STC13518-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13518-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00631-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, extensiva a la Procuradur\u00eda Delgada para Asuntos Civiles y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00298. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva\u00bb, para que se \u00abDEJAR[A] SIN EFECTO las providencias proferidas (\u2026) en fecha siete (7) de septiembre de 2022, tres (3) de noviembre de 2022, treinta (30) de enero de 2023, dos (2) de mayo de 2023, (\u2026) as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que tengan (\u2026) relaci\u00f3n con las gestiones judiciales emprendidas a prop\u00f3sito del aval\u00fao del predio objeto de expropiaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n a favor del demandado\u00bb, dictadas en el litigio de la referencia y, en consecuencia, se ordenara al estrado accionado \u00abadopt[ar] las medidas procedimentales que correspondan, en aras a adelantar el tr\u00e1mite correspondiente para establecer el valor de [tales conceptos]\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda declarativa especial de expropiaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra la Cooperativa Santandereana de Transportes \u2013 Coopetran, la Corporaci\u00f3n Financiera del Transporte, la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial Gran Colombiana de Promociones S.A., ExxonMobil de Colombia S.A. y el Banco de Colombia S.A., para la adquisici\u00f3n de 314,82 M2 del predio con folio de matr\u00edcula n.\u00b0 040-5760 – necesario para la ejecuci\u00f3n del proyecto de la \u00abConcesi\u00f3n Vial Ruta Caribe Tramo Intersecci\u00f3n Vial Avenida 30-SAO\u00bb – y dispuso realizar el aval\u00fao del bien y del quantum de la indemnizaci\u00f3n, para cuyo prop\u00f3sito nombr\u00f3 un solo perito (9 jul. 2018). <\/p>\n
En la experticia requerida, la auxiliar concluy\u00f3 que el valor total de tales aspectos era de \u00ab$11.726.403.883.00\u00bb (26 abr. 2021), cifra que resulta \u00abEXHORBITANTE en m\u00e1s de un 2378% al valor inicialmente ofertado en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb, esto es, \u00ab$493.057.052\u00bb, de acuerdo con el \u00abaval\u00fao comercial corporativo expedido en fecha 22 de noviembre de 2011 por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI\u00bb. <\/p>\n
El despacho corri\u00f3 traslado de ese trabajo por tres (3) d\u00edas, dentro de los cuales solicit\u00f3 su aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, a las que no accedi\u00f3 por extempor\u00e1neas, por lo que, \u00absin un mayor an\u00e1lisis\u00bb, lo aprob\u00f3 en decisi\u00f3n (7 sep. 2022) que luego ratific\u00f3, no concedi\u00f3 la alzada (3 nov.), negativa que el Superior ratific\u00f3 en sede de queja (31 mar. 2023), la cual aqu\u00e9l despu\u00e9s obedeci\u00f3 (2 may.). <\/p>\n
Sostuvo que el iudex acusado incurri\u00f3 en los defectos \u00abprocedimental absoluto\u00bb y \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
i) Ignor\u00f3 \u00ablo dispuesto en el art\u00edculo 456 del C.P.C., art. 20 del Decreto 2265 de 1969, Art. 21 de la Ley 56 de 1981, numeral 6\u00ba de art\u00edculo 62 de la Ley 388 de 1997, que dispone en conjunto que efectivamente en los procesos de expropiaci\u00f3n se exigen dos (2) peritos, uno de la lista de auxiliares de la justicia y el otro debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb; <\/p>\n
ii) No tuvo en cuenta \u00ablo dispuesto en el art\u00edculo 59 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal y el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Civil, que establece que los t\u00e9rminos judiciales expiran a la media noche\u00bb; y, <\/p>\n
iii) Desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial sobre la \u00abestimaci\u00f3n del dictamen pericial\u00bb en este tipo de asuntos (STC3307-2019, STC2366-2020, STC3717-2020, entre otros). <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad pidi\u00f3 \u00abnegar\u00bb el auxilio, por cuanto \u00ablos hechos motivo de la presente acci\u00f3n no constituyen violaci\u00f3n alguna al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
La Cooperativa Santandereana de Transportes \u2013 Coopetran se opuso al resguardo, porque \u00abNO cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales; espec\u00edficamente, en cuanto ata\u00f1e al agotamiento de los medios ordinarios de defensa procesal\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 13 Judicial II para Asuntos Civiles de dicha capital, conceptu\u00f3 que \u00aben caso de que por parte del Honorable Tribunal se decida acometer el estudio de fondo de esta solicitud de amparo, deber\u00e1 estudiarse si en el caso concreto resultaban aplicables las disposiciones del antiguo C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para lo cual deber\u00e1 tomarse en consideraci\u00f3n lo dispuesto por el art\u00edculo 625 del CGP, en cuanto regula el r\u00e9gimen de transici\u00f3n con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de esta \u00faltima normativa\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU REFUTACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Barranquilla concedi\u00f3 el amparo, porque, en el vigente estatuto procedimental \u00abse establece en el art\u00edculo 232 que el juzgador debe apreciar el dictamen \u201cde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u201d\u00bb, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el sub lite, ya que \u00abla providencia objeto de cuestionamiento (\u2026), frente a la valoraci\u00f3n del dictamen pericial, no presenta motivaci\u00f3n distinta al hecho de no haber sido objetada en forma oportuna, sin que se exprese argumentaci\u00f3n alguna respecto de la fundamentaci\u00f3n de la prueba pericial\u00bb, lo que implica \u00abuna aceptaci\u00f3n sin fundamento de las conclusiones del trabajo pericial (\u2026), lo cual no es viable\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, \u00abdej[\u00f3] sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva del auto de fecha 7 de septiembre de 2022, as\u00ed como todo aquello que dependa de dicha providencia\u00bb, y mand\u00f3 al juzgado criticado, que, \u00abprofiera una nueva providencia en la cual se realice una valoraci\u00f3n de la prueba pericial conforme a las reglas de la sana critica, seg\u00fan el art\u00edculo 232 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.- La Cooperativa Santandereana de Transportes \u2013 Coopetran se mostr\u00f3 inconforme con la anterior resoluci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb es improcedente cuando no atiende los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, excepcionalmente se han flexibilizado tales exigencias cuando existen circunstancias relevantes que \u00abjustifican\u00bb abordar su estudio, como ac\u00e1 ocurre. <\/p>\n
Ello, porque, aunque la tutelante acudi\u00f3 casi siete (7) meses despu\u00e9s de haberse emitido el auto que \u00abdeclar\u00f3 bien denegada\u00bb la apelaci\u00f3n contra el que aprob\u00f3 el avalu\u00f3 en el proceso de expropiaci\u00f3n n.\u00b0 2013-00298, ni aleg\u00f3 en su momento oportuno los planteamientos que ahora esgrime, las anomal\u00edas que m\u00e1s adelante se revelaran muestran necesaria la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, en la medida que en dicho pleito se hallan comprometidos dineros del patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n precis\u00f3 que, \u00ab(\u2026) existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda (\u2026) es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC1737-2014, reiterada en STC9403-2015). <\/p>\n
Y, en otro asunto muy parecido, complement\u00f3: <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra el prove\u00eddo recriminado o la invocaci\u00f3n tard\u00eda del remedio constitucional, no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n, cuando \u00e9sta afecta gravemente derechos amparados prevalentemente por la Carta Pol\u00edtica o como en este evento acaece, por ser un asunto de inter\u00e9s general al evidenciarse involucrados en el pleito dineros del patrimonio p\u00fablico, lo cual implica mayor rigurosidad por parte del juez de amparo a la hora de verificar las condiciones en que se presenta la presunta afectaci\u00f3n (CSJ STC12960-2019, 24 sep., rad. 2019-00337-01). <\/p>\n
2.- Circunscrita la Corte a los motivos de la Cooperativa Santandereana de Transportes \u2013 Coopetran, de entrada, se advierte la refrendaci\u00f3n con modificaci\u00f3n del veredicto opugnado, ante la trascendencia y gravedad de los desatinos cometidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad en la lid cuestionada. <\/p>\n
2.1.- Mem\u00f3rese que, en los \u00abprocesos de expropiaci\u00f3n\u00bb regidos por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, son dos las resoluciones que debe adoptar el \u00abjuez\u00bb; una sobre la viabilidad de aquella y otra respecto del \u00abvalor\u00bb del \u00abinmueble expropiado\u00bb y el monto de la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb para el demandado. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional, al indicar que: <\/p>\n
(\u2026) Concebido as\u00ed el proceso de expropiaci\u00f3n, adquiere sentido que cuando haya una discusi\u00f3n en torno al monto de la indemnizaci\u00f3n, pero no sobre la procedencia de la expropiaci\u00f3n, se adopte la decisi\u00f3n sobre la expropiaci\u00f3n y luego de ello se decida en otra providencia sobre el monto indemnizatorio. En cuanto a lo primero, se aplica el art\u00edculo 454 C.P.C, seg\u00fan el cual \u201c[v]encido el t\u00e9rmino de traslado el juez dictar\u00e1 sentencia, y si decreta la expropiaci\u00f3n ordenar\u00e1 cancelar los grav\u00e1menes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los bienes\u201d. Y en la otra, tiene vigencia lo dicho por el art\u00edculo 456 C.P.C que prev\u00e9 que \u201cel juez designar\u00e1 peritos que estimar\u00e1n el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnizaci\u00f3n a favor de los distintos interesados (\u2026)\u201d, decisi\u00f3n que debe ser adoptada de forma posterior en otra providencia. <\/p>\n
No obstante, cabe preguntarse: \u00bfCu\u00e1ndo se discute el monto de la expropiaci\u00f3n, permite el procedimiento expropiatorio adoptar la decisi\u00f3n sobre esta en la misma providencia que resuelve la procedencia de la expropiaci\u00f3n? A juicio de esta Sala, una lectura sistem\u00e1tica de las normas civiles sobre la materia, en armon\u00eda con las garant\u00edas del debido proceso del art\u00edculo 29 superior, lleva a adoptar una respuesta negativa al interrogante: En todos los casos en que se discuta sobre la indemnizaci\u00f3n, el proceso de expropiaci\u00f3n exige la adopci\u00f3n de dos providencias independientes. Una que decida sobre la procedencia de la expropiaci\u00f3n y otra que fija la indemnizaci\u00f3n para el ciudadano expropiado. C.C. T-582 de 2012. <\/p>\n
En lo que concierne con la forma de establecer la val\u00eda de esta \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb y los \u00edtems que la componen, esto es, el \u00abvalor\u00bb del \u00abbien\u00bb objeto de \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb y una \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb que sea reparatoria y plena (lucro cesante y da\u00f1o emergente), la normatividad aplicable y jurisprudencia constitucional sobre la materia se\u00f1alan que se requiere la designaci\u00f3n de dos peritos, uno de ellos perteneciente a la lista de expertos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, por contar con unas calidades especiales, ya que, <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s de conocer las normas, procedimientos, par\u00e1metros y criterios para la elaboraci\u00f3n de los aval\u00faos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a trav\u00e9s del proceso de expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial (Decreto 1420 de 1998), tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodol\u00f3gico para la realizaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de los aval\u00faos, espec\u00edficamente de la Resoluci\u00f3n No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, \u2018por la cual se establecen los procedimientos para los aval\u00faos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997\u2019 (\u2026). C.C. T-638 de 2011, reiterada en la T-773A de 2012. <\/p>\n
En esa misma direcci\u00f3n, esta Colegiatura ha sido enf\u00e1tica en prevenir de tiempo atr\u00e1s, que <\/p>\n
por mandato de los art\u00edculos 20 del Decreto 2265 de 1969, 21 de la Ley 56 de 1981, 61 y 62 de la Ley 388 de 1997 y 25 del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, la etapa de concreci\u00f3n de la suma total a favor del demandado por raz\u00f3n de la expropiaci\u00f3n debe llevarse a cabo con la intervenci\u00f3n de especialistas calificados, espec\u00edficamente por peritos que hagan parte de la lista de expertos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (CSJ STC, 20 ene. 2012, rad. 2011-02718-00, mencionada en CSJ STC, 15 feb. 2013, rad. 2012-00295-01; STC9773-2014 y STC14248-2019, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, la Sala ha pregonado, en lo referente a la \u00abelaboraci\u00f3n\u00bb del \u00abaval\u00fao\u00bb de los \u00abpredios\u00bb a \u00abexpropiar\u00bb y su \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, que <\/p>\n
los peritos designados deben acogerse [adem\u00e1s] a lo dispuesto en el art\u00edculo 21 del Decreto 1420 de 1998, considerando las caracter\u00edsticas especiales del bien que se mencionan en el siguiente art\u00edculo, aplicando para el efecto \u201cel m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado, el de renta o capitalizaci\u00f3n por ingresos, o el de costos de reposici\u00f3n o el residual\u201d (C.C. T-773A\/12), aval\u00fao que, una vez practicado, deber\u00e1 ser valorado por el juez a la luz de las reglas generales sobre la materia, contenidas en los art\u00edculos 233 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (CSJ STC10330-2015, 6 ag., rad. 2015-01401-01). En el mismo sentido, CSJ STC13949-2021, 19 oct., rad. 2021-03660-00 y CSJ STC7801-2023, 10 ag., rad. 2023-01487-01). <\/p>\n
Esto \u00faltimo, porque, <\/p>\n
la decantada jurisprudencia ha sostenido que como el proceso de expropiaci\u00f3n involucra recursos p\u00fablicos, a los jueces se les exige \u201cser din\u00e1micos y proactivos en la averiguaci\u00f3n de la verdad\u201d (STC8027-2014, 24 jun 2014, rad. 00831-01), y por ello, \u201ces deber del juzgador examinar -con especial rigor- las pruebas periciales, para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario, labor\u00edo en que deber\u00e1 tener en cuenta, entre otros aspectos, la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos que les den sustento (STC3717-2020, 11 jun 2020, rad. 00057-01)\u00bb. Resalto a prop\u00f3sito. (CSJ STC1998-2022, 23 feb., rad. 2021-00363-01). <\/p>\n
Finalmente, con fundamento en las sentencias C-1074 de 2002 y C-750 de 2015, esta Magistratura juzg\u00f3 que \u00abpara que el juez de la expropiaci\u00f3n reconozca las indemnizaciones y compensaciones a que haya lugar, es inexorable que el interesado(a) demuestre el da\u00f1o sufrido o la afectaci\u00f3n real producida a causa de la obra p\u00fablica generatriz de dicha enajenaci\u00f3n forzosa, pues, se recuerda, le \u201c[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d\u00bb (CSJ STC1709-2021, 24 feb., rad. 2021-00366-01). <\/p>\n
Como puede verse, bajo esta normatividad las partes deben allegar su \u00abperitaje\u00bb antes que se \u00abdecrete\u00bb en la sentencia la \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb, siendo potestativo de las partes, m\u00e1s no obligaci\u00f3n, arrimar un \u00abtrabajo\u00bb elaborado por el IGAC, directriz en la que all\u00ed mismo se definir\u00e1 lo concerniente al \u00abvalor\u00bb del \u00abbien expropiado\u00bb y la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb a que haya lugar. <\/p>\n
En lo que toca con la \u00abconfecci\u00f3n\u00bb y \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb de la \u00abexperticia\u00bb, se tiene que esta debe ajustarse a los lineamientos de las Resoluciones n.\u00b0 620 de 2008 y 898 de 2014 y dem\u00e1s disposiciones concordantes; adem\u00e1s, conforme con el art\u00edculo 226 del aludido estatuto adjetivo, \u00abdicha probanza deber\u00e1 contener unas exigencias m\u00ednimas que deben dar cuenta de tres elementos: los fundamentos, la imparcialidad y la idoneidad de quien lo elabor\u00f3\u00bb, y ser\u00e1 en la \u00absentencia\u00bb donde \u00abel fallador apreciar\u00e1 el dictamen (\u2026); labor que emprender\u00e1 de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y en la que evaluar\u00e1 la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, as\u00ed como las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso (art. 232)\u00bb. CSJ STC2066-2021. <\/p>\n
2.3.- Ahora bien, ocurre que durante el \u00abtr\u00e1mite\u00bb de un \u00abproceso\u00bb puede llegar a expedirse una nueva legislaci\u00f3n procesal, lo cual obliga a adoptar unas reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, como sucedi\u00f3 con la promulgaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, donde se estableci\u00f3 en su art\u00edculo 625 las pautas para dicha transici\u00f3n normativa con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Dicho precepto, puntualmente, estableci\u00f3 lineamientos para los \u00abprocesos ordinarios y abreviados\u00bb (Num. 1\u00b0), los \u00abverbales de mayor y menor cuant\u00eda\u00bb (Num. 2\u00b0), los \u00abverbales sumarios\u00bb (Num. 3\u00b0) y los \u00abejecutivos\u00bb (Num. 4\u00b0). Para los dem\u00e1s \u00abprocesos\u00bb (Num. 6\u00b0), advirti\u00f3 que \u00abse aplicar\u00e1 la regla general prevista en el numeral anterior\u00bb, el cual prev\u00e9 que \u00ablos recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u00bb (resalto deliberado). <\/p>\n
2.4.- En el sub judice, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad no hizo un correcto an\u00e1lisis de la ley procesal aplicable a la contienda debatida con ocasi\u00f3n del \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb antes comentado, toda vez que si las \u00abnotificaciones\u00bb iniciaron en vigor del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (5 may. 2014), a la luz de la \u00abregla\u00bb fijada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, por expresa remisi\u00f3n del numeral 6\u00b0 ib\u00eddem, dicha gesti\u00f3n deb\u00eda culminar con esa \u00abdisposici\u00f3n\u00bb, como en efecto ocurri\u00f3, no obstante que el \u00faltimo enteramiento se dio luego de la entrada en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso (1\u00b0 en. 2016)1, para de all\u00ed en adelante continuar la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb bajo la egida de la nueva ordenaci\u00f3n adjetiva, lo cual no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Y es que, al finiquitarse tales diligencias, el \u00abjuez acusado\u00bb dict\u00f3 \u00absentencia\u00bb (9 jul. 2018), en la que accedi\u00f3 a la \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb suplicada y design\u00f3 \u00abperito\u00bb, no sin antes advertir que el \u00abproceso\u00bb se seguir\u00eda rituando bajo las \u00abpautas\u00bb del \u00abC\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, al afirmar que \u00abla norma aplicable para este caso es la anterior\u00bb [archivo digital: 03 Expediente 2013-00298-00 parte 3.pdf, p\u00e1g. 89], cuando lo pertinente era adecuar la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb a la nueva normativa. <\/p>\n
2.4.1.- Ahora, los errores no pararon all\u00ed, pues, aunque se aline\u00f3 a dicho compendio adjetivo, sin justificaci\u00f3n alguna, en lo que refiere al \u00abaval\u00fao\u00bb de la \u00abfranja de terreno\u00bb sobre la cual se decret\u00f3 la \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb y la tasaci\u00f3n de la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb a la empresa afectada con dicha \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como su \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb, se apart\u00f3 por completo de tal normatividad y del precedente ilustrado en el punto 2.1. de estas consideraciones. <\/p>\n
2.4.1.1.- En primer lugar, porque para esa labor design\u00f3 \u00abcomo perito evaluador al se\u00f1or JUAN CARLOS CORONADO GRANADOS (\u2026) para que establezca lo siguiente: 1) Ubicaci\u00f3n, medidas y linderos y dem\u00e1s datos del predio expropiado; 2) valor del metro cuadrado del \u00e1rea expropiada; 3) valor del da\u00f1o emergente y lucro cesante causado por la expropiaci\u00f3n del predio; 4) Valor de la indemnizaci\u00f3n por la limitaci\u00f3n al uso y goce del \u00e1rea expropiada; 5) Valor de la indemnizaci\u00f3n por la limitaci\u00f3n al uso y goce del \u00e1rea de influencia del proyecto por efecto de la expropiaci\u00f3n y 6) El valor de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que se causaran en el predio\u00bb [folio 98, \u00eddem], arquitecto de la \u00ablista de auxiliares de la justicia\u00bb, a quien posesion\u00f3 bajo los lineamientos del C\u00f3digo General del Proceso [folio 99, Ob.]. <\/p>\n
Luego, a petici\u00f3n de dicho experto, nombr\u00f3 y \u00abposesion\u00f3\u00bb como \u00abperitos\u00bb a Karina Johana Guerrero Niebles (top\u00f3grafa) y David Eugenio Mercado Sarmiento (contador), para que coadyuvaran la elaboraci\u00f3n del \u00abtrabajo\u00bb encomendado [folios 108 y 112 a 115, ib\u00eddem]. <\/p>\n
Como si fuera poco, acogi\u00f3 sin m\u00e1s la solicitud de aqu\u00e9l profesional de \u00abnombrar\u00bb a esos otros \u00abdos expertos\u00bb, cuando de conformidad con el literal a) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -disposici\u00f3n aplicable al caso-, tal gesti\u00f3n \u00abse har\u00e1 (\u2026) por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia\u00bb, en estricto orden hasta agotarla (Lit. b) ejusdem), sin que ofreciera las explicaciones de rigor, puesto que nada se menciona en las respectivas \u00abactas de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4.1.2.- De otro lado, siendo lo m\u00e1s \u00abgrave\u00bb, en la encuadernaci\u00f3n reposa \u00abaval\u00fao comercial corporativo\u00bb del \u00abpredio y las mejoras\u00bb expedido por el IGAC el 22 de noviembre de 2011, por un \u00abvalor\u00bb de \u00ab$493.057.052\u00bb, aportado por la Agencia Nacional de Infraestructura [archivo digital: 01 Expediente 2013-00298-00.pdf, folios 14 a 21], y otro allegado por la Cooperativa Santandereana de Transportes \u2013 Coopetran, \u00abestimado\u00bb en \u00ab$1.822.000.000\u00bb [archivo digital: 02 Expediente 2013-00298-00 parte 2.pdf, folios 93 a 107], as\u00ed como el \u00abdictamen\u00bb presentado por el contador \u00abdesignado\u00bb, \u00fanicamente, en relaci\u00f3n con la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb (puntos 3, 4, 5 y 6), que calcul\u00f3 en la suma de \u00ab$11.726.403.883\u00bb [archivo digital: 10 EXPERTICIO COOPETRAN.pdf]. <\/p>\n
Al examinar la \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb de 7 de septiembre de 2022, nada se dice ni se define frente el primer t\u00f3pico y, en cuanto al segundo, sin ning\u00fan tipo de reflexi\u00f3n, aprob\u00f3 la \u00abexperticia\u00bb rendida por el \u00abperito contador\u00bb, con el simple argumento de que \u00abno fue controvertida en la oportunidad legal\u00bb [archivo digital: 15NiegaAclaracion.pdf], cuando era deber del \u00abjuzgador\u00bb explicar de forma clara y precisa cu\u00e1les eran las razones por las que estimaba que la cifra de \u00ab$11.726.403.883\u00bb era correcta. <\/p>\n
Es decir, escudri\u00f1ar con rigor el \u00abtrabajo pericial\u00bb en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa, lo que no hizo, muy a pesar del \u00abvalor\u00bb exorbitante \u00abestimado\u00bb para tal concepto, que solo tuvo como soporte unas certificaciones expedidas por el revisor fiscal y el \u00abcontador\u00bb de la demandada sobre ciertos gastos y erogaciones, cuyos \u00abvalores\u00bb solo aqu\u00e9l actualiz\u00f3 con base en el IPC, sin que en \u00e9l se expusieran razones de tipo metodol\u00f3gico para su realizaci\u00f3n y aducci\u00f3n, espec\u00edficamente de la Resoluci\u00f3n No. 620 del 23 de septiembre de 2008, todo lo cual torna evidente el dislate en que incurri\u00f3 dicho iudex en desmedro de las garant\u00edas supralegales de la parte afectada con la aludida \u00abresoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, esta Sala expres\u00f3: <\/p>\n
Sobre el tema, basta ver que en el auto atacado, es decir, el de 30 de marzo de 2017, el accionado se limit\u00f3 a decir que las partes hab\u00edan guardado silencio respecto de la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n del peritaje, y de all\u00ed extrajo el fundamento que lo llev\u00f3 a acoger, sin m\u00e1s razones, el monto asignado por los peritos designados con tal prop\u00f3sito, sin reflexionar en que, al tratarse de una labor compleja por naturaleza, ten\u00eda que entrar a verificar que los expertos hubiesen seguido \u00abel m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado, el de renta o capitalizaci\u00f3n por ingresos o el de costos de reposici\u00f3n o el residual\u00bb, seg\u00fan lo previsto en la Resoluci\u00f3n No. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, como f\u00f3rmula valuatoria, y dem\u00e1s normas concordantes. <\/p>\n
N\u00f3tese, igualmente, que el citado funcionario tampoco expres\u00f3 los motivos por los que se separ\u00f3 del justiprecio que acompa\u00f1\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura con la demanda, sino que t\u00e1citamente lo descart\u00f3, lo que hace patente el defecto f\u00e1ctico denunciado, m\u00e1xime cuando es deber del juzgador examinar -con especial rigor- las pruebas t\u00e9cnicas allegadas a aquellos asuntos en que est\u00e9n comprometidos recursos p\u00fablicos, para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario de la Naci\u00f3n, labor\u00edo en que deber\u00e1 tener en cuenta, entre otros aspectos, la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos que les den sustento (art. 232 ib\u00eddem. (CSJ STC21757-2017, 15 dic., rad. 2017-00644-01). <\/p>\n
2.5.- En s\u00edntesis, el \u00aboperador jur\u00eddico\u00bb no solo se pifi\u00f3 en la implementaci\u00f3n del \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb, sino que desatendi\u00f3 la \u00abnormatividad procesal\u00bb que erradamente escogi\u00f3 para seguir el \u00abtr\u00e1mite\u00bb del \u00abjuicio\u00bb, as\u00ed como el \u00abprecedente\u00bb fijado entorno a ella, descuido que conllev\u00f3 a que el Estado, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, fuera condenada a pagar una suma enorme de dinero, sin que se dieran las explicaciones de rigor, puesto que omiti\u00f3 su deber de examinar las pruebas periciales, para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario. <\/p>\n
2.6.- En tal virtud, no queda otro camino que dejar sin efectos lo actuado, a partir de la sentencia emitida el 9 de julio de 2018, as\u00ed como las dem\u00e1s \u00abdecisiones\u00bb que dependan de ella, quedando a salvo la entrega de los dineros consignados por la impulsora como precio de la \u00abexpropiaci\u00f3n declarada\u00bb, comoquiera que ello no choca con lo previsto en la parte final del numeral 4\u00b0 del canon 399 del C.G.P. y, en consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad que adelante las actividades tendientes a adecuar el \u00abtr\u00e1mite\u00bb del \u00abproceso\u00bb a las previsiones del vigente estatuto procedimental, con apego a los lineamientos aqu\u00ed expuestos, para que adopte la \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb que en derecho corresponda. <\/p>\n
2.7.- Ahora, hay que hacer la salvedad de que esta \u00abdecisi\u00f3n\u00bb no viola el principio de la non reformatio in pejus, pues, adem\u00e1s de que este no tiene aplicaci\u00f3n \u00abcuando el juzgador de la segunda instancia revisa la decisi\u00f3n del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional efect\u00faa la revisi\u00f3n ordenada por los art\u00edculos 86, inciso 2\u00ba; 241, numeral 9\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional y 33 del Decreto 2591\u00bb (C.C. T-138\/93, reiterada en T-237\/93, T-231-94, SU-598\/95 y T-913\/99), la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico (Coopetran) no cambio en peor o desmejor\u00f3, en tanto se mantiene el eje central de la \u00absalvaguarda\u00bb otorgada (realizaci\u00f3n nuevamente del peritaje). <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, dado el actuar omisivo y negligente del juez cuestionado, as\u00ed como del apoderado judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura que defendi\u00f3 los intereses de esta en la etapa procesal delimitada en p\u00e1rrafos pasados, puesto que no debati\u00f3 lo resuelto sobre el \u00abtr\u00e1nsito legislativo\u00bb, como qued\u00f3 evidenciado, surge obligado, compulsar copias ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 para que investiguen la posible comisi\u00f3n de falta(s) disciplinaria(s) con ocasi\u00f3n de la contienda examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS todo lo actuado en el proceso de expropiaci\u00f3n 2013-00298-00, a partir de la sentencia emitida el 9 de julio de 2018, inclusive, y lo que dependa de dicha providencia, quedando a salvo la entrega de los dineros consignados por la ANI, de conformidad con lo expuesto en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO CIVIL CIRCUITO DE SOLEDAD, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, proceda a adecuar el tr\u00e1mite del aludido proceso a las previsiones del C\u00f3digo General del Proceso, con apego a los lineamientos aqu\u00ed expuestos, para que adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
Segundo: Comp\u00falsense copias al Juez Germ\u00e1n Rodr\u00edguez Pacheco y al abogado Carlos Eduardo Puerto Hurtado ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, para que investiguen la posible ocurrencia de falta(s) disciplinaria(s) con ocasi\u00f3n del proceso n.\u00b0 2013-00298. <\/p>\n
Tercero: Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1\u00b0 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
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STC13518-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13518-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00631-01 (Aprobado en Sala de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}