SC503-2023 (2012-00276-02)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC503-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-31-03-022-2012-00276-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al haberse casado la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., procede la Corte -en sede de instancia- a resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por Hugo Hern\u00e1ndez Huertas contra el fallo dictado el 8 de septiembre de 2014 por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esta capital. El remedio se impetr\u00f3 dentro del proceso promovido por Jorge Roberto Hern\u00e1ndez Huertas y otros respecto de Patricia Hern\u00e1ndez Huertas y del recurrente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Jorge Roberto Hern\u00e1ndez Huertas, Germ\u00e1n Alberto Hern\u00e1ndez Huertas, Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Hern\u00e1ndez, \u00e9sta \u00faltima actuando en representaci\u00f3n de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros, pretendieron que se declarara absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00fam. 2.959 del 3 de junio de 2009, otorgada en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 D.C. Como consecuencia de ello, instaron a que se \u00abdeclare que los derechos de cuota del 50% sobre el inmueble ubicado en la Carrera 70C No. 54-17 de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. no han salido del patrimonio de la se\u00f1ora MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N HUERTAS DE HERN\u00c1NDEZ (q.e.p.d.) y por tanto pertenecen a la sucesi\u00f3n il\u00edquida\u00bb. Por \u00faltimo, pidieron que se ordenara la cancelaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico1. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias, pretendieron, por un lado, que se declarara la nulidad absoluta del contrato de compraventa rese\u00f1ado. Y, por el otro, que se rescindiera tal convenci\u00f3n, por estar afectada de lesi\u00f3n enorme. Ambas, junto con las s\u00faplicas consecuenciales tendientes a que se afirmare que los derechos de cuota sobre el inmueble objeto de la controversia no han salido del patrimonio de la fallecida Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas Hern\u00e1ndez2. <\/p>\n
2. Causa petendi <\/p>\n
Conforme se dej\u00f3 sentado en el fallo que cas\u00f3 el pronunciamiento del Tribunal, el soporte f\u00e1ctico invocado en sustento de las acciones deducidas admite el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. Los esposos Rafael Antonio Hern\u00e1ndez y Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas adquirieron por compraventa el inmueble ubicado en la carrera 70C n\u00fam. 54-17 de Bogot\u00e1 D.C., identificado con el F.M.I. n\u00famero 50C-112446. <\/p>\n
2.2. Al fallecer el se\u00f1or Rafael Antonio, el predio se adjudic\u00f3, en su sucesi\u00f3n, de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) a Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, a t\u00edtulo de gananciales; y el restante cincuenta por ciento (50%) entre sus hijos Hugo, Ricardo, Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Beatriz y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas. <\/p>\n
2.3. Con escritura p\u00fablica 2959 de 2009, otorgada ante la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1 D.C., los demandados Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas dijeron comprar, a la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, los derechos de cuota que ella ten\u00eda en el citado inmueble, \u00absin que hubieran pagado precio alguno a su progenitora, por tratarse de un contrato simulado\u00bb. <\/p>\n
2.4. El precio pactado, por el que \u00absupuestamente fueron vendidos los derechos de cuota del 50%\u00bb, fue de $107.196.000,00. Importe que \u00abnunca fue recibido por la madre de las partes y supuesta vendedora y que corresponde a la mitad del aval\u00fao catastral vigente para el a\u00f1o de la supuesta compraventa, de donde se infiere que fue simulado\u00bb y, adem\u00e1s, es \u00abmenor a la mitad del justo precio del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2.5. En mayo de 2012, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, adscrita a la Lonja Seccional de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, indic\u00f3 que el inmueble ten\u00eda un valor de $542.773.570,00. <\/p>\n
2.6. Para la fecha de celebraci\u00f3n de la compraventa (3 de junio de 2009), la vendedora, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas3, \u00abse encontraba en un estado de demencia senil que le imped\u00eda la disposici\u00f3n libre, consciente y voluntaria de sus bienes\u00bb. Esto, seg\u00fan los datos consignados en la historia cl\u00ednica. Adem\u00e1s, catorce d\u00edas antes de suscribir el aludido contrato, \u00abhab\u00eda sido remitida para que fuese valorada por trastornos mentales\u00bb. En adici\u00f3n, en la cita m\u00e9dica del 16 de octubre de ese a\u00f1o, se report\u00f3 que ella sufri\u00f3 cambios en su comportamiento desde hac\u00eda un a\u00f1o atr\u00e1s, esto es, desde fines de 2008. Luego, si la compraventa se suscribi\u00f3 en 2009, era patente que para \u00abel momento de firmar la escritura p\u00fablica se encontraba en un estado mental que le imposibilitaba disponer del dominio de sus bienes de manera libre[,] consciente y voluntaria\u00bb. <\/p>\n
2.7. Patricia Hern\u00e1ndez Huertas -una de las compradoras- no contaba con los \u00abmedios econ\u00f3micos que le hubiesen permitido haber pagado el precio que se declar\u00f3 en el contrato de compraventa simulado\u00bb. <\/p>\n
2.8. Despu\u00e9s de fallecido Ricardo Hern\u00e1ndez Huertas4 se adelant\u00f3 la sucesi\u00f3n sobre el derecho de cuota que \u00e9ste ten\u00eda sobre el citado fundo. Dicho derecho se adjudic\u00f35 a sus herederos Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n, Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros y Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, quienes derivan su inter\u00e9s en la sucesi\u00f3n de su abuela fallecida el 23 de enero de 2012, por \u00abrepresentaci\u00f3n de su padre\u00bb. <\/p>\n
3. Posici\u00f3n de los convocados <\/p>\n
3.1. Hugo Hern\u00e1ndez Huertas neg\u00f3 algunos hechos y acept\u00f3 otros. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abACTO JUR\u00cdDICO PLENAMENTE V\u00c1LIDO\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE LESI\u00d3N ENORME\u00bb, \u00abMALA FE\u00bb y la \u00abGEN\u00c9RICA\u00bb6. No obstante, tal acto procesal, el de contestaci\u00f3n de la demanda, no fue tenido en cuenta por el a quo, ya que no fue firmado por el abogado que representaba los intereses de aqu\u00e9l. Adem\u00e1s, esa falencia no se subsan\u00f3 a pesar de requer\u00edrsele para ello. Lo anterior, en prove\u00eddo de 20 de agosto de 20137. <\/p>\n
3.2. La se\u00f1ora Patricia Hern\u00e1ndez Huertas guard\u00f3 silencio, tal como se reconoci\u00f3 en auto del 20 de mayo de la misma anualidad8. <\/p>\n
4. El fallo de primer grado <\/p>\n
El 8 de septiembre de 2014, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. dict\u00f3 sentencia9 con la cual declar\u00f3 absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00fam. 2959, del 3 de junio del 2009, de la Notar\u00eda Novena de la misma ciudad. Por consiguiente, orden\u00f3 al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos y al aludido notario que cancelaran la inscripci\u00f3n de dicha convenci\u00f3n y que tomaran nota del fallo. Fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
4.1. Sostuvo que la simulaci\u00f3n pretendida era la absoluta, \u00abal no se\u00f1alar[se] la existencia de otro acto dispositivo en lugar del aparente\u00bb. En ese orden, y tras traer de presente la doctrina jurisprudencial referida a tal acci\u00f3n, de entrada advirti\u00f3 la existencia de m\u00faltiples indicios que evidenciaban la estructuraci\u00f3n del aludido fen\u00f3meno. <\/p>\n
4.2. El primero consist\u00eda en la relaci\u00f3n afectiva y parental entre la vendedora -madre- y los compradores -hijos-. De ello daba cuenta la escritura 1025 del 2 de junio del 2006, de la Notar\u00eda Diecisiete de Bogot\u00e1 D.C., \u00abcircunstancia que no puede desconocer el Despacho, y mucho menos que la compradora Patricia Hern\u00e1ndez viv\u00eda con la vendedora, siendo la persona que administraba las rentas de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n \u2013 q.e.p.d., en sus \u00faltimos a\u00f1os de vida\u00bb. Y si bien era cierto que una negociaci\u00f3n efectuada entre parientes no implicaba, per se, la existencia de la demandada simulaci\u00f3n, \u00abno es posible hacer a un lado este indicio, menos a\u00fan en presencia de otros que resultan convergentes y concordantes con \u00e9l para evidenciar la simulaci\u00f3n de la venta\u00bb. <\/p>\n
4.3. Como segundo indicio, aludi\u00f3 a \u00abla forma como los compradores -demandados- quisieron justificar el pago del precio del inmueble\u00bb. Pues bien, al valorar el interrogatorio de parte rendido por Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, advirti\u00f3 que la explicaci\u00f3n rendida frente a la manera en que fue solventado el precio constitu\u00eda un \u00absocorrido expediente\u00bb del cual \u00abse sirven los simuladores para tratar de justificar el pago del precio, cuya inutilidad se revela al flaquear la prueba aportada para respaldar el hecho\u00bb. Y aun cuando la relaci\u00f3n filial de las partes justificara, eventualmente, el que no se hubiera extendido documento alguno que acreditara los pagos mensuales \u00aba que hacen referencia los demandados y no deducir el indicio grave al que se refiere el art\u00edculo 232 del C.P.C., lo cierto es que el expediente no ofrece evidencia seria y suficiente de los alegados pagos, m\u00e1xime si se consideran, como adelante se ver\u00e1, las condiciones econ\u00f3micas de uno de los compradores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el a quo consider\u00f3 que en los negocios en los cuales se pactaba, como precio, una suma considerable de dinero -$107.196.500-, \u00abes muy poco probable que entre particulares se estipule el plazo y el valor de las cuotas que aqu\u00ed relatan los demandados, en tanto por lo general los vendedores celebran el negocio en busca de conseguir el monto completo de dinero para sus asuntos personales, siendo realmente excepcional que se venda un inmueble con un plazo de pago de 3 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
4.4. El cuarto indicio lo constitu\u00eda la estancia de la vendedora en el bien tras su enajenaci\u00f3n. Al respecto, hizo hincapi\u00e9 en que no era com\u00fan que se vendiera un predio para despu\u00e9s permanecer en \u00e9l, salvo excepcionales circunstancias en que las partes as\u00ed lo estipularan. De las susodichas declaraciones, advirti\u00f3: \u00absi es cierto que la venta se pact\u00f3 desde el a\u00f1o 2005 y que su precio se pag\u00f3 en el a\u00f1o 2009, no se entiende porque (sic) la vendedora permaneci\u00f3 en el inmueble objeto de venta hasta su fallecimiento (\u2026), aunado a la circunstancia que aqu\u00ed no se acredit\u00f3 que la vendedora hubiera realizado la entrega material del inmueble, sino que por el contrario se advierte que permaneci\u00f3 ostentando la posesi\u00f3n del predio en comento\u00bb. <\/p>\n
4.5. En quinto lugar, aludi\u00f3 a la falta de necesidad de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de vender el bien. Y es que, de la declaraci\u00f3n de Patricia Hern\u00e1ndez Huertas y los testigos Efra\u00edn Carrillo Matiz y Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez, dedujo que \u00abla se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n (q.e.p.d.) no ten\u00eda necesidad de vender su cuota parte sobre el inmueble objeto de este asunto, pues como se lee en las declaraciones, su subsistencia no depend\u00eda de dichos dineros, sino que sus mesadas pensionales le eran suficientes para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas, m\u00e1s todo lo que ella quisiera\u00bb. <\/p>\n
4.6. Por \u00faltimo, fij\u00f3 su atenci\u00f3n en la falta de capacidad econ\u00f3mica de la demandada Patricia Hern\u00e1ndez, la cual fue demostrada por su propio dicho. <\/p>\n
De todo lo precedente, y al examinar en conjunto los antedichos indicios, para el juzgador de primera instancia se impon\u00eda colegir que el negocio de compraventa era absolutamente simulado. <\/p>\n
5. La apelaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del codemandado Hugo Hern\u00e1ndez Huertas10. Se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
5.1. El juzgado no observ\u00f3 que los demandados, en ejercicio de la buena fe, adquirieron los derechos de su difunta madre sobre el inmueble. Asimismo, tampoco extendi\u00f3 \u00abel manto de legalidad y buena fe, hasta el funcionario de la Notar\u00eda 9\u00aa de Bogot\u00e1, que en su observancia primaria pudo descalificar y oponerse por la existencia notoria de en principio (sic), una venta no voluntaria y enga\u00f1osa entre los contratantes, y entre la capacidad que en ella interven\u00edan, respecto de la compraventa de la titularidad del derecho de dominio que en ese momento se transfer\u00eda (sic)\u00bb. <\/p>\n
5.2. Destac\u00f3 que el contrato demandado fue p\u00fablico y que, adem\u00e1s, lo conocieron los demandantes. Y, pese a ello, nunca se opusieron o ejercieron alguna acci\u00f3n para disputar su eficacia. <\/p>\n
5.3. Por otro lado, aludi\u00f3 a que tanto \u00e9l como Patricia Hern\u00e1ndez Huertas expresaron claramente la forma y los pagos que se realizaron con ocasi\u00f3n de la compra de los derechos. <\/p>\n
5.4. A su turno, precis\u00f3 que \u00abninguna de las pruebas testimoniales que se recibieron manifest\u00f3 la ilegalidad del negocio realizado (\u2026), y ninguno pudo descalificar a ninguno de los interviniente[s] dentro del mismo negocio\u00bb. As\u00ed como ninguno de los testimonios practicados a instancias de los demandantes dio cuenta de la existencia de alguna causal de nulidad de la venta. <\/p>\n
5.5. Destac\u00f3 c\u00f3mo el sistema jur\u00eddico permite la transferencia, entre familiares, de bienes. De manera que \u00absi el despacho define este hecho como un indicio para evidenciar la simulaci\u00f3n de la venta, estar\u00edamos ante una descalificaci\u00f3n del juzgador de actos comerciales avalados por la ley (\u2026)\u00bb. As\u00ed mismo, frente a la forma de pago, destac\u00f3 que el juzgador desconoci\u00f3 que \u00abentre la vendedora y los compradores exist\u00eda una relaci\u00f3n extremadamente cercana de confianza y familiaridad, que no exist\u00eda con los demandantes y la vendedora, enojo base de la demanda\u00bb. <\/p>\n
5.6. Adicionalmente, asever\u00f3 que la permanencia de la vendedora en el fundo obedece a que \u00ablos demandados eran los \u00fanicos miembros de su familia que le acompa\u00f1aban y que desde siempre le advirtieron su cuidado obediencia (sic), y que los mismos hasta el d\u00eda de su fallecimiento le acompa\u00f1aron y asistieron\u00bb. <\/p>\n
5.7. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que los demandados s\u00ed ten\u00edan la capacidad econ\u00f3mica suficiente para adquirir el bien. Ello, en tanto que \u00abel se\u00f1or HUGO HERN\u00c1NDEZ HUERTAS es Doctor en Medicina y Especialista en Salud Ocupacional, y los ingresos que percibe son suficientes para pagar la cuota pactada\u00bb. Al turno que, \u00abcomo lo expres[\u00f3] la se\u00f1ora PATRICIA HERN\u00c1NDEZ HUERTAS que como ella no percib\u00eda ingresos le pagar\u00eda a su hermano con la comercializaci\u00f3n de sus derechos en la venta posterior de la casa\u00bb. <\/p>\n
6. La determinaci\u00f3n de segunda instancia <\/p>\n
Revoc\u00f3 el fallo recurrido y, en su lugar, oficiosamente declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u00bb. Neg\u00f3, en consecuencia, las pretensiones deducidas, tanto la principal (simulaci\u00f3n) como las subsidiarias (nulidad absoluta y lesi\u00f3n enorme) (sent. de 30 de abril de 2015). Para arribar a esa conclusi\u00f3n, parti\u00f3 del hecho de que la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n fue promovida en beneficio de la sucesi\u00f3n de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas. Como los promotores no allegaron ni los registros civiles de nacimiento ni ning\u00fan otro documento id\u00f3neo que acreditare la calidad de herederos, dedujo que aquellos carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa para promover ninguna de las tres acciones deducidas. A m\u00e1s de que, en relaci\u00f3n con la de nulidad absoluta, no se avistaba que el acto jur\u00eddico impugnado adoleciera de alg\u00fan vicio que impusiera declararla de oficio. <\/p>\n
7. El recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
Lo impetr\u00f3 el mandatario judicial de los demandantes. Lo fund\u00f3 en tres cargos, dos de ellos por la v\u00eda indirecta y otro por la directa11. La Corte, al momento de zanjar dicho medio de impugnaci\u00f3n, los despach\u00f3 conjuntamente. <\/p>\n
8. La sentencia de casaci\u00f3n <\/p>\n
Con pronunciamiento CSJ SC2125-2021 de 9 de junio, esta Sala quebr\u00f3 la sentencia del Tribunal. Al igual que como lo hizo el Colegiado ad quem, entendi\u00f3 que la demanda la promovieron los impulsores en favor de la sucesi\u00f3n de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas. No obstante, estim\u00f3 que el ad quem <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dio por establecido sin estarlo la concurrencia del presupuesto de capacidad para ser partes de quienes al estar il\u00edquida la sucesi\u00f3n a la cual pretenden retornar el bien, acudieron a la justicia aduciendo ser herederos; masa patrimonial que (\u2026) carece de personalidad jur\u00eddica, pero que puede comparecer al juicio a trav\u00e9s de los herederos para la defensa de sus intereses o para asumir las cargas que le puedan corresponder y que de suyo impon\u00eda que quienes adujeran esa condici\u00f3n arrimaran al juicio la prueba correspondiente, cuya desatenci\u00f3n tra\u00eda inmersa la necesidad de un fallo inhibitorio\u00bb. <\/p>\n
En aras de evitar un fallo inhibitorio, derivado de la falta del presupuesto procesal de la \u00abcapacidad para ser parte\u00bb, la Corte requiri\u00f3 a los demandantes para que allegaran \u00ablos documentos que en los t\u00e9rminos de ley y de la jurisprudencia patria permitan establecer la calidad de herederos que afirman tener\u00bb. Todo ello, previo a proferir sentencia de reemplazo. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurso de apelaci\u00f3n que se examina ser\u00e1 resuelto conforme a las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil12 -fue bajo esa normativa que se propuso y conforme a sus reglas se ha oficiado la totalidad del asunto-. Esta Sala advierte que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales. Adem\u00e1s, se est\u00e1 frente a una tramitaci\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
2. Los actores estiman que el contrato de compraventa celebrado, en 2009, entre Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas (q.e.p.d.) y los demandados Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas, es simulado. El estrado de primera instancia encontr\u00f3 que estaba probada la simulaci\u00f3n absoluta reclamada en atenci\u00f3n a: i) la relaci\u00f3n familiar entre los contratantes; b) la forma como se pag\u00f3 el precio; c) la permanencia de la vendedora en el bien; d) la ausencia de necesidad de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas en vender el fundo; y e) la falta de capacidad econ\u00f3mica de Patricia Hern\u00e1ndez. Para el recurrente, el juzgado bas\u00f3 su decisi\u00f3n en observaciones de hechos que \u00absolo forman parte de la familiaridad entre los contratantes intervinientes en el negocio jur\u00eddico\u00bb. Al turno que critic\u00f3 el raciocinio efectuado por el a quo frente a los cinco indicios bajos los cuales encontr\u00f3 acreditada los requisitos de la acci\u00f3n simulatoria. <\/p>\n
3. La normativa tolera los procedimientos en los cuales las partes contratantes, de com\u00fan acuerdo, deciden enervar su dicho p\u00fablico con su dicho privado13. Esto incluye, por supuesto, avalar la conducta en que los contratantes acuerdan fingir la existencia de un contrato que, en realidad, no est\u00e1 llamado a producir efectos jur\u00eddicos. En ese orden de ideas, la simulaci\u00f3n \u00abviene a ser el concierto o la inteligencia de dos o m\u00e1s personas, autoras de un acto jur\u00eddico, para darle a este las apariencias que no tiene, ya porque no existe, ora porque resulta ser distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Por consiguiente, cuando las partes no quieren en realidad ning\u00fan negocio, la simulaci\u00f3n se denomina absoluta y cuando lo encubren en forma distinta de como verdaderamente es, se califica de relativa\u00bb (CSJ SC, 16 mayo de 1968, G.J. CXXIV). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la legislaci\u00f3n consagra la posibilidad de hacer prevalecer la voluntad real de las partes a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. Es as\u00ed como los art\u00edculos 1618 y 1766 del C\u00f3digo Civil y el 254 del C\u00f3digo General del Proceso sientan la regla de que \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb14. En ese orden, se ha se\u00f1alado que el demandante debe acreditar, para la prosperidad del remedio en comento, los siguientes elementos: \u00aba) la existencia del contrato cuya simulaci\u00f3n se impugna; b) legitimaci\u00f3n en la causa en quien demanda; y, c) que se demuestre fehacientemente la demandada simulaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC de 11 de julio de 2000, exp. 6015). <\/p>\n
3.1. Est\u00e1 acreditada la existencia del contrato cuya simulaci\u00f3n se impugna. En efecto, a folios 14-18 de la encuadernaci\u00f3n principal reposa la copia de la escritura p\u00fablica 2959 de 2009, que contiene el contrato de compraventa de los derechos de cuota cuya ineficacia se pide. Esto es, el celebrado por los aqu\u00ed demandados (Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas) y su madre fallecida, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas. <\/p>\n
3.2. En lo que concierne con la legitimaci\u00f3n en la causa, forzoso es memorar que a los herederos se les ha reconocido la posibilidad de impugnar, por simulados, los actos celebrados por su causante15. En ese sentido, el heredero forzoso de uno de los contratantes \u00ab(\u2026) puede asumir en el juicio una de dos situaciones distintas, seg\u00fan que ocupe el puesto que tendr\u00eda su causante si viviese, caso en el cual va contra el adquirente ficto, o que reclame como lesionado en su derecho herencial porque con la ficci\u00f3n lo haya privado indebidamente de todo o parte de su herencia, caso en el cual ese heredero es un tercero ante el contrato que va en contra de los dos simulantes. En este \u00faltimo caso su acci\u00f3n arranca del agravio y se encamina a deshacerlo; el heredero obra PER SE y se enfrenta a su autor que lo ha lesionado. En el otro caso obra como continuador de la persona del DE CUJUS, y la acci\u00f3n que ejerce la encuentra entre los bienes relictos y es la que habr\u00eda ejercido el DE CUJUS por s\u00ed mismo contra el adquirente fingido (G.J. Tomo LXIV, p\u00e1ginas 706 y 707)\u00bb16. <\/p>\n
Hechas estas precisiones, se observa que est\u00e1 plenamente establecido que los demandantes gozan de legitimaci\u00f3n para reclamar la ineficacia del acto jur\u00eddico celebrado entre Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas y los interpelados Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas. En efecto, dentro del t\u00e9rmino conferido en la sentencia SC2125-2021, fueron allegados una serie de documentos que dan cuenta de que Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto y Beatriz18 son hijos de la vendedora. Y que Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros y Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n19 son hijos, a su vez, del fallecido Ricardo Hern\u00e1ndez Huertas, descendiente directo de la prenombrada Mar\u00eda Concepci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. En cuanto al \u00faltimo de los rese\u00f1ados requisitos de prosperidad de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, esto es, el alusivo a la necesidad de que se pruebe la simulaci\u00f3n, la Sala estima imperioso efectuar una serie de precisiones. Las que contribuir\u00e1n al mejor despacho del asunto: <\/p>\n
3.3.1. En lo que concierne a este tipo de controversias, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que existe libertad probatoria. Quien aduce que un contrato es simulado tiene la carga de acreditar, por cualquier medio de prueba, el contenido fehaciente de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y exhibir el acuerdo simulatorio concertado por las partes O, trat\u00e1ndose de los casos de simulaci\u00f3n absoluta, que, aunque no existiese acto jur\u00eddico alguno, s\u00ed se brind\u00f3 un concierto simulatorio entre los part\u00edcipes. En este orden, para esta Corte, \u00ab[e]n materia de pretensi\u00f3n simulatoria y para su exitoso ejercicio, pueden las partes o los terceros, in abstracto, acudir a toda clase de medios de prueba, dado el sigilo y la audacia con que los contratantes suelen actuar para disfrazar el acto urdido en la penumbra en la penumbra, aun cuando en la praxis la prueba indirecta es la m\u00e1s socorrida, particularmente la indiciaria dada, la dificultad probatoria que campea en esta materia\u00bb20. <\/p>\n
No obstante, es innegable la importancia de la prueba indiciaria en este tipo de controversias. Y es que, ante la necesidad de acreditar un elemento oculto, como lo es la voluntad real de los contratantes, la prueba a la cual se acude con m\u00e1s frecuencia es a esa. Al respecto: \u00ab[c]omo ha anotado la Corte en muchos fallos, en trat\u00e1ndose de la simulaci\u00f3n de contratos es la prueba indiciaria la m\u00e1s usada y com\u00fan, porque casi nunca las partes, en pactos simulados, dejan la contraprueba de la simulaci\u00f3n\u00bb21. <\/p>\n
3.3.2. El est\u00e1ndar probatorio -en todo caso- es elevado, pues los medios suasorios deben otorgar tal grado de certeza sobre la simulaci\u00f3n que permita socavar la presunci\u00f3n de seriedad, veracidad, legitimidad y validez que acompa\u00f1a a todo acto jur\u00eddico p\u00fablico22. Ejercicio probatorio que debe ser llevado a cabo por quien pretende la declaratoria de las consecuencias jur\u00eddicas contempladas en el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil <\/p>\n
\u00abNegocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece. <\/p>\n
El acto jur\u00eddico se estima verdadero y, por tanto, con fuerza material capaz de producir efectos, mientras la ficci\u00f3n o el disfraz no se prueben; y a\u00fan m\u00e1s: debido a la presunci\u00f3n de legitimidad que lo acompa\u00f1a, basta su alegaci\u00f3n para que produzca consecuencias jur\u00eddicas, correspondiente a otros demostrar su ilegitimidad, ya que el derecho, como la vida, distingue lo normal de lo que no lo es y parte siempre del principio de la normalidad. <\/p>\n
La simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico es un fen\u00f3meno an\u00f3malo, puesto que, normalmente, la voluntad manifestada corresponde a la voluntad verdadera. Incumbe, pues, a quien pretenda restar eficacia, o lograr una distinta de la que dimana normalmente de un contrato, probar el hecho anormal del conflicto entre la voluntad y su manifestaci\u00f3n. <\/p>\n
La prueba de la simulaci\u00f3n incumbe, pues, a quien la alega y pretende sacar de ello consecuencias a su favor: ya al contratante que impugna el contrato contra la otra parte, o a los terceros que dirijan su impugnaci\u00f3n contra las partes contratantes\u00bb23. <\/p>\n
Parejamente, se tiene dicho que <\/p>\n
\u00ab[S]iendo necesario \u2018que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente m\u00e9rito para fundar en el Juez la firme convicci\u00f3n de que el negocio es ficticio; lo cual s\u00f3lo ocurrir\u00e1 cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (In dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam pereat)\u2019 (cas. civ. sentencia de 11 de junio de 1991) \u2026\u00bb (SC, 13 oct. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00100-01; reitera SC, 11 jun. 1991, G.J. CCVIII, p. 42224. Citada en SC2929-2021). <\/p>\n
A su turno, es menester destacar que la jurisprudencia ha se\u00f1alado, de manera no taxativa, una serie de indicios que com\u00fanmente conducen a acreditar la simulaci\u00f3n. Estos son: \u00abel motivo simulandi; la falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador; las relaciones de amistad, parentales o de dependencia; la ausencia de prueba del pago; el precio irrisorio, entre otros, los cuales, se repite, no pueden ser vistos aisladamente\u00bb (CSJ SC3467-2020). <\/p>\n
3.3.3. Descendiendo al caso, memorase que el a quo hall\u00f3 demostrada la simulaci\u00f3n reclamada cimentado en una serie de indicios, cuyos hechos indicadores encontr\u00f3 plenamente demostrados. Estos son: (i) la familiaridad entre los contratantes -madre a hijos-; (ii) la manera en que se pact\u00f3 el pago del precio; (iii) la falta de documentaci\u00f3n respecto del desembolso de dineros; (iv) la permanencia de la vendedora en el predio; (v) la ausencia de capacidad econ\u00f3mica de la compradora Patricia Hern\u00e1ndez Huertas para satisfacer su parte del precio; y (vi) la enajenante contaba con recursos econ\u00f3micos, lo cual era indicativo de que no ten\u00eda necesidad de vender el bien. <\/p>\n
En una palabra, est\u00e1 probado el fen\u00f3meno simulatorio. Los hechos a que atr\u00e1s se hizo menci\u00f3n gozan de respaldo probatorio25. V\u00e9ase c\u00f3mo, en efecto, en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 Hugo Hern\u00e1ndez, este dej\u00f3 en claro que s\u00ed era hijo de Mar\u00eda Concepci\u00f3n; que su madre nunca le extendi\u00f3 recibos ni constancia alguna que acreditara el pago, \u00abseguramente por la confianza que siempre hubo, siempre se vivi\u00f3 toda la vida con ella (\u2026)\u00bb. La otra demandada, Patricia Hern\u00e1ndez, tambi\u00e9n afirm\u00f3 ser descendiente de Mar\u00eda Concepci\u00f3n; y reconoci\u00f3, adem\u00e1s, que no ten\u00eda ning\u00fan empleo o fuente de ingresos estable; que era su progenitora la que la sosten\u00eda. Ambos, en todo caso, admitieron que su madre recib\u00eda ingresos por su pensi\u00f3n y la de su difunto esposo, aserto que fue corroborado por los testigos Efra\u00edn Carrillo y Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez. Y que el precio supuestamente pactado lo pag\u00f3 Hugo en mensualidades de tres millones de pesos, en efectivo, por el per\u00edodo comprendido entre el 2006 y el 2009. Tambi\u00e9n, de las pruebas recaudadas se infiere que la vendedora nunca sali\u00f3 del bien, lo cual se ratifica con los testimonios de Efra\u00edn y Mar\u00eda Gloria, quienes sostuvieron que en la casa donde aquella resid\u00eda siempre la visitaron. Tales enunciados f\u00e1cticos, como bien lo advirti\u00f3 el a quo, estructuran una serie de indicios graves, concurrentes y convergentes que apuntan a la existencia de la simulaci\u00f3n reclamada. Todo indica que el negocio fue fingido. Porque es ciertamente sospechoso que el contrato lo hayan celebrado familiares; que no existiera ninguna constancia de pago; que una de las compradoras (Patricia) no tuviera ingresos estables de ninguna clase; que la madre-vendedora no tuviera necesidad alguna de vender la cuota parte; y que ella siguiera viviendo all\u00ed, sin desprenderse de su tenencia material. Circunstancias todas \u00e9stas que, tal como se indic\u00f3 en precedencia, la jurisprudencia ha reconocido como indicativas de simulaci\u00f3n26. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, de la circunstancia de que los interpelados no hubieren contestado la demanda se deduce, a voces del art\u00edculo 95 C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un indicio grave en contra suyo. Cuesti\u00f3n \u00e9sta no menor, si en cuenta se tiene que en la demanda los promotores afirmaron que (i) el dinero nunca fue recibido por la vendedora (hechos 6 y 9); y (ii) que una de las compradoras (Patricia) no ten\u00eda medios econ\u00f3micos para adquirir el bien (hecho 21). <\/p>\n
3.3.4. El recurrente -en el escrito de apelaci\u00f3n- plantea una serie de hip\u00f3tesis alternativas o contrarias a lo que hall\u00f3 demostrado el juez de primer nivel: (i) la falta de documentaci\u00f3n acerca del pago del precio se explicaba por la confianza y familiaridad entre los contratantes; (ii) la circunstancia de que la vendedora no se hubiere ido del bien se justificaba porque \u00e9l y su hermana Patricia eran los \u00fanicos de la familia que la cuidaban y acompa\u00f1aban; y (iii) los demandados s\u00ed ten\u00edan capacidad de pago (Hugo era m\u00e9dico especialista) y Patricia afirm\u00f3 que \u00abcomo ella no percib\u00eda ingresos le pagar\u00eda a su hermano con la comercializaci\u00f3n de sus derechos en la venta posterior de la casa\u00bb. <\/p>\n
No obstante, tales afirmaciones carecen del suficiente y necesario soporte probatorio. Los interpelados no arrimaron ning\u00fan medio de convicci\u00f3n dirigido a acreditar su dicho. En lado alguno se determin\u00f3, mucho menos prob\u00f3, cu\u00e1nto percib\u00eda el se\u00f1or Hugo Hern\u00e1ndez Huertas en el ejercicio de su actividad profesional. O si, para la \u00e9poca en que dijo adquirir la cuota del derecho de dominio, en realidad se encontraba devengando alguna suma de dinero. Aquel sostuvo -en el interrogatorio que se le practic\u00f3- \u00fanicamente que era \u00abm\u00e9dico especializado en salud ocupacional\u00bb27. Falencia especialmente relevante si en cuenta se tiene el considerable monto por el que se dijo vender la cuota parte ($107.196.500,0028) y las elevadas cuotas que supuestamente se pactaron para el pago del precio ($3.000.000). <\/p>\n
Puede entreverse, no obstante, de las declaraciones de los dos demandados y del testimonio de Efra\u00edn Carrillo Matiz, que Patricia era quien manejaba las finanzas de su madre Mar\u00eda Concepci\u00f3n29. Empero, ese s\u00f3lo hecho no alcanza a corroborar si el pago, en efecto, acaeci\u00f3. Tampoco, de manera alguna, permite tener por acreditado que Patricia o Hugo eran especialmente cercanos a su madre, por encima de los dem\u00e1s hijos30. Menos, como afirma el recurrente, que ellos fueran los \u00fanicos de sus hijos que la cuidaban. Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptase que tal era la situaci\u00f3n familiar, dicha circunstancia reafirma la sospecha de simulaci\u00f3n que recae sobre el negocio. Y esto es as\u00ed pues no hace m\u00e1s que resaltar que nunca fue intenci\u00f3n de la vendedora desprenderse de la posesi\u00f3n del inmueble, m\u00e1xime cuando era all\u00ed donde resid\u00eda en compa\u00f1\u00eda de las personas que se encargaban de su cuidado. <\/p>\n
Por su parte, para esta Sala, los planteamientos del recurrente frente a la falta de documentaci\u00f3n del pago no hacen m\u00e1s que acreditar la ausencia de pago del precio y la falta de un principio de prueba por escrito31. Hechos que, en conjunto con los mencionados en precedencia, permiten deducir razonablemente la simulaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
3.3.5. En ese orden, si bien es cierto que los negocios celebrados entre familiares no implican necesariamente la existencia de una relaci\u00f3n simulada, tambi\u00e9n lo es que hay serios indicios para colegir que, en el caso, s\u00ed acaeci\u00f3 tal circunstancia. Y es que, vista la concordancia y convergencia existente entre los indicios que el a quo tuvo por probados, es paladina que la familiaridad conllev\u00f3 a que, simuladamente, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez enajenara el cincuenta por ciento (50%) del derecho de dominio sobre el bien objeto de controversia, en favor de los hijos con los que compart\u00eda techo. Esto es, Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Y es que, v\u00e9ase que concurren, en el caso, una serie de indicios que, a juicio de la doctrina y jurisprudencia, tradicionalmente han llevado a demostrar la simulaci\u00f3n: no se comprob\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de los compradores; existen claras relaciones parentales y de dependencia entre las partes; no hay prueba del pago; no se comprob\u00f3 el motivo para que la vendedora enajenara el bien; y, la enajenante nunca se desprendi\u00f3 de la tenencia de la heredad. <\/p>\n
4. Para no dejar sin absolver la totalidad de los t\u00f3picos planteados en la alzada, esta Sala precisa lo que viene. <\/p>\n
4.1. La circunstancia de que el notario hubiere autorizado la venta no es raz\u00f3n para desestimar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. La ley32 le reconoce al fedatario una misi\u00f3n fiscalizadora en relaci\u00f3n con los actos que ante ellos se otorgan. No obstante, tal funci\u00f3n se circunscribe al cuidado de la \u00abregularidad formal de los documentos que autorizan\u00bb (art. 6 D. 960 de 1970). Sin perjuicio de los deberes, tambi\u00e9n impuestos por la ley, de velar por la legalidad de las declaraciones y advertir a las partes de las irregularidades que observe (art. 6, \u00edb.). Adem\u00e1s, el mencionado funcionario no responde \u00abde la capacidad o aptitud legal de [los otorgantes] para celebrar el acto o contrato respectivo\u00bb (art. 9\u00ba D. 960 de 1970). Pero es al juez a quien se le atribuye la funci\u00f3n de enjuiciar la legalidad, legitimidad, seriedad y validez de los actos jur\u00eddicos que celebran los particulares. De modo que, por m\u00e1s que el Notario Noveno de Bogot\u00e1 D.C. hubiere autorizado la escritura p\u00fablica en la cual se contuvo la compraventa, nada obsta para que, por la v\u00eda judicial, se reclame la declaratoria de simulaci\u00f3n del negocio. <\/p>\n
Al respecto la Corte, en razonamientos que revisten actualidad, tiene dicho: <\/p>\n
\u00abA quien suscribe el instrumento, no siendo ni el Notario ni uno de los testigos, ha de ten\u00e9rsele por otorgante, ya que dicho acto se ejecuta ante el Notario, quien no lo autoriza si el que firma no es otorgante. Por esto el art\u00edculo 1750 del C.C. establece que el instrumento hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado. Lo cual no es \u00f3bice para impugnarlo conforme a los principios generales\u00bb (CSJ SC de 23 de mayo de 1955) (Destacado para resaltar). <\/p>\n
4.2. Por otro lado, es cierto que el ordenamiento reconoce la buena fe como principio general de la contrataci\u00f3n. Tambi\u00e9n presume la legalidad de los actos jur\u00eddicos. Pero, en uno y otro caso, autoriza el ejercicio de acciones33tendientes a procurar la ineficacia de los actos celebrados en contravenci\u00f3n de sus mandatos o de los valores y principios que orientan el ordenamiento. Los aludidos postulados quedan a salvo, justamente por los requisitos estrictos que el legislador ha impuesto para el ejercicio de los remedios; y los intereses, tambi\u00e9n elevados y leg\u00edtimos, cuya salvaguarda se procura a trav\u00e9s de esos mecanismos. <\/p>\n
4.3. No es, como lo quiere hacer ver el recurrente, que el juez de primer nivel haya descalificado el negocio ajustado por el solo hecho de que quienes en \u00e9l intervinieron eran parientes. Fue de ese hecho, y de otros varios, de donde lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que la compraventa celebrada en 2009 fue simulada. Adem\u00e1s, el parentesco, cercan\u00eda o familiaridad entre los contratantes ha sido frecuentemente reconocido como un indicio de simulaci\u00f3n (cfr. CSJ SC de 11 de mayo de 1955; 6 de marzo de 1961 y de 14 de sept. de 1976; 19 de mayo de 2004, exp. 7145; 14 de sept. de 2006, exp. 1997-2721; 13 de dic. de 2006, exp. 1996-14559; 30 de julio de 2008, exp. 1998-00363; 13 de oct. de 2011, exp. 2002-00083; SC3467-2020); lo mismo que la incapacidad econ\u00f3mica del adquirente (CSJ SC de 11 de mayo de 1955; 14 de sept. de 1976 y 28 de febrero de 1979; 30 de julio de 2008, exp. 1998-00363; 13 de oct. de 2011, exp. 2002-00083); la falta de prueba del pago (SC3467-2020); la no entrega del bien o retenci\u00f3n de la posesi\u00f3n (CSJ SC de 31 de oct. de 1956; 19 de mayo de 2004, exp. 7145; 14 de sept. de 2006, exp. 1997-2721; 30 de julio de 2008, exp. 1998-00363; 13 de oct. de 2011, exp. 2002-00083); la falta de necesidad de enajenar o gravar (SCJ SC de 30 de julio de 2008, exp. 1998-00363; 13 de oct. de 2011, exp. 2002-00083; SC1660-2015); o, a\u00fan, la avanzada edad del enajenante (CSJ SC de 26 de junio de 2008, exp. 2002-00055). Entre otros. <\/p>\n
5. De otra parte, ha de se\u00f1alarse que el negocio cuya simulaci\u00f3n se descubri\u00f3 no adolece de ning\u00fan vicio que afecte su validez. Es que revisada la documentaci\u00f3n cl\u00ednica allegada34, no se evidencia que, para la fecha en que el negocio se suscribi\u00f3 (junio 3 de 2009), la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n estuviere padeciendo de alg\u00fan tipo de trastorno mental o psiqui\u00e1trico que le impidiere saber lo que estaba haciendo. En efecto, si se repara en el contenido de esas documentales, en algunas se dice inclusive que en abril de 2004 ella no padec\u00eda de ning\u00fan desorden neurol\u00f3gico \u00abPero no hay d\u00e9ficit neurol\u00f3gico en el momento35\u00bb ; en julio del 2009, se habla que ella presentaba unos cambios de comportamiento y de memoria \u00abse solicitan cotnroles basicos (sic) con cambios de comportamiento y de memoria que pueden ser por medad (sic) (\u2026)\u00bb, pero no se detalla desde cu\u00e1ndo sufr\u00eda de esos males ni cu\u00e1l era su gravedad36. Esto \u00faltimo es lo mismo que ocurre con otras historias cl\u00ednicas, en las que se detalla que para el 16 de oct. de 2009 la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n estaba desorientada y ten\u00eda su memoria comprometida \u00abneurol\u00f3gico sfera mental (sic) desorientada en tiempo y espacio, no reconoce lateralidad, cruza l\u00ednea media, memoria comprometida37\u00bb ; o que \u2013el 9 y el 10 de nov. de 2009- aquella padec\u00eda de \u00abdemencia no especificada38\u00bb. De hecho, para el 22 de febrero de 2010, la familia de ella negaba que estuviera en estado de demencia \u00abla familia niega estado de demencia de la paciente\u00bb39 <\/p>\n
En el 2013, la demandada Patricia Hern\u00e1ndez \u2013quien, iterase, compart\u00eda mucho tiempo con ella- declar\u00f3 que su madre \u00abnunca fue tratada para trastornos mentales, que yo sepa no, ni incoherencias, de pronto hablaba incoherencias porque ten\u00eda ox\u00edgeno, pero que yo me acuerde entonces de pronto hablaba incoherencias pero que haya sido por trastornos mentales no40\u00bb <\/p>\n
El testigo Efra\u00edn Carrillo Matiz, tambi\u00e9n a finales de 2013, dio cuenta que visitaba a Mar\u00eda Concepci\u00f3n; y que, por all\u00e1 en 2008, la notaba desorientada y confundida (\u00aben el a\u00f1o 2007 creo haberle hecho dos visitas en el cual (sic) la not\u00e9 un poco cavilante o con pereza mental tal vez ser\u00eda con ocas (sic) palabras y con algo de sue\u00f1o por lo cual me retir\u00e9 de la visita y volv\u00ed hacia finales de 2008 (\u2026), la \u00e9poca era como prenavide\u00f1a, ah\u00ed la not\u00e9 totalmente desorientada (\u2026) [;] en el 2008 a mi (sic) me confund\u00eda el nombre me dec\u00eda usted como se llama, le dije yo me llamo EFRAIN conchita y la not\u00e9 muy incoherente, no hacia (sic) soluci\u00f3n de continuidad en las conversaciones y fue una visita relativamente corta y yo coment\u00e9 despu\u00e9s que la notaba parecida a mi madre, porque daba la casualidad de que mi madre termin\u00f3 con demencia senil aguda41 (\u2026)\u00bb Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez, otra de las deponentes, narr\u00f3 \u2013 sin especificar fechas- que visitaba a Mar\u00eda Concepci\u00f3n \u00abcon frecuencia\u00bb y se \u00abdaba cuenta que ella no estaba en sus cinco sentidos, porque ella a veces me confund\u00eda me dec\u00eda el nombre de otra persona42 (\u2026)\u00bb\u00bfSon \u00fatiles esas declaraciones para concluir que Mar\u00eda Concepci\u00f3n, al momento de suscribir el negocio impugnado, no era mentalmente capaz de comprender lo que estaba haciendo? No. En relaci\u00f3n con la de Efra\u00edn, porque los hechos que narra son bastante anteriores \u2013por lo menos 6 meses- a la data de suscripci\u00f3n del negocio. Adem\u00e1s, el testigo refiri\u00f3, \u00fanicamente, que la notaba desorientada y confundida; poco m\u00e1s. La versi\u00f3n de Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez es todav\u00eda m\u00e1s escueta: s\u00f3lo la notaba desconcertada, derivando, ello, de que la asimilaba a otra persona. Aunado a que no precis\u00f3 cu\u00e1ndo la visitaba, imposibilit\u00e1ndose \u2013entonces- establecer el marco temporal de esos encuentros. Todo lo anterior sin olvidar que ni Efra\u00edn ni Mar\u00eda Gloria son personas versadas en temas de salud mental. <\/p>\n
En suma, de la prueba recaudada no es posible colegir, con el elevado est\u00e1ndar exigido para derruir la presunci\u00f3n de capacidad establecida por la ley (art. 1503 CC), que, para el momento de la celebraci\u00f3n del contrato impugnado, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas tuviere su juicio comprometido -ni obra tampoco prueba cient\u00edfica de ello43. Extremos todos estos cuya elucidaci\u00f3n resultaba imprescindible a la hora de dictaminar si el acto o contrato est\u00e1 viciado o no. Esta Corte, en razonamientos que revisten actualidad y juzgando casos similares al sub examine, tiene dicho: <\/p>\n
\u00abEs cierto que hay nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces, entre las cuales se hallan los dementes conforme a los art\u00edculos 1741 y 1504 del C\u00f3digo Civil, pero para ello se requiere que el contratante se encuentre en estado de interdicci\u00f3n judicial o se demuestre que en la \u00e9poca de contratar padec\u00eda de enfermedad mental que le imped\u00eda el goce de sus facultades (\u2026)\u00bb (CSJ SC de 11 de junio de 1959) (destacado fuera del original). <\/p>\n
En efecto, esta Corporaci\u00f3n ya ha precisado que \u00abno cualquier dolencia mental comporta necesariamente la incapacidad de quien la padece\u00bb (CSJ SC de 16 de julio de 1985; reiterada en CSJ SC 13 de julio de 2005); como, tambi\u00e9n, que en casos como el presente lo que interesa saber \u00abno es si el contratante adolec\u00eda de una enfermedad mental cualquiera, sino averiguar si el desarreglo de sus facultades ps\u00edquicas, por su gravedad, impidi\u00f3 que hubiere un consentimiento susceptible de ser tomado en cuenta como factor determinante del respectivo acto jur\u00eddico\u00bb (CSJ SC de 25 de mayo de 1976; criterio ratificado en CSJ SC de 20 de sept. de 2005). <\/p>\n
6. Bajo ese orden de ideas, corresponde a esta Sala, en sede de segunda instancia, confirmar el prove\u00eddo dictado por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. Se condenar\u00e1 en costas al recurrente vencido, es decir, al codemandado Hugo Hern\u00e1ndez Huertas. Esto, conforme lo previene el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo emitido el 8 de septiembre de 2014 por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente en apelaci\u00f3n, se\u00f1or Hugo Hern\u00e1ndez Huertas (art. 392 CPC). Liqu\u00eddense en la forma prescrita en el canon 393, ib\u00eddem. Incl\u00fayase, dentro de la respectiva liquidaci\u00f3n, la suma de $3.000.000, por agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo del apelante. <\/p>\n
TERCERO: En el momento oportuno, DEVOLVER las diligencias al tribunal de procedencia. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fols. 95-96 cdno. 1. <\/p>\n
2\u0002 Fols. 96-98 cdno. 1. <\/p>\n
3\u0002 Falleci\u00f3 el 23 de enero de 2012, seg\u00fan el registro civil de defunci\u00f3n visible a folio 59 del cdno. 1. <\/p>\n
4\u0002 Hijo, a su vez, de Rafael Antonio Hern\u00e1ndez y de Marc\u00eda Concepci\u00f3n Huertas (cfr. Registro Civil de Nacimiento visible a folio 73 del cdno. de la Corte). <\/p>\n
5\u0002 Mediante Escritura P\u00fablica 336 de 2012, otorgada ante la Notar\u00eda Tercera de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
6\u0002 Fols. 223-229 cdno. 1. <\/p>\n
7\u0002 Fols. 265-266 cdno. 1. <\/p>\n
8\u0002 Fols. 258 cdno. 1. <\/p>\n
9\u0002 Fols. 680-691 cdno. 2. <\/p>\n
10\u0002 Fols. 693-697 cdno. 2. <\/p>\n
11\u0002 Fols. 8-38 cdno. Corte. <\/p>\n
12\u0002 Con las modificaciones que a dicho ordenamiento introdujo la Ley 1395 de 2010. <\/p>\n
13\u0002 SC del 16 de mayo de 1968. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC de 7 de julio de 1983. <\/p>\n
15\u0002 Cfr. CSJ SC de 27 de mayo de 1947; de 9 de junio de 1947; 22 de junio de 1950; 13 de abril de 1951; 27 de junio de 1955; 7 de julio de 1955; 10 de agosto de 1955; 9 de sept. de 1959; 6 de marzo de 1961; 31 de enero de 1962; 19 de dic. de 1962; 26 de mayo de 1968; 21 de abril de 1971; 4 de oct. de 1982; 20 de mayo de 1987; 20 de julio de 1993; 13 de dic. de 2006, exp. 2002-00284; 2 de agosto de 2013, exp. 2003-00168. En doctrina: CARRASCO PERERA, \u00c1ngel. Derecho de Contratos. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi. 2010. P\u00e1gs. 602 y ss. <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC de 22 de junio de 1950; tambi\u00e9n: CSJ SC de 9 de sept. de 1952; 27 de junio de 1955; 7 de julio de 1955; 9 de sept. de 1959; 31 de enero de 1962; 19 de dic. de 1962; 21 de abril de 1971; 14 de sept. de 1976; 20 de mayo de 1987; 13 de dic. de 2006, exp. 2002-00284. <\/p>\n
17\u0002 Puntualmente, a los prove\u00eddos CSJ SC de 13 de oct. de 2004, exp. 7470; SC de 5 de dic. de 2008; AC511-2017; SC837 de 2019. Entre otros varios. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. fols. 75, 76, 77 del cdno. de la Corte. <\/p>\n
19\u0002 Cfr. fols. 81, 82 y 88 del cdno. de la Corte. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC de 15 febrero de 2000. <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC de 5 de marzo de 1958; tambi\u00e9n: CSJ SC de 5 de sept. de 1975; 14 de sept. de 1976; 2 de sept. de 1986; 3 de junio de 1996; 15 de febrero 2000, exp. 5438; 28 de agosto de 2001, exp. 6673; y 24 de nov. de 2003, exp. 7458; 2 de agosto de 2013, exp. 2003-00168; SC7274-2015; SC16608-2015; SC3792-2021; SC3771-2022. <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC de 22 de nov. de 1951; en similar camino: CSJ SC de 24 de junio de 1992; 15 de febrero de 2000; 26 de febrero de 2001, exp. 6362; 13 de agosto de 2002, exp. 7060; 24 de nov. de 2003, exp. 7458; 6 de marzo de 2012, exp. 00026; CSJ SC1807-2015; SC3771-2022. <\/p>\n
24\u0002 Posici\u00f3n reiterada en las providencias SC11197, 25 ag. 2015, rad. n.\u00b0 2008-00390-01; SC033, 15 en. 2015, rad. n.\u00b0 2006-00307-01; y SC14059, 16 oct. 2014, rad. n.\u00b0 2009-00260-01. <\/p>\n
25\u0002 Concretamente, a partir de los interrogatorios rendidos por los dos demandados, as\u00ed como de los testimonios de Efra\u00edn Carrillo y de Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez (fols.283-293 cdno. 1). <\/p>\n
26\u0002 Sobre la incapacidad econ\u00f3mica del adquirente, v\u00e9ase: CSJ SC de 11 de mayo de 1955; 14 de sept. de 1976 y 28 de febrero de 1979; respecto a la no entrega del bien: CSJ SC de 31 de oct. de 1956; referente a la falta de necesidad de enajenar o gravar: CSJ SC1660-2015; y en lo que ata\u00f1e a la fata de prueba del pago: CSJ SC3467-2020. <\/p>\n
27\u0002 Fol. 283 cdno. 1. <\/p>\n
28\u0002 Fols. 14 y 16 del cdno. 1. <\/p>\n
29\u0002 Cfr. fols. 284-287, 289 del cdno. 1. <\/p>\n
30\u0002 M\u00e1xime cuando la testigo Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez Ardila, empleada dom\u00e9stica de Mar\u00eda Concepci\u00f3n, fue enf\u00e1tica en sostener que \u00e9sta no ten\u00eda preferencias con ning\u00fan hijo (fol. 292 cdno. 1). <\/p>\n
31\u0002 Mem\u00f3rese que, a la luz del art\u00edculo 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando se trate de probar obligaciones originadas el contrato, o su correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito ser\u00e1 apreciado por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto. Ello, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisi\u00f3n. <\/p>\n
32\u0002 Especialmente, arts. 6 y 9 del D. 960 de 1970. <\/p>\n
33\u0002 Por ejemplo, las de nulidad, rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n, pauliana, etc. <\/p>\n
34\u0002 P\u00e1gs.399 del cuaderno 1. <\/p>\n
35\u0002 P\u00e1g. 446 del cuaderno 1. <\/p>\n
36\u0002 P\u00e1gs. 482 del cuaderno 1. <\/p>\n
37\u0002 P\u00e1gs. 483 del cuaderno 1. <\/p>\n
38\u0002 P\u00e1gs. 484 y 486 del cuaderno 1. <\/p>\n
39\u0002 P\u00e1gs. 509 del cuaderno 1. <\/p>\n
40\u0002 P\u00e1g. 385 del cuaderno 1. <\/p>\n
41\u0002 P\u00e1g. 387 del cuaderno 1. <\/p>\n
42\u0002 P\u00e1g. 390 del cuaderno 1. <\/p>\n
43\u0002 Este elemento de convicci\u00f3n es especialmente \u00fatil para esclarecer lo relacionado con el estado mental de las personas (cfr. CSJ SC de 21 de agosto de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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SC503-2023 (2012-00276-02) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC503-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-31-03-022-2012-00276-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Al haberse casado la sentencia proferida por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77986","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77986\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}