STC13501-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13501-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00336-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 1 de noviembre de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria In\u00e9s Cabrera y Linney Rojas Mosquera contra el Juzgado Quinto de Familia de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda del Carmen Mosquera Rojas (q.e.p.d.) present\u00f3 demanda ejecutiva contra Gloria In\u00e9s Cabrera y Linney Rojas Mosquera, sus descendientes, en procura de que se librara la orden de apremio por concepto de alimentos en su favor, en calidad de progenitora y adulta mayor \u2013con base en el acta de conciliaci\u00f3n suscrita el 17 de diciembre de 2017\u2013, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 (rad. n.\u00ba 2022-00248), quien, con prove\u00eddos independientes del 4 de agosto de 2022, dict\u00f3 el mandamiento respectivo y decret\u00f3 medidas cautelares1. <\/p>\n
2.2. Luego de agotadas algunas actuaciones, con auto de 7 de septiembre de 2023, se decretaron pruebas, se requiri\u00f3 a las partes para que aportaran la liquidaci\u00f3n provisional de las cuotas y se fij\u00f3 el 2 de octubre posterior, como fecha para la diligencia del canon 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, antes de que se adelantara la audiencia, las aqu\u00ed inconformes allegaron memorial en el que indicaron que su madre, la alimentaria, falleci\u00f3 el 9 de septiembre hoga\u00f1o, por lo que \u00absolicitamos se decrete la terminaci\u00f3n del proceso, en virtud a (sic) que ha desparecido la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos (\u2026) [y] el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2.4. Pero, con decisi\u00f3n de 28 de septiembre de esta calenda, el estrado cognoscente deneg\u00f3 sus aspiraciones, por cuanto, en virtud del art\u00edculo 67 ejusdem, \u00abfallecido un litigante o declarado ausente o en interdicci\u00f3n, el proceso continuar\u00e1 con el c\u00f3nyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador (\u2026)\u00bb, aspecto que, en su criterio, es irregular, en tanto la obligaci\u00f3n persiste en vida de la alimentaria, de modo que, ante su fenecimiento, esta se extingue. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron, en compendio, \u00abse ordene al accionado que emita una nueva providencia que resuelva la solicitud de terminaci\u00f3n del aludido proceso ejecutivo de alimentos y de levantar las medidas cautelares, para cuyo an\u00e1lisis deber\u00e1 tener en cuenta el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentada al respecto\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 las gestiones a su cargo y reliev\u00f3 que \u00aben actuaci\u00f3n del 7 de septiembre de 2023 se decretaron pruebas y se hizo se\u00f1alamiento de fecha para audiencia inicial, sin embargo, antes de la celebraci\u00f3n de la vista p\u00fablica en documento allegado en fecha septiembre 26 postrero las ejecutadas allegaron registro civil de defunci\u00f3n de la acreedora Mar\u00eda del Carmen Mosquera (q.e.p.d.) y solicitaron terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares. Efectivamente la anterior petici\u00f3n fue negada por parte de este despacho con providencia del 28 de septiembre de 2023, transcurrido el t\u00e9rmino de ejecutoria esa decisi\u00f3n no fue objeto de recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
En ese labor\u00edo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil, \u201clos alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda\u201d, de modo que el fallecimiento de la persona alimentada, extingue el derecho del alimentario, y, en consecuencia, supone la finalizaci\u00f3n del proceso judicial. (\u2026) Ahora bien, la intransmisibilidad del derecho de alimentos se encuentra prevista en el art\u00edculo 424 del C. Civil, y, aunque en virtud del art\u00edculo 426 del mismo compendio normativo, las pensiones alimenticias atrasadas s\u00ed pueden renunciarse, compensarse y\/o transmitirse por causa de muerte, dicha transmisi\u00f3n opera, como se ha dicho, \u00fanicamente para las pensiones causadas con anterioridad a la defunci\u00f3n del alimentario, pero en modo alguno frente a las pensiones que se causen con posterioridad al deceso\u00bb. <\/p>\n
Por ende, coligi\u00f3 que \u00abla muerte del alimentario extingue el derecho a recibir alimentos en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 422 del C. Civil, y que, debido a la intransmisibilidad por causa de muerte del derecho de alimentos (Art. 424 C. Civil), \u00fanicamente podr\u00e1 perseguirse el cobro de las pensiones alimentarias atrasadas, pero de ninguna manera de las que se causen con posterioridad a la muerte. Descendiendo a lo decidido por la juez accionada en el auto dictado el 28 de septiembre pasado, si bien es cierto que, para fundamentar su negativa a dar por terminado el proceso ejecutivo, tan s\u00f3lo hizo menci\u00f3n de la necesidad de seguirlo dando aplicaci\u00f3n a la figura de la sucesi\u00f3n procesal prevista en el art\u00edculo 68 del CGP (\u2026), lo cierto es que su determinaci\u00f3n de seguir adelante con el coercitivo, no puede considerarse arbitraria o alejada de la ley, pues como se ha explicado, tiene suficiente sustento legal y jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las censoras recurrieron la precitada providencia, porque, \u00abpese a entender claramente el estudio y la explicaci\u00f3n del Tribunal, nuestra principal inconformidad se contrae que, en nuestro sentir, se contradice en su decisi\u00f3n, pues de un lado sostiene que el Juzgado accionado \u201cobvi\u00f3\u201d en la decisi\u00f3n atacada hacer referencia al estudio de la intransmisibilidad del derecho de alimentos, y, de otro lado, el Tribunal procede a realizar el estudio frente a ese t\u00f3pico. Ese es precisamente nuestro desacuerdo, en la medida de que pareciera que el Tribunal emite una decisi\u00f3n de \u201creemplazo\u201d a aquella atacada de fecha 28 de septiembre de 2023, toda vez que esa tarea le corresponder\u00eda al Juzgado 5 de Familia de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de alimentos que se inici\u00f3 contra las libelistas (rad. n.\u00ba 2022-00248), por denegar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de la demandante, su progenitora alimentaria, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la inviabilidad del resguardo dispuesta por el tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que las accionantes no ejercieron el medio de defensa de que dispon\u00edan frente a la decisi\u00f3n proferida el 28 de septiembre de 2023, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 deneg\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n de la causa que deprecaron con fundamento en el fallecimiento de su progenitora alimentaria; esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la regla general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic.). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, la omisi\u00f3n en el uso del mecanismo que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por las censoras, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Finalmente, la Sala estima oportuno precisar que, en todo caso, aun de superarse la mentada deficiencia, el amparo tampoco saldr\u00eda avante, en la medida en que la determinaci\u00f3n confutada no contraviene los postulados normativos ni jurisprudenciales invocados, pues, por el contrario, est\u00e1 acorde al criterio de esta Colegiatura respecto de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria cuando fallece la beneficiaria (canon 422 del C\u00f3digo Civil2), lo que en modo alguno elimina la posibilidad de que los eventuales sucesores procesales persigan el pago de las acreencias causadas con antelaci\u00f3n \u2013es decir, en vida de la alimentaria\u2013. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien, es cierto que la preceptiva en comento prev\u00e9 que \u00ablos alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda\u00bb, esto es, que tal duraci\u00f3n se predica de la prerrogativa a percibir alimentos, la cual depende y se encuentra directamente relacionada con la \u00abexistencia del alimentado\u00bb, mientras se conserven las condiciones que dieron origen a ello, pero culmina cuando \u00abmuere el alimentario\u00bb, dado que dicho atributo no se transmite por causa de muerte (art. 424 ib\u00eddem), tambi\u00e9n lo es que, que la facultad de demandar el pago de las asignaciones alimenticias atrasadas, causadas hasta cuando la demandante estuvo viva, no se \u00abextingue\u00bb con la defunci\u00f3n de \u00e9sta y sigue vigente, puesto que es susceptible de \u00abtransmitirse por causa de muerte\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 426 de la referida reglamentaci\u00f3n, de modo que al momento del fallecimiento de la acreedora alimentada, tal atributo se traslada a la sucesi\u00f3n representada por los herederos de aqu\u00e9lla, en tanto la mensualidad correspondiente a alimentos es una acreencia. S\u00famase a lo anterior, que art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, determina que \u00abfallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuar\u00e1 con los herederos (\u2026)\u00bb (CSJ STC389-2023, 26 ene.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al proseguir el recaudo en curso, nada obsta para que las pretensoras planteen los argumentos que estimen pertinentes ante el estrado confutado, teniendo en cuenta que ese es el escenario instituido para tal fin. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se confirma la improcedencia del auxilio, ya que, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ, STC5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab(\u2026) el embargo y retenci\u00f3n del 30% de la pensi\u00f3n devengada por la se\u00f1ora GLORIA IN\u00c9S CABRERA MOSQUERA\u00bb (expediente del ejecutivo, cd. ppal.). <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 422: \u00abLos alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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