SC504-2023 (2015-01046-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC504-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-037-2015-01046-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de Ofelia Calvo Pel\u00e1ez, Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez y Edilberto Rozo Malag\u00f3n \u2013quienes adem\u00e1s representan a varios afiliados de la entidad Promotora de Salud Cruz Blanca EPS S.A.- frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. el 30 de enero de 2019, en el proceso declarativo de acci\u00f3n de grupo que instauraron los recurrentes contra Cruz Blanca EPS S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Deprecaron declarar la responsabilidad patrimonial de la sociedad demandada por los da\u00f1os inmateriales y materiales a los miembros del grupo, ante la vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida, por la prestaci\u00f3n inoportuna y deficiente de servicios de salud \u2013en el periodo comprendido entre el 1\u00b0 de agosto de 2013 y el 19 de febrero de 2016-. En consecuencia, solicitaron el reconocimiento y pago de $390.552.291.564 por los perjuicios referidos, determinados de la siguiente manera: i) $2.068.362 da\u00f1o moral. ii) $2.068.362 afectaci\u00f3n de bienes constitucionalmente protegidos. Y iii) da\u00f1o emergente, fisiol\u00f3gico o a la salud, lo que resultare probado. Adem\u00e1s, se deposite la indemnizaci\u00f3n en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, para ser pagados a los integrantes del grupo1. <\/p>\n
2. Causa petendi. <\/p>\n
2.1. Narraron que a partir del 2013 y hasta la fecha, han requerido la prestaci\u00f3n oportuna de servicios de salud a cuya \u00abprovisi\u00f3n est\u00e1 legalmente obligada la demandada, pero los cuales sistem\u00e1tica y masivamente no han sido brindados por la EPS Cruz Blanca dentro de los plazos y condiciones de calidad y oportunidad previstos en la ley\u00bb. Refirieron que la Corte Constitucional \u2013en el seguimiento de la sentencia T760 de 20082- encontr\u00f3 que, pese a que la demandada ha recibido los recursos p\u00fablicos para cumplir con la prestaci\u00f3n del servicio de salud, \u00aben dicha entidad han acaecido numerosas fallas en la prestaci\u00f3n del servicio esencial\u2026 que comportan masivas y sistem\u00e1ticas violaciones a los derechos constitucionales fundamentales de miles de ciudadanos, quienes no tienen el deber jur\u00eddico de soportar tales vejaciones\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sostuvieron que por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud ha sometido a la demandada a diversas medidas de control.3 Sin embargo, esta ha \u00abpersistido en las violaciones a los derechos constitucionales fundamentales de miles de afiliados\u00bb, que se relacionan con: \u00abi) no prestaci\u00f3n oportuna de citas de medicina general y especializada. ii) no autorizaci\u00f3n oportuna de servicios m\u00e9dicos. iii) no entrega oportuna de medicamentos. iv) no prestaci\u00f3n oportuna de apoyos diagn\u00f3sticos. [Y] v) no prestaci\u00f3n oportuna de cirug\u00edas; adem\u00e1s de no prestaci\u00f3n oportuna de otros servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
3. Tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
3.1. Una vez admitida la demanda y su reforma, Cruz Blanca EPS S.A. se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n de grupo. Formul\u00f3 las defensas denominadas: \u00abinexistencia de los elementos de la responsabilidad\u00bb. \u00ab[F]alta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. \u00ab[I]nexistencia de un grupo uniforme\u00bb. Y \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb. Sostuvo, en s\u00edntesis, frente a cada una lo siguiente. Que ha garantizado a sus afiliados los servicios de salud ordenados, y que no est\u00e1n probados los perjuicios ni la cuant\u00eda \u2013ausencia de nexo causal-. Que no es la EPS quien debe ser demandada. Que del listado de personas allegado no se infieren las condiciones uniformes, la identidad de la causa, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar del da\u00f1o. Y que Ofelia Calvo Pel\u00e1ez nunca acudi\u00f3 a la farmacia a reclamar los medicamentos, ni se comunic\u00f3 con la EPS para programar las citas del 7 de abril y 26 de febrero de 2014.4 <\/p>\n
3.2. Surtidos los tr\u00e1mites de ley, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. \u2013con sentencia del 11 de abril de 2018- declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abinexistencia de los elementos de la responsabilidad\u00bb e \u00abinexistencia de un grupo uniforme\u00bb. Decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. Y conden\u00f3 en costas al extremo actor. En concreto, consider\u00f3 que las pruebas aportadas no acreditan el hecho da\u00f1ino com\u00fan, pues la EPS s\u00ed aport\u00f3 documentos que demuestran la prestaci\u00f3n de los servicios, aunque tard\u00edamente5. <\/p>\n
3.3. Inconforme, el apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Este fue concedido ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
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II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
El Tribunal \u2013con sentencia del 30 de enero de 2019- confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo impugnado. Y conden\u00f3 a la parte recurrente en costas. Para ello, expuso lo que viene. <\/p>\n
1. Es admisible el argumento del apelante en cuanto que el presupuesto de integraci\u00f3n del grupo se da en el caso, porque los accionantes precisaron de manera concreta tales criterios (folios 487 a 488). Puntualiz\u00f3 que \u00abno es posible afirmar que el grupo no se encuentre debidamente integrado, pues los tres demandantes suministraron elementos de juicio suficientes para integrar el grupo, por supuesto para ese efecto no es menester la concurrencia de los otros integrantes del conglomerado que ellos invocaron\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora bien, la finalidad de la acci\u00f3n de grupo radica en la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os ocasionados a un n\u00famero plural de personas, que pese a referirse a intereses comunes surgidos de unas condiciones uniformes en la causaci\u00f3n de esos detrimentos, deben individualizarse en relaci\u00f3n con el perjuicio cuyo resarcimiento se persigue para cada uno de los integrantes del conjunto. En el punto, precis\u00f3 que \u00abaqu\u00ed no est\u00e1 claramente estructurado ese requisito de \u00bbcondiciones uniformes\u00bb, porque como ha sentado la Corte Constitucional, para atribuir la responsabilidad en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, tales condiciones constituyen un \u00abrequisito indispensable\u00bb, y eso \u00absignifica que las personas que se han visto afectadas en un inter\u00e9s jur\u00eddico deben compartir la misma situaci\u00f3n respecto de la causa que origin\u00f3 los perjuicios individuales y frente a los dem\u00e1s elementos atribuibles a la responsabilidad\u00bb. Es decir, \u00abque el hecho generador del da\u00f1o sea id\u00e9ntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relaci\u00f3n de causalidad entre el hecho generador del da\u00f1o y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acci\u00f3n tendiente a la reparaci\u00f3n de los perjuicios sufridos\u00bb (C-1062 de 2000. Se resalt\u00f3)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que \u2013a diferencia de la acci\u00f3n popular- la de grupo tiene un prop\u00f3sito resarcitorio o indemnizatorio, en la medida \u00abde comprobaci\u00f3n de da\u00f1os para cada uno de los congregados, quienes si bien no tienen por qu\u00e9 estar determinados desde el comienzo, si deben ser determinables, aunque en todo caso aquellos menoscabos deben provenir de una causa com\u00fan o unificada, porque la calidad de \u201cuniformes\u201d de las condiciones significa que dos o m\u00e1s cosas \u00abtienen la misma forma\u00bb, que son iguales, comunes o semejantes\u00bb6. Desde luego que esa uniformidad debe entenderse, como lo sent\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-569 de 2004, dentro de un contexto razonable, porque no pueden exigirse dichas condiciones uniformes \u00abrespecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad, toda vez que se trata de una exigencia desproporcionada7, en tanto que esos requisitos estructurales de la responsabilidad pueden tener diferencias en los casos concretos, verbi gratia, el da\u00f1o puede ser distinto entre los agrupados (ej. lesiones corporales para unos, da\u00f1os en bienes para otros, etc.); a m\u00e1s de que la causa debe ser la misma, es cierto, pero cabe considerarla no solamente desde su realidad f\u00e1ctica, pues \u201cde acuerdo con la moderna doctrina de la responsabilidad extracontractual, el elemento de la relaci\u00f3n causal no debe ser estudiado como un fen\u00f3meno puramente natural sino esencialmente jur\u00eddico8\u201d. <\/p>\n
De ese modo, encontr\u00f3 que la verificaci\u00f3n de las condiciones uniformes debe darse en un contexto l\u00f3gico que permita ver los da\u00f1os originados en una \u00absituaci\u00f3n de hecho que haya operado de igual o similar forma para todos los afectados, aunque dicha igualdad o semejanza no s\u00f3lo debe extraerse de los meros hechos materiales, sino tambi\u00e9n de los aspectos jur\u00eddicos que puedan ser aplicables al conjunto. Fundamento conceptual que no puede verse en este caso porque, a decir verdad, la calidad del servicio de la salud a cargo de la EPS demandada, tiene que ser calificada seg\u00fan las particularidades de cada caso concreto, para establecer si a cada uno de sus afiliados le caus\u00f3 un perjuicio real y directo con una conducta -acci\u00f3n u omisi\u00f3n- en determinado sentido, y cu\u00e1l ser\u00eda la dimensi\u00f3n de ese desmedro, desde la perspectiva extrapatrimonial y patrimonial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aflora inadmisible la tesis de los apelantes respecto de las condiciones uniformes para el grupo, porque \u00abse refieren a la buena o mala calidad del servicio de salud, porque esa forma de atribuci\u00f3n de responsabilidad es demasiado abstracta y no permite una concreci\u00f3n en las variables del tiempo y el espacio, como si fuera una situaci\u00f3n \u00fanica o uniforme que al mismo tiempo gener\u00f3 determinados y espec\u00edficos da\u00f1os a sus afiliados, de manera general\u00bb. Am\u00e9n de que, si la \u00abSupersalud u otras entidades hubiesen recopilado unos datos estad\u00edsticos sobre atenci\u00f3n en salud, hubieren tramitado quejas y reclamos, con eventuales consecuencias para la accionada, no puede tenerse como fundamento de condiciones uniformes, porque eso no necesariamente significa la unidad de la forma en la generaci\u00f3n de unos da\u00f1os concretos para el grupo invocado por los demandantes\u00bb. En efecto, \u00abno es posible saber si en todas esas quejas o reclamos hubo realmente una mala prestaci\u00f3n del servicio, o si en los casos en que se hubiese concluido en alguna falla, siempre se caus\u00f3 un desmedro al usuario, ni mucho menos en cu\u00e1les de las situaciones de inexistencia de queja o reclamo, pudieron causarse da\u00f1os a los involucrados\u00bb. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, y de llegarse a considerar que s\u00ed hay condiciones uniformes, encontr\u00f3 que los demandantes no demostraron la ocurrencia de los da\u00f1os concretos a cada uno de los integrantes del grupo -en su realidad ontol\u00f3gica y en el monto para indemnizarlos-. Sobre el particular, subray\u00f3 que \u00abdentro de ese concepto resarcitorio de la acci\u00f3n, es menester la prueba del da\u00f1o espec\u00edfico, a cuyo prop\u00f3sito no son suficientes invocaciones sobre eventuales irregularidades de la accionada en el servicio de salud, porque situaci\u00f3n de esa estirpe puede dar lugar a medidas pol\u00edtico-gubernativas tendientes a la mejor\u00eda del sistema, pero por s\u00ed solas no dejan ver la generaci\u00f3n de quebrantos en el patrimonio moral o econ\u00f3mico de los afiliados, en abstracto, porque de lo contrario la indemnizaci\u00f3n anidar\u00eda en el terreno de las especulaciones o de las hip\u00f3tesis\u00bb. <\/p>\n
Y es que, precisamente en la jurisprudencia de da\u00f1os \u00abes verdad averiguada desde antiguo, que el perjuicio indemnizable tiene que ser cierto y directo, pues no solamente es viable reparar el que se demuestra como real y efectivamente causado, adem\u00e1s de tener origen inmediato en el hecho il\u00edcito, como una culpa, un obrar negligente, de mala fe o con dolo u otra situaci\u00f3n que la ley permita considerar como id\u00f3nea para generar responsabilidad (subjetiva u objetiva)\u00bb. De ah\u00ed que, recalc\u00f3 que est\u00e1 ausente la prueba del perjuicio, \u00abno hay c\u00f3mo atribuir responsabilidad, y ha sentado tambi\u00e9n la Corte Suprema que si no es posible imputar \u00e9sta \u201ca quien se endilga la conducta, la acci\u00f3n de grupo no est\u00e1 llamada a prosperar, precisamente porque en esas condiciones, no es posible ordenar el resarcimiento del perjuicio\u201d (C.S.J. sent. De 22 de abril de 2009, Exp. 2000-00624-01)\u00bb. Exigencia que no concurre en este proceso grupal, porque carece de prueba la producci\u00f3n de da\u00f1os espec\u00edficos a los miles de afiliados, que los demandantes presentan como integrantes del conjunto de afectados. <\/p>\n
3.1. En el caso, los actores reclaman indemnizaci\u00f3n por \u00abla afectaci\u00f3n de derechos constitucionalmente protegidos (la salud, la seguridad social y la vida), por faltas en el suministro de medicamentos, la programaci\u00f3n oportuna de citas; perjuicios morales por la angustia, aflicci\u00f3n y frustraci\u00f3n ante la deficiente prestaci\u00f3n del servicio; los da\u00f1os patrimoniales, en particular, los gastos asumidos de manera directa por Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, y en general, lo cancelado por los dem\u00e1s integrantes del grupo para acceder a medicamentos y servicios; as\u00ed como los perjuicios fisiol\u00f3gicos o a la salud que resulten probados\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que si bien la jurisprudencia referida \u2013como base del reclamo- permite el resarcimiento no s\u00f3lo de los da\u00f1os morales, como \u00abinmensa pesadumbre, congoja, angustia y disminuci\u00f3n del \u00e1nimo de los actores, todo lo cual se tradujo en una indiscutible lesi\u00f3n a su integridad moral y afectiva (SC10297\/2014, exp. 2003-660-01)\u00bb, sino tambi\u00e9n el de aquellos derechos personales que gozan de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abcomo la salud e, incluso, la vida, \u201cla vida en relaci\u00f3n, la integridad sicosom\u00e1tica, los bienes de la personalidad \u2013 verbi gratia, integridad f\u00edsica o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputaci\u00f3n, fama, etc. -, o a la esfera sentimental y afectiva\u2026\u201d (Sentencia de casaci\u00f3n de 18 de septiembre de 2009)\u00bb. Sin embargo, destac\u00f3 que no es posible afirmar que, a diferencia de los tres accionantes, cuyas condiciones de salud expresaron en la demanda y en los interrogatorios, al resto del grupo se les causaron esos dos tipos de da\u00f1os. Esto pues, se desconoce, entre otras cosas, lo que viene. i). \u00abCu\u00e1les fueron las patolog\u00edas concretas del resto del grupo, sus condiciones de salud, es decir, si se trataba de personas que necesitaban con urgencia el servicio, o aquellas que su vida y sus condiciones generales de salud dependieran del mismo\u00bb. ii). \u00abSi la falta de programaci\u00f3n de citas o entrega de medicamentos les caus\u00f3 esa angustia, congoja o disminuci\u00f3n del \u00e1nimo que s\u00ed se verific\u00f3 en los accionantes, en la sentencia que se trajo a colaci\u00f3n\u00bb. Y iii). \u00abSi por la prestaci\u00f3n inoportuna del servicio, carencia de \u00f3rdenes, medicamentos o citas, se deterior\u00f3 el estado de salud de los reclamantes\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden de ideas, record\u00f3 que cualquier tipo de molestias o frustraciones no genera un da\u00f1o moral resarcible. Y \u00abque toda relaci\u00f3n contractual trae consigo alg\u00fan tipo de inconformidad que puede generar reclamaci\u00f3n, sin que esa sola circunstancia amerite recompensa econ\u00f3mica, y tanto menos en trat\u00e1ndose de la invocaci\u00f3n a favor de terceras personas, cuya real situaci\u00f3n en esos aspectos, brilla por su ausencia, pues insuficientes son para esos efectos los medios de convicci\u00f3n a los solitarios actores\u00bb. Con todo, destac\u00f3 que \u00abla \u00fanica prueba del supuesto da\u00f1o al grupo es la base de datos de las reclamaciones que 43.723 afiliados de Cruz Blanca EPS le formularon (folios. 814 a 815 del cuad. Ppal.) por autorizaciones, medicamentos y citas, sin el m\u00e1s m\u00ednimo conocimiento de da\u00f1os espec\u00edficos causado a cada uno de ellos, en el contexto de las condiciones uniformes. La base de datos enviada por la Superintendencia Nacional de Salud s\u00f3lo muestra la fecha, identificaci\u00f3n y el nombre de los usuarios que se quejaron (folios 774 y 775), sin precisi\u00f3n de las razones de inconformidad\u00bb. <\/p>\n
3.3. En suma, evidenci\u00f3 que tampoco se demostr\u00f3 el da\u00f1o emergente alegado por demoras en la prestaci\u00f3n de algunos servicios, \u00abni hay prueba de alg\u00fan monto pagado por cualquiera de los integrantes del grupo para acceder a estos. N\u00f3tese que se aport\u00f3 un recibo de pago (hoja 159 ib.) cancelado por Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, documento que no contiene el nombre del medicamento o del comprador; aunque en todo caso sin comprobar esos aspectos por los dem\u00e1s integrantes del grupo\u00bb. <\/p>\n
3.4. Pero adem\u00e1s, consider\u00f3 que \u00abla propuesta de otorgar indemnizaciones concretas, \u00fanicamente por la eventual vulneraci\u00f3n colectiva del derecho a la salud, adem\u00e1s de emanar de una indiscutible abstracci\u00f3n, puede generar mayores dificultades a los afiliados para reclamaciones puntuales, porque no puede negarse que cuando menos en el terreno extrapatrimonial de los da\u00f1os y acaso en lo patrimonial, la sentencia tendr\u00eda efecto de cosa juzgada, que as\u00ed sea un aspecto controvertible, terminar\u00eda por desmejorar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de quienes pretendan, en acciones individuales, perseguir el pago de perjuicios por fallas en eventos espec\u00edficos de falta del servicio o de responsabilidad institucional, m\u00e9dica o cl\u00ednica de los respectivos interesados\u2026 Y no sobra agregar alrededor de las reclamaciones individuales, sin incluir las acciones de tutela que tienen como finalidad una atenci\u00f3n urgente a problemas de salud, que son numerosos los procesos comunes en que de manera particular los usuarios de las EPS, concurren ante los jueces a reclamar perjuicios, por fallas de diversa naturaleza en el servicio m\u00e9dico-asistencial, que se vienen decidiendo a favor o en contra de esas entidades, luego del condigno juicio de imputaci\u00f3n, actuaciones que podr\u00edan tener el obst\u00e1culo descrito de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. En una palabra, no concurren todos los elementos para la prosperidad de la acci\u00f3n de grupo9. Y si bien puede tenerse como integrado el grupo, no hay, en cambio, prueba fehaciente de las condiciones uniformes. Ni mucho menos la acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os concretos sufridos por los integrantes de esa colectividad. <\/p>\n
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III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se present\u00f3 demanda contentiva de cinco cargos \u2013admitidos- con fundamento en los motivos primero y segundo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa del literal e del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1751 de 2015, el numeral 9\u00b0 del canon 153, el numeral 6\u00b0 del canon 178 y el literal c del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvieron que el Tribunal desconoci\u00f3 las condiciones uniformes que existen entre los miembros del grupo y que devienen de la situaci\u00f3n igual de estos \u00abfrente al deber legal de prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud por parte de la EPS demandada\u00bb. En efecto, frente a las consideraciones plasmadas en la sentencia respecto a este punto, adujeron que el error es evidente, pues la Colegiatura soslay\u00f3 las relaciones jur\u00eddicas comunes que las disposiciones citadas establecen \u00abentre la EPS demandada y los miembros del grupo, quienes en su calidad de afiliados a Cruz Blanca tienen el mismo e id\u00e9ntico derecho constitucional y fundamental, a que la pasiva les brinde un servicio de salud en las condiciones uniformes de calidad y oportunidad establecidas en las normas inaplicadas\u00bb. Es decir, \u00abel Tribunal desconoci\u00f3 que las condiciones uniformes entre los miembros del grupo devienen de las normas sustantivas inaplicadas que crean una id\u00e9ntica situaci\u00f3n jur\u00eddica para cada afiliado frente a la EPS demandada, de forma que todos los miembros del grupo demandante tienen el mismo derecho constitucional fundamental a que Cruz Blanca les brinde un servicio de salud en las condiciones uniformes de calidad y oportunidad establecidas en las leyes 100 de 1993; 1438 de 2011 y, 1751 de 2015\u00bb. <\/p>\n
En seguida, puntualizaron que \u00abpara lo que se debate el Tribunal afirm\u00f3 que \u201c\u2026la calidad del servicio de salud a cargo de la EPS demandada tiene que ser calificada seg\u00fan las particularidades de cada caso concreto para establecer si a cada uno de sus afiliados les caus\u00f3 un perjuicio real y directo\u2026\u201d(folio 31 cuaderno del Tribunal), aserto con el que de tajo el ad-quem ignor\u00f3 las normas del sistema de salud que en este cargo se invocan inaplicadas, omisi\u00f3n que lo llev\u00f3 a colegir que es un imposible que existan \u201ccondiciones uniformes\u201d entre los afiliados a una Entidad Promotora de Salud, dadas la diferencias f\u00e1cticas individuales que se dan en la atenci\u00f3n m\u00e9dica de cada paciente\u00bb. Sin embargo, dijeron que \u00abeste juicio del ad-quem es errado pues desconoce que, por virtud de las normas inaplicadas, todos los afiliados a la EPS demandada gozan de un bien id\u00e9ntico y jur\u00eddicamente protegido, consistente en su derecho constitucional y fundamental a que la EPS les brinde un servicio de salud en condiciones uniformes de calidad y oportunidad, derecho id\u00e9ntico que es independiente de los espec\u00edficos servicios de salud que cada persona pueda requerir en un momento determinado\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, recalcaron que el Tribunal, al apartarse del alcance del concepto \u201ccondiciones uniformes\u201d que hizo la Corte Constitucional en sentencia C569 de 2004, obvi\u00f3 que las \u00ab\u201dcondiciones uniformes\u201d de la presente acci\u00f3n de grupo no dependen del estado particular de salud de cada persona como err\u00f3neamente lo concluy\u00f3 el Tribunal, sino de la situaci\u00f3n jur\u00eddica com\u00fan que todos los integrantes del grupo tienen frente a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencial de la salud que, se itera, debi\u00f3 ser brindado por la EPS demandada a todos los miembros del grupo, en las mismas condiciones de calidad y oportunidad que definen las normas sustantivas ignoradas por el ad-quem\u00bb. <\/p>\n
Para terminar, concluyeron que, \u00abpara efectos de establecer la igualdad en la relaci\u00f3n de causalidad, el Tribunal ignor\u00f3 entre otros los siguientes aspectos consagrados en los art\u00edculos inaplicados de las Leyes 100 de 1993, 1438 de 2011, 1751 de 2015: i) la omisi\u00f3n en los deberes legales de la EPS demandada en el proceso de prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud, ii) la afectaci\u00f3n general en el principio de confianza de los usuarios de Cruz Blanca EPS que deviene de las mismas normas; y, iii) la relaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de todos los da\u00f1os a la pasiva, que omiti\u00f3 el deber de prestar un servicio de salud en las condiciones de calidad y oportunidad previstas en la Ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las acciones de grupo son procedentes \u00abcuando se causen agravios individuales a un conjunto numeroso de sujetos que se encuentran en situaciones homog\u00e9neas, agravio que se puede producir por la violaci\u00f3n de cualquier derecho, ya sea difuso, colectivo o individual, de car\u00e1cter contractual, legal o constitucional\u00bb (CSJ SC del 22 de abril de 2009, rad. 2000-00624-01. Reiterada en CSJ SC016-2018). Desde luego, al tratarse de una acci\u00f3n indemnizatoria, como todas las que ostentan dicho car\u00e1cter, est\u00e1 determinada por el da\u00f1o. <\/p>\n
2. Descendiendo al cargo, se advierte que luce incompleto. \u00danicamente se cuestiona la decisi\u00f3n respecto a las condiciones uniformes entre los miembros del grupo. Sin rebatirse la otra consideraci\u00f3n capital de la determinaci\u00f3n para negar las pretensiones: la ausencia de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o \u00aben su realidad ontol\u00f3gica y en el monto para indemnizarlo\u00bb. En ese orden, el ataque no combate todos los soportes esenciales del fallo criticado. Esto es, \u00abel censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb. (CSJ AC7629 de 2016, rad. n.\u00ba 2013-00093-01). <\/p>\n
3. Pero adem\u00e1s, en la censura se mencionan normas que no son de \u00edndole sustancial. En efecto, las disposiciones denunciadas son las que vienes. Literal e del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1751 de 2015, numeral 9\u00b0 del canon 153, numeral 6\u00b0 del canon 178 y el literal c del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, que explican la naturaleza, contenido, elementos y principios del derecho fundamental a la salud, el principio de calidad en el Sistema General de Seguridad Social y funciones y requisitos de las entidades promotoras de salud. Tales normas consagran preceptos legales que no ostenta la calidad de sustancial: su contenido es esencialmente definitorio de los elementos esenciales del derecho fundamental, su forma de prestaci\u00f3n y las funciones de sus entidades promotoras. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se achac\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2\u00b0 y 6\u00b0 literal e de la Ley 1751 de 2015, numeral 9\u00b0 del canon 153 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 3\u00ba de la ley 1438 de 2011 numeral 3.8, numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 178 y el numeral 4 literal c) del precepto 180 de la Ley 100 de 1993, por error de hecho manifiesto y transcendente al apreciar la demanda. Puntualmente, el Tribunal estim\u00f3 que el da\u00f1o que sufrieron los integrantes del grupo se relaciona con el estado individual psicof\u00edsico de cada uno de ellos, \u00abdesconociendo que el fundamento de la acci\u00f3n de grupo no es el \u201cda\u00f1o fisiol\u00f3gico\u201d sino la afectaci\u00f3n masiva y colectiva del derecho constitucional fundamental a la salud; esto es, \u201cun da\u00f1o por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u201d\u00bb. <\/p>\n
Enfatizaron que los errores del Tribunal en la interpretaci\u00f3n de la demanda consistieron en lo siguiente: i) soslay\u00f3 que las normas indirectamente violadas no establecen que el goce universal del derecho fundamental a la salud dependa de las condiciones de salud de cada persona. ii) Err\u00f3 tambi\u00e9n al pretextar que desconoc\u00eda: \u201c\u2026b) Si la falta de programaci\u00f3n de citas o entrega de medicamentos les caus\u00f3 esa angustia, congoja o disminuci\u00f3n de \u00e1nimo que si se verific\u00f3 en los accionantes, en la sentencia que se trajo a colaci\u00f3n\u2026\u201d (folio 36 cuaderno del Tribunal) esquivando con ello la ineluctable angustia, aflicci\u00f3n y frustraci\u00f3n que resulta de requerir un servicio de salud que no es provisto con la oportunidad y calidad definidas en la Ley, da\u00f1o que incluso la jurisprudencia constitucional ha identificado\u2026\u00bb10. Y iii) malinterpret\u00f3 que las pretensiones de la demanda no se orientan al \u00abresarcimiento de los perjuicios biol\u00f3gicos o fisiol\u00f3gicos que resultaron de la falta de prestaci\u00f3n oportuna de servicios de salud, sino a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os por \u201cafectaci\u00f3n de bienes constitucionales\u201d, y \u201cmorales\u201d que devienen de la masiva y sistem\u00e1tica afectaci\u00f3n del acceso al servicio p\u00fablico esencial de la salud y a su prestaci\u00f3n eficiente y oportuna, situaci\u00f3n que se ha presentado en la EPS demandada por m\u00e1s de 7 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Como se sabe, para que un cargo de esta naturaleza se abra paso en casaci\u00f3n no basta con demostrar que el entendimiento del Tribunal es extra\u00f1o de aquel que deb\u00eda obtener de la demanda. Por el contrario, se debe evidenciar que este \u00faltimo era el \u00fanico posible. Es decir, si el adoptado por el juez tambi\u00e9n era factible: ning\u00fan yerro habr\u00e1 o no ser\u00e1 ostensible. En esencia, la censura reprocha al Tribunal una indebida interpretaci\u00f3n de la demanda. El error denunciado consisti\u00f3 en que la autoridad estim\u00f3 que el da\u00f1o sufrido por los integrantes del grupo se relaciona con el estado individual psicof\u00edsico de cada uno de ellos, cuando el fundamento de lo planteado fue, en realidad, la afectaci\u00f3n masiva y colectiva del derecho constitucional fundamental de la salud. Esto es, \u00abun da\u00f1o por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales y da\u00f1os morales\u00bb. Adem\u00e1s, adujeron que se \u00abmalinterpret\u00f3 que las pretensiones de la demanda no se orientan al \u00abresarcimiento de los perjuicios biol\u00f3gicos o fisiol\u00f3gicos que resultaron de la falta de prestaci\u00f3n oportuna de servicios de salud, sino a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os por \u201cafectaci\u00f3n de bienes constitucionales\u201d, y \u201cmorales\u201d que devienen de la masiva y sistem\u00e1tica afectaci\u00f3n del acceso al servicio p\u00fablico esencial de la salud y a su prestaci\u00f3n eficiente y oportuna, situaci\u00f3n que se ha presentado en la EPS demandada por m\u00e1s de 7 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos planteados en la reforma de la demanda11 tienen el objetivo de evidenciar las deficiencias de la EPS Cruz Blanca S.A. en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud que ofrece a millones de usuarios. A saber: <\/p>\n
\u20265. En oficio 2-2014-118026 del 26 de noviembre de 2014, y en respuesta al auto 329 de 2014, el Sr. Superintendente Nacional de Salud, acept\u00f3 y confirm\u00f3 ante la Corte Constitucional que en las EPS Saludcoop, Cruz Blanca EPS y Cafesalud, se presentaron y contin\u00faan present\u00e1ndose graves deficiencias en la prestaci\u00f3n de servicios de salud que afectan a los millones de usuarios de dichas entidades. <\/p>\n
6. Las vulneraciones que la Superintendencia Nacional de Salud encontr\u00f3 ocurren en las EPS SaludCoop, Cruz Blanca y Cafesalud y que en noviembre de 2014 se informaron a la Corte Constitucional, corresponden a: 1) Falta de oportunidad en la asignaci\u00f3n de citas de medicina general; 2) Falta de oportunidad en la asignaci\u00f3n de citas de medicina especializada; 3), Falta de oportunidad en la autorizaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos POS; 4) Falta de oportunidad en la autorizaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos NO POS por demora en el tr\u00e1mite ante el CTC, y 5) Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos\u2026 <\/p>\n
12. En agosto de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n 001611 por la cual prorrog\u00f3 la medida cautelar de vigilancia especial sobre la EPS Cruz Blanca, fundado en serias fallas de insuficiencia de red de prestaci\u00f3n de servicios de salud y ocurrencia de reiteradas quejas por no prestaci\u00f3n oportuna de citas m\u00e9dicas y otros servicios. <\/p>\n
13. En enero de 2016, los medios de comunicaci\u00f3n nacional dieron cuenta del fallecimiento en plena v\u00eda p\u00fablica, de la Sra. Rubiela Chivara, usuaria de Cruz Blanca EPS, quien falleci\u00f3 de una falla cardiaca y que por meses solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n de una cirug\u00eda cardiaca, la cual se aplaz\u00f3 en varias oportunidades. <\/p>\n
14. En febrero de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud, profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n 000583 por la cual orden\u00f3 a Cruz Blanca EPS suspender la pr\u00e1ctica de dilaci\u00f3n y negaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a pacientes con c\u00e1ncer\u2026 <\/p>\n
22. El 6 de mayo de 2015, Cruz Blanca EPS S.A. no entreg\u00f3 de forma completa ni inmediata a la Sra. Ofelia Calvo Pel\u00e1ez los medicamentos: Carbonato de Calcio + vitamina D; Trazodona Clorhidrato x 50 mg; Beclometasona Dipropionato Aerosol Bucal x 250 mg; Beclometasona Dipropionato aerosol nasal x 250 mg; Salbutamol Sulfato aerosol x 100 mg; Levotiroxina S\u00f3dica X 50 mg; Lovastatina x 20mg; Difrenhidramina x 50 mg; Esomeprazol magn\u00e9sico x 40 mg, ordenados en la formula m\u00e9dica 191789487 del d\u00eda 6 de mayo del 2015. <\/p>\n
23. El 5 de junio del 2015, Cruz Blanca EPS S.A. no entreg\u00f3 de forma completa ni inmediata a la Sra. Ofelia Calvo Pel\u00e1ez los medicamentos: Carbonato de Calcio + vitamina D; Trazodona Clorhidrato x 50 mg; Beclometasona Dipropionato Aerosol Bucal x 250 mg; Beclometasona Dipropionato aerosol nasal x 250 mg; Salbutamol Sulfato aerosol x 100 mg; Levotiroxina S\u00f3dica X 50 mg; Lovastatina x 20mg; Difrenhidramina x 50mg; Esomeprazol magn\u00e9sico x 40 mg, ordenados en la f\u00f3rmula m\u00e9dica 191789488 del d\u00eda 5 de junio de 2015. <\/p>\n
24. Desde el 7 de abril de 2014, Cruz Blanca EPS S.A no ha brindado a la Sra. Calvo Pel\u00e1ez una cita de control de neumolog\u00eda, autorizada por orden de servicios 114747736 por falta de oportunidad en las agendas m\u00e9dicas. <\/p>\n
25. Desde el 26 de febrero de 2014, Cruz Blanca EPS S.A no ha brindado a la Sra. Calvo Pel\u00e1ez una cita para toma de Colonoscopia, ordenada por el especialista en gastroenterolog\u00eda desde dicha fecha, y autorizada por la orden de servicios 112500141\u2026 <\/p>\n
30. El 28 de abril de 2015 Cruz Blanca EPS S.A., no entreg\u00f3 al Sr. Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez el medicamento Tamsulosina Clorhidrato CAP LIB PROG x 0,40 mg., el cual solo fue aprobado hasta el d\u00eda 1 de junio de 2015. <\/p>\n
31. Por la no entrega del medicamento Tamsulosina Clorhidrato CAP LIB PROG X 0,40 mg, el Sr. Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez tuvo que destinar recursos propios para la compra del medicamento y evitar complicaciones a salud… <\/p>\n
37. Desde el 13 de agosto de 2015 al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n se le autorizo la realizaci\u00f3n de un examen diagn\u00f3stico de resonancia nuclear magn\u00e9tica de columna lumbosacra con orden 144610919, pero dicha EPS al mes de diciembre de 2015 no hab\u00eda prestado los servicios de salud requeridos. <\/p>\n
38. Con orden de servicios 140263046 del 8 de agosto de 2015, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n le fue ordenada la tercera entrega del medicamento Diosmina 450MG + Hesperidina x 50 MG, el cual no le fue entregado. <\/p>\n
39. Con orden de servicios 139370980 del 23 de agosto de 2015, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n le fue ordenada la cuarta entrega del medicamento Budesonida 200MG + Formoterol Fumorato 6MCG inhalador, el cual no le fue entregado. <\/p>\n
40. Con orden de servicios 139370961 del 22 de septiembre de 2015, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n le fue ordenada la quinta entrega del medicamento Budesonida 200MG + Formoterol Fumorato 6MCG inhalador, el cual no le fue entregado\u2026 <\/p>\n
43. Desde el 8 de febrero de 2016 con orden 155444895 al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n se le orden\u00f3 una cita de control con la especialidad m\u00e9dica de neurocirug\u00eda, la cual Cruz Blanca a marzo de 2016 no prest\u00f3 por renuncia del especialista. <\/p>\n
3. A su turno, las pretensiones planteadas en el escrito tienen por prop\u00f3sito atribuir la responsabilidad civil de la demandada. Ello, para que se condene al pago de los perjuicios causados a t\u00edtulo de da\u00f1os inmateriales y materiales. Tal como se transcribe, <\/p>\n
\u20266.1. Se declare la responsabilidad patrimonial de la sociedad CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. NIT. 830009783-0, por los da\u00f1os inmateriales y materiales ocasionados a la Sra. Ofelia Calvo Pel\u00e1ez, al Sr Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n, y los dem\u00e1s 94.408 miembros del grupo, por la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos constitucionales fundamentales a la salud, la seguridad social, y la vida, resultado de la no prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos con oportunidad y calidad, en hechos ocurridos en Cruz Blanca EPS S.A. entre el 1 de agosto de 2013 y el 29 de febrero de 2016. (se resalta). <\/p>\n
6.2. Se ordene a la sociedad CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. NIT. 830009783-0, el reconocimiento y pago de la suma de trescientos noventa mil quinientos cincuenta y dos millones, doscientos noventa y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($390.552.291.564), que contiene la suma ponderada de las indemnizaciones individuales por los perjuicios inmateriales y materiales causados a la Sra. Ofelia Calvo Pel\u00e1ez, al Sr Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n y dem\u00e1s miembros del grupo, seg\u00fan el monto individual para cada uno de los miembros del grupo, estimado en el cap\u00edtulo 5 de esta demanda. <\/p>\n
6.3. Que para la determinaci\u00f3n del monto de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o inmaterial solicitada en el numeral precedente, ese despacho aplique los siguientes criterios de valoraci\u00f3n de la severidad de los perjuicios infringidos: 6.3.1.- La calidad de constitucionales y fundamentales de los derechos a la salud, la seguridad social y la vida, violentados por la entidad demandada. 6.3.2.- La gran magnitud de las victimas integrantes del grupo, cuyos derechos a salud, la seguridad social y la vida resultaron violentados. 6.3.3.- La ocurrencia sistem\u00e1tica y continuada durante m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os de los actos da\u00f1inos de violaci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida, y la no prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos con oportunidad y calidad, de los miembros del grupo. 6.3.4.- La potencialidad de da\u00f1o a los derechos a la salud, la seguridad social y la vida m\u00e1s de quinientas cincuenta mil (550.000) personas afiliadas a Cruz Blanca EPS y que podr\u00edan resultar afectadas por las conductas desplegadas por dicha entidad. 6.3.5.- Las graves fallas en los deberes de inspecci\u00f3n. Vigilancia y Control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre Cruz Blanca EPS. 6.3.6.- Los criterios de \u00abtasaci\u00f3n del da\u00f1o moral y del \u00abda\u00f1o por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u00bb, contenidos en la sentencia del 1 de noviembre de dos mil doce 2012; Consejo de Estado, radicaci\u00f3n 25000232600019990002 04 y 2000-00003-04. 6.4.- Se ordene que la suma total reconocida como indemnizaci\u00f3n, en los diez (10) d\u00edas posteriores a la ejecutoria del fallo, se entregue a la Defensor\u00eda del Pueblo \/ Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para que se paguen a la Sra. Ofelia Calvo Pel\u00e1ez, al Sr Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, al Sr Edilberto Rozo Malag\u00f3n y a los dem\u00e1s miembros del grupo, las indemnizaciones individuales por los perjuicios a ellos ocasionados, en el monto que para cada uno se determin\u00f3 en el cap\u00edtulo cinco (5) de esta demanda, y de conformidad con los par\u00e1metros fijados en el numeral 3 del art\u00edculo 65 de la Ley 472 de 1998. 6.5.- Que se condene en costas a CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.12 . <\/p>\n
La manera en que los pedimentos se platearon revela que los promotores del litigio s\u00ed exigieron la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os fisiol\u00f3gicos, morales y patrimoniales. Y, de esta circunstancia, fijaron los perjuicios. Por tanto, fueron los demandantes mismos quienes circunscribieron la acci\u00f3n de grupo al resarcimiento de esos perjuicios. <\/p>\n
4. Esto es, a juicio de esta Sala, el ejercicio hermen\u00e9utico del fallador no luce reprensible: estuvo acorde con la naturaleza y esencia de lo consignado en la demanda y sus pretensiones. En efecto, el Tribunal puntualiz\u00f3 que los actores reclaman indemnizaci\u00f3n por la afectaci\u00f3n de derechos constitucionales protegidos \u00ab(la salud, la seguridad social y la vida), por faltas en el suministro de medicamentos, la programaci\u00f3n oportuna de citas; perjuicios morales por la angustia, aflicci\u00f3n y frustraci\u00f3n ante la deficiente prestaci\u00f3n del servicio; los da\u00f1os patrimoniales, en particular, los gastos asumidos de manera directa por Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, y en general, lo cancelado por los dem\u00e1s integrantes del grupo para acceder a medicamentos y servicios; as\u00ed como los perjuicios fisiol\u00f3gicos o a la salud que resulten probados\u00bb. Agreg\u00f3 que, seg\u00fan la demanda, \u00ab\u2026el grupo se encuentra integrado por Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, Ofelia Calvo Pel\u00e1ez, Edilberto Rozo Malag\u00f3n, m\u00e1s 21.318 personas identificadas y 51.772 no identificadas, a quienes se alega, Cruz Blanca EPS de forma sistem\u00e1tica les vulner\u00f3 los derechos citados, en un periodo que se determin\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, determin\u00f3 que si bien la jurisprudencia referida por los recurrentes \u2013como base del reclamo- permite el resarcimiento de los da\u00f1os morales -\u00abinmensa pesadumbre, congoja, angustia y disminuci\u00f3n del \u00e1nimo de los actores, todo lo cual se tradujo en una indiscutible lesi\u00f3n a su integridad moral y afectiva (SC10297\/2014, exp. 2003-660-01)\u00bb-, tambi\u00e9n admite el de los derechos personales que gozan de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abcomo la salud e, incluso, la vida, \u201cla vida en relaci\u00f3n, la integridad sicosom\u00e1tica, los bienes de la personalidad \u2013 verbi gratia, integridad f\u00edsica o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputaci\u00f3n, fama, etc. -, o a la esfera sentimental y afectiva\u2026\u201d (Sentencia de casaci\u00f3n de 18 de septiembre de 2009)\u00bb. Destac\u00f3 que no es posible afirmar que, a diferencia de los tres accionantes, cuyas condiciones de salud expresaron en la demanda y en los interrogatorios, al resto del grupo se les causaron esos dos tipos de da\u00f1os. Esto pues, se desconoce, entre otras cosas, lo que viene. i). \u00abCu\u00e1les fueron las patolog\u00edas concretas del resto del grupo, sus condiciones de salud, es decir, si se trataba de personas que necesitaban con urgencia el servicio, o aquellas que su vida y sus condiciones generales de salud dependieran del mismo\u00bb. ii). \u00abSi la falta de programaci\u00f3n de citas o entrega de medicamentos les caus\u00f3 esa angustia, congoja o disminuci\u00f3n del \u00e1nimo que s\u00ed se verific\u00f3 en los accionantes, en la sentencia que se trajo a colaci\u00f3n\u00bb. Y iii). \u00abSi por la prestaci\u00f3n inoportuna del servicio, carencia de \u00f3rdenes, medicamentos o citas, se deterior\u00f3 el estado de salud de los reclamantes\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, record\u00f3 que cualquier tipo de molestias o frustraciones no genera un da\u00f1o moral resarcible. Y \u00abque toda relaci\u00f3n contractual trae consigo alg\u00fan tipo de inconformidad que puede generar reclamaci\u00f3n, sin que esa sola circunstancia amerite recompensa econ\u00f3mica, y tanto menos en trat\u00e1ndose de la invocaci\u00f3n a favor de terceras personas, cuya real situaci\u00f3n en esos aspectos, brilla por su ausencia, pues insuficientes son para esos efectos los medios de convicci\u00f3n a los solitarios actores\u00bb. Puntualiz\u00f3 que \u00ablas decisiones de la Corte Constitucional y de la Supersalud pueden mostrar deficiencias en casos concretos, pero de ellos no se deriva que los integrantes del grupo efectivamente hayan padecido congojas, disminuci\u00f3n de \u00e1nimo o alguna consecuencia m\u00e9dica que merezca ser reparada, menos cuando no se alleg\u00f3 ninguna prueba de las condiciones personales y sentimentales de los integrantes del grupo\u00bb13. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que \u00abla \u00fanica prueba del supuesto da\u00f1o al grupo es la base de datos de las reclamaciones que 43.723 afiliados de Cruz Blanca EPS le formularon (folios. 814 a 815 del cuad. Ppal.) por autorizaciones, medicamentos y citas, sin el m\u00e1s m\u00ednimo conocimiento de da\u00f1os espec\u00edficos causado a cada uno de ellos, en el contexto de las condiciones uniformes. La base de datos enviada pos la Superintendencia Nacional de Salud s\u00f3lo muestra la fecha, identificaci\u00f3n y el nombre de los usuarios que se quejaron (folios 774 y 775), sin precisi\u00f3n de las razones de inconformidad\u00bb. En suma, evidenci\u00f3 que tampoco se demostr\u00f3 el da\u00f1o emergente alegado por demoras en la prestaci\u00f3n de algunos servicios, \u00abni hay prueba de alg\u00fan monto pagado por cualquiera de los integrantes del grupo para acceder a estos. N\u00f3tese que se aport\u00f3 un recibo de pago (hoja 159 ib.) cancelado por Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez, documento que no contiene el nombre del medicamento o del comprador; aunque en todo caso sin comprobar esos aspectos por los dem\u00e1s integrantes del grupo\u00bb. <\/p>\n
5. De lo expuesto no se avizora que la interpretaci\u00f3n del sentenciador de segundo grado haya sido esa que exponen los recurrentes. En efecto, no se ignor\u00f3, como lo dice la censura: \u00abla ocurrencia de da\u00f1os por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales y da\u00f1os morales\u00bb. Por el contrario, el Colegiado enfatiz\u00f3 que los medios de convicci\u00f3n fueron insuficientes para la acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os que se pretenden reparar. En el punto, se insiste, record\u00f3 que \u00abcualquier tipo de molestia o frustraci\u00f3n no genera un da\u00f1o moral resarcible, y que toda relaci\u00f3n contractual trae consigo alg\u00fan tipo de inconformidad que puede generar reclamaci\u00f3n, sin que esa sola circunstancia amerite recompensa econ\u00f3mica\u00bb. De manera que no existe una indebida interpretaci\u00f3n de la demanda. Lo que realmente revela el cargo es un desenfoque, pues para el Tribunal no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad las pretensiones por no existir -prueba fehaciente- de las condiciones uniformes del grupo y acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os implorados. As\u00ed las cosas, se estima que el litigio se dirimi\u00f3 teniendo como fundamento la demanda. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, cabe se\u00f1alar que en la acusaci\u00f3n no se cuestion\u00f3 el an\u00e1lisis efectuado frente a la no concurrencia de las condiciones uniformes del grupo. De manera que la demostraci\u00f3n del cargo qued\u00f3 incompleta, comoquiera que ninguna cr\u00edtica se elev\u00f3 frente a este aspecto capital de la decisi\u00f3n. Por dem\u00e1s, si bien la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n exige al recurrente la demostraci\u00f3n del yerro denunciado a trav\u00e9s de una indispensable labor de cotejo o confrontaci\u00f3n del texto de la demanda con lo que de aquel coligi\u00f3 el Tribunal14. En este caso, los recurrentes se limitaron a indicar que el fundamento de la acci\u00f3n no es el da\u00f1o fisiol\u00f3gico \u00absino la afectaci\u00f3n masiva y colectiva del derecho constitucional fundamental a la salud\u00bb. Esto es, sin realizar el debido cotejo. El \u00fanico esfuerzo va dedicado a transcribir apartes y citar los folios del cuaderno del Tribunal que le funcionan para su postura, sin que ello signifique necesariamente la equivocaci\u00f3n del ad quem en la interpretaci\u00f3n de la demanda \u2013como qued\u00f3 visto. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Se critic\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los numerales 2\u00b0 y 3\u00b0 de los art\u00edculos 3 y 35 \u2013respectivamente- del Decreto 1011 de 2006, el numeral 2\u00b0 de la Circular 056 de 2009 de la Superintendencia de Salud, el art\u00edculo 1\u00b0 de la resoluci\u00f3n 1552 de 2013 del Ministerio de Salud, el canon 125 del Decreto Ley 019 de 2012, el 26 de la Ley 1438 de 2011, el 8\u00b0 de la resoluci\u00f3n 5395 de 2013 del Ministerio de Salud, el 131 del Decreto Ley 19 de 2012 y el 1\u00b0 de la resoluci\u00f3n 1604 de 2013 del Ministerio de Salud. <\/p>\n
Especificaron que el yerro es evidente en la modalidad de falta de aplicaci\u00f3n de la ley sustancial, al omitir \u00abla providencia aplicar el conjunto de normas del sistema de salud que espec\u00edficamente definen los plazos en que la EPS demandada deb\u00eda prestar los servicios de salud a que estaba obligada para con los integrantes del grupo\u00bb. Despu\u00e9s de citar las normas presuntamente inaplicadas, concluyeron que \u00abresulta pot\u00edsimo el yerro del Tribunal de ignorar totalmente en la sentencia materia de este recurso extraordinario las normas del sistema de salud que en el presente cargo se aducen inaplicadas, disposiciones que de forma concreta y cuantificable contienen los principios y t\u00e9rminos legales de oportunidad y calidad con que las EPS tienen el deber de brindar los servicios de salud a que est\u00e1n obligadas, a la vez que dichas normas constituyen las \u201ccondiciones uniformes\u201d, comunes a todos los afiliados, en que las EPS deben prestarles los servicios de salud a que tienen derecho y de cuyo sistem\u00e1tico incumplimiento se deriva la falla en el servicio de salud en que se funda la presente acci\u00f3n\u00bb. Por tanto, aseguraron que de haberse aplicado esas disposiciones, \u00abhabr\u00edan permitido al Tribunal determinar que la prestaci\u00f3n del servicio de salud no es abstracta y carente de cuantificaci\u00f3n y por ende el da\u00f1o es concreto y determinable, pues dichas normas hacen posible conocer entre otros factores: i) el tiempo transcurrido entre el momento que un servicio de salud debi\u00f3 ser legalmente prestado y cuando efectivamente se provey\u00f3; ii) el tipo de servicio de salud que no se brind\u00f3 oportunamente; iii) la determinaci\u00f3n de la persona que sufri\u00f3 el da\u00f1o por afectaci\u00f3n de su derecho constitucional, elementos que el ad-quem erradamente extra\u00f1a como resultado de la violaci\u00f3n directa de la Ley a que se refiere este cargo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Estudiado el cargo, se anticipa su fracaso. Cuando se invoca la afectaci\u00f3n por v\u00eda directa de la ley sustancial resulta necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo -sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados-. Esto pues, la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios acerca de las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta o se equivoc\u00f3 al elegirlas. O, a pesar de ser las correctas, da un entendimiento ajeno a su alcance. Por supuesto, en la invocaci\u00f3n de esta v\u00eda, compete a los recurrentes indicar las normas sustanciales que fueron inaplicadas. Exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia de este en la conclusi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. Aqu\u00ed se protest\u00f3 la falta de aplicaci\u00f3n de las resoluciones del Ministerio de salud 1552, 5395 y 1604 de 2013, que tienen la naturaleza de acto administrativo de car\u00e1cter general. Sin embargo, no crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas especificas frente a una situaci\u00f3n concreta. Y, por ende, su examen resulta inadmisible a la luz de esta causal primera. La misma suerte corre los art\u00edculos 3\u00b0 y 35 del Decreto 1011 de 2006, la Circular 056 de 2009 de la Superintendencia de Salud, el canon 125 del Decreto 019 de 2012, el precepto 26 de la Ley 1438 de 2011 y el 131 del Decreto Ley 19 de 2012. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, los recurrentes no se ocuparon de explicar por qu\u00e9 \u00abel conjunto de normas del sistema de salud\u00bb fueron o debieron ser fundamento de la sentencia confutada. Es m\u00e1s, respecto de ninguno de los preceptos denunciados esbozaron con suficiencia c\u00f3mo ocurri\u00f3 la transgresi\u00f3n. Al respecto, t\u00e9ngase en cuenta que, si bien las disposiciones que gobiernan el sistema de salud serian aplicables al caso concreto, en atenci\u00f3n a que la acci\u00f3n de grupo \u2013conforme lo alegado- descansa en la trasgresi\u00f3n de los derechos de los usuarios de la EPS a la prestaci\u00f3n eficiente y oportuna del servicio, lo cierto es que la denuncia generalizada, abstracta y et\u00e9rea planteada por los recurrentes15 es insuficiente en casaci\u00f3n. Pues es imperativo demostrar de forma clara, breve y contundente \u2013no alegar- como la falta de aplicaci\u00f3n de esas reglas jur\u00eddicas deriv\u00f3 en la negativa del reclamo indemnizatorio, al haber estimado el tribunal que no se acreditaron debidamente los presupuestos para abrir paso a las pretensiones reparatorias imploradas. Lo expuesto refleja la falta de claridad y precisi\u00f3n que exige el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u2026se impon\u00eda a la sociedad recurrente invocar las normas con ese car\u00e1cter, se\u00f1alar espec\u00edficamente los preceptos de ese tipo infringidos por el Tribunal, demostrar c\u00f3mo aquellos fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia y explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo cuestionado. No obstante, esas premisas, en el escrito de sustentaci\u00f3n est\u00e1n ausentes, pues simplemente fueron enlistadas las normas por el recurrente, sin explicar de qu\u00e9 forma habr\u00edan sido infringidas y c\u00f3mo debieron haber fundamentado la sentencia, en orden a demostrar su relevancia y evidenciar c\u00f3mo se dejaron de aplicar o se aplicaron indebidamente -tal como se alega-. Por supuesto, limit\u00e1ndose a elevar una denuncia gen\u00e9rica de la supuesta transgresi\u00f3n, a todas luces insuficiente en sede extraordinaria. (CSJ AC2306-2023). <\/p>\n
4. Por tanto, el cargo fracasa. <\/p>\n
CARGO CUARTO. <\/p>\n
V\u00eda indirecta. Se cuestion\u00f3 la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el proceso. En particular, sostuvieron que se apreci\u00f3 err\u00f3neamente la demanda reformada, la base de datos de 43.723 afiliados de Cruz Blanca que presentaron quejas a la Superintendencia Nacional de Salud y el recibo de pago de medicamentos comprados por el demandante Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez L\u00f3pez. Se dejaron de apreciar las resoluciones 002629 de 2012, 001611 de 2015, 000583 de 2016 y la 2563 del 30 de agosto de 2016 expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Adem\u00e1s, los informes t\u00e9cnicos y de auditoria realizados por esa entidad. Sumado a los autos 89, 243 y 329 de 2014 proferidos por la Corte Constitucional. La confesi\u00f3n del representante legal de la EPS. Y las bases de datos de 21.318 afiliados que presentaron quejas ante Cruz Blanca y 544.067 correspondientes al dictamen pericial de los afiliados a los que la demandada ocasion\u00f3 da\u00f1os. <\/p>\n
Para la demostraci\u00f3n del cargo expusieron lo siguiente. Es \u00aberrado el aserto del Tribunal de que \u201c\u2026la \u00fanica prueba del supuesto da\u00f1o al grupo es la base de datos de las reclamaciones que 43.723 afiliados a Cruz Blanca EPS le formularon (folios 814 a 815 del cuad. Ppal) por autorizaciones, medicamentos y citas, sin el m\u00e1s m\u00ednimo conocimiento de da\u00f1os espec\u00edficos causado a cada uno de ellos\u2026\u201d (folio 37 cuaderno del Tribunal)\u00bb. Pues \u00ablo que demuestra dicha base de datos err\u00f3neamente valorada y obrante a folios 774 y 775, es que la demandada Cruz Blanca EPS ocasion\u00f3 un da\u00f1o a un grupo significativo de sus afiliados por violaci\u00f3n sistem\u00e1tica y masiva de sus deberes legales de prestaci\u00f3n de servicios de salud en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en la Ley, motivo por el que los afectados acudieron al m\u00e1ximo ente de vigilancia del sistema de salud, en procura de protecci\u00f3n al bien jur\u00eddico supremo que representa su derecho fundamental a la salud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el desconocimiento de los motivos por los que 43.723 v\u00edctimas acudieron a la Superintendencia Nacional de Salud, resaltaron la desatenci\u00f3n del Tribunal frente a las resoluciones: \u00abi) 002629 de 2012 (folios 45 a 102); ii) 001611 de 2015 (folios 448.450); iii) 000583 de febrero 17 de 2016 (folios 451 a 455); iv) 2563 del 30 de agosto de 2016 (folios 627 a 631), actos administrativos que dan cuenta: a) del sistem\u00e1tico incumplimiento de los deberes legales de prestaci\u00f3n de servicios de salud, b) del hecho que la demandada Cruz Blanca EPS no cuenta con cl\u00ednicas, hospitales y profesionales suficientes para atender sus miles de afiliados; c) de la negaci\u00f3n y dilaci\u00f3n en la atenci\u00f3n de pacientes con c\u00e1ncer; conductas da\u00f1inas que los documentos en menci\u00f3n muestran que han persistido desde enero de 2012\u00bb. Esto es, \u00abpor m\u00e1s de 7 a\u00f1os\u00bb. En el mismo sentido, \u00abel ad-quem tambi\u00e9n ignor\u00f3 el valor probatorio del informe t\u00e9cnico de la Superintendencia Nacional de Salud que obra a folios 888 a 833 [sic], documento que ilustra en detalle las deficientes condiciones de prestaci\u00f3n de servicios de salud en Cruz Blanca EPS\u00bb. La foliatura est\u00e1 as\u00ed en la p\u00e1gina 19 de la demanda. <\/p>\n
Respecto del informe de auditar\u00eda realizada en abril de 2014, destacaron que este demuestra las graves y recurrentes fallas en la prestaci\u00f3n de servicios de salud de la demandada \u2013desconocido por el ad-quem-. Tampoco se valor\u00f3 el contenido de los autos 89, 243 y 329 de la Corte Constitucional, que constataron que Cruz Blanca EPS y otras EPS \u00abincurrieron en grav\u00edsimas afectaciones a los derechos fundamentales a la salud y vida de los afiliados a dicha EPS\u00bb. En ese contexto, \u00abel Tribunal soslay\u00f3 que por auto 205 de 2016, la Corte Constitucional, haciendo acopio de las violaciones a derechos constitucionales plasmadas en los 89, 243 y 329 de 2014, concluy\u00f3 la ocurrencia de un da\u00f1o descomunal a los afiliados a las EPS del grupo SaludCoop, del que hac\u00eda parte la EPS Cruz Blanca, perjuicio a bienes constitucionalmente tutelados de tal magnitud que la Corte lo calific\u00f3 como un \u201cestado de cosas inconstitucional\u201d. <\/p>\n
Sostuvieron que el Tribunal no dio valor probatorio a la \u00abconfesi\u00f3n del representante legal de la EPS demandada hecha en el interrogatorio de parte cumplido el d\u00eda 24 de julio de 2014 – minuto 34:25 (CD a folio 771 y acta a folio 772), audiencia en la que el representante de la demandada acept\u00f3 la ocurrencia sistem\u00e1tica de da\u00f1os a los usuarios de la EPS\u00bb. Soslay\u00f3 valorar \u00abla capacidad demostrativa de la base de datos que result\u00f3 de la prueba pericial decretada, experticia que deja en evidencia una descomunal violaci\u00f3n de los deberes legales de prestaci\u00f3n de servicios de salud ocurrida en la demandada Cruz Blanca EPS, situaci\u00f3n que afect\u00f3 a 544.067 afiliados a dicha entidad. (folios 34 a 849 y CD a folio 850). Respecto de la experticia, es menester llamar la atenci\u00f3n sobre el desconocimiento que hizo el Tribunal del resultado que arroj\u00f3 la confrontaci\u00f3n entre los tiempos en que Cruz Blanca brind\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica, comparados con los plazos legales para ello\u00bb16. Y desconoci\u00f3 que en folio 848 el dictamen pericial se detall\u00f3 el descomunal n\u00famero de v\u00edctimas. <\/p>\n
De lo expuesto, apreciaron que \u00abel Tribunal no dio por demostrado est\u00e1ndolo, que la demandada Cruz Blanca EPS infringi\u00f3 de forma masiva y sistem\u00e1tica los tiempos establecidos en la Ley para la prestaci\u00f3n de servicios de salud, ocasionando con ello \u201cda\u00f1os por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u201d y \u201cda\u00f1os morales\u201d a los integrantes del grupo\u00bb. Que, para la demostraci\u00f3n del da\u00f1o moral sufrido, bastaba \u00abaplicar una \u201cpresunci\u00f3n simple\u201d seg\u00fan lo plasmado en la sentencia SC10297-2014 radicaci\u00f3n: 11001-31-03-003-2003-00660-01 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Y, que se equivoc\u00f3 al afirmar que el expediente adolece de prueba del lucro cesante que sufrieron las v\u00edctimas que no acudieron al proceso, \u00abpues ello no impide la prueba ulterior del da\u00f1o acorde con los requisitos que seg\u00fan lo dispone el Art\u00edculo 65\u00ba numeral 2 de la ley 472 de 1998, deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso para reclamar la indemnizaci\u00f3n que en su favor se decrete, oportunidad en la que las victimas pueden probar el valor de los servicios de salud que se vieron obligados a asumir como resultado de su no provisi\u00f3n oportuna por parte de la Entidad Promotora de Salud demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se sabe, no es posible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal. Y tampoco definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas. Adem\u00e1s, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando se exige que \u00e9ste sea \u201cmanifiesto\u201d (art\u00edculo 336, #2 CGP), excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. Por el contrario, estos han de quedar comprobados a simple vista en el expediente. En el mismo sentido, el censor debe atacar todas las pruebas determinantes que sirven de base al fallo. De tal manera que el ataque se muestre completo, de cara a los argumentos capitales de la sentencia. <\/p>\n
2. En efecto, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe exhibir -en forma clara y precisa- los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso. Y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo. De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb17. <\/p>\n
3. A la vista de lo expuesto no se cumpli\u00f3 con la exigencia de acreditar los desatinos denunciados: todo qued\u00f3 en la apreciaci\u00f3n subjetiva sobre las pruebas.18 Ciertamente, en el escrito de demanda no se revel\u00f3 con contundencia las equivocaciones que se le enrostran al ad quem -cuyos argumentos no alcanzan a derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que reviste al fallo criticado-. N\u00f3tese, por ejemplo, que para controvertir las conclusiones del Colegiado, puntualizaron que este \u00abno dio por demostrado est\u00e1ndolo, que la demandante… infringi\u00f3 de forma masiva y sistem\u00e1tica los tiempos establecidos en la Ley para la prestaci\u00f3n de servicios de salud, ocasionando con ello a los integrantes del grupo \u201cda\u00f1os por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u201d y \u201cda\u00f1os morales\u201d. En sentido igual, adujeron que no se dio por demostrado \u00abest\u00e1ndolo, que el da\u00f1o por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales puede conllevar da\u00f1o patrimonial en la modalidad de lucro cesante, cuando las v\u00edctimas se ven obligadas a asumir los costos de los servicios de salud que legalmente le corresponde brindar a la Entidad Promotora de Salud demandada\u00bb. <\/p>\n
3.1. Ahora, para descalificar la inferencia del juez plural con relaci\u00f3n a que la \u00fanica prueba del supuesto da\u00f1o es la base de datos de las reclamaciones que 43.723 afiliados a Cruz Blanca EPS formularon por autorizaciones, medicamentos y citas, esgrimieron que \u00ablo que demuestra dicha base de datos err\u00f3neamente valorada y obrante a folio 774 y 775, es que la demandada Cruz Blanca EPS ocasion\u00f3 un da\u00f1o a un grupo significativo de sus afiliados por violaci\u00f3n sistem\u00e1tica y masiva de sus deberes legales de prestaci\u00f3n de servicios de salud en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en la Ley, motivo por el que los afectados acudieron al m\u00e1ximo ente de vigilancia del sistema de salud, en procura de protecci\u00f3n al bien jur\u00eddico supremo que representa su derecho fundamental a la salud\u00bb. <\/p>\n
Ello tambi\u00e9n se observa cuando recalcaron que el Tribunal ignor\u00f3 el valor probatorio del informe t\u00e9cnico de la Superintendencia Nacional de Salud que obra a folios 888 a 833, documento que ilustra \u00aben detalle las deficientes condiciones de prestaci\u00f3n de servicios de salud en Cruz Blanca EPS\u00bb. E igualmente cuando arguyeron que \u00abel Tribunal tampoco dio valor a la confesi\u00f3n del representante legal de la EPS demandada hecha en el interrogatorio de partes cumplido el d\u00eda 24 de julio de 2014- minuto 34:25 (CD a folio 771 y acta a folio 772), audiencia en la que el representante de la demandada acept\u00f3 la ocurrencia sistem\u00e1tica de da\u00f1os a los usuarios de la EPS\u00bb. Adem\u00e1s, puntualizaron que el Tribunal err\u00f3 \u00aben la prueba del da\u00f1o moral sufrido, prop\u00f3sito para el cual le bastaba aplicar una presunci\u00f3n simple seg\u00fan lo plasmado en la sentencia SC10297-2014\u2026 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Y, finalmente anotaron que el Colegiado se \u00abequivoc\u00f3 al afirmar que el expediente adolece de prueba del lucro cesante que sufrieron las v\u00edctimas que no acudieron al proceso, pues ello no impide la prueba ulterior del da\u00f1o acorde con los requisitos que seg\u00fan el art\u00edculo 65 numeral 2 de la ley 472 de 1998, deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes en el proceso para reclamar la indemnizaci\u00f3n que en su favor se decrete\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se advierte que tales medios de prueba no desdicen las conclusiones del Tribunal frente a la falta de prueba sobre la existencia de un da\u00f1o cierto y directo que hubieran sufrido los demandantes. Adem\u00e1s, se precisa que, aun cuando el Tribunal no hubiera mencionado la totalidad de los medios de prueba existentes, ello no significa que no hubieran sido valorados por este. <\/p>\n
Las normas sustanciales indirectamente violadas como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas del proceso son: <\/p>\n
1. Decreto 1011de 2006 Art\u00edculo 3\u00b0. Numeral 2 <\/p>\n
2. Decreto 1011de 2006 Art\u00edculo 35\u00b0. Numeral 1. <\/p>\n
3. Circular 056 de 2009 de la Superintendencia de Salud, numeral 2. <\/p>\n
4. Resoluci\u00f3n del Ministerio de Salud 1552 de 2013, art\u00edculo 1\u00ba: <\/p>\n
5. Decreto Ley 019 de 2012), articulo 125: 6. Ley 1438 de 2011 art\u00edculo 26: <\/p>\n
7. Resoluci\u00f3n del Ministerio de Salud 5395 de 2013 art\u00edculo 8: <\/p>\n
8. Decreto Ley 19 de 2012, el art\u00edculo 131: <\/p>\n
9. Resoluci\u00f3n del Ministerio de Salud 1604 de 2013, art\u00edculo 1\u00ba. <\/p>\n
Sobre la exigencia extra\u00f1ada, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
siendo el motivo de casaci\u00f3n invocado la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales, aun cuando sea por la v\u00eda indirecta, era de su cargo exponer c\u00f3mo, a consecuencia de los yerros probatorios imputados, las disposiciones sustanciales resultaron infringidas, pues como ha sostenido esta Corte \u00abno basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas \u00absustanciales\u00bb que, a juicio del recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado, sino que aquel debe demostrar que dichas disposiciones constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo; ello sin perder de vista la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se habr\u00edan transgredido esos preceptos, as\u00ed como la relevancia que esa \u00abviolaci\u00f3n\u00bb tuvo en lo resolutivo de la sentencia de segunda instancia. (CSJ AC2136-2020 y CSJ AC1404-2023). <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, valga decirse, el cargo es incompleto. Los impugnantes no atacaron los fundamentos en que se sustenta la consideraci\u00f3n del juzgador de segunda instancia sobre las condiciones uniformes en la creaci\u00f3n de los detrimentos para el grupo. Realmente, no se cuestiona las inferencias que extrajo el fallador secundario para estimar que \u00abaflora inadmisible la tesis de los apelantes en cuanto a que las condiciones uniformes para el grupo, se refieren a la buena o mala calidad del servicio de salud, porque esa forma de atribuci\u00f3n de responsabilidad es demasiado abstracta y no permite una concreci\u00f3n en las variables del tiempo y el espacio, como si fuera una situaci\u00f3n \u00fanica o uniforme que al mismo tiempo gener\u00f3 determinados y espec\u00edficos da\u00f1os a sus afiliados, de manera general\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed y todo, el reparo tambi\u00e9n es desenfocado: el Tribunal no se\u00f1al\u00f3 que el da\u00f1o no hubiera existido. Lo que s\u00ed dijo es que \u00ablos demandantes tampoco demostraron la ocurrencia de los da\u00f1os concretos a cada uno de los integrantes del grupo, en su realidad ontol\u00f3gica y en el monto para indemnizarlos\u00bb. Esto pues, \u00abdentro de ese concepto resarcitorio de la acci\u00f3n, es menester la prueba del da\u00f1o espec\u00edfico, a cuyo prop\u00f3sito no son suficientes invocaciones sobre eventuales irregularidades de la accionada en el servicio de salud, porque situaci\u00f3n de esa estirpe puede dar lugar a medidas pol\u00edtico-gubernativas tendientes a la mejor\u00eda del sistema, pero por s\u00ed solas no dejan ver la generaci\u00f3n de quebrantos en el patrimonio moral o econ\u00f3mico de los afiliados, en abstracto, porque de lo contrario la indemnizaci\u00f3n anidar\u00eda en el terreno de las especulaciones o de las hip\u00f3tesis\u00bb. <\/p>\n
5.1. Recu\u00e9rdese que el da\u00f1o moral aducido se fundament\u00f3 en padecimientos psicol\u00f3gicos y \u00abla angustia, aflicci\u00f3n y frustraci\u00f3n ante la deficiente prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. Sin embargo, no se acredit\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que se produjo tal afectaci\u00f3n a la esfera sentimental y afectiva de los convocantes. <\/p>\n
5.2. Por el contrario, tan solo se asever\u00f3 que \u00abel Tribunal no dio por demostrado est\u00e1ndolo, que la demandada\u2026 infringi\u00f3 de forma masiva y sistem\u00e1tica los tiempos establecidos en la Ley para la prestaci\u00f3n de servicios de salud, ocasionando con ello a los integrantes del grupo \u201cda\u00f1os por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u201d y \u201cda\u00f1os morales\u201d\u00bb19. Sin que la parte demandante hubiera efectuado un esfuerzo probatorio dirigido a acreditar el da\u00f1o moral sufrido. <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al Tribunal de violar por la v\u00eda directa el art\u00edculo 56 de la Ley 472 de 1998, por falta de aplicaci\u00f3n. Esto pues, ignor\u00f3 el derecho legal de las v\u00edctimas a solicitar ser excluidas del grupo y a adelantar acciones resarcitorias individuales. Ciertamente, \u00abel Tribunal err\u00f3neamente consider\u00f3 que un fallo resarcitorio por los da\u00f1os que resultan de la violaci\u00f3n de derechos constitucionales, afecta las pretensiones de aquellas v\u00edctimas que deseen adelantar acciones judiciales individuales por responsabilidad m\u00e9dica20\u00bb. Exaltaron que el yerro cometido es evidente, pues el argumento de que \u00abel resarcimiento colectivo por \u201cda\u00f1os por afectaci\u00f3n de derechos constitucionales\u201d y \u201cda\u00f1os morales\u201d perjudica las acciones de las v\u00edctimas que pretendan adelantar acciones individ\u00faales, se funda en la violaci\u00f3n de la ley, por la v\u00eda directa en raz\u00f3n a la inaplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 56 de la Ley 472 de 1998 que brinda la posibilidad a las v\u00edctimas que lo deseen, de ser excluidas del grupo y no ser vinculadas a la sentencia\u00bb. Y agregaron que, \u00abpara permitir el ejercicio del derecho a ser excluido del grupo, en el tr\u00e1mite procesal se impone a la parte actora difundir en medios de comunicaci\u00f3n la existencia del proceso grupal, carga procesal que se cumpli\u00f3 a cabalidad seg\u00fan consta en el folio 220, sin que ninguno de los miembros del grupo manifestara su deseo de ser excluido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el cargo invocado, se advierte que luce desenfocado. Esto pues, al tratar de evidenciar el error de derecho en que presuntamente incurri\u00f3 el Tribunal, los recurrentes le recriminaron haber colegido que \u00abuna sentencia resarcitoria tiene efectos de cosa juzgada sobre las victimas que no concurrieron al proceso\u2026 argumentaci\u00f3n del Tribunal, por la v\u00eda directa, es de plano violatoria de la ley por falta de aplicaci\u00f3n pues para esos prop\u00f3sitos el legislador previ\u00f3 en el art\u00edculo 56 de la Ley 472 de 1998 la posibilidad para que las v\u00edctimas que lo deseen, puedan manifestar su deseo de ser excluidas del grupo de forma que la sentencia que se profiera no las vincule\u00bb. Sin embargo, esa inferencia no la emple\u00f3 el Colegiado para confirmar la desestimaci\u00f3n de las pretensiones. Las razones para denegar la estructuraci\u00f3n de los requisitos de la acci\u00f3n de grupo se fundamentaron en la ausencia de asiento probatorio de dos pilares de esta. Por un lado, en la no demostraci\u00f3n \u2013con prueba fehaciente- de las condiciones uniformes del grupo. Y, por otro, en la falta de acreditaci\u00f3n de sus da\u00f1os padecidos. Esto es, no se probaron dos elementos de la acci\u00f3n de grupo -conditio sine qua non-. De manera que no pudo ser dicha deducci\u00f3n base de lo decidido frente al t\u00f3pico recriminado. As\u00ed y todo, el argumento criticado no constituye fundamento capital de la providencia. La Corte ha explicado que: <\/p>\n
La labor de los recurrentes\u2026,\u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ AC 25 feb. 2013, rad. 00228, reiterado en CSJ AC6075-2021, 16 dic., rad. 2018-01593-01, CSJ AC5548-2022, 15 dic., rad. 2018-00335-01 y CSJ AC2326-2023, 1 sep., rad. 2019-00038-01, entre otros). <\/p>\n
2. Por dem\u00e1s, y de entenderse que existe un error en esa conclusi\u00f3n, lo cierto es que esta no tiene la virtualidad para derruir las conclusiones del Tribunal. Esto, se insiste, al no probarse las condiciones uniformes para salir avante las pretensiones ni acreditarse el presupuesto propio de la acci\u00f3n: el da\u00f1o. Sobre el particular, esta Sala ha establecido que esta acci\u00f3n es procedente \u00abcuando se causen agravios individuales a un conjunto numeroso de sujetos que se encuentran en situaciones homog\u00e9neas, agravio que se puede producir por la violaci\u00f3n de cualquier derecho, ya sea difuso, colectivo o individual, de car\u00e1cter contractual, legal o constitucional\u00bb (CSJ SC del 22 de abril de 2009, rad. 2000-00624-01. Reiterada en CSJ SC016-2018). Tambi\u00e9n puntualiz\u00f3 lo que siguiente: <\/p>\n
\u2026aunque se trata de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n, requiere una previa declaraci\u00f3n de responsabilidad. La metodolog\u00eda procesal ense\u00f1a que la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios es consecuencial, esto es, que depende de que previamente se establezca la responsabilidad del demandado. Por eso, en este tipo de eventos debe esclarecerse primeramente la fuente \u2018com\u00fan\u2019 de los da\u00f1os, esto es, que en comienzo debe verificarse la existencia de un comportamiento antijur\u00eddico capaz de causar agravios a un grupo o conjunto de sujetos que no ten\u00edan por qu\u00e9 soportarlos. En otras palabras, \u2018por tratarse de una acci\u00f3n indemnizatoria, lo primero que debe verificarse es si realmente se caus\u00f3 el da\u00f1o que alegan los demandantes y cuya indemnizaci\u00f3n reclaman y, en caso afirmativo, establecer posteriormente si tal da\u00f1o, adem\u00e1s de ser antijur\u00eddico, es imputable a la entidad demandada por haber sido generado por su acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u2019 (Consejo de Estado, sentencia de 3 de marzo de 2005, Exp. No. 25000-23-25-000-2003-01166-01)\u2026 En suma, adem\u00e1s del anhelo de promover el deber de solidaridad y la participaci\u00f3n democr\u00e1tica, podr\u00eda decirse que esta herramienta responde en buena medida a los principios de econom\u00eda, eficiencia y eficacia procesal. Quiso el legislador dotar a los asociados de un mecanismo de control para actividades estereotipadas de comprensi\u00f3n masiva, es decir, que por el camino de simplificar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y crear un procedimiento especial, contribuy\u00f3 a facilitar el acceso a la jurisdicci\u00f3n para determinar la responsabilidad por la realizaci\u00f3n de ciertos actos que menoscaban los intereses individuales de un buen n\u00famero de personas\u2026 Entonces, adem\u00e1s de que los agraviados cuentan con la posibilidad de acudir individualmente a los procesos comunes para reclamar el pago de los da\u00f1os que pudieron padecer, tambi\u00e9n est\u00e1n facultados para promover la acci\u00f3n de grupo, caso en el cual bastar\u00e1 la iniciativa de uno cualquiera de sus miembros o de algunos de ellos (se resalta). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al tratarse de una protot\u00edpica acci\u00f3n indemnizatoria, como todas las que ostentan dicho car\u00e1cter, est\u00e1 determinada por el da\u00f1o. Frente a este, la Corporaci\u00f3n ha dicho \u2013primero- que \u00abes todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad\u00bb. Segundo, \u00ab\u2026que el perjuicio es, si se quiere, el elemento estructural m\u00e1s importante de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, al punto que, sin su ocurrencia y demostraci\u00f3n, no hay lugar a reparaci\u00f3n alguna\u00bb. Y, finalmente \u00ab\u2026que el da\u00f1o indemnizable, debe ser cierto\u00bb (CSJ, SC del 1\u00ba de noviembre de 2013, rad. 1994- 26630-01; se subraya). En una palabra, sin da\u00f1o no hay responsabilidad, ni lugar a la prosperidad de la acci\u00f3n con la que se busque su reparaci\u00f3n, entre ellas, la de grupo. De all\u00ed que no pueda salir avante el ataque ante el incumplimiento del deber de acreditar los supuestos propios de esta acci\u00f3n \u2013en particular, el da\u00f1o-. Por lo expuesto, el cargo fracasa. <\/p>\n
3. En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 a los recurrentes condena en costa. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el Magistrado Ponente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. el 30 de enero de 2019, en el proceso declarativo de acci\u00f3n de grupo que instauraron los recurrentes contra Cruz Blanca EPS S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a los recurrentes en costas procesales de esta actuaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n diez salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que fija el Magistrado Ponente por concepto de agencias en derecho. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reforma de la demanda. <\/p>\n
2\u0002 Con autos 089, 243 y 329 de 2014. <\/p>\n
3\u0002 Ciertamente, la Superintendencia de Salud -con resoluci\u00f3n 002629 del 24 de agosto de 2012- adopt\u00f3 medida cautelar preventiva de vigilancia a la entidad Cruz Blanca S.A. EPS. Folios 85-142 del cuaderno principal tomo I del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 582-590 ib\u00eddem. Y 86-93 del cuaderno principal Tomo II (digital). <\/p>\n
5\u0002 Folios 39-47 del cuaderno principal Tomo III (digital). <\/p>\n
6\u0002 Significado tomado del Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. <\/p>\n
7\u0002En esa sentencia se declar\u00f3 inexequible la frase: \u00ablas condiciones uniformes deben tener tambi\u00e9n lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad\u201d, que tra\u00edan los arts. 3 y 46 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
8\u0002 Sobre el desarrollo de esta tesis v\u00e9ase en la doctrina extranjera a Ignacio Cuevillas Matozzi \u00abLa relaci\u00f3n de causalidad en la \u00f3rbita del derecho de da\u00f1os \u00bb Tirant lo blanch; Valencia, 2000. p\u00e1g. 54 y ss., en la doctrina interna a Ramiro Saavedra Becerra \u00abLa responsabilidad extracontractual de la administraci\u00f3n p\u00fablica \u00bb Gustavo Ib\u00e1\u00f1ez; Bogot\u00e1, 2003. p\u00e1g. 535 y ss. <\/p>\n
9\u0002 Estos son: i) la integraci\u00f3n del grupo. ii) si el conjunto de ciudadanos re\u00fane las condiciones uniformes respecto a una misma causa que origin\u00f3 perjuicios individuales, que se invocan para cada uno de ellos. Y iii) la prueba del da\u00f1o causado a los distintos miembros del grupo. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional, auto 243 de 2014, sala de seguimiento de la sentencia T760 de 2008. <\/p>\n
11\u0002 Folios 38-42 del Cuaderno Principal Tomo II.pdf. <\/p>\n
12\u0002 Folios 639 y 640 ib\u00eddem. <\/p>\n
13\u0002 En el punto, remarc\u00f3 que \u00abla jurisprudencia de la Corte Suprema citada por el apelante, fij\u00f3 pautas para resarcir los bienes en menci\u00f3n, que atender\u00e1 el juzgador, quien \u00ab\u00bbdeber\u00e1 considerar, en primer lugar, que no es el desconocimiento de cualquier inter\u00e9s personal el que justifica el resarcimiento integral en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, porque el tipo de da\u00f1o que se viene analizando solamente se configura cuando se violan ciertos derechos fundamentales que comprometen de modo directo la dignidad, tales como la libertad, la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre. Este da\u00f1o, entonces, debe ser de grave entidad o trascendencia, lo que significa que no debe ser insustancial o f\u00fatil, pues no es una simple molestia la que constituye el objeto de la tutela civil. Naturalmente que toda persona, en tanto pertenece a un conglomerado social y se desenvuelve en \u00e9l, est\u00e1 llamada a soportar desagrados o perturbaciones secundarias ocasionadas por sus cong\u00e9neres dentro de ciertos l\u00edmites, no siendo esas incomodidades las que gozan de relevancia para el derecho\u00bb, por cuanto cualquier situaci\u00f3n apareja inconvenientes\u00bb (SCl0297\/2014, exp. 2003-660-01). <\/p>\n
14\u0002 Cfr. CSJ, SC, 19 sep. 2009, rad. 2003-00318-01, entre otras. <\/p>\n
15\u0002 \u00abde que esas normas constituyen las condiciones uniformes\u2026 [y] que habr\u00edan permitido al Tribunal determinar que la prestaci\u00f3n del servicio de salud no es abstracta y carente de cuantificaci\u00f3n y por ende el da\u00f1o es concreto y determinable\u00bb, sin profundizar en ese contexto. <\/p>\n
16\u0002 Que muestra lo siguiente: \u00ab\u2022 No cumple citas, 5.284.258 registros, de 532.329 usuarios \u2022 No cumple medicamentos, 2.221.722 registros de 160.261 usuarios \u2022 No cumple autorizaci\u00f3n de CTC, 321.712 registros de 40.986 usuarios \u2022 No cumple autorizaci\u00f3n POS 2013, 3.531 registros de 2.827 usuarios \u2022 No cumple autorizaci\u00f3n POS 2014, 7.270 registros de 5.549 usuarios \u2022 No cumple autorizaci\u00f3n POS 2015, 19.642 registros de 13.472 usuarios No cumple autorizaci\u00f3n POS 2016, 3.338 registros de 2.739 usuarios\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
18\u0002 A saber: \u00ab1. La demanda reformada (folios 489 a 553). 2. La base de datos de 43.723 afiliados de Cruz Blanca que presentaron quejas a la Superintendencia Nacional de Salud (CD a folios 774 y 775). 3. El recibo de pago de medicamentos comprados por el demandante Jose Maria G\u00f3mez Lopez (folio 159). 7.4.3.- PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR. 1. La resoluci\u00f3n 002629 de 2012 de la Superintendencia Nacional de Salud por la cual se decret\u00f3 la \u201cMedida Cautelar de Vigilancia Especial\u201d sobre Cruz Blanca EPS por riesgo para los afiliados a dicha EPS (folios 45 a 112). 2. La resoluci\u00f3n 001611 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud por la cual se prorrog\u00f3 la \u201cMedida Cautelar de Vigilancia Especial\u201d sobre Cruz Blanca EPS por no contar con cl\u00ednicas, hospitales y profesionales suficientes para atender sus miles de afiliados (folios 448 a 450)\u2026 5. informe t\u00e9cnico de la Superintendencia Nacional de Salud que detalla las deficientes condiciones de prestaci\u00f3n de servicios de salud en Cruz Blanca EPS (folios 808 a 833). 6. El informe de auditor\u00eda realizado por la Superintendencia Nacional de Salud a Cruz Blanca EPS en abril de 2014 y que ilustra las graves y recurrentes fallas en la prestaci\u00f3n de servicios de salud (CD folio 869 y texto folios 879 a 934. 8. La confesi\u00f3n del representante legal de la EPS demandada hecha en el interrogatorio de parte cumplido el d\u00eda 24 de julio de 2014 -minuto 34:25 (CD folio 771 acta audiencia folio 772). 9. La base de datos de 21.318 afiliados que presentaron quejas ante Cruz Blanca por violaci\u00f3n de sus derechos constitucionales a la vida y la salud, por fallas en la prestaci\u00f3n de servicios de salud por parte de dicha EPS (CD que obra a folios 5 y 446) 10. La base de datos de 544.067 afiliados correspondiente al dictamen pericial de los afiliados a los que Cruz Blanca EPS ocasion\u00f3 da\u00f1os por la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la salud y la vida (dictamen a folios 834 a 849 y CD a folio 850)\u00bb. <\/p>\n
19\u0002 P\u00e1gina 21 de la demanda. <\/p>\n
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SC504-2023 (2015-01046-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC504-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-037-2015-01046-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}