{"id":77990,"date":"2024-05-20T22:41:36","date_gmt":"2024-05-20T22:41:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc1265-2024\/"},"modified":"2024-05-20T22:41:36","modified_gmt":"2024-05-20T22:41:36","slug":"stc1265-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc1265-2024\/","title":{"rendered":"STC1265 2024"},"content":{"rendered":"<p>STC1265-2024<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC1265-2024 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba &nbsp;11001-02-04-000-2023-01993-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil veinticuatro) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). &nbsp;<\/p>\n<p>Desata &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de octubre &nbsp;de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de &nbsp;Justicia, en la tutela que Irma Marina Moreno Jim\u00e9nez instaur\u00f3 &nbsp;contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Sala de &nbsp;Casaci\u00f3n Laboral, &nbsp;la &nbsp;Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 &nbsp;y Colpensiones, &nbsp;extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo &nbsp;2015-00289. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1.- &nbsp;La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la &nbsp;protecci\u00f3n de los derechos al &nbsp;\u00abdebido &nbsp;proceso, seguridad social, pensi\u00f3n de vejez y petici\u00f3n\u00bb, &nbsp;para que se dejara sin efectos la sentencia emitida por la Sala de &nbsp;Casaci\u00f3n censurada y se le conminara a \u00abemitir &nbsp;una nueva decisi\u00f3n en la que se CASE y se proceda como Juez de &nbsp;Instancia a proferir el fallo en consonancia con la sentencia de &nbsp;primera instancia que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n en los &nbsp;t\u00e9rminos all\u00ed se\u00f1alados proferir una sentencia &nbsp;sustitutiva, subsanando los yerros jur\u00eddicos enrostrados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;compendio adujo que el Instituto de Seguros Sociales le neg\u00f3 &nbsp;la pensi\u00f3n de vejez (Res. 119217, 31 may. 2013), determinaci\u00f3n &nbsp;que recurrida mantuvo (Res. 1879, 14 feb. 2014), por lo que demand\u00f3 &nbsp;a Colpensiones para obtener la &nbsp;\u00abpensi\u00f3n &nbsp;de vejez a partir del momento en que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os &nbsp;de edad, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de &nbsp;la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo &nbsp;049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad; as\u00ed &nbsp;mismo los intereses moratorios\u00bb &nbsp;(rad. 2015-00289). &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 &nbsp;a las pretensiones y conden\u00f3 al extremo pasivo \u00abal &nbsp;reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez del \u00abDecreto &nbsp;758 de 1990\u00bb &nbsp;a partir del 3 de agosto de 2007, en cuant\u00eda de un salario &nbsp;m\u00ednimo legal mensual vigente, sobre 14 mesadas anuales, junto &nbsp;al retroactivo debidamente indexado; absolvi\u00f3 de las dem\u00e1s &nbsp;pretensiones, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de &nbsp;inexistencia del derecho de intereses moratorios y no probados los &nbsp;dem\u00e1s medios exceptivos\u00bb &nbsp;(28 abr. 2016); decisi\u00f3n que el superior infirm\u00f3 y, en &nbsp;su lugar, absolvi\u00f3 a la demandada (28 &nbsp;jun.). &nbsp;Interpuso &nbsp;\u00abrecurso &nbsp;de casaci\u00f3n\u00bb, &nbsp;pero el veredicto no se quebr\u00f3 (SL2126-2021, 25 may.). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;su opini\u00f3n, con la \u00faltima providencia se incurri\u00f3 &nbsp;en \u00abviolaci\u00f3n &nbsp;del DEBIDO PROCESO al analizar \u00fanicamente las consideraciones &nbsp;de la sala laboral del Tribunal y desestimar las cotizaciones &nbsp;realizadas por la empresa de derecho privado PROMOCIONES S.A.\u00bb; &nbsp;adem\u00e1s, porque \u00abno &nbsp;tuvo en cuenta el acervo probatorio, NO revis\u00f3 las pruebas que &nbsp;demostraban, que todas las cotizaciones en el periodo comprendido &nbsp;entre febrero de 1.991 y diciembre de 1992 fue un pago exceptuado del &nbsp;PILA por decisi\u00f3n del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES al ser &nbsp;extempor\u00e1neos\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 &nbsp;que \u00abde &nbsp;haber analizado cada cotizaci\u00f3n hubiesen concluido como lo &nbsp;hizo el Juez de primera instancia, darles el valor probatorio a las &nbsp;cotizaciones extempor\u00e1neas autorizadas por el INSTITUTO DE LOS &nbsp;SEGUROS SOCIALES, pues el empleador estaba registrado en el sistema &nbsp;de pensiones que manejaba la entidad, y no como erradamente se &nbsp;consider\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb, &nbsp;tanto m\u00e1s, ella \u00absi &nbsp;estaba afiliada, por lo tanto, no necesitaba acreditar el v\u00ednculo &nbsp;laboral, adicional fue el mismo INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES que &nbsp;elabor\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la deuda que presentaba &nbsp;PROMOCIONES S.A.\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Asever\u00f3 &nbsp;que \u00abel &nbsp;ERROR es contundente al afirmar que no se pod\u00eda tener en &nbsp;cuenta las cotizaciones efectuadas porque no estaba afiliada y esto &nbsp;se desvirt\u00faa con las mismas piezas procesales que acreditan lo &nbsp;contrario\u00bb, &nbsp;por lo que, \u00abla &nbsp;doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la sentencia queda &nbsp;desvirtuada al incurrir en errores de hecho, al no tener en cuenta el &nbsp;acervo probatorio y la legalidad de los pagos efectuados por el &nbsp;empleador al Instituto de los Seguros Sociales en los t\u00e9rminos &nbsp;se\u00f1alados, afectando los derechos fundamentales invocados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.- &nbsp;La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en la medida que &nbsp;\u00abse &nbsp;estableci\u00f3 que la actora no hab\u00eda mantenido el r\u00e9gimen &nbsp;de transici\u00f3n puesto que a la fecha en que entr\u00f3 a &nbsp;regir el Acto Legislativo 01 de 2005 no contaba con 750 semanas de &nbsp;aportes, y que, por ello, no era beneficiaria del Acuerdo 049 de &nbsp;1990\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 &nbsp;que \u00abtom\u00f3 &nbsp;la decisi\u00f3n acorde con la valoraci\u00f3n de las pruebas &nbsp;decretadas y practicadas conforme al precedente jurisprudencial, sin &nbsp;actuar de una forma arbitraria, siguiendo con los principios de la &nbsp;libre formaci\u00f3n del convencimiento y la sana critica, por &nbsp;tanto, no se vislumbra una violaci\u00f3n a los derechos &nbsp;fundamentales deprecados por el accionante por parte de [ese] &nbsp;Despacho\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros &nbsp;Sociales en Liquidaci\u00f3n, administrado por la Sociedad &nbsp;Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario \u2013 FIDUAGRARIA S.A. indic\u00f3 &nbsp;que \u00abcarece &nbsp;de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos &nbsp;relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n &nbsp;Definida; siendo por tanto COLPENSIONES la Entidad actualmente &nbsp;encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Colpensiones &nbsp;se\u00f1al\u00f3 que &nbsp;\u00abdebe &nbsp;tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensiones del &nbsp;accionante y acceder a las mismas, invade la \u00f3rbita del juez &nbsp;ordinario y su autodominio, pero adem\u00e1s excede las &nbsp;competencias del juez constitucional, en la medida que no se prob\u00f3 &nbsp;vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, ni la existencia de un &nbsp;perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3.- &nbsp;La &nbsp;Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abno &nbsp;se evidencia que en la decisi\u00f3n censurada se configure alguno &nbsp;de los defectos espec\u00edficos que hacen viable la intervenci\u00f3n &nbsp;constitucional\u00bb, &nbsp;en tanto, \u00abla &nbsp;misma contiene argumentos razonables, pues para llegar a la &nbsp;determinaci\u00f3n acusada, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral &nbsp;estudi\u00f3 el acontecer f\u00e1ctico y el discurrir procesal &nbsp;surtido en las instancias, la conclusi\u00f3n a la cual all\u00ed &nbsp;se arrib\u00f3, para enseguida analizar el ordenamiento normativo &nbsp;regulador del asunto laboral y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>4.- &nbsp;Replic\u00f3 la promotora insistiendo en las alegaciones del &nbsp;escrito genitor, agregando, que \u00abla &nbsp;alta Magistratura no tuvo en cuenta que la trabajadora no estaba &nbsp;obligada a cotizar para pensi\u00f3n en su condici\u00f3n de &nbsp;trabajadora dependiente, y desconoci\u00f3 que la obligaci\u00f3n &nbsp;de cotizar era del empleador como lo establece el art\u00edculo 22 &nbsp;de la Ley 100\/93, aspecto que omiti\u00f3 y le impuso una carga a &nbsp;la trabajadora que era obligaci\u00f3n del empleador\u00bb; &nbsp;aunado a que \u00abcumpli\u00f3 &nbsp;con los requisitos para obtener la pensi\u00f3n de vejez de &nbsp;conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 100\/93\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1.- &nbsp;Ab &nbsp;initio se &nbsp;avizora el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la refrendaci\u00f3n &nbsp;de lo zanjado en la primera instancia, porque en el fallo criticado, &nbsp;que \u00ab[NO &nbsp;CAS\u00d3] &nbsp;la &nbsp;sentencia dictada el 28 de junio de 2016 por la Sala Laboral del &nbsp;Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb &nbsp;(SL2126-2021, 25 may.) en el proceso n.\u00b0 2015-00289, se &nbsp;expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, lo que no &nbsp;evidencia subjetividad o antojo, al tratarse de una labor que no &nbsp;puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. &nbsp;<\/p>\n<p>Para &nbsp;respaldar ese prove\u00eddo, la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 &nbsp;1 de Casaci\u00f3n Laboral, inicialmente, enunci\u00f3 los vicios &nbsp;de t\u00e9cnica en los que se incurri\u00f3 en la s\u00faplica &nbsp;extraordinaria, as\u00ed: &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;demanda extraordinaria contiene varios dislates de orden t\u00e9cnico &nbsp;que comprometen el \u00e9xito del cargo, pues la recurrente incluye &nbsp;en su discurso aspectos jur\u00eddicos como la obligatoriedad de la &nbsp;administradora de reportar y cobrar periodos en mora, junto a la &nbsp;necesidad de aplicar el principio pro operario en la valoraci\u00f3n &nbsp;de las pruebas, y el alegar que los pagos de semanas atrasadas deben &nbsp;tenerse en cuenta, as\u00ed se hayan hecho con posterioridad, no &nbsp;obstante que la acusaci\u00f3n se dirige por la v\u00eda &nbsp;indirecta; y aunque cumple con se\u00f1alar adecuadamente la &nbsp;configuraci\u00f3n de varios errores de hecho, que se entiende, se &nbsp;predican de la equivocada valoraci\u00f3n de la demanda , la &nbsp;historia laboral y las documentales referentes a los pagos al sistema &nbsp;de seguridad social en pensiones, no dice respecto de cada medio de &nbsp;convicci\u00f3n, qu\u00e9 es lo que de \u00e9l extrajo el &nbsp;sentenciador de alzada y lo que en verdad acredita, as\u00ed como &nbsp;su incidencia en la decisi\u00f3n impugnada; y adem\u00e1s no &nbsp;ataca el fundamento del fallo acusado, lo que permite que \u00e9ste &nbsp;siga indemne dada la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto &nbsp;que lo acompa\u00f1a. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;efecto, el Tribunal concluy\u00f3 que la actora reun\u00eda un &nbsp;total de 382,44 semanas, n\u00famero inferior a las 500 exigidas en &nbsp;el Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiaria del r\u00e9gimen de &nbsp;transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 &nbsp;de 1993 y a las 750 de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, para &nbsp;conservarlo. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que no era posible &nbsp;adicionar a esta suma, los ciclos que iban desde febrero de 1991 &nbsp;hasta diciembre de 1993, debido a que fueron pagados en el a\u00f1o &nbsp;2009 por Promociones S.A. con quien la demandante no registr\u00f3 &nbsp;afiliaci\u00f3n y tampoco acredit\u00f3 relaci\u00f3n laboral, &nbsp;raz\u00f3n \u00faltima por la cual, tampoco era dable que la &nbsp;administradora realizara su cobro coactivo. &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora, &nbsp;la demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a reprocharle al &nbsp;juzgador el que estimara que la afiliada no cumpl\u00eda el &nbsp;requisito de densidad de cotizaciones exigido en el Acuerdo 049 de &nbsp;1990, al no tener en cuenta los ciclos que iban desde febrero de 1991 &nbsp;hasta diciembre de 1993, esto, sin proponer argumento alguno contra &nbsp;el pilar de la sentencia seg\u00fan el cual no est\u00e1 &nbsp;acreditado en el proceso que la trabajadora tuviere un v\u00ednculo &nbsp;laboral con la empresa que realiz\u00f3 los pagos por los ciclos &nbsp;referidos, de manera tard\u00eda en el a\u00f1o 2009. &nbsp;<\/p>\n<p>De &nbsp;tal suerte que resultar\u00edan inanes los esfuerzos de la &nbsp;recurrente para demostrar que el juez plural se equivoc\u00f3 al no &nbsp;tener en cuenta los periodos referidos, sin desvirtuar la conclusi\u00f3n &nbsp;seg\u00fan la cual no estaba demostrado en el proceso el contrato &nbsp;de trabajo con la persona jur\u00eddica que realiz\u00f3 los &nbsp;desembolsos para dicho tiempo. &nbsp;<\/p>\n<p>De &nbsp;otra parte, tal edificaci\u00f3n argumentativa de la censura, esto &nbsp;es, que las cotizaciones son v\u00e1lidas sin interesar qui\u00e9n &nbsp;las cancele, implicar\u00eda necesariamente acudir a la v\u00eda &nbsp;jur\u00eddica, que no es la seleccionada en el cargo. &nbsp;<\/p>\n<p>Seguidamente, &nbsp;obviando tales falencias, no encontr\u00f3 dislates en las &nbsp;conclusiones del ad &nbsp;quem &nbsp;porque, &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;revisados los formatos de autoliquidaci\u00f3n de aportes al &nbsp;sistema de seguridad social (f.os17-39) &nbsp;encontrar\u00eda que en el a\u00f1o 2009 se realizaron unos pagos &nbsp;para el periodo comprendido entre febrero de 1991 hasta diciembre de &nbsp;1993, pero &nbsp;tal y como se asever\u00f3 en la sentencia de segunda instancia, no &nbsp;existe prueba en el expediente del v\u00ednculo laboral cuestionado &nbsp;entre la demandante y la empresa Promociones S.A. quien es la que, &nbsp;seg\u00fan estas documentales, cancela el valor de las &nbsp;cotizaciones. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;las cosas, la Sala no evidencia que se hubiera desvirtuado la &nbsp;conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual la demandante no &nbsp;ten\u00eda las 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al &nbsp;cumplimiento de los 55 a\u00f1os de edad, requisitos exigidos por &nbsp;el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990; pues, se insiste, &nbsp;examinada la historia laboral (f.o123-125) &nbsp;y el expediente administrativo (cd f.\u00ba126) se encuentra que a &nbsp;octubre de 2004 -\u00faltimo ciclo de cotizaci\u00f3n- reuni\u00f3 &nbsp;un total de 382,35 semanas, cantidad que resulta de sumar las &nbsp;debidamente aportadas (310,58) y los tiempos en mora correspondientes &nbsp;a los a\u00f1os 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, con el &nbsp;empleador \u00abJUAN &nbsp;PABLO MART\u00cdNEZ\u00bb &nbsp;-relaci\u00f3n de trabajo fuera de debate- equivalentes a 71,77. &nbsp;(Negrilla &nbsp;Adrede). &nbsp;<\/p>\n<p>Esa &nbsp;conclusi\u00f3n tuvo soporte en precedente jurisprudencial de esa &nbsp;Sala Especializada, al colegirse que: \u00ab(\u2026) &nbsp;tampoco el sentenciador se equivoc\u00f3 al exigir la prueba del &nbsp;v\u00ednculo laboral en el periodo en que la administradora lo puso &nbsp;en duda, ya que tal postura se acompasa con lo dicho por esta Corte &nbsp;entre otras en las decisiones CSJ SL763-2014, CSJ SL21800-2017, CSJ &nbsp;SL115-2018, CSJ SL1624-2018, CSJ SL1691-2019 y CSJ SL3112-2019\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, &nbsp;esgrimi\u00f3 que, aun cuando \u00ab(\u2026) &nbsp;al responder la demanda inaugural, Colpensiones asegur\u00f3 que la &nbsp;actora se hab\u00eda afiliado al sistema general de pensiones por &nbsp;primera vez el 28 de mayo de 1997, por lo que la misma no era &nbsp;beneficiaria del Acuerdo 049 como r\u00e9gimen de transici\u00f3n, &nbsp;aquello fue un simple dicho de la administradora sin respaldo &nbsp;probatorio\u00bb, &nbsp;dado que, \u00aben &nbsp;la historia laboral si aparecen cotizaciones con anterioridad al 1 de &nbsp;abril de 1994\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.- &nbsp;As\u00ed las cosas, no emerge defecto alguno que estructure una &nbsp;\u00abv\u00eda &nbsp;de hecho\u00bb &nbsp;como busca la precursora, pues la autoridad confutada emprendi\u00f3 &nbsp;una labor intelectiva adecuada al \u00abanalizar &nbsp;el material demostrativo\u00bb &nbsp;prenotado, con un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de &nbsp;que la Sala o la reclamante compartan o no tales deducciones, no es &nbsp;este el escenario que habilite a imponer su propia visi\u00f3n &nbsp;acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, &nbsp;en tanto este sendero especial no constituye una tercera instancia &nbsp;con el fin de discutir \u00ablos &nbsp;fundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb &nbsp;en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8170-2022 y &nbsp;STC5093-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>2.1.- &nbsp;Adicionalmente, &nbsp;en cuanto al escrutinio que se procura, endilgando indebida &nbsp;valoraci\u00f3n \u00abdel &nbsp;acervo probatorio\u00bb, &nbsp;ha reiterado esta Colegiatura, que \u00abno &nbsp;se puede &nbsp;recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer &nbsp;al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas &nbsp;procesales &nbsp;aplicables al asunto sometido a su estudio o &nbsp;una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, &nbsp;a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada, entre muchas otras, en &nbsp;STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00) \u2013Se resalta-. &nbsp;<\/p>\n<p>3.- &nbsp;Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, &nbsp;advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto &nbsp;por las \u00abdecisiones &nbsp;judiciales\u00bb, &nbsp;tanto m\u00e1s, trat\u00e1ndose de organismos de cierre, salvo &nbsp;que aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, &nbsp;comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural &nbsp;(STC13808-2021), &nbsp;lo que en este evento no sucede. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en &nbsp;nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la &nbsp;Constituci\u00f3n, CONFIRMA &nbsp;la &nbsp;sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. &nbsp;<\/p>\n<p>Inf\u00f3rmese &nbsp;por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>CON &nbsp;AUSENCIA JUSTIFICADA &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC1265-2024 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp; Magistrada &nbsp;ponente &nbsp; STC1265-2024 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba &nbsp;11001-02-04-000-2023-01993-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil veinticuatro) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). &nbsp; Desata &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de octubre &nbsp;de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}