SC498-2023 (2023-03548-00)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC498-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03548-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur elevada por Melany Garrido Villa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante pidi\u00f3 la homologaci\u00f3n de la sentencia de 27 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Familia de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, en el juicio de adopci\u00f3n de mayor de edad que aquella promovi\u00f3 junto con el se\u00f1or Alberto Ren\u00e9 Garrido Milani. <\/p>\n
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2. La actora adujo, en sustento de sus s\u00faplicas, que no fue reconocida por su padre biol\u00f3gico, sino solo por su progenitora, la se\u00f1ora Mileydi Villa Montoya, quien contrajo matrimonio con el se\u00f1or Garrido Milani el 29 de agosto de 2013, fijando su residencia en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, habiendo cumplido la mayor\u00eda de edad, manifest\u00f3 su voluntad de ser adoptada por el c\u00f3nyuge de su progenitora, pedimento al que accedi\u00f3 el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panam\u00e1 mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, refrendada en sede de consulta a trav\u00e9s de la providencia que es materia del exequatur. <\/p>\n
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3. Por auto de 21 de septiembre de 2023 se admiti\u00f3 la solicitud, prescindiendo de la fase de citaciones, pues la providencia a homologar no fue proferida en un juicio de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
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4. Del escrito de demanda se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que sostuvo que \u00abla demanda de exequatur presentada (…) satisface las exigencias formales previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, por lo cual resulta procedente acceder favorablemente a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
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2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
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1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional (entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza), tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar en un pa\u00eds las decisiones adoptadas por autoridades jurisdiccionales de otro2. Sin embargo, tal soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en territorios diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre esos mecanismos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), siempre que se cumplan ciertas condiciones, establecidas en las leyes procesales. <\/p>\n
\u00ab(…) en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
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2. Ahora bien, adem\u00e1s de esa reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos a una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro requisitos, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
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i. Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
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ii. Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
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iii. Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
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iv. Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
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3. Caso Concreto. <\/p>\n
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1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Si bien las Rep\u00fablicas de Colombia y Panam\u00e1 suscribieron la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, lo cierto es que esta \u00faltima no ha ratificado dicho instrumento internacional3. No obstante, el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado del pa\u00eds vecino (alojado en la p\u00e1gina web de su Asamblea Nacional4, verific\u00e1ndose as\u00ed la formalidad probatoria que prev\u00e9 el canon 177CGP5), prev\u00e9 la posibilidad de reconocer judicialmente la eficacia de resoluciones de divorcio adoptadas en el extranjero, a trav\u00e9s de un procedimiento de homologaci\u00f3n semejante al adoptado por el legislador colombiano. <\/p>\n
As\u00ed lo ense\u00f1a el precedente: <\/p>\n
\u00abEl C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado de Panam\u00e1 establece: \u201cArt\u00edculo 1. El C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado se aplicar\u00e1 cuando no medie tratado internacional que regule la materia. Este C\u00f3digo regula: (\u2026) 3. El reconocimiento y ejecuci\u00f3n de decisiones judiciales extranjeras y laudos arbitrales extranjeros en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 155. Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros que hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada tendr\u00e1n en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos. <\/p>\n
Si no hubiera tratados especiales con el Estado en el que se haya pronunciado la sentencia, esta podr\u00e1 ser ejecutada en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, salvo prueba de que en dicho Estado no se d\u00e9 cumplimiento a las dictadas por tribunales paname\u00f1os, en cuyo caso no tendr\u00e1 fuerza en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 156. Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en pa\u00eds extranjero podr\u00e1 ser ejecutada en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, si no re\u00fane los requisitos siguientes: 1) Que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente, es decir, que no haya conculcado la competencia privativa de los tribunales paname\u00f1os. Se entiende que la competencia sobre bienes inmuebles ubicados en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 es de competencia privativa de los jueces paname\u00f1os; 2) Que la sentencia no haya sido dictada en rebeld\u00eda, entendi\u00e9ndose por tal, para los efectos de este art\u00edculo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado. Es decir, que el proceso evacuado en el extranjero haya cumplido con el principio del contradictorio; 3) Que la sentencia pronunciada por el tribunal extranjero no conculque principio o derechos fundamentales del orden p\u00fablico paname\u00f1o; 4) Que la copia de la sentencia sea autentica y, si fuera el caso, debidamente traducida al idioma espa\u00f1ol. Se entiende por sentencia extranjera objeto del exequatur toda sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada y que en el resorte de su jurisdicci\u00f3n est\u00e9 en firme y no sujeta a recurso alguno\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, el C\u00f3digo Judicial paname\u00f1o contiene disposiciones relativas al reconocimiento y ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras (art\u00edculos 1419 a 1421)6. En virtud de lo anterior, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, en virtud de la aludida reciprocidad legislativa\u00bb (CSJ SC1166-2022). <\/p>\n
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2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad, como la satisfacci\u00f3n de los restantes requerimientos que prev\u00e9 el art\u00edculo 606CGP, an\u00e1lisis que se emprende a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
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i. En la demanda se pidi\u00f3 homologar una sentencia ejecutoriada, dictada en un juicio de familia. Copia de esa providencia, redactada originalmente en idioma castellano, se aport\u00f3 con el lleno de las formalidades legales. <\/p>\n
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ii. No se debate la notificaci\u00f3n o el derecho de contradicci\u00f3n de las partes en el juicio extranjero, pues fue una actuaci\u00f3n de jurisdicci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
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iii. Al tratarse de un juicio de adopci\u00f3n, se colige que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el juicio. <\/p>\n
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iv. Lo decidido por los jueces for\u00e1neos tampoco se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico. Por el contrario, para acceder a la solicitud de adopci\u00f3n, las autoridades paname\u00f1as invocaron el art\u00edculo 54 de la Ley46 de 2013 (\u00abLey general de adopciones de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1\u00bb7), norma que, mutatis mutandis, es asimilable a las previsiones que en materia de adopci\u00f3n de mayores de edad consagra el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia colombiano (Ley 1098 de 2006, art. 69). <\/p>\n
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v. La adopci\u00f3n no es un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, ni se prob\u00f3 que cursara en este pa\u00eds proceso alguno sobre el mismo punto. Y dado que el procedimiento no revisti\u00f3 car\u00e1cter contencioso, resulta innecesario verificar la citaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 606-6CGP. Adem\u00e1s, obra constancia de firmeza de la decisi\u00f3n judicial que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, emitida por una funcionaria habilitante del Poder Judicial de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 (documento debidamente apostillado). <\/p>\n
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4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Reunidos los presupuestos de ley, se homologar\u00e1 la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia de 27 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Familia de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, en el juicio de adopci\u00f3n de mayor de edad promovido por Alberto Ren\u00e9 Garrido Milani (adoptante) y Melany Garrido Villa (adoptiva). <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisi\u00f3n, junto con la providencia homologada, en el registro civil de nacimiento de la se\u00f1ora Melany Garrido Villa (quien figura registrada como Melany Villa Montoya). Secretar\u00eda s\u00edrvase librar las reproducciones y comunicaciones correspondientes. <\/p>\n
TERCERO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Aunque ambas son naciones firmantes de la Convenci\u00f3n Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 no ha ratificado ese instrumento de derecho internacional. <\/p>\n