SC469-2023 (2017-00763-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
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SC469-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2017-00763-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la Cooperativa Consumo contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn \u2013 Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 contra Gustavo Le\u00f3n Castillo Sierra, Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- De manera principal, la demandante solicit\u00f3 declarar que los convocados, quienes fueron administradores de la sociedad actora, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios patrimoniales que sufri\u00f3 \u00abpor la culpa en que incurrieron en el dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del proyecto \u00abConsumo Laureles\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, implor\u00f3 condenarlos a pagar solidariamente la suma de $9.291.772.461, por concepto del costo financiero adicional del 128,77% en el que tuvo que incurrir de conformidad con el dictamen pericial aportado con el escrito inicial. De no acceder a ese monto, se les condene a pagar $8.158.964.577, que corresponde al costo financiero adicional del 97,73%. De no prosperar ninguna de las citadas condenas, se ordene pagar por perjuicios la suma de $4.107.959.771, por el costo financiero adicional del 41,98%. <\/p>\n
<\/p>\n
Pidi\u00f3 actualizar la condena entre el d\u00eda en que se alleg\u00f3 la experticia – 21 de septiembre de 2016 – y la fecha en que se efect\u00fae el pago, junto con el valor de los intereses civiles del 6% anual1. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- En sustento de dichas aspiraciones se expuso el siguiente relato factual2: <\/p>\n
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2.1.- Durante el per\u00edodo comprendido entre abril de 2007 y abril de 2014, Gustavo Le\u00f3n Castillo Sierra se desempe\u00f1\u00f3 como gerente de Consumo. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- Para el a\u00f1o 2012 el Consejo de Administraci\u00f3n estaba conformado por los se\u00f1ores Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.- En el a\u00f1o 2010 el gerente Gustavo Castillo tom\u00f3 la decisi\u00f3n de abrir un nuevo punto de venta en la avenida 33 con carrera 76 del barrio Laureles, para lo cual present\u00f3 el respectivo proyecto al Consejo de Administraci\u00f3n en la sesi\u00f3n extraordinaria del 29 de agosto de 2012, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
a) El local comercial tendr\u00eda un \u00e1rea de ventas de 1.061 mts2, un parqueadero en dos niveles de 2.244 mts2 y un \u201cmezanine bodega\u201d de 420 mts2 <\/p>\n
b) Para obtener un local comercial de esas caracter\u00edsticas, propuso arrendar varios inmuebles y hacer la construcci\u00f3n necesaria para adecuarlos por valor de $4.100.000.000,oo con recursos obtenidos de un leasing operativo a 15 a\u00f1os. <\/p>\n
c) El Gerente propuso que, para completar el \u00e1rea requerida, el arrendador de uno de los lotes recibiera de CONSUMO un pr\u00e9stamo por $800.000.000,oo para comprar un lote vecino por valor de $1.200.000.000,oo. El pr\u00e9stamo estar\u00eda garantizado con una hipoteca sobre el lote. <\/p>\n
<\/p>\n
El proyecto fue aprobado por votaci\u00f3n un\u00e1nime de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n, seg\u00fan consta en el acta No. 978. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4.- La Cooperativa Consumo construy\u00f3 la nueva sede de Laureles en los predios que tom\u00f3 en arrendamiento a las se\u00f1oras Mar\u00eda Elena Tob\u00f3n de \u00dasuga, Mar\u00eda Teresa Uribe de Hincapi\u00e9 y Mar\u00eda Bertha Quintero Ocampo. <\/p>\n
<\/p>\n
La ejecuci\u00f3n de la obra inici\u00f3 a finales del a\u00f1o 2012 y tuvo un costo total de $3.931.566.855, incluyendo servicios, materiales y mano de obra. <\/p>\n
<\/p>\n
2.5.- La Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria realiz\u00f3 visita de inspecci\u00f3n a la Cooperativa durante el 22 y 23 de julio de 2014, debido a las p\u00e9rdidas acumuladas desde el a\u00f1o 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
Dados los hallazgos obtenidos, intervino a Consumo mediante Resoluci\u00f3n No. 2015330007985 de 3 de septiembre de 2015 y, en tal sentido, design\u00f3 agente especial y separ\u00f3 de sus funciones a los \u00f3rganos de direcci\u00f3n y administraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.6.- Las conductas en que incurrieron los demandados en s\u00edntesis consistieron en: (i) tomar la decisi\u00f3n de adelantar el proyecto \u00abConsumo Laureles\u00bb acudiendo a los mecanismos contractuales y de financiaci\u00f3n sin soporte t\u00e9cnico; ii) proponer al Consejo de Administraci\u00f3n la aprobaci\u00f3n del proyecto a pesar de la deficiente estructura econ\u00f3mica y financiera; iii) ejecutar el proyecto en condiciones inadecuadas; iv) celebrar contratos de arrendamiento en t\u00e9rminos claramente desfavorables para la demandante y, v) otorgar un pr\u00e9stamo a Mar\u00eda Elena Tob\u00f3n por la suma de $800.000.000,oo, para la compra de un inmueble que ser\u00eda dado en arrendamiento a Consumo, \u00absin acordar el pago de intereses y permitiendo que en caso de incumplir su obligaci\u00f3n del dinero, lo compensara con los c\u00e1nones mensuales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Mediante providencia calendada el 11 de diciembre de 2017, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn admiti\u00f3 la demanda y dispuso la notificaci\u00f3n de los convocados3. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Los demandados Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn contestaron la demanda y formularon las excepciones de m\u00e9rito tituladas: \u00abinexistencia de responsabilidad de los demandados\u00bb, \u00abrompimiento del nexo causal\u00bb, \u00abindebida y excesiva tasaci\u00f3n de perjuicios\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad\u00bb, \u00abincumplimiento de los requisitos para incoar la acci\u00f3n\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abmala fe de la demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n mantuvieron una actitud silente dentro del t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- El Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de sentencia de 14 de diciembre de 2018: <\/p>\n
– Declar\u00f3 no probada las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abinexistencia de responsabilidad\u00bb, \u00abrompimiento del nexo causal\u00bb, \u00abinexistencia de solidaridad\u00bb, \u201cincumplimiento de los requisitos para incoar la acci\u00f3n\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abmala fe\u00bb. <\/p>\n
– Declar\u00f3 parcialmente acreditadas las de \u00abindebida y excesiva tasaci\u00f3n de perjuicios\u00bb y la objeci\u00f3n del juramento estimatorio formulada por Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn. <\/p>\n
– Acogi\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n social de responsabilidad, en contra de los demandados. <\/p>\n
– Declar\u00f3 que los demandados son responsables de perjuicios causados a la Cooperativa Consumo, con ocasi\u00f3n del incumplimiento del deber legal de diligencia en relaci\u00f3n con el dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del proyecto denominado \u00abConsumo Laureles\u00bb. <\/p>\n
– Conden\u00f3 a los demandados a pagar de manera solidaria a favor de la demandante Cooperativa Consumo la suma de $3.644.942.516 por perjuicios derivados del detrimento patrimonial ocasionado con su actuar, los cuales deber\u00e1n ser cancelados con su correspondiente indexaci\u00f3n desde la fecha del dictamen \u2013 21 de septiembre de 2016 – hasta la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
– Conden\u00f3 al demandado Gustavo Le\u00f3n Castillo Sierra a pagar a favor de la demandante la suma de $175.017.378 por concepto del detrimento patrimonial causado con su actuar, la cual deber\u00e1 ser cancelada con su correspondiente indexaci\u00f3n desde la fecha del dictamen \u2013 21 de septiembre de 2016 – hasta la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
– Dispuso que la indexaci\u00f3n de las condenas se realizar\u00eda con los \u00edndices o porcentajes certificados por el Banco de la Rep\u00fablica respecto a la devaluaci\u00f3n sufrida por el peso colombiano durante dichas \u00e9pocas; y, que deber\u00edan pagarse dentro de los quince d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia, a partir de la cual se causar\u00eda un inter\u00e9s del 0,5% mensual. <\/p>\n
6.- Contra la decisi\u00f3n se interpusieron dos recursos de apelaci\u00f3n, uno por la demandante, y otro por los codemandados Amparo Lopera de Oviedo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn. <\/p>\n
7.- En el curso de la segunda instancia, mediante memorial de 25 de septiembre de 2019, la demandante present\u00f3 desistimiento de las pretensiones respecto de los codemandados Amparo Lopera de Oviedo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Zapata Jim\u00e9nez y Juan Ram\u00f3n Agudelo San\u00edn, solicitando terminar el proceso seguido en contra de estos, no condenar en costas y proseguir la actuaci\u00f3n en contra de los otros dos convocados; dicha petici\u00f3n fue coadyuvada por el apoderado de los favorecidos con el desistimiento. <\/p>\n
8.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, celebr\u00f3 audiencia el 26 de septiembre de 2019, en la cual se acept\u00f3 el desistimiento referido, escuch\u00f3 los alegatos de la parte recurrente y anunci\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
9.- Dicha colegiatura mediante sentencia de 21 de octubre de 2019: (i) Revoc\u00f3 los numerales 1\u00ba y 2\u00ba , teniendo en cuenta el desistimiento de la demandante respecto de los demandados Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, \u00c1lvaro Zapata y Juan Ram\u00f3n Agudelo; (ii) confirm\u00f3 los numerales 3\u00ba y 4\u00ba, en el sentido de acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n de responsabilidad social \u00fanicamente en contra de Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, en raz\u00f3n del desistimiento respecto de los dem\u00e1s demandados; (iii) confirm\u00f3 el numeral 5\u00ba, precisando que los demandados Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n deben pagarle a la demandante las 2\/7 partes de la suma all\u00ed indicada, la cual ser\u00eda indexada desde el momento en que hizo el pago y hasta que los accionados lo cancelen, m\u00e1s un inter\u00e9s del 6% sobre el capital nominal a partir de la ejecutoria de la providencia; y, (iv) adicion\u00f3 y modific\u00f3 el numeral 6\u00ba, en el sentido de indicar que la condena se extiende a Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, a\u00f1adiendo que los condenados deb\u00edan pagarle solidariamente a la demandante las 2\/7 partes de la suma all\u00ed indicada, la cual deber\u00e1 ser indexada desde la fecha del dictamen hasta la del pago, y que devengar\u00eda un inter\u00e9s del 6% anual sobre el capital nominal. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Para soportar su decisi\u00f3n, estim\u00f3 que es indubitable la responsabilidad del gerente de la cooperativa, Gustavo Le\u00f3n Castillo Sierra, en lo atinente a la de Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, como miembro de la Junta de Administraci\u00f3n, observ\u00f3 que: <\/p>\n
En la asamblea ordinaria de marzo de 2021, se mencion\u00f3 la Circular Jur\u00eddica B\u00e1sica 007 de 2008, en la cual se determin\u00f3 que: Los administradores tienen la obligaci\u00f3n de conocer a profundidad los temas puestos a su consideraci\u00f3n, de debatirlos, pronunciarse con conocimiento de causa y dejar la evidencia correspondiente; responden hasta por la culpa lev\u00edsima, entendida como la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administraci\u00f3n de sus negocios importantes <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de cooperativas, el art\u00edculo 148 de la ley 79 de 1988 prev\u00e9 que los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y vigilancia, entre otros, ser\u00e1n responsables por los actos u omisiones que comporten el incumplimiento de las normas legales y estatutarias, y el canon 149 ej\u00fasdem determina que ser\u00e1n eximidos de responsabilidad si acreditan que no participaron en la reuni\u00f3n o salvaron expresamente su voto. <\/p>\n
En dicha reuni\u00f3n tambi\u00e9n se mencion\u00f3 la Circular B\u00e1sica Contable y Financiera 004 de la Superintendencia Solidaria, en cuyo cap\u00edtulo II relativo a \u00abCartera de Cr\u00e9ditos\u00bb se define al riesgo crediticio, y radican en los \u00f3rganos de administraci\u00f3n el deber de evaluarlo mediante la aplicaci\u00f3n de medidas que permitan el conocimiento del deudor, su capacidad de pago, fuentes de pago, garant\u00edas ofrecidas y las externalidades a que pudiera resultar expuesto, am\u00e9n de indicar que las cooperativas que ejerzan actividad financiera deben ajustarse a lo dispuesto en los decretos 1840 de 1997 y 2360 de 1993. <\/p>\n
2.- Acorde con esas premisas, estim\u00f3 que el Consejo de Administraci\u00f3n se alej\u00f3 de esos lineamientos, pues al otorgarle el pr\u00e9stamo de $800.000.000 a Mar\u00eda Elena Tob\u00f3n se limit\u00f3 a aprobar el monto del cr\u00e9dito, desconociendo la reglamentaci\u00f3n exigida para autorizar su desembolso, la cual le era exigible aunque la cooperativa no se dedicara a la actividad financiera. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no valor\u00f3 que el proyecto constructivo era de $3.600.000.000, ni que el monto del pr\u00e9stamo era superior al 25% de ese valor, sin contar con las m\u00e1quinas de registro y equipos de frio; ni que en la reuni\u00f3n de 29 de agosto de 2021, la Cooperativa contrajo una obligaci\u00f3n por $4.000.000.000, divididos en dos, pagando intereses y con un periodo de gracia a su favor. <\/p>\n
Tampoco analiz\u00f3 que seg\u00fan los contratos de arrendamiento celebrados al vencimiento del t\u00e9rmino el local quedar\u00eda en manos del arrendador; ni el Acta 978 que tuvo en cuenta \u00abproyecciones a 15 a\u00f1os con apalancamiento leasing\u00bb, y que \u00abla inversi\u00f3n inicial de $4.100.000.000 son recursos adquiridos del leasing operativo\u00bb, el cual es un contrato que no incluye dentro sus elementos esenciales la opci\u00f3n de compra, lo cual obligaba a indagar, cuestionar o controvertir que suceder\u00eda con las mejoras plantadas en suelo ajeno a expensas de la cooperativa. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que no fue manejado con la diligencia que emplear\u00eda un comerciante normal en la gesti\u00f3n de sus propios negocios, la cual era exigible a los administradores de la cooperativa, de manera que son solidariamente responsables de las actuaciones del gerente, pues las conocieron y no votaron en contra de su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Examin\u00f3 el escrito de desistimiento, refiriendo que en este la cooperativa se reserv\u00f3 la totalidad de los derechos en contra de Gustavo Le\u00f3n Castillo Sierra y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, aunque apunt\u00f3 que sus consecuencias no pueden determinarse sin atender las disposiciones sustantivas que regulan las obligaciones solidarias. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n del ponente de la decisi\u00f3n, el desistimiento comport\u00f3 un hecho modificativo o extintivo del derecho en litigio, anotando que si los \u00abdeudores frente a los cuales se renunci\u00f3 expresamente la solidaridad\u00bb no hubieren cubierto nada de su parte o cuota, \u00abel acreedor conservaba su acci\u00f3n contra los dem\u00e1s deudores solidarios \u00edntegramente\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en consideraci\u00f3n de la mayor\u00eda de la Sala, signific\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n a imponer a los demandados es con deducci\u00f3n de la cuota que corresponde a los cinco deudores solidarios frente a los cuales la entidad ejecutante present\u00f3 desistimiento, adem\u00e1s de los $40.000.000\u00bb. La postura mayoritaria parte de reconocer que: <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, el desistimiento comporta la renuncia a las pretensiones, en todos los casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habr\u00eda producidos efectos de cosa juzgada, y el auto que lo acepte produce los mismos efectos que aquella providencia. <\/p>\n
El desistimiento \u00abno deja entrever que hubiese sido el resultado de una contraprestaci\u00f3n\u00bb a cargo de sus beneficiarios, \u00abpor lo que en t\u00e9rminos del art\u00edculo 1575 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el 1711 del mismo estatuto, se trata de una condonaci\u00f3n o remisi\u00f3n\u00bb, por consiguiente debe aplicarse el precepto 1575 ej\u00fasdem, el cual determina que \u00absi el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podr\u00e1 despu\u00e9s ejercer la acci\u00f3n que se le concede por el art\u00edculo 1571, sino con rebaja de la cuota que le correspond\u00eda al primero de la deuda\u00bb. <\/p>\n
Y, aunque en el asunto se reserv\u00f3 la solidaridad, no quedaba inc\u00f3lume la totalidad de la acreencia, pues deb\u00eda aplic\u00e1rsele la deducci\u00f3n de lo que le cupiere a los beneficiados con el desistimiento en relaci\u00f3n con la totalidad de lo reclamado, ya que en consideraci\u00f3n de la unidad obligacional, \u00abmal puede admitirse la condonaci\u00f3n respecto de uno solo de los deudores solidarios, cuando se insiste, al condonar parcialmente, se condona para la totalidad de integrantes de la parte pasiva, pues, de lo contrario, ser\u00eda escindir, de manera impropia, la obligaci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los sujetos\u00bb. <\/p>\n
4.- Luego de analizar el recurso de la parte demandante, adujo que la actualizaci\u00f3n de la condena impuesta en el numeral sexto de la sentencia debe realizarse hasta el momento del pago, no de la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la condena del numeral quinto, expuso que en el dictamen pericial se cuantificaron tres componentes, \u00abmejoras que quedan en poder de los arrendadores\u00bb por $3.931.566.855, \u00abc\u00e1nones\u00bb por $10.078.825.316, y \u00abcosto del cr\u00e9dito\u00bb por $175.017.378, resaltando que el error de la sentencia se centr\u00f3 en la determinaci\u00f3n del valor del primer rubro. <\/p>\n
Frente al reconocimiento del inter\u00e9s del 0,5% mensual, anot\u00f3 que no media incompatibilidad entre la correcci\u00f3n monetaria y el reconocimiento de intereses civiles, ya que estos son puros y no incorporan componentes de indexaci\u00f3n indirecta como los r\u00e9ditos mercantiles; y que la condena al pago de ese rubro se liquidar\u00eda sobre el valor que tiene la obligaci\u00f3n para el d\u00eda de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
1.- Inconforme la demandante, interpuso recurso de casaci\u00f3n parcial, en el que solicit\u00f3 quebrar parte de la sentencia, para que en su lugar se dicte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, para tal prop\u00f3sito formul\u00f3 dos cargos, el primero con apoyo en la causal 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el segundo con base en la causal 1\u00ba ej\u00fasdem. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 que el fallo quebrant\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio, 1568 (numeral 4\u00ba), 1575 y 1625 del C\u00f3digo Civil, y 314 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la petici\u00f3n de desistimiento de cinco de los siete demandados, y del contrato de transacci\u00f3n que justific\u00f3 esa deserci\u00f3n. <\/p>\n
Alrededor del desistimiento, coment\u00f3 que fue aportado antes de la audiencia en que el tribunal anunci\u00f3 el sentido del fallo, valorado adecuadamente al entenderlo como la renuncia de las pretensiones en contra de cinco codemandados, pero entendido desviadamente por asimilarlo a una condonaci\u00f3n de 5\/7 partes de la deuda y reducir la indemnizaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a cargo de los dem\u00e1s convocados a 2\/7 partes de la misma. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el tribunal al examinar el desistimiento, advirti\u00f3 que incorpora una cl\u00e1usula en donde la demandante \u00abhizo reserva expresa de sus derechos frente a los otros demandados no comprendidos en \u00e9l\u00bb, pero al asignarle los efectos correspondientes fue contradictorio, pues: <\/p>\n
De un lado el ponente expres\u00f3 que \u00abel acreedor conserva la acci\u00f3n por el todo, sin deducci\u00f3n de parte alguna contra los otros codeudores solidarios\u00bb, y que \u00abno envuelve condonaci\u00f3n alguna de la deuda\u00bb, pues \u00absolo si el deudor beneficiado hace un pago, se disminuye la deuda para los dem\u00e1s codeudores en el monto pagado\u00bb. <\/p>\n
Y, del otro la mayor\u00eda de la Sala, consider\u00f3 que el desistimiento respecto de cinco codemandados, \u00abno deja entrever que hubiese sido el resultado de una contraprestaci\u00f3n a cargo de estos\u00bb, de modo que \u00abse trata de una condonaci\u00f3n o remisi\u00f3n, pues no otra cosa significa la renuncia incondicional de la pretensi\u00f3n con respecto a ellos, lo que sin lugar a dudas trasunta una liberaci\u00f3n de su responsabilidad\u00bb, por consiguiente \u00abdeb\u00eda aplicar el art. 1575 C Civil que regula los efectos que tiene la deuda a favor de un codeudor solidario para los otros codeudores solidarios, y que establece que debe rebajarse a estos la cuota que corresponde al beneficiario de la condonaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que los errores de apreciaci\u00f3n del desistimiento consistieron en: <\/p>\n
Asimilarlo a una renuncia expresa de la solidaridad, pasando por alto que todav\u00eda no exist\u00eda un derecho de cr\u00e9dito cierto, ya que la responsabilidad todav\u00eda no hab\u00eda sido declarada mediante sentencia debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
Concebirlo como una condonaci\u00f3n de las 5\/7 partes de la indemnizaci\u00f3n, desconociendo que no se insert\u00f3 una estipulaci\u00f3n en tal sentido, y que fue precedido de una transacci\u00f3n donde se estipul\u00f3 el abandono de las pretensiones a cambio de $40.000.000; y que al margen de esa contraprestaci\u00f3n, sus efectos se restringen a la renuncia a las s\u00faplicas con efectos de cosa juzgada absolutoria. <\/p>\n
Viciarlo de nulidad, pues al confundirlo con una remisi\u00f3n llevar\u00eda impl\u00edcita una donaci\u00f3n, cuya validez estar\u00eda supeditada a la previa insinuaci\u00f3n notarial por rebasar el monto de cincuenta salarios m\u00ednimos legales vigentes. <\/p>\n
Atribuirle que el efecto de disminuir la indemnizaci\u00f3n debatida, pasando por alto que, en el escrito, el demandante se reserv\u00f3 la solidaridad respecto de los dem\u00e1s convocados, y con ello el derecho de obtener un pleno resarcimiento de perjuicios. <\/p>\n
Frente a la transacci\u00f3n, el yerro consisti\u00f3 en preterir su valoraci\u00f3n, por cuanto la sentencia se recondujo a referirla como antecedente del desistimiento sin detenerse en su contenido, que en caso de ser observado, permitir\u00eda detallar que en el contrato se estipul\u00f3 que \u00abno significaba el reconocimiento de responsabilidad de los demandados\u00bb, la intenci\u00f3n de los negociantes se limitaba a \u00abdar por transigidas y terminadas\u00bb las disputas, no se renunci\u00f3 a la posibilidad de continuar el proceso contra los otros demandados, y no extingu\u00eda o novaba las obligaciones indemnizatorias a cargo de aquellos. <\/p>\n
Las referidas falencias significaron la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio, contentivo de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por los perjuicios que su dolo o culpa causen a la cooperativa, y del 1578 del C\u00f3digo Civil, que consagra el derecho del acreedor de obligaci\u00f3n solidaria a exigir la totalidad de la deuda a cada deudor, lo cual tuvo lugar al sostener que el desistimiento implic\u00f3 la condonaci\u00f3n de 5\/7 partes de la indemnizaci\u00f3n, y su reducci\u00f3n a 2\/7 partes. <\/p>\n
Y, llevaron a la indebida aplicaci\u00f3n de tanto del art\u00edculo 1575 del C\u00f3digo Civil, que contempla la reducci\u00f3n de la deuda en caso de condonaci\u00f3n a alguno de los codeudores solidarios, como del art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, que concibe al desistimiento como renuncia a las pretensiones con efecto de cosa juzgada absolutoria; situaci\u00f3n que sobrevino al suponer la existencia de una remisi\u00f3n, y atribuirle a la deserci\u00f3n efectos sustantivos de los cu\u00e1les carece. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acus\u00f3 a la sentencia por violar directamente los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n, 314 del C\u00f3digo General del Proceso por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y 1625 (numeral 4\u00ba) y 1575 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Soport\u00f3 sus cuestionamientos, recordando que el tribunal encontr\u00f3 que la petici\u00f3n de desistimiento insertaba una cl\u00e1usula en donde la demandante se reservaba la solidaridad respecto de los demandados con los que continu\u00f3 el proceso, pero la mayor\u00eda estim\u00f3 que al recaer sobre una deuda solidaria, y haberse realizado sin contraprestaci\u00f3n, deb\u00eda deducirse de la condena la cuota de los cinco deudores beneficiados con la deserci\u00f3n, toda vez que el acto deb\u00eda asimilarse a una remisi\u00f3n de ese tipo de obligaciones, que ten\u00eda el efecto de deducirle a los condenados las cuotas de los favorecidos con esta. <\/p>\n
Con ese entendimiento se interpret\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que se asign\u00f3 al desistimiento una consecuencia no prevista en esa norma, consistente en entender que cuando se realiza sin contraprestaci\u00f3n se materializa una condonaci\u00f3n en provecho de los beneficiados; cuesti\u00f3n que desconoce los efectos estrictamente procesales de ese acto, que se contraen a la renuncia de las pretensiones y no incide sobre el derecho debatido, por cuanto estos est\u00e1n pendientes de ser reconocidos en sentencia ejecutoriada. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio y el 1568 del C\u00f3digo Civil, que en su orden contemplan la responsabilidad solidaria de los administradores por los da\u00f1os que causen a la cooperativa, y el derecho del acreedor de exigirle a cualquiera de los deudores solidarios el pago de la deuda, en la medida en que restringi\u00f3 la condena a las 2\/7 de la indemnizaci\u00f3n reconocida, priv\u00e1ndoles sin justificaci\u00f3n de la percepci\u00f3n de las 5\/7 partes restantes. <\/p>\n
Y, aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1575 del C\u00f3digo Civil, el cual determina los efectos de la condonaci\u00f3n de la deuda a algunos de los deudores solidarios, pues la misma se emplea cuando se acredita que la obligaci\u00f3n ha sido remitida, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso concreto; porque lo presentado fue un desistimiento que implica la renuncia de las aspiraciones frente a unos demandados, m\u00e1s no la modificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de quienes no fueron cobijados por dicha manifestaci\u00f3n del actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cumple anotar que la censora delimit\u00f3 su ataque a controvertir la extensi\u00f3n de las condenas incorporadas en el fallo impugnado, bajo el entendido de que los demandados no cobijados con el desistimiento deb\u00edan asumir la integridad de la indemnizaci\u00f3n, no \u00fanicamente las 2\/7 partes, como lo entendi\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
2.- As\u00ed mismo, de antemano se anota que el estudio se concentrar\u00e1 en el segundo cargo, pues se encuentra llamado a prosperar, y ante tal situaci\u00f3n deviene inoficioso resolver el primero. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, la finalidad del recurso de casaci\u00f3n es la de defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida. <\/p>\n
4.- La casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, de modo que su planteamiento no puede servir de p\u00e1bulo para surtir una nueva discusi\u00f3n sobre el fondo del asunto, o suscitar un escenario para mejorar los argumentos expuestos en las instancias; por el contrario, su procedencia se encuentra supeditada a la demostraci\u00f3n de taxativas hip\u00f3tesis que ameritan la ruptura de la sentencia de segunda instancia, las cuales han sido determinadas por el legislador por identificarlas como los m\u00e1s protuberantes dislates \u00abin iudicando\u00bb o \u00abin procedendo\u00bb en que puede incurrir una decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
5.- La causal primera de casaci\u00f3n corresponde a la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, la cual tiene lugar cuando la sentencia de segunda instancia franquea preceptos que fungen como reglas de adjudicaci\u00f3n, es decir que regulan relaciones jur\u00eddicas particulares, como resultado de su falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n equivocada o aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
El rasgo distintivo del ataque en v\u00eda directa, de acuerdo con los dictados del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 ej\u00fasdem, consiste en ce\u00f1irse a la valoraci\u00f3n de la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, significa que la discusi\u00f3n suscitada en esta sede es de estricto derecho, contra\u00edda a cuestionar la actividad de selecci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas que se emplearan para dirimir un marco f\u00e1ctico establecido e indubitado, pero no interfiere dentro del labor\u00edo que adelant\u00f3 el sentenciador para establecer cu\u00e1les fueron los hechos probados, sobre los cuales se aplicar\u00e1 los preceptos de orden sustancial. <\/p>\n
6.- La ley sustancial puede ser quebrantada por falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, o indebida aplicaci\u00f3n. La primera se presenta cuando el juzgador no utiliza el precepto llamado a dirimir el caso, la segunda cuando le otorga a la norma que aplic\u00f3 un entendimiento distinto al que le corresponde seg\u00fan su ex\u00e9gesis o precedente judicial, y el tercero cuando se usa una disposici\u00f3n para zanjar supuestos f\u00e1cticos ajenos a la misma. <\/p>\n
7.- En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el razonamiento jur\u00eddico del ad quem est\u00e1 integrado por los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) El desistimiento respecto de cinco de los siete codemandados, signific\u00f3 una renuncia a la solidaridad; <\/p>\n
(ii) Tal renuncia debi\u00f3 ser interpretada como una remisi\u00f3n por haberse realizado sin contraprestaci\u00f3n; <\/p>\n
(iii) La condonaci\u00f3n implica la continuidad de la deuda, pero con deducci\u00f3n de las cuotas que le correspond\u00eda a los favorecidos con el desistimiento; <\/p>\n
(iv) Los efectos internos de la solidaridad impiden que el acreedor persiga la totalidad de la obligaci\u00f3n; <\/p>\n
8.- El recurrente controvierte este raciocinio, entre varias razones, argumentando que el ad quem interpret\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, pues le asign\u00f3 al desistimiento una consecuencia jur\u00eddica no establecida en esa norma, como es producir la remisi\u00f3n de las obligaciones de los beneficiados con esa manifestaci\u00f3n de voluntad, y el correspondiente descuento de las cuotas que a estos correspond\u00edan dentro de esa prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la norma cuya infracci\u00f3n se acusa es de este tenor: <\/p>\n
DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES. El demandante podr\u00e1 desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelaci\u00f3n de la sentencia o casaci\u00f3n, se entender\u00e1 que comprende el del recurso. <\/p>\n
El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habr\u00eda producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producir\u00e1 los mismos efectos de aquella sentencia. <\/p>\n
Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si s\u00f3lo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuar\u00e1 respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en \u00e9l. <\/p>\n
En los procesos de deslinde y amojonamiento, de divisi\u00f3n de bienes comunes, de disoluci\u00f3n o liquidaci\u00f3n de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producir\u00e1 efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedir\u00e1 que se promueva posteriormente el mismo proceso. <\/p>\n
El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y s\u00f3lo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes <\/p>\n
El desistimiento de la demanda principal no impide el tr\u00e1mite de la reconvenci\u00f3n, que continuar\u00e1 ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuant\u00eda. <\/p>\n
Cuando el demandante sea la Naci\u00f3n, un departamento o municipio, el desistimiento deber\u00e1 estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo\u201d. <\/p>\n
Del texto literal de esa norma, se desprenden las siguientes subreglas, seg\u00fan las cuales ese tipo de desistimiento: (i) Recae sobre las pretensiones de la demanda; (ii) si se presenta ante el superior comprende el del recurso correspondiente, sea apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n; (iii) implica el abandono de las s\u00faplicas en los eventos en que la sentencia absolutoria produzca efectos de cosa juzgada; (iv) el auto que lo acepta produce efectos de fallo que desestima los pedimentos; (v) puede ser total parcial, en el segundo caso el proceso contin\u00faa por las aspiraciones o partes que no est\u00e9n involucrados en \u00e9l; (vi) debe ser incondicional, salvo acuerdo entre las partes; y (vii) s\u00f3lo perjudica a quien lo hace o sus causahabientes. <\/p>\n
De la comentada norma tambi\u00e9n se desprenden reglas aplicables a situaciones particulares, conforme las cuales: (i) si el demandante es la naci\u00f3n o una entidad territorial debe estar suscrito por el apoderado judicial, el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde; y, (ii) de presentarse en proceso divisorio, de deslinde o amojonamiento, de disoluci\u00f3n o liquidaci\u00f3n de sociedades conyugales o patrimoniales civiles o comerciales, requerir\u00e1 del consentimiento de la parte demandada cuando est\u00e1 no se opuso a la demanda, y no impedir\u00e1 que el proceso se promueva con posterioridad. <\/p>\n
9.- Entendimiento que se ancla en providencias de esta corporaci\u00f3n, entre estas el CSJ AC, 10 oct. 2006, rad. 2000-00138-01, donde se sostuvo que: <\/p>\n
[e]l desistimiento es un palmario ejemplo de un acto procesal, en cuanto que la parte que hace uso de \u00e9l est\u00e1 renunciando a un pronunciamiento judicial de fondo sobre determinada cuesti\u00f3n sometida a la jurisdicci\u00f3n -sobre una pretensi\u00f3n, excepci\u00f3n, como tambi\u00e9n sobre un recurso, ora respecto de una prueba pedida con el fin de darle soporte al supuesto f\u00e1ctico de sus peticiones-. Contrario a lo que acontece en la transacci\u00f3n, en este mecanismo procedimental no existe disposici\u00f3n de derecho sustancial alguno, como bien lo anot\u00f3 el maestro Jaime Guasp, tan solo se renuncia a un futuro pronunciamiento judicial que, indudablemente, podr\u00e1 o no afectar un derecho sustancial. En opini\u00f3n de este autor, \u201cla renuncia -transacci\u00f3n o cesi\u00f3n del derecho, se a\u00f1ade- tiene por objeto, en este caso, la pretensi\u00f3n procesal y no el derecho alegado como fundamento: el demandante abandona o desiste del proceso, pero no abandona ni desiste del ejercicio de los derechos que puedan corresponderle\u201d . De igual forma que la transacci\u00f3n, producir\u00e1 los efectos de cosa juzgada referida exclusivamente al objeto y partes que intervinieron en el proceso (Subrayado intencional). <\/p>\n
9.1.- Los contornos de ese instituto tambi\u00e9n han sido expuestos por la doctrina, al respecto Hernando Morales Molina sostiene que: <\/p>\n
\u00abDesistir, es declarar la voluntad de terminar o de renunciar a la demanda, o a \u00e9sta y las pretensiones, seg\u00fan fuere el caso, por lo cual generalmente debe ser expreso. Por eso no es desistimiento la prescindencia de demandados o de pretensiones en virtud de reforma de la demanda (Art. 89), ni de la demanda en caso del numeral 5 del art\u00edculo 558. El desistimiento es una consecuencia del principio dispositivo que inspira el proceso civil, pues si se requiere acci\u00f3n de parte para iniciarlo, basta la voluntad de la misma para terminarlo, en cualquier momento 1. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
El desistimiento puede ser total si comprende todas las pretensiones, o parcial si solo abarca algunas o proviene solamente de alguno de los demandantes. En la \u00faltima hip\u00f3tesis, el proceso termina en lo que fuera materia del desistimiento o en cuanto al demandante que desiste, y contin\u00faa respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en \u00e9l. M\u00e1s si se trata de litisconsorcio necesario, no pudiendo escindirse el proceso, porque la sentencia debe dictarse uniformemente para todos los litisconsortes y debiendo los actos dispositivos provenir de todos ellos, como expresa el Art. 51, el desistimiento que no provenga de todos los demandantes o que no se haga frente a todos los demandados, no es admisible. 2 <\/p>\n
(…) <\/p>\n
El desistimiento en muchas ocasiones se deriva de un acuerdo entre las partes sobre el tema del litigio, de modo que casi siempre est\u00e1 relacionado con la transacci\u00f3n, m\u00e1s no se requiere probar \u00e9sta para que el desistimiento sea admitido si aquel es la causa exclusiva de la terminaci\u00f3n del proceso, ya que se trata de dos figuras aut\u00f3nomas. La Corte ense\u00f1a: \u2018Se ha visto que el tribunal concept\u00fao, y esto es una verdad jur\u00eddica, que para que el desistimiento produzca efectos no es indispensable que a \u00e9l se acompa\u00f1e el contrato de transacci\u00f3n que en su caso de origen a \u00e9l; basta que \u00e9ste llene los requisitos exigidos por la ley, ya respecto de la persona que lo hace, ora en relaci\u00f3n con los requisitos que le ley se\u00f1ala para la validez de ese acto. Sino es necesaria la presentaci\u00f3n con el desistimiento del contrato de transacci\u00f3n, para que aquel tenga eficacia legal, no se ve la raz\u00f3n para que la parte que hace el desistimiento tenga que comprobar la existencia del contrato que la origin\u00f3…\u2019 (LVIII, 36)\u00bb 3 (Subrayado intencional). <\/p>\n
En otras latitudes, Jaime Guasp Delgado expuso que: <\/p>\n
\u00abDesistimiento es la declaraci\u00f3n por la que el actor anuncia su voluntad de abandonar su pretensi\u00f3n. La renuncia tiene por objeto, en este caso la pretensi\u00f3n procesal y no el derecho alegado como fundamento: el demandante abandona o desiste del proceso, pero no abandona ni desiste del ejercicio de los derechos que puedan corresponderle. Esta es la diferencia fundamental entre el desistimiento y renuncia del derecho del actor y lo que explica el diferente r\u00e9gimen jur\u00eddico de una y otra 4. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Los efectos del desistimiento se limitan al derecho hecho valer en el juicio como fundamento de la pretensi\u00f3n: <\/p>\n
a) El desistimiento es un acto de conclusi\u00f3n del proceso, es decir, un acto que tiende a su terminaci\u00f3n, aunque \u00e9sta se produzca mediante la decisi\u00f3n judicial que la recoge y declara la extinci\u00f3n del proceso sin entrar en el fondo del asunto\u00bb 5 (Subrayado intencional). <\/p>\n
10.- De acuerdo con lo anterior, se deriva que por imperio del legislador, el desistimiento es una manifestaci\u00f3n de voluntad personal, proveniente del demandante, por regla general incondicionado, salvo que medie acuerdo entre los contendientes, cuya emisi\u00f3n comporta el abandono de las pretensiones, y que genera los efectos de la cosa juzgada, en el evento de que la sentencia adversa hubiere producido tal consecuencia. <\/p>\n
Puede ser total cuando recae sobre todos los demandados o pretensiones, y parcial cuando s\u00f3lo comprende alguno de unos u otras, caso \u00faltimo en que se producir\u00e1n los efectos respecto de lo desistido, pero se continuar\u00e1 la actuaci\u00f3n frente a los sujetos o t\u00f3picos que no est\u00e1n comprendidos dentro de ese acto procesal. <\/p>\n
Y, por implicar los mismos efectos procesales del fallo absolutorio, no podr\u00e1n formularse nuevamente las pretensiones desistidas frente a los convocados favorecidos con el desistimiento, quienes podr\u00e1n oponer con \u00e9xito la defensa de \u00abcosa juzgada\u00bb en caso de que el actor ejerza el derecho de acci\u00f3n reproduciendo el contenido material de las s\u00faplicas que desisti\u00f3. <\/p>\n
11.- Sin embargo, el desistimiento no produce efectos distintos a los que el ordenamiento le asigna, es decir los derivados de la cosa juzgada que tendr\u00eda la sentencia absolutoria, m\u00e1s no redunda en consecuencias que rebasan dicho espectro, tal como suponer la extinci\u00f3n de las obligaciones por un modo que los contendientes no han concertado, y en condiciones que el legislador no ha establecido. <\/p>\n
Bajo ese norte, es evidente la err\u00f3nea hermen\u00e9utica que le asign\u00f3 el juzgador al art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, pues cuando sostuvo que el desistimiento realizado sin contraprestaci\u00f3n tiene los efectos de una condonaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cuyo reconocimiento se pretendi\u00f3, esta asign\u00e1ndole consecuencias jur\u00eddicas que no se encuentran previstas en dicha norma; y, tambi\u00e9n lo extiende hac\u00eda un dominio diferente al que le corresponde, el cual se restringe a las pretensiones y partes cobijadas por el acto procesal, sin proyectarse hacia los sujetos que todav\u00eda se encuentran involucrados en el proceso, o a los temas pendientes de ser definidos. <\/p>\n
12.- Debido a ese desafuero se incurri\u00f3 en otro, consistente en aplicar indebidamente otras normas, pues al asignarle al desistimiento de las pretensiones un efecto que no tiene, termin\u00f3 asimil\u00e1ndolo sin atino a una condonaci\u00f3n de obligaciones solidarias, y a deducir sin que hubiere lugar las consecuencias de una norma inaplicable al caso en concreto, como es la que disciplina la remisi\u00f3n realizada en favor de un codeudor. <\/p>\n
En efecto, el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil contempla a la remisi\u00f3n como modo de extinci\u00f3n de las obligaciones, fen\u00f3meno que est\u00e1 regulado en los art\u00edculos 1711 a 1713 ejusdem, pero que no fue definido expresamente por el legislador, m\u00e1s un\u00e1nimemente ha sido concebido como la renuncia que hace el acreedor a exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto a la noci\u00f3n de esta figura, el doctrinante Ricardo Uribe Holgu\u00edn expuso que: <\/p>\n
\u00abConforme al r\u00e9gimen de nuestro C\u00f3digo, la remisi\u00f3n consiste en la renuncia del cr\u00e9dito hecho por el acreedor a favor del deudor y aceptado por \u00e9ste, lo que no es sino particular aplicaci\u00f3n del principio contenido en el art. 15\u00bb 6 <\/p>\n
En similar sentido, el tratadista Arturo Valencia Zea sostuvo que: <\/p>\n
\u00abLa remisi\u00f3n o condonaci\u00f3n de una de deuda es la renuncia del acreedor a exigir su cumplimiento. La remisi\u00f3n no siempre se realiza a t\u00edtulo exclusivamente gratuito, ya que puede tener fundamento en una transacci\u00f3n, en la renuncia, en una acci\u00f3n litigiosa, en un cr\u00e9dito o en la compensaci\u00f3n de alg\u00fan servicio prestado. En todo caso hay remisi\u00f3n de la deuda cuando el acreedor renuncia a que le sea cumplida por el deudor, sin obtener el pago directo o cumplimiento\u00bb 7 (Subrayado intencional). <\/p>\n
Y, el doctrinante Fernando Hinestrosa se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abCuando el acreedor perdona o condona la deuda o concede una rebaja (quita), sea del principal, sea de complementos: intereses, frutos, indemnizaciones, gastos, sea de una parte, o de una o varias cuotas, prescinde del inter\u00e9s consiguiente de ordinario patrimonial. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
El hecho de que la remisi\u00f3n es un modo de extinci\u00f3n de las obligaciones que, por principio, contradice su propio funcionamiento, por lo mismo, que por definici\u00f3n excluye la satisfacci\u00f3n del acreedor. As\u00ed, se le equipara a un \u2018reconocimiento negativo de la obligaci\u00f3n\u2019: el acreedor \u2018reconoce\u2019 que la deuda ya no existe para \u00e9l\u00bb 8 (Subrayado intencional). <\/p>\n
13.- Entre los efectos de la remisi\u00f3n, se encuentran los que recaen sobre las obligaciones solidarias, los cuales est\u00e1n previstos en el art\u00edculo 1575 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual \u00abSi el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podr\u00e1 despu\u00e9s ejercer la acci\u00f3n que se le concede por el art\u00edculo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspond\u00eda al primero en la deuda\u00bb. <\/p>\n
Dicho precepto comporta el reconocimiento legislativo de los efectos internos de la solidaridad pasiva, es decir, de las relaciones entre codeudores que dieron lugar a que asumieran la obligaci\u00f3n, lo anterior porque conmina al acreedor a deducir de la totalidad de la prestaci\u00f3n la cuota o inter\u00e9s que le cupiere al deudor favorecido con la remisi\u00f3n. <\/p>\n
Y, simult\u00e1neamente le otorga a los deudores solidarios que permanecen obligados una aut\u00e9ntica excepci\u00f3n real, consistente en la posibilidad de oponerle al acreedor la remisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a un codeudor, pues con esta se extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n respecto de aquel y por mandato del legislador debe deducirse de la totalidad de la prestaci\u00f3n la parte o inter\u00e9s que el beneficiado ten\u00eda cuando se oblig\u00f3 solidariamente. <\/p>\n
En estos casos, el juez que se encuentra frente a la remisi\u00f3n de un deudor solidario, deber\u00e1 inquirir cu\u00e1l es el inter\u00e9s del favorecido con la condonaci\u00f3n consultando la relaci\u00f3n con los dem\u00e1s codeudores o la fuente de solidaridad para el caso espec\u00edfico, y proceder a descontarlo del total de la prestaci\u00f3n, con el fin de encontrar la diferencia respecto de la cual subsistir\u00e1 la deuda solidaria frente a los dem\u00e1s obligados, que a la postre ser\u00e1 la medida del cr\u00e9dito del acreedor. <\/p>\n
Y, es que la facultad del acreedor de perseguir la totalidad de la prestaci\u00f3n a cualquiera de los codeudores, no determina cu\u00e1l es el contenido de las relaciones internas entre aquellos, la cual responde a otro tipo de variables, que deben atenderse en cada caso, y corresponden a la fuente de la solidaridad y el inter\u00e9s de los codeudores. <\/p>\n
En efecto, consultando la fuente de la solidaridad, debe distinguirse si proviene de la ley o del contrato: <\/p>\n
13.1.- En el primer caso, el legislador dispone que una pluralidad de personas responde solidariamente al cumplimiento de una prestaci\u00f3n, siendo indiferente la voluntad de los potenciales deudores solidarios en la deducci\u00f3n de ese efecto, pues el surgimiento del v\u00ednculo pender\u00e1 de la ocurrencia de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica legalmente establecida para originar la obligaci\u00f3n solidaria, de ah\u00ed se sigue que las vicisitudes de las relaciones internas de los codeudores se determinar\u00e1n seg\u00fan el r\u00e9gimen general de obligaciones solidarias o de las normas especiales que establecen la solidaridad para un supuesto espec\u00edfico. <\/p>\n
13.2.- En el segundo caso, son los contratantes quienes determinan cu\u00e1les son las prestaciones que ser\u00e1n asumidas de manera solidaria; en esos eventos, debe escindirse las relaciones entre acreedor y deudores, tambi\u00e9n denominadas como externas, en virtud del cual el primero puede cobrar la integridad de la prestaci\u00f3n a cualquiera de los segundos, de las habidas entre los codeudores, tambi\u00e9n conocidas como internas, las cuales corresponden a las razones que estos tuvieron para asumir una obligaci\u00f3n solidaria frente a un acreedor. <\/p>\n
13.3.- As\u00ed las cosas, deviene equivocado suponer \u00abper se\u00bb, y sin verificar cada evento, que los v\u00ednculos internos entre los obligados solidariamente estriban en un reparto mancomunado y equivalente de la prestaci\u00f3n debida al acreedor, pues puede suceder que las relaciones internas de los codeudores no vayan m\u00e1s all\u00e1 del deber de responder solidariamente impuesto legalmente, o que la medida del inter\u00e9s de cada uno sea distinto, id\u00e9ntico o incluso inexistente. <\/p>\n
13.4.- Entonces, es claro que cuando el acreedor condona la obligaci\u00f3n de un deudor solidario, para definir en que t\u00e9rminos continuar\u00e1 la obligaci\u00f3n de los dem\u00e1s codeudores deber\u00e1 descontarse el inter\u00e9s que le correspond\u00eda al beneficiado con la remisi\u00f3n; pero es impreciso predicar sin m\u00e1s que este se determina dividiendo el importe de la prestaci\u00f3n entre el n\u00famero de deudores, como si se tratase de una deuda mancomunada, pues razonamiento semejante no est\u00e1 dispuesto en la ley e incluso puede ser contrario a la fuente de la solidaridad en cada caso espec\u00edfico. <\/p>\n
13.5.- Sobre el particular, el tratadista Luis Claro Solar, al referirse al canon 1518 del C\u00f3digo Civil Chileno, el cual corresponde al precepto 1575 del Colombiano, ilustr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa cuota que el acreedor debe rebajar para ejercer su acci\u00f3n contra los otros codeudores solidarios \u00bfes la parte viril o la parte real del deudor a quien se ha condonado la deuda? Por ejemplo, Pedro tiene tres deudores solidarios de la suma de doce mil pesos, pero que est\u00e1n interesados desigualmente: Antonio que tiene inter\u00e9s por seis mil pesos, Arturo interesado por cuatro mil pesos, y Alberto por s\u00f3lo dos mil pesos; Pedro condona la deuda a Antonio. \u00bfHabr\u00e1 que descontar seis mil pesos o solamente cuatro mil pesos? Pedro condona la deuda a Alberto. \u00bfHabr\u00e1 que descontar cuatro mil pesos o solamente dos mil pesos? <\/p>\n
El punto es discutido por los tratadistas. Seg\u00fan unos, la condonaci\u00f3n de la deuda a uno de los deudores solidarios debe entenderse siempre en la parte viril; otros al contrario, la refieren a la parte real; y la mayor\u00eda, rechazando las soluciones anteriores como demasiado absolutas, opina que se trata de una cuesti\u00f3n de intenci\u00f3n que debe resolverse seg\u00fan la voluntad veros\u00edmil del acreedor, quien puede haber conocido o ignorado la posici\u00f3n respectiva de los deudores los unos respecto de los otros. <\/p>\n
Nuestro C\u00f3digo resuelve, nos parece claramente que debe rebajarse la cuota real que representa el inter\u00e9s del acreedor en la obligaci\u00f3n, puesto que se refiere a la \u2018cuota que correspond\u00eda al primero en la deuda\u2019. Es esta precisamente la cuota en que los dem\u00e1s codeudores no pueden subrogarse por la condonaci\u00f3n de la deuda que a ese deudor le ha hecho el acreedor y, en su monto, ser\u00edan aquellos perjudicados. Si la parte real es mayor que la parte viril, el perjuicio ser\u00eda sin compensaci\u00f3n para los dem\u00e1s deudores, caso de descontar el acreedor solamente la parte viril del deudor a quien hubiera condonado la deuda. Si la parte real fuera menor que la parte viril, los dem\u00e1s deudores no podr\u00edan pretender que se descontar\u00e1 una cantidad superior a la parte real, porque ellos ser\u00edan responsables de lo que falta para enterarla, y el acreedor nada perder\u00eda, por lo mismo\u00bb 9 (Subrayado intencional). <\/p>\n
14.- Al margen de lo anterior, la aplicaci\u00f3n de los efectos de la norma en comento se halla supeditada a la presencia de una condonaci\u00f3n, misma que no pod\u00eda ser inferida a partir de los efectos del desistimiento de las pretensiones, que como se explic\u00f3 con anticipaci\u00f3n, se restringen al sello de cosa juzgada de la sentencia desestimatoria. <\/p>\n
15.- As\u00ed las cosas, deber\u00e1 casarse parcialmente la sentencia recurrida, por cuanto el ad quem interpret\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, e indebidamente aplic\u00f3 el 1575 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
No se condenar\u00e1 en costas, por cuanto no hubo oposici\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- En primer lugar, se recuerdan ciertas actuaciones procesales, que determinan para el caso concreto, cu\u00e1l el \u00e1mbito dentro del cual la corporaci\u00f3n puede pronunciarse como sentenciador de segunda instancia: <\/p>\n
1.1.- La sentencia de primera instancia fue apelada por el demandante y los demandados Aldemar Pati\u00f1o Giraldo, Cruz Magdalena M\u00e1rquez Vargas, Amparo Lopera de Oviedo, \u00c1lvaro Zapata y Juan Ram\u00f3n Agudelo. <\/p>\n
1.2.- Durante el tr\u00e1mite de la segunda instancia, la demandante present\u00f3 desistimiento de las pretensiones dirigidas en contra de dichos convocados, el cual fue aceptado mediante auto de 25 de septiembre de 2019. <\/p>\n
1.3.- La actuaci\u00f3n contin\u00fao frente a los dem\u00e1s convocados, Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, quienes no interpusieron apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
1.4.- El recurso de casaci\u00f3n parcial interpuesto por la actora, se limit\u00f3 a cuestionar los fundamentos del fallo de segunda instancia que llevaron a condenar a esos demandados a pagar s\u00f3lo las 2\/7 partes de la indemnizaci\u00f3n, m\u00e1s no censur\u00f3 los dem\u00e1s soportes de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
1.6.- As\u00ed las cosas, deviene que el estudio que adelantar\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n se restringir\u00e1 a esclarecer cuales fueron los efectos del desistimiento de las pretensiones presentado por el demandante respecto de cinco codemandados, frente a la situaci\u00f3n de los dos convocados que continuaron vinculados al proceso. <\/p>\n
2.- Como se anunci\u00f3 en el fallo de casaci\u00f3n, el desistimiento de las pretensiones es una manifestaci\u00f3n unilateral del demandante mediante el cual renuncia a sus aspiraciones de manera total o parcial, present\u00e1ndose lo primero cuando el abandono cobija a la integridad del petitum o de los demandados, y lo segundo si la dejaci\u00f3n solamente favorece a algunos convocados o a una parte de las s\u00faplicas, prosiguiendo la actuaci\u00f3n respecto de los sujetos o t\u00f3picos que no fueron comprendidos dentro de esa declaraci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
Sus efectos se cifran en vincular al demandante y los beneficiados de la renuncia de las pretensiones con los efectos de la cosa juzgada de la sentencia adversa, facultando a los \u00faltimos para oponerla como excepci\u00f3n si el actor vuelve a promover una acci\u00f3n con el mismo objeto. <\/p>\n
3.- De ah\u00ed emerge que, en esencia, el desistimiento no quita ni pone en la determinaci\u00f3n de la extensi\u00f3n de las condenas que se impondr\u00e1n a los demandados que no fueron cobijados con esa manifestaci\u00f3n, ya que ese efecto no le fue atribuido por el legislador, de ah\u00ed que por s\u00ed s\u00f3lo no pueda ser asimilado a una condonaci\u00f3n de la deuda u otro modo de extinci\u00f3n de las obligaciones cuya declaraci\u00f3n y constituci\u00f3n se involucr\u00f3 dentro del proceso. <\/p>\n
Cosa distinta es que este precedido de un negocio jur\u00eddico o sea consecuencia de un acto de mera liberalidad, m\u00e1s en estos eventos ser\u00e1n estos actos los que tendr\u00e1n consecuencias sobre el inter\u00e9s sustancial debatido, pero no la dejaci\u00f3n de las pretensiones que apareja el desistimiento. <\/p>\n
4.- Para el caso, se advierte que la petici\u00f3n de desistimiento estuvo precedida de un contrato de transacci\u00f3n, celebrado por la demandante con los demandados favorecidos con el desistimiento <\/p>\n
Con la intenci\u00f3n de poner fin al proceso judicial al que se ha hecho referencia y de precaver cualquier otra acci\u00f3n de naturaleza civil, administrativa, disciplinaria o penal, que tenga como fundamento los mismos hechos que dieron lugar a este proceso, y sin que ello signifique el reconocimiento de responsabilidad por parte de los demandados. <\/p>\n
4.1.- Respecto de la transacci\u00f3n, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil la asimila a un modo de extinci\u00f3n de las obligaciones, y el art\u00edculo 2469 ej\u00fasdem lo define como \u00abun contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual\u00bb, y agrega que \u00abNo es transacci\u00f3n el acto que s\u00f3lo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa\u00bb. <\/p>\n
Atinente a los elementos de ese contrato, la corporaci\u00f3n en CSJ SC, 29 jun. 2006, Rad. 6428, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
Son tres los elementos espec\u00edficos de la transacci\u00f3n a saber: primero, la existencia de un derecho dudoso o de una relaci\u00f3n jur\u00eddica incierta, aunque no est\u00e1 a\u00fan en litigio; segundo, la voluntad de o intenci\u00f3n de las partes de mudar la relaci\u00f3n jur\u00eddica dudosa por otra relaci\u00f3n cierta y firme; tercero, la eliminaci\u00f3n convencional de la incertidumbre mediante concesiones rec\u00edprocas\u2019 (XLVII, 480), … que produce como principal consecuencia, la extinci\u00f3n de la disputa que enfrenta a los contratantes con la misma fuerza que la ley reconoce a las sentencias judiciales, dado que el art. 2483 ib. establece que tal acuerdo tiene el efecto propio de la cosa juzgada. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante agrega que: <\/p>\n
Sobre el particular, tiene dicho la doctrina, que \u2018la transacci\u00f3n es un contrato de eliminaci\u00f3n de la controversia, fuente de una relaci\u00f3n jur\u00eddica nueva que va a ocupar el lugar de la primitiva… Lo que realmente interesa a las partes es terminar el conflicto; el modo de materializarlo es algo accesorio y siempre en funci\u00f3n de eliminar definitivamente la litigiosidad, de ah\u00ed la diversidad de contenidos\u2019 (Se subraya)\u201d. <\/p>\n
4.2.- Como contrato que es, los efectos de la transacci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, son relativos, y no trascienden m\u00e1s all\u00e1 de la \u00f3rbita de quienes la celebran, por ende el art\u00edculo 2484 del C\u00f3digo Civil regula sus consecuencias al determinar que: <\/p>\n
La transacci\u00f3n no surte efectos sino entre los contratantes. <\/p>\n
Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacci\u00f3n consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros; salvo, empero los efectos de la novaci\u00f3n en caso de solidaridad. <\/p>\n
En este punto, se precisa que la solidaridad pasiva se caracteriza porque un acreedor puede dirigirse indistintamente contra varios deudores para que le cancelen una prestaci\u00f3n, y que tal facultad cesar\u00e1 cuando conviene con alguno de los codeudores en cambiar la obligaci\u00f3n por otra, tan es as\u00ed que el art\u00edculo 1576 del C\u00f3digo Civil determina que \u00abLa novaci\u00f3n entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios, liberta a los otros, a menos de que accedan a la obligaci\u00f3n nuevamente constituida\u00bb, y el canon 1704 ejusdem prev\u00e9 que \u00abLa novaci\u00f3n liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella\u00bb. <\/p>\n
4.3.- Con arreglo a esas precisiones, debe determinarse si la transacci\u00f3n, que sirvi\u00f3 de causa al desistimiento tuvo efectos novatorios, cuesti\u00f3n que se descarta de un vistazo, en la medida en que el contrato se limit\u00f3 a poner fin al litigio pendiente entre el demandante y los demandados que concurrieron a su celebraci\u00f3n, sin entrar a cambiar una obligaci\u00f3n por otra, en cualesquiera de las formas establecidas en el art\u00edculo 1690 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En efecto, con anticipaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n de la transacci\u00f3n no se hab\u00eda declarado la existencia de la obligaci\u00f3n entre demandante y demandados, sino apenas un litigio donde se debat\u00eda sobre la materializaci\u00f3n de una hip\u00f3tesis legal de responsabilidad solidaria, como es la del consejo directivo y el representante legal frente a la cooperativa, de manera que la transacci\u00f3n no redund\u00f3 en novaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Y, aunque se sostenga que la solidaridad entre los representantes y del Consejo de Administraci\u00f3n de la cooperativa surge por ministerio de la ley, acudiendo para tal prop\u00f3sito al art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, subrogado por el precepto 24 de la ley 222 de 1995, o los c\u00e1nones 148 y 149 de la ley 79 de 1988, \u00abpor la cual se actualiza la legislaci\u00f3n cooperativa\u00bb, lo cierto es que el legislador se limita a contemplar \u00abin genere\u00bb unas reglas de responsabilidad de los administradores, pero que la concreci\u00f3n de los mismos en verdaderas obligaciones pende de la emisi\u00f3n de un acto jur\u00eddico o sentencia judicial que as\u00ed lo declare, por cuanto son estos donde se especificaran cu\u00e1les son los sujetos del v\u00ednculo y la correspondiente prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Corroborado que la transacci\u00f3n, carece de efectos novatorios, deviene que su efecto extintivo, como lo indica la regla general del art\u00edculo 2484 del C\u00f3digo Civil no deben trascender m\u00e1s all\u00e1 de las personas que concurrieron a su celebraci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se extienden a Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, quienes no participaron en su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
5.- No obstante lo anterior, debe indagarse si la transacci\u00f3n adosada comport\u00f3 una renuncia a la solidaridad, recordando que los contornos de esta \u00faltima figura est\u00e1n definidos en el art\u00edculo 1573 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
El acreedor puede renunciar expresa o t\u00e1citamente la solidaridad respecto de unos de los deudores solidarios o respecto de todos. <\/p>\n
La renuncia t\u00e1citamente en favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expres\u00e1ndolo as\u00ed en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin la reserva general de sus derechos. <\/p>\n
Pero esta renuncia expresa o t\u00e1cita no extingue la acci\u00f3n solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del cr\u00e9dito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunci\u00f3 la solidaridad. <\/p>\n
Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consciente en la divisi\u00f3n de la deuda. <\/p>\n
En efecto, dicha disposici\u00f3n contempla la posibilidad de renunciar a la solidaridad, lo cual puede realizar de manera expresa o t\u00e1cita, lo primero ocurrir\u00e1 cuando el acreedor manifiesta directa e inequ\u00edvocamente su voluntad de dividir la deuda entre todos los codeudores o de exigirle una parte a alguno, mientras la segunda su designio se desprende de actos constitutivos de ese efecto. <\/p>\n
En cuanto a la forma de emisi\u00f3n, la renuncia a la solidaridad puede ser expresa o t\u00e1cita, ser\u00e1 expresa si el acreedor manifieste sin ambages su intenci\u00f3n de claudicar la solidaridad de manera total o parcial, ser\u00e1 t\u00e1cita cuando esa intenci\u00f3n no es declarada directa y sacramentalmente, pero puede ser inferida a partir de manifestaciones realizadas en la demanda o en la carta de pago, en los cuales se consienta en la divisi\u00f3n de la deuda respecto de todos los codeudores, o se exija o reconozca a alguno de ellos solo una parte de la deuda, sin hacer salvedad de sus derechos o de la solidaridad. <\/p>\n
En cuanto a la extensi\u00f3n de la renuncia puede ser total o absoluta, cuando el acreedor consiente en la divisi\u00f3n de la deuda; y, parcial o relativa si el acreedor declina el cobro de la obligaci\u00f3n \u201cin toto\u201d a alguno de los deudores solidarios, lo cual ocurre cuando le exige o reconoce su parte o cuota de la deuda, sin reservarse la generalidad de sus derechos o la solidaridad en espec\u00edfico. <\/p>\n
5.1.- Sobre la renuncia parcial, el tratadista Fernando V\u00e9lez10 explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abNo debe confundirse la condonaci\u00f3n con la renuncia de la solidaridad. El acreedor que condena hace una donaci\u00f3n (art. 1.712); el que renuncia a la solidaridad no, pues se limita a prescindir de un beneficio que le garantiza el pago de toda la deuda, pero sin minorar esta. 11 <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Renuncia parcial. Esta renuncia de la solidaridad pasiva, que tambi\u00e9n se llama relativa, es la que se hace en favor de uno o algunos de los deudores o de todos.12 <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201cEl inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1573, indica los efectos de la renuncia de la solidaridad en favor de uno o algunos de los deudores, pero no de todos, respecto de los que no comprende, estableciendo que aquellas no extinguen la acci\u00f3n solidaria del acreedor contra estos, \u2018por toda la parte del cr\u00e9dito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunci\u00f3 a la solidaridad\u2019. <\/p>\n
Esta doctrina que es contraria a la francesa, seg\u00fan la cual la obligaci\u00f3n solidaria se disminuye en la cuota del deudor favorecido con la renuncia, lo que quiere decir que a los dem\u00e1s deudores no puede exig\u00edrseles esa cuota con lo cual se aprovechan de la renuncia en cierto modo (art. 1.210), (Baudry\u2013Lacantinerie, Pr\u00e9cis, etc. t. 2\u00ba., n. 981) aquella doctrina, repetimos, fundada en que las renuncias de la solidaridad deben interpretarse restrictivamente, pues no hay motivo para ampliarlas suprimiendo derechos, establece equitativamente que el deudor o deudores a quienes no favorece la renuncia, no pueden sacar de \u00e9sta provecho ninguno. <\/p>\n
Es consecuencia de esta doctrina que conservando el acreedor su acci\u00f3n solidaria contra los deudores a quienes no se refiere la renuncia, puede exigir de \u00e9stos o de uno de ellos que le satisfagan todo el cr\u00e9dito si el deudor favorecido con la renuncia no le ha pagado su cuota, o si la ha pagado, el resto del cr\u00e9dito (art. 1.572). En todos caso, ese deudor queda responsable con sus codeudores de acuerdo con el art\u00edculo 1.579, pues la renuncia no puede librarlo de su obligaciones con aquellos una vez extinguida la deuda\u00bb. 13 (Subrayado intencional). <\/p>\n
En el mismo sentido, Luis del Claro Solar al analizar el precepto 1516 del C\u00f3digo Civil Chileno, correspondiente al 1573 de su equivalente Colombiano, explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa renuncia de la solidaridad solamente afecta a la forma en que todos los deudores, si es absoluta, o uno m\u00e1s de los deudores, si es relativa, deben satisfacer la prestaci\u00f3n a que se hallan obligados con respecto al acreedor; la deuda subsiste, despu\u00e9s de renunciada la solidaridad, pero dividida entre todos los deudores si la renuncia de la solidaridad es absoluta, o afectando s\u00f3lo en su parte o cuota al deudor en cuyo favor se ha renunciado a la solidaridad y subsistiendo la solidaridad respecto de los dem\u00e1s deudores. <\/p>\n
\u2018Pero esta renuncia expresa o t\u00e1cita no extingue la acci\u00f3n solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del cr\u00e9dito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunci\u00f3 a la solidaridad\u2019, dice el art\u00edculo 1516 en su inciso tercero. Supone la ley que hay m\u00e1s de dos deudores solidarios y que el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los tres o m\u00e1s deudores: la solidaridad se extingue respecto del deudor en cuyo beneficio se renunci\u00f3; pero no se extingue respecto de los dem\u00e1s codeudores, cada uno de los cuales queda responsable con respecto al acreedor como lo era antes de la renuncia, por la totalidad de la deuda\u00bb. (Subrayado intencional) 14. <\/p>\n
Empero, s\u00ed comport\u00f3 la renuncia parcial a la solidaridad en beneficio de los codemandados que transigieron, pues con ese acuerdo se zanjaron la disputas relacionadas \u00abcon la decisi\u00f3n de desarrollar el proyecto \u2018Consumo Laureles\u2019 y en general con los hechos planteados en la demanda\u00bb, a cambio de $40.000.000; y con esta estipulaci\u00f3n el demandante renunci\u00f3 a cobrarle a unos demandados la totalidad de una eventual indemnizaci\u00f3n, para luego favorecerlos con el desistimiento de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Sin embargo, por ser parcial la renuncia de solidaridad solamente favoreci\u00f3 a los demandados que transigieron, mas no redund\u00f3 en favor de quienes no lo hicieron, los cuales continuaron vinculados al pago de la parte del cr\u00e9dito que no fue cubierta; efecto que fue advertido en la cl\u00e1usula octava de la transacci\u00f3n en donde se estipul\u00f3 que: <\/p>\n
Las partes acuerdan que el presente convenio de transacci\u00f3n no implica renuncia de CONSUMO a seguir adelante cualquier proceso judicial contra Gustavo Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada, como solidariamente responsables de los perjuicios causados a CONSUMO, ni produce efectos de novaci\u00f3n o extinci\u00f3n de cualquier manera de las obligaciones indemnizatorias a cargo de Gustavo Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada y a favor de Consumo. <\/p>\n
5.3.- Esclarecido que los demandados Gustavo Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n no fueron cobijados por la referida renuncia parcial, se deduce que en ellos perdura la obligaci\u00f3n de pagarle a la demandante los perjuicios que contin\u00faan sin sufragarse, es decir aquellos que no fueron cubiertos por los demandados que ajustaron el acuerdo transaccional, que en el caso corresponde a lo que exceda de $40.000.000. <\/p>\n
6.- De acuerdo con las anteriores premisas, se refrenda la prerrogativa del acreedor de dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios para que cumpla con la prestaci\u00f3n, de la cual puede hacer uso antes de instaurar la correspondiente acci\u00f3n judicial, o incluso durante el tr\u00e1mite del proceso, en aquellos eventos en que opta por abandonar las pretensiones formuladas en contra de unos y proseguirlas respecto de los otros, bien sea que se manifieste a trav\u00e9s de desistimiento o transacci\u00f3n, siempre y cuando no materialice una novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, no puede dejarse de lado que el abandono de las pretensiones frente a unos demandados, puede llevar \u00ednsita la renuncia parcial de la solidaridad frente a aquellos, de manera que los que contin\u00faan vinculados est\u00e1n llamados a responder por la totalidad de la indemnizaci\u00f3n perseguida, aunque con deducci\u00f3n de las cantidades pagadas por los desvinculados del juicio, quienes por dem\u00e1s se subrogan en los derechos del acreedor en la parte o cuota que tuvieren en la deuda. <\/p>\n
La comentada soluci\u00f3n am\u00e9n de encajarse dentro del engranaje de las normas legales explicadas con antelaci\u00f3n, no aminora los derechos del acreedor, ni habilita para que aquel se enriquezca a expensas de los demandados que continuaron vinculados al proceso, o para que estos soporten una situaci\u00f3n m\u00e1s gravosa de la relativa a su calidad de deudores solidarios, en la medida que del importe de la condena deber\u00e1 ser deducida la cantidad que ya fue sufragada por los beneficiados del desistimiento. <\/p>\n
7.- En conclusi\u00f3n, se verific\u00f3 que: (i) La transacci\u00f3n que le sirvi\u00f3 de causa al desistimiento de las pretensiones no implic\u00f3 una novaci\u00f3n, por ende no alter\u00f3 la obligaci\u00f3n solidaria de los demandados que no la celebraron; (ii) pero si condujo a la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que estos deber\u00e1n asumir, pues se produjo una renuncia parcial de la solidaridad en provecho de los codemandados que celebraron la transacci\u00f3n, la cual da lugar a que la deuda perdure en cabeza de quienes no lo hicieron, pero con deducci\u00f3n de lo que el acreedor ya recibi\u00f3. <\/p>\n
De ah\u00ed que Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n deban responder \u00abin solidum\u00bb por la totalidad de los perjuicios causados a la actora, con deducci\u00f3n de los $40.000.000 recibidos de los demandados desvinculados, tal como se declarar\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
Sin condena en costas, por cuanto dichos convocados no se opusieron al recurso, lo anterior de acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISION. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn \u2013 Sala Civil, dentro del proceso de la referencia, y situada la Corte en sede de instancia. <\/p>\n
SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer condena en costas contra Cooperativa Consumo, dada la prosperidad de su impugnaci\u00f3n extraordinaria (art\u00edculo 365, numeral 1, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO: REMITIR oportunamente el expediente a la autoridad competente. <\/p>\n
Situada en sede instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero, segundo y S\u00e9ptimo de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, pues conten\u00edan pronunciamiento de las excepciones de m\u00e9rito y costas judiciales respecto de los demandados cobijados por el desistimiento de las pretensiones. <\/p>\n
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia citada, en el sentido de especificar que se accede a las pretensiones formuladas en contra de los demandados Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n, a quienes se declara solidariamente responsables por el incumplimiento del deber de diligencia en relaci\u00f3n con el dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del Proyecto denominado Consumo Laureles. <\/p>\n
TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia citada, en el sentido de indicar que los demandados Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n pagar\u00e1n de manera solidaria a Cooperativa Consumo la suma de $3.644.942.516, la cual deber\u00e1 ser indexada desde el momento en que se hizo el pago de los conceptos que la integran hasta cuando los condenados la sufraguen. Sobre el valor nominal de la condena se causar\u00e1n intereses del 6% anual desde la ejecutoria de la sentencia hasta el d\u00eda del pago. <\/p>\n
CUARTO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia citada, en el sentido de indicar que los demandados Gustavo Le\u00f3n Castillo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Prada Gir\u00f3n pagar\u00e1n de manera solidaria a Cooperativa Consumo la suma de $175.017.378 la cual deber\u00e1 ser indexada desde la fecha del dictamen \u2013 21 de septiembre de 2016 \u2013 hasta el momento en que se verifique el pago total. Sobre el valor nominal de la condena se causar\u00e1n intereses del 6% anual desde la ejecutoria de la sentencia hasta el d\u00eda del pago. <\/p>\n
QUINTO: DEDUCIR del importe de la indemnizaci\u00f3n la suma de $40.000.000, recibidos por Cooperativa Consumo de los demandados desvinculados del proceso, por las razones expuestas en la parte considerativa de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEXTO: CONFIRMAR las dem\u00e1s disposiciones de la sentencia apelada. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO: Sin condena en esta instancia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 MORALES Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil \u2013 Parte General. Bogot\u00e1: Editorial ABC. Octava Edici\u00f3n: 1983, p\u00e1g. 460. <\/p>\n
2\u0002 Ob. Cit, p\u00e1g. 461. <\/p>\n
3\u0002 Ob. Cit, p\u00e1g. 462. <\/p>\n
4\u0002 GUASP DELGADO, Jaime. Derecho Procesal Civil \u2013 Tomo Primero \u2013 Introducci\u00f3n y Parte General. Madrid: Instituto de Estudios Pol\u00edticos. 1968. P\u00e1g. 529. <\/p>\n
5\u0002 Ob. Cit, P\u00e1g. 531. <\/p>\n
6\u0002 URIBE HOLGUIN, Ricardo. De las obligaciones y de los contratos en general. Bogot\u00e1: Editorial Temis. Segunda Edici\u00f3n: 1982, p\u00e1g. 158. <\/p>\n
7\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil \u2013 Tomo III \u2013 De las Obligaciones. Bogot\u00e1: Editorial Temis. S\u00e9ptima Edici\u00f3n: 1986, p\u00e1g 456. <\/p>\n
8\u0002 HINESTROSA FORERO, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Bogot\u00e1: Universidad Externado de Colombia. Tercera Edici\u00f3n: 2007, p\u00e1g 755. <\/p>\n
9\u0002 DEL CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Santiago de Chile: Editorial Jur\u00eddica de Chile \u2013 Editorial Temis. Reimpresi\u00f3n de 1992, p\u00e1ginas 426 y 427. <\/p>\n
10\u0002 VELEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano \u2013 Tomo VI. Bogot\u00e1, D.E.: Ediciones Lex Ltda. Primera Edici\u00f3n: 1983, p\u00e1gs. 278 a 284. <\/p>\n
11\u0002 Ob. Cit., p\u00e1g. 278. <\/p>\n
13\u0002 Ob. Cit., p\u00e1g. 282 a 283. <\/p>\n
14\u0002 DEL CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Santiago de Chile: Editorial Jur\u00eddica de Chile \u2013 Editorial Temis. Reimpresi\u00f3n de 1992, P\u00e1gs. 462 a 463. <\/p>\n
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SC469-2023 (2017-00763-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC469-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2017-00763-01 (Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77976","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77976"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77976\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}