SC508-2023 (2022-02159-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC508-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02159-00 <\/p>\n
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Mario Francisco Velasco Torres frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de diciembre de 2019 y corregido mediante prove\u00eddo de 8 de junio de 2020, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras que adelant\u00f3 en su contra Zenobia Angarita de Velasco. <\/p>\n
1.ANTECEDENTES <\/p>\n
2.Zenobia Angarita de Velasco solicit\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira que le fuera restituido el predio La Espa\u00f1ola ubicado entre los municipios de Victoria y La Dorada en Caldas, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 106-1524, que le hab\u00eda sido adjudicado en com\u00fan y proindiviso con Mar\u00eda del Pilar y Lida Constanza Velasco Torres en la sucesi\u00f3n de su respectivo esposo y padre Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez, pero del cual fue despojada de su cuota parte por Mario Francisco Velasco Torres. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n consecuencial pidi\u00f3 la \u00abdeclaratoria de nulidad de los actos administrativos, resoluciones que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos para particulares que modifiquen situaciones jur\u00eddicas particulares y concretas\u00bb, entre ellos \u00ablos permisos, concesiones mineras, y autorizaciones explotaci\u00f3n minera, y para el aprovechamiento de los recurso naturales, derechos de paso y servidumbre, que se hubieren otorgado sobre el predio solicitado en restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
3.Ese Despacho vincul\u00f3 a las diligencias a Mario Francisco Velasco Torres, Jos\u00e9 Antonio, Julio Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza Velasco Angarita, Juliana Catalina Velasco Torres, Mar\u00eda del Pilar y Lida Constanza Velasco Torres como herederos determinados de Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez, as\u00ed como a Ecopetrol S.A., AT Partners S.A.S., la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas. Tambi\u00e9n dispuso aplicar enfoque diferencial en favor de la solicitante, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 13 de la Ley 1448 de 20112. <\/p>\n
4.Mario Francisco Velasco Torres solicit\u00f3 la nulidad de las actuaciones en su primera intervenci\u00f3n3, pero acto seguido y en debida oportunidad se opuso4, raz\u00f3n por la cual se desestim\u00f3 la invalidaci\u00f3n y se le tuvo notificado por conducta concluyente5. <\/p>\n
5.Juan Carlos Forero Hidalgo y Luis Gabriel Serna G\u00e1mez comparecieron al tr\u00e1mite solicitando su vinculaci\u00f3n en calidad de terceros con inter\u00e9s sobre el bien, por ser acreedores de Mario Francisco Velasco Torres6, a lo que se accedi\u00f3 en auto de 16 de noviembre de 20167. <\/p>\n
6.AT Partners S.A.S., Ecopetrol S.A., Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., Gabriel Serna G\u00e1mez, Juan Carlos Forero Hidalgo, Mar\u00eda del Pilar, Lida Constanza y Juliana Catalina Velasco Torres, presentaron escritos de oposici\u00f3n8. <\/p>\n
7.La Agencia Nacional de Miner\u00eda se pronunci\u00f3 para se\u00f1alar que los juzgadores de tierras solo est\u00e1n facultados para pronunciarse sobre la nulidad de un contrato de concesi\u00f3n minera cuando \u00abdicho Contrato haya sido constituido en virtud de actos violentos generados dentro del conflicto armado interno\u00bb en virtud de las competencias otorgadas por la Ley 1448 de 20119. <\/p>\n
8.En providencia de 19 de julio de 2017 se decidi\u00f3 cambiar la condici\u00f3n de vinculados de Jos\u00e9 Antonio, Julio Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza Velasco Angarita por la de solicitantes, en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de hijos de Zenobia Angarita de Velasco y al estar representados por el mismo apoderado10. <\/p>\n
9.Agotado el recaudo de pruebas y en vista de las oposiciones presentadas, se dispuso la remisi\u00f3n de las actuaciones a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali11, que en sentencia de 19 de diciembre de 2019 hizo varios pronunciamientos, entre ellos: declarar impr\u00f3speras las oposiciones; reconocer a Zenobia Angarita de Velasco y su n\u00facleo familiar la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado, as\u00ed como \u00abel derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de que trata el art\u00edculo 72 de la Ley 1448 de 2011\u00bb; anular la sentencia de usucapi\u00f3n extraordinaria obtenida por Mario Francisco Velasco Torres, con la consecuente anotaci\u00f3n de cancelaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria; ordenar la restituci\u00f3n del predio La Espa\u00f1ola a Zenobia y las hermanas Mar\u00eda del Pilar y Lidia Constanza Velasco Torres \u00aben las proporciones o cuotas que les corresponde en el fundo\u00bb y autorizar \u00abel registro parcial y en lo pertinente al mismo, del trabajo de liquidaci\u00f3n, partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes relictos en el proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez\u00bb en lo relacionado con las hijuelas a favor de aquellas, con la actualizaci\u00f3n de la identificaci\u00f3n del predio; dar por terminados \u00abel contrato o contratos de concesi\u00f3n minera y dem\u00e1s autorizaciones o licencias vigentes (caso de que los hubiere) y la \u00abcancelaci\u00f3n del t\u00edtulo GEPO-02 y dem\u00e1s t\u00edtulos mineros, autorizaciones o licencias vigentes (caso de que los hubiere)\u00bb respecto del predio La Espa\u00f1ola con matr\u00edcula inmobiliaria 106-1524 \u00abde los cuales sea beneficiario Mario Francisco Velasco Torres\u00bb12. <\/p>\n
10.En auto de 8 de junio de 2020 se resolvi\u00f3 lo pertinente frente a las solicitudes de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb que tempestivamente plantearon Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., Mar\u00eda del Pilar, Lida Constanza, Juliana Catalina y Mario Francisco Velasco Torres; as\u00ed como la de adici\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, denegando las primeras, accediendo a lo pedido por la UAEGRTD y corrigiendo algunos apartes del fallo13. En prove\u00eddo de la misma calenda no se accedi\u00f3 al requerimiento de \u00abmodificaci\u00f3n (o modulaci\u00f3n)\u00bb que hizo la reclamante, a fin de que en vez de decretar la \u00abterminaci\u00f3n del contrato o contratos de concesi\u00f3n minera\u00bb y la cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo, se ordenara a la Agencia Nacional de Miner\u00eda para que quedara a su nombre y el de su n\u00facleo familiar14. <\/p>\n
11.RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mario Francisco Velasco Torres busca que se invalide la providencia del Tribunal con amparo en la causal octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, por existir nulidad originada en la sentencia que es inimpugnable, en vista de la \u00abfalta de competencia del Tribunal para disponer la terminaci\u00f3n del t\u00edtulo minero y del contrato de concesi\u00f3n minera\u00bb. <\/p>\n
Hizo consistir su descontento en que la \u00abjurisdicci\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras no tiene competencia para disponer sobre la terminaci\u00f3n de un t\u00edtulo minero ni de un contrato de concesi\u00f3n minera, sin que el literal m del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026) le atribuya tal facultad\u00bb, toda vez que la misma solo est\u00e1 radicada en la Agencia Nacional de Miner\u00eda, por lo que solicita dejar sin valor los \u00abordinales d\u00e9cimo noveno, vig\u00e9simo y vig\u00e9simo primero de la sentencia\u00bb y ordenar \u00abemitir una nueva decisi\u00f3n sobre el t\u00edtulo minero y la concesi\u00f3n minera de la cual era beneficiario el se\u00f1or Mario Francisco Velasco Torres respetando los par\u00e1metros de competencia otorgados por la ley\u00bb. <\/p>\n
Si bien puede existir competencia para abordar una controversia, cuando \u00abal momento de decidir el litigio adopta decisiones que desbordan el marco de aquellas, extralimit\u00e1ndose en su funci\u00f3n\u00bb se habilita la causal esgrimida y en este caso el precepto que sirvi\u00f3 de base para la determinaci\u00f3n solo autoriza \u00abdeclarar la nulidad de los actos jur\u00eddicos que otorgan permisos, concesiones o autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales (incluidos los recursos mineros), pero no le otorga competencia para declarar la terminaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de dichos actos\u00bb -resaltado del texto-. <\/p>\n
La nulidad de los actos y negocios jur\u00eddicos deriva de un vicio estructural desde su nacimiento a la vida jur\u00eddica, \u00abpor la ausencia de un presupuesto de validez, y comporta un supuesto de ineficacia negocial (entendida en sentido amplio) estructural. Ello explica que su declaratoria conlleva, por regla general, la p\u00e9rdida de sus efectos de manera retroactiva\u00bb, lo que est\u00e1 acorde con la finalidad de las medidas de restituci\u00f3n de la Ley 1448 de 2011 y lo diferencia de la terminaci\u00f3n \u00abdesde el punto de vista causal y de sus consecuencias\u00bb, sin que puedan equipararse. <\/p>\n
La terminaci\u00f3n de un contrato o de un acto jur\u00eddico \u00abobedece a una causal o hecho que se estructura o presenta en la fase de ejecuci\u00f3n del mismo, tal como sucede con supuestos de incumplimiento trat\u00e1ndose de contratos de tracto sucesivo o del ejercicio de potestades unilaterales que se otorgan a las partes para que el contrato no contin\u00fae produciendo efectos\u00bb. <\/p>\n
Son tan dis\u00edmiles dichas figuras que difieren en sus consecuencias, ya que mientras la nulidad \u00abproduce por regla general efectos retroactivos (\u201cex tunc\u201d), la terminaci\u00f3n produce efectos hacia el futuro (\u201cex nunc\u201d), sin que se puedan desconocer los efectos jur\u00eddicos ya generados o v\u00e1lidamente cumplidos\u00bb, de ah\u00ed que no puedan confundirse, ya que es posible que \u00abcuando el demandante depreca la declaratoria de inexistencia de un contrato, el juez civil pueda interpretar la demanda y declarar la nulidad absoluta del mismo; pero lo que no resulta admisible, es que cuando se depreca la nulidad de un negocio jur\u00eddico, el juez decida declarar su terminaci\u00f3n\u00bb, lo que no se puede atemperar con el argumento de que el que puede lo m\u00e1s puede lo menos. <\/p>\n
Para el caso las consecuencias se patentizan en que la nulidad del contrato de concesi\u00f3n \u00abconllevar\u00eda a la restituci\u00f3n a las partes al estado previo a la celebraci\u00f3n del mismo, y con ello, revivir\u00eda la posibilidad de que los herederos del se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez hicieran uso del derecho de subrogaci\u00f3n del t\u00edtulo minero\u00bb, mientras que la \u00abterminaci\u00f3n de dicho negocio jur\u00eddico generar\u00eda la cesaci\u00f3n de efectos hacia el futuro, sin que se pueda restablecer una situaci\u00f3n preexistente\u00bb, fuera de que \u00abla competencia para declarar la terminaci\u00f3n de un contrato de concesi\u00f3n o para cancelar un t\u00edtulo minero se encuentra radicada exclusivamente en la Agencia Nacional de Miner\u00eda, y dicha competencia no fue alterada o modificada por la Ley de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s \u00abno puede perderse de vista que los hechos victimizante que se afirman como causa del despojo invocado en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, habr\u00edan ocurrido con posterioridad a la suscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n minera y a la inscripci\u00f3n de la licencia GEPO-02 en el Registro Nacional de Miner\u00eda\u00bb, lo que explica que no se hubiera \u00abdeclarado la nulidad de los mismos, por no estar afectados de un vicio que los invalidara desde su nacimiento a la vida jur\u00eddica\u00bb15. <\/p>\n
12.Luego de recibir el expediente, se admiti\u00f3 el medio de contradicci\u00f3n en providencia que dispuso correr traslado a los dem\u00e1s involucrados en la contienda16. <\/p>\n
13.Los convocados se pronunciaron as\u00ed: <\/p>\n
14.Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., manifest\u00f3 estarse a lo que resulte probado17. <\/p>\n
15.Zenobia Angarita de Velasco adujo que es inviable el excepcional medio de contradicci\u00f3n ya que no se \u00abgener\u00f3 causal de nulidad alguna que ponga fin al proceso\u00bb18. <\/p>\n
16.La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas pidi\u00f3 desechar lo pretendido19. <\/p>\n
17.La Agencia Nacional de Hidrocarburos adujo carecer de \u00ablegitimidad en la causa por pasiva para ser vinculada dentro de la Acci\u00f3n de Tutela\u00bb (sic), as\u00ed como la \u00abinexistencia de amenaza o lesi\u00f3n por parte de la ANH a derechos fundamentales\u00bb20. <\/p>\n
18.La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n expres\u00f3 que el reclamo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad puesto que el Tribunal era competente para pronunciarse como lo hizo en los numerales d\u00e9cimo noveno, vig\u00e9simo y vig\u00e9simo primero de la resolutiva del fallo confutado21. <\/p>\n
19.Ecopetrol S.A. expuso que no le asiste inter\u00e9s ni legitimaci\u00f3n en la causa ya que dentro del tr\u00e1mite a examinar cedi\u00f3 los \u00abderechos de servidumbre constituidos en el predio La Espa\u00f1ola a Cenit Log\u00edstica y Transporte de Hidrocarburos S.A.S.\u00bb, quien es su actual titular y se ha venido pronunciado frente a los mismos22. <\/p>\n
20.Juliana Catalina, Lida Constanza y Mar\u00eda del Pilar Velasco Torres, Luis Gabriel Serna G\u00e1mez, Juan Carlos Forero Hidalgo, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, AT Partners S.A.S. y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas no se pronunciaron23. <\/p>\n
21.En el auto de decreto de pruebas, toda vez que no exist\u00edan elementos de convicci\u00f3n pendientes de recaudo, se prescindi\u00f3 de la audiencia del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso con el fin de proferir sentencia anticipada. <\/p>\n
22.Estando a Despacho para ese efecto, se advirti\u00f3 que en su momento fueron vinculados al tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras otros hijos de la reclamante, esto es, Jos\u00e9 Antonio, Julio Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza Velasco Angarita, quienes intervinieron en calidad de integrantes del n\u00facleo familiar de aquella y se les reconoci\u00f3 la calidad de \u00abv\u00edctimas del conflicto armado\u00bb, raz\u00f3n por la cual fueron citados como medida de saneamiento, sin que una vez lograda se pronunciaran24. <\/p>\n
23.CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Recurso de revisi\u00f3n en restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 las sentencias que se profieran en curso de los procesos de restituci\u00f3n de tierras son susceptibles de cuestionar por v\u00eda de \u00abrecurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
Tal precepto, si bien habilit\u00f3 el remedio excepcional para las providencias definitorias en el marco de la justicia transicional desarrollada en la referida compilaci\u00f3n, circunscribi\u00f3 sus alcances a los lineamientos del estatuto adjetivo all\u00ed previsto, pero que actualmente se rige por lo dispuesto en los art\u00edculos 354 a 360 del C\u00f3digo General del Proceso que lo entr\u00f3 a reemplazar. <\/p>\n
De tal manera que, sin dejar de desconocer las particularidades que caracterizan tan especial rito y los principios que lo inspiran25, las irregularidades a examinar son las que habitualmente se predican respecto de los restantes fallos proferidos por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Al respecto en CSJ SC339-2019, en la primera oportunidad donde se fijaron los lineamientos en ese sentido, se resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) que el proceso de restituci\u00f3n de tierras haga parte de un modelo de justicia transicional o que dentro del mismo se est\u00e9 resolviendo sobre un derecho fundamental, no var\u00eda la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos que all\u00ed se dicten, toda vez que el legislador del 2011 claramente remiti\u00f3 a las reglas del procedimiento civil, art\u00edculos 379 y siguientes del C. de P.C., que actualmente corresponden a los c\u00e1nones 354 a 360 de la Ley 1564 de 2012, y de paso, esa remisi\u00f3n incorpor\u00f3, igualmente, los desarrollos y entendimiento que sobre cada una de las causales de revisi\u00f3n ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su consolidada jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
De manera que el recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos proferidos en materia de restituci\u00f3n de tierras, por disposici\u00f3n legal, mantiene la estructura y din\u00e1mica propias de ese mecanismo impugnaticio dentro del procedimiento civil, con lo cual, la posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada de la que est\u00e1n revestidos los fallos dictados por los jueces y tribunales de tierras, solo puede darse en los precisos y estrictos casos mencionados en la norma . <\/p>\n
En ese orden de ideas, se tiene que el recurso de revisi\u00f3n en forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el recurrente, descart\u00e1ndose as\u00ed que este sea un escenario para reformular la controversia, o para enmendar las omisiones presentadas en las instancias, o para plantear otros argumentos de defensa no esgrimidos en el debate original, o para reparar cualquier irregularidad en la sentencia, o para cuestionar una indebida fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco es el recurso de revisi\u00f3n de las sentencias de tierras una oportunidad para que la Corte emprenda un examen oficioso de lo decidido en la instancia por los jueces o tribunales especializados, ya que ni la Ley 1448 de 2011 como tampoco el estatuto procesal civil lo contemplaron, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en donde se otorg\u00f3 a esta Sala la potestad de casar la sentencia oficiosamente \u201ccuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al motivo de invalidaci\u00f3n propuesto, el impugnante lo encasilla dentro del numeral 8 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, eso s\u00ed, dejando claro que no cualquier reparo invalidante tiene cabida por esta senda puesto que debe surgir en el instante mismo en que se profiere el pronunciamiento cuestionado y sin que sean admisibles disquisiciones jur\u00eddicas o discrepancias sobre temas puntuales que fueron tratados a cabalidad en las consideraciones, ya que las deficiencias deben ser de estirpe netamente procesal y acorde con el rito por el cual fue adelantado el pleito, esto \u00faltimo si se tiene en cuenta que en virtud de la taxatividad que impone el r\u00e9gimen de las nulidades no puede invocarse como tal lo que no est\u00e1 previsto en la codificaci\u00f3n adjetiva de impulso. <\/p>\n
Cobra relevancia para el efecto que las acciones de restituci\u00f3n de tierras tienen un r\u00e9gimen espec\u00edfico contemplado en la Ley 1448 de 2011, en el cual se prev\u00e9n dos etapas, una administrativa, que se agota ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, y la otra judicial, que comienza ante los Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restituci\u00f3n de Tierras, siendo estos los encargados de culminarlas de no presentarse oposici\u00f3n, ya que en caso contrario deben ser resueltas por los \u00abMagistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras\u00bb (art. 79). <\/p>\n
Incluso las reglas procesales de las solicitudes de restituci\u00f3n de tierra est\u00e1n previstas en dicha compilaci\u00f3n, como se anuncia en el ac\u00e1pite de principios generales al exigir que las \u00abactuaciones de los funcionarios y las solicitudes elevadas por las v\u00edctimas en el marco de los procedimientos derivados de esta ley, se regir\u00e1n siempre por el respeto mutuo y la cordialidad\u00bb -se resalta- (art. 15), los cuales se entran a desarrollar entre los art\u00edculos 76 y 102, con la prevenci\u00f3n expresa de que en \u00abeste proceso no son admisibles la demanda de reconvenci\u00f3n, la intervenci\u00f3n excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliaci\u00f3n\u00bb, que de proponerse deben ser rechazadas de plano (art. 94) y sin que se contemplen en el articulado de la ley causales de nulidad en la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la alusi\u00f3n al para entonces vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil se restringe a temas espec\u00edficos y concretos, como son la acreditaci\u00f3n de la calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restituci\u00f3n conforme a los medios de prueba admisibles en dicho estatuto (art. 84 par. 2); la aplicaci\u00f3n de las reglas de ejecuci\u00f3n de las sentencias cuando se busque \u00abgarantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso\u00bb (art. 91 par. 1\u00b0); los t\u00e9rminos en que se debe agotar el recurso de revisi\u00f3n (art. 92) y la pr\u00e1ctica del allanamiento para la entrega del predio a restituir (art. 100). <\/p>\n
Ahora bien, lo anterior no significa que les sea completamente ajeno el C\u00f3digo General del Proceso, ya que conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 \u00e9ste se aplica \u00aba todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb, de ah\u00ed que el alcance de sus preceptos para el caso de la restituci\u00f3n de tierras en el \u00e1mbito del recurso de revisi\u00f3n, deben ser analizados al tamiz de la multicitada Ley 1448 de 2011 y el consistente criterio reiterado en CSJ SC4158-2021, seg\u00fan el cual <\/p>\n
[l]a causal 8\u00aa seg\u00fan la doctrina de la Sala, expuesta en un sinn\u00famero de decisiones, engloba una pluralidad de motivos que permiten formular un recurso de revisi\u00f3n con fundamento en esta senda. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o, en la antigua perenci\u00f3n, actualmente, por v\u00eda del desistimiento t\u00e1cito, en los casos que resulte procedente.<\/p>\n
2. Dictar sentencia estando suspendido o interrumpido el proceso.<\/p>\n
3. Condenar en ella a quien no ha figurado como parte.<\/p>\n
4. La carencia de motivaci\u00f3n de la sentencia, as\u00ed se trate de sentencia dictada en equidad.<\/p>\n
5. Dictar sentencia por un n\u00famero de magistrados menor al exigido por ley. En t\u00e9rminos de la Ley 270 de 1996, \u201c(\u2026) firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley\u201d.<\/p>\n
6. Dictar sentencia sin abrir a pruebas el proceso.<\/p>\n
7. Dictar sentencia sin correr traslado para alegar, cuando la ley as\u00ed lo exija para el respectivo procedimiento.<\/p>\n
8. Cuando por v\u00eda de aclaraci\u00f3n se reforma la estructura basilar de la sentencia.<\/p>\n
9. Cuando en la sentencia se incurre en un vicio de incompetencia funcional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La falta de competencia funcional como causal de nulidad en tr\u00e1mites de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Frente al supuesto de la \u00abfalta de competencia funcional\u00bb, si bien se ha asociado a la asignaci\u00f3n vertical de los asuntos o por los diferentes grados de la jurisdicci\u00f3n, por lo que se patentizar\u00eda en los tr\u00e1mites de doble instancia, la jurisprudencia de la Sala ha dilucidado que el concepto \u00abfuncional\u00bb es mucho m\u00e1s amplio ya que trasciende a las precisas funciones asignadas en el ordenamiento vigente a los operadores judiciales, lo que posibilita su ocurrencia a\u00fan en litigios de \u00fanica instancia, en desv\u00edos al desatar la alzada por fuera de los patrones delimitados por los apelantes y a\u00fan en virtud de los recursos extraordinarios. <\/p>\n
Se llam\u00f3 la atenci\u00f3n al respecto en CSJ SC4106-2021, al acotar: <\/p>\n
(\u2026) es preciso recordar que la competencia se refiere a la facultad que le otorga el legislador al juez para ejercer la jurisdicci\u00f3n del Estado, con el prop\u00f3sito de resolver el caso concreto que ingres\u00f3 a su despacho. Ahora, la importancia de determinar con precisi\u00f3n si el juez de conocimiento goza o no de dicha facultad, radica en que carecer de ella constituye un vicio de procedimiento que puede desencadenar, seg\u00fan la normatividad aplicable, la nulidad de todo lo actuado en instancia (C.P.C.), ora la invalidaci\u00f3n de lo rituado despu\u00e9s de declarada esta, o en su defecto, solo de la sentencia (C.G.P.). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, el vigente estatuto adjetivo civil brinda cuatro momentos para advertir la falta de competencia en el proceso, sin perjuicio de aquella que tenga el car\u00e1cter de insaneable, que podr\u00e1 ser alegada en cualquier tiempo. El primero, cuando el juez realiza el estudio de admisi\u00f3n del escrito inicial, que en caso de anotar su incompetencia, deber\u00e1 rechazarla y remitir el asunto a quien considere competente; el segundo, cuando inadvertido por el fallador lo anterior, el convocado la alega dentro del t\u00e9rmino del traslado de la demanda como excepci\u00f3n previa; el tercero, si la carencia de dicha facultad no se evidenci\u00f3 en dichas oportunidades, el juzgador tiene el deber de realizar control de legalidad para sanear los vicios que puedan constituir causal de nulidad; sin embargo, valga aclarar, dicha obligaci\u00f3n \u201cse concreta exclusivamente al factor funcional \u2013que es el \u00fanico insaneable\u2013, pues los dem\u00e1s motivos de incompetencia se entender\u00e1n saneados por la voluntad de las partes si \u00e9stas no los alegaron en su debida oportunidad procesal\u201d, de ah\u00ed que, \u201cla ley procesal proh\u00edbe al juez declarar la falta de competencia distinta de la funcional si la parte interesada no la invoc\u00f3 en la forma y t\u00e9rminos previstos en e[l] ordenamiento\u201d; y, el cuarto, si finalmente, el precitado vicio pas\u00f3 inadvertido durante ambas instancias, las partes en litis tienen como \u00faltimo mecanismo para intentar la declaratoria de nulidad, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de ser procedente, a trav\u00e9s de la causal quinta del art\u00edculo 336 de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, el factor de atribuci\u00f3n de competencia que se acaba de mencionar, que es el que aqu\u00ed interesa, es aquel donde \u201cel legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n (\u2026)\u201d (CSJ SC, 26 jun. 2003, Rad. 7258). <\/p>\n
As\u00ed, ha dicho la Corte, \u201cse incurre en nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico; o cualquier otro evento que contravenga las disposiciones del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo II del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculos pertinentes del Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera del Libro Primero del C\u00f3digo General del Proceso]\u201d (CSJ, SC4415-2016). <\/p>\n
Incluso dicha exposici\u00f3n guarda consonancia con lo rese\u00f1ado previamente en CSJ SC001-2021, SC21712-2017 y SC16880-2017, entre otras. <\/p>\n
(\u2026) suspensi\u00f3n de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restituci\u00f3n se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituci\u00f3n de tenencia, de declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relaci\u00f3n con el inmueble o predio cuya restituci\u00f3n se solicita, as\u00ed como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepci\u00f3n de los procesos de expropiaci\u00f3n -se resalta-. <\/p>\n
Incluso el art\u00edculo 95 permite que las autoridades judiciales de restituci\u00f3n de tierras acumulen para decidir en forma conjunta \u00abtodos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades p\u00fablicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acci\u00f3n\u00bb -se resalta- y en el par\u00e1grafo 2\u00b0 se prev\u00e9 que durante toda la tramitaci\u00f3n \u00ablos notarios, registradores y dem\u00e1s autoridades se abstendr\u00e1n de iniciar, de oficio o a petici\u00f3n de parte, cualquier actuaci\u00f3n que por raz\u00f3n de sus competencias afecte los predios objeto de la acci\u00f3n descrita en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo\u00bb -negrita adrede-. <\/p>\n
Es de ah\u00ed que en el art\u00edculo 91 se contempla que simult\u00e1neamente con el pronunciamiento de fondo \u00absobre la propiedad, posesi\u00f3n del bien u ocupaci\u00f3n del bald\u00edo objeto de la demanda\u00bb y el decreto de \u00ablas compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso\u00bb, en la sentencia debe referirse a m\u00faltiples aspectos \u00abde manera expl\u00edcita y suficientemente motivada, seg\u00fan el caso\u00bb, entre ellos <\/p>\n
a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y las solicitudes de los terceros; <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
d. Las \u00f3rdenes a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos para que cancele todo antecedente registral sobre grav\u00e1menes y limitaciones de dominio, t\u00edtulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradici\u00f3n y las medidas cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de los correspondientes asientos e inscripciones registrales; <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
i. Las \u00f3rdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor extensi\u00f3n. El Juez o Magistrado tambi\u00e9n ordenar\u00e1 que los predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor extensi\u00f3n; <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jur\u00eddicas particulares y concretas, debatidos en el proceso, si existiera m\u00e9rito para ello, de conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo; <\/p>\n
n. La orden de cancelar la inscripci\u00f3n de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restituci\u00f3n, en virtud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, administrativas o tributarias contra\u00eddas, de conformidad con lo debatido en el proceso; <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
p. Las \u00f3rdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas; <\/p>\n
Incluso el par\u00e1grafo 1\u00b0 del mismo precepto a\u00f1ade que \u00ab[e]n todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb y que tal \u00abcompetencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u00bb, lo que se reitera en el art\u00edculo 102 al expresar que \u00ab[d]espu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb. <\/p>\n
Tan amplio espectro vislumbra una gran injerencia de la jurisdicci\u00f3n de tierras en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n p\u00fablica, sin que se advierta que las facultades en la materia est\u00e9n restringidas o limitadas, siempre y cuando atiendan los principios generales que inspiran la reparaci\u00f3n de v\u00edctimas como son el de complementariedad del art\u00edculo 21, seg\u00fan el cual \u00ab[t]odas las medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n deben establecerse de forma arm\u00f3nica y propender por la protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas\u00bb, adem\u00e1s de que \u00ab[t]anto las reparaciones individuales, ya sean administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas o a los colectivos, deben ser complementarias para alcanzar la integralidad\u00bb; as\u00ed como el derecho a la reparaci\u00f3n integral del art\u00edculo 25 en virtud del cual la \u00abv\u00edctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el da\u00f1o que han sufrido\u00bb, lo que debe comprender \u00ablas medidas de restituci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simb\u00f3lica\u00bb. Cada una de estas medidas ser\u00e1n dispuestas a favor de las v\u00edctimas dependiendo de la vulneraci\u00f3n en sus derechos y las caracter\u00edsticas del hecho victimizante. <\/p>\n
A eso va aunado que, a la luz del art\u00edculo 69, las medidas de reparaci\u00f3n deben propender por \u00abla restituci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simb\u00f3lica\u00bb y deben ser implementadas \u00aba favor de la v\u00edctima dependiendo de la vulneraci\u00f3n en sus derechos y las caracter\u00edsticas del hecho victimizante\u00bb y atender los siguientes principios relacionados en el art\u00edculo 73: <\/p>\n
1. Preferente. La restituci\u00f3n de tierras, acompa\u00f1ada de acciones de apoyo pos-restituci\u00f3n, constituye la medida preferente de reparaci\u00f3n integral para las v\u00edctimas; <\/p>\n
2. Independencia. El derecho a la restituci\u00f3n de las tierras es un derecho en s\u00ed mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las v\u00edctimas a quienes les asista ese derecho; <\/p>\n
3. Progresividad. Se entender\u00e1 que las medidas de restituci\u00f3n contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las v\u00edctimas; <\/p>\n
4. Estabilizaci\u00f3n. Las v\u00edctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicaci\u00f3n voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; <\/p>\n
5. Seguridad jur\u00eddica. Las medidas de restituci\u00f3n propender\u00e1n por garantizar la seguridad jur\u00eddica de la restituci\u00f3n y el esclarecimiento de la situaci\u00f3n de los predios objeto de restituci\u00f3n. Para el efecto, se propender\u00e1 por la titulaci\u00f3n de la propiedad como medida de restituci\u00f3n, considerando la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ten\u00edan las v\u00edctimas con los predios objeto de restituci\u00f3n o compensaci\u00f3n; <\/p>\n
6. Prevenci\u00f3n. Las medidas de restituci\u00f3n se producir\u00e1n en un marco de prevenci\u00f3n del desplazamiento forzado, de protecci\u00f3n a la vida e integridad de los reclamantes y de protecci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00edsica de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; <\/p>\n
7. Participaci\u00f3n. La planificaci\u00f3n y gesti\u00f3n del retorno o reubicaci\u00f3n y de la reintegraci\u00f3n a la comunidad contar\u00e1 con la plena participaci\u00f3n de las v\u00edctimas; <\/p>\n
8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las v\u00edctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un v\u00ednculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituir\u00e1n prioritariamente a las v\u00edctimas m\u00e1s vulnerables, y a aquellas que tengan un v\u00ednculo con la tierra que sea objeto de protecci\u00f3n especial. <\/p>\n
De tal manera que la competencia de los funcionarios de tierras en temas administrativos no es restringida ni taxativa, sino que admite una amplia gama de atribuciones, siempre y cuando se cumplan los prop\u00f3sitos restaurativos de la Ley 1448 de 2011 y as\u00ed debe aparecer reflejado en el fallo. <\/p>\n
4. Oportunidad en la formulaci\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Descendiendo al presente caso, lo primero que se advierte es que el recurso fue tempestivo ya que en el marco del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso el inconforme contaba con dos a\u00f1os posteriores a la ejecutoria de la sentencia impugnada para solicitar su revisi\u00f3n al amparo de la causal octava. <\/p>\n
Si bien la sentencia se profiri\u00f3 el 19 de diciembre de 2019, su ejecutoria se produjo con la de los autos de 8 de junio de 2020 que negaron las aclaraciones pedidas por algunos de los intervinientes y la \u00absolicitud de modificaci\u00f3n (o modulaci\u00f3n) de la sentencia elevada por la reclamante\u00bb, lo que aconteci\u00f3 el 12 siguiente. <\/p>\n
No obstante, hay que advertir que por medio del Decreto 564 de 15 de abril de 2020 se dispuso la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de caducidad \u00abprevistos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de d\u00edas, meses o a\u00f1os\u00bb desde el 16 de marzo de 2020 \u00abhasta el d\u00eda que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudaci\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb, a lo que procedi\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n por medio del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, en el que se indic\u00f3 que la \u00absuspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y administrativos en todo el pa\u00eds se levantar\u00e1 a partir del 1 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el plazo para formular el presente medio excepcional empez\u00f3 a correr el 1\u00b0 de julio de 2020, eso quiere decir que la presentaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n el 30 de junio de 202226 se hizo en tiempo, ya que ese era el \u00faltimo d\u00eda del bienio se\u00f1alado para ese efecto. <\/p>\n
Adicionalmente, oper\u00f3 la interrupci\u00f3n del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que el enteramiento al \u00faltimo de los vinculados al tr\u00e1mite fue efectivo el 27 de abril del a\u00f1o en curso, esto es, dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de 13 de septiembre de 2022, que se hizo por estado al otro d\u00eda. <\/p>\n
A pesar de que en providencia de 15 de junio de 2023 se dispuso la citaci\u00f3n de terceros interesados no relacionados en un comienzo, la misma fue en virtud de una medida tomada de conformidad con los art\u00edculos 61 inciso segundo y 132 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el t\u00e9rmino anual para su enteramiento oportuno comenzaba all\u00ed, lo que se tuvo por satisfecho en auto de 3 de octubre de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Inexistencia de recursos como requisito para el estudio del octavo motivo de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Como supuesto de viabilidad de este extraordinario medio de contradicci\u00f3n, por la causal octava propuesta, es necesario que la sentencia opugnada no sea susceptible de recurso. <\/p>\n
Dicha exigencia se satisface a plenitud ya que, como se ha insistido, las determinaciones de las Salas Especializadas en Restituci\u00f3n de Tierras son de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb y de forma expresa se contempla la viabilidad del \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb frente a ellos, al tenor de los art\u00edculos 79 y 92 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Examen de suficiencia de los argumentos del inconforme. <\/p>\n
Se advierte de entrada la improcedencia del reclamo expuesto por el opugnador, ya que partiendo de la propuesta hermen\u00e9utica de un precepto legal al que le confiere una potestad restrictiva, pretende desbarajustar el minucioso estudio adelantado por el fallador de tierras al desatar uno de los puntos de discordia, eso s\u00ed, sin desconocer la calidad de v\u00edctimas de la accionante y su grupo familiar. <\/p>\n
El descontento radica en lo dispuesto en el ordinal d\u00e9cimo noveno de la parte resolutiva del fallo, donde se declar\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del contrato o contratos de concesi\u00f3n minera y dem\u00e1s autorizaciones o licencias vigentes (caso de que los hubiere) respecto del predio La Espa\u00f1ola distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 106-1524, de los cuales sea beneficiario Mario Francisco Velasco Torres\u00bb y los pronunciamientos consecuenciales del mismo, as\u00ed como en los subsiguientes ordinales vig\u00e9simo y vig\u00e9simo primero. <\/p>\n
Quiere decir que no se discrepa de lo resuelto en los restantes ordinales, pero pretende conservar temporalmente la explotaci\u00f3n minera bajo el pretexto de que el Tribunal se equivoc\u00f3 al no decretar la nulidad del contrato de concesi\u00f3n, en lo que estar\u00eda de acuerdo, al amparo de una interpretaci\u00f3n restrictiva y segregada del literal m. del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Tal postulado evidencia un descontento en el trabajo intelectivo del fallador, para disfrazarlo de una intromisi\u00f3n grosera en \u00e1mbitos que desde la \u00f3ptica sesgada del censor estima ajenos, pasando por alto que en la sentencia confutada se dejaron expuestas las razones por las cuales, en el caso particular, no era posible declarar la nulidad de dicho contrato de concesi\u00f3n y resultaba imprescindible acudir a otras figuras que permitieran lograr los prop\u00f3sitos restaurativos de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Como se puede apreciar en el numeral 3.7.4 de las consideraciones, el Colegiado entr\u00f3 a analizar la \u00ab[s]ituaci\u00f3n jur\u00eddica de los actos administrativos, contratos de concesi\u00f3n y t\u00edtulos mineros expedidos con posterioridad al desplazamiento o despojo\u00bb, bajo los par\u00e1metros de los art\u00edculos 77, numeral 3, y 91, literal m., de la Ley 1448 de 2011. Esto es, estim\u00f3 de entrada la posibilidad de la anulaci\u00f3n, pero a rengl\u00f3n seguido expuso las razones que justificaban la toma de una decisi\u00f3n modulada a la luz de los art\u00edculos 5, 11, 14 a 16, 50, 58, 109, 114, 166, 168, 169, 176, 209, 289, 320, 327, 331 y 334 de la Ley 685 de 2001 (C\u00f3digo de Minas), para concluir: <\/p>\n
De la lectura armonizada de las normas antes transcritas se colige que una cosa es la propiedad sobre el suelo y otra la propiedad sobre los minerales yacentes en el mismo o en el subsuelo, que por expresa disposici\u00f3n constitucional (art\u00edculo 332 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, reiterado en materia minera en el art\u00edculo 5 de la Ley 685 de 2001 ya transcrito). Este axioma explica por s\u00ed solo que una concesi\u00f3n o t\u00edtulo minero bien puede ser expedida u otorgado a favor del propietario del predio sobre el cual recae la autorizaci\u00f3n correspondiente, o bien a favor de un tercero, caso este \u00faltimo en el cual hay lugar al perfeccionamiento de las servidumbres necesarias para la exploraci\u00f3n, construcci\u00f3n, montaje y explotaci\u00f3n de los minerales o recursos objeto del contrato o t\u00edtulo respectivo. En tal evento, por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculos 15, 166 y 169 de la ley citada), el propietario del fundo afectado est\u00e1 obligado a soportar los grav\u00e1menes pertinentes, pudiendo, eso s\u00ed, exigir \u00abel pago de los perjuicios que se le causen o su garant\u00eda\u00bb (art\u00edculo 174 ejusdem). <\/p>\n
Se infiere de lo anterior que no es dable afirmar que una concesi\u00f3n, t\u00edtulo minero, autorizaci\u00f3n o licencia para la explotaci\u00f3n de recursos naturales otorgada(s) a una persona distinta del propietario del suelo en el cual se encuentra el venero o yacimiento correspondiente transgreda por s\u00ed sola los derechos de \u00e9ste (caso de tratarse de una v\u00edctima de desplazamiento o despojo forzado), a no ser que el beneficiario (de la concesi\u00f3n, t\u00edtulo, autorizaci\u00f3n o licencia) hubiere tenido injerencia en los hechos delictivos correspondientes, o se hubiere aprovechado de los mismos; (caso sub judice, seg\u00fan qued\u00f3 elucidado). En este evento mal podr\u00eda impon\u00e9rsele a la v\u00edctima restituida la carga u obligaci\u00f3n de soportar la concesi\u00f3n, t\u00edtulo, autorizaci\u00f3n o licencia so pretexto de que ope legis (por ministerio de la ley \u2014art\u00edculo 58 del C\u00f3digo de Minas\u2014) todo permiso o licencia de tal naturaleza le confiere al beneficiario respectivo el derecho a servirse del predio afectado (enti\u00e9ndase instalar o construir en el inmueble equipos y obras necesarios para el ejercicio de la concesi\u00f3n o actividad). <\/p>\n
Es por la referida raz\u00f3n que el juez o magistrado de tierras est\u00e1 investido de la facultad de declarar la nulidad de la concesi\u00f3n, t\u00edtulo, autorizaci\u00f3n o licencia pertinente en caso de haber sido otorgado(s) con posterioridad al abandono forzado o despojo. <\/p>\n
Sin embargo, bien puede ocurrir que la fenomenolog\u00eda del caso sugiera que no sea lo indicado decretar la nulidad del contrato, t\u00edtulo, autorizaci\u00f3n o licencia, sino una medida de correcci\u00f3n diferente por reflejarse como m\u00e1s favorable a los intereses de la v\u00edctima -se resalta-. <\/p>\n
Entre tales soluciones alternas se encuentra la que consiste en el decreto de terminaci\u00f3n y\/o cancelaci\u00f3n de la concesi\u00f3n, t\u00edtulo, autorizaci\u00f3n o licencia, incluidas las inscripciones correspondientes. Eventualidades, todas, que dan lugar a condignos tr\u00e1mites subsiguientes encaminados a definir, ante y con el concurso de las autoridades o estamentos competentes, lo inherente a los deberes y obligaciones pendientes de cumplir a cargo del beneficiario responsable, de los cuales cabe citar, por v\u00eda de ejemplo, los siguientes: <\/p>\n
– Todo lo relativo al retiro o abandono de los bienes e instalaciones del concesionario y a la readecuaci\u00f3n y sustituci\u00f3n ambiental del \u00e1rea, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo de Minas. <\/p>\n
– El cumplimiento o garant\u00eda de cumplimiento de las obligaciones de orden ambiental y laborales exigibles al tiempo de hacerse efectiva la cesaci\u00f3n del contrato, de lo cual trata el art\u00edculo 114 del mismo estatuto. <\/p>\n
– La realizaci\u00f3n de obras y adopci\u00f3n de medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y frentes de trabajo (art\u00edculo 209). <\/p>\n
Situaciones como las antes referidas son precisamente las que sugieren que en el caso sub judice, caracterizado por concernir a un terreno en el cual fueron instalados o construidos equipos, maquinaria y obras para la explotaci\u00f3n y\/o extracci\u00f3n de recursos naturales, es lo indicado declarar, no la nulidad del contrato y\/o de los condignos t\u00edtulos, autorizaciones o licencias expedidos al efecto, sino la terminaci\u00f3n de los mismos y la consiguiente cancelaci\u00f3n de los registros o anotaciones correspondientes. Esta soluci\u00f3n, con mayor, si se observa que en la pretensi\u00f3n \u00abOCTAVO\u00bb de la demanda se deprec\u00f3: <\/p>\n
\u201cAdvertir al Ministerio de minas, a la Oficina de Minas de Manizales departamento de Caldas para que una vez restituido el predio a mi representada, se inicie el proceso de cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo minero a nombre del se\u00f1or Mario Francisco Velasco (sic) por encontrarse probada la ilegalidad del mismo al ser producto de amenazas, despojo y desplazamiento de grupos al margen de la ley de que fue objeto mi representada; otorg\u00e1ndosele a mi representada y al grupo familiar el t\u00e9rmino correspondiente para aue si es su deseo ejerza el derecho de subrogaci\u00f3n sobre la licencia de explotaci\u00f3n, derecho que no pudo ejercer respecto al t\u00edtulo que pose\u00eda el de cujus en raz\u00f3n a las amenazas que ejerci\u00f3 Mario Francisco Velasco Torres, apoyado en el grupo al margen de la ley\u201d. <\/p>\n
Como puede observarse, y seg\u00fan se colige de la lectura de la transcrita pretensi\u00f3n, no es el prop\u00f3sito de la accionante que se nuliten las concesiones, t\u00edtulos, autorizaciones o licencias expedidas respecto del predio solicitado en restituci\u00f3n, sino que se le prefiera en el otorgamiento, o subrogaci\u00f3n, de las mismas. <\/p>\n
Por las citadas razones no se vislumbra tampoco acertado decretar -seg\u00fan lo sugiere el se\u00f1or representante del Ministerio P\u00fablico- la nulidad de las licencias ambientales otorgadas para la explotaci\u00f3n de minerales y materiales de construcci\u00f3n en el inmueble La Espa\u00f1ola, habida cuenta que en el marco de las aludidas licencias o permisos est\u00e1n insertos y pendientes de cumplir deberes y obligaciones en materia forestal y ecol\u00f3gica -y otros no menos importantes ya referidos- a cargo del beneficiario o beneficiarios responsables. <\/p>\n
En resumen, la decisi\u00f3n de no declarar la nulidad y preferir la declaratoria de terminaci\u00f3n obedeci\u00f3 al examen de las situaciones particulares del caso, en aras de brindar una protecci\u00f3n eficaz a las v\u00edctimas, tal como lo impone el ordenamiento sobre la materia y sin que se constituya en un alejamiento arbitrario del marco competencial, que no aparece delimitado en la forma restrictiva que expone el opugnador. <\/p>\n
El literal m. del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, lejos est\u00e1 de fijar un coto o imponer l\u00edmites infranqueables, ya que el encabezado del precepto se\u00f1ala aspectos a tener en cuenta en el fallo definitorio, pero sin que del contexto se pueda inferir que imponga a manera de camisa de fuerza el alcance de las determinaciones a tomar, para lo cual los juzgadores cuentan con un margen de discrecionalidad dentro de los alcances de lo que se persigue con la justicia restaurativa. <\/p>\n
Toda vez que el impugnante disiente del trabajo argumentativo del Colegiado a fin de dar cumplimiento a los fines encomendados por la Ley 1448 de 2011, para tratar de imponer un criterio de interpretaci\u00f3n sesgado que ri\u00f1e con aquellos, fracasa su intento puesto que este no es el escenario para discutir lo atinado o no de la determinaci\u00f3n por discrepancias jur\u00eddicas. <\/p>\n
Igual de desafortunado es el a\u00f1adido final en el sentido de que <\/p>\n
(\u2026) no puede perderse de vista que los hechos victimizante que se afirman como causa del despojo invocado en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, habr\u00edan ocurrido con posterioridad a la suscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n minera y a la inscripci\u00f3n de la licencia GEPO-02 en el Registro Nacional de Miner\u00eda, lo cual explica que el Tribunal no hubiera declarado la nulidad de los mismos, por no estar afectados de un vicio que los invalidara desde su nacimiento a la vida jur\u00eddica. <\/p>\n
Lo anterior puesto que no pasa de ser un agregado accidental que no encaja dentro del supuesto de invalidaci\u00f3n esgrimido, trascendiendo a un cuestionamiento a aspectos factuales y demostrativos que tampoco son de recibo en el \u00e1mbito de la revisi\u00f3n, fuera de que descontextualizan el contenido del fallo ya que all\u00ed se dej\u00f3 sentado que <\/p>\n
[l]as pruebas antes enunciadas, son demostrativas de que el conflicto armado tuvo operatividad en los municipios de Victoria y La Dorada, Caldas, y espec\u00edficamente en la zona de ubicaci\u00f3n del predio materia de restituci\u00f3n. De la apreciaci\u00f3n en conjunto y con sujeci\u00f3n a las reglas de la sana cr\u00edtica de las precitadas pruebas se colige que para la \u00e9poca en que falleci\u00f3 Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez (diciembre de 1992) y a\u00f1os subsiguientes, la zona ven\u00eda siendo afectada por el conflicto armado interno y ante todo por la presencia y accionar de las ACMM. Fue en ese contexto y escenario de violencia que ante la presi\u00f3n ejercida por alias ‘Memo Chiquito’ (comandante del bloque Magdalena Medio para entonces) y las intimidaciones provenientes de Mario Francisco Velasco Torres -lo que est\u00e1 suficientemente probado-, la solicitante se vio forzada a abandonar el inmueble objeto de reclamaci\u00f3n (no pudo volver), habiendo perdido en tal forma el contacto directo con el predio y quedando, por tanto, impedida para atenderlo, administrarlo y explotarlo. <\/p>\n
Ello se hizo evidente hacia el a\u00f1o 2005, cuando Carlos Humberto Castro Porras, encomendado por la accionante, intent\u00f3 ingresar al fundo y fue retenido por Mario Francisco, quien se vali\u00f3 para el efecto del apoyo de ‘Memo Chiquito’ y varios paramilitares m\u00e1s138, lo que demuestra de paso que no es cierto lo manifestado por la parte pasiva en el sentido de que la solicitante no se empe\u00f1\u00f3 en asumir la administraci\u00f3n y explotaci\u00f3n del bien ra\u00edz139. <\/p>\n
Se consum\u00f3 de ese modo un desplazamiento forzado de la tierra regulado en la Ley 1448 de 2011, que, como se dijo antes, consiste en el apremio al que se ve enfrentada una persona forzada a abandonar el inmueble sobre el cual ejerce propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n, quedando por tanto impedida para atenderlo y para realizar la administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y contacto directo con el mismo durante el desplazamiento (inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 74 ib\u00eddem). <\/p>\n
Aconteci\u00f3 en las anotadas circunstancias, y en esa \u00e9poca, que Mario Francisco Velasco Torres se hizo a la posesi\u00f3n material de la heredad, de la cual fue luego declarado due\u00f1o en proceso de pertenencia (aspecto este objeto de puntual an\u00e1lisis l\u00edneas m\u00e1s adelante). <\/p>\n
En resumen, est\u00e1 acreditada la existencia de la confrontaci\u00f3n armada y del accionar de las autodefensas para la \u00e9poca de los hechos base de la demanda en la zona donde se localiza la finca objeto de reclamaci\u00f3n. En igual forma, est\u00e1 demostrado -y no fue desvirtuado por la parte opositora- el desplazamiento forzado de Zenobia Angarita de Velasco ocurrido con ocasi\u00f3n del conflicto armado y con posterioridad al 1\u00b0 de enero de 199114\u00b0, fijado \u00e9ste como l\u00edmite de tiempo m\u00e1s antiguo que legitima la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Como la data determinante del desalojo est\u00e1 dada por el fallecimiento de Jos\u00e9 Antonio Velasco Fern\u00e1ndez en diciembre de 1992 y la cita del a\u00f1o 2005 solo refiere al instante en que se hicieron m\u00e1s patentes los actos de despojo del opositor, no puede decirse que est\u00e1 ultima fuera la delimitante para considerar la afectaci\u00f3n de t\u00edtulos y grav\u00e1menes posteriores al desplazamiento forzado, de ah\u00ed que tampoco emerge contradictorio el que el pronunciamiento trascendiera al t\u00edtulo minero GEPO-02 inscrito en el Registro Nacional de Miner\u00eda el 20 de enero de 1995 y el contrato de concesi\u00f3n minera suscrito con el Ministerio de Minas el 27 de febrero de 1998. <\/p>\n
En \u00faltimas lo que persigue el inconforme es una reapertura del debate en vista de su insatisfacci\u00f3n con el resultado, pero como se expres\u00f3 en CSJ SC664-2020 <\/p>\n
[l]a nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia. <\/p>\n
En similar sentido en SC681-2020 qued\u00f3 dicho que <\/p>\n
(\u2026) importa recordar que la nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, es decir, en relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relativo al fondo de la controversia; de ah\u00ed que, la misma jurisprudencia no acepta la indebida motivaci\u00f3n como causal, precisamente porque avalarlo ser\u00eda reconocer una nueva discusi\u00f3n sobre la materia tratada y definida en el proceso. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en SC2845-2020, en un evento en el que se discuti\u00f3 el alcance de unos de los literales del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, se desestim\u00f3 el cuestionamiento en vista de que <\/p>\n
(\u2026) m\u00e1s que una verdadera cuesti\u00f3n procesal relativa a la falta de competencia del Tribunal para adoptar ciertas decisiones, lo que se avizora cuando se alega por el recurrente que el juzgador de tierras carec\u00eda de facultad para anular algunas escrituras p\u00fablicas (de compraventa y de liquidaci\u00f3n notarial de dos sucesiones), es el planteamiento de una controversia sobre la hermen\u00e9utica de una norma jur\u00eddica, concretamente el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, que, a prop\u00f3sito, con tono imperativo determina que en el fallo se deben dictar \u201cLas \u00f3rdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas\u201d (literal p.-). <\/p>\n
Y como el recurso de revisi\u00f3n no est\u00e1 concebido, en principio, para corregir la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la providencia atacada, en ese orden no es de recibo lo esbozado sobre el alcance del citado art\u00edculo 91, para soportar una nulidad originada en la sentencia, circunscrita a temas eminentemente procesales y que afectan gravemente el derecho constitucional al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Quiere decir que como no se advierten las falencias que el objetor le endilga al Colegiado de Tierras, fracasa el recurso extraordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Conforme a lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 359 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 al opugnador la carga de asumir las costas y perjuicios generados. <\/p>\n
Las primeras se liquidar\u00e1n por Secretar\u00eda en la forma establecida en el art\u00edculo 366 ib\u00eddem, incluyendo como agencias en derecho la suma de $5.000.000. <\/p>\n
24.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 Mario Francisco Velasco Torres frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de diciembre de 2019 y corregido mediante prove\u00eddo de 8 de junio de 2020, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras de Zenobia Angarita de Velasco en el cual intervinieron como opositores el impugnante, Mar\u00eda del Pilar, Lida Constanza y Juliana Catalina Velasco torres, Luis Gabriel Serna G\u00e1mez, Juan Carlos Forero Hidalgo, AT Partners S.A.S., Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S. y Ecopetrol S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar al impugnante a Mario Francisco Velasco Torres al pago de las costas, que ser\u00e1n liquidadas por Secretar\u00eda tomando como agencias en derecho $5\u2019000.000 que fija el Magistrado Sustanciador. As\u00ed mismo se le ordena el reconocimiento de los perjuicios causados con este tr\u00e1mite <\/p>\n
TERCERO: Devolver virtualmente el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia objeto de revisi\u00f3n, agregando copia de las presentes diligencias ante la Corte. <\/p>\n
CUARTO: Archivar la actuaci\u00f3n, una vez cumplidas las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 En auto admisorio de 15 de septiembre de 2016, fls. 381 a 385 cno. 1. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 522 a 528 cno. 1. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 1 a 45 cno. 6. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 672 a 674 cno. 1. <\/p>\n
6\u0002 Fls. 531 a 532 cno. 1. <\/p>\n
7\u0002 Id 5. <\/p>\n
8\u0002 Fls. 539 a 554, 565 a 579, 723 a 731, 744 a 746, 790 a 862, 902 a 909 cno. 1. <\/p>\n
9\u0002 Fls. 646 a 655 cno. 1. <\/p>\n
10\u0002 Fls. 924 a 929 cno. 1. <\/p>\n
11\u0002 Fls. 1309 a 1310 cno. 1. <\/p>\n
12\u0002 Fls. 305 a 364 cno. Tribunal. <\/p>\n
13\u0002 Anotaci\u00f3n 162 cno. Tribunal. <\/p>\n
14\u0002 Anotaci\u00f3n 163 cno. Tribunal. <\/p>\n
15\u0002 Pdf 0002 anotaci\u00f3n 1 ESAV. <\/p>\n
16\u0002 Anotaci\u00f3n 8 ESAV. <\/p>\n
17\u0002 Pdf 0016, 0037 y 0053 anotaciones 10, 22 y 26 ESAV. <\/p>\n
18\u0002 Pdf 0026 y 0042 anotaciones 15 y 25 ESAV. <\/p>\n
19\u0002 Pdf 0047 anotaci\u00f3n 27 ESAV. <\/p>\n
20\u0002 Pdf 0049 anotaci\u00f3n 28 ESAV. <\/p>\n
21\u0002 Pdf 0059 anotaci\u00f3n 29 ESAV. <\/p>\n
22\u0002 Pdf 0062 anotaci\u00f3n 30 ESAV. <\/p>\n
23\u0002 Pdf 0067 y 0079 anotaciones 33 y 39 ESAV. <\/p>\n
24\u0002 Pdf 0083, 0097 y 0103 anotaciones 43, 52 y 56 ESAV. <\/p>\n
25\u0002 De conformidad con el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1448 de 2011 \u00ab[e]l fundamento axiol\u00f3gico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, es el respeto a la integridad y a la honra de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
26\u0002 As\u00ed consta en el acta de reparto pdf 0001 anotaci\u00f3n 1 ESAV, aunque obra en pdf 0003 id. Constancia de env\u00edo del libelo el 28 de junio previo. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC508-2023 (2022-02159-00) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC508-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02159-00 (Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de Mario Francisco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}