SC492-2023 (2017-00454-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC492-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-31-03-022-2017-00454-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Master Building S.A.S. frente la sentencia proferida el 10 de agosto de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de grupo promovida por la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini \u2013 Propiedad Horizontal contra la recurrente, Grupo Inmobiliario y Constructor Uno SAS., Eureka Estudio EU y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda subsanada,1 interpuesta en ejercicio de la acci\u00f3n de grupo consagrada en los art\u00edculos 88 de la Carta Pol\u00edtica y 48 de la Ley 472 de 1998, se pidi\u00f3: (i) Declarar civil y solidariamente responsables a las demandadas, \u00abpor los perjuicios individuales causados a los 231 propietarios que integran la acci\u00f3n y representados por el administrador\u00bb. (ii) Se les condene \u00abal pago de la indemnizaci\u00f3n por perjuicios individuales causados para cada uno de los afectados a favor de los 231 propietarios que integran la acci\u00f3n, y los cuales sus nombres se registran en la demanda\u00bb y \u00abal pago de la indemnizaci\u00f3n por perjuicios estimados por ($903.949.441), seg\u00fan el \u00edndice de participaci\u00f3n con que cada uno de los propietarios de bienes privados a (sic) de contribuir a las expensas comunes de administraci\u00f3n del conjunto y el coeficiente que se allega a la subsanaci\u00f3n (en 3 Folios)\u00bb. <\/p>\n
1.1. En respaldo de sus aspiraciones, se expuso: <\/p>\n
(i) La Agrupaci\u00f3n Villa Santorini P.H. es un conjunto residencial ubicado en la carrera 56 No. 167C-03 de Bogot\u00e1, conformado por 317 unidades privadas (apartamentos, locales y parqueaderos), con 231 propietarios que integran la acci\u00f3n; representada por Jair Armando S\u00e1nchez Puero, designado mediante acta del consejo de administraci\u00f3n del 24 de abril de 2017 <\/p>\n
(ii) Master Building S.A.S. y Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A. fueron responsables de \u00abejecutar la obra de ingenier\u00eda civil para construcci\u00f3n y omitir el cumplimiento de la norma de sismo resistencia para la construcci\u00f3n de la plataforma de parqueadero, y compra de tuber\u00eda hidr\u00e1ulica certificada\u00bb; y Eureka Studio E.U. y Sociedad Fiduciaria S.A. fueron responsables de \u00abadministrar los recursos y la enajenaci\u00f3n con informaci\u00f3n enga\u00f1osa de las \u00e1reas privadas y la totalidad del proyecto con \u00e1reas comunes que poseen deficiencias constructivas graves\u00bb. <\/p>\n
(iii) Defectos que fueron denunciados ante la Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat, entidad que, el 12 de agosto de 2013, mediante informe de verificaci\u00f3n, estableci\u00f3 26 hallazgos con afectaciones leves y 4 graves en las zonas comunes generales; adem\u00e1s, en resoluci\u00f3n No. 954 de 2015, impuso multa a Master Building, con requerimiento de hacer las reparaciones del caso, en cuatro meses. <\/p>\n
(iv) Dado el incumplimiento de dicha orden, los actores contrataron a Dorado Hurtado Ingenier\u00eda S.A.S, que, en junio de 2017, determin\u00f3 7 tipolog\u00edas de diferentes da\u00f1os en 48 tipolog\u00edas estructurales, tales como los evidenciadas en la etapa uno, consistentes en problemas de fisuras en las losas de cimentaci\u00f3n y muros de concreto, muros de mamposter\u00eda, fisuras en las losas del suelo, constante movimiento de las juntas de dilataci\u00f3n, incumplimiento de las normas sismorresistentes establecidas en el t\u00edtulo C de la NSR-98, raz\u00f3n por la cual ante un movimiento tel\u00farico considerable quedar\u00eda en ruina el sal\u00f3n social. Tambi\u00e9n, la firma conceptu\u00f3 desfavorablemente sobre el muro perimetral costado nororiental. <\/p>\n
(v) Para tasar los perjuicios, la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini contrat\u00f3 a la firma de peritos evaluadores Geslegal S.A.S., que estableci\u00f3 un da\u00f1o emergente por valores de $641.596.086 y $76,236,782, por \u00abrevisi\u00f3n del dise\u00f1o y determinaci\u00f3n de la vulnerabilidad de la estructura de la plataforma del parqueadero\u00bb y \u00abconcepto geot\u00e9cnico y estructural del estado actual del muro de cerramiento perimetral del costado sur del edificio\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
2. Enterada del juicio, Eureka Studio E.U. resisti\u00f3 las s\u00faplicas de su contraparte y plante\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que intitul\u00f3 \u00abCULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA\u00bb.2 <\/p>\n
3. A su turno, Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. se opuso a la demanda, formulando las exceptivas que denomin\u00f3 \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb, \u00abCADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N\u00bb y \u00abCULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA\u00bb.3 <\/p>\n
4. Por su parte, Master Building S.A.S. enfrent\u00f3 la acci\u00f3n interpuesta, con las defensas que rotul\u00f3 \u00abHECHO DE UN TERCERO\u00bb, \u00abCADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N\u00bb y \u00abCULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA\u00bb.4 <\/p>\n
5. Grupo Inmobiliario y Constructor Valores, tras oponerse a los hechos y pretensiones, elev\u00f3 los medios de enervaci\u00f3n llamados \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD CONSTRUCTIVA PARA LA \u00c9POCA DE LOS HECHOS\u00bb, \u00abFALTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COPROPIEDAD Y LOS COPROPIETARIOS ACCIONANTES\u00bb, \u00abAUSENCIA DE GARANT\u00cdA DECENAL\u00bb, \u00abERROR EN LA ACCI\u00d3N\u00bb y \u00abGEN\u00c9RICA\u00bb.5 <\/p>\n
6. En virtud del auto de 7 de octubre de 2017, la agente del Ministerio P\u00fabico intervino, para indicar que no pod\u00eda pronunciarse sobre los hechos de la demanda, al no constarle, debiendo las partes, a quien les corresponde probar, ce\u00f1irse a las resultas procesales. En cuanto a la caducidad de la acci\u00f3n, pidi\u00f3 contemplar la postura expuesta por la Corte Suprema de Justicia, en SC016-2018.6 <\/p>\n
7. El juez de primera instancia, en su fallo emitido el 21 de enero de 2022,7 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb de Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., e improperas las restantes exceptivas planteadas; neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de responsabilidad civil respecto del muro perimetral; declar\u00f3 civilmente responsables a Master Building SAS, Eureka Estudio EU y Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A., \u00fanicamente en relaci\u00f3n con las deficiencias constructivas en las zonas comunes de la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini, \u00abparticularmente la plataforma de parqueaderos en la zona social, plazoleta 1 y 2\u00bb. Y en consecuencia, las conden\u00f3 a pagar \u00ablos perjuicios causados, como indemnizaci\u00f3n colectiva, en cuant\u00eda de 726.897.879,oo\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00ablos beneficiarios de dicho monto deben ser propietarios actuales de cada una de las unidades privadas de la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini, y se asignar\u00e1 conforme al coeficiente de copropiedad que tengan seg\u00fan el reglamento de propiedad horizontal (art. 25 Ley 675 de 2001). En todo caso, el representante de la copropiedad podr\u00e1 percibir la indemnizaci\u00f3n total a favor de los copropietarios, acreditando tal calidad\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, determin\u00f3 que ese valor fuera entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 65 de la Ley 472 de 1998; debi\u00e9ndose acreditar ante el administrador del fondo, la \u00abpertenencia al grupo destinatario de la indemnizaci\u00f3n o esta \u00faltima calidad\u00bb. <\/p>\n
8. En sentencia dictada el 10 de agosto de 2022, el ad quem modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para actualizar la cuant\u00eda de la condena a $733.738.056.79, conforme al art\u00edculo 238 del C\u00f3digo General del Proceso. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3, en su integridad, el fallo apelado por Grupo Inmobiliario y Constructor Uno S.A.S., Master Building S.A.S y Eureka Studio E.U.8 <\/p>\n
<\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El sentenciador de segundo grado, apoyado en la jurisprudencia de esta Sala y las pruebas obrantes en el plenario, encontr\u00f3 infundado el reparo sobre la caducidad de la acci\u00f3n, por ser el da\u00f1o constructivo de car\u00e1cter continuo, que no se solucion\u00f3 dentro de los a\u00f1os anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda, situaci\u00f3n que impide tomar como punto de partida, para contar el t\u00e9rmino decadente, los a\u00f1os 2012 y 2013, como se propuso en la alzada. <\/p>\n
2. Respecto de la errada valoraci\u00f3n probatoria enrostrada por Master Building S.A.S. y Eureka Estudio E.U., afirm\u00f3 que el estudio geot\u00e9cnico elaborado por Ingenieros Dorado Hurtado da cuenta de una serie de arreglos a realizarse en la copropiedad accionante, para superar las deficiencias constructivas detectadas; y pese a no ser informe pericial, pues se alleg\u00f3 como prueba documental, si refiere \u00abla existencia de da\u00f1os en las plazoletas 1 y 2 y sede social que corresponden a plataformas de parqueaderos, en los que se afirm\u00f3 que hay fisuras de muros, fisuras de losas de suelo, constante movimiento de juntas de dilataci\u00f3n, hundimientos, deficiencias constructivas, entre otras irregularidades, da\u00f1os que la parte demandada no desvirtu\u00f3\u00bb; evidencia que guarda correspondencia con los testimonios de los ingenieros Jenaro Echeverri y Luis Rafael Ramos, as\u00ed como con la resoluci\u00f3n de la Secretar\u00eda del H\u00e1bitat, que revelan la responsabilidad de las sociedades demandadas, no desvirtuada por ning\u00fan medio. <\/p>\n
3. Sobre la censura formulada por Grupo Inmobiliario y Constructor Uno S.A.S., fundada en la infracci\u00f3n de la normatividad referente a construcci\u00f3n, indic\u00f3 que \u00aben el recurso de apelaci\u00f3n se insiste en que constituye violaci\u00f3n de la ley sustancial la afirmaci\u00f3n efectuada por la Juez a quo, en torno a la aclaraci\u00f3n que hizo el perito respecto a que los mencionados arreglos se deben efectuar bajo la normatividad actual, dado que la vigente para la \u00e9poca de construcci\u00f3n de la edificaci\u00f3n expir\u00f3, empero esa consideraci\u00f3n no traduce per se, como lo afirma el apoderado, que para poder hacer las adecuaciones se tenga que demoler las construcciones y levantarlas sino que, al respecto, se debe acatar a lo que sobre ese tema disponga la norma en vigor, NSR 10, sin que exista yerro en dicha exposici\u00f3n puesto que no se podr\u00eda imponer el cumplimiento de una norma derogada\u00bb. <\/p>\n
4. En cuanto al reproche de la prenotada sociedad porque los demandantes no autorizaron arreglar las deficiencias presentadas, observ\u00f3 que el a quo desestim\u00f3 que haya incidido en la producci\u00f3n original del da\u00f1o, el hecho de no permitirse la intervenci\u00f3n de las fisuras que se estaban generando; sumado a que la recurrente no mencion\u00f3 cu\u00e1l norma se viol\u00f3, ni precis\u00f3 el eximente desatendido, como tampoco prob\u00f3 que la conducta de su contraparte exonerara su responsabilidad. <\/p>\n
5. En esa l\u00ednea, atinente a la inconformidad consistente en que el a quo confundi\u00f3 la garant\u00eda decenal con las especiales, sostuvo que la recurrente no indic\u00f3 cu\u00e1l norma se desconoci\u00f3 o se inaplic\u00f3; adem\u00e1s, no vio raz\u00f3n para revocar la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, con base en la rese\u00f1a que \u00e9ste hizo de los art\u00edculos 2060 y 2351 del C\u00f3digo Civil, por cuanto tales normas regulan la responsabilidad del constructor, que no desparece por reclamarse en sede distinta a un proceso declarativo; menos si no se advierte la confusi\u00f3n aludida, puesto que el numeral 3\u00ba de la primera disposici\u00f3n citada ata\u00f1e al evento en que la edificaci\u00f3n amenace ruina, que no es el caso; sin que nada impidiera a los afectados acudir a la acci\u00f3n de grupo, para solicitar que se indemnicen los perjuicios alegados. <\/p>\n
6. Concerniente a la falta de apreciaci\u00f3n de pruebas, particularmente \u00abla versi\u00f3n dada por el ingeniero Aycardi\u00bb, anot\u00f3 el ad quem que, pese a afirmar \u00e9ste que el desarrollo constructivo y los dise\u00f1os se ejecutaron seg\u00fan la licencia de construcci\u00f3n, de su declaraci\u00f3n no se puede extraer conclusiones distintas a las que arrib\u00f3 el a quo, porque el testigo coincidi\u00f3 con \u00abel se\u00f1or Echeverri (\u2026) en que el da\u00f1o persistir\u00eda y se agravar\u00eda hasta tanto no se llevaran a cabo las reparaciones en la edificaci\u00f3n\u00bb; sin que se percibiera el desacierto al valorarse esa testimonial, considerando que \u00abla falladora de instancia dej\u00f3 expresa constancia de lo poco convincente del testigo, que ahora en sede de alzada se invocan una serie de circunstancias de modo gen\u00e9rico, como que de su versi\u00f3n refulgen conclusiones diferentes, empero, sin que se haya logrado demostrar la existencia de un yerro de apreciaci\u00f3n de ese medio de convicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. Sobre el reparo por incluirse en la tasaci\u00f3n de perjuicios el uso de parqueaderos, el Tribunal no vio que tal concepto no se hubiera debatido en el juicio; por el contrario, observ\u00f3 que en las pretensiones se incluyeron los \u00abCostos del parqueo durante la obra\u00bb, como rubro integrante de los da\u00f1os reclamados. <\/p>\n
8. Por \u00faltimo, con fundamento en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, actualiz\u00f3 la suma de $627.855.515, a la fecha de la sentencia de segundo grado, para un total de $773.738.056.79. <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Master Building S.A.S. elev\u00f3 tres acusaciones contra de la sentencia del Tribunal, una por la v\u00eda directa y dos por la indirecta, que, de conformidad con el par\u00e1grafo segundo del literal b) del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se analizar\u00e1n de manera conjunta, porque apuntan a revelar id\u00e9nticas conclusiones, referentes a la legitimaci\u00f3n para reclamar los da\u00f1os constructivos, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de grupo, y la caducidad de la misma, contada a partir de afectaciones continuadas. <\/p>\n
1. Con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 46 y 48 de la ley 472 de 1998, 1614, 1616, 2060 -numeral 3\u00ba-, y 2541 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho manifiesto y transcendente, que llev\u00f3 a tener por probado, sin estarlo, que la parte actora, esto es, la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini P.H., estaba legitimada en la causa para demandar, en el marco de una acci\u00f3n de grupo, los perjuicios causados a los propietarios de las unidades habitacionales, locales y parqueaderos que conforman el conjunto. <\/p>\n
2. El Tribunal, en los antecedentes, indic\u00f3 lac\u00f3nicamente que la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini PH act\u00faa en nombre de los 231 propietarios que hacen parte de la copropiedad, pese a ser una persona jur\u00eddica distinta de los copropietarios, y no hay prueba en el plenario que demuestre que pod\u00eda representar v\u00e1lidamente a los miembros del grupo, presuntamente afectado por los demandados. <\/p>\n
3. Basta con mirar el poder para formular la acci\u00f3n de grupo, otorgado por Jair Armando S\u00e1nchez Puerto, quien s\u00f3lo actu\u00f3 como representante legal y administrador de la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini P.H.. \u00abEn efecto, en ese poder no se manifiesta en parte alguna actuar en representaci\u00f3n de los 231 propietarios que \u201cintegran la acci\u00f3n\u201d, como luego se dice en el libelo subsanado. Y ninguno de esos propietarios ratific\u00f3 o particip\u00f3 en la acci\u00f3n de grupo\u00bb. <\/p>\n
4. Entonces, no contando con las facultades legales o estatutarias, no pod\u00eda la persona jur\u00eddica demandante representar a los copropietarios para reclamar sus perjuicios individuales, mediante la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de grupo, cuya titularidad es atribuida a los sujetos indicados en el art\u00edculo 48 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
5. La copropiedad actu\u00f3 en nombre propio, pero sin demostrar el t\u00edtulo, porque no acredit\u00f3 tener titularidad de alg\u00fan inmueble afectado por las causas establecidas en la demanda, por lo que es clara la infracci\u00f3n del ad quem a los art\u00edculos 46 y 48 de la ley 472 de 1998. En consecuencia. viol\u00f3 indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, que impone al constructor el deber de resarcir de los da\u00f1os en edificios, derivados de vicios constructivos, puesto que, si la parte actora no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa, mal pod\u00eda este proceso terminar con sentencia estimatoria. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acus\u00f3 al juzgador de segunda instancia de violar directamente, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, el art\u00edculo 47 de la ley 472 de 1998, que llev\u00f3 a quebrantar, por aplicaci\u00f3n indebida, el numeral tercero del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, que es la base esencial del fallo, pues trata este caso de la responsabilidad por vicios en la construcci\u00f3n, pero no debi\u00f3 emplearse si la acci\u00f3n de grupo se encontraba caducada. <\/p>\n
El Tribunal calific\u00f3 de continuo el da\u00f1o en las fisuras en la zona de parqueadero y zonas sociales. Seg\u00fan el art\u00edculo 47 de la ley 472 de 1998, el t\u00e9rmino de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se caus\u00f3 el da\u00f1o o en la en que ces\u00f3 la conducta que caus\u00f3 del perjuicio; pero la Corte, en sentencia SC016-2018, aplicada por el Tribunal, le dio un alcance que no tiene, sustituyendo el inicio del c\u00f3mputo con un fen\u00f3meno jur\u00eddico distinto, pues, en vez de la causa, opt\u00f3 por el da\u00f1o, que es su consecuencia. Se entendi\u00f3 que \u00abese t\u00e9rmino de caducidad comenzaba, para el caso de los da\u00f1os diferidos, a partir de cuando estos se manifiestan; para el caso de los da\u00f1os continuos o que se consolidan con el paso del tiempo, a partir de su efectiva consolidaci\u00f3n. Y para los da\u00f1os instant\u00e1neos desde cuando cesa la acci\u00f3n vulnerante causante del da\u00f1o\u00bb; pese a que, para el legislador, es la conducta y no el da\u00f1o lo que se toma en cuenta; interpretaci\u00f3n que conduce a situaciones de inseguridad jur\u00eddica, adem\u00e1s desnaturaliza la caducidad en materia procesal. Por eso, la hermen\u00e9utica que fluye de esa norma es que \u00abel t\u00e9rmino de caducidad comienza a correr cuando se causa el da\u00f1o o cuando cesa la conducta causante del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CARGO TECERO <\/p>\n
Tild\u00f3 la sentencia de segunda instancia de vulneradora de los art\u00edculos 2357 y 2060 numeral tercero del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo consecuencia de yerros f\u00e1cticos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (\u2026) as\u00ed como en error de derecho con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 42, numeral 4\u00ba y 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal, con sustento en la jurisprudencia de Sala de Casaci\u00f3n Civil concluy\u00f3 que, para los da\u00f1os continuados, debe esperarse a su cabal configuraci\u00f3n, a efectos de comenzar el t\u00e9rmino de caducidad, y si no es posible determinar cu\u00e1ndo el perjuicio ha de detenerse, corresponde al afectado determinar cu\u00e1ndo demanda. <\/p>\n
De donde se colige que el ad quem consider\u00f3 que el da\u00f1o era continuado, conclusi\u00f3n cimentada en el testimonio del ingeniero Aycardi, quien \u00abrefiri\u00f3 concretamente en el ac\u00e1pite de la caducidad, que junto con el se\u00f1or Echeverry coinciden en que el da\u00f1o persistir\u00eda y se agravar\u00eda hasta tanto no se llevar\u00e1n a cabo las reparaciones en verificaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, pas\u00f3 por alto que dictamen pericial aportado por la parte demandante se bas\u00f3 en informe t\u00e9cnico de la firma Dorado Hurtado, \u00abque fue hecho en junio de 2017, esto es, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de que apareciera el da\u00f1o, y cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que a la parte demandada se le impidi\u00f3 entrar para hacer las reparaciones\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, era necesario, para obtener la real cuant\u00eda del perjuicio, y aplicar el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, reducir su monto, toda vez que \u00abla apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u00bb. La falta de aplicaci\u00f3n de ese precepto se debi\u00f3 a un error de derecho, por no utilizarse el poder oficioso, consagrado en el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, para decretar la prueba que permitiera establecer el perjuicio que deb\u00eda asumir la convocante. <\/p>\n
Adem\u00e1s se violaron el inciso final del art\u00edculo 280, ibidem, y el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, que imponen atender los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad, para valorar los da\u00f1os en los procesos judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De las causales primera y segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico por v\u00eda directa, como causal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se presenta si el fallador extrae juicios incorrectos, por no tener en cuenta las normas que rigen el asunto sometido a su conocimiento; aplica disposiciones ajenas al caso; o, acertando en el precepto, le da un alcance que no tiene. Causal que se configura al margen de todo debate probatoria, porque el casacionista tiene vedado controvertir cuestiones f\u00e1cticas <\/p>\n
Si se alega de error de derecho, se impone al recurrente se\u00f1alar las normas probatorias que, a su juicio, infringi\u00f3 el tribunal, explicando brevemente la forma en que fueron quebrantadas <\/p>\n
El yerro f\u00e1ctico por indebida apreciaci\u00f3n probatoria se estructura si el defecto surge de bulto, haci\u00e9ndose patente la irregularidad en la decisi\u00f3n judicial; de suerte que, cotejado el contenido material de la prueba con la conclusi\u00f3n del fallador, resulta ostensible el error valorativo; siendo necesario, en todo caso, al exteriorizarse un desacierto de tal naturaleza, evidenciar, de manera espec\u00edfica, que se omiti\u00f3 estimar una prueba concretamente identificada, o se tergivers\u00f3 irrazonablemente su objetividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la valoraci\u00f3n suasoria propuesta por el recurrente ha de ser la \u00fanica admisible, considerando la autonom\u00eda con que cuentan los jueces de instancias en ese ejercicio comprobatorio, para obtener el convencimiento decisional; tarea que solo puede cuestionarse ante una abierta y relevante equivocaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De las acciones de grupo <\/p>\n
El art\u00edculo 88 de la Carta Pol\u00edtica asign\u00f3 al legislador regular las acciones que se originan en los da\u00f1os ocasionados a un n\u00famero plural de personas. De ah\u00ed que la Ley 472 de 1998, en sus art\u00edculos 3\u00ba y 46, definiera las acciones de grupo como \u00abaquellas acciones interpuestas por un n\u00famero plural o un conjunto de personas que re\u00fanen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origin\u00f3 perjuicios individuales para dichas personas. La acci\u00f3n de grupo se ejercer\u00e1 exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnizaci\u00f3n de los perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Al tenor del art\u00edculo 46, ibidem, su procedencia se viabiliza si a un conjunto numeroso de personas, que est\u00e9n en situaciones semejantes, se les ocasiona un agravio por la vulneraci\u00f3n de un derecho, sea difuso, colectivo o individual, de estirpe constitucional, legal o contractual. (CSJ SC 22 Abr, 2009, rad\uff0e2000-00624-01, reiterada en SC016-2018, rad. 2011-00675-01) <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional9 ha entendido que la afectaci\u00f3n resultante de circunstancias comunes justifica un trato procesal unitario. Y aunque la responsabilidad se tramita colectivamente, las reparaciones concretas, en l\u00ednea de principio, se realizan en un plano individual. Por eso, se ha dicho que la acci\u00f3n de grupo es de car\u00e1cter resarcitorio, puesto que se dirige a reparar da\u00f1os por la infracci\u00f3n de derechos subjetivos, que pueden ser valorados patrimonialmente; adem\u00e1s, es de naturaleza principal, ya que, no obstante existir otros medios de defensa judicial, puede interponerse para logar la indemnizaci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, se ha indicado que la preexistencia del grupo al momento de materializarse el da\u00f1o, no constituye un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de grupo. Tampoco, la integraci\u00f3n del grupo por lo menos con veinte personas, puede erigirse en talanquera para presentar la demanda, puesto que no se exige que todo el conjunto concurra para la formulaci\u00f3n de dicho acto procesal, considerando que, seg\u00fan el art\u00edculo 48, ejusdem, es suficiente que el accionante represente a los dem\u00e1s sujetos afectados por el hecho da\u00f1oso, pues la \u00fanica condici\u00f3n, para el efecto, a tono con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 52, idem, es que se identifiquen en la demanda por lo menos veinte de los miembros que integran el grupo lesionado, o expresar los criterios que faciliten al juez identificarlos. <\/p>\n
Es por eso que no puede tenerse como un presupuesto para la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la determinaci\u00f3n del grupo con por lo menos veinte personas, dado que eso solo es un requisito para admitir la demanda, que, al no cumplirse, da lugar a su inadmisi\u00f3n y consecuente rechazo, si no se subsana. <\/p>\n
Asimismo, previene el art\u00edculo 47 del cuerpo legal en cita que \u00ab[s]in perjuicio de la acci\u00f3n individual que corresponda por la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, la acci\u00f3n de grupo deber\u00e1 promoverse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la fecha en que se caus\u00f3 el da\u00f1o o ces\u00f3 la acci\u00f3n vulnerante causante del mismo\u00bb. <\/p>\n
Disposici\u00f3n interpretada por esta Sala, as\u00ed: <\/p>\n
Dos son, pues, los supuestos contemplados en la norma, como punto de partida para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad all\u00ed previsto: de un lado, la fecha de causaci\u00f3n del perjuicio; y, de otro, aqu\u00e9lla en que cese el hecho generador de la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Desde ya, debe destacarse que mientras la primera de tales prerrogativas est\u00e1 asentada en el da\u00f1o, la segunda se finca en la conducta que lo produce, pautas legislativas que, por ser las que establecen la diferencia entre dichas alternativas, no pueden confundirse. <\/p>\n
De aqu\u00ed se sigue que cuando la norma habla de \u201cla fecha en que se caus\u00f3 el da\u00f1o\u201d (se subraya), no est\u00e1 aludiendo a la ocurrencia del hecho que lo genera, porque ello equivaldr\u00eda a hablar de la conducta da\u00f1osa, que es el factor distintivo de la otra opci\u00f3n, como ya se dijo y adelante se reitera, sino al momento en el que se consolid\u00f3 el da\u00f1o, entendido en sentido jur\u00eddico, esto es, como atr\u00e1s se defini\u00f3, es decir, al da\u00f1o resultado, o al da\u00f1o efectivamente producido a la v\u00edctima, independientemente del tiempo transcurrido para ello. <\/p>\n
Y que la menci\u00f3n a \u201cla acci\u00f3n vulnerante causante del mismo\u201d, que el comentado precepto contempla en su segunda parte, identifica, conforme su literalidad, la conducta da\u00f1osa desarrollada por la persona se\u00f1alada como responsable, ya se trate de una acci\u00f3n o de una omisi\u00f3n, y de que la misma se haya ejecutado en un solo momento o de forma extendida en el tiempo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
6. Sentadas las precedentes bases conceptuales y retornando al art\u00edculo 47 de la Ley 472 de 1998, se arriba a las siguientes conclusiones: <\/p>\n
6.1. Si, como ya se explic\u00f3, la afectaci\u00f3n atr\u00e1s identificada como instant\u00e1nea aflora subsiguientemente a la ocurrencia de la conducta que la provoca, es del caso entender que cuando dicha norma refiere, en su segunda parte, a la cesaci\u00f3n de la \u201cacci\u00f3n vulnerante causante\u201d del da\u00f1o, est\u00e1 aludiendo, necesariamente, a dicho tipo de perjuicio, pues \u00fanicamente en relaci\u00f3n con \u00e9l es que es factible predicar que deja de producirse y que, por lo mismo, se encuentra consolidado, cuando desaparece la causa que lo genera, debido, precisamente, a la inmediatez que existe entre uno y otra. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, cabe a\u00f1adir que, por consiguiente, la finalizaci\u00f3n de la circunstancia f\u00e1ctica generante del da\u00f1o, marca a la vez el momento a partir del cual la v\u00edctima est\u00e1 habilitada para accionar judicialmente su reparaci\u00f3n, lo que explica por qu\u00e9, en trat\u00e1ndose de esta clase perjuicio -instant\u00e1neo-, la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad empieza cuando \u201cces[a] la acci\u00f3n vulnerante causante del mismo\u201d. <\/p>\n
6.2. Todo cambia frente a los da\u00f1os diferido y continuado. <\/p>\n
Si el perjuicio no aflora, o no se consolida completamente, una vez ocurre la conducta que lo motiva, resulta evidente que la realizaci\u00f3n o cesaci\u00f3n de \u00e9sta, resulta indiferente para establecer si procede o no la reclamaci\u00f3n judicial dirigida a obtener su reparaci\u00f3n, pues con todo y que ella no se siga produciendo, la v\u00edctima no estar\u00eda habilitada para promover el proceso dirigido a ese fin, en tanto que seguir\u00eda faltando el elemento estructural m\u00e1s importante de toda responsabilidad civil, cual es, como igualmente ya se registr\u00f3, el da\u00f1o. <\/p>\n
Por eso, en frente de estas clases de perjuicio, debe arrancarse, como en efecto lo decidi\u00f3 el legislador, de un moj\u00f3n diferente: \u201cla fecha en que se caus\u00f3 el mismo\u201d, expresi\u00f3n con la que se quiso significar, seg\u00fan ya se dijo, el da\u00f1o \u201cefectivamente producido\u201d o consolidado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, imp\u00f3nese distinguir: <\/p>\n
6.2.1. En el caso del perjuicio diferido, la caducidad se contar\u00e1 a partir de la fecha en la que se manifiesta. <\/p>\n
6.2.2. Y trat\u00e1ndose del continuo, esto es, se reitera, del que se consolida con el paso del tiempo, habr\u00e1 de esperarse su cabal configuraci\u00f3n. Es que solamente ocurrida \u00e9sta, el perjuicio se concreta y, por ende, la v\u00edctima puede solicitar su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, si no es factible saber cu\u00e1ndo el perjuicio habr\u00e1 de detenerse, en tanto que en cualquier momento puede volver a manifestarse, la l\u00f3gica indica que corresponder\u00e1 al afectado determinar en qu\u00e9 momento demanda, de donde ser\u00e1 en relaci\u00f3n con el da\u00f1o reclamado, que debe establecerse la ocurrencia de su \u00faltima exteriorizaci\u00f3n, momento de inicio del t\u00e9rmino de caducidad analizado. (SC016-2018, rad. 2011-00675-01). <\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n de los cargos <\/p>\n
De entrada, se advierte que ninguna de las censuras planteadas por la sociedad recurrente, cuenta con vocaci\u00f3n de \u00e9xito, como pasa a explicarse: <\/p>\n
3.1. En el cargo primero la recurrente, bajo el ropaje de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, acus\u00f3 al Tribunal por no mirar \u00abel poder otorgado por Jair Armando S\u00e1nchez Puerto (\u2026) quien s\u00f3lo actu\u00f3 en su condici\u00f3n de representante legal y administrador de la Agrupaci\u00f3n Villa Santorini PH, y en esa calidad \u00fanica otorg\u00f3 poder a la doctora \u00c1ngela Consuelo Arrubla para formular la acci\u00f3n de grupo. La propiedad horizontal actu\u00f3, pues, en nombre propio. En efecto, en ese poder no se manifiesta en parte alguna actuar en representaci\u00f3n de los 231 propietarios que \u201cintegran la acci\u00f3n\u201d, como luego se dice en el libelo subsanado. Y ninguno de esos propietarios ratific\u00f3 o particip\u00f3 en la acci\u00f3n de grupo\u00bb. <\/p>\n
Lo que realmente se observa es que, en \u00faltimas, la casacionista cuestiona la indebida representaci\u00f3n de los demandantes para actuar en el proceso, asunto que podr\u00eda alegarse por la causal quinta de casaci\u00f3n -sobre la base de no haberse saneado- pero, en todo caso, es el afectado a quien corresponde invocarlo, es decir, a aqu\u00e9l que no fue representado en debida forma; condici\u00f3n que no recae en la impugnante. <\/p>\n
En un caso similar al aqu\u00ed examinado, la Corte sostuvo: <\/p>\n
Todo lo hasta ahora dicho, en consecuencia, para dejar sentado que la parte demandada -recurrente en casaci\u00f3n-, carece de legitimaci\u00f3n en la causa para proponer la nulidad de lo actuado por indebida representaci\u00f3n de su contraparte, porque en el supuesto de asumir como cierto el irregular apoderamiento, los \u00fanicos interesados para denunciarlo como vicio sancionable por nulidad ser\u00edan, a no dudarlo, la cedente de los derechos Cootransgiron, o el cesionario Wilson Rueda. Y es que aqu\u00ed aplica, en toda regla, lo que en un asunto semejante dijo la Corte: \u00aben tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, \u00e9sta no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para impetrar la nulidad [\u2026] Y, menos a\u00fan, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el proceso\u00bb. (CSJ SC de 8 de mayo de 1992, G.J. t. CCXVI, p\u00e1g. 315, citada en SC1838-2021, rad. 1999-00273-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que la advertida deficiencia t\u00e9cnica del cargo sea suficiente para frustrar su prosperidad. <\/p>\n
Pero, al margen de esa falencia formal, el cuestionamiento tampoco puede salir avante, como quiera que, al subsanarse la demanda, la abogada de los demandantes expresamente indic\u00f3 actuar \u00aben calidad de apoderada especial de JAIR ARMANDO S\u00c1NCHEZ PUERO (\u2026) quien act\u00faa en representaci\u00f3n de legal y como administrador 317 unidades privadas correspondientes a la AGRUPACI\u00d3N VILLA SANTORINI PH\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se relacion\u00f3 la \u00abinformaci\u00f3n de 231 propietarios que integran la acci\u00f3n\u00bb, distingui\u00e9ndose cada inmueble, nombre del due\u00f1o y n\u00famero documento de identidad; personas que, seg\u00fan los hechos y pretensiones, sufrieron perjuicios individuales y en cuyo favor se solicit\u00f3 condenar a las demandadas. <\/p>\n
De ese modo, se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el art\u00edculo 48 de la Ley 472 de 1998, especialmente en su inciso primero, que habilita presentar acciones de grupo a las personas naturales o morales que han sufrido un perjuicio individual; as\u00ed como en su par\u00e1grafo que dispone que \u00ab[e]n la acci\u00f3n de grupo el actor o quien act\u00fae como demandante, representa a las dem\u00e1s personas que hayan sido afectada individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acci\u00f3n, ni haya otorgado poder\u00bb; previsiones normativas que, a decir de la jurisprudencia constitucional, respaldan la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los aqu\u00ed demandantes, al \u00abfacultar a cualquier persona -natural o jur\u00eddica- afectada con el da\u00f1o, para acudir a la acci\u00f3n de grupo y reclamar, en representaci\u00f3n de los dem\u00e1s sujetos perjudicados individualmente por los hechos vulnerantes, la totalidad de los perjuicios ocasionados al grupo\u00bb.10 <\/p>\n
3.2. El cargo segundo, fundado en la v\u00eda directa, no corre con mejor suerte, considerando que la recurrente intenta imponer su propio criterio, por no compartir la decisi\u00f3n del ad quem ni la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en la que se sustent\u00f3 la sentencia de segunda instancia; razonamiento que no tiene cabida en esta senda excepcional. (CSJ SC1413-2022, rad. 2018-00120-01). <\/p>\n
V\u00e9ase que la casacionista dice que \u00ab[e]l Tribunal tuvo como soporte para descartar la consolidaci\u00f3n de la caducidad propuesta por la parte demandada, la sentencia de casaci\u00f3n SC016-2018 del 24 de enero de 2018, rad. n.\u00b0 11001- 31-03-010-2011-00675-01, en la que, en el marco de un asunto referido a la indemnizaci\u00f3n perseguida por perjudicados mediante la v\u00eda procesal de la acci\u00f3n de grupo, ofreci\u00f3 una interpretaci\u00f3n del mentado art\u00edculo 47 [de la ley 472 de 1998], de la que, con todo respeto, discrepo y pido que, rectific\u00e1ndola, acoja la Sala la que propongo y que sirve de fundamentaci\u00f3n al presente cargo\u00bb. <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n que carece de idoneidad para casar el fallo recurrido, por cuanto la impugnante no prob\u00f3 la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n normativa que atribuye al juzgador de segundo orden, pese a ser de su resorte tal carga demostrativa, al acusar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, debiendo, entonces, centrarse en evidenciar que el Tribunal le asign\u00f3 a la disposici\u00f3n que se dice violada, unos efectos que no posee, \u00abpara lo cual es preciso justificar la forma como se present\u00f3 tal desfiguraci\u00f3n normativa\u00bb. (CSJ SC276-2023, Rad. 2018-01217-02). <\/p>\n
Es que realmente el reproche se enfil\u00f3 a revelar la disparidad entre la opini\u00f3n que tiene la impugnante sobre la caducidad de la acci\u00f3n de grupo, y la forma como el juzgador de segundo orden comput\u00f3 el t\u00e9rmino extintivo, para sentar aqu\u00e9lla su posici\u00f3n personal; a pesar de que el ad quem finc\u00f3 su fallo en la sentencia SC016-2018, descart\u00e1ndose, as\u00ed, un yerro interpretativo; por el contrario, ajust\u00f3 su hermen\u00e9utica a las directrices jurisprudenciales de esta Sala. <\/p>\n
Con todo, no se avista el dislate enrostrado al juzgador de segunda instancia por la manera como cont\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad, para confirmar el fracaso de la excepci\u00f3n orientada a declarar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que el da\u00f1o constructivo materia del litigio tiene el car\u00e1cter de continuo, connotaci\u00f3n que se desprende los siguientes testimonios t\u00e9cnicos, que dieron cuenta de su prolongaci\u00f3n en el tiempo: <\/p>\n
En primer lugar, se cuenta con la declaraci\u00f3n de J\u00e9naro Echeverri Marulanda, quien dijo ser ingeniero estructural y de contenci\u00f3n, y haber tenido contrato de asesor\u00eda con Master Building S.A.S., desempe\u00f1\u00e1ndose como asesor t\u00e9cnico y estructural de la constructora; afirm\u00f3 que conoci\u00f3 la obra en 2016, que se le llam\u00f3 para emitir concepto sobre fisuras en la plataforma de las zonas comunes y en un muro de cerramiento. <\/p>\n
A su turno, Luis Enrique Aycardi Fonseca, quien dijo ser ingeniero civil, dedicado al tema de la infraestructura, y al ped\u00edrsele que relatara lo que supiera sobre los da\u00f1os para el a\u00f1o 2012, manifest\u00f3: \u00abYo trabaj\u00e9 con la firma PCA, firma dise\u00f1adora estructural del conjunto, y, personalmente, estuve involucrado en el dise\u00f1o del proyecto Villa Santorini. Duarante la construcci\u00f3n, participamos en asesor\u00eda y despu\u00e9s de que se entregaron los inmuebles, se presentaron algunas fisuras y algunos detalles en las estructuras, visitamos la obra varias veces. Recientemente, fui invitado a mirar nuevamente el estado en el que estaba la estructura (\u2026). Realic\u00e9 visitas al sitio, los da\u00f1os que existen en la plazoleta y zona de parqueadero son los mismos que se presentaron hace 6, 7 a\u00f1os, que, desafortunadamente, no fueron atendidos en su momento y, con el paso del tiempo, han ido deterior\u00e1ndose y hay algunas afectaciones que deben ser atendidas prontamente\u00bb.12 <\/p>\n
Esas declaraciones, coherentes y responsivas, rendidas por profesionales que tuvieron contacto directo con las obras sobre las que recae la reclamaci\u00f3n aqu\u00ed ventilada, permiten concluir que, para la \u00e9poca de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de grupo, esto es, 3 de octubre de 2017, no se hab\u00eda cristalizado la caducidad de que trata el art\u00edculo 47 de la Ley 472 de 1998, por cuanto se\u00f1alaron que esos deterioros en la construcci\u00f3n, originados en el a\u00f1o 2012, aun persist\u00edan en el a\u00f1o 2016, seg\u00fan Echeverri Marulanda, y \u00abrecientemente\u00bb, seg\u00fan Aycardi Fonseca, quien dio su testimonio el 24 de enero de 2020; fen\u00f3meno extintivo que claramente no se estructur\u00f3 porque, en palabras de esta Sala, \u00abtrat\u00e1ndose del [da\u00f1o] continuo, esto es, se reitera, del que se consolida con el paso del tiempo, habr\u00e1 de esperarse su cabal configuraci\u00f3n. Es que solamente ocurrida \u00e9sta, el perjuicio se concreta y, por ende, la v\u00edctima puede solicitar su reparaci\u00f3n. De suyo, entonces, el t\u00e9rmino de caducidad se computar\u00e1 desde la fecha de su \u00faltima exteriorizaci\u00f3n\u00bb. (SC016-2018, rad. 2011-00675-01). <\/p>\n
3.3. En el cargo tercero, estructurado por la v\u00eda indirecta, -que parte de la cr\u00edtica resuelta en p\u00e1rrafos precedentes a la consideraci\u00f3n del da\u00f1o continuado en la configuraci\u00f3n de la caducidad de la acci\u00f3n- tambi\u00e9n se advierten deficiencias de forma, en cuanto que se trae un argumento novedoso no debatido en las instancias, consistente en que el fallador ad quem se equivoc\u00f3 al omitir utilizar sus poderes oficiosos en materia probatoria, para establecer que una parte del monto del perjuicio deb\u00eda asumirse por el extremo demandante, al haber impedido el ingreso a los demandados para continuar con la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la aqu\u00ed recurrente ni al contestar la demanda, ni en sus escritos de apelaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la alzada, present\u00f3 cuestionamiento dirigido a la reducci\u00f3n del valor indemnizatorio reclamado, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil; planteamiento improcedente en sede extraordinaria, por contravenir el derecho de defensa de la contraparte, al ser sorprendida con argumentos que no pudo refutar en la fase procedimental correspondiente, adem\u00e1s de comportar una deslealtad con la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que los juzgadores no pudieron estudiarla oportunamente. (SC3463-2022, rad. 2015-00292-01). <\/p>\n
Sobre esa tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
[P]ara esta Sala es in\u00e9dita la censura que en esta oportunidad se plantea, por lo que no se satisfacen las exigencias t\u00e9cnicas del recurso de casaci\u00f3n al no haber sido revelada durante las instancias ordinarias. As\u00ed, pues, el reparo se constituye como un \u00abmedio nuevo\u00bb, el cual debe rechazarse. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00ab(\u2026) admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u00bb (Negritas deliberadas, CSJ SC1732-2019, citada en SC2779-2020 y AC810-2022). (SC313-2023, rad. 2016-00162-01) <\/p>\n
Entonces, no siendo un punto discutido en las etapas procesales pertinentes, resulta inviable su an\u00e1lisis en casaci\u00f3n, as\u00ed como su demostraci\u00f3n con pruebas decretadas de manera oficiosa, seg\u00fan el pedimento de la casacioncita, porque los poderes conferidos al juzgador en esa materia, por los art\u00edculos 42 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, se encaminan a \u00abverificar los hechos alegados por las partes\u00bb y se deben ejercer si los medios de convicci\u00f3n son necesarios \u00abpara esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb. <\/p>\n
Sin que sea de recibo la afirmaci\u00f3n de la sociedad impugnante referente a que el Tribunal \u00abno le otorga ninguna consecuencia jur\u00eddica\u00bb al hecho de que no fue posible reparar el da\u00f1o continuado constatado desde 2013, \u00abpor la renuencia de la copropiedad, que impidi\u00f3 que entrasen los demandados al edificio\u00bb ya que, de un lado, ese aspecto no fue motivo de reparo en la apelaci\u00f3n formulada, ante el a quo, por la aqu\u00ed recurrente, para los fines del art\u00edculo 320 y exigencias del art\u00edculo 322, numeral 3, ambos del C\u00f3digo General del Proceso; y, del otro, porque esa inconformidad elevada por Grupo Inmobiliario y Constructor Uno S.A.S., fue despachada desfavorablemente por el ad quem, al se\u00f1alar que \u00abla funcionaria de primer grado, en el p\u00e1rrafo citado por el abogado, desestim\u00f3 que los demandantes tuvieron incidencia en la producci\u00f3n original del da\u00f1o al no permitir en su momento la intervenci\u00f3n de las fisuras que se estaban presentando. Al respecto, se observa que el apoderado apelante se muestra en desacuerdo con la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n en tal sentido, sin mencionar cu\u00e1l norma sustancial que estima no aplicada o desconocida, alega una eventual violaci\u00f3n sustancial, sin precisar en qu\u00e9 consiste la eximente que estima desatendida y se limita a endilgar a la demandante la imposibilidad de solucionar los inconvenientes, sin precisar o manifestar en qu\u00e9 forma logr\u00f3 acreditar que esa conducta o postura de la actora conllev\u00f3 a una causal eximente de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
4.- Por todo lo previamente expresado, ninguno de los cargos prospera. <\/p>\n
5. Como la decisi\u00f3n es adversa a la recurrente, se le condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 e inciso 5\u00ba del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 708 a 727 Cuaderno Digitalizado (P\u00e1ginas 388 a 421 del pdf) Archivo: 02H\u00edbridoCuadernoPrincipalB201700454.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folios 793 a 798 Cuaderno Digitalizado (P\u00e1ginas 542 a 551 del pdf) Archivo: 02H\u00edbridoCuadernoPrincipalB201700454.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folios 811 a 821 Cuaderno Digitalizado (P\u00e1ginas 578 a 596 del pdf) Archivo: 02H\u00edbridoCuadernoPrincipalB201700454.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folios 884 a 902 Cuaderno Digitalizado (P\u00e1ginas 729 a 764 del pdf) Archivo: 02H\u00edbridoCuadernoPrincipalB201700454.pdf <\/p>\n
6\u0002 Folios 913 a 915 Cuaderno Digitalizado (P\u00e1ginas 785 a 789 del pdf) Archivo: 02H\u00edbridoCuadernoPrincipalB201700454.pdf <\/p>\n
7\u0002 Archivo 12SentenciaPrimera Instancia.pdf <\/p>\n
8\u0002 Archivo: 12SentenciaSegundaInstancia.pdf <\/p>\n
9\u0002 CC Sentencia C-116\/08. <\/p>\n
10\u0002 CC Sentencia C-215\/99, reiterada en Sentencia C-116\/08. <\/p>\n
11\u0002 Min: 24:30. Audiencia del 24 de enero de 2020. Video: CP_0124093047085.wmv <\/p>\n
12\u0002 Min: 41:12. Audiencia del 24 de enero de 2020. Video: CP_0124093047085.wmv <\/p>\n
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SC492-2023 (2017-00454-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente SC492-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-31-03-022-2017-00454-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Master […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77981","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77981"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77981\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}