SC499-2023 (2019-03141-00)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC499-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03141-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Fanny Benavides, frente a la sentencia dictada el 23 de marzo de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo promovido por la ahora recurrente y por Edgar Andr\u00e9s Bello Cantor, Julio Hernando Parra Adame, Mar\u00eda del Carmen Salamanca de Parra, Otoniel Rivera, Ana Felisa Parrado de Rivera y Segundo Sotero P\u00e9rez Mej\u00eda, contra Constructora Apical\u00e1 S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia atacada por esta v\u00eda, se origin\u00f3 en la demanda formulada por Fanny Benavides, Edgar Andr\u00e9s Bello Cantor, Julio Hernando Parra Adame, Mar\u00eda del Carmen Salamanca de Parra, Otoniel Rivera, Ana Felisa Parrado de Rivera y Segundo Sotero P\u00e9rez Mej\u00eda, contra Constructora Apical\u00e1 S.A.S., en calidad de propietarios de algunos inmuebles ubicados en el Conjunto Cerrado Mediterr\u00e1neo ubicado en el Municipio de Carmen de Apical\u00e1 \u2013 Tolima, cuyas pretensiones se enfilaron a que se declarara la nulidad de varias escrituras p\u00fablicas, relacionadas con las reformas al reglamento de propiedad horizontal del mencionado conjunto residencial efectuadas por la demandada. <\/p>\n
2.- La accionada se opuso a las pretensiones y como excepciones de m\u00e9rito aleg\u00f3 \u00abausencia del derecho para demandar este asunto\u00bb, \u00ablegalidad de las escrituras p\u00fablicas\u00bb y \u00abmala fe y temeridad de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo en sentencia del 10 de octubre de 2016, neg\u00f3 las s\u00faplicas, porque estim\u00f3 que los accionantes carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, toda vez que el ejercicio de la acci\u00f3n promovida \u00abse encuentra reservado por ley, exclusivamente al administrador, por hacer relaci\u00f3n a actos propios o que est\u00e1n dentro del giro de sus actividades. De suerte que, la titularidad de la acci\u00f3n incoada no descansa en los copropietarios del Conjunto P.H., sino en el administrador de la propiedad horizontal\u00bb <\/p>\n
4.- Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el Superior el 13 de diciembre de 2016 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, pero por razones diferentes. <\/p>\n
Al analizar los reparos de los apelantes relacionados con su legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n de nulidad de las escrituras p\u00fablicas, el sentenciador de segunda instancia acot\u00f3 que, conforme a los estatutos del Conjunto Cerrado Mediterr\u00e1neo, si llegare a sobrevenir la circunstancia de quedarse sin administrador la administraci\u00f3n provisional, la tendr\u00eda, precisamente la Constructora Apical\u00e1 aqu\u00ed demandada1. Agreg\u00f3, que los demandantes Edgar Andr\u00e9s Bello Cantor, Julio Hernando Parra Adames, Mar\u00eda del Carmen Salamanca de Parra, Otoniel Rivera, Ana Felisa Parrado de Rivera y Segundo Sotero P\u00e9rez Mej\u00eda, de conformidad por los certificados de matr\u00edcula inmobiliaria obrantes en el expediente, aparecen inscritos como titulares del derecho real de dominio sobre algunos bienes que integran la copropiedad, por lo que s\u00ed estaban legitimados para promover la acci\u00f3n, precisando2: <\/p>\n
Ello, eso s\u00ed, con la advertencia que la se\u00f1ora Fanny Benavides no acredit\u00f3 de ninguna manera la condici\u00f3n de propietaria del lote 1 manzana 1 del referido conjunto. Y cu\u00e1l es la acreditaci\u00f3n cuando uno pretende que se tenga como due\u00f1o de una propiedad, es con la formalidad prescrita Precisamente en la Norma, que es por la escritura p\u00fablica debidamente inscrita o el certificado de tradici\u00f3n, lastimosamente brilla por su ausencia en el plenario tal documento, por tanto, la se\u00f1ora Fanny Benavides no ten\u00eda legitimaci\u00f3n para incoar la presente demanda. <\/p>\n
Sin embargo, las otras personas para la sala s\u00ed la tienen. La que se deduce precisamente de ser titulares de los lotes de la manzana 1 del conjunto cerrado mediterr\u00e1neo (\u2026). <\/p>\n
Verificada la legitimaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los accionantes, procedi\u00f3 a estudiar la viabilidad de declarar la nulidad absoluta. En esa direcci\u00f3n, consider\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los demandantes quieren encuadrar unas causales de nulidad absoluta que no tienen cabida en la normativa que establece sobre el tema el C\u00f3digo Civil. Han protestado que la constructora aqu\u00ed demandada cambi\u00f3 la designaci\u00f3n de los predios que hab\u00edan adquirido para vivienda para uso mixto y en ello fundamentan uno de los motivos de la nulidad absoluta de las escrituras que reformaron el reglamento propiedad horizontal, alegando entonces causa il\u00edcita. <\/p>\n
Empero, si miramos bien las cosas su objeci\u00f3n nada tiene que ver con los m\u00f3viles que impulsaron a la modificaci\u00f3n del estatuto, los cuales son ciertos, ajustados a la ley, respetuosos del orden p\u00fablico, puesto que el legislador del art\u00edculo s\u00e9ptimo de la Ley 675 del 2001 posibilit\u00f3 que cuando un conjunto se desarrolle por etapas, como es el conjunto cerrado Mediterr\u00e1neo, la escritura de constituci\u00f3n debe prever e indicar esas circunstancias que lo ser\u00e1n por etapas y regular dentro de su contenido el r\u00e9gimen general del mismo la forma como se van a integrar las restantes etapas o las etapas siguientes lo cual debe hacerse mediante escrituras adicionales no hay otra forma. <\/p>\n
Ello se consagr\u00f3 expresamente en la escritura p\u00fablica constitutiva del reglamento en donde se previ\u00f3 la forma en que se integrar\u00edan las etapas 3 y 4 del conjunto y, lo que es principal y medular en este asunto, el sometimiento de los futuros propietarios de las etapas 1 y 2, y recu\u00e9rdese que los demandantes son propietarios de la etapa uno, a la forma de integraci\u00f3n y dem\u00e1s estatutos de la copropiedad. (\u2026) <\/p>\n
Esas estipulaciones de la escritura de constituci\u00f3n de la propiedad horizontal y no otros, fueron los motivos que llevaron a la constructora Apical\u00e1 SAS a otorgar la escritura p\u00fablica 4363 del 18 de noviembre del 2010, para integrar la etapa 3 y extender la 4840 de 2010, que la aclar\u00f3 y complement\u00f3 y finalmente suscribir la 1988 del 27 de junio del 2013 que integr\u00f3 la \u00faltima etapa 4, todas autorizadas por el Notario 11 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 <\/p>\n
Dichos actos tuvieron como causa determinante integrar lo que estaba faltando al conjunto que de manera antelada se hab\u00eda previsto de ese modo del primigenio reglamento y como emerge de los referidos instrumentos p\u00fablicos sin que los demandantes hubieran cumplido con la carga de probar lo contrario. <\/p>\n
Por tanto, si la objeci\u00f3n de los demandantes es que no pod\u00eda integrarse un lote como comercial o cambiar el destino del uso del bien a mixto, el problema en gracia de la discusi\u00f3n concernir\u00eda a estas caracter\u00edsticas del objeto sobre el que recaiga el contrato, pero no a la causa, sin que pueda buscarse la ilicitud de esta en la supuesta infracci\u00f3n de las normas que establecen los requisitos para reformar el reglamento de propiedad horizontal, no solo porque las leyes autorizan al propietario inicial a integrar las dem\u00e1s etapas de la Urbanizaci\u00f3n mediante escrituras adicionales, sino tambi\u00e9n porque los propietarios aqu\u00ed demandantes conoc\u00edan esa situaci\u00f3n, la cual estaba contenida en la Escritura 5255 del 11 de noviembre del 2008 de constituci\u00f3n de reglamento de propiedad horizontal, reglamentos que por expresa previsi\u00f3n, precisamente, de las normas que rigen las propiedades horizontales, hacen parte integral de todas y cada una de las escrituras de venta de las unidades inmobiliarias independientes que, inclusive, conforme al Decreto Ley 960 del 70 Estatuto de Notariado, tiene que ser protocolizada la parte pertinente de estos reglamentos con cada escritura de venta individual, precisamente, para que la parte que se va a someter a vivir en un conjunto sepa las obligaciones y derechos que tiene al adquirir una propiedad por este modo3. <\/p>\n
En consecuencia, es dable afirmar que la constituci\u00f3n del reglamento objeto del presente proceso, protocolizada en la escritura 4363 del 18 de noviembre del 2010, la escritura 4840 del 20 de diciembre de 2010 y la 1988 de 27 de junio del 2013, no hace m\u00e1s que dar cumplimiento una obligaci\u00f3n impuesta por la ley en el art\u00edculo s\u00e9ptimo de la Ley 675 del 2001 por parte de la constructora demandada y autorizada de manera antelada en la escritura 5255 de 2008 que solemniz\u00f3 la copropiedad. <\/p>\n
(\u2026) para abarcar otro punto de la apelaci\u00f3n no encuentra tampoco la sala error en la sumatoria de las propiedades, porque all\u00ed dice es que ya estaba vendido m\u00e1s del 70% y entonces ten\u00edan que haber citado una asamblea para efectos de haber protocolizado esas reforma, tampoco le asiste raz\u00f3n en este argumento, porque es que antes del 18 de noviembre del 2010 que es el moj\u00f3n o hito temporal que tenemos que mirar para saber si deb\u00eda convocarse o no a la totalidad de los propietarios porque esa fue la fecha de constituci\u00f3n de la escritura 4363 del 18 de noviembre del 2010, atacada de nulidad absoluta para efectuar las correspondientes reformas contenidas en la 44363, para aquella calenda seg\u00fan ese estado arroj\u00f3 43 predios escriturados solamente, que corresponder\u00edan en suma de acuerdo a los coeficientes que se hacen en la escritura un total de 67,745% de la totalidad de la copropiedad, por lo que tampoco se hab\u00eda superado el 70% del porcentaje requerido para convocar a la asamblea a que alude el recurrente. <\/p>\n
Las dem\u00e1s inconformidades como las modificaciones introducidas o la devoluci\u00f3n de expensas ordinarias pretendida, que entre otras cosas no tienen nada que ver con el proceso de nulidad absoluta de una escritura p\u00fablica no son vicios generadores de tal nulidad pudiendo ser demandados a trav\u00e9s de otros mecanismos, que en todo caso no ser\u00eda por esta cuerda procesal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la inexistencia de causa de nulidad absoluta para invalidar las reformas mencionadas al conjunto cerrado mediterr\u00e1neo, las pretensiones de la demanda estaban llamadas al fracaso. <\/p>\n
Por consiguiente, la Providencia apelada ser\u00e1 confirmada, pero por razones diferentes a las que motivaron a la funcionaria de primera instancia a denegar las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
La se\u00f1ora Fanny Benavides formul\u00f3 recurso de revisi\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de segunda instancia, con soporte en las causales sexta y primera del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, referidas, en su orden, a \u00ab[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb, y \u00ab[h]aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
El sustrato f\u00e1ctico que sustenta la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se concreta a lo siguiente: <\/p>\n
1.- Asegur\u00f3 la impugnante que la sexta causal de revisi\u00f3n se configura, por cuanto, de manera extra\u00f1a, del expediente de primera instancia, desapareci\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad que la acreditaba como propietaria, en el cual se soportaba su legitimaci\u00f3n por activa, y en su reemplazo se anex\u00f3 un certificado diferente que corresponde a otro demandante. <\/p>\n
Toda la documental exigida en el art\u00edculo 84 del C\u00f3digo General del Proceso, incluyendo los certificados de libertad de los bienes, que era la prueba de la calidad en la que intervendr\u00edan las partes, fueron debidamente allegadas con la demanda y analizada por el Juzgado 40 Civil de Circuito de Bogot\u00e1 para su admisi\u00f3n; despacho que, igualmente, la tuvo en cuenta en la audiencia realizada conforme a los art\u00edculos 372 y 373 ibidem con el saneamiento del proceso, y en el fallo de primera instancia refiri\u00f3 que, \u00abla legitimaci\u00f3n de las partes mediante el auto admisorio (14 de abril de 2015) que \u201chab\u00eda sido revocado\u201d y que \u201ccontinuaba con los dem\u00e1s promotores\u201d-demandantes-, decisi\u00f3n que qued\u00f3 en firme. Situaci\u00f3n que qued\u00f3 corroborada en el folio siguiente (487) donde refiere que se concluye que los demandantes \u201cquienes en su calidad de copropietarios, conforme se acredita con los certificados de tradici\u00f3n y libertad obrantes a folio 210 a 219. y seg\u00fan lo reglado en el art. 49 de la Ley 675 de 2001, est\u00e1n legitimados para demandar\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en audiencia de julio 22 de 2015 qued\u00f3 grabado que ni el despacho ni las partes observaron alguna causal de nulidad y que se le recibi\u00f3 interrogatorio a la se\u00f1ora Fanny Benavides en su calidad de propietaria de inmueble. <\/p>\n
En esas condiciones, es claro que hubo maniobra fraudulenta con el \u00e1nimo de buscar que a la recurrente se la desconociera su legitimaci\u00f3n en la causa y con ello limitarla en el ejercicio de su defensa, por lo que el Tribunal incurri\u00f3 en error al proferir su fallo \u00absobre unos hechos no ajustados a la realidad, pues a m\u00e1s de declararla sin legitimaci\u00f3n falla diciendo que la Constructora Apical\u00e1 pod\u00eda reformar las escrituras p\u00fablicas demandadas, cuando la realidad es que estaba limitada a ello parcialmente, pues los reglamentos internos de copropiedad s\u00f3lo pueden ser reformados en una asamblea de copropietarios\u00bb. <\/p>\n
Como el Tribunal decret\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en causa de Fanny Benavides para demandar, \u00abcon ello se gener\u00f3 una nulidad de todo lo actuado desde antes de la admisi\u00f3n de la demanda de primera instancia, seg\u00fan lo contemplado en el art. 133 numeral 4 del C.G.P. y que es en este recurso de revisi\u00f3n seg\u00fan el art. 132 del C.G.P. donde el mismo se debe resolver su control de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2.- Para la recurrente, se configura la causal primera de revisi\u00f3n, por cuanto la se\u00f1ora Fanny Benavides tiene su certificado de matr\u00edcula inmobiliaria 366-41495 donde figura como propietaria del inmueble casa 1 Etapa Santorini en el Conjunto Cerrado Mediterr\u00e1neo, expedido el 25 de agosto de 2014, que es una de las fechas de los dem\u00e1s certificados y poderes allegados con la demanda. <\/p>\n
Como en forma sorpresiva el Tribunal manifest\u00f3 no encontrar dicho documento de tradici\u00f3n en el expediente sin dar traslado de esa decisi\u00f3n a su apoderado para que se manifestara al respecto, en ese momento aqu\u00e9l no pudo allegarlo al no contar con copias del mismo ni tener conocimiento de su \u00abextra\u00f1a inexistencia o desaparici\u00f3n\u00bb, dado que dicha documental fue aportada como medio probatorio con la demanda. <\/p>\n
Por lo anterior, es esta \u00abla \u00fanica oportunidad que tiene la recurrente a trav\u00e9s de este recurso de revisi\u00f3n para presentar dicho documento y con ello mostrar que s\u00ed contaba con legitimaci\u00f3n en causa para demandar y con ello habr\u00eda variado la decisi\u00f3n contenida en el fallo emitido por dicha sala\u00bb; con la aceptaci\u00f3n del referido documento en esta sede, se le devolver\u00e1n sus derechos y as\u00ed, \u00abvariar la decisi\u00f3n para que desde la primera instancia se reanude todo el proceso que qued\u00f3 nulo (y as\u00ed debe ser decretado) dada la falta de ese documento seg\u00fan lo refiri\u00f3 el mismo Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3.- En consecuencia, se pide declarar la nulidad de la sentencia proferida por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2017, por la causal \u00abconsistente en indebida representaci\u00f3n de alguna de las partes en virtud a lo fallado por dicho Tribunal al declarar a la se\u00f1ora FANNY BENAVIDES sin legitimaci\u00f3n para demandar, nulidad comprendida en el art\u00edculo 133, numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, y adem\u00e1s, declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado 40 Civil de Circuito de Bogot\u00e1 el 10 de octubre del a\u00f1o 2016 hasta la admisi\u00f3n de la demanda, por la misma causal y se anulen tambi\u00e9n las condenas en costas a cargo de la parte demandante. <\/p>\n
4.- Tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n <\/p>\n
4.1.- Mediante auto del 7 de julio de 2021, se admiti\u00f3 la demanda contentiva del medio de impugnaci\u00f3n y se dispuso correr traslado tanto a la convocada como a quienes fueron demandantes en el proceso en el que se profiri\u00f3 el fallo combatido4. <\/p>\n
4.2.- Constructora Apical\u00e1 SAS contest\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n5, se opuso a lo pretendido y, en t\u00e9rminos generales, adujo que la recurrente no demostr\u00f3 que esa sociedad hubiese actuado con dolo y que \u00abno basta con afirmar la ausencia del documento, sino que es necesario establecer el invocado fraude, llevando esta situaci\u00f3n a pensar que lo m\u00e1s posible es que a la parte actora se le hubiere traspapelado el documento, que por lo pronto en el texto de la demanda cometi\u00f3 el grav\u00edsimo error de no haber citado el respectivo documento en las pruebas por su n\u00famero de identificaci\u00f3n o matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) Es iluso pensar que a mi mandante le interesara la inexistencia de dicho documento en el proceso, dado la protuberante ausencia de fundamento de la demanda, y habiendo otros demandantes\u00bb. <\/p>\n
Como excepciones, aleg\u00f3: \u00absaneamiento de nulidad con base en el art\u00edculo 136 del C.G.P.\u00bb, \u00absaneamiento de nulidad con base en el art\u00edculo 137 del CGP\u00bb, \u00abfalta de identificaci\u00f3n de las circunstancias del inmueble en la demanda\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abla derivada de la ley\u00bb, e \u00abinaplicaci\u00f3n de las causales primera y sexta de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.3.- En prove\u00eddo del 1\u00ba de septiembre de 2023, se tuvieron por notificados los se\u00f1ores \u00c9dgar Andr\u00e9s Bello Cantor, Otoniel Rivera, Julio Hernando Parra, Mar\u00eda del Carmen Salamanca, Segundo Sotero P\u00e9rez Mej\u00eda y Ana Felisa Parrado de Rivera, por v\u00eda electr\u00f3nica, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 2213 de 20226. Dentro del t\u00e9rmino de traslado todos ellos guardaron silencio. <\/p>\n
4.4.- El 21 de septiembre de 2023, se decretaron las pruebas, con la precisi\u00f3n de que al no haber ninguna que requiriera pr\u00e1ctica en audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 278 ejusdem, en concordancia con el art\u00edculo 358 in fine, no era necesario se\u00f1alar fecha para ese efecto. <\/p>\n
4.5.- Posteriormente, se corri\u00f3 traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, oportunidad que fue aprovechada tanto por la recurrente como por la convocada. <\/p>\n
5.- Del amparo de pobreza y actuaciones relacionadas. <\/p>\n
5.2.- La accionante en memorial del 6 de octubre de 2021, manifest\u00f3 su determinaci\u00f3n de revocar el poder a su representante en la litis; luego, por auto del 13 de octubre siguiente8, ante su expresa solicitud en ese sentido, se le design\u00f3 apoderado para que la representara en esta actuaci\u00f3n, quien acept\u00f3 su encargo el 14 de febrero de 2022 al tiempo que remiti\u00f3 memorial relacionado con el recurso en tr\u00e1mite. No obstante, omiti\u00f3 adelantar las gestiones de notificaci\u00f3n a todos los convocados para la debida integraci\u00f3n del contradictorio, pese al requerimiento que se le hiciera en ese sentido. <\/p>\n
5.3.- Posteriormente, teniendo en cuenta que la recurrente mediante memorial del 21 de junio de 2022, manifest\u00f3 al despacho que no contaba con un abogado que ejerciera la defensa de sus intereses dada la imposibilidad de contactar al apoderado de oficio designado, por autos del 11 de noviembre y el 16 de diciembre de 2022, se nombraron otros abogados con ese prop\u00f3sito, \u00faltimo que acept\u00f3 el cargo, conforme al escrito del 23 de enero de 2023 y se ocup\u00f3 de adelantar las gestiones necesarias para la integraci\u00f3n del contradictorio, en atenci\u00f3n a los requerimientos efectuados por el despacho. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas y, dado su car\u00e1cter extraordinario y que sus efectos pueden llegar a socavar la instituci\u00f3n de la cosa juzgada en el caso concreto, \u00fanicamente pueden alegarse por esa v\u00eda los motivos espec\u00edficamente previstos en el art\u00edculo 355 siguiente, toda vez que se rige por el principio de taxatividad. <\/p>\n
Precisamente, por concernir a un remedio excepcional o extraordinario, la formulaci\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n no abre paso a una instancia adicional del juicio en la que pueda reabrirse el debate de la cuesti\u00f3n litigada y decidida en sentencia con autoridad de cosa juzgada, ni constituye otra oportunidad para corregir las deficiencias de petici\u00f3n o recaudo de medios persuasivos en las oportunidades debidas, toda vez que su viabilidad solo est\u00e1 concebida para conjurar graves falencias advertidas con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Acerca de la finalidad de este recurso, en la forma como est\u00e1 regulado actualmente, puede afirmarse que no apunta exclusivamente al quiebre de las sentencias inicuas, es decir, de aquellas obtenidas con claro quebranto de la justicia, como ser\u00edan los casos consagrados en los numerales 1 a 6 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, sino que tambi\u00e9n propende por la protecci\u00f3n del derecho de defensa (num. 7 y 8) y por la garant\u00eda del principio de la cosa juzgada (num. 9). <\/p>\n
2.- De las causales primera y sexta de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.1.- El C\u00f3digo General del Proceso, en su art\u00edculo 355 numeral 1\u00b0, consagra como primer motivo de revisi\u00f3n \u00ab[h]aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha decantado la jurisprudencia de la Sala, la prosperidad de esta causal supone que se acrediten en forma convergente los siguientes presupuestos, i) que se trate de prueba documental, ii) que el documento o documentos respectivos, pese a su preexistencia, no hayan podido aportarse al proceso, por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, y iii) que la prueba documental hallada, tenga trascendencia en la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador, al punto que si \u00e9l hubiera podido apreciarla, el sentido de la decisi\u00f3n hubiera sido radicalmente diferente9. <\/p>\n
2.2.- En su numeral sexto, el art\u00edculo 355 del mismo estatuto, incluye como motivo de revisi\u00f3n \u00ab[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb. Con esta causal, el legislador propugna por reprimir las conductas procesales que atenten contra la observancia de los principios de lealtad, probidad y buena fe que deben irradiar las actuaciones de los sujetos procesales, cuyo quebrantamiento puede tener como consecuencia que al haberse desviado mediante enga\u00f1os la labor judicial, llegue a dictarse un fallo que, por no ajustarse a la realidad, resulte injustificadamente lesivo de los intereses del contradictor de quien de manera mal intencionada actu\u00f3 de ese modo, o incluso a terceros. <\/p>\n
3.- De la oportunidad para formular el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso consagra las reglas relativas a los t\u00e9rminos para interponer este excepcional medio de impugnaci\u00f3n, y para lo que interesa al asunto bajo examen, trat\u00e1ndose de las causales 1\u00b0 y 6\u00b0, rige la regla general de que debe interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os contados desde la ejecutoria de respectiva la sentencia. <\/p>\n
La consecuencia de presentar la demanda por fuera del lapso previsto por el legislador, conforme lo prev\u00e9 el inciso tercero del art\u00edculo 358 ejusdem, es su rechazo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la radicaci\u00f3n tempor\u00e1nea de la demanda contentiva de dicho recurso, no es suficiente para evitar que se produzca la caducidad, pues conforme al art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aqu\u00e9lla o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. Y agrega la norma que, \u00ab[s]i fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificaci\u00f3n a los que se refiere este art\u00edculo se surtir\u00e1n para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u00bb. <\/p>\n
Al realizar una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de esas disposiciones, esta Sala ha optado en m\u00faltiples oportunidades por declarar la caducidad sobreviniente10, en aquellos eventos en los que la demanda de revisi\u00f3n por haber sido presentada en tiempo se admiti\u00f3, no obstante lo cual, ese hecho no tuvo el efecto de hacer inoperante la caducidad por haberse superado el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso sin lograr el enteramiento al demandado, y en casos de litisconsorcios necesarios, a todos sus integrantes. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en CSJ SC20 may. 2011, rad. 2005-00289, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en un caso an\u00e1logo, dijo la Sala: <\/p>\n
(\u2026) presentada oportunamente la demanda, \u00e9ste acto impedir\u00e1 que el t\u00e9rmino extintivo de la caducidad contin\u00fae corriendo, si es que el demandante en revisi\u00f3n cumple la carga de notificarla al demandado dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 del mismo C\u00f3digo. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, que pierde la presentaci\u00f3n de la demanda aqu\u00e9l efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendr\u00e1 sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hip\u00f3tesis \u00e9sta que alude a una consumaci\u00f3n de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.- De la caducidad sobreviniente en este asunto. <\/p>\n
4.1.- Dado que en el caso sub judice se invocaron las causales primera y sexta de revisi\u00f3n, de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, ello significa que la recurrente contaba con dos (2) a\u00f1os, a partir de la ejecutoria de la sentencia impugnada, para formular la demanda, la cual se present\u00f3 a tiempo, comoquiera que el fallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adquiri\u00f3 firmeza el 27 de septiembre de 2017, y el recurso en estudio fue presentado el 23 de septiembre de 2019, es decir, cuatro d\u00edas antes de que finiquitara el t\u00e9rmino conferido para el efecto. <\/p>\n
No obstante, la presentaci\u00f3n de dicha demanda no logr\u00f3 hacer inoperante la caducidad, por cuanto el auto admisorio de la misma no le fue comunicado a todos los convocados por pasiva en la oportunidad legal, particularmente, a quienes all\u00ed fungieron tambi\u00e9n como demandantes, pues al haber sido parte en el juicio en el cual se dict\u00f3 el fallo censurado, conforman un litisconsorcio necesario en este asunto, por cuanto al tenor del numeral 2 del art\u00edculo 357 del actual estatuto procesal, contra ellos deb\u00eda seguirse el procedimiento de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Si bien es cierto que Constructora Apical\u00e1 S.A.S., se notific\u00f3 de ese prove\u00eddo el 9 de octubre de 2021, es decir, dentro del a\u00f1o siguiente referido en la citada norma, la misma diligencia no se surti\u00f3 respecto de los se\u00f1ores \u00c9dgar Andr\u00e9s Bello Cantor, Julio Hernando Parra Adame, Mar\u00eda del Carmen Salamanca de Parra, Otoniel Rivera, Ana Felisa Parrado de Rivera y Segundo Sotero P\u00e9rez Mej\u00eda, quienes solamente mediante auto de 1\u00b0 de septiembre de 2023 se tuvieron como notificados, conforme al art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022, en consideraci\u00f3n a las comunicaciones remitidas por v\u00eda electr\u00f3nica los d\u00edas 20 y 21 de julio del corriente a\u00f1o. <\/p>\n
Como puede apreciarse, para la fecha en que se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto admisorio del recurso de revisi\u00f3n a los convocados en menci\u00f3n, ya estaba m\u00e1s que superado el a\u00f1o contado desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la misma providencia a la demandante (9 de julio de 2021), ello significa que, al haberse realizado por fuera de la anualidad prevista en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, la oportuna presentaci\u00f3n de la demanda incoativa del medio extraordinario, no logr\u00f3 evitar que se estructurara la caducidad. <\/p>\n
4.2.- Pese a la contundencia de la anterior conclusi\u00f3n, es preciso destacar las particulares circunstancias que se presentaron durante la tramitaci\u00f3n de este asunto, relacionadas con el hecho de que la accionante revoc\u00f3 el poder inicialmente conferido y, en lugar de designar otro apoderado, por virtud del amparo de pobreza que le hab\u00eda sido concedido con anterioridad, el 13 de octubre de 2021 solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un \u00ababogado de oficio\u00bb que continuara ejerciendo su representaci\u00f3n. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de los efectos de la solicitud de amparo de pobreza presentada por quien pretenda activar la jurisdicci\u00f3n mediante la formulaci\u00f3n de una demanda, el C\u00f3digo General del Proceso en el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 154 dispone: \u00abSalvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentaci\u00f3n antes de la demanda interrumpe la prescripci\u00f3n que corr\u00eda contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad, siempre que la demanda se presente dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la aceptaci\u00f3n del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el art\u00edculo 94\u00bb. <\/p>\n
Aunque el legislador no se ocup\u00f3 de regular los efectos de la petici\u00f3n del accionante encaminada a que se le reconozca amparo de pobreza incluyendo la designaci\u00f3n de apoderado estando ya en curso el proceso, estima la Sala que, en aras de la salvaguarda de las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso e igualdad que sirven de soporte a esa figura, es factible extender el alcance de la norma en referencia a eventos como el presente, eso s\u00ed, con las mismas exigencias y l\u00edmites que ella impone. <\/p>\n
En esas condiciones, comoquiera que al pedirse el amparo de pobreza la demanda ya se hab\u00eda presentado, \u00fanicamente podr\u00eda darse alcance a la parte final del rese\u00f1ado apartado del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido que tal solicitud interrumpe el t\u00e9rmino para cumplir la carga de notificaci\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 94 ibidem, hasta que se presente \u00abla aceptaci\u00f3n del apoderado que el juez designe\u00bb, de manera que, a partir de ese momento, se reanuda el lapso se\u00f1alado en esa disposici\u00f3n para el enteramiento a los convocados con miras a que la formulaci\u00f3n de la demanda tenga el efecto de evitar que se produzca la caducidad. <\/p>\n
Aplicada esta hermen\u00e9utica al caso en estudio, emerge que de todas maneras ocurri\u00f3 el fen\u00f3meno de la caducidad sobreviniente, aun si se descontara el tiempo transcurrido entre el 13 de octubre de 2021 fecha en la cual la demandante solicit\u00f3 nombramiento de un abogado de oficio, y el 14 de febrero de 2022 en la que el profesional designado acept\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Al respecto, se advierte que si el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para la notificaci\u00f3n a los demandados del auto admisorio del recurso de revisi\u00f3n comenz\u00f3 a correr el 9 de julio de 2021 y se interrumpi\u00f3 durante cuatro meses por virtud de la solicitud de designaci\u00f3n de abogado de la amparada por pobreza y la fecha de aceptaci\u00f3n del encargo, ello significa que tal oportunidad se extend\u00eda hasta el 9 de noviembre de 2022, por lo que, para el mes de julio de 2023, \u00e9poca en la que se surti\u00f3 ese enteramiento ya hab\u00eda operado con suficiencia la caducidad. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n se llega, si en aras de sobreabundar en las garant\u00edas de la demandante, se diera igual tratamiento a su memorial del 21 de junio de 2022, por el cual comunic\u00f3 al despacho que no hab\u00eda logrado ponerse en contacto con su abogado y requiri\u00f3 la garant\u00eda de su derecho de defensa, comunicaci\u00f3n que, a la postre, amerit\u00f3 que por auto del 16 de diciembre de 2022 se le designara otro apoderado, quien acept\u00f3 el cargo el 23 de enero del corriente a\u00f1o. <\/p>\n
En esta \u00faltima situaci\u00f3n, emerge que, para la fecha de aquella solicitud, teniendo en cuenta la inicial interrupci\u00f3n para el cumplimiento de la carga, hab\u00edan transcurrido siete (7) meses y once (11) d\u00edas, es decir, solo faltaban 4 meses y 19 d\u00edas para que se cumpliera el t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. Ahora, aunque dicho t\u00e9rmino empez\u00f3 a correr a partir del 23 de enero de 2023, fecha en que el nuevo apoderado acept\u00f3 el cargo, las notificaciones pendientes solo se surtieron a partir del env\u00edo de mensajes de datos con los pertinentes anexos a los destinarios, lo que ocurri\u00f3 los d\u00edas 20 y 21 de julio de 2023, esto es, casi seis meses despu\u00e9s, por lo que dicha gesti\u00f3n no tuvo el efecto de evitar la caducidad. <\/p>\n
4.3.- En resumen, en este asunto oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, por cuanto, aunque la demanda incoativa de ese medio extraordinario de impugnaci\u00f3n fue radicada antes del vencimiento del lapso de 2 a\u00f1os previsto en el inciso primero del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso para las dos causales invocadas, el enteramiento a los convocados se produjo cuando ya hab\u00eda vencido ese plazo, pues no se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o referido en el art\u00edculo 94 ibidem, para que fuera inoperante tal fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n
Por lo tanto, se declarar\u00e1 la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
5.- Aunque las anteriores apreciaciones son suficientes para truncar el recurso extraordinario, no sobra se\u00f1alar que, en todo caso, las causales invocadas, estaban llamadas al fracaso, por los motivos que se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1.- La causal primera de revisi\u00f3n se sustent\u00f3 en que la accionante tiene en su poder el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria 366-41495 donde figura como propietaria del inmueble casa 1 Etapa Santorini en el Conjunto Cerrado Mediterr\u00e1neo, expedido el 25 de agosto de 2014, que es una de las fechas de los dem\u00e1s certificados y poderes allegados con la demanda, que puede aportar ahora, debido a que sorpresivamente el Tribunal al momento de dictar sentencia manifest\u00f3 no hallar dicho documento en el expediente, lo que lo condujo a declarar que ella carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
En este caso, la recurrente omiti\u00f3 alegar cu\u00e1les fueron esas circunstancias constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito u obrar doloso de su contradictora, que le impidieron allegar el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria que el Tribunal ech\u00f3 de menos para deducir su falta de legitimaci\u00f3n para accionar. <\/p>\n
Al margen de esa omisi\u00f3n que desnaturaliza la alegada causal, es claro que, a\u00fan si el documento hubiese obrado en el expediente, la posibilidad de su apreciaci\u00f3n por el sentenciador colegiado tampoco habr\u00eda variado las conclusiones que lo condujeron a resolver del modo que lo hizo, pues tal y como se rese\u00f1\u00f3 en la parte de antecedentes de este prove\u00eddo, al definir la alzada el tribunal confirm\u00f3 la sentencia de primer grado por razones distintas, en esencia, porque estim\u00f3 que no se estructur\u00f3 ninguna causa de nulidad absoluta para invalidar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. Entonces, si el fracaso de las s\u00faplicas de la demanda no se debi\u00f3 a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de todos o de algunos de los demandantes, sino a un an\u00e1lisis de fondo del tema de decisi\u00f3n, mal podr\u00eda decirse que, de haberse valorado el certificado de tradici\u00f3n y libertad que acreditaba a la ahora recurrente como propietaria de una de las unidades de ese conjunto, la decisi\u00f3n de segunda instancia hubiese sido sustancialmente distinta. <\/p>\n
5.2.- La causal sexta de revisi\u00f3n tampoco pod\u00eda salir avante, porque al sustentarla la recurrente ni siquiera present\u00f3 un fundamento f\u00e1ctico claro respecto a la estructuraci\u00f3n de la premisa alegada, en el que pudieren encajar las inconsistencias que refiere. <\/p>\n
En efecto, aunque adujo que se present\u00f3 un evento de \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, en toda su exposici\u00f3n ni siquiera le imputa a su contraparte o a terceros, alguna conducta mal intencionada que hubiese podido desviar la decisi\u00f3n judicial hacia un fallo injusto o alejado de la realidad, particularmente, en lo que denomin\u00f3 un sorpresivo argumento de la sentencia del tribunal referente a la falta de prueba de su legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque \u00abde manera extra\u00f1a\u00bb del expediente desapareci\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad que la acreditaba. <\/p>\n
De ah\u00ed, que la actividad probatoria tampoco la orient\u00f3 a demostrar los supuestos de hecho necesarios para demostrar la existencia de posibles maniobras fraudulentas, que conforme lo ha sostenido la Sala, <\/p>\n
(\u2026) deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aqu\u00e9l, \u201ctoda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, con grave da\u00f1o para la seguridad jur\u00eddica, la reiteraci\u00f3n del litigio por una v\u00eda lateral inadmisible. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que \u201c\u2026 la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisi\u00f3n (..) si con ellas se caus\u00f3 perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuaci\u00f3n en el proceso. Para ello, la Corte (\u2026) precis\u00f3 el contenido del alcance jur\u00eddico de esta causal diciendo que las maniobras fraudulentas comportan una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al producir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y mal intencionada de los hechos (\u2026). Es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito de obtener por ese medio una sentencia favorable pero contraria a la justicia\u2026 (Se subraya; CCIV, 44)\u201d [CCXLIX. Vol. I, 122]11. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la caducidad de las causales 1\u00b0 y 6\u00aa de revisi\u00f3n alegadas por Fanny Benavides, frente a la sentencia dictada el 23 de marzo de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso referenciado al inicio de esta providencia. <\/p>\n
Segundo: No imponer condena en costas a la recurrente en virtud del amparo de pobreza concedido. <\/p>\n
Tercero: Devolver a su remitente, el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n. Agr\u00e9guese copia de la presente providencia. <\/p>\n
Cuarto: Arch\u00edvese la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Audiencia segunda instancia. HORA 25.05 <\/p>\n
2\u0002 Ib. hora 25.50 <\/p>\n
3\u0002 Ib. hora 39.15 <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Folio 128, cuaderno revisi\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002ESAV. Consecutivo 30. Archivo \u00ab0020Memorial.pdf\u00bb auto de 21 de enero de 2022, se tuvo por contestada la demanda. ESAV. Consecutivo 37. Archivo \u00ab0034Documento_actuaci\u00f3n.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 ESAV. Consecutivo 91. Archivo \u00ab0139Auto.pdf\u00bb Las constancias de notificaci\u00f3n se encuentran en los consecutivos Nos. 81 a 88 del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 148 \u2013 149. <\/p>\n
8\u0002 ESAV. Consecutivo 32. \u00ab0028Anexos.pdf\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, pueden consultarse: SC1859-2018; SC6996-2017; SC 04 jun. 2007, rad. 2005-00185-00; SC 20 may. 2008, rad. 2006-00887-00, entre otras. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. SC4854-2021 y SC3729-2022, entre otras. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. CSJ SC 29 oct. de 2004, exp. 2001-00030-01, <\/p>\n
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SC499-2023 (2019-03141-00) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC499-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03141-00 (Aprobado en Sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Fanny […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77984","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77984\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}