SC437-2023 (2019-00014-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC437-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-003-2019-00014-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mario Barahona Hoyos contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal que instaur\u00f3 frente a Guido Fernando Paredes Aguirre y Diego Olegario Arcos. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda (fols. 3-7, c. 1), el actor pretende que se declare la lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa celebrado con los demandados sobre el inmueble identificado con F.M.I. 240-48405, que consta en la escritura p\u00fablica no. 689 del 24 de abril del 2012, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Pasto. Como consecuencia de tal declaraci\u00f3n, inst\u00f3 a que se rescinda la mentada convenci\u00f3n, \u00abhabida cuenta de que el vendedor recibi\u00f3 un valor inferior al 50\u202f% del valor real del inmueble\u00bb. Y, a su turno, que se les conmine a restituir al demandante \u00abla diferencia que resulte del pago efectuado efectivamente con el valor real del inmueble vendido\u00bb. <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
El 24 de abril del 2012, las partes suscribieron la compraventa del bien identificado con el F.M.I. 240-48405; convenci\u00f3n elevada a escritura p\u00fablica no. 698 de la Notar\u00eda Primera de Pasto. Contrato en el cual pactaron como precio la suma de $30.000.000. Ello, pese a que, a la fecha de su celebraci\u00f3n, el fundo estaba avaluado en $811.085.000. El 5 de septiembre del 2012, tras varias reclamaciones del vendedor respecto del valor de la heredad, los compradores accedieron a reajustar el precio \u00aben la suma de CIEN MILLONES DE PESOS, es decir, se increment\u00f3 SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) al precio inicialmente pactado\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de la pasiva <\/p>\n
Los demandados se opusieron a todas las pretensiones. Por ende, propusieron las excepciones que denominaron: \u00abinexistencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb; \u00abimposibilidad de haber sufrido lesi\u00f3n enorme el vendedor por su profesi\u00f3n de abogado y experiencia y trayectoria en el campo de los negocios\u00bb; \u00abmala fe del demandante\u00bb; \u00abinexistencia de lesi\u00f3n enorme y perjuicios derivada de las escrituras de compra y posterior venta del mismo inmueble\u00bb y la innominada1. En s\u00edntesis, adujeron que, para el a\u00f1o 2012, el inmueble estaba avaluado en $160.646.000 y que, a su turno, el precio pagado correspondi\u00f3 a $120.000.000. As\u00ed las cosas, a su juicio, estimaron que no existi\u00f3 lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
4.- Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
4.1. Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, con sentencia dictada el 22 de julio de 2019, deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
4.2. Tal providencia fue apelada por la parte activa (fol. 241). La alzada fue resuelta por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma capital, en prove\u00eddo del 10 de marzo del 2021, que confirm\u00f3 el de primer grado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Se comenz\u00f3 por precisar que el problema jur\u00eddico de la impugnaci\u00f3n consist\u00eda en determinar si la valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados al plenario, incluyendo los practicados en segunda instancia, permit\u00eda la acreditaci\u00f3n del precio real del inmueble objeto de la controversia para el a\u00f1o 2012. La respuesta fue negativa: confirm\u00f3 la providencia de primer grado. Las razones que expuso son las siguientes. <\/p>\n
1. Amparado en los postulados que rigen la instituci\u00f3n de la carga de la prueba, ense\u00f1\u00f3 que esta es una regla de procedimiento probatorio \u00abque permite al juzgador resolver de fondo los asuntos sometidos a su conocimiento, en los cuales una de las partes no asume en debida forma la peso de demostrar los hechos en que fundament\u00f3 sus pedimentos\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, destac\u00f3 que la lesi\u00f3n enorme es el detrimento que sufre una persona en raz\u00f3n de un acto jur\u00eddico realizado por ella -contratos de permuta o compraventa de bienes inmuebles, la partici\u00f3n de bienes y la aceptaci\u00f3n de una asignaci\u00f3n sucesoral-, desmedro que \u00abconsiste en el desequilibrio entre las ventajas que el contrato reporta para uno de los extremos contractuales, en comparaci\u00f3n con las que se presentan para el otro\u00bb. En ese orden, y para el caso de la compraventa, los art\u00edculos 1946 y siguientes del C\u00f3digo Civil disponen que \u00abla lesi\u00f3n enorme es la que va m\u00e1s all\u00e1 de la mitad del justo precio de la cosa vendida o del precio pagado\u00bb. Por ende, para la prosperidad de las pretensiones ventiladas en este tipo de juicios, corresponde al demandante acreditar fehacientemente dos situaciones: i) el precio pactado en la negociaci\u00f3n; y ii) el valor real del inmueble para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2. El Colegiado evidenci\u00f3 que, en efecto, el contrato que se pretend\u00eda rescindir era una compraventa inmobiliaria, tal como se observa en la escritura p\u00fablica n\u00fam. 698 del 2012. A su turno, del aludido documento se podr\u00eda desprender que el precio pactado fue de $30.000.000. No obstante, \u00abtal situaci\u00f3n en el asunto de marras no puede precisarse de una forma tan sencilla\u00bb, en tanto que i) en los hechos de la demanda se aleg\u00f3 que tal hab\u00eda sido el valor pactado pero que, ante los requerimientos del vendedor, se renegoci\u00f3 el precio a $100.000.000; ii) al contestar el libelo inicial, el extremo pasivo relat\u00f3 que \u00abdesde las etapas previas a la suscripci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, ya se hab\u00eda pactado entre las partes que el precio por el inmueble ser\u00eda de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.oo)\u00bb, para lo cual exhibi\u00f3 la promesa de compraventa suscrita entre las partes -folio 73-; iii) en la audiencia llevada a cabo el 22 de julio del 2019 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, \u00abpuesto de presente el documento denominado promesa de compraventa, el demandante reconoci\u00f3 su r\u00fabrica y adem\u00e1s, todos los mencionados, al un\u00edsono, refirieron que el precio pactado por el inmueble en cuesti\u00f3n era de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (120.000.000.oo), confesi\u00f3n a partir de la cual se tiene acreditado el primero de los elementos necesarios para la decisi\u00f3n del caso\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, dio cuenta de que, en el curso del proceso, se practicaron los testimonios de Erika Burbano Ru\u00edz, Heydi Ruiz de Burbano, Walter Burbano y de Benito Guillermo Enr\u00edquez Cajigas. Sin embargo, a juicio del ad quem, la apreciaci\u00f3n de dichos medios probatorios resultar\u00eda inane, \u00aben la medida que sus dichos versaron sobre los pormenores de unos negocios, de los que ni siquiera se tiene certeza si se relacionan o no con el que ahora se pretende rescindir, abordando temas como obligaciones contractuales de los testigos, entre ellos y con las partes, autorizaciones de pagos y otros t\u00f3picos, que determinan que la prueba testimonial sea impertinente e in\u00fatil\u00bb. Y es que, tal como se dijo en precedencia, el objeto de las pruebas es el precio pactado -y no el pagado- frente al valor real del inmueble. Bajo tal perspectiva, se excluyen de la controversia hechos relacionados con \u00abel monto que realmente se pag\u00f3, a qui\u00e9n, con autorizaci\u00f3n o sin autorizaci\u00f3n del comprador, puesto que para ello existen acciones como las de resoluci\u00f3n de contrato por incumplimiento o la de responsabilidad contractual con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. En ese orden de ideas, qued\u00f3 claro, para el juez colegiado, que el valor estipulado corresponde a $120.000.000. <\/p>\n
4. En cuanto al valor real del inmueble para el 24 de abril del 2012, la Sala acudi\u00f3 a las m\u00faltiples pruebas t\u00e9cnicas -cinco- obrantes en el plenario. Respecto de aquellas, adujo: <\/p>\n
4.1. Frente a la rendida por el ingeniero civil C\u00e9sar Antonio Machado Rodr\u00edguez -aportada por el demandante-, estim\u00f3 que esta \u00abno ofrece mayores elementos de juicio frente al objeto probatorio perseguido\u00bb, en tanto que: i) \u00absu objeto de estudio no es el bien inmueble aproxim\u00e1ndolo a como se encontraba en el a\u00f1o 2012, fecha en que fue vendido por el demandante, sino que toma las construcciones, \u00e1reas y cultivos existentes para el a\u00f1o en que se elabor\u00f3 el informe, es decir, a\u00f1o 2017\u00bb; ii) su m\u00e9todo de estudio se fund\u00f3 en \u00abnegociaciones recientes\u00bb, \u00abno las que hab\u00edan podido celebrarse hac\u00eda cinco a\u00f1os atr\u00e1s, periodo de tiempo que es el que interesa a la judicatura\u00bb; iii) \u00aben el \u00fanico apartado en que se refiere y describe un valor en dinero para el a\u00f1o 2012, solamente ata\u00f1e a las construcciones, no a la totalidad del inmueble\u00bb; iv) adem\u00e1s, se incurre en una contradicci\u00f3n, \u00abpues enlista y asigna un valor a \u201cla bodega\u201d, cuando de manera previa hab\u00eda expuesto que dicha estructura ten\u00eda un valor de 0\u202fm\u00b2 para el a\u00f1o en que se realiz\u00f3 el contrato de compraventa\u00bb; y v) el precio otorgado por el perito para el a\u00f1o 2017 es aproximado al estimado en la demanda para el 2012, \u00abdebiendo destacarse que, s\u00f3lo en cuanto a \u00e1reas construidas, el terreno pas\u00f3 de tener 198.6 m\u00b2 en el 2012 a 580 m\u00b2 para el 2017, poniendo en duda desde este momento lo expresado en el libelo\u00bb. <\/p>\n
4.2. En cuanto al peritaje realizado por Julio C\u00e9sar Bravo Garreta -aportado por el actor-, encontr\u00f3 que su estudio es m\u00e1s preciso en relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n del valor que ten\u00eda el inmueble para el 2012. Adicionalmente, este aparece coherente y explica con sencillez el m\u00e9todo utilizado. No obstante, el medio de convicci\u00f3n adolece de los siguientes yerros: i) no fundamenta su estudio \u00abrespecto de las construcciones existentes y su estado para el a\u00f1o 2012, basado en elementos como por ejemplo, material fotogr\u00e1fico de dicha data, sobre todo porque en el anexado a su informe, se revelan im\u00e1genes del estado actual del inmueble para el 2020\u00bb. Y es que, para el ad quem, no es posible admitir los datos suministrados por el experto, pues no concuerdan con los expuestos en el dictamen de Machado Rodr\u00edguez -tambi\u00e9n allegado por el demandante-, \u00abni tiene en cuenta las ampliaciones y reformas efectuadas por el comprador, para precisar con certeza su existencia, el \u00e1rea de construcci\u00f3n y su estado\u00bb. Adem\u00e1s, en ninguna parte de la escritura n\u00fam. 698 del 2012 -a la cual dijo haberse remitido el perito- \u00abse observa referencia al \u00e1rea construida o edificaciones presentes\u00bb. De manera que, a juicio del Colegiado, no se explic\u00f3, en el informe, cu\u00e1l fue la fuente para la determinaci\u00f3n de las construcciones existentes al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, sus medidas y dem\u00e1s caracter\u00edsticas. M\u00e1xime \u00abcuando tales mediciones no coinciden con las que aparecen en el estudio elaborado por el ingeniero Cesar Antonio Machado, tambi\u00e9n aportado en su oportunidad por la parte demandante y controvertido en audiencia en primera instancia\u00bb; ii) adicionalmente, si se suman las \u00e1reas construidas en el inmueble seg\u00fan Bravo Garreta, \u00abse encuentra que resultan 342,25\u202fm\u00b2, espacio mucho mayor del que se habla en la escritura datada en el 2012 que apenas ascender\u00eda a 262\u202fm\u00b2\u00bb; iii) el m\u00e9todo usado por el experto no es suficiente para establecer el precio del bien para el 2012, \u00abpor cuanto dicho m\u00e9todo deja de lado otras variables del mercado existentes en la \u00e9poca, las cuales han cambiado profundamente respecto de un sector cercano a la ciudad de Pasto que ha presentado un gran desarrollo en los \u00faltimos a\u00f1os, lo cual es un hecho notorio\u00bb; iv) la forma de determinaci\u00f3n del valor del terreno para el 2012 resulta imprecisa \u00abpuesto que se insiste, no es suficiente asignarles un precio seg\u00fan sus condiciones actuales, traslad\u00e1ndolas a trav\u00e9s del IPC hasta el a\u00f1o 2012, puesto que dicho m\u00e9todo no tiene en cuenta las variables del mercado, las modificaciones realizadas por los compradores, entre otros aspectos que afectan el valor de la venta de bienes inmuebles rurales, ya sea positiva o negativamente\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, destac\u00f3 que si bien el experto mencion\u00f3 que tuvo como fuente los presupuestos realizados por la ingeniera Vianey del Rosario Bustos, lo cierto es que no anex\u00f3 el estudio realizado por dicha profesional. <\/p>\n
4.3. En torno a las experticias allegadas por la demandada, la del ingeniero Hern\u00e1n Alb\u00e1n Hidalgo muestra un paralelo fotogr\u00e1fico del bien en el 2012 en relaci\u00f3n con el del 2020. All\u00ed el Tribunal observ\u00f3 diferencias que no fueron tomadas en cuenta por Bravo Garreta. Y, valga mencionarlo, el perito Alb\u00e1n Hidalgo tambi\u00e9n expuso las deficiencias de la experticia de Bravo, \u00abopini\u00f3n expuesta por un profesional de la ingenier\u00eda que la presente Sala comparte\u00bb. <\/p>\n
5. Bajo ese orden de ideas, estim\u00f3 que el demandante no cumpli\u00f3 con la carga de acreditar el valor del bien al momento de la suscripci\u00f3n del contrato, determinando \u00aba trav\u00e9s de un dictamen pericial, las construcciones, morfolog\u00eda del terreno, caracter\u00edsticas, \u00e1reas de cultivos, y dem\u00e1s pormenores propios del \u00e1rea de la ingenier\u00eda, en la forma en que exist\u00edan para el a\u00f1o 2012, o al menos lo m\u00e1s aproximado posible a dicha calenda, para as\u00ed, poder determinar con la mayor precisi\u00f3n, su valor para la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato de compraventa\u00bb-. En tanto que los dict\u00e1menes que aport\u00f3 no son suficientes para establecer el precio hist\u00f3rico buscado. <\/p>\n
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PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de haber violado indirectamente los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil y los c\u00e1nones 29, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n. Ello, a causa de errores de derecho por inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 170 y 42.4 del C\u00f3digo General del Proceso. Para el efecto, arguye: <\/p>\n
1. El Tribunal quebrant\u00f3 las aludidas normas probatorias, puesto que, pese a haber evidenciado que no exist\u00eda prueba suficiente \u00abque esclareciera las dudas sobre la existencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb, omiti\u00f3 decretar oficiosamente otro dictamen pericial con el fin de \u00abaclarar las dudas o llenar los vac\u00edos que aduce le surgieron del an\u00e1lisis de los dos dict\u00e1menes periciales que aport\u00f3 la parte demandante al plenario\u00bb. <\/p>\n
2. Expuso c\u00f3mo la actitud de la parte demandante fue \u00abm\u00e1s que activa\u00bb, en tanto que: i) recus\u00f3 al perito inicial; y ii) aport\u00f3 dos dict\u00e1menes. Por lo que, no se encuentra en el supuesto planteado por el ad quem. En ese orden, hizo hincapi\u00e9 en que \u00abno se est\u00e1 alegando la liberaci\u00f3n de la carga probatoria que le corresponde a la parte demandante en este caso, puesto que de presente se puede observar en el plenario la conducta activa de la parte, que pese a su despliegue probatorio amplio no logr\u00f3, seg\u00fan dice la sentencia, despejar las dudas en el juzgador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde su propio hontanar, es presupuesto axial de la lesi\u00f3n aquella conducta de vender \u00abpor menor precio una cosa de precio mayor\u00bb2. Su \u00abconcepto implica necesariamente una comparaci\u00f3n entre dos cifras: el precio contratado y la del precio justo.\u00bb 3 Verdad es, que la lesi\u00f3n se recibe como una instituci\u00f3n excepcional\u00edsima, que rompe con varias reglas y principios del universo contractual (v.gr. \u00ablibertad jur\u00eddica4\u00bb, \u00abconmutatividad subjetiva5\u00bb y \u00abseguridad de las convenciones y respeto de la palabra dada\u00bb6). De all\u00ed que su acreditaci\u00f3n tenga que ser inequ\u00edvoca. <\/p>\n
2. La asignaci\u00f3n legal de la carga de la prueba7, procesalmente, est\u00e1 prevista en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General de Proceso: \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho8\u00bb. De tal manera que formalmente se determina a cu\u00e1l de los extremos procesales corresponde aportar o pedir el medio de convicci\u00f3n. Sobre el particular, esta Corte, desde antiguo, ha aclarado que \u00ab[l]a carga de la prueba incumbe a quien afirma un hecho que tiende a cambiar el statu quo de las cosas\u00bb (CSJ 16 jul. 1892 G.J. T. VIII, p\u00e1g. 115) – \u00ab[i]ncumbe la prueba al que afirma\u00bb9-. Como se sabe, la carga de la prueba comporta un aspecto material: la falta de acreditaci\u00f3n de un hecho relevante perjudica a la parte que deb\u00eda probarlo. En tal virtud, la insuficiencia probatoria es un riesgo que, en principio, deben asumir los litigantes. De tal suerte, que el juez adopta la decisi\u00f3n en contra de quien no satisfizo la carga – regla de juicio10-, \u00abde modo que el juez que sentencia conforme a justicia en el estado en que las partes le ofrecen el asunto, cumple regularmente su oficio\u00bb.11 <\/p>\n
Al respecto, esta Corte, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEl principio de carga de la prueba guarda relaci\u00f3n con el inter\u00e9s que dentro del juicio tiene cada una de las partes en demostrar los hechos relevantes para obtener decisi\u00f3n favorable. En esa medida, como carga procesal, indica a los intervinientes en el juicio cuales son los hechos que deben demostrar para sacar avante sus aspiraciones, de manera que su omisi\u00f3n trae aparejada una consecuencia gravosa para el litigante que la incumple, por cuanto, adem\u00e1s, se constituye en una regla que le indica al juez como debe decidir si las partes no satisfacen dicha carga, determinaci\u00f3n que debe ser de fondo aun cuando no existan medios demostrativos que acrediten los hechos o los aportados resulten escasos para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez (\u2026)\u00bb (CSJ SC1301-2022). <\/p>\n
2.1. Los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso atribuyen al funcionario judicial el poder-deber de decretar pruebas de oficio, \u00abcuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb. Sin embargo, es menester precisar que tal mandato no implica una orden irrestricta a los funcionarios judiciales para suplir la actividad probatoria de las partes. En efecto, \u00abla labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad\u00bb.12 <\/p>\n
2.2. La diligencia con la que se encare el debate probatorio es determinante: las partes son las art\u00edfices de la decisi\u00f3n judicial. Desde esta perspectiva, es a ellas a quienes corresponde verificar la correcta incorporaci\u00f3n de la prueba, participar en su pr\u00e1ctica y cumplir con los requisitos legales de aptitud para su ulterior valoraci\u00f3n por parte del funcionario. La diligencia, desde luego, no puede reducirse a aportar o solicitar formalmente una prueba. Tambi\u00e9n reclama, como se sabe, cumplir con las reglas probatorias que disciplinan el medio de convicci\u00f3n. Esto es, seg\u00fan el caso, por ejemplo, la claridad, exhaustividad, detalle y explicaci\u00f3n de los m\u00e9todos que deben acompasar la prueba pericial13. Al respecto: \u00abla falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado\u00bb.14En consecuencia, si el d\u00e9ficit de la prueba es producto del descuido de la parte interesada, no hay reproche alguno que se pueda hacer al fallador por no decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
2.3. En tal sentido, esta Sala ha indicado que \u00abaunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que les incumbe a las partes\u00bb15. En otras palabras, este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas16. Pretender lo contrario implicar\u00eda que el funcionario judicial se inclinase por uno de los extremos procesales. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n, se pasan a exponer las razones particulares de la improsperidad del cargo. <\/p>\n
3.1. Se reclamaba determinar el valor del inmueble para el a\u00f1o 201217 -calenda de celebraci\u00f3n del contrato de compraventa-. Sin embargo, el dictamen rendido por C\u00e9sar Antonio Machado englob\u00f3 construcciones que no exist\u00edan para el a\u00f1o en cuesti\u00f3n: \u00abla vivienda del mayordomo y una bodega; se destaca, que estas \u00faltimas construcciones no existan para el 201218\u00bb. Esto es, se distanci\u00f3 del objeto de la intervenci\u00f3n de los peritos: \u00abque fijen en el mismo juicio el justo precio de la finca al tiempo del contrato19\u00bb. En este sentido, \u00ab[n]o es correcto tomar en consideraci\u00f3n factores que vinieron a conocerse con posterioridad a la fecha de la venta20\u00bb. Adem\u00e1s, para calcular el valor hist\u00f3rico se emple\u00f3 una metodolog\u00eda inadecuada: el estudio de mercado tuvo como parang\u00f3n el a\u00f1o 2017. Al respecto, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u00abel estudio se hace a partir de \u201clas ofertas o transacciones recientes21\u201d, es decir, al 2017 fecha en que se realiz\u00f3\u0301 el dictamen\u00bb. Lo anterior trajo como consecuencia que el dictamen fijara el justiprecio, no al momento de la celebraci\u00f3n del acto -2012-, sino en una fecha que no hace parte del tema a probar -2018-: \u00abel valor del inmueble en donde se incluyen los valores del terreno, los cultivos, las construcciones existentes sin mejoras y las ampliaciones y construcciones nuevas, es de ochocientos cincuenta y ocho millones novecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos m\/cte ($858.985.253.oo) para el an\u0303o 2018\u00bb22. Esa desorientaci\u00f3n en la manera de proponer el debate probatorio, y en cumplir con la carga de la prueba, es del exclusivo resorte de la parte. Se reitera, \u00abel avalu\u00f3 pericial de la cosa vendida debe referirse a la fecha del contrato, no a la fecha en que se verific\u00f3 el justiprecio23\u00bb. Por lo dem\u00e1s, el decreto oficioso de pruebas \u00abno puede constituirse en un mecanismo imperativo para subsanar la negligencia de las partes\u00bb.24De all\u00ed que \u00abhay casos en los cuales la actitud asumida por la parte, que tiene cargas probatorias por satisfacer, es la responsable del fracaso, bien de las pretensiones ora de su defensa, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitaci\u00f3n25\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, se advierte que el Tribunal decret\u00f3 otro dictamen -que la parte demandante aport\u00f3-. As\u00ed y todo, de nuevo se incumplieron las exigencias normativas del medio de prueba. En efecto, la experticia rendida por Julio C\u00e9sar Bravo Garreta se enfoc\u00f3 en el estado del inmueble al momento de elaborar el dictamen. No tuvo en cuenta que el objeto de la prueba era determinar el justiprecio del fundo para el a\u00f1o 2012. Por tal raz\u00f3n, el Tribunal dijo que: \u00abno fundamenta su estudio, o al menos no lo detalla en el informe, respecto de las construcciones existentes y su estado para el an\u0303o 2012, basado en elementos como por ejemplo, material fotogr\u00e1fico de dicha data, sobre todo porque en el anexado a su informe, se revelan im\u00e1genes del estado actual del inmueble para el 2020\u00bb. El defecto se hace a\u00fan m\u00e1s patente cuando el ad quem advierte que el medio de convicci\u00f3n da una \u00abexplicaci\u00f3n de los m\u00e9todos a partir de los cuales se obtuvieron las medidas de las construcciones mencionadas, o su grado de antig\u00fcedad, entre otros aspectos, siendo esta una indeterminaci\u00f3n que si\u0301 afecta la valoraci\u00f3n que se hace del dictamen, puesto que se trataba de develar c\u00f3mo era un inmueble en el pasado, ocho a\u00f1os antes, y el perito no expuso con exactitud c\u00f3mo estableci\u00f3\u0301 los guarismos que seg\u00fan \u00e9l se presentaban en el a\u00f1o 2012\u00bb. A su turno, seg\u00fan el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 226 CGP la probanza debe \u00ab[r]elacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen\u00bb, prescripci\u00f3n que no fue atendida, sobre el punto, \u00abtanto en el informe como al momento de sustentarlo en audiencia de segunda instancia, el perito Bravo Garreta menciono\u0301 que tuvo como fuente, los presupuestos realizados por la Ingeniera Vianey del Rosario Bustos Mu\u00f1oz, quien ten\u00eda conocimientos especializados sobre la materia objeto del peritaje de los que \u00e9l adolec\u00eda, sin embargo, m\u00e1s all\u00e1\u0301 de hacer una mera referencia, no existe un anexo o explicaci\u00f3n sobre los aportes que dicha profesional realizo\u0301 al estudio\u00bb. As\u00ed las cosas, imponer al sentenciador el uso de sus facultades oficiosas, para que una parte se desentendiese de su propia conducta, implicar\u00eda, adem\u00e1s, desequilibrar el contencioso en favor de ese sujeto procesal. <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, el sub iudice no es uno de aquellos casos en que, a voces de la jurisprudencia, resulte imperativo al juez hacer uso de facultad de decretar pruebas de oficio. En efecto, esta herramienta procesal tiene por objeto superar grados de incertidumbre frente a los hechos que interesen al proceso -siempre que no haya incuria de las partes- y para evitar nulidades procesales o providencias inhibitorias. <\/p>\n
4. Esto es, el cargo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho consistente en la indebida apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales rendidos por C\u00e9sar Antonio Machado Rodr\u00edguez y Julio C\u00e9sar Bravo Garreta. Para el efecto, explic\u00f3 que las pifias puntuales se cifran en: <\/p>\n
1. En cuanto a la apreciaci\u00f3n de la primera experticia, reproch\u00f3 el an\u00e1lisis deficiente efectuado por el ad quem. Destac\u00f3 que nunca se le otorg\u00f3 un valor a la bodega de cero, tal como se verifica en el numeral 12.4.4., que fij\u00f3 las \u00e1reas, valores del metro cuadrado y se totaliz\u00f3 \u00abel valor que el inmueble ten\u00eda a dicha anualidad en relaci\u00f3n con las construcciones ah\u00ed relacionadas\u00bb. Destac\u00f3 que se tergivers\u00f3 \u00abla informaci\u00f3n entregada en el dictamen donde indica que el perito Machado Rodr\u00edguez indic\u00f3 que el valor de la bodega equivale a 0M2, cuando lo que el perito hace en el aparte que el ad quo le imputa, es traer una informaci\u00f3n aportada por el perito de la parte demandada precisamente del arquitecto MARIO ORD\u00d3\u00d1EZ, del 25 de agosto de 2016 y tomarlo como base de estudio referencial para enfrentarlo con su informe pericial\u00bb. Por otro lado, indic\u00f3 que no es cierto que el perito haya aseverado que, para el 2012, el \u00e1rea construida de terreno era de 198.6 M2. Se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo que en realidad emana del estudio es que para el a\u00f1o 2012 el total de \u00e1rea construida es 271.5 M2, tal y como se puede verificar del folio 187 \u00edtems 12.4.4\u00bb. Tal informaci\u00f3n, por el contrario, se encuentra en el \u00abcuadro comparativo que en el numeral 7.4 refiere como FUENTE: y es el realizado por el perito de la parte demandada Arquitecto Mario Ord\u00f3\u00f1ez\u00bb. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el peritaje de Julio C\u00e9sar Bravo Garreta, observ\u00f3 que ambas experticias son coincidentes en dictaminar que, para el 2012, el \u00e1rea de la \u00abvivienda principal\u00bb era de 125.5 m\u00b2. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que el juez colegiado desarticul\u00f3 el aludido medio probatorio, y omiti\u00f3 valorar en su conjunto \u00abla prueba (\u2026) que se encuentra aportada al proceso y que indica la realizaci\u00f3n de un dictamen pericial del se\u00f1or Bravo Garreta con suficiente claridad y extenso contenido como lo pasamos a indicar\u00bb. Por su parte, aludi\u00f3 a la \u00abmetodolog\u00eda avaluatoria\u00bb y, contrario a lo sostenido por el Tribunal, indic\u00f3 que el perito \u00abutiliz\u00f3 la metodolog\u00eda de c\u00e1lculos que legalmente est\u00e1 obligado a realizar, si el Tribunal considera que otro m\u00e9todo o sistema deb\u00eda usarse por parte del experto, era su deber indicar cual echaba de menos, pero no lo hizo, por la sencilla raz\u00f3n de que los m\u00e9todos y estudios periciales usados por el experto son los \u00fanicos vigentes en Colombia\u00bb. Por tanto, de apreciar en forma correcta esta probanza, ella ser\u00eda suficiente para demostrar que el valor del inmueble al momento de la negociaci\u00f3n es de $642.251.000, configur\u00e1ndose, as\u00ed, la lesi\u00f3n enorme. A continuaci\u00f3n, critic\u00f3 que la Sala exija informaci\u00f3n sobre ampliaciones y mejoras realizadas posteriormente a la negociaci\u00f3n de la compraventa. Indagaci\u00f3n que no tiene \u00abnada que ver con la verificaci\u00f3n del valor del bien sobre lo existente al tiempo de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa cuya lesi\u00f3n enorme se demanda a favor del vendedor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El ataque por la incursi\u00f3n de un error de hecho, conforme se ha dicho invariablemente26, est\u00e1 vinculado al defecto en la contemplaci\u00f3n, existencia y percepci\u00f3n de determinado medio convictivo. De esta manera, se trata de un cuestionamiento de la percepci\u00f3n material de las probanzas, con la indisoluble incidencia en la decisi\u00f3n por parte del sentenciador, a contragolpe de la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales que han debido disciplinar el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. Entonces, en el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, error facti in judicando, el sentenciador parte de premisas f\u00e1cticas equivocadas. Se materializa (i) en la desacertada inferencia de la existencia del medio de prueba -tanto para reputarlo como para negarlo-; y (ii) cuando concibe su existencia, de cara la realidad del proceso, pero desfigura su contenido. En uno y en otro caso, de manera ostensible y con incidencia decisiva en la determinaci\u00f3n adoptada. De ah\u00ed que, con insistencia, esta Corporaci\u00f3n haya estimado que el planteamiento del error de hecho no tiene la virtualidad para reabrir el debate probatorio, cuyo escenario natural est\u00e1 en las instancias. La caracterizaci\u00f3n propia del recurso de casaci\u00f3n impide realizar un nuevo examen f\u00e1ctico sobre la controversia que los contendientes libraron27. No es plausible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal, y mucho menos definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas: \u00ab[d]e ah\u00ed la necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb.28Mem\u00f3rese que las sentencias llegan amparadas bajo la presunci\u00f3n de acierto -en el caso doble presunci\u00f3n de acierto-, en lo que concierne al aspecto factual y jur\u00eddico que desataron las instancias29. Por lo dem\u00e1s, conviene se\u00f1alar que el censor debe atacar todos los pilares que sirven de base al fallo, de tal manera que la impugnaci\u00f3n se muestre completa, de cara a los argumentos de la sentencia. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir, simplemente, en exponer el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aquel debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente -en forma clara y precisa- los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de convicci\u00f3n que obren en el proceso. Y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo30. <\/p>\n
2.1. De conformidad con lo fijado en precedencia, encuentra la Corte que el ataque es incompleto, incurre en entremezclamiento de errores y es intrascendente. En efecto, los siguientes razonamientos del Tribunal no fueron cuestionados: i) las construcciones correspondientes \u00aba la vivienda del mayordomo y una bodega no exist\u00edan para el a\u00f1o 2012, fecha de la compraventa\u00bb31; ii) la metodolog\u00eda empleada en el dictamen fue equivocada de cara al objeto de la prueba. Pues \u00abel estudio se hace a partir de las ofertas o transacciones recientes, es decir, al 2017\u00bb32; iii) el perito, a efectos de determinar el valor del bien al a\u00f1o 2012, incluy\u00f3 construcciones que no estaban edificadas para esa fecha; iv) el perito desatendi\u00f3 el objeto de la prueba, el cual se circunscrib\u00eda a estimar el valor del bien para el a\u00f1o 2012. Sobre el punto, \u00abel valor del inmueble (…) es de ochocientos cincuenta y ocho millones novecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos m\/cte ($858.985. 253.oo) para el a\u00f1o 2018\u00bb; v) el aval\u00fao del inmueble, inapropiadamente, tuvo en cuenta construcciones, \u00e1reas y cultivos existentes para el a\u00f1o en que se elabor\u00f3\u0301 el informe, es decir, para el 2017. De tal suerte que el ad quem deriv\u00f3 sus conclusiones de la prueba pericial. Ninguno de los asertos referidos fue atacado. De donde se sigue que el inacabado ataque del pretensor hace inviable el quiebre de la sentencia fustigada. Sobre este aspecto, la Corporaci\u00f3n ha decantado: \u00ab[e]l sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma, lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta\u00bb33. <\/p>\n
2.2. A su turno, frente al dictamen presentado por el perito Julio C\u00e9sar Bravo Garreta, concluy\u00f3 que en \u00e9l no se fundament\u00f3 la variaci\u00f3n de las \u00e1reas construidas entre los a\u00f1os 2012 y 2018: \u00ab[s]eg\u00fan se decant\u00f3\u0301 del informe inicial, es decir, el elaborado por el ingeniero Cesar Antonio Machado Rodr\u00edguez, al menos en lo que se refiere a las \u00e1reas construidas, existen unas marcadas diferencias entre lo que exist\u00eda en el a\u00f1o 2012, para lo que luego aparece en el a\u00f1o 2018. As\u00ed\u0301, siendo m\u00e1s precisos, la estructura que se denomina \u201cvivienda principal\u201d ten\u00eda 81\u202fm\u00b2 en el a\u00f1o 2012 y paso\u0301 a tener 323\u202fm\u00b2 para el a\u00f1o 2017\u00bb. Al respecto, el censor demostr\u00f3 que para el a\u00f1o 2012, la extensi\u00f3n de la vivienda principal era de 125 m\u00b2. Sin embargo, la pifia del Tribunal es intrascendente: lo que se cuestion\u00f3 de la prueba fue que no explic\u00f3 la variaci\u00f3n de las \u00e1reas. Por tal raz\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que: \u00abel dictamen presentado por el perito Julio Cesar Bravo Garreta no fundamenta su estudio, o al menos no lo detalla en el informe, respecto de las construcciones existentes y su estado para el a\u00f1o 2012, basado en elementos como por ejemplo, material fotogr\u00e1fico de dicha data, sobre todo porque en el anexado a su informe, se revelan im\u00e1genes del estado actual del inmueble para el 2020\u00bb. Tal aserto se corrobora al examinar la prueba34. En efecto, el perito se limit\u00f3 a consignar el vocablo \u00abbueno\u00bb, a prop\u00f3sito del estado de las construcciones. Asimismo, el ad quem extra\u00f1\u00f3 que el dictamen no hubiera explicado los m\u00e9todos para calcular las \u00e1reas construidas. O el grado de vetustez para determinar el valor del bien. Ciertamente, cuando se expres\u00f3 la metodolog\u00eda, nada se dijo sobre la edad de las construcciones.35 Del mismo modo, se afirm\u00f3 que \u00aben ninguna parte de las descripciones antes mencionadas, se dio una explicaci\u00f3n de los m\u00e9todos a partir de los cuales se obtuvieron las medidas de las construcciones mencionadas, o su grado de antig\u00fcedad, entre otros aspectos, siendo esta una indeterminaci\u00f3n que si\u0301 afecta la valoraci\u00f3n que se hace del dictamen, puesto que se trataba de develar c\u00f3mo era un inmueble en el pasado, ocho a\u00f1os antes, y el perito no expuso con exactitud c\u00f3mo estableci\u00f3\u0301 los guarismos que seg\u00fan \u00e9l, se presentaban en el a\u00f1o 2012\u00bb. Aspectos frente a los cuales el censor no demostr\u00f3 en qu\u00e9 se cifr\u00f3 el error. Se limit\u00f3 a exponer su disenso, pero no revel\u00f3 en que consisti\u00f3 la tergiversaci\u00f3n de la prueba. Solamente dijo: \u00ab[l]a parte demandante en casaci\u00f3n observa que el ad quo incurri\u00f3\u0301, en relaci\u00f3n con el peritaje presentado por el se\u00f1or JULIO CESAR BRAVO GARRETA, en errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb36. <\/p>\n
Por otra parte, el censor reprocha que la sentencia hubiese advertido la insuficiencia del IPC para determinar con certidumbre el valor del inmueble para el a\u00f1o 2012. En efecto, dijo: \u00abel ataque que hace el ad quo al estudio del se\u00f1or julio cesar bravo garreta referido a que no es suficiente el m\u00e9todo de IPC para demostrar el valor del bien al a\u00f1o 2012, encontramos distorsi\u00f3n de la prueba, puesto que (…) la experticia explica la metodolog\u00eda avaluatoria en los siguientes t\u00e9rminos: metodolog\u00eda de comparaci\u00f3n de mercado (…) consulta a expertos avaluadores\u00bb. Sin embargo, para el Tribunal, el defecto de la experticia no estuvo en la investigaci\u00f3n de los precios del mercado o en la consulta a expertos, sino, por el contrario, en el \u00abc\u00e1lculo para determinar el valor del bien en cuesti\u00f3n, no puede hacerse simplemente determinando el valor actual de la edificaci\u00f3n, para luego, conforme al IPC, ajustar dicho precio a su equivalente al a\u00f1o 2012, seg\u00fan su estado de conservaci\u00f3n, puesto que la estructura para el a\u00f1o 2018, e incluso para el 2020, a\u00f1o de presentaci\u00f3n del dictamen, seg\u00fan se aprecia del \u00e1lbum fotogr\u00e1fico obrante en el plenario, son diferentes, lo mismo que las condiciones del mercado\u00bb. Luego, el ataque es desenfocado. Pues lo que el Tribunal plantea es la insuficiencia del c\u00e1lculo a trav\u00e9s del \u00edndice de precios al consumidor -IPC-. En efecto, dicho m\u00e9todo no tiene en cuenta las variables del mercado para el a\u00f1o 2012, como lo es que el sector en donde se encuentra el bien es cercano \u00aba la ciudad de Pasto, que ha presentado un gran desarrollo en los \u00faltimos a\u00f1os, lo cual es un hecho notorio\u00bb. Adicionalmente, la precedente consideraci\u00f3n tampoco fue objeto de censura. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, el cargo incurre en entremezclamiento de errores. El censor edific\u00f3 su embate con fundamento en el yerro de facto. Sin embargo, en desarrollo del ataque, reproch\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las experticias. Aspecto propio del error de derecho: \u00ab[e]l Tribunal se sit\u00faa en una posici\u00f3n aislada y desarticulada, muy insular, porque si hubiese valorado en su conjunto los dict\u00e1menes periciales, con seguridad entre uno y otro, en su contexto, haciendo una integralidad del material probatorio, alcanzaba sin m\u00e1s en el aspecto fundamental del objeto de la prueba a concluir que est\u00e1bamos en el escenario de una lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, se se\u00f1alan pifias de derecho en que supuestamente incurri\u00f3 el Tribunal. Ello, porque van dirigidas a cuestionar la falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto. Es decir, denuncia, en \u00faltimas, la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. El error de derecho se presenta cuando se contrar\u00edan las normas que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio -en cuanto a la aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo, contradicci\u00f3n o apreciaci\u00f3n- al momento de valorar jur\u00eddicamente los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. As\u00ed y todo, si en gracia de discusi\u00f3n los defectos t\u00e9cnicos evidenciados se pasaran por alto, no se advierte la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil. Al respecto, se ofrece lo que viene. <\/p>\n
2.5.1. Las prestaciones a cargo de las partes, en el \u00e1mbito del contrato conmutativo, se miran como equivalentes37. Son sim\u00e9tricas. Sin embargo, puede ocurrir que el desequilibrio econ\u00f3mico de la convenci\u00f3n sea de gran calado. En tal evento, el ordenamiento jur\u00eddico sojuzga la exorbitante desproporci\u00f3n entre las prestaciones. De all\u00ed que a letra del 1947 C.C. se prescriba que \u00abel vendedor sufre lesi\u00f3n enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesi\u00f3n enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella\u00bb. Frente a las referidas circunstancias, y bajo precisas hip\u00f3tesis38, se dota de acci\u00f3n al contratante lesionado. De all\u00ed que la instituci\u00f3n sea del todo excepcional. Esto es, procede, s\u00f3lo, en los casos expresamente previstos por el legislador (car\u00e1cter restrictivo de la acci\u00f3n39). Ahora bien, el justo precio es aquel que ten\u00eda al momento de la celebraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2.5.2. En el caso concreto, la pretensi\u00f3n planteada reclama la acreditaci\u00f3n del precio del inmueble enajenado: \u00ab[e]l justo precio se refiere al tiempo del contrato\u00bb (art. 1947 CC, inc. final). Del tal manera que quien invoca la lesi\u00f3n enorme est\u00e1 compelido a probar los hechos que la estructuran- \u00abincumbe probar las obligaciones o su extinci\u00f3n al que alega aquellas o esta\u00bb- (art. 1757 CC). Frente a tal tem\u00e1tica, la sentencia no quebrant\u00f3 la legalidad de las disposiciones denunciadas. El Tribunal extra\u00f1\u00f3 la falta de contundencia de las experticias para acreditar el justiprecio al momento de la celebraci\u00f3n de la convenci\u00f3n. Ciertamente, la prueba del precio no se satisfizo. Tal como lo sostuvo el Colegiado de segundo nivel, no es suficiente, para efectos de determinar la val\u00eda del inmueble, \u00abhacer una simple depreciaci\u00f3n de los valores actuales del predio y sus estructuras, haciendo una regresi\u00f3n en el tiempo para determinar conforme al IPC su equivalente al an\u0303o 2012\u00bb, sin tener en cuenta las construcciones, morfolog\u00eda del terreno, caracter\u00edsticas y \u00e1reas de cultivos que exist\u00edan para el momento de la suscripci\u00f3n del contrato: \u00abal menos lo m\u00e1s aproximado posible a dicha calenda\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el ad quem estim\u00f3 el informe pericial, presentado por el ingeniero Hern\u00e1n Alban Hidalgo, en el cual se demostraron las graves falencias de la experticia elaborada por Julio C\u00e9sar Bravo Garreta. Sobre el punto, dicho documento se\u00f1al\u00f3 lo que viene: \u00abno aplico\u0301 bien la metodolog\u00eda tanto para calcular el valor del terreno, como tambi\u00e9n para calcular el valor de la construcci\u00f3n, adem\u00e1s, como lo demuestra el registro fotogr\u00e1fico, no conoci\u00f3\u0301 las condiciones del predio para el an\u0303o 2012, y si no investigo\u0301 un registro fotogr\u00e1fico de esa \u00e9poca, es imposible imaginarse las condiciones en que se encontraba el predio, por lo tanto, tambi\u00e9n es muy dif\u00edcil calcular el valor comercial del bien cuando las condiciones han cambiado\u00bb. As\u00ed las cosas, en el sub examine se observa que el proceder del Tribunal no configur\u00f3 yerro alguno. En efecto, valor\u00f3 las experticias, contrast\u00f3 la informaci\u00f3n vertida en ellas, repar\u00f3 sobre las inconsistencias metodol\u00f3gicas de los dict\u00e1menes y concluy\u00f3 que el precio del inmueble, para el a\u00f1o 2012, no se estableci\u00f3 fehacientemente. En pocas palabras, el ad quem no tuvo baremo de comparaci\u00f3n entre lo recibido por el vendedor y el valor de bien enajenado. En tal virtud, la lesi\u00f3n enorme no se prob\u00f3.40 <\/p>\n
2.6. En definitiva, el cargo no se abre paso. En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en contra del recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente -se tomar\u00e1 en cuenta la r\u00e9plica de los opositores-. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
TERCERO. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 68 a 77 del PDF \u00ab01. CUADERNO PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 C\u00f3digo de Justiniano. Libro IV. T\u00edtulo XLIV. 2. Garc\u00eda del Corral, I. Cuerpo del Derecho Civil Romano. Molinas, Barcelona, 1898, p\u00e1g. 508. F\u00f3rmula, renombrada como \u201clex Secunda\u201d, valga aclarar, tambi\u00e9n reconocida como su \u201chontanar mismo\u201d. Baldwin, J. The medieval theories of the just price. Transactions of the American Philosophical Society. New series, vol. 49, N\u00b0 4. Philadelphia, 1959, p\u00e1g. 22. <\/p>\n
3\u0002 CSJ S. de N. G. 17 abr. 1936. G.J. T. XLIII, p\u00e1g. 886. <\/p>\n
4\u0002 Rodr\u00edguez Fonnegra, J. Del contrato de compraventa y materias aleda\u00f1as. Lerner, Bogot\u00e1, 1960, p\u00e1g.1075. <\/p>\n
5\u0002 Deshayes, O., Genicon, T. y Laithier, Y. R\u00e9forme du droit de contrats, du r\u00e9gimen g\u00e9n\u00e9ral et de la preuve des obligations. LexisNexis. Par\u00eds, 2018, p\u00e1g. 325 <\/p>\n
6\u0002 Malaurie, Ph. y Aynes, L. Les contrats sp\u00e9ciaux. Cujas. Par\u00eds,1998, p\u00e1g.170 <\/p>\n
7\u0002 El C\u00f3digo General del Proceso, en el art\u00edculo 167, establece dos tipos de asignaciones frente a la carga de la prueba. Aquella que hace el legislador y aquella que ordena el juez -en virtud de la carga din\u00e1mica-. <\/p>\n
8\u0002 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2\u00aa edici\u00f3n, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1951 \u00ab(…) El sistema legal distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. Textos expresos se\u00f1alan al actor y al demandado aquellas circunstancias que han de probar teniendo en consideraci\u00f3n diversas proposiciones hechas en el juicio\u00bb. (p\u00e1gs. 211 a 213). <\/p>\n
9\u0002 El Digesto de Justiniano. D.22, 3, 2. D\u2019Ors, A. y otros. Pamplona, Aranzadi, 1972, p\u00e1g. 89. Con esta regla capital se evita \u201cque las simples aseveraciones de los contendientes se repliquen hasta el infinito.\u201d Bonnier, \u00c9. Trait\u00e9 des preuves. Henri Plon. Par\u00eds, 1873, p\u00e1g. 31. <\/p>\n
10\u0002 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3\u00aa edici\u00f3n, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958: \u00ab(…) Desde este punto de vista, la carga funciona, dir\u00edamos, \u1f70 double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realizaci\u00f3n facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo as\u00ed como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. As\u00ed configurada, la carga es un imperativo del propio inter\u00e9s\u2026\u201d (p\u00e1gs. 211 a 213). <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC592-2022, citada en SC3327-2022 y en SC119-2023. <\/p>\n
13\u0002 Art. 226 CGP. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC. 4232 de 2021 <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC5676-2018. <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC3918-2021. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC21828-2017: \u00ab(…)por norma general le corresponde al actor la demostraci\u00f3n de los hechos y cargos relacionados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 PDF, 06. Dictamen pericial ING. Cesar Antonio Machado. P.13. <\/p>\n
19\u0002 CSJ 12 jun. 1920. G.J. T. XXVIII, p\u00e1g. 77. <\/p>\n
20\u0002 CSJ 18 dic. 1929. G.J. T. XXXVII, p\u00e1g. 400. <\/p>\n
21\u0002 PDF, 06. Dictamen pericial ING. Ejusdem. P 13 \u00abpara el presente evalu\u00f3 se utiliz\u00f3 el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado, para establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio las ofertas otras acciones recientes, de bienes semejantes\u00bb. <\/p>\n
22\u0002 Ejusdem, P. 23. <\/p>\n
23\u0002 CSJ 30 agos. 1924. G.J. T. XXXI, p\u00e1g. 105. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC de 15 de julio de 2008, rad. 00689-01, reiterada en SC 4232 de 2021. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC de 3 de octubre de 2013, rad. 2000-00896-01. <\/p>\n
26\u0002 Por todas: CSJ SC del 23 de mayo de 1955; 19 de noviembre de 1956; 24 de abril de 1986; 2 de julio de 1993; y 9 de noviembre de 1993. <\/p>\n
27\u0002 Et al: CSJ SC del 31 de julio de 1945; 5 de sept. de 1955; y 24 de nov. de 1958. <\/p>\n
28\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039). <\/p>\n
29\u0002 CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
30\u0002 CSJ SC de 16 de agosto de 2005, rad. 1999-00954-01. <\/p>\n
31\u0002 P. 19. <\/p>\n
32\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
33\u0002 CSJ SC de 5 de nov. de 1973 (G.J. t. CXLVV, P 106). <\/p>\n
34\u0002 PDF dictamen pericial, parte demandante. P. 5 <\/p>\n
35\u0002Ejusdem P.8 <\/p>\n
36\u0002 P. 34. <\/p>\n
37\u0002 Art. 1498 CC. <\/p>\n
38\u0002 Entre otras, compraventa de inmuebles \u2013 art. 1946 CC-; permuta de bienes de la misma especie \u2013art. 1958-; aceptaci\u00f3n de una asignaci\u00f3n sucesoral -art. 1291- estipulaci\u00f3n de intereses en el mutuo -art. 2231-; clausula penal -art. 160-; particiones -art. 1405-. <\/p>\n
39\u0002 Sobre el punto v\u00e9ase, en doctrina: DIEZ PICAZO, Luis\/GULL\u00d3N, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Vol. II. Novena edici\u00f3n. Madrid. Ed. Tecnos. P\u00e1gs. 112 a 114. <\/p>\n
40\u0002 Como se sabe, \u00ab[l]a determinaci\u00f3n del justo precio que se\u00f1ala como factor de referencia el precepto acabado de citar, se fija generalmente y como la ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, con el dictamen pericial que sobre el inmueble objeto de enajenaci\u00f3n se realice en el curso del proceso, no significando con esto, que los resultados de dicho dictamen no est\u00e9n sujetos a la valoraci\u00f3n que de ellos debe llevar a cabo el fallador quien ha de verificar la firmeza, precisi\u00f3n, calidad de fundamentos, competencia de los peritos y dem\u00e1s elementos probatorios que obren en el expediente (art. 241 del C.P.C.), de suerte tal que es dicho juzgador el que determina, apreciando todas las circunstancias del contrato que frente al caso resulten relevantes, ese \u00abjusto valor\u00bb de la prestaci\u00f3n prometida que adolece de manifiesta inequidad econ\u00f3mica\u00bb (CSJ SC de 9 de agosto de 1995; recientemente: CSJ SC8456 de 2016). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC437-2023 (2019-00014-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC437-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-003-2019-00014-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mario Barahona […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}