STC13589-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13589-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 5 de octubre de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la Agencia Nacional de Infraestructura le formul\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-004-2021-00509-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora, demandante en la expropiaci\u00f3n que se sigue frente a Desarrollos Industriales del Cauca S.A. en Liquidaci\u00f3n y Empresa Agr\u00edcola La Esperanza Ltda., protest\u00f3 porque el juzgado le orden\u00f3 que, previo a dictar sentencia, actualizara el aval\u00fao presentado con la demanda, al haberse realizado desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os (24 feb. 2023). <\/p>\n
Adujo que el fallador incurri\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental absoluto y, por ende, lesion\u00f3 su debido proceso\u00bb, por tres razones. <\/p>\n
La primera, la exigencia carece de fundamento legal. <\/p>\n
La segunda, el aval\u00fao no est\u00e1 desactualizado y, por ende, con base en \u00e9l debe decretarse la expropiaci\u00f3n. Precis\u00f3 que de acuerdo con las Leyes 388 de 1997 y 1682 de 20131, esta \u00faltima, especial para la expropiaci\u00f3n de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, el valor que debe servir para todo el procedimiento de adquisici\u00f3n predial es el realizado al momento de la oferta formal de compra al propietario, durante la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria. Ello, siempre y cuando, como ocurri\u00f3 en el caso, la oferta se hubiese notificado al afectado dentro del a\u00f1o siguiente a la aprobaci\u00f3n del aval\u00fao, seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 22 de la Ley 1682 de 2013. Indic\u00f3 que, por lo dem\u00e1s, as\u00ed debe ser \u00abporque una cosa es realizar un aval\u00fao cuando apenas se est\u00e1 iniciando el proyecto y otra cosa distinta es presentar experticias con posterioridad, donde evidentemente los precios del mercado han variado precisamente por el anuncio y ejecuci\u00f3n del proyecto de infraestructura vial\u00bb. <\/p>\n
La tercera, \u00ablo que deviene procedente es (\u2026) que el juez accionado, al momento de fallar, haga uso de la figura de la correcci\u00f3n monetaria y no que previo a dictar sentencia [se le] ordene (\u2026) actualizar el aval\u00fao aportado con la demanda de expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, relat\u00f3 que recurri\u00f3 la determinaci\u00f3n reprochada, pero no obtuvo \u00e9xito porque el estrado mantuvo la orden de actualizaci\u00f3n (28 jun. 2023). <\/p>\n
2.- El titular del despacho convocado defendi\u00f3 su proceder. <\/p>\n
Ingenio La Caba\u00f1a S.A., que absorbi\u00f3 mediante fusi\u00f3n a la demandada Empresa Agr\u00edcola La Esperanza Ltda., y Playa del Carmen S.A.S., en calidad de liquidadora de la Desarrollos Industriales del Cauca S.A. en Liquidaci\u00f3n, convocada en el asunto objetado, por conducto de apoderada, pidieron desestimar el ruego. Alegaron que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 16 a\u00f1os que se realiz\u00f3 el aval\u00fao del inmueble, el cual a la fecha ha ganado valor comercial y catastral y no resulta ser igual al valor planteado en el aval\u00fao de la accionante\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal desestim\u00f3 el resguardo apoyado en que la discusi\u00f3n carece de relevancia constitucional, y, en todo caso, \u00ablas decisiones del accionado, en cuanto a la necesidad de obtener un dictamen actualizado, son razonables al ser resultado de la valoraci\u00f3n normativa que realiz\u00f3, como de la evaluaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, inst\u00f3 a la agencia judicial para que \u00abconsiderara\u00bb, en lugar de ordenar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, pedir la realizaci\u00f3n de uno nuevo. Puntualiz\u00f3 que al tenor del citado par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 de la Ley 1682, \u00ab[e]l aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o impugnaci\u00f3n de \u00e9ste. Una vez en notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb, y que, como lo ha dicho la jurisprudencia, el aval\u00fao practicado durante la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria s\u00f3lo cobra \u00abfirmeza\u00bb para esa fase, y no para la de expropiaci\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n conmin\u00f3 al juzgado para que se especifique la forma en que se deben sufragar los gastos de la nueva evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- En desacuerdo con el desenlace, la actora impugn\u00f3. <\/p>\n
Por un lado, se\u00f1al\u00f3 que las apreciaciones del a quo constitucional carecen de fundamento, pues el asunto es relevante en la medida en que est\u00e1n comprometidos los intereses p\u00fablicos que la entidad representa, sumado a que no justific\u00f3 por qu\u00e9 a su juicio la directriz reprochada era razonable. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que el requerimiento efectuado al juzgador para que la conminara a aportar un nuevo aval\u00fao era improcedente, ya que agrav\u00f3 su situaci\u00f3n, y el uso de las facultades extra y ultra petita del juez de tutela era improcedente en el caso. <\/p>\n
Asimismo, y sustentada en que la controversia tiene especial relevancia constitucional, pidi\u00f3 revisar y cambiar la postura que le sirvi\u00f3 de apoyo al Tribunal para sostener que en la fase de expropiaci\u00f3n no pod\u00eda hacerse valer el practicado durante la enajenaci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, destac\u00f3 que la Corte ha avalado como criterio razonable, las siguientes tesis: \u00ab(i) El aval\u00fao a que se refieren los [art\u00edculos 25 y 37 Ley 1682 de 2013, modificados por el art\u00edculo 10 de la Ley 1882 de 2018 y 6 de la Ley 1742 de 2014] es para efectos de establecer el precio de adquisici\u00f3n en la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria, previa al proceso de expropiaci\u00f3n judicial que se rige por el art\u00edculo 399 del C. G. del P., y no aplica para el proceso de expropiaci\u00f3n judicial. (ii) El art\u00edculo 2 del Decreto 422 de 2000 que consagra que los aval\u00faos deben tener una vigencia que no podr\u00e1 ser inferior a un (1) a\u00f1o es aplicable al aval\u00fao que se aporta con la demanda del proceso de expropiaci\u00f3n judicial. (iii) La vigencia de un (1) a\u00f1o y firmeza del aval\u00fao establecidas en el [par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 de la Ley 1682] para la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria, y cuando transcurre m\u00e1s de ese a\u00f1o el aval\u00fao pierde vigencia para la demanda de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb (STC4583-2023, STC5974-2021, providencias ratificadas por la Sala hom\u00f3loga laboral mediante sentencias STL6857-2023 y STL8280-2021). <\/p>\n
Apunto que dichas tesis son arbitrarias, por las siguientes razones, respectivamente. <\/p>\n
i) El art\u00edculo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1742 de 2014, se\u00f1ala que \u00ab[e]n caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, el pago del predio ser\u00e1 cancelado de forma previa teniendo en cuenta el aval\u00fao catastral y la indemnizaci\u00f3n calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiaci\u00f3n judicial o administrativa\u00bb, de donde se desprende, contrario a la primera tesis, que \u00abel pago del predio en la expropiaci\u00f3n judicial se realizar\u00e1 teniendo en cuenta, adem\u00e1s del aval\u00fao catastral, la indemnizaci\u00f3n calculada al momento de la oferta de compra\u00bb. Por su parte, el precepto 25 de la Ley 1682 establece que \u00abes obligatorio iniciar el proceso de expropiaci\u00f3n cuando transcurren treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n de la oferta de compra y no se ha llegado un acuerdo formal para la enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb. Y en armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abel \u00fanico requisito temporal que en punto de dicho proceso consagr\u00f3 el legislador es que la demanda se presente dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que cobre firmeza la resoluci\u00f3n que ordena la expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
ii) El Decreto 422 de 2000 no regula asuntos de expropiaci\u00f3n, porque \u00aba trav\u00e9s de \u00e9l se reglamentaron parcialmente los art\u00edculos 50 de la Ley 546 de 1999 y 60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999\u00bb, relativos a operaciones de financiaci\u00f3n de vivienda. <\/p>\n
iii) Si bien el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2023, modificado parcialmente por el art\u00edculo 9 de la Ley 1882 de 2018, \u00abdetermina la vigencia y firmeza del aval\u00fao para la enajenaci\u00f3n voluntaria, de all\u00ed no puede derivarse que, cuando transcurra m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, el aval\u00fao pierda vigencia en esa fase -de enajenaci\u00f3n voluntaria-, habida cuenta que, de un lado, se establece que el aval\u00fao queda en firme -para la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria- cuando la oferta se notifica\u00bb (\u2026). Y de otra parte, el legislador no estableci\u00f3 (\u2026) que para el proceso de expropiaci\u00f3n judicial o administrativa pierda vigencia ese aval\u00fao que cobr\u00f3 firmeza en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria (\u2026)\u00bb, y \u00abdonde no distingue el legislador, no le es dado hacerlo al int\u00e9rprete\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n dicho aval\u00fao tuviera una vigencia especial, no puede aplicarse \u00abde manera absoluta e inflexible a los procesos de expropiaci\u00f3n porque (\u2026) en la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria (\u2026) se elabora un aval\u00fao con fundamento en el cual se (\u2026) notifica la oferta de compra al titular del derecho real de dominio del bien, y ese mismo aval\u00fao es el que se debe arrimar con la demanda del proceso de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb. Ello, \u00abporque la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica debe atender a las condiciones particulares del inmueble y de la zona al momento en que se realiz\u00f3, m\u00e1xime cuando en muchos casos los predios, en virtud de entregas anticipadas y voluntarias, son intervenidos e incluso demolidos. Es decir, que para la data de la radicaci\u00f3n de la demanda el inmueble no es el mismo que estaba para la fecha de la oferta de compra y del aval\u00fao (\u2026). <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, la quejosa insisti\u00f3 en las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Incumbe a la Corte determinar si la orden de actualizar el aval\u00fao aportado con la demanda de expropiaci\u00f3n, entendido esto como la presentaci\u00f3n de uno nuevo, dada su antig\u00fcedad, lesiona del debido proceso de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. Ello, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de fondo de la problem\u00e1tica que involucra el asunto, el cual se impone en esta ocasi\u00f3n, a diferencia de otras oportunidades, en virtud de los nuevos planteamientos de la accionante, que denotan la relevancia constitucional del asunto. <\/p>\n
En efecto, la Sala, en el pasado, ha indicado que la postura objetada es razonable, eso s\u00ed, sin comprometer su criterio, pues frente a las r\u00e9plicas de la ANI, limitadas a proponer un debate de \u00edndole legal, ha sostenido que <\/p>\n
al margen de que la Sala o la impulsora compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que habilite a esta a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la Litis, en tanto este sendero especial no constituye una tercera instancia con el fin de discutir \u00ablos fundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC7801-2023). <\/p>\n
De modo que, en defensa de dichos intereses, que se predican de la colectividad, es menester que la Corte determine si los juzgadores en los procesos de expropiaci\u00f3n pueden ordenar a la ANI actualizar los aval\u00faos aportados con la demanda, o si, por el contrario, dicha medida es contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2.- Pues bien, revisados los principios y reglas que gobiernan la materia, la Sala concluye que la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, en principio, es viable cuando haya transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o entre su pr\u00e1ctica y la presentaci\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n. Pero esa posibilidad deber\u00e1 evaluarse en cada caso, en concreto, atendiendo la necesidad y pertinencia de la medida en los asuntos particulares, en virtud de las condiciones del inmueble, la contradicci\u00f3n que el afectado haya ejercido frente al aval\u00fao, entre otras circunstancias que resulten relevantes para determinar la idoneidad de la evaluaci\u00f3n para cuantificar el valor de la reparaci\u00f3n a la que tienen derecho los afectados. Dicho en otras palabras, para que el juez ordene a la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao no bastar\u00e1 que \u00e9ste pueda calificarse de antiguo, ser\u00e1 necesario, adem\u00e1s, evaluar la procedencia de ese mandato en relaci\u00f3n con los casos concretos. <\/p>\n
2.1.- Los aval\u00faos con base en los cuales se decretan expropiaciones judiciales deben corresponder al valor actual de los inmuebles respectivos, as\u00ed como a los perjuicios efectivamente sufridos por los afectados. Ello, a fin de que \u00e9stos reciban la suma a la que realmente tienen derecho en virtud de la p\u00e9rdida de su derecho de dominio. Por eso, el inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 19983, prev\u00e9 que \u00ab[e]n todo proceso jurisdiccional la valoraci\u00f3n de da\u00f1os atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Ahora, lo \u00abactual\u00bb o \u00abdesactualizado\u00bb del aval\u00fao ha de juzgarse al momento de la presentaci\u00f3n de la respectiva demanda, y en relaci\u00f3n con ese hito temporal. Aunque no hay una norma especial que as\u00ed lo disponga, se entiende que es as\u00ed porque el inter\u00e9s para actuar y los presupuestos de la acci\u00f3n se determinan en el instante en que el interesado acude a la administraci\u00f3n de justicia, y no de forma posterior, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la posibilidad que tiene el interesado de demostrar los da\u00f1os causados despu\u00e9s de la radicaci\u00f3n del libelo. <\/p>\n
Lo anterior, igualmente, se desprende de normas, como el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 26 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual, la cuant\u00eda se determinar\u00e1 \u00abpor el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n\u00bb, y el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 206 del mismo compendio, que consagra que \u00ab[e]l juez no podr\u00e1 reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Por ende, si se trata de que el aval\u00fao aportado con la demanda de expropiaci\u00f3n refleje la realidad del precio del inmueble y la indemnizaci\u00f3n que debe percibir el convocado, muy breve debe ser el tiempo entre su realizaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n del libelo. <\/p>\n
2.3.- No hay una norma especial que se\u00f1ale cu\u00e1l es el aval\u00fao que debe aportarse con la demanda de expropiaci\u00f3n, si es el de la fase previa a dicha etapa -enajenaci\u00f3n voluntaria-, en virtud de la cual, previo acuerdo de voluntades, se logra la transferencia del respectivo bien mediante la suscripci\u00f3n de un contrato de compraventa por escritura p\u00fablica debidamente registrada, o es posible allegar uno nuevo, practicado con posterioridad a ese instante, como tampoco cu\u00e1nto tiempo debe transcurrir entre la elaboraci\u00f3n de la experticia y el momento en que la entidad acude a la administraci\u00f3n de justicia. Basta ver que el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[a] la demanda se acompa\u00f1ar\u00e1 copia de la resoluci\u00f3n vigente que decreta la expropiaci\u00f3n, un aval\u00fao de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos, por un per\u00edodo de diez (10) a\u00f1os, si fuere posible\u00bb, sin precisar nada acerca de su vigencia temporal. Por su parte, nada dicen, espec\u00edficamente, las leyes en materia de expropiaci\u00f3n, esto es, la 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, y la Ley 1682 de 2013, la cual prev\u00e9 reglas especiales para la expropiaci\u00f3n de los predios requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, que es el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
Sin embargo, una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de dichas normas, entre las cuales se destacan pautas como que i) la entidad, luego de fallida la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, tiene un plazo perentorio para promover la demanda de expropiaci\u00f3n, y ii) que los aval\u00faos practicados durante esa fase tienen una vigencia de un a\u00f1o contado a partir desde su realizaci\u00f3n, se puede concluir que la entidad puede valerse de dichas valoraciones para efectos de iniciar la expropiaci\u00f3n, siempre cuando promueva la demanda judicial dentro de ese plazo. En caso contrario, y cuando las circunstancias as\u00ed lo ameriten, deber\u00e1 allegar un nuevo aval\u00fao que d\u00e9 cuenta de las condiciones del bien y los perjuicios irrogados al beneficiario de la indemnizaci\u00f3n al momento del inicio del tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
En efecto, sobre el deber de la entidad de iniciar el proceso judicial de expropiaci\u00f3n en un plazo perentorio, a continuaci\u00f3n del fracaso de la enajenaci\u00f3n voluntaria, el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 61 de la Ley 388 de 1997, que modific\u00f3 la Ley 9 de 1989, establece que \u00ab[s]er\u00e1 obligatorio iniciar el proceso de expropiaci\u00f3n si transcurridos treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la comunicaci\u00f3n de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci\u00f3n voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa\u00bb. Por su parte, la Ley 1682 en su art\u00edculo 25, regula que \u00abes obligatorio iniciar el proceso de expropiaci\u00f3n cuando transcurren treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n de la oferta de compra y no se ha llegado un acuerdo formal para la enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb. Igualmente, el numeral segundo del precepto 399 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00ab[l]a demanda de expropiaci\u00f3n deber\u00e1 ser presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resoluci\u00f3n que ordene la expropiaci\u00f3n, so pena de que dicha resoluci\u00f3n y las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos p\u00fablicos pierdan fuerza ejecutoria, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo alguno\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que el aval\u00fao practicado durante la etapa de la enajenaci\u00f3n voluntaria tiene vigencia de 1 a\u00f1o, n\u00f3tese que el Decreto 1420 de 19984, el cual se\u00f1ala normas procedimientos, par\u00e1metros y criterios para la elaboraci\u00f3n de los aval\u00faos en la materia, en su art\u00edculo 19 prescribe que \u00ab[los aval\u00faos tendr\u00e1n una vigencia de un (1) a\u00f1o, contados desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 la revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n\u00bb. Pauta que es reproducida para los casos de expropiaci\u00f3n de predios requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, pues a voces del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 de la citada Ley 1682 de 2013, \u00ab[e]l aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o, impugnaci\u00f3n de este. Una vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb. <\/p>\n
A tono con lo anterior, el art\u00edculo 3\u00b0 de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 898 de 19 de agosto de 20145, \u00ab[p]or medio de la cual [el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi fij\u00f3] normas, m\u00e9todos, par\u00e1metros, criterios, y procedimientos para la elaboraci\u00f3n de aval\u00faos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013\u00bb, consagra entre otros aspectos, que \u00abaval\u00fao comercial\u00bb, \u00abes aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno construcciones y\/o cultivos) y\/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser procedente\u00bb, y que \u00ab[a]ctualizaci\u00f3n de aval\u00fao\u00bb, \u00ab[e]s la realizaci\u00f3n de un nuevo aval\u00fao comercial despu\u00e9s de trascurrido el t\u00e9rmino la vigencia del anterior\u00bb. <\/p>\n
Entonces, si el deber de la entidad es promover la demanda de expropiaci\u00f3n en un t\u00e9rmino perentorio despu\u00e9s de fracasada la fase enajenaci\u00f3n voluntaria, y el aval\u00fao practicado en dicha fase se entiende desactualizado despu\u00e9s de un a\u00f1o desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 su revisi\u00f3n, es razonable concluir que el aval\u00fao de que trata el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 399 del estatuto adjetivo puede ser el practicado en esa etapa, siempre y cuando el libelo se promueva dentro de ese a\u00f1o. <\/p>\n
De ese modo, tambi\u00e9n es plausible que los juzgadores, a efectos de materializar el derecho que tienen los afectados a la reparaci\u00f3n integral en los procesos de expropiaci\u00f3n, ordenen a la entidad actualizar los aval\u00faos aportados con la demanda, cuandoquiera que los mismos no cumplan con las anteriores calidades y las circunstancias del caso as\u00ed lo ameriten. <\/p>\n
2.4.- Desde esa perspectiva, se descarta la tesis de la ANI en torno a que la exigencia de la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao carece de sustento en el ordenamiento jur\u00eddico, porque como se vio, est\u00e1 soportada en el principio de reparaci\u00f3n integral, as\u00ed como en una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de las reglas que demandan a la entidad la promoci\u00f3n del juicio de expropiaci\u00f3n en un plazo pr\u00f3ximo a la frustraci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n voluntaria, y se\u00f1alan un t\u00e9rmino de vigencia del aval\u00fao elaborada para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no hay norma alguna que respalde la idea de que es un solo aval\u00fao que debe practicarse a lo largo de todo el procedimiento que apareja la expropiaci\u00f3n, incluso, lo contrario ense\u00f1an las pautas que fijan los par\u00e1metros para la elaboraci\u00f3n de los aval\u00faos destinados al desarrollo de los proyectos de infraestructura. Obs\u00e9rvese que la Resoluci\u00f3n 898 de 19 de agosto de 2014, en su art\u00edculo 16, prev\u00e9 la posibilidad de que los componentes del da\u00f1o emergente y lucro cesante de la indemnizaci\u00f3n sean variados a lo largo de la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria, a prop\u00f3sito de las alteraciones frente a los plazos de entrega del inmueble y la forma de pago. Sobre el particular se lee: <\/p>\n
Art\u00edculo 16. Componentes y procedencia de la indemnizaci\u00f3n. De conformidad con lo previsto por los art\u00edculos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, la indemnizaci\u00f3n est\u00e1 compuesta por el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se causen en el marco del proceso de adquisici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0. En el c\u00e1lculo del da\u00f1o emergente y\/o lucro cesante donde se hayan tenido en cuenta los plazos de entrega del inmueble y\/o la forma de pago en el proceso de adquisici\u00f3n, estos podr\u00e1n disminuir, aumentar o suprimirse por parte de la entidad adquirente, cuando los plazos y\/o la forma de pago se\u00f1alada en la respectiva oferta de compra sean disminuidos, ampliados o suprimidos en el transcurso del proceso (se enfatiza). <\/p>\n
Ahora, la parte final del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2013, seg\u00fan la cual, \u00ab[u]na vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb, y el canon 37 de la misma normatividad, que prev\u00e9 que \u00ab[e]n caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, el pago del predio ser\u00e1 cancelado de forma previa teniendo en cuenta el aval\u00fao catastral y la indemnizaci\u00f3n calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiaci\u00f3n judicial o administrativa\u00bb, tampoco respaldan la postura de la Agencia Nacional de Infraestructura. La primera de las reglas, porque lo que se\u00f1ala es que una vez que se le notifique al interesado la oferta de compra, el aval\u00fao con base en el cual aqu\u00e9lla se realiz\u00f3 debe servir para la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, de donde no se sigue que no se pueda practicar una tasaci\u00f3n distinta si las circunstancias as\u00ed lo ameritan. El segundo par\u00e1metro, por su parte, lo que dice es que si no hay acuerdo entre la entidad y el particular que provoque la transferencia del inmueble, el pago de la indemnizaci\u00f3n se har\u00e1, previamente, con el valor de la oferta de compra, sin establecer, como lo pregona la actora, que dicho monto sea el \u00fanico referente posible para iniciar la demanda de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, no desconoce la Sala que unas pueden ser las condiciones al momento de la oferta de la compra y otras en el instante de la demanda, pero ello no es raz\u00f3n para establecer, como regla general, que es improcedente actualizar los aval\u00faos allegados con la demanda de expropiaci\u00f3n, pues, como se dijo atr\u00e1s, ello debe evaluarse en cada caso en concreto, determinando en qu\u00e9 medida resulta necesario practicar un nuevo aval\u00fao para resarcir integralmente al beneficiario de la indemnizaci\u00f3n. En unos asuntos ser\u00e1 viable, mientras que en otros no. <\/p>\n
Por eso, la Corte Constitucional al declarar inexequible el aparte del par\u00e1grafo del numeral 13 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, en el que consagr\u00f3 que el lucro cesante se calcular\u00eda frente a bienes productivos \u00abhasta por un periodo m\u00e1ximo de seis (6) meses\u00bb indic\u00f3: <\/p>\n
El legislador tiene una amplia libertad de configuraci\u00f3n en materia expropiatoria. No obstante, esa competencia no puede vaciar el marco de acci\u00f3n que tiene el juez y la administraci\u00f3n para fijar una indemnizaci\u00f3n que atienda las circunstancias del caso, as\u00ed como los intereses en tensi\u00f3n. La ley no puede estandarizar para todos los eventos unos topes o c\u00f3mputo de indemnizaci\u00f3n, porque en ocasiones puede que las reglas est\u00e1ticas sean una barrera e impedimento para que las autoridades cancelen una indemnizaci\u00f3n justa. <\/p>\n
Por consiguiente, la Corte concluye que la restricci\u00f3n a un t\u00e9rmino de seis (6) meses para la tasaci\u00f3n del da\u00f1o por lucro cesante fijado por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 de la Ley 1564 de 2012 quebranta el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, porque impone un l\u00edmite abstracto de cuantificaci\u00f3n del perjuicio que impide al juez ponderar los intereses del expropiado y de la comunidad para calcular una indemnizaci\u00f3n justa. El lapso se\u00f1alado en la norma obligar\u00eda al funcionario judicial a reconocer un resarcimiento que no asegure la protecci\u00f3n especial de personas discapacitadas, ni\u00f1os o de ancianos, casos en que el resarcimiento es restitutivo. Inclusive, la regulaci\u00f3n abstracta ser\u00eda un obst\u00e1culo para la que indemnizaci\u00f3n cumpla con su funci\u00f3n reparatoria, pues se dejar\u00eda de atender las circunstancias concretas, pese a que evaluar esos elementos es un mandato superior consignado en el art\u00edculo 58 (sentencia C-750 de 2015). <\/p>\n
Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en un inmueble productivo respecto del cual la entidad inici\u00f3 negociaciones con su propietario, sin resultados exitosos porque \u00e9ste no estuvo de acuerdo con la indemnizaci\u00f3n. No obstante, el organismo s\u00f3lo dicta la resoluci\u00f3n de expropiaci\u00f3n pasados tres a\u00f1os, y promueve la respectiva demanda judicial. Lo razonable es que es que el juicio se inicie con un nuevo aval\u00fao que d\u00e9 cuenta de los perjuicios irrogados al particular desde la realizaci\u00f3n de la primera tasaci\u00f3n hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, en lugar de uno que no refleja la verdadera situaci\u00f3n del afectado con la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Otra cosa ocurre cuando se trata de un inmueble que, por ejemplo, se entreg\u00f3 anticipadamente a la entidad, durante la enajenaci\u00f3n voluntaria y, por ende, es improcedente avaluarlo nuevamente. De modo que a pesar de que haya transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la realizaci\u00f3n del aval\u00fao, no se justificar\u00e1 practicar una tasaci\u00f3n diferente. <\/p>\n
2.5.- En armon\u00eda con lo anterior, la posibilidad de que se actualicen los aval\u00faos aportados con las demandas de expropiaci\u00f3n tampoco es absoluta, esto es, aplicable en todos los casos en que los que haya transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o entre su realizaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la demanda. Como arriba se anunci\u00f3, su aplicaci\u00f3n depender\u00e1 de las circunstancias concretas, como las condiciones del inmueble materia de expropiaci\u00f3n, la contradicci\u00f3n que el afectado haya ejercido frente al aval\u00fao, entre otras circunstancias que resulten relevantes para determinar la necesidad de la actualizaci\u00f3n en el asunto en particular. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a las condiciones del predio es relevante indagar si el mismo ha sufrido modificaciones que justifiquen la realizaci\u00f3n de un nuevo aval\u00fao, pues bien puede ocurrir que pese a haber transcurrido un a\u00f1o desde su realizaci\u00f3n no sea necesario practicar uno distinto. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en el caso de que el inmueble haya sido objeto de entrega anticipada durante la fase de enajenaci\u00f3n voluntaria. Como en dicha hip\u00f3tesis, el afectado con la expropiaci\u00f3n ha perdido el uso y goce del predio, mal podr\u00edan generarse a su favor nuevos conceptos susceptibles de ser estimados. Por eso, el numeral 13 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00ab[c]uando se hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n, ordenar\u00e1 que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesi\u00f3n o tenencia de los bienes, y condenar\u00e1 al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que ten\u00edan en el momento de la entrega\u00bb (se enfatiza). <\/p>\n
Igualmente, ha de considerarse la conducta asumida por el afectado frente al aval\u00fao, esto es, si estuvo o no de acuerdo con \u00e9l y las razones de sus discrepancias, a efectos de determinar si existen elementos que habilitan o descartan la realizaci\u00f3n de un aval\u00fao distinto al practicado durante la etapa de la enajenaci\u00f3n voluntaria. No en vano, le incumbe a los beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n durante dicha fase suministrar a la entidad o a quien practique el aval\u00fao la informaci\u00f3n que resulte relevante para calcular la indemnizaci\u00f3n6, y durante la etapa judicial allegar un aval\u00fao distinto al aportado con la demanda, si no est\u00e1 de acuerdo con \u00e9l \u00abo considera que hay lugar a indemnizaci\u00f3n por conceptos no incluidos en \u00e9l o por un mayor valor (\u2026)\u00bb7. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, la Sala ha indicado que \u00ab[p]ara que el juez de la expropiaci\u00f3n reconozca las indemnizaciones y compensaciones a que haya lugar, es inexorable que el interesado(a) demuestre el da\u00f1o sufrido o la afectaci\u00f3n real producida a causa de la obra p\u00fablica generatriz de dicha enajenaci\u00f3n forzosa, pues, se recuerda, le \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb (STC1709-2021), y asimismo ha precisado, en el marco de procesos de expropiaci\u00f3n, que el ejercicio de facultades judiciales oficiosas de los administradores de justicia, <\/p>\n
(\u2026) debe respetar la renuncia de las prerrogativas econ\u00f3micas por los particulares que omiten hacerlas valer, siempre que no se advierta afectaci\u00f3n de bienes de especial protecci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a \u00ab[r]enuncia es sin\u00f3nimo de abandono o abdicaci\u00f3n\u2026 es un acto unilateral realizado de forma expresa o impl\u00edcita (facta concludentia) por el titular de un derecho subjetivo o de una facultad\u00bb, como precisamente sucedi\u00f3 en el caso por el comportamiento de la convocante. <\/p>\n
La oficiosidad, en este contexto, no puede servir para socavar un acto de renuncia v\u00e1lido, frente al abandono de derechos patrimoniales que s\u00f3lo interesan al renunciante; m\u00e1xime porque no se advierte una afrenta grave contra el orden o el patrimonio p\u00fablicos, ni a los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, \u00ab[c]ualquier clase de derechos instituidos en inter\u00e9s particular de su titular, aunque sean eventuales o condicionales, pueden ser renunciados\u00bb, lo que constituye una verdadera \u00ablibertad de renunciar a los derechos propios\u00bb, lo que salvaguarda caros principios constitucional[es] como la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad econ\u00f3mica, de all\u00ed que su restricci\u00f3n s\u00f3lo sea posible frente a situaciones excepcionales, ninguna de las cuales se advierte en el sub examine (SC5453-2021, Rad. 2014-00085-01, 16 dic. 2021, se destaca) (CSJ SC048-2023, el destacado es original del texto). <\/p>\n
2.6.- En fin, aunque puede afirmarse que es viable ordenar a la entidad que actualice el aval\u00fao aportado con la demanda de expropiaci\u00f3n cuando haya pasado un a\u00f1o entre su pr\u00e1ctica y la radicaci\u00f3n del libelo, esa posibilidad deber\u00e1 evaluarse y justificarse en cada caso concreto. De suerte que, en un asunto, la actualizaci\u00f3n ser\u00e1 necesaria en aras de garantizar el derecho a la reparaci\u00f3n integral del beneficiario de la indemnizaci\u00f3n, mientras que en otros ser\u00e1 arbitraria, por ser improcedente a la luz de las particulares circunstancias del asunto. <\/p>\n
2.7.- No sobra insistir en que la vigencia de un a\u00f1o del aval\u00fao se predica respecto de su realizaci\u00f3n previo a la presentaci\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n y este hito temporal, y no en relaci\u00f3n con la radicaci\u00f3n del libelo y la sentencia de expropiaci\u00f3n, pues de ser as\u00ed se llegar\u00eda a concluir, equivocadamente, que por cada a\u00f1o que tarde el proceso debe allegarse un nuevo aval\u00fao, haciendo interminable el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Claro, para que se dicten sentencias de expropiaciones con aval\u00faos recientes a la presentaci\u00f3n de la demanda, es necesario que el juez decida a la mayor brevedad, dentro del t\u00e9rmino prescrito en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Pero si ello no sucede, bien por circunstancias atribuibles al funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia o a las partes u otras circunstancias, los efectos del tiempo no pueden conjurarse con la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao. A tono con lo indicado en el numeral 2.2. de las consideraciones de esta sentencia, sin perjuicio de la posibilidad de que se practique un nueva experticia en el curso del proceso para calcular los da\u00f1os causados despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la demanda, si a ello hubiere lugar, el inter\u00e9s para promover el proceso y los presupuestos de la acci\u00f3n se analizan cuando se acude a la judicatura, en funci\u00f3n del aval\u00fao aportado con el libelo, el cual, en principio, ser\u00e1 la base para que el convocado ejerza su derecho de contradicci\u00f3n y el juez decida el litigio. <\/p>\n
Las secuelas del tiempo han de remediarse, entonces, con mecanismos que permitan traer a valor presente las sumas calculadas a la presentaci\u00f3n de la demanda, como lo es la indexaci\u00f3n de las sumas estimadas. As\u00ed lo ha entendido la Corte al precisar: <\/p>\n
Para la Sala, ese proceder, aceptado por la sede judicial atacada, lesiona gravemente el derecho a una indemnizaci\u00f3n justa de quien resulta expropiado por el Estado, pues es inadmisible que no se hubiese actualizado el valor debido del inmueble. Ciertamente, se tom\u00f3 en cuenta un guarismo total del 2005 y se dedujo un valor otorgado en 2018, cuando el suplicante hizo la entrega anticipada de la heredad el 27 de julio de ese \u00faltimo a\u00f1o. <\/p>\n
Evidentemente, por la duraci\u00f3n del proceso, el paso del tiempo no pod\u00eda echarse a un lado sin reparar en la depreciaci\u00f3n de la moneda, es decir, los $15.868.968 a noviembre de 2005, por tanto, ese valor requer\u00eda ser indexado al presente, luego, ah\u00ed s\u00ed, realizar las deducciones de rigor (CSJ STC17054-2019). <\/p>\n
Posibilidad que armoniza con lo prescrito en el inciso segundo del art\u00edculo 32 de la Ley 9 de 1989, al se\u00f1alar que <\/p>\n
[e]l proceso de expropiaci\u00f3n terminar\u00e1 si el demandado se aviniere a la venta del inmueble por el precio base de la negociaci\u00f3n, actualizado seg\u00fan el \u00edndice de costos de la construcci\u00f3n de vivienda, de ingresos medios que elabora el Departamento Nacional de Estad\u00edstica, y otorgare escritura p\u00fablica de compraventa del mismo a favor del demandante. <\/p>\n
3.- Bajo dichos lineamientos, la Corte reitera que la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, en principio, es viable cuando haya transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o entre su pr\u00e1ctica y la presentaci\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n. Ello, a efectos de garantizar que el beneficiario de la indemnizaci\u00f3n sea reparado integralmente. Pero esa posibilidad deber\u00e1 evaluarse en cada caso, en concreto, atendiendo, entre otras, circunstancias, las alteraciones que haya sufrido el inmueble desde el inicio del proceso de adquisici\u00f3n predial, y el debate propuesto por el beneficiario de la indemnizaci\u00f3n frente al aval\u00fao sustento de la demanda. Asimismo, se precisa que los efectos de la duraci\u00f3n del proceso no deben ser conjurados con la pr\u00e1ctica de nuevos aval\u00faos, sino con mecanismos como la indexaci\u00f3n de los montos tasados, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la posibilidad de practicarse los necesarios para establecer los da\u00f1os causados con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda <\/p>\n
4.- A la luz de los anteriores derroteros, la Corte advierte que la protecci\u00f3n implorada debe abrirse paso, comoquiera que, aunque el aval\u00fao aportado con la demanda estaba desactualizado, pues aqu\u00e9l se practic\u00f3 en 2006 y el libelo fue impulsado en 2021, la medida era improcedente atendiendo a que las sociedades convocadas al replicarlo pidieron que el monto tasado fuera actualizado mediante indexaci\u00f3n hasta el momento en que se dictara sentencia. <\/p>\n
De acuerdo con las piezas allegadas con el libelo introductorio, la ANI reclam\u00f3 la expropiaci\u00f3n de 497.16 m2 del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 130-14138 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Tejada, con un \u00e1rea total de 25.000 m2. Para el efecto, aport\u00f3 aval\u00fao realizado el 15 de mayo de 2016, durante la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, por la suma de $12.578.148, discriminados as\u00ed: $12.429.900 por concepto del \u00e1rea de terreno requerida y $149.148 en virtud de \u00abmejoras\u00bb representadas en cultivos de ca\u00f1a de az\u00facar. <\/p>\n
Enteradas de la demanda, las sociedades llamadas a comparecer el litigio rebatieron la antig\u00fcedad el aval\u00fao, mas imploraron que la actualizaci\u00f3n se realizara por medio de indexaci\u00f3n, sin alegar variable alguna que diera lugar a la presentaci\u00f3n de una tasaci\u00f3n adicional, as\u00ed: <\/p>\n
No me opongo a que se decrete la expropiaci\u00f3n del bien inmueble y a que se ordene la entrega real y material. Pero si me opongo a que la indemnizaci\u00f3n por dicha expropiaci\u00f3n se fije con base en un aval\u00fao emitido por la Lonja en el a\u00f1o 2006, es decir, aproximadamente hace m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os, pues se estar\u00edan desconociendo las condiciones y caracter\u00edsticas actuales del bien inmueble, se estar\u00eda desconociendo la normatividad vigente expedida por las entidades competentes y se estar\u00eda cancelando a la parte demandada un valor significativamente inferior al que le corresponder\u00eda de fijarse el valor de la indemnizaci\u00f3n con base en el aval\u00fao expedido igualmente por la Lonja en el a\u00f1o 2016 respecto al mismo bien inmueble, debidamente indexado al a\u00f1o 2021. <\/p>\n
Resulta absolutamente desproporcionado pretender cancelar una suma de doce millones quinientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos m\/cte. ($12.578.148,00), siendo que con el aval\u00fao del a\u00f1o 2016 y la debida indexaci\u00f3n se cancelar\u00eda la siguiente suma: <\/p>\n
Por metro cuadrado (m2): $80.000 Por metro cuadrado (m2) en cultivo de ca\u00f1a: $3.644,30 \u00c1rea de expropiaci\u00f3n: 497,16 m2 Total: $41.584.600,188 Valor que debidamente indexado al mes de mayo del a\u00f1o 2021, en atenci\u00f3n al \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC), corresponder\u00eda a la suma de $48.656.510,86 (Valor que deber\u00e1 actualizarse al tiempo en que efectivamente se dicte la decisi\u00f3n por parte del Juzgado). <\/p>\n
Entonces, si las compa\u00f1\u00edas demandadas en el ejercicio de las prerrogativas de que son titulares adujeron que ten\u00edan derecho a la tasaci\u00f3n realizada en el aval\u00fao, pero indexada al tiempo en que se dictara la sentencia de expropiaci\u00f3n, el juzgado no pod\u00eda ordenar a la ANI realizar un nuevo aval\u00fao so pretexto de que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os desde su pr\u00e1ctica en 2006, y mucho menos supeditar la expedici\u00f3n de la sentencia de expropiaci\u00f3n a la materializaci\u00f3n de ese mandato. Es que trabada como estaba la litis, y debido a que la parte demandada no objet\u00f3 el aval\u00fao como lo dispone el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, al fallador le correspond\u00eda emitir el veredicto correspondiente, ordenando, como le fue pedido, que el pago de la compensaci\u00f3n se realizara debidamente indexado, en lugar de ordenar oficiosamente la pr\u00e1ctica de otro aval\u00fao. <\/p>\n
5.- En consecuencia, la Sala revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n suplicada por la ANI. Para ello, se dejar\u00e1 sin efecto la providencia de 24 de febrero de 2023, mediante la cual el fallador convocado orden\u00f3 a la accionante la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao presentado con la demanda, as\u00ed como las decisiones que de ella dependan. En su reemplazo, se le ordenar\u00e1 que en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de origen, fecha y procedencia conocidas. En su reemplazo se dispone: <\/p>\n
Primero. AMPARAR el debido proceso de la Agencia Nacional de Infraestructura. <\/p>\n
Segundo. Dejar sin efecto la providencia mediante la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao presentado con la demanda de expropiaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-004-2021-00509-00, y las decisiones que dependan de ella. En su reemplazo, se ordena al titular del despacho que en un t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta resoluci\u00f3n, dicte la sentencia correspondiente, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en la parte considerativa de esta providencia. <\/p>\n
Tercero. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ambas normas regulan temas relacionados con expropiaci\u00f3n. A trav\u00e9s de la primera, se modificaron las Leyes 9 de 1989 y 3 de 1991 y se dictaron otras disposiciones. En virtud de la segunda, se adoptaron \u00abmedidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se [concedieron] facultades extraordinarias. <\/p>\n
2\u0002 Frente a la tem\u00e1tica, el art\u00edculo 23 de la Ley 1682 de 2013, \u00ab[p]or la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias\u00bb, aplicable al caso porque la demanda de expropiaci\u00f3n busca consolidar un proyecto de infraestructura de transporte denominado \u00abProyecto: Malla Vial Del Valle del Cauca y Cauca Sector: Peatonal Perico Negro\u00bb, establece que \u00ab[e]l aval\u00fao comercial para la adquisici\u00f3n o expropiaci\u00f3n de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte ser\u00e1 realizado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jur\u00eddicas de car\u00e1cter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Ra\u00edz\u00bb. Por u parte, la Resoluci\u00f3n n\u00b0 898 de 19 de agosto de 2014, \u00ab[p]or medio de la cual [el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi fij\u00f3] normas, m\u00e9todos, par\u00e1metros, criterios, y procedimientos para la elaboraci\u00f3n de aval\u00faos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013\u00bb, en el art\u00edculo 5\u00b0, numeral ii), par\u00e1grafo 2\u00b0 ense\u00f1a que: \u00ab[l]a entidad adquirente y el(os) avaluador(es) celebrar\u00e1n contratos para la realizaci\u00f3n de los aval\u00faos que requieran. Cualquier modificaci\u00f3n o ajuste de la informaci\u00f3n entregada por la entidad solicitante respecto de los aval\u00faos realizados implicar\u00e1 cobro de honorarios\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Dicha regla prev\u00e9 que \u00ab[d]entro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb <\/p>\n
4\u0002 \u00abPor el cual se reglamentan parcialmente el art\u00edculo 37 de la Ley 9\u00aa de 1989, el art\u00edculo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los art\u00edculos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el art\u00edculo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Dicha Resoluci\u00f3n ha sido modificada por las Resoluciones 1044 de 29 de septiembre de 2014 y 316 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
6\u0002 En esa direcci\u00f3n, por ejemplo, la citada Resoluci\u00f3n Resoluci\u00f3n n\u00b0 898 de 19 de agosto de 2014, en su art\u00edculo 10 se\u00f1ala: \u00ab[e]l avaluador encargado del c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n deber\u00e1 realizar visita al inmueble objeto de adquisici\u00f3n, con el prop\u00f3sito de: i). Contrastar la informaci\u00f3n entregada por la entidad adquirente, verificar la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica, la destinaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien y dem\u00e1s aspectos relevantes para la labor a su cargo. <\/p>\n
ii). Solicitar al beneficiario documentaci\u00f3n adicional a la inicialmente suministrada, de ser necesario, que sea pertinente y\/o conducente para efectos del c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n; en caso de que la solicitud no sea atendida, dicha petici\u00f3n se le har\u00e1 por escrito a la entidad adquirente, para que ella la requiera al beneficiario. En todo caso, el c\u00e1lculo se har\u00e1 con la informaci\u00f3n entregada y se dejar\u00e1 constancia de esta situaci\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 As\u00ed lo dispone el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del estatuto adjetivo, al consagrar: [c]uando el demandado est\u00e9 en desacuerdo con el aval\u00fao o considere que hay lugar a indemnizaci\u00f3n por conceptos no incluidos en \u00e9l o por un mayor valor, deber\u00e1 aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad ra\u00edz, del cual se le correr\u00e1 traslado al demandante por tres (3) d\u00edas. Si no se presenta el aval\u00fao, se rechazar\u00e1 de plano la objeci\u00f3n formulada. <\/p>\n
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