito\u00bb, sin analizar que el art\u00edculo 46 de la Ley 769 de 2002, establece que \u00ab[t]odo veh\u00edculo automotor, registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deber\u00e1 ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevar\u00e1 el Ministerio de Transporte\u00bb. Norma que guarda correspondencia con el art\u00edculo 10 Ley 1005 de 2006, que dispone: \u00abA. Es una obligaci\u00f3n de inscribir ante el Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito, RUNT, la informaci\u00f3n correspondiente a: (\u2026). 7. <Numeral modificado por el art\u00edculo 207 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Toda la maquinaria agr\u00edcola, industrial y de construcci\u00f3n autopropulsada. Ser\u00e1 responsable de su inscripci\u00f3n el Ministerio de Transporte quien expedir\u00e1 la respectiva tarjeta de registro\u00bb. <\/p>\n
4. En esos t\u00e9rminos dejo expresado mi salvamento de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-31-03-001-2013-00297-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala, manifiesto mi disenso con lo aqu\u00ed resuelto. La raz\u00f3n para ello estriba en que, sin perjuicio de reconocer la importante teorizaci\u00f3n que se expuso en torno a la acci\u00f3n y el incumplimiento resolutorios, considero que no resulta coherente que la Corte acuda a una facultad oficiosa (la selecci\u00f3n positiva), para despu\u00e9s refrendar la decisi\u00f3n que el tribunal hab\u00eda adoptado hace m\u00e1s de tres a\u00f1os; y no solo por la infundada dilaci\u00f3n que ello comporta, sino porque el resultado del litigio deja a las partes en la indefinici\u00f3n de sus derechos: atados a un contrato que no pudieron resolver, y que, l\u00f3gicamente, tampoco podr\u00e1n ejecutar. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan los hechos que se dieron por probados, los se\u00f1ores Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos (demandante y promitente vendedor) y Robert Emil Friebe Laborde (demandado y promitente comprador) ajustaron un acuerdo preparatorio el 14 de febrero de 2011, pero no celebraron el contrato prometido en la fecha estipulada, quedando tambi\u00e9n pendiente de pago un saldo del precio que decidieron anticipar (prima facie, $100.000.00055 y el traspaso de un automotor). <\/p>\n
En ese escenario, parec\u00eda razonable casar de oficio el fallo desestimatorio del ad quem, que se fund\u00f3 en el mutuo incumplimiento de las partes, a fin de resolver el contrato preparatorio sin reconocer indemnizaciones de ning\u00fan tipo, justamente a partir de la referida inobservancia (replicando as\u00ed la soluci\u00f3n expuesta en CSJ SC1662-2019). Sin embargo, la Sala mayoritaria arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta, a partir de considerar irrelevante el impago de ese saldo del precio. <\/p>\n
No obstante, de manera cordial considero que tal desenlace pierde de vista el verdadero incumplimiento rec\u00edproco de los referidos estipulantes, este s\u00ed trascendente y determinante: no haber celebrado el contrato de compraventa en la fecha que se dijo en la promesa. A ello agr\u00e9guese que, al privar a los contratantes de la acci\u00f3n resolutoria (seg\u00fan lo decidido en este fallo), la Sala mayoritaria los invit\u00f3 a ensayar la acci\u00f3n ejecutiva, obviando que ninguno desea seguir vinculado al otro, y que, en todo caso, el simple paso del tiempo les ha conferido una herramienta eficaz para desembarazarse de cualquier reclamo de cumplimiento. <\/p>\n
En suma, amablemente considero que la argumentaci\u00f3n expuesta condujo a que se confundiera el objeto del contrato de promesa, haciendo pasar como su prestaci\u00f3n principal el pago del precio, cuando en realidad lo era el otorgamiento del contrato prometido. Adem\u00e1s, se dej\u00f3 a los contendientes justamente en la inicua situaci\u00f3n que la reciente postura de la Corte sobre la resoluci\u00f3n por mutuo incumplimiento quer\u00eda evitar, esto es, sin posibilidades jur\u00eddicas serias de enmendar la situaci\u00f3n en la que se encuentran. <\/p>\n
Por \u00faltimo, con respetuosa consideraci\u00f3n por la Sala, no comparto la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual \u00abla selecci\u00f3n positiva de la demanda comporta que la Corte examine el cargo denunciado\u00bb, pues de ser as\u00ed, el ejercicio de la facultad oficiosa resultar\u00eda inane. En mi opini\u00f3n, siempre respetuosa, al hacer uso de la referida prerrogativa, esta Corporaci\u00f3n debe emprender \u00abun an\u00e1lisis aut\u00f3nomo y panor\u00e1mico de la controversia\u00bb (CSJ SC963-2022), que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de los argumentos esgrimidos en la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, para adentrarse en la materialidad del conflicto jur\u00eddico, sin limitaciones formales. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 V\u00e9anse fols. 153-162, cdno. 1. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 12 y ss. del archivo \u00abC0024AnexoDigitalCuadernoCorteFl6Cuaderno principal No.1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Uno de \u00abventa de la posesi\u00f3n\u00bb de un predio ubicado en la regi\u00f3n La Palma \u2013 Trupillo con una cabida de 5.7 hect\u00e1reas. Y, el otro, de \u00abpromesa de compraventa\u00bb sobre una finca denominada \u00abLa Tere\u00bb, \u00abcon cabida de 11 hect\u00e1reas, 14 metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Ambos fundos se denominan \u00abLa Tere\u00bb. Empero, la disputa de que da cuenta el proceso s\u00f3lo se refiere al que fue objeto de promesa de compraventa Y que posteriormente pas\u00f3 a llamarse \u201cLa Perla\u201d (cfr. fol. 212, cdno. 1); y no al de venta de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Fols. 11-17, cdno. 1. <\/p>\n
6\u0002 Fols. 57-59, cdno. 1. Tales excepciones fueron declaradas no probadas mediante auto de 29 de mayo de 2015. <\/p>\n
7\u0002 Fols. 60-65, cdno. 1. <\/p>\n
8\u0002 Fols. 60-65, cdno. 1. <\/p>\n
9\u0002 Fols. 512-514, cdno. 1. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. SC963-2022- verbigracia, selecci\u00f3n oficiosa bajo el enfoque de g\u00e9nero-. <\/p>\n
11\u0002 \u00abPuede pedirse indemnizaci\u00f3n de perjuicios en el caso del no cumplimiento de un contrato bilateral, cualquiera que sea la acci\u00f3n que se elija de las dos que otorga el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, en el cual falta una coma por error tipogr\u00e1fico\u00bb (CSJ SC 19 de sept. de 1896 G.J. T. XII, p. 69). <\/p>\n
13\u0002 CSJ. SC 11 sept 1984. Jurisprudencia Civil 1985. Externado, Bogot\u00e1, 1985, p\u00e1g. 47. <\/p>\n
14\u0002 Con los enormes sobrecostos f\u00edsicos y econ\u00f3micos del caso. \u201cNo hay duda de que un contrato resuelto queda retroactivamente anonadado\u201d (CSJ SC 26 nov 1935 G.J. 1907, p\u00e1g. 391). V\u00e9ase sobre el punto de las medidas y herramientas a: Harris, R. A general theory for measuring seller\u2019s damages for total breach of contract., in Michigan law review, vol. 60., Michigan, 1960-1961, p. 599. <\/p>\n
15\u0002 Diez-Picazo, L. Los incumplimientos resolutorios. Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 17-31. <\/p>\n
As\u00ed mismo, \u201cla destrucci\u00f3n retroactiva del contrato que ella impone, en efecto, puede revelarse como desproporcionada con respecto al incumplimiento.\u201d Terr\u00e9, Simler y Lequette. Droit Civil. Les Obligations. Dalloz, Par\u00eds, 2002, p\u00e1g. 629. Tambi\u00e9n desde la doctrina for\u00e1nea, a prop\u00f3sito de la nueva f\u00f3rmula del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, se ha aclarado que \u201csiempre que no se establezca clausula resolutoria, el art\u00edculo 1224 afinca un solo objetivo: la destrucci\u00f3n del contrato solamente se abre paso <<en caso de inejecuci\u00f3n suficientemente grave>>\u201d. Deshayes, Genicon y Laithier. R\u00e9forme du droit de contrats. LexisNexis. Par\u00eds, 2018, p\u00e1g. 568 <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC 1 dic. 1993. G.J. 2464, p\u00e1g. 714. <\/p>\n
17\u0002 CSJ. SC 11 sept 1984. Jurisprudencia Civil 1985. Externado, Bogot\u00e1, 1985, p\u00e1g. 48. <\/p>\n
18\u0002 A manera de pre\u00e1mbulo de esta doctrina probable, ya desde antiguo se ha aclarado lo que viene. As\u00ed, por ejemplo, se excluyeron del debate resolutorio los incumplimientos de \u201clos intereses estipulados\u201d (CSJ sent 9 oct 1909, G.J. t. XXV, p. 256). Tampoco los incumplimientos de obligaciones propter rem. En este caso se aclar\u00f3 que \u201ccomo fundamento doctrinario de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita consagrada en el art\u00edculo 1546 del C.C., el principio de la equivalencia de las prestaciones a que se refiere Maury, o la teor\u00eda de los m\u00f3viles determinantes de las partes en el mantenimiento del equilibrio contractual, seg\u00fan Josserand\u201d (CSJ sent 2 sept 1941. G.J. 1977, p. 31). <\/p>\n
19\u0002 CSJ, SC sept.11 de 1984, GJ N\u00b02415. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC 7 dic. 1982. GJ N\u00b02406. <\/p>\n
21\u0002 Cfr, CSJ, SC, 4902 13 Nov 2019. \u00abel incumplimiento que permite la resoluci\u00f3n contractual, que autoriza la alegaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, y, que viabiliza la terminaci\u00f3n unilateral de la convenci\u00f3n, debe ser grave, es decir, un aut\u00e9ntico incumplimiento resolutorio que, de suyo, afecte la utilidad del contrato\u00bb <\/p>\n
22\u0002 Corte Suprema de Chile, Ref. 3320 de 2012: \u00abLa sola existencia del incumplimiento contractual, entendido este como la insatisfacci\u00f3n del inter\u00e9s del acreedor, no se desprende necesaria y directamente la consecuencia demandada, esto es, la resoluci\u00f3n del contrato y la consiguiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios. \u201cel art\u00edculo 1489 C\u00f3digo Civil pone a disposici\u00f3n del acreedor afectado la facultad resolutoria, la que queda reservada para aquellos incumplimientos que revistan una cierta gravedad seg\u00fan su efecto en el inter\u00e9s del acreedor. El supuesto de hecho de este remedio se identifica con un incumplimiento grave o esencial, siendo indiferente si es o no imputable al deudor <\/p>\n
que incumple\u201d <\/p>\n
23\u0002 As\u00ed: CSJ SC de 7 de dic. de 1982; SC1662-2019; SC4801-2020, SC3666-2021 y SC3972-2022. <\/p>\n
24\u0002 P\u00e1gina 33. \u00abcuaderno principal 003 PDF\u00bb <\/p>\n
25\u0002 P\u00e1gina 1. \u00abcuaderno principal004 PDF\u00bb <\/p>\n
26\u0002 Cfr, SC de 18 dic. de 2009, rad. 1996-09616. <\/p>\n
27\u0002 Cfr. Fernando Hinestrosa, Tutela del acreedor frente al deudor incumplido. Revista de derecho privado, Universidad Externado de Colombia, n\u00b031, julio-diciembre de 2016. \u00ab(…) Se ve en la necesidad de precisar si incluso el incumplimiento de una obligaci\u00f3n esencial a de revestir cierta importancia atendiendo a la econom\u00eda del negocio\u00bb P.12. <\/p>\n
28\u0002 Cfr. CSJ. SC de 22 de octubre de 2003, Exp 7451. <\/p>\n
29\u0002 Se reclaman $100.000.000, pero existen pruebas de que se deben $50.000.000. <\/p>\n
30\u0002 Declaraci\u00f3n del demandado. <\/p>\n
31\u0002 P\u00e1gina 7, clausula tercera del contrato de promesa \u00abCuaderno principal No1 PDF\u00bb. <\/p>\n
32\u0002 Art\u00edculo 14, Decreto 960 de 1970 \u00abLa recepci\u00f3n consiste en percibir las declaraciones que hacen ante el Notario los interesados; la extensi\u00f3n es la versi\u00f3n escrita de lo declarado\u00bb <\/p>\n
33\u0002 CSJ \u00abG: J. tomo CXCII, sentencia de casacio\u0301n civil del 23 de mayo de 1988, pa\u0301g. 222). <\/p>\n
34\u0002 SC, 30 jul. 2010, rad. n.\u00b0 2005-00154-01; reiterada SC16993, 12 dic. 2014, rad. n.\u00b0 2010-00166-01). <\/p>\n
35\u0002 Aspecto que fue dilucidado en primera instancia y frente al cual no hubo reparos. <\/p>\n
36\u0002 CSJ. SC,4420 de 2014, rad. 2006-00138-01), reiterada en 4801 de 2020. <\/p>\n
37\u0002 En casaci\u00f3n ninguna inconformidad se plante\u00f3 en relaci\u00f3n con el incumplimiento del demandante, por lo que qued\u00f3 inc\u00f3lume el pronunciamiento del Tribunal sobre este aspecto. <\/p>\n
38\u0002 Cfr. SC 3666 de 2020: \u00ab[e]n casaci\u00f3n ninguna inconformidad mostr\u00f3 el demandante con relaci\u00f3n a que la promesa de compraventa cumpl\u00eda todas las exigencias del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, por lo que qued\u00f3 inc\u00f3lume el pronunciamiento del Tribunal sobre la validez de ese negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
39\u0002 Hecho 5 de la demanda y su correlativa contestaci\u00f3n. <\/p>\n
40\u0002 V\u00e9ase que, la causa de la resoluci\u00f3n es el incumplimiento: vicisitud de la ejecuci\u00f3n del contrato -imputable a un contratante-. De all\u00ed su ostensible diferencia con las nulidades, que sancionan vicisitudes de la formaci\u00f3n del contrato. Y con la denominada Teor\u00eda de los riesgos, que se activa a partir de la presencia de la fuerza mayor. <\/p>\n
41\u0002 SC 8 febrero 1923. GJ. XXIX, p\u00e1g. 345 y SC 10 octubre 1938. G.J. 1941, p\u00e1g. 238. <\/p>\n
42\u0002 CSJ SC 10 oct. 1944. G.J. 2016, p\u00e1g. 46. <\/p>\n
43\u0002 CSJ SC 18 oct. 1938. G.J. T. XLVII, p\u00e1g. 238. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se insiste en lo siguiente: la oscuridad ofrecida por una clausula bien puede ser suplida por la directriz contenida en otra o por el comportamiento mismo de las partes -interpretaci\u00f3n de conjunto del convenio, art. 1622 C.C.-En el caso concreto, el propio clausulado y el comportamiento contractual permiten de manera categ\u00f3rica superar la relatada penumbra. <\/p>\n
44\u0002 Ver SC048, 29 mar. 2023, rad. 2003-00891. <\/p>\n
45\u0002 Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
46\u0002 La Corte Constitucional, en sentencia C-713-2008, resolvi\u00f3 \u00abdeclarar inexequible la expresi\u00f3n \u201cfundamentales\u201d, puesto que, (\u2026), la casaci\u00f3n apunta no s\u00f3lo a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n a la salvaguarda de los dem\u00e1s derechos reconocidos en el ordenamiento constitucional, atendiendo criterios de justicia material seg\u00fan el principio de prevalencia del derecho sustancial en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
47\u0002 CC Sentencia SU201-21. <\/p>\n
48\u0002 CC Sentencia C-880\/14, reiterada en SU635\/15. <\/p>\n
49\u0002 En esa oportunidad la Corte se\u00f1al\u00f3: \u00ab[L]a Sala seleccion\u00f3 de oficio este asunto para su escrutinio, debiendo adoptar en esta oportunidad la soluci\u00f3n del conflicto que en derecho corresponda, sin las limitantes propias del principio dispositivo del recurso de casaci\u00f3n. Expresado de otro modo, como no es viable confrontar la decisi\u00f3n de segunda instancia con las cr\u00edticas compendiadas en el \u00fanico cargo propuesto por la actora \u2013en atenci\u00f3n a las falencias t\u00e9cnicas que se anotaron supra\u2013, la Corte emprender\u00e1 un an\u00e1lisis aut\u00f3nomo y panor\u00e1mico de la controversia, a fin de establecer si la negativa parcial del petitum que dispuso el tribunal contrar\u00eda el ordenamiento (\u2026).\u00bb (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
50\u0002 Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
51\u0002 C.C. Sentencia SU201-21. <\/p>\n
52\u0002 Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
53\u0002 Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
55\u0002 Cabe anotar que el convocado solo acept\u00f3 deber la mitad de ese importe, pero no present\u00f3 pruebas para desvirtuar la negaci\u00f3n indefinida de su contraparte, relacionada con el impago del monto mayor ya se\u00f1alado (o, cuando menos, de ello no da cuenta la providencia objeto de estas l\u00edneas). <\/p>\n
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SC436-2023 (2013-00297-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC436-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Efra\u00edn Segundo Miranda Villalobos contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77968","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77968\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}