STC13558-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13558-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04566-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Pa\u00fal de Garz\u00f3n \u2013 Huila instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la primera de las citadas ciudades, a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 2021-00069-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se deje sin efecto el fallo que result\u00f3 adverso a sus intereses y, como consecuencia de ello, se dicte una nueva sentencia (28 sep. 2023). <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujo que promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio contra Salud Total E.P.S., con el fin de obtener el pago de los servicios de prestaci\u00f3n de salud a los cotizantes y beneficiarios; tr\u00e1mite en el cual pese a que aport\u00f3 para tal efecto las facturas electr\u00f3nicas y los documentos que emiti\u00f3 entre el 10 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, la Corporaci\u00f3n convocada en ejercicio de su \u00abfacultad deber\u00bb de revisar los t\u00edtulos, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, con sustento en que no hab\u00eda lugar a librar mandamiento de pago, habida cuenta que los legajos no cumpl\u00edan los requisitos del C\u00f3digo Comercio ni los previstos en el Decreto 1154 de 2020. En su criterio, para la data en que se expidieron, no era obligatorio tener en cuenta el citado acto administrativo pues se regul\u00f3 y se volvi\u00f3 inexorable a partir del 1\u00ba de enero de 2023 por lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n No. 510 de 2022. <\/p>\n
2. La Magistrada sustanciadora de la citada Colegiatura y el Juzgado que conoci\u00f3 del asunto en primera instancia, aunque en escritos separados, remitieron el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el amparo porque si bien es cierto el tribunal accionado err\u00f3 en sus consideraciones relativas a los requisitos de la factura electr\u00f3nica de venta, tambi\u00e9n lo es que dicho yerro resulta intrascendente dado que el principal raciocinio expuesto para el fracaso del coercitivo objeto de revisi\u00f3n no luce irracional y conlleva al mismo desenlace cuestionado en esta sede constitucional. <\/p>\n
En efecto, para tomar la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada la magistratura inici\u00f3 por destacar que las facturas f\u00edsicas objeto de recaudo no satisfac\u00edan el requisito relativo a \u00abla constancia de estado de pago del precio\u00bb consagrado en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio; en concreto predic\u00f3 que: <\/p>\n
En ese orden, al examinar el primer grupo de documentos se tiene que carecen de la totalidad de requisitos contemplados en la Ley para ser consideradas t\u00edtulos valores, en tanto no contienen la constancia de estado de pago del precio, exigencia necesaria cuando se persigue el valor total incorporado en el cartulario y que reviste todav\u00eda m\u00e1s importancia, si el deudor realiza pagos a la obligaci\u00f3n, como ocurre en el sub examine, en donde la misma parte ejecutante, durante el desarrollo de la etapa probatoria, aport\u00f3 documento suscrito por Libia Goretty Triana Duran, auxiliar administrativa de oficina de cartera, del que se extraen los valores solucionados por la demandada con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, devel\u00e1ndose as\u00ed la necesidad de incorporar el estado de pago en cada instrumento, m\u00e1xime al tratarse de un requisito cuya desatenci\u00f3n afecta el car\u00e1cter del t\u00edtulo valor, como de manera expresa lo establece el inciso segundo del art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio. (Resaltado de ahora). <\/p>\n
En el mismo sentido, al referirse a las facturas electr\u00f3nicas cuyo pago se persigui\u00f3, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAhora, al examinar la totalidad de facturas electr\u00f3nicas se encuentra que no cumplen con los requisitos previstos en la norma comercial al carecer de la firma del creador y el estado de pago del precio (…)\u00bb (Resaltado propio) <\/p>\n
F\u00edjese entonces que la decisi\u00f3n de revocar el \u00e9xito de las pretensiones coactivas no obedeci\u00f3 al capricho del juzgador accionado, sino a la interpretaci\u00f3n razonable que esa autoridad despleg\u00f3 sobre las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y normativas que rodearon el caso concreto, en particular, porque consider\u00f3 que las facturas ejecutadas no daban muestra del cumplimiento de uno de las exigencias que el legislador mercantil dispuso en su canon 774; raciocinios que, independientemente de que se compartan, no lucen irracionales o antojadizos y, en tal sentido, impiden la injerencia de esta excepcional senda constitucional. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Ahora bien, no desconoce esta Sala que el tribunal convocado expuso otra serie de argumentos con el fin de dar mayor solidez a su veredicto, los cuales lucen contrarios a la normativa relativa a la factura electr\u00f3nica de venta y a los pronunciamientos recientes en los que esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 el criterio sobre la particular tem\u00e1tica (STC11618-2023 de 27 oct.); no obstante, dichas consideraciones, como se dej\u00f3 visto, no fueron el \u00fanico soporte para el fracaso de los anhelos coercitivos. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, si bien es cierto que el tribunal querellado err\u00f3 en sus consideraciones relativas a algunos de los requisitos de la factura electr\u00f3nica de venta, tambi\u00e9n lo es que dicho yerro resulta intrascendente porque para tomar la decisi\u00f3n que se critica, la magistratura dej\u00f3 entrever que la principal raz\u00f3n de su decisi\u00f3n radic\u00f3 en la inexistencia de la \u00abconstancia (…) del estado de pago del precio\u00bb en los t\u00edtulos cobrados, lo cual no se percibe irracional, independientemente de que se comparta. <\/p>\n
De all\u00ed que no quede alternativa distinta a desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instada por la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Pa\u00fal de Garz\u00f3n \u2013 Huila. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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