SC458-2023 (2014-02105-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC458-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2014-02105-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Carmen Cecilia Acevedo Burgos, Carlos Alirio Cacua, Ferley Vacca Carrillo y Alicia del Socorro Escobar Varela frente a la sentencia de 10 de septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Ahorramas, hoy Banco Av Villas S.A., contra los impugnantes y otros. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda g\u00e9nesis del referido litigio, la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda, Ahorramas S.A., hoy Banco Av Villas S.A., pidi\u00f3 librar mandamiento de pago por las siguientes cantidades: <\/p>\n
1.1. 3.362.1635 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del 30 de septiembre de 1999, corresponden a $54\u2019231.865,36, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04491. <\/p>\n
1.2. 10.234.7417 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre de 1999, son igual a $165\u2019086.895.30), saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 066004492. <\/p>\n
1.3. 4.481.4549 UPAC, que, a la fecha de cotizaci\u00f3n, 30 de septiembre de 1999, corresponden a $72\u2019286.091.60, del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04493. <\/p>\n
1.4. 7.158.6795 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del 30 de septiembre de 1999, son igual a $115\u2019469.858.20, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04494. <\/p>\n
1.5. 7.919.5882 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre de 1999, corresponden a $127\u2019743.353.60, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04495. <\/p>\n
1.6. 10.743.6209 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre de 1999, son iguales a $173\u2019295.142.20, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04496. <\/p>\n
1.7. 3.656.3820 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre de 1999, corresponden a $58\u2019977.624,47, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04497. <\/p>\n
1.8. 3.500.7902 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre de 1999, son igual a $56\u2019467.920.96, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n signada en el pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04498. <\/p>\n
1.9. 4.192.0431 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre 1999, son igual a $67\u2019617.864,80, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04499. <\/p>\n
1.10. 7.037.7698 UPAC, que, a la cotizaci\u00f3n del d\u00eda 30 de septiembre 1999, corresponden a $113\u2019519.578.70, saldo insoluto de la obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 n.\u00ba 0660-04490. <\/p>\n
1.11. Por los intereses moratorios sobre el saldo insoluto de las anteriores obligaciones, a la tasa m\u00e1xima autorizada por la ley, a partir del 19 de mayo de 1999, hasta que sea solucionado, liquidados en UPAC y convertidas en moneda legal colombiana en la fecha de pago. <\/p>\n
1.12. Solicit\u00f3 tambi\u00e9n decretar la venta en p\u00fablica subasta, de los bienes inmuebles que hacen parte del Conjunto Multifamiliar Villa M\u00f3nica, Propiedad Horizontal, ubicado en la Carrera 17 n.\u00ba 6-45 de Bucaramanga. <\/p>\n
2. El a quo, en sentencia de 31 de mayo de 2011, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPrimero. – Declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores, propuesta por los demandados Miguel Navarro Acevedo y Alicia del Socorro Escobar Varela dentro del presente proceso Ejecutivo Hipotecario, adelantado por Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Ahorramas hoy Banco AV VILLAS, conforme a las consideraciones en que se encuentra sustentado el fallo\u201d. <\/p>\n
\u201cSegundo.- En consecuencia, se revoca el mandamiento de pago librado a favor de Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Ahorramas hoy Banco AV Villas contra Cooperativa Familiar Mutua Ltda. \u201cCoofame Ltda.\u201d; Ana Marcela Monsalve Camacho, Javier Mauricio Barrag\u00e1n Pach\u00f3n, Giomara Cadena Herrera, Carlos Fernando Enrique de Jes\u00fas Cadena Herrera, Jenny Naidu Ardila Guerrero, Leddys Sulay Ardila Guerrero, Carmen Rosa Garc\u00eda de D\u00edaz, \u00d3scar Mauricio D\u00edaz Garc\u00eda, Miguel Navarro Acevedo, Alicia del Socorro Escobar Varela, Edwin Cacua Ortega, Carlos Alirio Cacua Ortega, Juan de Jes\u00fas Calder\u00f3n Ordo\u00f1ez, Jhon Alfonso Calder\u00f3n Ni\u00f1o, Laura Patricia Amador Rodr\u00edguez, Giovani Rodr\u00edguez Carillo, Jorge Eliecer G\u00f3mez Ni\u00f1o, Abelardo Guar\u00edn Rueda, Erika Mar\u00eda Guar\u00edn Forero, Leonor Corredor Castro, Julio C\u00e9sar Corredor Castro, Cruz Felipe Ni\u00f1o Blanco, Odilia Pedraza de Ni\u00f1o, Mar\u00eda Elvinia Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, Leonardo Pico Fern\u00e1ndez, Manuel Prieto C\u00e1rdenas, Marlene D\u00edaz Gonz\u00e1lez, Em\u00e9rita D\u00edaz Sua, Ferley Vacca Carrillo, Isabel Miranda Rivera, Alberto Carre\u00f1o Romero, Henry Carvajal, Claudia Stella D\u00edaz Garc\u00eda, \u00c1lvaro Colmenares Lucena, Blanca Doris Higuera Fl\u00f3rez, Carlos Alberto M\u00e9ndez Jaimes, Luz Stella Delgado G\u00f3mez, Carmen Cecilia Acevedo Burgos, Nelson Vargas Vargas, Wilson Araque D\u00edaz y Mar\u00eda Dolores D\u00edaz de Araque y se declara legalmente terminado el presente proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cTercero. – Levantar las medidas cautelares decretadas. En caso de existir remanentes, proceder de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia\u201d. <\/p>\n
\u201cCuarto. – Condenar a la parte ejecutante al pago de los perjuicios, que la parte demandada hubiese podido sufrir con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares y el proceso ejecutivo. Para su tasaci\u00f3n, se proceder\u00e1 de conformidad con lo dispuesto en el art. 307 y 308 del CPC\u201d. <\/p>\n
\u201cQuinto. Condenar en costas a la parte demandante\u201d (fls. 20-34, cdno.1). <\/p>\n
3. Esa decisi\u00f3n fue revocada por el Superior al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante, en fallo de 10 de septiembre de 2012 y, en su lugar, dispuso: <\/p>\n
\u201cSegundo. En su defecto, declarar que las excepciones de fondo alegadas por Miguel Navarro Acevedo y Alicia del Socorro Escobar Varela, se propusieron de forma extempor\u00e1nea y no pueden ser tenidas en cuenta. <\/p>\n
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte plural ejecutada. <\/p>\n
Quinto. Declarar probadas las excepciones perentorias invocadas por la demandada Luz Stella Delgado G\u00f3mez de pago parcial de la obligaci\u00f3n a su cargo y de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria respecto del saldo insoluto de dicha prestaci\u00f3n dineraria, conforme a lo definido en la secci\u00f3n motiva de esta providencia. <\/p>\n
Sexto. Dar por terminado el proceso frente a la ejecutada Luz Stella Delgado G\u00f3mez. Por tanto, se dispone levantar las medidas de embargo y secuestro que recaen sobre el inmueble de su propiedad, apartamento 408 Torre 2 del conjunto multifamiliar Villa M\u00f3nica, situado en la carrera 17 No. 6-45 de Bucaramanga, con matr\u00edcula 300-260479. L\u00edbrense por la Secretar\u00eda del Juzgado de primera instancia los respectivos oficios. <\/p>\n
S\u00e9ptimo. Condenar en abstracto a la parte demandante en los perjuicios que se pudieron causar a la ejecutada Luz Stella Delgado G\u00f3mez por raz\u00f3n de dichas medidas cautelares y del proceso en s\u00ed mismo; al igual que en costas del proceso en ambas instancias a favor de aqu\u00e9lla\u2026\u201d. (fls. 35-64, cdno.1). <\/p>\n
<\/p>\n
II. RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. El 16 de septiembre de 20141, Carmen Cecilia Acevedo Burgos, Carlos Alirio Cacua, Ferley Vacca Carrillo y Alicia del Socorro Escobar Varela recurrieron en revisi\u00f3n, con las causales primera, sexta y s\u00e9ptima del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en procura de que se invalide el fallo del Tribunal, se revoque el mandamiento de pago, se levanten las medidas cautelares y se condene a la ejecutante en costas y perjuicios o se anule lo actuado desde el 28 de marzo de 2001 respecto de Carlos Alirio Cacua. <\/p>\n
Para ello, en lo medular, expusieron: <\/p>\n
En respaldo de la causal primera: mencionaron diversos documentos que, en su criterio, son nuevos y habr\u00edan incidido en la decisi\u00f3n, pero fueron ocultados por la parte ejecutante, a saber: <\/p>\n
a). La certificaci\u00f3n de 12 de marzo de 2003 en la que la gerente regional de cr\u00e9dito y cartera del Banco Av Villas S.A., indic\u00f3 que la deuda fue pagada. <\/p>\n
b). El oficio de 25 de agosto de 2005 en el que Francisco Rangel Castro, que era el representante jur\u00eddico de la ejecutante, expuso que los deudores \u00abcancelaron la totalidad del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
c). Las escrituras 1912 y 1913 de 28 de septiembre de 2001, suscritas en la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga, en las que el Banco Av Villas S.A. recibi\u00f3 en daci\u00f3n en pago varios inmuebles (apartamentos, parqueaderos, locales comerciales) que hacen parte de la Urbanizaci\u00f3n Villa M\u00f3nica, por parte de las liquidadoras de la Cooperativa Coofame Ltda., para saldar el cr\u00e9dito constructor n.\u00ba 66440097. <\/p>\n
d). La propuesta de daci\u00f3n en pago de 6 de julio de 2001. <\/p>\n
e). El estado de resultados que hace parte de la contabilidad de Coofame Ltda., del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2001, en el que consta que la ejecutante descont\u00f3 $214\u2019660.237 de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
f). El acta de la asamblea de 30 de noviembre de 2001, atinente a que Coofame Ltda., le cedi\u00f3 al Banco Av Villas S.A. la cartera, para ser cobrada y abonada al cr\u00e9dito constructor n.\u00ba 66440097. <\/p>\n
g). La Resoluci\u00f3n n.\u00ba 0332 de 16 de mayo de 2003, de la Superintendencia de Econom\u00eda Solidar\u00eda, que autoriz\u00f3 inscribir la liquidaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de Coofame Ltda. <\/p>\n
h). La declaraci\u00f3n juramentada de Adriana Jisela Serrano Su\u00e1rez, de 4 de noviembre de 2005, en la que consta el pago total del cr\u00e9dito constructor n.\u00ba 66440097. <\/p>\n
Dijeron que la mayor\u00eda de los demandados fueron notificados de la ejecuci\u00f3n en marzo de 2000, cuando no exist\u00edan tales documentos, lo cual les impidi\u00f3 adosarlos y alegar el pago total de la obligaci\u00f3n, aunado a que los empleados del Banco Av Villas S.A. se confabularon con las liquidadoras de Coofame Ltda. y tampoco los aportaron. <\/p>\n
Como sustento de la causal sexta: que Camilo Jos\u00e9 Silva Sanjuan, apoderado de la ejecutante, minti\u00f3 cuando adujo que las escrituras de daci\u00f3n en pago nada tienen que ver con el pago total de la obligaci\u00f3n, pues sabe que su prohijada recibi\u00f3 bienes de Coofame Ltda., para amortizar la deuda, seg\u00fan lo confirman diversas piezas (el memorando 4540.195 de 16 de julio de 2001, el interrogatorio de parte absuelto el 3 de julio de 2009 por Germ\u00e1n Barriga Garavito, que era el representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales de la acreedora, las declaraciones rendidas por el aludido mandatario judicial el 10 de julio y el 5 de noviembre de 2003, la declaraci\u00f3n juramentada de Mar\u00eda Jos\u00e9 Or\u00f3stegui Prieto, que era jefe de escrituraci\u00f3n, as\u00ed como por Juan Camilo \u00c1ngel Mej\u00eda, actual presidente de esa entidad, las promesas de compraventa y las escrituras en las que Hugo Alba Contreras y Magdalena Pach\u00f3n Ovalle compraron los apartamentos 405 y 304 de la torre 2 y la Resoluci\u00f3n No. 0356 de 28 de noviembre de 1997 del Inurbe, la cual alude a la Urbanizaci\u00f3n Villa M\u00f3nica e indica que los bienes que la conforman son de inter\u00e9s social). <\/p>\n
A\u00f1adieron que, por faltar a la verdad y ocultar documentos e informaci\u00f3n, Germ\u00e1n Barriga Garavito, Camilo Jos\u00e9 Silva Sanjuan y Shirley Esparza Rangel, incurrieron en la causal sexta de revisi\u00f3n, toda vez que infringieron diversas normas, y consiguieron que en ambas sentencias se guardara silencio frente a la certificaci\u00f3n de 12 de marzo de 2003, en la que la Gerente Regional del Banco Av Villas S.A., indic\u00f3 que la deuda fue pagada. <\/p>\n
En apoyo de la causal s\u00e9ptima: que se incurri\u00f3 en nulidad procesal respecto del ejecutado Carlos Alirio Cacua, pues su apoderado renunci\u00f3, pero el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga no enter\u00f3 al poderdante de tal dimisi\u00f3n, lo que le imposibilit\u00f3 designar otro mandatario. <\/p>\n
2. La demanda de revisi\u00f3n fue admitida en auto de 13 de octubre de 2015, notificado en el estado del d\u00eda 15 siguiente, que dispuso integrar la litis por pasiva con todos los que fueron parte en el ejecutivo (fls. 476-479, cno.1). <\/p>\n
3. En auto de 17 de marzo de 2015 se les concedi\u00f3 amparo de pobreza a los accionantes (fls. 53-57, cno.2). <\/p>\n
4. La convocada y los dem\u00e1s litisconsortes necesarios fueron vinculados, as\u00ed: <\/p>\n
4.1. El Banco Av Villas S.A. se notific\u00f3 por conducta concluyente, el 26 de septiembre de 2016, y aleg\u00f3 que \u00ab[e]l recurso extraordinario de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para corregir las equivocaciones in procedendo e in vigilando cometidas por los sujetos procesales\u00bb y que \u00ab[e]l demandante en el proceso hipotecario no realiz\u00f3 ninguna maniobra fraudulenta como lo afirman los recurrentes en revisi\u00f3n\u00bb (fls. 507-528, cno.2). <\/p>\n
4.2. Carmen Rosa Garc\u00eda de D\u00edaz y \u00d3scar Mauricio D\u00edaz Garc\u00eda se notificaron el 1 de agosto de 2016 (fl.703); y Em\u00e9rita D\u00edaz Sua, el 14 de septiembre de 2016 (fl.731, cno.2). <\/p>\n
4.3. Edwin Cacua Ortega, Nelson Vargas Vargas, Wilson Araque D\u00edaz, Mar\u00eda Dolores D\u00edaz de Araque, Isabel Miranda Rivera, Alberto Carre\u00f1o Romero, Mar\u00eda Elvinia Garc\u00eda Guti\u00e9rrez y Leonardo Pico Fern\u00e1ndez fueron enterados por aviso, el 19 de septiembre de 2016 (fls. 731, 747,748,753 y 756, cno.2). <\/p>\n
4.4. Ana Marcela Monsalve Camacho, Javier Mauricio Barrag\u00e1n Pach\u00f3n, Guiomara Cadena Herrera, Carlos Fernando Enrique de Jes\u00fas Cadena Herrera, Jenny Nayd\u00fa Ardila Guerrero, Leddys Sulay Ardila Guerrero, Juan de Jes\u00fas Calder\u00f3n Ordo\u00f1ez, John Alfonso Calder\u00f3n Ni\u00f1o, Laura Patricia Amador Rodr\u00edguez, Giovanny Rodr\u00edguez Carrillo, Jorge Eliecer G\u00f3mez Ni\u00f1o, Abelardo Guar\u00edn Rueda, Leonor Corredor Castro, Julio C\u00e9sar Corredor Castro, Cruz Felipe Ni\u00f1o Blanco, Odilia Pedraza de Ni\u00f1o, Manuel Prieto C\u00e1rdenas, Marlene D\u00edaz Gonz\u00e1lez, Clemencia Rodr\u00edguez Prada, Henry Carvajal, Claudia Stella D\u00edaz Garc\u00eda, \u00c1lvaro Colmenares Lucena, Blanca Doris Higuera Fl\u00f3rez, Carlos Alberto M\u00e9ndez Jaimes, Luz Stella Delgado G\u00f3mez, Miguel Navarro Acevedo, Erika Mar\u00eda Guar\u00edn Forero fue vinculada el 22 de agosto de 2018, trav\u00e9s de curador ad litem, y contest\u00f3 la demanda (fl. 832 y 835 a 840, cno.2). <\/p>\n
4.5. Betty Janeth Pinz\u00f3n Naranjo, quien actu\u00f3 como liquidadora de la Cooperativa Familiar Mutua Limitada -Coofame Ltda.-, fue notificada el 7 de febrero de 2019, mediante curador ad litem, quien contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito (fl. 875 y 881 a 890, cno.2). <\/p>\n
5. Por auto de 6 de junio de 2019 se decretaron las pruebas; en prove\u00eddo de 5 de septiembre de 2023 se cerr\u00f3 esa fase y se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar por el t\u00e9rmino legal, cumplido lo cual el expediente ingres\u00f3 al despacho para fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Comoquiera que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n se interpuso en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, fue tramitado y ser\u00e1 desatado con base en ese ordenamiento adjetivo, de conformidad con el numeral quinto del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor \u00ablos recursos interpuestos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
2. Aunque el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil otorga a las sentencias la impronta de la ejecutoriedad una vez han adquirido firmeza en virtud del principio de la cosa juzgada, el art\u00edculo 379 autoriza, y de forma excepcional, su revisi\u00f3n por dificultades o irregularidades en el recaudo probatorio, as\u00ed como por actos de colusi\u00f3n, indebida representaci\u00f3n o vicios may\u00fasculos que afecten la eficacia de lo actuado en el pleito enjuiciado. <\/p>\n
3. Para interponer ese medio de control jurisdiccional hay una limitaci\u00f3n temporal preclusiva, pues el art\u00edculo 381 ibidem fija, por regla general, el plazo de dos (2) a\u00f1os contados desde la ejecutoria de la sentencia a atacar por v\u00eda de revisi\u00f3n, el cual puede ser de m\u00e1ximo cinco (5) a\u00f1os en la causal s\u00e9ptima seg\u00fan las reglas que al efecto prev\u00e9 la norma, que, adem\u00e1s, hace ciertas precisiones respecto de algunos otros motivos de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con esa configuraci\u00f3n legislativa, la activaci\u00f3n tard\u00eda del recurso justifica su rechazo al tenor del tercer inciso del art\u00edculo 383 ejusdem, sin que tal exigencia se entienda superada por haberle dado curso, toda vez que se deben tener en cuenta las reglas de inoperancia de la caducidad del art\u00edculo 90 ibidem, situaci\u00f3n que obliga a constatar su oportunidad aun al momento de ser resuelto. <\/p>\n
4. Los promotores de la revisi\u00f3n alegan las causales primera, sexta y s\u00e9ptima establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consistentes en: <\/p>\n
1. Haberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. <\/p>\n
6. Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. <\/p>\n
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. <\/p>\n
5. La Sala observa que frente a esos motivos se configur\u00f3 la caducidad sobreviniente, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando se invoquen las causales primera y sexta de revisi\u00f3n, \u00ab[e]l recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb; sin embargo, no es suficiente con interponer en tiempo la revisi\u00f3n, sino que debe darse tambi\u00e9n cumplimiento al inciso primero del art\u00edculo 90 ibidem en lo que refiere a la vinculaci\u00f3n formal de la contraparte, pues esa regla instrumental dispone que: <\/p>\n
La presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado. <\/p>\n
Ello significa que el impulsor de la revisi\u00f3n tiene una doble carga probatoria para atajar la caducidad, consistente en interponer el recurso dentro del bienio establecido en el art\u00edculo 381 ejusdem, y en atender, asimismo, lo dispuesto en el inciso primero del art\u00edculo 90 ibidem, so pena de que la inoperancia de ese fen\u00f3meno solo se produzca con el acto de notificaci\u00f3n a la parte convocada, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Sala en CSJ SC4854-2021 y lo reiter\u00f3 en SC3729-20222, al decir que: <\/p>\n
(\u2026) la presentaci\u00f3n oportuna del libelo introductor, en tanto actuaci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente del litigio subyacente a la revisi\u00f3n, no es suficiente para impedir la configuraci\u00f3n del memorado fen\u00f3meno preclusivo, pues compete al interesado, adem\u00e1s, cumplir con la carga procesal de integrar diligentemente el contradictorio, como lo dispone el inciso cuarto del precepto 358, en concordancia con las reglas 91 y 94 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la caducidad es una instituci\u00f3n provista para sancionar el incumplimiento de las cargas que la ley le impone al titular de un derecho y, por tanto, constituye un tema de orden p\u00fablico, raz\u00f3n por la que es declarable aun de oficio cuando est\u00e9 configurada inclusive en el marco del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, al estar de por medio la necesidad de preservar la seguridad jur\u00eddica, como baluarte de toda sociedad democr\u00e1tica, pues en esta la respuesta del sistema de justicia tiene un valor superlativo para el Estado y tambi\u00e9n para los coasociados que por esa v\u00eda definen sus controversias de forma definitiva. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, en SC4065 de 2020 se record\u00f3: <\/p>\n
El legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n debe dirigirse contra todas \u00ablas personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u00bb, seg\u00fan lo manda el numeral segundo del art\u00edculo 382 ibidem, lo que configura un litisconsorcio necesario entre quienes deben ser citados a ese escenario excepcional, de tal modo que su convocatoria y vinculaci\u00f3n resultan indispensables para que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se constituya debidamente y haya uniformidad en la decisi\u00f3n a ser adoptada. <\/p>\n
Por tanto, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino que configure la caducidad no se da solo con la presentaci\u00f3n oportuna de la censura extraordinaria, sino que es preciso notificar tempestivamente a todos quienes deben ser convocados, con independencia de que ello se logre dentro o por fuera del lapso que prev\u00e9 el art\u00edculo 90 ibidem, pero, en todo caso, sin exceder el t\u00e9rmino previsto para la respectiva causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 90 ibidem, dispone que: <\/p>\n
Si fueran varios los demandados y existiese entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificaci\u00f3n a los que se refiere este art\u00edculo, se surtir\u00e1n para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos. <\/p>\n
5.1. En este episodio, como se invocaron las causales primera y sexta de revisi\u00f3n, el extremo recurrente ten\u00eda dos (2) a\u00f1os, contados desde la ejecutoria de la sentencia fustigada, para formular la demanda de revisi\u00f3n, sin que el cumplimiento de esa carga amerite alg\u00fan reparo, toda vez que el fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga adquiri\u00f3 firmeza el 18 de septiembre de 20123, y el recurso se interpuso el 8 de septiembre de 20144, es decir, dentro del bienio contado desde aquel d\u00eda. <\/p>\n
A pesar de ello, la presentaci\u00f3n de la demanda no logr\u00f3 el cometido de inoperar la caducidad comoquiera que el auto admisorio le fue comunicado a los promotores por estado de 15 de octubre de 20155 y la litisconsorte necesaria Betty Janeth Pinz\u00f3n Naranjo, \u00faltima en ser vinculada6, se notific\u00f3 el 7 de febrero de 2019 (fl. 875, cno.2), es decir, por fuera de la anualidad prevista en el inciso primero del art\u00edculo 90 ejusdem. <\/p>\n
Es as\u00ed porque entre el 16 de octubre de 2015 y el 7 de febrero de 2019 transcurrieron tres (3) a\u00f1os, tres (3) meses y veintid\u00f3s (22) d\u00edas, lo que reafirma que los recurrentes no cumplieron la carga de integrar el contradictorio dentro del a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 90 en cita. Luego, la caducidad sigui\u00f3 su curso y, para el 7 de febrero de 2019, cuando se trab\u00f3 el contradictorio, ya se hab\u00eda configurado. <\/p>\n
En efecto, desde el 18 de septiembre de 2012, cuando cobr\u00f3 firmeza el fallo, hasta el 7 de febrero de 2019, d\u00eda en que se integr\u00f3 la litis, transcurrieron seis (6) a\u00f1os, cuatro (4) meses y diecinueve (19) d\u00edas, tiempo que supera con creces el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 381 ibidem. <\/p>\n
5.2. Igual conclusi\u00f3n se impone respecto de la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n. En efecto, la sentencia cuestionada, que fue proferida el 10 de septiembre de 2012, adquiri\u00f3 ejecutor\u00eda el 18 de septiembre de 2012, sin que fuera necesaria su inscripci\u00f3n en alg\u00fan registro p\u00fablico, y el 8 de septiembre de 2014 la parte presuntamente afectada interpuso la revisi\u00f3n7, lo que significa que conoci\u00f3 esa decisi\u00f3n dentro del bienio siguiente a la fecha en que se dict\u00f3 tal providencia, y la recurri\u00f3 durante ese lapso, esto es, de forma oportuna. <\/p>\n
Empero, para que ese acto procesal introductorio tuviera la virtualidad de inoperar la caducidad era menester notificar a todos los convocados \u00abdentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n (\u2026) al demandante\u00bb, pues de lo contrario el se\u00f1alado efecto solo se producir\u00eda con la vinculaci\u00f3n formal de estos \u00faltimos, seg\u00fan el inciso primero in fine del art\u00edculo 90 ejusdem. <\/p>\n
Sin embargo, esa exigencia no se cumpli\u00f3, ya que el auto admisorio le fue notificado a los revisionistas en estado de 15 de octubre de 20158, por lo que a partir del d\u00eda siguiente estos ten\u00edan un a\u00f1o para vincular a todos los convocados (inc. 1. Art. 90 C.P.C.), de ah\u00ed que, en definitiva, dispon\u00edan hasta el 15 de octubre de 2016 para realizar tal acto procesal de comunicaci\u00f3n y prevalerse del citado efecto legal. Empero, esta carga solo se satisfizo el 7 de febrero de 2019 (fl. 875, cno.2), lo cual significa que la presentaci\u00f3n del libelo no detuvo la caducidad y, por ende, esta sigui\u00f3 su marcha y cuando se integr\u00f3 la litis (7 feb.2019), ya se hab\u00eda consolidado. <\/p>\n
Es as\u00ed porque su inoperancia qued\u00f3 atada al conocimiento de la sentencia por los presuntos afectados, hecho ocurrido despu\u00e9s de su ejecutoria (18 sept. 2012), pero antes de interponer la revisi\u00f3n (8 sept. 2014); por tanto, aunque no indicaron la fecha exacta en que tuvieron tal informaci\u00f3n, se infiere que ello ocurri\u00f3 durante los dos (2) a\u00f1os siguientes a la firmeza del fallo, toda vez que radicaron el libelo dentro de ese bienio. Luego, si en el escenario m\u00e1s favorable para los revisionistas se asumiera que el dies a quo para enarbolar la causal en cuesti\u00f3n inici\u00f3 el 8 de septiembre de 2014, habr\u00eda caducidad. <\/p>\n
Lo dicho porque desde esa data (8 sept. 2014) hasta la notificaci\u00f3n de todos los litisconsortes necesarios convocados (7 feb. 2019) corri\u00f3 un lapso superior al bienio previsto en el art\u00edculo 356 ibidem, espec\u00edficamente, cuatro (4) a\u00f1os y cinco (5) meses, t\u00e9rmino que supera con holgura el legal de dos (2) a\u00f1os provisto para alegar la s\u00e9ptima causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Si se hiciera abstracci\u00f3n del t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os, contabilizado a partir del conocimiento real o presuntivo a que alude el art\u00edculo 381 ibidem, y se aplicar\u00e1 el m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os previsto en ese mismo texto legal, por ser m\u00e1s favorable a los revisionistas, el resultado ser\u00eda el mismo, pues entre el 18 de septiembre de 2012, cuando qued\u00f3 en firme la sentencia fustigada y el 7 de febrero de 2019, fecha en que se trab\u00f3 la litis, transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino que supera con holgura dicho quinquenio. <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, se consolid\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad respecto de las causales 1\u00aa, 6\u00aa y 7\u00aa de revisi\u00f3n imploradas, ya que los recurrentes inobservaron la carga de notificar en tiempo a los demandados, como ya se explic\u00f3, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1, sin necesidad de estudiar las excepciones de m\u00e9rito propuestas al resultar ello inoficioso frente al avizorado impedimento procesal sobreviniente. <\/p>\n
7. Seg\u00fan el art\u00edculo 384 in fine del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se condenar\u00e1 en perjuicios a los revisionistas, pero no en costas, al gozar de amparo de pobreza. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la caducidad de las causales 1\u00aa, 6\u00aa y 7\u00aa de revisi\u00f3n alegadas en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado por Carmen Cecilia Acevedo Burgos, Carlos Alirio Cacua, Ferley Vacca Carrillo y Alicia del Socorro Escobar Varela frente a la sentencia de 10 de septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ejecutivo hipotecario de Ahorramas, hoy Av Villas S.A., contra los impugnantes y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en perjuicios a la parte impugnante, que se liquidar\u00e1n por incidente. Sin costas. <\/p>\n
TERCERO: Devolver al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, el expediente del proceso ejecutivo hipotecario n.\u00ba 1999-01254 en el cual se dict\u00f3 la sentencia que fue objeto de revisi\u00f3n, salvo el cuaderno de la Corte, adjuntando copia de esta providencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Fl. 404, cdno.1. <\/p>\n
2\u0002 Aunque esas providencias fueron dictadas a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, guardan coherencia y armonizan con las reglas del C.P.C. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. La sentencia se dict\u00f3 el 10 de septiembre de 2012, fue notificada por edicto fijado el 14 de septiembre de 2012 y desfijado el 18 de ese mismo mes y a\u00f1o, al tenor del art\u00edculo 323 del C.P.C. <\/p>\n
4\u0002 Fl. 404. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Fls. 476-479, cno.1. <\/p>\n
6\u0002 Lo anterior que el curador ad litem se notific\u00f3 el 7 de febrero de 2019, folio 875, cno.2. <\/p>\n
7\u0002 Fl. 404, cno.1. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. Fls. 476-479, cno.1. <\/p>\n
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SC458-2023 (2014-02105-00) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC458-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2014-02105-00 (Aprobada en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Carmen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}