STC13561-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13561-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04679-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Edwin Fabian Amaya Romero le formul\u00f3 a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, extensiva los intervinientes en el proceso n\u00b0 50573-31-84-001-2019-00092-00). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista protest\u00f3 porque el Tribunal modific\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto L\u00f3pez, en el sentido de declarar que entre \u00e9l y Adriana Lizarazo Fierro hubo una uni\u00f3n marital de hecho entre el 31 de mayo de 2018 y 15 de julio de 2019, y negar la existencia de la sociedad patrimonial reclamada (29 jul. 2022). <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que dicha decisi\u00f3n lesiona sus derechos al debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, toda vez que dej\u00f3 de lado \u00ablas pruebas aportadas durante el debate procesal\u00bb, concretamente, la declaraci\u00f3n de Leidy Tatiana Pineda, quien refiri\u00f3 que la uni\u00f3n se extendi\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os, y el \u00abcertificado de vinculaci\u00f3n\u00bb de la demandada a Salud Total, como su \u00abc\u00f3nyuge\u00bb. Por otra parte, protest\u00f3 porque el juzgado valor\u00f3 los testimonios de Ana Beatriz Fierro y Jhon Jairo Casta\u00f1eda, pese a que cuestion\u00f3 su credibilidad. Igualmente, precis\u00f3 que no se tuvo en cuenta \u00abpara sacar el c\u00f3mputo de la convivencia real y material que existi\u00f3\u00bb, que Adriana al replicar la demanda admiti\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
En consecuencia, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas pidi\u00f3 que se ordene a la Corporaci\u00f3n que \u00abprofiera una nueva sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta los lineamientos [que rigen la controversia]\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto L\u00f3pez remiti\u00f3 el expediente objeto de queja constitucional. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta determinaci\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Dicho lo anterior, se advierte que la ayuda debe desestimarse, comoquiera que la determinaci\u00f3n reprochada obedece a las reglas que gobiernan la materia, y a un an\u00e1lisis ponderado de los medios de convicci\u00f3n practicados en el proceso. <\/p>\n
En efecto, para decidir el juez plural tuvo en cuenta los requisitos que, de acuerdo con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, deben cumplirse para la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial. Destac\u00f3 que la primera se conformaba en virtud de una comunidad de vida permanente y singular, y la segunda despu\u00e9s de dos a\u00f1os de iniciada la uni\u00f3n. <\/p>\n
Y al contrastar las probanzas practicadas, consistentes en las declaraciones de las partes, los testimonios y pruebas documentales, concluy\u00f3 que entre ellas hubo una uni\u00f3n marital de hecho, comprendida entre el 31 de mayo de 2018 y el 15 de julio de 2019, es decir, inferior a 2 a\u00f1os, por lo que descart\u00f3 el surgimiento de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Por ese camino, tras relacionar el contenido de los medios de convicci\u00f3n recaudados, precis\u00f3 que si bien los testigos indicaron que tuvieron una relaci\u00f3n de pareja desde 2016, la misma s\u00f3lo tuvo la connotaci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho en 2018, cuando se fueron a vivir juntos al barrio \u00abFlor Amarillo\u00bb, en el municipio de Puerto Gait\u00e1n. Esto, porque durante el tiempo anterior a esa fecha no hay evidencia de que \u00abhubieran tenido un comportamiento tendiente a conformar una familia, con vocaci\u00f3n de affectio maritalis, con \u00e1nimo mutuo de permanencia, pertenencia y unidad (\u2026)\u00bb. En esa direcci\u00f3n destac\u00f3 que de la convivencia previa a ese hito temporal no dieron cuenta los testigos, \u00abpues \u00fanicamente el se\u00f1or JUAN CARLOS VALLECILLA MURILLO, dijo que la pareja hab\u00eda vivido el barrio Villa Amalia en donde pagaban arriendo, sin que precisara, cu\u00e1l era el comportamiento de la pareja y si en ese entonces ten\u00eda o no vocaci\u00f3n de permanencia, ayuda y socorro mutuos, y tampoco qu\u00e9 actividades desarrollaban como familia. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, agreg\u00f3 que <\/p>\n
\u00ablos testigos ANA BEATRIZ FIERRO GUAYARA, JHON JAIRO CASTA\u00d1EDA SALCEDO y ELBA LUC\u00cdA ENCISO MART\u00cdNEZ, precisaron que la pareja ten\u00eda encuentros por d\u00edas, antes de convivir en la casa del barrio Flor Amarillo, pues hab\u00eda d\u00edas en que la se\u00f1ora ADRIANA LIZARAZO FIERRO se quedada a dormir en los lugares en donde viv\u00eda el demandante; del mismo modo, la demandada reconoci\u00f3 que el se\u00f1or \u00c9DWIN FABI\u00c1N AMAYA ROMERO, algunas veces se quedaba en su casa materna\u00bb. <\/p>\n
Por lo que indic\u00f3 que \u00ab[e]n ese sentido, para la Sala es claro que la verdadera convivencia y acompa\u00f1amiento permanente entre el se\u00f1or \u00c9DWIN FAB\u00cdAN AMAYA ROMERO y la se\u00f1ora ADRIANA LIZARAZO FIERRO, se dio desde cuando \u00e9stos se fueron a convivir en la casa ubicada en el barrio Flor Amarillo, pues en ello coincidieron las mismas partes y casi todos los declarantes (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y para establecer el hito inicial de la uni\u00f3n, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cuanto a la fecha en que ello tuvo lugar, dos testigos dijeron que a finales del a\u00f1o 2017 y otros afirmaron que en el mes de noviembre de a\u00f1o 2018 y el se\u00f1or RUB\u00c9N DAR\u00cdO GONZ\u00c1LEZ, que ello fue como a mediados de ese a\u00f1o, m\u00e1s o menos en el mes de mayo, tanto que lo invitaron almorzar pues estaban como inaugurando la casa. La demandada ADRIANA LIZARAZO FIERRO, aport\u00f3 un contrato de fecha 23 de noviembre de 2018, mediante el cual arrend\u00f3 esa misma vivienda al se\u00f1or LUIS GUILLERMO RODR\u00cdGUEZ, documento no tachado de falso. Sin embargo, lo que se concluye es que para tal calenda la pareja ya resid\u00eda all\u00ed, pues resultar\u00eda poco l\u00f3gico que si en ese mes decidieron irse all\u00ed a convivir, hubieran arrendado el mismo inmueble que iban a habitar\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, mencion\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[t]ampoco podr\u00e1n tenerse por ciertas las afirmaciones de LEIDY TATIANA PINEDA MEDINA y JUAN CARLOS VALLECILLA MURILLO, en el sentido que la convivencia de la pareja inici\u00f3 en la casa del barrio Flor Amarillo, a finales del a\u00f1o 2017, pues estas caen en la misma contradicci\u00f3n que tuvo el demandante, al afirmar en audiencia que la construcci\u00f3n de la casa se inici\u00f3 a finales de 2017, que dur\u00f3 alrededor de 6 o 7 meses en realizarse y que en octubre de ese mismo a\u00f1o (2017), la pareja comenz\u00f3 a vivir all\u00ed, cuando para entonces, la casa no estaba construida\u00bb. <\/p>\n
Para concluir que, por tanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u00fanica fecha de inicio que resulta cre\u00edble, por lo coherente de la declaraci\u00f3n y la referencia que hizo sobre el hecho, fue la del se\u00f1or RUB\u00c9N DAR\u00cdO GONZ\u00c1LEZ, quien situ\u00f3 el comienzo de la convivencia de las partes en el mes de mayo de 2018. Al no precisarse un d\u00eda cierto, tendr\u00e1 que tomarse como tal, el \u00faltimo d\u00eda de dicho mes y a\u00f1o, es decir, el d\u00eda 31 de mayo de dicha anualidad\u00bb. <\/p>\n
Definido lo anterior, acot\u00f3 que comoquiera que la uni\u00f3n marital de hecho \u00abqued\u00f3 acreditada entre el 31 de mayo de 2018 al 15 de julio de 2019, extremo \u00faltimo no controvertido, ha de tenerse que la duraci\u00f3n de tal relaci\u00f3n tuvo lugar por un lapso de un (1) a\u00f1o, un (1) mes y quince (15) d\u00edas, per\u00edodo inferior al t\u00e9rmino m\u00ednimo de dos (2) a\u00f1os de convivencia exigido en el art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990 para la estructuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, lo dirimido por el Tribunal obedece a una hermen\u00e9utica razonable de las pautas llamadas a regular la causa, al igual que de las pruebas practicadas en el proceso. Cosa distinta es que el interesado est\u00e9 en desacuerdo con dichas reflexiones, lo que no habilita la injerencia constitucional. Mem\u00f3rese que las sentencias como actos de autoridad que son est\u00e1n dotadas de las presunciones de acierto y legalidad, de modo que no es cualquier error o discrepancia la que permite la injerencia del juez constitucional. De all\u00ed que la Sala haya reiterado que <\/p>\n
(\u2026) el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, [adem\u00e1s] \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01, STC1160-2021, reiterada en STC11188-2023) (CSJ STC12254-2023). <\/p>\n
2.- Ahora, no es cierto que la Corporaci\u00f3n querellada hubiese omitido valorar la versi\u00f3n de Leidy Tatiana Pineda, en cuanto declar\u00f3 que la uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os. En efecto, s\u00ed la apreci\u00f3, s\u00f3lo que descart\u00f3 el m\u00e9rito de su declaraci\u00f3n en ese punto, al referir que \u00absi bien dijo [la uni\u00f3n tuvo comienzos en el a\u00f1o 2015], en su declaraci\u00f3n fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que no tuvo conocimiento de convivencia anterior a la que s\u00ed pudo presenciar en la cada ubicada en el barrio Flor Amarillo en donde seg\u00fan ella, las partes vivieron desde finales de 2017 hasta finales de 2019, pues ella era vecina de enfrente\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es cierto que el Tribunal haya dejado evaluar la certificaci\u00f3n seg\u00fan la cual, el promotor afili\u00f3 a su contradictora en 2016 al Sistema de Seguridad Social en Salud, lo hizo, pero se\u00f1al\u00f3 que dicho documento no ten\u00eda m\u00e9rito para convencerlo de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho durante ese periodo, lo que se explica porque, como arriba se dijo, respecto de ese tiempo advirti\u00f3 que los encuentros entre la pareja eran espor\u00e1dicos. F\u00edjese que indic\u00f3: \u00ab(\u2026) esa sola prueba no alcanza para acreditar que desde tal calenda se hubiera dado entre \u00e9stos una convivencia en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, que tenga virtualidad para la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho desde entonces\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a haberse apreciado los testimonios de Ana Beatriz Fierro y Jhon Jairo Casta\u00f1eda, pese a que el gestor cuestion\u00f3 su credibilidad, t\u00e9ngase en cuenta que dicha circunstancia no es raz\u00f3n para dejar de valorarlos. As\u00ed se desprende del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00ab[c]ualquiera de las partes podr\u00e1 tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en raz\u00f3n de parentesco, dependencias, sentimientos o inter\u00e9s en relaci\u00f3n con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deber\u00e1 formularse con expresi\u00f3n de las razones en que se funda. El juez analizar\u00e1 el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Magistratura expuso, como se lo exig\u00eda el art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo, el m\u00e9rito que le asign\u00f3 a cada una de las pruebas, y luego las apreci\u00f3 en conjunto. <\/p>\n
Finalmente, se precisa que la eventual confesi\u00f3n de la demandada respecto de la existencia de una sociedad patrimonial entre Edwin y Adriana no es raz\u00f3n para que la controversia se resuelva de manera distinta, pues ella depende de que se cumplan con los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, y no de que los compa\u00f1eros permanentes admitan o nieguen su existencia. <\/p>\n
3.- En suma, la providencia emitida por el juez colegiado no merece reproche constitucional alguno, reservado como se encuentra para casos de indiscutible arbitrariedad judicial, por lo cual se negar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela presentada por Edwin Fabian Amaya Romero. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, se pueden consultar los consecutivos 09, 10, 13 y 19 del Cuaderno de segunda instancia. <\/p>\n
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STC13561-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13561-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04679-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Edwin Fabian Amaya Romero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-77996","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77996"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77996\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}